Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas
Para Lampadia

No escribo este artículo para echar mas leña al fuego. Lo hago para que la población tenga el parte médico de un paciente cercano que se encuentra en estado grave, con patología múltiple, en el pasillo de un hospital y sin acceso a oxigeno, ni a cama UCI. Ese paciente es nuestro Perú.

Este informe incluye la historia médica del paciente, una radiografía y diagnóstico de sus males actuales y el planteo de un tratamiento para la cura y recuperación al paciente. Todo esto nos servirá como guía para hacerle un seguimiento detallado y fiscalización al nuevo equipo médico que se encargará de este paciente a partir del 28 de julio próximo.

Nosotros (la población) somos la familia del paciente y esta vez, dada su gravedad, no podemos quedarnos callados. Tenemos que alzar la voz y hacer valer nuestro poder de fiscalización y de protesta desde el primer momento. ¡Desde el 29 de julio debemos estar vigilantes!

La historia clínica del Perú muestra que el paciente, en sus doscientos años de vida, ha tenido varias enfermedades graves, las cuales logró superar con muchos esfuerzos de su sufrida familia. Incluso, a comienzos de los años 90, estuvo al borde de la muerte por una infección generalizada de un virus rojo maligno llamado sendero luminoso.

La recuperación después del virus fue estupenda y entre los años 1994 y 2010 gozó de muy buena salud. Pero a partir del 2011 comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad del populismo nacionalista y la parálisis, un mal que ya había sufrido antes y que había logrado superar después de mucho esfuerzo.

Felizmente la enfermedad fue mas o menos mitigada en ese lustro, porque el sistema inmunológico del paciente se encontraba muy fuerte después de dos décadas de inversión, crecimiento ininterrumpido, solidez financiera, paz social y disminución de la pobreza. Estos signos vitales positivos atenuaron el avance de la peligrosa enfermedad.

La población se dio cuenta del riesgo y en las elecciones del 2016 decidió tomar medidas de prevención. Así es que en primera vuelta eligió dos alternativas similares para vacunarnos contra el mal. Ambas nos aseguraban cinco años de inmunidad contra la enfermedad. ¡Parecía que estábamos bien cubiertos!

Sin embargo, como todos sabemos, esto no sucedió debido a la irresponsabilidad y arrogancia de los dueños de ambos laboratorios. Ellos prefirieron privilegiar sus egos por encima del bienestar del país. Ninguno de los dos puso sus vacunas a disposición del paciente y sin ellas se contagió de inmediato. La enfermedad de la crisis política postró al paciente en cama gracias a estos dos infames personajes.

Sólo unos meses después, en un chequeo médico de rutina, le diagnosticaron una grave enfermedad: sufría de corrupción generalizada. Un mal que lo aquejaba hacía varios años, pero que se había soslayado irresponsablemente a pesar de los claros síntomas. Este es el verdadero cáncer de nuestro país que lamentablemente recién se ha diagnosticado cuando se encuentra en un estado bastante avanzado (grado 3, casi 4).

Dada la gravedad, la única alternativa para intentar curarlo es con un tratamiento agresivo, que se tiene que aplicar con mucha firmeza y sin miramientos. Extirpar la tumoración de raíz y quimioterapia agresiva. Este tratamiento se inició y en pleno proceso se le presentó una infección muy seria: la pandemia del Covid-19.

Lamentablemente los médicos emergenciólogos de turno actuaron improvisadamente, con ineptitud y arrogancia, en un ambiente viciado por la mentira y la corrupción. Estos malos peruanos aplicaron tratamientos equivocados que no consiguieron estabilizar al paciente y mas bien le causaron otra complicación: una crisis económica, con fuerte desempleo y quiebra masiva de negocios.

La gravedad del paciente hizo necesaria su urgente hospitalización y como se podrán imaginar, esto no fue nada fácil por la saturación del sistema hospitalario. Por eso hoy se encuentra en el pasillo, sin oxigeno y sin acceso a cama UCI.

A estas alturas, ya no le sirven las vacunas. Lo que necesita es encontrar las facilidades hospitalarias y al médico idóneo para que le aplique a tiempo el tratamiento correcto. ¿Y quien elegirá al médico? Nosotros mismos, el próximo domingo.

Ese día, aparte del médico, escogeremos también el tratamiento que se le aplicará para salvarlo (el plan de gobierno). Esta claro que la gravedad del cuadro clínico no permite que nos equivoquemos, porque el enfermo no podrá resistir cinco años mas en esta condición. Nuestra decisión es muy importante.

Como se imaginarán, esto no será nada fácil porque en la lista de médicos y tratamientos disponibles no existe ninguna alternativa idónea y por ende tendremos que escoger al médico ¨menos malo¨.

Hay varias opciones que no califican ni remotamente, otras que son viejas y obsoletas, algunas que ya se han probado y han fracasado rotundamente y unas pocas que son experimentales y que no sabemos como funcionarán.
¡No tenemos mas opciones!

Lo único que nos queda es la esperanza de encontrar oxigeno y cama UCI y que el médico que hayamos escogido ¨se ilumine¨, se rodeé de un buen equipo de profesionales y aplique el tratamiento eficaz, que logre curar al paciente.

