Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso aprobó por fin uno de los 6 proyectos de ley pendientes de la reforma del sistema judicial. Las razones de la preocupante demora son incomprensibles. Todos los proyectos han sido dictaminados hace más de dos meses por las comisiones de Justicia y Constitución, pero no se ponían al debate en el pleno. Según el presidente Daniel Salaverry, ello se debía a que los ponentes de ambas comisiones no estaban dispuestos para tal tarea, versión no desmentida hasta ahora. Pero por fin salió uno, la importante ley de creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que supone la pronta aprobación de su ley gemela para el Ministerio Público.

La gran diferencia con relación a la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) vigente, es que la nueva Autoridad de Control tendrá más autonomía política, porque su jefe no será nombrado por la Corte Suprema sino por la Junta Nacional de Justica (JNJ) mediante concurso de méritos y por un periodo de 5 años no renovables, y solo puede ser destituido también por la propia JNJ. Es un avance importante.

Autonomía política sin autonomía económica

Lamentablemente esa autonomía política no viene acompañada de una autonomía económica y administrativa. La ley no dispone un pliego propio para la Autoridad ni tampoco un porcentaje del presupuesto del Poder Judicial. Se especifica, sí, que “El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a solicitud de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, prioriza la dotación de instalaciones especiales, presupuesto, personal especializado, sistemas informáticos, equipos multidisciplinarios y peritos con reconocida solvencia técnica y probidad en el ejercicio del cargo”. Pero esto es puramente declarativo. A la hora de los hechos, podría ocurrir con la nueva Autoridad lo mismo que ocurre con la OCMA, que carece de recursos y de buenas computadoras acaso porque al sistema no le conviene una autoridad de control fuerte.

Esto se hubiese resuelto si hubiese prosperado la modificación que introdujo el dictamen de la Comisión de Justicia, que adscribía la Autoridad (a la que llamaba Superintendencia) no al Poder Judicial sino a la propia Junta Nacional de Justicia. Lamentablemente esa propuesta no pudo prosperar porque se argumentó que implicaba una enmienda constitucional. Quizá sería bueno entonces plantear dicha reforma constitucional, para que la reforma traiga consigo un cambio real.

En lo administrativo la dependencia del Poder Judicial es absoluta. La Autoridad ni siquiera hará su propio reglamento de organización y funciones, sino que éste será elaborado y aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Solo jueces, aunque especializados en control

También se ha retrocedido en la propuesta de que los integrantes de la Autoridad pudieran no ser todos ellos jueces sino profesionales externos en alguna proporción. Ahora deben ser jueces, aunque jueces especializados en control, pues se crea “la especialidad de control disciplinario judicial”. Eso es mejor que lo actual, sin duda, porque reduce los conflictos de interés y las compadrerías que se presentan cuando un juez puede ir y venir de la judicatura al Control. La ley establece que los magistrados de la Autoridad Nacional de Control “son denominados jueces de control y se incorporan mediante concurso público de méritos conducido por la Junta Nacional de Justicia para prestar servicios en la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial”.

Ya no hay cuerpo policial

Otro retroceso, esta vez en relación al proyecto original de la comisión Wagner, es que se ha eliminado la disposición clave de que la Autoridad tuviera un cuerpo policial adscrito para investigar y develar casos de corrupción en las Cortes. La necesidad de este cuerpo era tanto más notoria luego de que el ex presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado, confesara que había cuando menos 14 Cortes Superiores penetradas por el crimen organizado, lo que en realidad no era ninguna novedad. No se entiende por qué el Congreso retiró esta disposición. Debería ser repuesta en un nuevo proyecto de ley.

Tal parece que la concepción de control que ha primado es la de un control puramente disciplinario referido a faltas en el ejercicio de la función, y no a desarrollar mecanismos preventivos y correctivos de la corrupción propiamente dicha. De allí que no se haya admitido la posibilidad de funcionarios de fuera, sino que tengan que ser jueces, y que tampoco se haya incorporado la propuesta de un cuerpo policial.

Conclusión

Para que esta reforma no se diluya y adquiera toda la potencia de cambio que pudiera tener, debería quedar en la agenda legislativa pendiente la necesidad de darle a la Autoridad Nacional de Control tanto autonomía económica como capacidad de investigación de la corrupción existente en el cuerpo judicial. No vale tanto esfuerzo y tanta lucha política para terminar en una reforma a medias. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso aprobó por fin uno de los 6 proyectos de ley pendientes de la reforma del sistema judicial. Las razones de la preocupante demora son incomprensibles. Todos los proyectos han sido dictaminados hace más de dos meses por las comisiones de Justicia y Constitución, pero no se ponían al debate en el pleno. Según el presidente Daniel Salaverry, ello se debía a que los ponentes de ambas comisiones no estaban dispuestos para tal tarea, versión no desmentida hasta ahora. Pero por fin salió uno, la importante ley de creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que supone la pronta aprobación de su ley gemela para el Ministerio Público.

