El año pasado el canon minero total ascendió a S/. 5,170 millones lográndose las mayores transferencias de la historia. Sin embargo, la caída no esperadade los precios de los metales en el 2012 llevó a que este año el canon haya disminuido en más de mil millones de soles, y en algunas regiones como en Cusco, la caída de las transferencias fue mayor al 90%, dañando las finanzas sub-nacionales y la programación de algunos proyectos de inversión.

El malestar social, el oportunismo político ante las menores transferencias, y las movilizaciones regionales contra el Gobierno Central -en especial contra el Ministro de Economía- evidenciaron que la bonanza (no esperada) de los últimos años, que incrementó el canon y regalías de S/.285 millones en 2003 a S/. 5,700 millones en el 2012, había acostumbrado a los gobiernos sub-nacionales a recibir crecientes transferencias. Sin embargo, el Gobierno Central también ha fallado en su estrategia de comunicación para hacer entender la naturaleza volátil y transitoria de estos recursos. De hecho, entre el 2004 y el 2012, las transferencias por canon minero y regalías han mostrado una correlación de 0.9 con la evolución del índice de precios de los metales, lo cual revela la elevada sensibilidad de las finanzas de los perceptores de estos recursos a las fluctuaciones de los precios de los commodities. Esta situación es más grave si consideramos que las circunscripciones que dependen delos recursos naturales muestran altas tasas de necesidades básicas insatisfechas (NBI), y que muy pocos de estos distritos (en su mayoría rurales) están en la capacidad de recaudar impuestos directos sosteniblemente, mostrando bajo grado de autonomía fiscal y alta dependencia de transferencias del gobierno central.

Ante esta situación, la creación de un Fondo de Estabilización Sub-nacional (FES), que se extienda sobre los ciclos presupuestarios con depósitos hechos durante los años de boom y retiros durante los años de vacas flacas, permitiría suavizar la volatilidad de los precios de los commodities a los presupuestos sub-nacionales, haciendo más previsible y estable el flujo de recursos disponibles por canon y regalías, y con ello se facilitaría una mejor planificación y programación de los presupuestos locales y regionales. No solo eso, también podría funcionar como un fondo para encarar emergencias (por ejemplo, por desastres naturales), y además facilitaría la ejecución de políticas anti cíclicas por parte del Gobierno Central, ya que este nivel de gobierno tendría más control sobre el gasto agregado.

Las fuentes que alimenten el FES podrían estar asociadas a apropiaciones discrecionales del presupuesto sub-nacional, parte del superávit (cuando se genere) o transferencias basadas en una fórmula predeterminada. Igualmente, los retiros del FES podrían estar sujetos a la aprobación de una mayoría calificada o de acuerdo a una fórmula que refleje la caída de los ingresos. En general, la recomendación es que se utilice -tanto para los depósitos como para los retiros- una fórmula predeterminada, sencilla y fácil de entender, sobre las transferencias generadas por las industrias extractivas, ya que el uso de una regla no solo reduce la interferencia política, incrementando las propiedades estabilizadoras de los fondos (genera menos control discrecional), sino que la fórmula puede forzar a los gobiernos locales a realizar depósitos incluso en años en los cuales las transferencias se reducen, si es que desde un horizonte de largo plazo el canon y las regalías son aún elevadas. Además, los superávit presupuestarios (generación de saldos) no necesariamente son adecuados para alimentar el FES, ya que estos pueden ser consecuencia de la manipulación política más que de la evolución de la economía y el manejo financiero apropiado.

Los depósitos tendrían que estar en cuentas individuales a nombre de cada gobierno local o regional, ya que la normativa constitucional establece que el canon es de propiedad de cada circunscripción; no obstante, el manejo financiero tendría que hacerse en conjunto para buscar mayores retornos por estos recursos. Dado que el objetivo del FES es reducir la volatilidad de las transferencias de recursos naturales, y no actuar como un “fondo de riqueza” de largo plazo, se deben establecer ciertos techos en su stock, puesto que el FES debe ser suficientemente grande como para financiar la menor disponibilidad de recursos, pero no tan grande como para perder retornos importantes en su uso, dada las altas necesidades en los distritos más dependientes del canon.

En un artículo previo publicado en Lampadia explicamos que los crecientes recursos públicos (no esperados) recibidos por los gobiernos subnacionales en calidad de canon, debido al gran impulso que ha tenido en los últimos años la actividad minera en el país, ha generado fuertes desbalances entre las circunscripciones productoras y no productoras, al punto que el 60% del canon total se concentra en distritos de solo 16 provincias. Existen disparidades dentro de los mismos departamentos productores -en Pasco un distrito productor recibe un ingreso per cápita 106% mayor que un distrito no productor-, al tiempo que la mayor afluencia de estos recursos han incrementado la presión para gastar con una deficiente planificación; en otros casos se registró una baja ejecución con una creciente acumulación de saldos de balance -que ascendieron a S/. 4,162 millones a diciembre de 2012-, y una elevada fragmentación de la inversión local, además del descontento social de las circunscripciones que no reciben canon.

Como se aprecia a continuación, en la actualidad el canon sigue un esquema de reparto en capas que prioriza fuertemente a las zonas productoras: 

Esto quiere decir que un distrito productor como San Marcos, que alberga a la compañía minera Antamina, recibe un 10% del canon total generado por esta mina (50% de su IR) por ser distrito productor, más parte del 25% a ser repartido entre todos los distritos de la provincia de Huari, más una participación sobre el 40% a ser repartido entre todos los distritos del departamento de Ancash. La participación que San Marcos obtendrá por ser parte de la provincia productora y del departamento productor dependerá de los factores de asignación provincial y departamental construidos sobre la base de su población y el Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas. Así, este año este distrito se benefició en neto con el 14,4% del canon repartido en Ancash.