Como esta ¨iluminación¨ tiene muy pocas posibilidades de éxito, la familia tendrá que estar muy atenta y participar activamente con mucha firmeza, exigiendo, presionando, fiscalizando, alzando la voz y protestando para que el nuevo médico y su equipo consigan el objetivo.

Como la patología del paciente es múltiple y muy complicada, se requerirán tratamientos de corto, mediano y largo plazo al mismo tiempo. En los de mediano y largo plazo, el tema es aún mas complejo, ya que se requerirán acuerdos a nivel ley que trasciendan a mas de dos equipos médicos consecutivos.

Aquí planteo una alternativa resumida de los tratamientos necesarios para que podamos hacer el seguimiento activo a los médicos:

TRATAMIENTOS DE CORTO PLAZO

• Controlar la pandemia (Sentido de urgencia; Gestión; Inteligencia; Empresa Privada)
• Shock de Inversión (Minería; Agro; Pesquería; Turismo. Simplificación. Empleo masivo)
• Plan Nacional de Infraestructura (Transparencia y control. Participación internacional. Empleo masivo)
• Seguridad y orden público (Reivindicación; Potenciación; Digitalización; Tolerancia 0)
• Recuperación y ordenamiento del sector informal (Salvamento financiero; simplificación para formalización)

TRATAMIENTOS DE MEDIANO / LARGO PLAZO:

• Lucha frontal contra la corrupción (Concluir casos emblemáticos. Tolerancia 0; Impunidad 0; Pena doble para servidores públicos)
• Gobierno Digital (Red nacional potente. Estado; Educación; Salud; Justicia; Policía; Interconectividad)
• Reforma del Estado. (Cero burocracia. Digitalización y Simplificación. Meritocracia).
• Reforma de la Educación. (Nivel nacional; Sistema educativo y magisterio. Equipamiento y facilidades para educación remota; Meritocracia. Cero contenidos ideológicos).
• Reforma de la Salud. (Integración y modernización total del sistema de salud pública a nivel nacional. Gestión profesional).
• Reforma Judicial. (A todo nivel. Fuera mafias y corrupción. Doble pena para los que delinquen abusando de su cargo. Coordinación eficaz policía-fiscalía-justicia. JNJ mas efectiva y diligente).
• Reforma Electoral y Política. (Autoridades transparentes e independientes. Partidos políticos profesionales. Dos cámaras. Congreso elegido por tercios).

Como ven el tratamiento no es fácil y tomará bastante tiempo debido al estado calamitoso y grave en que se encuentra el paciente. Sin embargo, si es factible, es cuestión de liderazgo, gestión, disciplina, transparencia y esfuerzo, pero principalmente de la participación muy activa de la familia apoyando, presionando y fiscalizando permanentemente.

Ya es hora de que todos nosotros, individual o colectivamente, participemos activa y firmemente para sacar a nuestro país del caos y asegurarnos que no vuelva a resbalar. Sabemos que lo podemos hacer, porque ya lo hemos hecho antes.

Tenemos un gran país con muchas riquezas y fortalezas que no las sabemos explotar bien en nuestro beneficio. No permitamos que otra vez una minoría de malos peruanos conformada por la clase política, los populistas, los ideólogos fracasados y sus ONGs, los corruptos y hasta algunos malos empresarios, nos priven a nosotros, que somos la gran mayoría, del bienestar y progreso que nos merecemos.

Votemos inteligentemente y luego participemos activamente todos apoyando, fiscalizando y exigiendo permanente al nuevo gobierno.

Nosotros somos la población del Perú. ¡El poder mas importante del país! Lampadia

Ing. Alejandro Chang Chiang

El 28 de diciembre último se publicó la Ley N° 30900 que crea la Autoridad de Transportes Urbano para Lima y Callao, para solucionar el caos de la movilidad que sufre la población de la capital y de la provincia Constitucional del Callao.

No conozco el texto de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo ni las coordinaciones que ha habido entre las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Congreso de la República; pero al leer el texto de la Ley, nos induce a pensar que la Ley aprobada solo aliviaría la problemática de la movilidad de la metrópoli, porque una autoridad es mejor que dos para un solo territorio.

Considero que la ATU no resolvería la situación actual del transporte en la capital por la forma y condiciones en que está redactada la Ley que la obligará a atender – además de la movilidad – los problemas internos que se generarán por las transferencias y fusiones que dispone la Ley. A largo plazo, continuaremos perdiendo competitividad y seguiremos bajando la calidad de vida de la población de la metrópoli.

Hace más de seis años, durante mi gestión como viceministro de transportes, se identificó que la problemática de la movilidad de Lima y Callao era el aspecto institucional para después tratar el tema de la calidad del talento humano a fin de contar con personal para que la institución sea eficaz y eficiente. El proyecto fue paralizado por la oposición de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y de PROTRANSPORTE y la anuencia del Primer Ministro de ese entonces.

