EDITORIAL DE LAMPADIA

Así como cada vez que se legisla temas empresariales en el Perú se piensa solo en la gran empresa, aquella con ingentes recursos y con múltiples organismos de apoyo a la gerencia, que van desde un gran departamento contable hasta una gerencia de recursos humanos, pasando por un departamento legal o una asesoría externa de primer nivel, lo mismo sucede con los colegios.

Se les regula pensando en los grandes colegios de Lima, la mayoría de los cuales tiene un importante apoyo administrativo, llámese gerencia administrativa o subdirección administrativa, lejos por supuesto de lo que tienen las grandes empresas, pero que marca una diferencia respecto a la escuela pública o la privada de bajo costo. En los colegios públicos y en la inmensa mayoría de colegios privados, probablemente más del 90% de ellos, el director no tiene ningún apoyo.

Él solo debe hacerse cargo de toda la carga administrativa que le endilga la burocracia del MINEDU y el Estado en general. Debe asumir también, muchas veces con un magro o inexistente presupuesto,

• El mantenimiento de su infraestructura.
• La cantidad de reportes a presentar a la UGEL,
• El llenado del SIAGIE (ese nuevo monstruo que deben alimentar los directores personalmente con información),
• Las fiscalizaciones de la UGEL -cada vez más frecuentes con las facilidades que brinda la “virtualidad”-,

Impiden así que los directores se dediquen a lo que es su verdadera tarea y la más importante: sus alumnos, padres de familia y maestros.

En el caso de la escuela privada, los directores deben cumplir, además de las inspecciones y requerimientos del MINEDU, con las inspecciones de INDECOPI, INDECI, municipalidades, SUNAFIL, Ministerio de Justicia (por el tema de protección de datos) entre otros, con administrar sus escuelas. Realmente, en qué tiempo y con qué recursos se espera que un director de una escuela, por ejemplo, de cien alumnos con una pensión de S/ 200 tendrá la capacidad y los recursos para resolver todas estas demandas, si ni siquiera tiene tiempo para leer El Peruano.

Después nos preguntamos por qué hay tanta informalidad en nuestro país y cómo así ha llegado en tan importante magnitud al sector educación. La respuesta es simple, el Estado se ha vuelto un acosador de todo aquel que produce. Estruja a las empresas por todos lados, impidiendo que los pequeños puedan cumplir toda la normatividad simplemente porque los costos no dan siquiera para estar informados de todo lo que hay que hacer. Es más fácil no tener planilla ni pasar tantos controles, vivir con un alto grado de informalidad, a salto de mata, es cierto, pero así viven hoy más del 70% de peruanos, mientras la burocracia estatal, desde su escritorio, se dedica a multiplicar normas que encarecen el servicio de todos y son imposibles de cumplir para la inmensa mayoría.

Ojalá la providencia se apiade de los peruanos y el próximo gobierno se dedique a desarmar toda esa maquinaria dedicada a asfixiar a las empresas y a los colegios en particular, de manera que, como empresa de servicios que son, los colegios y su director especialmente, se puedan concentrar en su labor educativa y no en satisfacer exigencias absurdas que nada le aportan al país y que por fin detenga a esa burocracia que nos succiona la sangre como una garrapata insaciable. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que ha ocurrido en el Estado en la última década ha sido un crecimiento desordenado e incontrolable del empleo público. El gasto en personal se multiplicado varias veces, pero el desempeño de ese personal no ha mejorado. Los servicios públicos siguen siendo tan ineficientes y corruptos como antes.

Juan José Martínez, jefe de SERVIR, nos explica que hay contrataciones de personal disfrazadas, pagos no registrados. Esto comenzó a descubrirse desde que el 2001 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pidió información de remuneraciones a las entidades públicas. Recién informaron al tercer año, bajo amenaza. Cruzaron la data enviada con RENIEC y se encontró una cantidad significativa de personal ya fallecido que milagrosamente cobraba su sueldo.