La problemática mostrada indicaría la necesidad de ir hacia una reforma que apunte a mejorar la distribución relativa al interior de los departamentos productores, de forma que se logren mayores niveles de equidad dentro del ámbito territorial productor y se asegure una mayor participación de los distritos más pobres. Pero se debe ponderar las restricciones de naturaleza constitucional, política y social que existe en torno a la distribución del canon, por lo cual la reforma no debería ampliarse para distribuir estos recursos más allá del propio departamento productor.

Consideramos conveniente elevar la participación de los gobiernos regionales a 25%, ya que es la instancia sub-nacional con la capacidad de articular la planificación del desarrollo a nivel departamental -por el alcance territorial de sus funciones-, y adecuar el equilibrio territorial y político entre los diferentes gobiernos locales. El nivel regional cuenta con mayor facilidad para ejecutar proyectos de envergadura alineados a las políticas nacionales y demandas territoriales -de impacto interdistrital- aprovechando economías de escala. Así por ejemplo, en promedio la inversión por proyecto de los gobiernos regionales es de S/. 5 millones mientras este monto asciende a S/. 1,1 millones para el nivel distrital. El distrito productor debería mantener un porcentaje fijo de asignación, no solo por consideraciones políticas, sino también económicas, pero reduciendo su participación global para desconcentrar las transferencias. Lo mismo debe suceder con la segunda capa, a ser distribuida entre los distritos (productores o no) localizados en la provincia productora. De esta forma, se liberalizarían mayores recursos concentrados en los distritos cercanos a la zona productora para ser repartidos dentro del ámbito departamental. La construcción de fórmulas de reparto interdistrital del canon que incorporen factores que potencien la compensación por capacidad fiscal, necesidades de gasto o niveles de pobreza redundarían en una significativa mejora de la eficiencia asignativa y con ello también se optimizarían los niveles de ejecución.

El tema de la reforma del canon es complejo por las múltiples dimensiones que abarca la distribución, uso, manejo y ejecución de las rentas generadas por las industrias extractivas (en un contexto descentralizado), así como las consideraciones constitucionales y políticas en torno al canon, y los problemas adicionales de la alta volatilidad de estos recursos. Sin embargo, en relación a la distribución de los recursos, el Gobierno podría aprovechar la actual coyuntura para implementar una reforma que apunte a una mayor equidad. Es el momento, tomando en cuenta que el canon minero del presente año ya fue repartido y el MMM 2014-2016 considera una reducción estimada de cerca del 10% para el canon minero del 2014.

Existe un cuestionamiento en relación a los criterios óptimos que deberían guiar una distribución adecuada de los ingresos provenientes de las industrias extractivas, como el canon, en un contexto de descentralización. En el Perú, el canon se reparte solo al interior de los departamentos productores, priorizando a los distritos donde se explota el recurso natural.

La priorización del principio de proximidad geográfica tiene sustento legal en el artículo 77° de la Constitución Política, que establece que las circunscripciones donde se explotan recursos naturales deben recibir una participación “adecuada” del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de dichos recursos en calidad de canon. Igualmente, tiene un sustento económico, en la medida en que la explotación de recursos naturales genera costos en los distritos donde se realizan dichas actividades, por la mayor demanda de infraestructura pública y generación de externalidades como inmigración y riesgos de contaminación. Además, el canon se justifica en la medida en que permite a las localidades productoras intercambiar dichos recursos por infraestructura y capital productivo para mantener la sostenibilidad económica de dichas zonas una vez agotados los recursos no renovables.

Debido al fuerte incremento de los precios de los commodities experimentado en los últimos años, los gobiernos subnacionales recibieron importantes recursos públicos provenientes del canon y regalías, al tiempo que las finanzas públicas de los gobiernos regionales y gobiernos locales evidenciaban aún una incipiente capacidad de gestión. Este fenómeno generó desbalances, al punto que durante el año pasado sólo 16 provincias concentraron el 60% del total repartido a nivel distrital, mientras que el restante 40% se repartió entre 179 provincias. Dos distritos: Echarate y San Marcos, en Cusco y Ancash respectivamente, acumularon el 10% del canon. Echarate recibió  S/. 464 millones.

Las disparidades se mantienen dentro de cada departamento. Por ejemplo, en el  Cusco, el segundo con mayores ingresos, un distrito no productor recibe un ingreso per cápita 72% menor que un distrito productor. En el caso del departamento de Pasco, dicha diferencia llega al 106%.

Por otro lado, los incrementos del canon aumentaron la presión por gastar, lo cual llevó a una baja calidad de ejecución y, al mismo tiempo, a acumular saldos no ejecutados. En el 2012 los saldos por canon ascendieron a S/. 4,162 millones, de los cuales S/. 3,277 millones (79%) correspondían a los gobiernos locales y S/. 884 millones a los regionales (21%).

Los problemas se agudizan por la elevada fragmentación de la inversión local, los pocos incentivos para la coordinación entre circunscripciones y la baja correlación de la tasa de pobreza con las transferencias per cápita recibidas a nivel nacional. Estos argumentos se complican por el riesgo de financiar gastos esenciales con una fuente volátil, dada su naturaleza.

Esta problemática requeriría una reforma que genere una distribución más equitativa, que considere las obvias restricciones de naturaleza constitucional, política y social existentes. Por ello, ésta tiene que ser muy cuidadosa y conversada, tomando en cuenta que la solución completa de este problema requeriría una reforma paralela del sistema de transferencias, así como la mejora en la calidad del gasto.

También sería adecuado que el MEF diseñe un mecanismo de estabilización del canon, como puede ser un Fondo de Estabilización, que establezca un ahorro de uso contingente y permita estabilizar los proyectos interanuales.