Al respecto, en mi libro Transformemos el Transporte señalo que el objeto de las autoridades de transporte y territorio es la de fortalecer la institucionalidad para la organización y la gestión de la movilidad de las personas a través del desarrollo coordinado de la infraestructura vial con el urbanismo a fin de crear las condiciones de salud y ambiental adecuadas para mejorar la calidad de vida de la población.

A pesar de haber transcurrido seis años y de haber estudios al respecto, la Ley  promulgada no considera el marco institucional como el problema principal de la movilidad en la capital, al señalar que el objeto de la Ley es garantizar el funcionamiento de un sistema integrado de transportes. Asimismo señala que la ATU tiene como objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, en el marco de los lineamientos de política que apruebe el MTC y los que resulten aplicables.

El concepto que se debe tomar en cuenta es que una Autoridad no debe realizar actividades que él mismo regula, norma y fiscaliza, como lo afirmo en mi libro “Ideas para reconstruir la institucionalidad del País” (descargar aquí). Sin embargo, la Ley dispone la fusión con la ATU de i) la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico del Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) y ii) PROTRANSPORTE sobre la gestión del Metropolitano y de los Corredores Complementarios, que brindan servicios de transportes. Es decir, la Ley configura la situación de ser juez y parte a la vez.

Asimismo la Ley dispone que el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles, pasivos, obligaciones, contratos, recursos y personal, vinculados al ejercicio de la función del transporte terrestre de la MML y MPC se transfiere a la ATU. Ello conlleva que la nueva Autoridad nace con los pasivos y debilidades de las instituciones que gestionan actualmente la movilidad de Lima y Callao con los resultados que todos conocemos.

Según la Ley el Consejo Directivo de la ATU estará conformado por directores propuestos por los Ministerios de Economía y Finanzas y Transportes y Comunicaciones y de las Municipalidades Provinciales de Lima y Callao, la misma que no garantizaría una buena dirección de la Institución. Se requiere directores competentes que sean designados por una Comisión para que sus miembros sean de diferentes disciplinas y no sean solo representantes de los entes proponentes.

Una de las funciones asignadas a la ATU es la de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión que haya celebrado, sin perjuicio de las competencias a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), lo que podría originar una duplicidad de funciones que es necesario aclarar. Al respecto considero que a este último no le correspondería la supervisión de un contrato para brindar servicios de transporte.

En las disposiciones complementarias finales se establecen plazos para la aprobación del Reglamento de la Ley, Reglamento de Organización y Funciones, instalación del Consejo Directivo, la transferencia de bienes y recursos, fusión de organismos y adecuación de instrumentos de gestión. Considero que dichos plazos no estarían respondiendo a un cronograma de actividades realista y estaríamos asumiendo el riesgo de que haya vacíos temporales de autoridad al dejar la MML y la MPC de tener competencias al cumplirse los plazos dispuestos por la Ley, existiendo la posibilidad que la ATU no estaría en condiciones de asumir dichas funciones en los tiempos previstos.

Al respecto, mi experiencia para estructurar la organización de una institución, señala que se requiere definir claramente su misión, identificar los roles que debe asumir para cumplir con ella, determinar los procesos y controles necesarios para tener una gestión eficaz y eficiente, definir los perfiles de los cargos en función a los procesos;  designar a los funcionarios idóneos e íntegros, actividades éstas que tomarán su tiempo y que difícilmente se podrán llevar a cabo en los plazos establecidos en la Ley, máxime cuando las entidades a fusionarse con la ATU no están organizados con el enfoque de procesos.

El recurso humano es un factor primordial para el éxito de una gestión y por tanto la designación de sus funcionarios en los cargos directivos es un factor que incidirá en los resultados de la gestión. La ATU requiere nuevas personas con otra actitud y con nuevas ideas. Los “expertos” que han tenido la responsabilidad de resolver la problemática del transporte no serían los más idóneos. No hay que improvisar a músicos como directores de orquesta.

Por las razones expuestas considero que la ATU tendría una misión imposible de ejecutar de manera eficaz por las condiciones establecidas en la Ley.

Siendo crítico y pesimista en los resultados en la aplicación de la Ley, presento los planteamientos para que Lima y Callao cuenten con una Autoridad que sí resuelva la problemática de la movilidad en la metrópoli.

• Definir la misión de la ATU sobre la movilidad en Lima y Callao y su coordinación sobre el desarrollo urbano del territorio.
• Diseñar la estructura de la ATU en función a los roles que debe tener para cumplir con su misión como autoridad, más los órganos de planeamiento, de asesoría y de apoyo.
• Diseñar la organización con el enfoque de procesos.
• Determinar los perfiles de los cargos en especial de los cargos directivos.
• Designar a personal idóneo e íntegro para los cargos directivos.
• Plantear un cronograma de actividades con plazos realistas, los mismos que no requieren estar consignados en una Ley.
• Darle a la ATU la capacidad para definir los recursos que requiere para el cumplimiento de su misión.

Los roles de la ATU se circunscribe a i) ser el ente rector de los servicios de transportes y de la movilidad en general, ii) ser la autoridad que regule y gestione el tránsito de los medios de transportes y iii) proveer la infraestructura que requiere la ciudad para la movilidad. No es rol de una autoridad de transporte el de brindar servicios de transportes.