Pagos ocultos

El 2018 se creó en la ley de presupuesto el concepto partidas restringidas, por el cual el (MEF) congela una partida cuando ésta carece de justificación o sustento. De esa manera fueron congelados 10 mil millones de soles. Para liberarlos, cada entidad debía justificar su uso. Allí fue que aparecieron negociaciones colectivas y laudos arbitrales que otorgaban beneficios unilaterales a trabajadores. Fue el caso de RENIEC, por ejemplo, cuyo personal realizó una huelga debido a que el MEF congeló algunos de esos pagos que no estaban previstos presupuestalmente.

En muchos casos se descubrió pagos a trabajadores en partidas que no correspondían, que no eran gasto de personal. Por esa vía se ocultaba aumentos irregulares a trabajadores. Muchas entidades pagan por fuera del sueldo conceptos tales como movilidad, alimentación, vestuario e inventan otros conceptos, como una manera de incrementar la remuneración. Se paga, por ejemplo, 20 soles diarios por movilidad, pero en realidad ese dinero es de libre disposición. Y 20 soles diarios más por alimentación, y así…

Parece que este año se va a empezar a ordenar este caos, y las causas que lo generan. Es decir, a controlar la expansión inorgánica del gasto en personal que, por lo demás, tampoco redunda en una mejora de los rendimientos institucionales.

Martínez nos informa que este año se formarán comisiones en las que estarán representantes de MEF y de SERVIR con representantes de cada pliego presupuestal a fin de revisar todos esos pagos que hasta ahora permanecían ocultos y determinar cuáles tienen marco legal y cuáles no. Pues el MEF no ha validado todavía esos abonos ni las justificaciones que las entidades han remitido.

Lo segundo es controlar las causas de ese desorden. Se ha establecido, por ejemplo, que cada vez que una entidad quiera contratar a una persona por Contrato Administrativo de Servicios (CAS), deberá enviar una consulta fundamentada a SERVIR, como paso previo al filtro del MEF. Esto ha entrado en vigencia a partir del 1° de enero del 2020.

Hemorragia de reincorporaciones judiciales inconstitucionales

Un problema muy serio es la hemorragia de reincorporaciones judiciales de los CAS y locadores de servicios, pese a que se trata de contratos temporales. Los gobiernos regionales y locales tienen mandatos de reincorporación por cientos. Un reciente informe de SERVIR, que analiza esas sentencias judiciales, revela que los jueces aplican indebidamente el principio de ‘primacía de la realidad’: si el demandante demuestra que hay subordinación y remuneración y que realiza labores de naturaleza permanente, entonces no puede ser cesado ni destituido. Es decir, adquiere estabilidad laboral absoluta.

Es un razonamiento que puede ser válido para el sector privado, pero no para el público, donde para tener estabilidad se requiere haber ingresado por concurso público y tener una plaza presupuestada. Lo estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia Huatuco (Expediente N° 05057-2013-PA/TC.), según la cual solo se puede reincorporar a un servidor si éste ingresó por concurso público, a una plaza presupuestada vacante y a plazo indeterminado. Y esas condiciones no se cumplen ni en los CAS ni en los locadores de servicios que, sin embargo, son repuestos con estabilidad absoluta aun cuando su contrato haya vencido. Esta práctica judicial se ha convertido en un vicio que le representa al Estado peruano una gran cantidad de dinero sin contrapartida en un servicio efectivo.

Y que, además, viola los principios de meritocracia e igualdad de oportunidades consagrados, por lo demás, en el artículo 5° de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. Los jueces no entienden aun que el Estado maneja recursos de todos los peruanos y que por lo tanto debe aplicar a su personal los más exigentes estándares de desempeño meritocrático y no puede ser botín de políticos clientelistas ni de jueces que también son pagados con nuestros impuestos.

El gobierno debería tomar la decisión de emitir un Decreto de Urgencia que fije estos criterios de reposición y capacitar sobre ello al Poder Judicial.

Dicho sea de paso, una observación interesante: cuando esos locadores de servicios o CAS pasan a la 276 con estabilidad, trabajan mucho menos que en el régimen temporal. Lo que habla de la necesidad de reformar incluso la propia ley del régimen del servicio civil para con condicionar la estabilidad del rendimiento. Finalmente estamos usando recursos de todos los peruanos que no se pueden malgastar en personal que no sirve adecuadamente al ciudadano.