La gran diferencia con relación a la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) vigente, es que la nueva Autoridad de Control tendrá más autonomía política, porque su jefe no será nombrado por la Corte Suprema sino por la Junta Nacional de Justica (JNJ) mediante concurso de méritos y por un periodo de 5 años no renovables, y solo puede ser destituido también por la propia JNJ. Es un avance importante.

Autonomía política sin autonomía económica

Lamentablemente esa autonomía política no viene acompañada de una autonomía económica y administrativa. La ley no dispone un pliego propio para la Autoridad ni tampoco un porcentaje del presupuesto del Poder Judicial. Se especifica, sí, que “El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a solicitud de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, prioriza la dotación de instalaciones especiales, presupuesto, personal especializado, sistemas informáticos, equipos multidisciplinarios y peritos con reconocida solvencia técnica y probidad en el ejercicio del cargo”. Pero esto es puramente declarativo. A la hora de los hechos, podría ocurrir con la nueva Autoridad lo mismo que ocurre con la OCMA, que carece de recursos y de buenas computadoras acaso porque al sistema no le conviene una autoridad de control fuerte.

Esto se hubiese resuelto si hubiese prosperado la modificación que introdujo el dictamen de la Comisión de Justicia, que adscribía la Autoridad (a la que llamaba Superintendencia) no al Poder Judicial sino a la propia Junta Nacional de Justicia. Lamentablemente esa propuesta no pudo prosperar porque se argumentó que implicaba una enmienda constitucional. Quizá sería bueno entonces plantear dicha reforma constitucional, para que la reforma traiga consigo un cambio real.

En lo administrativo la dependencia del Poder Judicial es absoluta. La Autoridad ni siquiera hará su propio reglamento de organización y funciones, sino que éste será elaborado y aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Solo jueces, aunque especializados en control

También se ha retrocedido en la propuesta de que los integrantes de la Autoridad pudieran no ser todos ellos jueces sino profesionales externos en alguna proporción. Ahora deben ser jueces, aunque jueces especializados en control, pues se crea “la especialidad de control disciplinario judicial”. Eso es mejor que lo actual, sin duda, porque reduce los conflictos de interés y las compadrerías que se presentan cuando un juez puede ir y venir de la judicatura al Control. La ley establece que los magistrados de la Autoridad Nacional de Control “son denominados jueces de control y se incorporan mediante concurso público de méritos conducido por la Junta Nacional de Justicia para prestar servicios en la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial”.

Ya no hay cuerpo policial

Otro retroceso, esta vez en relación al proyecto original de la comisión Wagner, es que se ha eliminado la disposición clave de que la Autoridad tuviera un cuerpo policial adscrito para investigar y develar casos de corrupción en las Cortes. La necesidad de este cuerpo era tanto más notoria luego de que el ex presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado, confesara que había cuando menos 14 Cortes Superiores penetradas por el crimen organizado, lo que en realidad no era ninguna novedad. No se entiende por qué el Congreso retiró esta disposición. Debería ser repuesta en un nuevo proyecto de ley.

Tal parece que la concepción de control que ha primado es la de un control puramente disciplinario referido a faltas en el ejercicio de la función, y no a desarrollar mecanismos preventivos y correctivos de la corrupción propiamente dicha. De allí que no se haya admitido la posibilidad de funcionarios de fuera, sino que tengan que ser jueces, y que tampoco se haya incorporado la propuesta de un cuerpo policial.

Conclusión

Para que esta reforma no se diluya y adquiera toda la potencia de cambio que pudiera tener, debería quedar en la agenda legislativa pendiente la necesidad de darle a la Autoridad Nacional de Control tanto autonomía económica como capacidad de investigación de la corrupción existente en el cuerpo judicial. No vale tanto esfuerzo y tanta lucha política para terminar en una reforma a medias. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La promesa contenida en la reforma del sistema judicial que se echó a andar con la disolución del CNM y la aprobación masiva en el referéndum a la creación de la Junta Nacional de Justicia, es la implantación en el Perú del imperio de la ley, es decir, la creación, por fin, de un Estado de Derecho en nuestro país. Pero eso no pasa solo por la reforma del sistema judicial, sino por un conjunto de otras acciones y reformas. Entre ellas, por supuesto, está la política de seguridad, que lleve a una reducción sustancial del delito. Es decir, la extirpación de buena parte del crimen organizado que asola partes importantes del territorio y las instituciones, y una mejora apreciable en los índices de seguridad ciudadana.