En resumen, la Ley debió crear una autoridad con las competencias para ser el ente rector de la movilidad de Lima y Callao, darle las facultades para que ésta pueda asumir las funciones que actualmente tienen la MML y MPC y la capacidad para determinar la transferencia de recursos de éstas últimas, en los plazos y condiciones que la ATU requiera para gestionar adecuadamente. AATE y PROTRANSPORTE continuarían brindando los servicios de transporte hasta que se implemente en forma gradual el sistema integrado de transporte. Lampadia

Alonso Rey B.
Para Lampadia

Cuantas veces hemos escuchado hablar a los políticos y al Ministerio de Economía (MEF) que es necesario hacer una reforma tributaria para modificar ciertos aspectos donde los contribuyentes se evaden o eluden para no pagar impuestos; o por que las normas vigentes no son las adecuadas; y no se previó cuando se realizó la última reforma.  Cuando se apruebe la famosa reforma va a resultar inadecuada, por cuanto el informal es más rápido que cualquier burócrata.

Lo que nunca dicen es que los informales no pagan impuestos y los formales cada vez tiene que pagar mas impuestos para poder cubrir los gastos del Estado. Sin embargo, no resulta razonable pensar que más del 73% de la economía es informal y no paga impuestos y que el resto menos del 27% carga con la presión tributaria.

Si el objetivo de la reforma es cambiar todo el sistema tributario, ampliar la base tributaria, facilitar las normas para que sean fáciles de entender, aplicar y pagar impuestos, bienvenida la reforma. Sin embargo, que sea esa la estrella que sigan y para ello deben tener presente lo que dice una frase del autor del Principito (Antoine de Saint Exupery) “Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cual es la estrella que lo guía”. Nuestros reformistas si pierden la estrella que los debe guiar que es ampliar la base y hacer un sistema fácil de aplicar y entender, volverá hacer una reforma inútil.

Varios temas que se deben evaluar antes de realizar una reforma tributaria:

1.- Debemos empezar a pensar, sino lo han hecho antes, que el sistema tributario peruano es obsoleto y viene desde el año 1968 con cambios cosméticos. Lo que necesitamos es modificar todo el sistema y hacer uno nuevo según nuestra realidad.

2.- De acuerdo con cifras de la Sunat, en los últimos 17 años, la recaudación por tributos internos (es el 74% del total de la recaudación) ha representado entre 10% y 14% del PBI. Sin embargo, por más que la economía peruana sigue creciendo, la recaudación por tributos internos como porcentaje del PBI, pasó de 14.1% en 2014, a 12.6% en 2015; y, posteriormente, pasó a 12.2% y 11.6% en 2016 y 2017, respectivamente. Nuestro sistema tributario ha colapsado y no es posible seguir parchándolo para ver si resulta mejorar la recaudación.

En efecto, en el año 2014, con un PBI de S/ 576,475 millones, se recaudó por tributos internos S/ 81,104 millones, en 2015, con un PBI de S/ 612,668 millones, se recaudó S/ 77,271 millones, es decir, como el cangrejo. A ello tenemos que sumarle la incapacidad del gobierno de turno, en esos años, que también es un factor que tenemos que restar.

Si revisamos las cifras sobre las mayores tasas de crecimiento de la recaudación tenemos que éstas se dieron en los años en que el crecimiento del PBI estuvo por encima del 6%. Por lo que, o sólo crecemos más del 6% o no hagamos ninguna reforma tributaria por que otra vez será inútil y obsoleta en un corto plazo.

3.- Un dato importante para realizar una reforma tributaria es determinar a quien va dirigida, es decir a que tipo de contribuyentes se les va aplicar y sobre todos que empresarios tienen capacidad para entender las normas tributarias, correctamente. Veamos la composición de la PEA en el nivel educativo de nuestro país, y eso que aquí contamos todo nivel educativo, inclusive a aquellas universidades sin clasificación por parte de la SUNEDU, es decir hasta la educación informal.

Como se puede apreciar del cuadro anterior, tenemos que el nivel de la PEA con educación superior universitaria es de sólo 2,764,000 de personas. Es decir, sólo el 16.7% de la PEA podría leer y entender correctamente las normas tributarias aplicables en Perú, es decir sólo legislamos para una minoría y si le restamos a la PEA las personas que viven y trabajan en Lima, Arequipa, Trujillo, tendremos que menos del 10% de la PEA se encuentra fuera de las ciudades mencionadas.

Conclusión, no podemos seguir pensando en hacer una reforma tributaria, lo que tenemos que crear es un nuevo sistema tributario aplicable sino será otra vez Andrés con la misma cojudez.

4.- De acuerdo con el INEI, hacia 2017, la informalidad en nuestro país supera el 73% de la economía, por lo que, cualquier política tributaria adoptada por el gobierno impacta sobre una pequeña porción de la economía. Es decir, casi a la misma proporción de la PEA con educación superior, por que si seguimos en el mismo camino vamos a llegar al mismo final, pocos pagan mucho para sostener a todos. El Estado no se reforma ni actualiza por lo que requiere más recursos.