Arbitrajes laborales

Otra fuente de drenaje incontrolable de recursos son los arbitrajes laborales. Ocurre que los sindicatos optan por saltarse la negociación colectiva y pasar directamente a dichos arbitrajes, como resultado de los cuales se otorga todo tipo de beneficios, sobre todo en las entidades que tienen ingresos propios. Pero los empleados que están en el régimen de la ley 276 no reciben nada. Se requiere entonces regular niveles, ámbitos y materias, mediante una ley de negociación colectiva para el sector público. Para ello sería conveniente que el gobierno promulgue por DU el proyecto de ley de negociación colectiva en el sector público que ya había sido aprobado en comisión de Descentralización del Congreso disuelto y que el propio Tribunal Constitucional había demandado.

En resumen, es indispensable que se ponga orden en el sistema de recursos humanos del Estado, a fin de controlar el libertinaje de su expansión, cortar o acotar las fuentes de contrataciones disfrazadas, pagos ocultos y reposiciones indebidas, y establecer un sistema meritocrático que asegure que los recursos de todos los peruanos se usan de la mejor manera posible para asegurar servicios públicos eficientes. En general, está pendiente la gran reforma de un servicio civil meritocrático, basado en la gestión de desempeño. La función redistributiva del Estado es vital para asegurar la igualdad de oportunidades en nuestro país y no puede ser sacrificada en aras del clientelismo político o el populismo judicial. Lampadia

Otto Guibovich Arteaga
Para Lampadia

Ancash es una región bendecida con áreas de riqueza extraordinaria y muchas otras de gran potencial que la pueden convertir después de Lima, en la más próspera del Perú.

Tiene un sector minero que hace de Ancash el primer productor de cobre y zinc, el tercero de plata y el cuarto en plomo y molibdeno a nivel nacional, con la subsiguiente generación de canon minero que con seguridad pudo ser empleado óptimamente y no permitir el 27% de pobreza que hoy arrastra.

El sector pesquero que alguna vez catapultó a Chimbote como el primer puerto pesquero del mundo hoy, siendo muy estacional, es una fuente valiosa de recursos. Ancash quedó estancada en la explotación primordial de la harina de pescado como en el siglo pasado. En este campo, países como Chile han dado pasos importantes para lograr aceites finos y omega sintetizada cuyo valor agregado es infinitamente superior a la tradicional harina. ¿Algún centro de investigación privado o público privado avanzó en investigación y desarrollo? Es sin duda un paso pendiente para el mejor empleo y la mayor rentabilidad de los recursos hidrobiológicos cada vez más escasos.

Con la pesca que genera Ancash no debería existir tasas de desnutrición infantil escandalosos que bordeen el 80% en el ande y en lugares cercanos a Huaraz y aún a Lima. No es aceptable. Más aún, la piscicultura de agua dulce (truchas) debe constituir una fuente potente de alimentación y nutrición en el ande si tiene fuentes de agua andinas que muchos anhelarían. La exportación nacional de esta especie tiene un largo espacio de crecimiento, cuestión de proponerse e impulsarlo.

La agroindustria ancashina es un eslabón reciente y creciente que genera entusiasmo por el valor de las tierras feraces y las posibilidades de agua, dos atributos bendecidos que por fortuna la región los tiene juntos, aunque distantes. Las exportaciones agroindustriales ancashinas no alcanzan el 2% de su total, pero impulsando Chinecas junto a otras micro-irrigaciones y el empleo de tecnología agrícola deben ayudar a dar el gran salto y combatir el desempleo. Regiones como Ica o Piura, rozan el pleno empleo basados en un crecimiento agroindustrial sostenible. He ahí dos espejos en los que se debe mirar Ancash.

Con la montaña más alta del Perú (Huascarán), más de 20 picos sobre los 6,000 metros, más de mil lagunas andinas, la montaña más bella del mundo (Alpamayo), Ancash tiene una fortaleza extraordinaria en el turismo, pero solo el 2.3% del turismo internacional que llega al país le visita. Seguridad, promoción turística, de la mano con infraestructura conectiva, son algunos de los factores para hacer de este potencial una real fortaleza. Recordando además que Chavín de Huántar, Sechín, Pañamarca, y otras por poner en valor como las ruinas de Castillo (fortaleza Inca) en las alturas de Macate, pueden conformar un circuito turístico muy interesante que aporte empleo y más crecimiento a esta región.