La pregunta es si vamos en la dirección correcta en este tema crucial. En este informe examinaremos específicamente si los mega-operativos que se anuncia con frecuencia con capturas espectaculares, están produciendo resultados en términos de reducción del crimen organizado o no.

Pues algo que no tiene precedentes en nuestro país es que llevemos ya algo más de dos años realizando mega-operativos policiales a un ritmo de aproximadamente uno por semana, con algunas interrupciones como la que se produjo en abril y mayo del 2018, a raíz de la crisis política que derivó en la renuncia del presidente Kuczynski.

Reducción en el número de extorsiones

Estos mega-operativos han desarticulado y encarcelado parcialmente a sendas organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de tierras, a la extorsión y a la corrupción municipal y estatal. Pero no sabemos en qué medida esto ha tenido un impacto en la reducción de esos crímenes, salvo en el caso de las extorsiones. La información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público confirma que se estaría logrando resultados en lo relativo a este delito. Como podemos ver en el siguiente gráfico, su número viene disminuyendo desde el 2016.

Fuente: Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. Elaboración propia

En la medida que este delito se concentra en la costa norte y centro y que los mega-operativos también priorizaron en alguna medida esas zonas, sería posible atribuir esta disminución a dichas operaciones. Pero lo que no tenemos es un índice de usurpaciones de terrenos y no podemos saber si estas están disminuyendo o no. El citado Observatorio de Criminalidad debería construirlo, a partir de las denuncias existentes. Más difícil aun sería medir los niveles de corrupción en los gobiernos sub-nacionales.

Tasa de homicidios sube

Una medida relativa del éxito de los mega-operativos debería ser una caída en la tasa de homicidios, porque según una publicación del Ministerio de Justicia,[1] el 45.9% de los homicidios está vinculado a delincuencia común u organizada (robo/ atraco, narcotráfico, secuestro, etc.) y a sicariato, aunque no queda claro qué porcentaje es delincuencia común y qué porcentaje es crimen organizado.

Como fuere, lo que vemos en el siguiente gráfico es que, pese a los mega-operativos, la tasa de homicidios tiende a agravarse: ha pasado del 5.4 por cada 100,000 habitantes el 2011 al 7.8 el 2017. Cierto es que esa tasa es la tercera parte de la tasa promedio de América Latina, que está en 21.5 según el Igarapé Institute, pero lo que preocupa es que esté en ascenso pese a los mega-operativos.

Fuente: “Homicidios, contándolos uno a uno”, INEI, 2018

Detenidos que son liberados

Debe estudiarse qué es lo que explica este incremento. Una hipótesis es que precisamente los mega-operativos al final no dan todos los resultados esperados porque una proporción de los detenidos es liberada y algunos de los que se quedan siguen manejando el crimen desde las cárceles. De acuerdo a fuentes vinculadas al INPE, de cada 100 detenidos por la PNP-Fiscalía en  los mega-operativos realizados a partir de setiembre del 2016, solo 53 fueron  a un penal con prisión preventiva, y de esos 53, dos años después, sólo 40 siguen detenidos y habría pocos condenados (aunque el Coordinador Nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, doctor Jorge Chávez Cotrina, informó hace poco que se había conseguido 123 condenas en un total de 154 procesos judiciales, que todavía es poco considerando que solo el 2018 hubo 890 detenidos en estas operaciones).

¿Por qué solo el 40% sigue detenido? Según Rubén Vargas, ex viceministro de Seguridad Interior, ello ocurre principalmente por falta de capacidad de la Fiscalía de Crimen Organizado, debido a falta de presupuesto para que el equipo de fiscales contra el crimen organizado crezca. El resultado es que no avanzan los procesos, se vencen los plazos sin acusaciones formales, y los jueces terminan liberando a los detenidos. También podría haber desidia en algunos casos. El doctor Jorge Chávez Cotrina nos dice que “faltan fiscales y jueces, pues por la falta de estos las audiencias no se programan dentro del plazo”.

De acuerdo a conocedores, sin embargo, en cierto número de casos no habría falta de jueces sino incumplimiento de las horas de trabajo: jueces que trabajan por la mañana, pero se retiran a la 1 de la tarde y no regresan. El horario de trabajo de los jueces debe ser transparente para la opinión pública.

En opinión de Nataly Ponce, ex viceministra de Seguridad, “El Poder Judicial ha realizado varias liberaciones y en un corto plazo tras los mega-operativos. O los “megas” fueron insuficientes en lo sustantivo, o el sistema de justicia se laxa posteriormente a la prisión preventiva de los implicados. De otro lado, los penales tampoco garantizan la desestructuración efectiva de las redes criminales”.