5.- Tenemos que empezar de cero, con un sistema tributario donde sea sencillo de aplicar, todos paguemos, sea fácil de recaudar, sea más fácil entenderlo y pagar, no existan trámites engorrosos y el contribuyente no sea visto como un delincuente, sino como un socio. Deben tener presente que el Estado participa, actualmente en un 30% de los ingresos del contribuyente, es decir, es mi socio en 30% de la empresa, por que si mi socio gana más dinero el Estado va a recibir mayor participación por los ingresos de sus socios.

Si tu eres mi socio, como puede existir una medida sancionadora del Estado de cierre de establecimiento, es decir mi socio no vende no tiene ingresos y yo no cobro impuestos por esas ventas no realizadas. Tenemos que ser estúpidos para dispararnos no solo en el pie sino en la sien.

6.- La reforma tributaria no puede ser realizada por los mismos funcionarios que administran los impuestos, bien dice Einstein que “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, claro por eso la reforma no puede ser realizada por los mismos funcionarios y haciendo lo mismo, que es parchando las normas actuales sin ser creativos de como podemos mejorar la recaudación y paguen todos impuestos. No hay peor pregunta cuando vas a adquirir cualquier producto o pagar un servicio que te digan “boleta o factura”. Los contribuyentes deberían convertirse en fiscalizadores, pedir facturas y poder deducir todo el IGV que hayan adquirido del Impuesto a la Renta, cuantos fiscalizadores tendremos al día siguiente, 5 o 6 millones, mas que la PEA con educación primaria completa. En los últimos cambios del Impuesto a la Renta fueron muy tibios, luego entro la Sunat y ya no se puede deducir nada de los gastos, por que los trámites son tantos que es mejor no deducir. Es decir, objetivo logrado.

Si hacemos lo mismo, vamos a continuar en el mismo camino. Hoy 280 contribuyentes aportan el 42% de lo recaudado por todo concepto del Impuesto a la Renta. Asimismo, el 1% de los contribuyentes, que resultan ser los mas fiscalizados y son los principales, contribuyen con el 78% de lo recaudado por el Impuesto a la Renta. Ahora cuéntenme de que reforma tributaria hablamos y si el 99% del resto de contribuyentes solo contribuye con el 22%.

Si nosotros como contribuyentes no tenemos ningún incentivo para pedir boleta o factura. ¿Por que tengo que trabajar para el Estado como fiscalizador? que además me cobra impuestos. Cualquier cambio que no sea radical no va a generar ningún incremento en la recaudación, eso ya lo vivimos varias veces y siempre con el mismo resultado, un fracasó mas. La mejor reforma es todos los impuestos a la gasolina (como lo hizo el MEF hace poco), todas las empresas que paguen un 5% sobre los ingresos brutos sin deducciones, todos paguemos IGV a una menor tasa. El otro día leía en una revista (Harvard Business Review) que cuando no encuentras una solución a un problema y sigues buscando haciendo lo mismo, lo mejor es llamar a un músico para que te ayude, por cuanto no esta contaminado con el problema y las diferentes soluciones que pretendes encontrar; él te podrá ayudar a encontrar la solución. En el caso de la reforma tributaria, le diría al MEF que llame a la Sinfónica Nacional y a todos los cantantes folclóricos del país, para que los ayuden a encontrar la solución.

7.- La reforma tributaria tiene que incluir una mejor forma de solucionar los reclamos cuando se originen, no por que un auditor de Sunat realice una acotación implica que la acotación es irrefutable y a pesar que pueda ser una barbaridad ni el superior jerárquico la puede detener y quien paga la cuenta, como siempre es el contribuyente. Al contribuyente le tienen que reembolsar sus costas y costos en el proceso administrativo, en caso gane el proceso; y dichos montos deben salir de las remuneraciones de los fiscalizadores a efectos que tengan un incentivo en no realizar acotaciones absurdas e ilegales. La Sunat jamás debería tener la facultad de impugnar las resoluciones del Tribunal Fiscal, eso por principio, es como el Gerente de Operaciones impugne las decisiones del Directorio por que no esta de acuerdo con la decisión tomada, es impresionante que esto suceda en el Perú.

8.- Toda reforma debe modificar la elección de los miembros del Tribunal Fiscal, la forma de operación y funcionamiento del referido Tribunal y el plazo máximo que tiene el mismo para poder resolver. Conocemos un caso de Aduanas que subió 3 veces al Tribunal Fiscal y en vez de resolver en una sola oportunidad el fondo del asunto, solo declaraba nula la resolución y obligaba al funcionario de Aduanas a volver a pronunciarse. El funcionario no podía entrar en contradicción y volvía a resolver lo mismo con una demora de 2 y 3 años. El proceso se demoró 8 años y el contribuyente, que además era extranjero, no podía entender el problema del Tribunal y mucho menos el de Aduanas.

La elección de los miembros del Tribunal Fiscal debe tener por los menos 3 requisitos (i) que haya pagado impuestos tanto como persona natural o haber sido directivo en una empresa que haya pagado impuestos; (ii) que haya pagado planillas o haya tendido un cargo directivo en una empresa que haya pagado planillas; y, (iii) que sepa leer. Si desean y son muchos requisitos, podemos obviar el último. Los miembros del Tribunal Fiscal no pueden tener alguna relación con la Sunat y si la hubiesen tenido, debería existir un periodo no menor de 5 años en los que no deberían ejercer ningún cargo ante el Tribunal Fiscal. En ese tiempo pueden pagar impuestos y planillas para tener los requisitos esenciales.

Lamentablemente toda esta reforma tributaria sino viene acompañada de una reforma del Estado será inútil, porque el monstruo del Estado seguirá requiriendo más recursos para pagar las ineficiencias que ellos mismos crean para poder mantenerse en el cargo.

Como siempre, se hará la reforma y no se obtendrán los resultados buscados y una vez más se aplicará la frase “Donde termina la Razón, empieza el Perú.” Lampadia

Continuando nuestra cobertura del evento organizado por la Academia Peruana para presentar propuestas de políticas públicas sobre temas estructurales del país, compartimos con nuestros lectores otro importante aporte: Productividad, Competitividad y Diversificación Productiva (2016-2021), desarrollado por Álvaro Quijandría, economista del Banco Mundial en el Perú.

Los documentos mostrados en el evento corresponden a propuestas de reforma del estado, política económica, inclusión social, políticas de ciencia y educación y desarrollo sostenible y medio ambiente. En este caso, el Documento de Productividad y Competitividad propone la búsqueda de inversión en cadenas de valor globales, la reducción de la rigidez laboral y el fortalecimiento de las habilidades de la fuerza laboral.

El crecimiento económico del Perú en la última década es innegable. Nuestro desarrollo se llevó a cabo principalmente por un aumento sostenido en la productividad total de los factores (PTF), la cual contribuyó alrededor de un tercio del crecimiento. Esto se debe principalmente a la adopción de medidas de estabilización macroeconómica (por medio de un régimen cambiario más flexible, disciplina fiscal y baja deuda pública), además de reformas estructurales como la liberalización financiera, del comercio y regulaciones del mercado. Todo esto mejoró la eficiencia en la asignación de recursos y ha dado lugar a un notorio crecimiento de la productividad. Lo que contradice muchas críticas infundadas sobre el desarrollo de la economía peruana durante los primeros años del nuevo siglo. Ver el siguiente cuadro:

En la década del 2001 al 2014, nuestra economía creció en un promedio de 6.4% anual y duplicó el ingreso per cápita. Comparándolo con el desempeño global, su desempeño ha sido impresionante. Casi una cuarta parte de la población ha logrado salir de la pobreza. A lo largo del país, los hogares de menores ingresos se han beneficiado más del crecimiento que el promedio nacional. Asimismo, la desigualdad cayó significativamente en el mismo periodo, con uno de los ritmos más rápidos de la región: 12.6% frente a un promedio regional de 5.3%.

Sin embargo, según Quijandría, existe una notoria limitación al potencial del comercio debido a las restricciones domésticas generadas por las barreras burocráticas. Estas son las mismas barreras que Lampadia viene criticando arduamente, argumentando que se ha formado un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales. Un claro ejemplo es el caso de la minería, donde hemos pasado de dos normas en los 90’s a 201 en la actualidad. (Ver en Lampadia: Hacia una minería más (in)sostenible económicamente) Es justamente esta parálisis en la inversión minera lo que ha terminado desacelerando a una de las economías más dinámicas del mundo.

Otro aspecto crucial para la dinamización de la economía es buscar una regulación laboral más moderna y efectiva en la creación de empleo de calidad, a diferencia de la situación actual que ha venido acumulando regulaciones contra productivas, basadas en análisis populistas que solo terminan por afectar de mayor manera a los trabajadores que pretender proteger. Ver el siguiente cuadro, que muestra el nivel dramático de nuestras regulaciones:

Quijandría propone opciones de política para elevar la productividad, la competitividad y la diversificación productiva. Entre ellas se encuentra la promoción de la competencia, la reducción de costos que genera el cumplir con regulación burocráticas anti-propósito, la ayuda a las empresas en sus retos de innovación, resolver las fallas de mercado para facilitar que continuemos el proceso de diversificación y la búsqueda de inversión en cadenas de valor globales. Para lograr estos objetivos, el autor ha planteado una hoja de ruta en tres tiempos (100 días, 1 año y 5 años), en la que se agregan otras medidas importantes como la reducción de la rigidez laboral y el fortalecimiento de las habilidades o capacidades de la fuerza laboral.

En Lampadia consideramos que este es un gran aporte al debate electoral. Presenta información objetiva que permite una buena evaluación de las opciones de políticas públicas y ayuda a desideologizar el debate. Lampadia

En muchas partes del mundo, y también en el Perú, hay una gran frustración por la performance de la política y de los estados, sus burocracias y su lejanía y hasta su divorcio de los avances económicos y sociales de la globalización. En las últimas décadas la humanidad ha logrado mejoras socio-económicas notables: reducción de la pobreza, de la desigualdad entre los países más desarrollados y los emergentes, una nueva e inmensa clase media global y mayor cobertura de los servicios de educación y salud, pero al mismo tiempo, la política y la burocracia han caído a niveles de desprestigio y desconfianza perniciosos, que hacen insostenible el progreso social.