Según fuentes vinculadas al ministerio de Interior, ocurre asimismo que en los mega-operativos se detiene a los cabecillas e integrantes, pero también a personas que simplemente fueron captadas en las escuchas telefónicas conversando en alguna ocasión con dichos cabecillas sin que pueda demostrarse una vinculación criminal.

También habría una cuota de corrupción a nivel de los jueces. Ricardo Valdez, ex viceministro de Orden Interno de la gestión del ex ministro Carlos Basombrío, nos refirió que “en un par de oportunidades después del mega-operativo, Rubén Vargas (ex viceministro de Seguridad Pública) se quejaba amargamente de que Poder Judicial no daba las detenciones preventivas, o de la corrupción en juzgados que terminaba liberando a algunos de los capturados”.

¿Mega-operativos falsos?

Otra explicación posible, sin embargo, es la que brinda el ex viceministro Dardo López Dolz, que en realidad es una verdadera denuncia que habría que verificar. Según él, en cierto número de casos lo que ocurre es que los fiscales no denuncian o la juez suelta a los detenidos porque se trata de mega-operativos artificiales: “capturaban raterillos, paqueteros y uno que otro drogo y los presentaban como banda”. Según él, muchas de las organizaciones criminales capturadas no son tales o son “engordadas”.

Pero según Rubén Vargas, eso es lo que se hacía hasta julio del 2016. “De julio para adelante, inclusive hasta ahora mismo, no hay una sola operación falsa. Deme un solo caso y le explicaré de qué se trata. Ahora, hay un sector pequeño y corrupto de la PNP que siempre pretendió deslegitimar los mega-operativos debido a que ya van más de 80 policías corruptos detenidos como parte de crimen organizado. Fueron detenidos dos generales en actividad y tendrían que correr la misma suerte por lo menos otros tres más”.

Al respecto, el ex viceministro Ricardo Valdez, aclara lo siguiente: “El escuadrón de la muerte tenía esa forma de actuar. En los “Megas” de nuestra gestión, los verdaderos mega-operativos se trabajaban a lo largo de meses con participación de fiscales durante la investigación. No se hacían mega-operativos ‘truchas’. Ahora, no doy fe de lo que ocurrió este 2018.  He visto “megas” que han sido un mamarracho, como el que encarceló al general Becerra, por ejemplo. Otrosí: la PNP también toma el nombre de mega-operativos para algunas intervenciones que no realiza con la DIVIAC (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad)”.

El Dr. Jorge Chávez Cotrina informó a la prensa el 28 de diciembre que el 2018 “el Ministerio Público logró la desarticulación de 54 organizaciones criminales, en igual número de mega-operativos”. Agregó que el número de detenidos superó al alcanzado el año pasado, acumulando un total de 890 personas vinculadas a organizaciones criminales, de las cuales 579 fueron recluidas bajo prisión preventiva a pedido del Ministerio Público.

Entre las organizaciones criminales desarticuladas durante este año, el fiscal superior Chávez Cotrina destacó las conocidas como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ‘Los Capos de la Construcción’, ‘La Jauría del Norte’, ‘El Nuevo Dragón Rojo’, ‘Los Cuervos de Paramonga’, ‘Los Nuevos Malditos del Triunfo’, ‘Los Desalmados del Tráfico Humano’, ‘Los Impunes del Norte’, ‘El Gran Chaparral’, ‘Los Gatilleros del Sur’, ‘Los Malditos de Santa Rosa’; entre muchos otros.

Se hace difícil pensar que estas organizaciones criminales hayan sido inventadas. Sería muy grave que se esté haciendo pasar por mega-operativos algunos que no lo son, acaso para obtener puntaje en los ascensos. Debe investigarse. Pero allí donde se moviliza a decenas de fiscales y centenares de policías, resultaría inaudito o poco creíble que se lo haga para capturar solo paqueteros o drogadictos. Por lo demás, es muy frecuente –como señala Vargas- que en los mega-operativos se capture a policías, y también a alcaldes.

En todo caso, cabría preguntar a la Oficina de Integridad del Ministerio de Interior y a la Inspectoría de la PNP si están supervisando esos operativos para asegurar su realidad. Según Valdez, esas oficinas usualmente actúan ex post, no de manera concurrente.

Mayor uso de armas de fuego

De otro lado, los mega-operativos y las políticas de la Sucamec tampoco han servido para contener otro indicador que viene subiendo: el porcentaje de hechos delictivos que se comete con armas de fuego. Como vemos en el siguiente cuadro, este se incrementó entre el 2015 y el 2016, aunque luego casi se ha estabilizado. Pero definitivamente no baja:

Fuente: Informes Técnicos, Estadísticas se Seguridad Ciudadana, INEI   (elaboración propia)

¿Qué explica esto? Rubén Vargas nos refiere que “En la gestión del Ministerio del Interior entre agosto 2016 y marzo 2018 se trabajó en un “Plan Integral contra la tenencia ilegal de armas”, que sería importante mejorar y potenciar. Este tuvo como estrategias: a) Regularización de licencias, b) Ejecución de mega-operativos contra el tráfico de armas, c) Labores continuas de fiscalización a cargo de la Sucamec, d) Programa de recompensas, e) Operativos sorpresa a nivel nacional y f) Campañas disuasivas.

Aparentemente, sin embargo, ese plan quizá logró estabilizar, pero no bajar ese indicador. Según el ex viceministro Ricardo Valdez, “de un lado, los operativos destinados a sacar armas de fuego del mercado ilegal no se han repetido en el 2018. De otro lado, no recuerdo operativos con resultados contundentes hacia las economías ilegales que trafican o contrabandean armas en Puno, Madre de Dios y Loreto principalmente. También se frenó en el 2018 el proceso de regularización de armas de fuego por parte de SUCAMEC. Sin dejar de mencionar el mercado de alquiler de armas de fuego en donde participan las FFAA y la PNP, aparte del sistema de alquiler dentro de la propia criminalidad”.

Dardo López Dolz, por su parte, incide en esto último: “no tengo la estadística oficial actual, pero los relatos de las víctimas y los reportajes muestran, en la mayoría de los casos, armas que coinciden con las armas de reglamento militar y policial, en algunos casos, armas de uso exclusivo de las fuerzas del orden, lo que apunta a un evidente mercado negro de venta o alquiler de armas del Estado”. Y añade algo preocupante:
“Adicionalmente, infiltrada en la migración venezolana, han ingresado -con armas y granadas- bandas de delincuentes conocidos por su salvajismo.
Muchos fueron -emulando la maniobra del puerto de Mariel- liberados y equipados por Maduro”.

Es evidente que, si en este mercado las armas de la policía y de las fuerzas armadas se alquilan o se venden, debe hacerse operativos para identificar a los responsables y castigarlos severamente. Eso es muy grave. No se puede aceptar. Y más allá de esto, como reconoce el propio Vargas, resulta importante estudiar el fenómeno para identificar la procedencia de las armas usadas para el crimen, así como comprender el circuito y dinámicas del mercado ilegal de armas en el país, algo que no se ha hecho.

¿Los penales son porosos?

A los problemas de capacidad de las fiscalías para acusar, eventual corrupción de jueces y detención de personas que no tendrían vinculación criminal sino circunstancial con la organización criminal, debe añadirse la porosidad en algunos penales: una cierta proporción de quienes quedan en prisión preventiva podrían comunicarse con el exterior disponiendo acciones criminales desde la cárcel. En esos casos de nada sirve capturar a los criminales si pueden seguir operando desde los penales.

¿Esto es así? Para que no lo sea, el bloqueo de celulares debería estar funcionando en los penales en los que se recluye a estos criminales, que son principalmente Challapalca, Ancón 1, Cochamarca y Miguel Castro Castro. De ellos, ni Challapalca ni Cochamarca, que es donde se envía a los más peligrosos, poseen bloqueadores de celulares, aunque Challapalca no los necesita porque la señal no llega hasta allí.

De acuerdo a fuentes del INPE, hay 12 penales bloqueados. Ya deberían estarlo los 33 existentes, pero la empresa que tiene la concesión, Prisiontec, viene incumpliendo sus compromisos. Entre esos 12 están Castro Castro, Lurigancho y Ancón 1. El de Cochamarca recién quedaría bloqueado a mediados del 2019.

El bloqueo, de otro lado, no alcanza al 100% de las señales, pero si al 90 – 95%. En algunos casos menos. Y esto para las señales de Movistar, Claro y Entel, pero no para las de nuevos operadores que ingresen al mercado, porque cada operador se mueve en un rango determinado.

Caen alcaldes y policías, pero no fiscales ni jueces

Ahora bien, una noticia interesante es que en la mayor parte de mega-operativos son detenidos dos o tres o cuatro policías que forman parte de la organización criminal lo que, de paso, ayuda a depurar la policía. Pero quienes no caen son fiscales y jueces, porque el artículo 454 del nuevo Código Procesal los blinda al obligar a denunciarlos primero ante el órgano de control interno inmediatamente superior, donde la denuncia suele diluirse. Esa es, entonces, otra falla que debe resolverse, pues le quita efectividad a los mega-operativos y corona la impunidad.