Absurdamente, hay gente que no cree en la economía de mercado, que acusa a sus defensores de querer eliminar o minimizar los estados. En Lampadia no creemos que esas ideas sean representativas del pensamiento de la  mayoría de la población, y por cierto, no lo son del nuestro. Más bien es lógico plantear la necesidad de contar con estados sólidos, presentes y orientados a la búsqueda del bienestar general, antes que a los juegos de poder que los hace disfuncionales.

En el caso del Perú, un factor determinante de este proceso es la debilidad o inexistencia de partidos políticos nacionales que sean dignos de representar a la mayoría de los ciudadanos. Las reformas políticas que se requieren para corregir esto, solo podrán llevarse adelante con un gobierno nuevo, que ostente un fuerte liderazgo y capacidades para educar y comunicar.

Como dijimos más arriba, este es un problema global. En el tema de la performance del Estado, acaba de publicarse un magnífico libro de John Micklewait y Wooldridge (The Penguin Press), “The Fourth Revolution – The Global Race to Reinvent the State” (La cuarta revolución – la carrera global para reinventar el Estado), que nos permite concluir que esa cuarta revolución nos permite rescatar lo que nosotros llamaremos “El Estado Meritocrático”.

El libro indicado describe como a lo largo de los últimos quinientos años Europa y Estados Unidos han atravesado por tres revoluciones que han formado las estructuras de gobierno, el Estado-Nación, el Estado-Liberal y el Estado-de-Bienestar. Postulan que ante los fracasos comentados, en el Asia se está formando una cuarta revolución con Estados muy efectivos, pero también menos democráticos. En este artículo, pretendemos rescatar lo que pensamos son las lecciones que podemos adoptar en una cierta convergencia con el oriente, sin abandonar los valores de la democracia, que ya están en nuestro ADN.

Estamos hablando, básicamente, de Estados Meritocráticos, que cuenten con “buena gobernanza” y funcionarios públicos de primer nivel, bien educados, empoderados, respetados y muy bien remunerados. (Ver en Lampadia (L): Triángulos del Futuro, acción para el desarrollo, -Gobernanza: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”, definición del Diccionario de la Real Academia Española).

Funcionarios orientados hacia un manejo racional de las políticas públicas, con una mentalidad práctica, imbuidos de las mejores prácticas de los más eficientes funcionarios del sector privado y que tengan muy claro, que el desarrollo integral y duradero del país dependerá, fundamentalmente, de la fortaleza del sector privado que alienten y promuevan.

Por ejemplo, en Singapur, el exitoso país que formó Lee Kuan Yew, que tiene uno de los mejores estándares de vida del planeta, buscan a sus futuros funcionarios públicos desde los colegios. Identifican a los mejores alumnos, les dan todas las becas posibles y gastan una fortuna entrenándolos. Los que llegan a los cargos más altos reciben remuneraciones espectaculares, que llegan a US$ 2´000,000 anuales. Los que fallan en el camino, van saliendo de la carrera.

Los miembros de estas élites estatales están al tanto de lo último del mundo gerencial y no dudan in implantar en el Estado, las mejores prácticas del sector privado. Según los autores del libro, sentarse con estos jóvenes mandarines de Singapur, equivale a reunirse con los jóvenes más talentosos de Goldman Sachs o McKinsey.

Algo sorprendente que nos trae el libro es que de alguna manera Lee Kuan Yew fue el maestro del gran líder chino Deng Xiaoping, que visitó a Lee en Singapur en noviembre de 1978, justo antes  de la tercera sesión plenaria del onceavo Comité Central del Partido Comunista Chino y quedó tan impresionado que luego llevó a la China a la revolución que le ha permitido el desarrollo que hoy conocemos todos. El gran cambio de China se resume en la famosa frase de Deng: “No importa el color del gato, siempre que cace ratones”.

Como hemos mencionado, esta revolución de la naturaleza de los estados asiáticos ha sido y sigue siendo, en gran medida, muy autoritaria. Por lo tanto de lo que se trata es de conocerla de cerca y traer al Perú las mejores prácticas de gobierno que nos permitan consolidar un país que tenga un Estado muy eficiente, con los mejores funcionarios públicos de la región y que sepan integrarse con un sector privado moderno, en un excelente clima de inversión.

Como los peruanos hemos podido comprobar durante los últimos años, podemos crecer, disminuir la pobreza y la desigualdad, pero necesitamos un gran Estado que acompañe un desarrollo integral y duradero. Lampadia  

Poco se sabe en el Perú de la exitosa y profunda reforma económica, política y administrativa que llevó a cabo Nueva Zelanda, como política de Estado, desde 1985. Esta reforma, considerada como “uno de los episodios más notables de liberalización que puede ofrecer la historia”, fue impulsada por el partido laborista de la  izquierda.