De otro lado, vemos con frecuencia cómo caen alcaldes y gobernadores regionales, por lo general envueltos en tráfico de tierras o en actos de corrupción. Las organizaciones de usurpadores de terrenos están siempre conectadas con policías, fiscales, jueces y alcaldes.

Esto habla de fallas estructurales en el proceso de descentralización y en el sistema de propiedad. Es probable que haya corrupción en la Sunarp, la SBN y Cofopri. El alcalde y el gobernado regional de Tacna fueron detenidos luego de haber vendido todos los terrenos del Estado que rodean a la ciudad de Tacna, asfixiándola y sin prever espacio para parques, hospitales o colegios. Y los usurpadores de tierras, por ejemplo, están siempre coludidos con alcaldes, policías, fiscales y jueces.

Conclusión

Los mega-operativos han logrado disminuir el número de extorsiones, pero no sabemos si han disminuido las usurpaciones de terrenos, porque ese indicador no se mide. Sin embargo, la tasa de homicidios viene subiendo en lugar de disminuir. Esto podría indicar que los mega-operativos no están teniendo todo el impacto que podrían. Una explicación podría estar en que el 60% de los detenidos en estas operaciones termina saliendo de la cárcel, sea por falta de capacidad de las fiscalías para seguir los casos y acusar, sea por falta de jueces o porque algunos magistrados trabajan pocas horas o son corruptos, o porque algunos casos no tienen fundamentación suficiente. Con frecuencia caen policías, pero no fiscales ni jueces porque estos gozan de un blindaje legal. Las cárceles, de otro lado, no garantizan totalmente que algunos cabecillas no sigan dirigiendo acciones criminales desde la reclusión.

Recomendaciones:

Hacen falta, entonces, varias cosas:

• Aumentar el número de fiscales y jueces si es necesario (previo estudio) o realizar una reingeniería para que los fiscales y jueces optimicen sus horarios de trabajo.
• Controlar el horario de trabajo de los jueces y fiscales y transparentarlo.
• Llevar y publicitar el registro de los detenidos que son liberados, y las razones de ello.
• No detener a personas simplemente por haber conversado alguna vez con los cabecillas.
• Tomar las decisiones necesarias para que la empresa concesionaria a bloquee efectivamente los celulares en los penales, para que los cabecillas no puedan seguir operando desde allí.
• Demandar la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior un control riguroso de los mega-operativos.
• Modificar el artículo 454 del nuevo código procesal penal para eliminar el blindaje a fiscales y jueces.
• Identificar a los policías y miembros de las fuerzas armadas dedicados al tráfico de armas, y castigarlos severamente. Estudiar bien el fenómeno y desarrollar una política adecuada de control de armas.
• Mejorar las estadísticas. Por ejemplo, medir el número de denuncias de usurpación de terrenos y su evolución.
• Reformar el sistema de propiedad (SBN, Sunarp, Cofopri, catastros), porque la propiedad o no está titulada, o hay superposición de títulos o se ha vuelto muy insegura por la corrupción existente.
• Reformar la descentralización. Los alcaldes no deben tener la atribución de vender bienes del Estado.

Lampadia

Editorial de Lampadia

“No me van a doblegar, continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción”.

Presidente Martín Vizcarra, en el 89 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú. 

Lamentablemente, el presidente Vizcarra ha terminado sucumbiendo a ‘liderar’ la agenda política de aquellos que, hace pocos meses, lo querían fuera del camino de la Presidencia.

Después de haber resistido la agenda anti democrática de Mercedes Aráoz, Juan Sheput y Carlos Bruce, dentro del equipo de gobierno; y de las izquierdas oficiales del Frente Amplio y Nuevo Perú, así como de las oficiosas de Acción Popular del congresista Lezcano; planteando en su discurso de investidura como Presidente Constitucional de la República: “Lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país”; el presidente ha sido doblegado y ha accedido a tomar la bandera de la confrontación.

Esto se inicia en su discurso del 28 de julio pasado, en el que además de plantear una profunda reforma del Sistema Judicial, propone una rápida reforma política, confundiendo prioridades y urgencias.

La reforma judicial, como hemos dicho varias veces en Lampadia, es importante y urgente. Tenemos por delante, la mejor oportunidad de hacer una reforma integral, puesto que se cuenta con el apoyo general de la población y la debilidad del lobby interno del Poder Judicial. Esta reforma no puede esperar y habría que ver la forma de ir adelante por un plazo máximo de un año.

Para la reforma política, muy importante, tenemos más tiempo, pues se requiere que esté afinada para las elecciones generales del 2021. Plantear ambas reformas en paralelo, distrae la atención sobre la judicial, máxime, si su bandera principal es la no reelección de los congresistas. Algo muy popular en las actuales circunstancias, que no debiera ser el foco principal de la agenda política del país, y que, además, es inconveniente e innecesario. No podemos renunciar a la formación de una verdadera clase política.

Volviendo a la agenda anti democrática, los planteamientos del presidente, y la forma de presentarlos al Congreso, con un aire de imposición, y fomentando un ambiente confrontacional, es evidente que el presidente cambió su filosofía de gobierno desde la ‘no-confrontación’ a la ‘confrontación’.

Esta agenda incluye el forzar al Congreso la aprobación apurada de los distintos referéndums, y trae como cola, la posibilidad de ir más allá, a la disolución del Congreso mediante una eventual cuestión de confianza, la ampliación de las preguntas de los referéndums, e inclusive la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente.

Todo esto configura una agenda anti democrática, pues rompe la normativa constitucional, y destruye la agenda de desarrollo del país, en momentos en que la pobreza y la anemia infantil empeoran. Así como en momentos, en los que las condiciones de la economía internacional, nos permitirían dar un salto en inversiones que traigan crecimiento y mejora de los indicadores sociales.    

Este desarrollo es muy malo para el país. No aguantamos más confrontación. El presidente debe justamente dejarse de doblegar por los otros, los que buscan la confrontación; y debe retomar lo que su instinto y su naturaleza le aconsejaron en un inicio, cuando nos regaló una agenda de convergencia. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno creó la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”, presidida por Allan Wagner e integrada por Delia Revoredo, Hugo Sivina, Samuel Abad Yupanqui, Eduardo Vega Luna, Ana Teresa Revilla y Walter Albán Peralta.

Notemos, primero, que ha sido creada haciéndola depender directamente de la Presidencia de la República y con una Secretaría Técnica que estará a cargo del Despacho Presidencial. Esto es novedoso. Significa que el Presidente Martín Vizcarra ha decidido liderar personalmente este tema. Lo que está muy bien. Significa que tiene la más alta prioridad política.

Ahora, no deja de llamar la atención el contraste entre esa prioridad y el hecho de que la Comisión tenga solo 12 días para presentar “un primer informe con recomendaciones de medidas urgentes y concretas para la reforma del sistema de justicia. Dicho informe incluirá la propuesta de creación de un mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, que garantice la sostenibilidad de una reforma integral”.

Claro, se trata solo de un primer informe. Probablemente tendrá recomendaciones generales. Todavía no proyectos de ley o de modificación constitucional, sino la indicación de formularlos con determinado contenido. De hecho, luego se dispone que la Comisión continuará funcionando hasta la instalación del mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, oportunidad en la hará entrega de sus recomendaciones finales al Señor presidente de la República, en sesión del Consejo de Ministros.

Sería importante que la Comisión convoque a juristas de pensamiento liberal y a administradores o personas de otras profesiones que puedan ofrecer una visión diferente a la común orientación que parecen tener los comisionados, así como a gremios y a facultades de administración y gestión pública.

Es probable que la comisión tome como referencia dos documentos: uno, el plan propuesto por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justica (CERIAJUS) el año 2004. Este es un documento muy amplio y muy detallado, que llega incluso a calcular el costo presupuestal de los cambios planteados, que en ese momento estaba alrededor de los 3 mil millones de soles. (ver: Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia). El resumen de las propuestas puede encontrarse entre las páginas 29 y 56 de ese plan. Queda claro, de su revisión, que algunas de ellas han perdido vigencia y otras son discutibles. Pero hay otras tantas que pueden ser recogidas. La más interesante es la propuesta de una Corte Suprema integrada solo por 11 miembros dedicados a establecer jurisprudencia. Un cambio como ese es fundamental.  

Un aporte mucho más sintético pero con ideas claras, que seguramente será tomado en cuenta dado que el presidente de la Comisión es, a su vez, presidente de la Asociación Transparencia, es  la propuesta de reforma institucional formulada por esta institución (ver:  Propuestas de reforma institucional para el fortalecimiento democrático).

En ella no se acoge la idea propuesta por la CERIAJUS de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se haga cargo no sólo de la selección, nombramiento y promoción de los magistrados, sino también del control y régimen disciplinario de todos los jueces y fiscales, eliminando el sistema de control interno que está en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y propone suprimir las ratificaciones de jueces y fiscales cada siete años, pues en la práctica se han convertido en un poder discrecional, absoluto, secreto e incuestionable.