Los años 80´s no solo fueron duros para el Perú y América Latina. Como consecuencia de un Estado benefactor insostenible, políticas públicas proteccionistas de larga data, una economía sin incentivos para generar riqueza y una burocracia estatal ineficiente, Nueva Zelanda aterrizó en la década de los 80’s arrastrando una crisis económica y política que demandaba a gritos reformas radicales en el modelo económico y en la administración pública. 

El contexto previo

Entre 1950 y 1985 Nueva Zelanda registró la tasa de crecimiento más baja entre las economías de la OECD, creciendo menos de la mitad del promedio de estos países. De ser el quinto país más rico del mundo en 1950, pasó a ocupar el vigésimo lugar en el año 1985, a pesar de su extenso “Estado de Bienestar”.

Estos resultados se pueden entender porque Nueva Zelanda era considerada la economía más protegida de la OECD. En efecto, desde 1950 existían extensos controles de precios y, en promedio, un quinto de todos los productos de consumo tenían precios fijados desde el Gobierno; las empresas nacionales tenían protección frente a la competencia de las importaciones; el mercado laboral tenía una pesada regulación basada en criterios redistributivos antes que en productividad; y abundaban numerosas empresas estatales mal administradas, entre otras agudas distorsiones. La crisis que venía arrastrando el Estado neozelandés se agravó fuertemente con el ingreso de Gran Bretaña a la Comunidad Europea, lo que redujo fuertemente sus exportaciones a ese país (que alcanzaban el 70% de las exportaciones totales), así como por la crisis petrolera del 1973, y el incremento de la deuda pública para financiar programas sociales y el gasto en pensiones, que llevó al país a un déficit fiscal de 7% del PBI a comienzos de los 80’s. La crisis fue de tal magnitud que el Gobierno del Partido Nacional tuvo que convocar elecciones anticipadas en julio de 1984. Estas elecciones las ganaría el partido Laborista de izquierda.

La “Gran Transformación”

A partir de 1985 Nueva Zelanda se embarcó en un extenso proceso de transformación que no solo incluyó las “tradicionales” reformas de primera generación asociadas a la apertura comercial, privatización de empresas públicas, simplificación del sistema tributario, eliminación de subsidios a la industria, liberalización de precios y salarios, flexibilización del mercado laboral, reducción del gasto público y disciplina monetaria, ya que el plan de reforma contempló también una profunda metamorfosis en el sector público, principalmente, en el Poder Ejecutivo.

El servicio público de Nueva Zelanda funcionaba con fuertes rigideces burocráticas y los funcionarios públicos gozaban, prácticamente, de estabilidad laboral absoluta. Los Directores y jefes llegaban a sus cargos por criterios de antigüedad antes que por méritos.  El sector público se percibía como lento y costoso, y uno de las principales preocupaciones derivaba de la ineficiencia en la utilización de los recursos públicos, debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas. Así, entre 1988 y 1989 se promulgan dos leyes claves (la State Sector Act y la Public Finance Act – ley del sector estatal y de las finanzas públicas), que tuvieron como objetivo lograr mayor transparencia en la gestión, otorgarle a los gerentes públicos mayor libertad para cumplir sus metas -incluyendo mayor flexibilidad en el manejo de sus recursos humanos y financieros-, y una orientación hacia el logro de resultados. El Gobierno logró además introducir un sistema de incentivos basado en bonos de desempeño o la posibilidad del despido ante los malos resultados. Las regulaciones laborales en el aparato estatal se empezaron a regir por las mismas normas que en el sector privado, acabando con la estabilidad absoluta. El nombramiento de los gerentes se empezó a realizar por un periodo fijo, que no coincidía con el ciclo electoral, para separarlo del proceso político.

Todas las evaluaciones de la experiencia neozelandesa indican que se registraron importantes ganancias en productividad y eficiencia, y que la reforma del Estado fue un gran éxito. Como señaló el ex embajador neozelandés Darryl Dunn, en una entrevista para El País de Montevideo, Nueva Zelanda cambió en “las actitudes hacia las instituciones del Estado, en el sentido de darse cuenta de la necesidad de reformas”.

Es rescatable que al margen del color político, Nueva Zelanda haya podido construir un consenso entre el Partido Nacional, de derecha, y el Laborista, de izquierda, para hacer de esta profunda reforma una política de Estado perdurable.

Nueva Zelanda ha sido visitada  innumerables veces por misiones de muchos países de la tierra desde la década del 90´ para evaluar el diseño, implementación y resultados de esta gran reforma de Estado. Como hemos manifestado en Lampadia, el Perú tiene la necesidad de emprender importantes reformas en educación, institucionalidad, infraestructuras y clima de inversión, todos temas en los que Nueva Zelanda descolla a nivel mundial y tiene mucho que enseñarnos. 25 años después de la transformación de Nueva Zelanda, creemos que sería de extrema utilidad organizar visitas de estudio, del sector público y del privado, para recoger los elementos políticos y técnicos que hicieron posible el gran salto hacia la prosperidad de este país.  Lampadia