Transparencia plantea también la eliminación de la ratificación cada 7 años, pero no el control externo total. En realidad, dicha ratificación debería ser reemplazada por un sistema de evaluación de desempeño permanente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que sea base de los ascensos y del retiro de los magistrados en los casos de incompetencia.

A nuestro juicio, el elemento clave en todo esto es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros hemos propuesto que se haga mediante un concurso público organizado por una junta de personalidades intachables o alguna otra fórmula que dé garantías de idoneidad. Los consejeros designados por el sistema judicial, universidades y colegios profesionales han demostrado carecer del nivel profesional y ético necesario en una institución tan decisiva como esta.

Es evidente que una reforma del sistema judicial bien hecha tendrá un costo presupuestal. De hecho, la CERIAJUS plantea que el presupuesto formulado por el Poder Judicial no podrá ser observado por el Ejecutivo, salvo que exceda el 4% del monto total del presupuesto general de la República. Si bien 4% parece mucho, sobre todo considerando que hay mucho por ganar en eficiencia de los despachos y en reducción de personal excedentario –¡hay más de 8 administrativos por juez! – y también en el impulso a fórmulas tales como el arbitraje civil y penal que descarguen procesos en el sistema judicial, de todos modos quizá se requiera más jueces en algunas áreas e invertir en diversas mejoras, de modo que la reforma sin duda tendrá un costo.

En ese sentido, la Comisión debería pedir a expertos formulen una propuesta de reducción o eliminación de dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado, que se han multiplicado en los últimos 20 años. Y el gobierno debería retirar de la administración pública a todos aquellos funcionarios que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, que serían una cantidad apreciable. Y también a todos aquellos que resulten excedentarios luego de los Análisis de Calidad Regulatoria y de Impacto Regulatorio y de la simplificación administrativa en general que está llevando a cabo la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Pues la primera prioridad en un Estado de Derecho es la seguridad física y jurídica, el imperio de la ley.    

A lo largo de estos últimos años Lampadia ha venido formulando propuestas de reforma institucional, particularmente en lo relativo al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía. Queremos aportarlas a la Comisión.

En relación al Poder Judicial recomendamos ver las siguientes propuestas:

La impostergable reforma del Poder Judicial

¿Es posible una reforma judicial desde adentro?

En relación al Ministerio Público:

La reforma del Sistema Judicial

Y en relación al Consejo Nacional de la Magistratura:

Reforma del CNM y de la administración de justicia

Aportamos estos escritos a los trabajos de reforma que próximamente se emprenderán.

Nuestra propuesta se puede resumir así:

• Elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura mediante concurso público organizado por una junta de personas intachables (como, por ejemplo, Allan Wagner, Fernando de Trazegniez, Felipe Ortiz de Zevallos, Eduardo Vega, Beatriz Boza, Richard Webb entre otros) o por un organismo o junta de instituciones que ofrezca garantías.  
• Eliminar la ratificación de los jueces cada 7 años por parte del CNM pero reemplazarla por un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales aplicado por las propias instituciones que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado incompetente.
• Pasar a una Corte Suprema pequeña y de muy alto nivel dedicada a establecer jurisprudencia a partir de casos emblemáticos.
• Alargar el periodo del presidente del Poder Judicial de dos a cuatro años, empoderándolo tanto a él como al gerente general.   
• Implantación de expediente digital, incluyendo en área penal
• ‘Oralización’ en todas las ramas judiciales
• Impulsar el arbitraje civil y penal
• Llevar a cabo talleres con jueces en todo el país para discutir una versión resumida del libro de Jaris Mujica “Micropolíticas de la corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, 2011. Lima, Asociación nacional de Rectores, y elaborar cursos de acción y cambio a partir de esa discusión.
• Que la Corte Suprema empodere a un equipo o misión extranjera para llevar a cabo la modernización interna del Poder Judicial.
• Fortalecer la OCMA y a la Fiscalía Superior de Control Interno para que puedan efectuar labores de inteligencia en las Cortes Superiores a fin de identificar nidos de corrupción y de vinculación de jueces con organización criminales, y darles la facultad de firmar convenios con unidades de inteligencia de la Policía Nacional con el mismo objetivo.  
• Exhortar a los estudios de abogados a firmar un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar.
• Distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. 
• Aprobar una ley de carrera del trabajador judicial que tenga carácter meritocrático, y racionalizar el servicio administrativo del Poder Judicial, donde hay la excesiva cantidad de 8 administrativos por juez.
• Reducir o eliminar dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado y retirar del aparato público a todos aquellos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, así como a aquellos que resulten excedentarios luego de los procesos de simplificación administrativa, desregulación y reingeniería, a fin de reorientar esos recursos al fortalecimiento del sistema de justicia.

Lampadia