En una visión de integración, Ancash, que como Ica es periférica de la gran capital, no ha explotado debidamente las virtudes del mercado limeño ni las bondades de la integración macro-regional. Es clave buscar la integración transversal con Huánuco y Ucayali casi en línea con el sueño de Antúnez de Mayolo. Una Macro-región que bien podría denominarse “Leoncio Prado” brindaría oportunidades de crecimiento colectivo complementario y suplementario, donde el eje Chimbote, Huaraz, Huánuco, Ucayali formen una cadena integradora de crecimiento del centro del Perú, con Junín y Pasco que no pueden estar lejanos.

Ancash es pues una región bendecida por la providencia con muchos dones, pero la providencia no regala capacidad de gestión. La gestión no es producto de un milagro sino un proceso con exigencias mínimas de capacidades de gobierno de recursos humanos, de planeamiento operativo y estratégico, de honestidad y honradez en el manejo de la cosa pública. En Ancash no se cumple aquel aforismo que “no se puede ser funcionario honrado y millonario al mismo tiempo”, con los casos excepcionales de familias reconocidas que deciden servir solo por motivaciones trascendentes.

La región de la hermosura de la cordillera blanca ha sido duramente castigada y sus demonios rebalsaron los diques del bienquerer, del bien-obrar, del bien administrar y del bienestar de su población haciendo papilla de los recursos que la providencia le otorgó. Ancash es la región más fragmentada del Perú con 20 provincias y 166 distritos. Una paradoja de las bellezas de los paisajes

Año tras año el crimen sentó sus reales en puertos, carreteras, en muchas provincias y algunos distritos para dejar que la mortalidad infantil pueda llegar hasta el 67% en lugares como Corpanqui en Bolognesi o q el analfabetismo siga como hace 100 años en 45% y lo que parece increíble: que la desnutrición infantil pueda alcanzar el 80% en Ticllos en pleno siglo XXI.

Por desorden e inseguridad permitidas o promovidas, Ancash perdió el rumbo para convertirse en una región peligrosa y a la deriva donde la pobreza de 27% alcanza picos vergonzosos de 53% en lugares no lejanos de Recuay y la pregunta es: ¿puede este estado de cosas ser la plataforma de proyección al futuro para las nuevas generaciones de esta importante región?

La respuesta es un no rotundo. Ancash debe recuperar su moral colectiva y reencontrar el recto camino. El horizonte será claro si los nubarrones no se perennizan y son despejados en democracia. En Ancash el bienestar social está íntimamente ligado al orden y la seguridad. El orden financiero, el orden público, el orden de las prioridades, el orden en los servicios, en la administración y la gestión en general son primordiales. Después de todo el orden es patrimonio de los países desarrollados.

El millón y casi doscientos mil habitantes de esta región merecen hoy un bienvivir y convencerse que se puede construir un mejor futuro más allá de la sola esperanza basada en la promesa fácil, retórica y “caza-votos”.

Sin orden, impera el caos y sus secuelas pueden ir desde el robo callejero hasta la muerte por sicarios. Hemos sido testigos de lo sucedido él quinquenio pasado y si no hay seguridad como en cualquier lugar no habrá inversiones, turismo, empleo, exportaciones, ni bienestar para sus ciudadanos. He ahí un claro ejemplo del nexo entre seguridad y desarrollo y la necesidad de cortar el círculo vicioso para que el desarrollo despegue.

El orden, la seguridad y bienestar son tres eslabones de una misma cadena y el bienestar es incompatible con índices del siglo XX. Hablar de la era digital y convivir con analfabetismo medieval lacera el sentido común. Los miles de millones birlados, es tema de la judicatura, pero el futuro es mañana y hay que empezar sin demora.

Somos testigos que regiones con menos recursos han crecido mas y más rápido. Y una conclusión es que no hay magia ni golpes de suerte para lograr bienestar por más recursos que la naturaleza haya dado. Hay que saber conjugar orden, seguridad y bienestar en una misma ecuación lo cual es totalmente factible. Ancash debe ser una región líder. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La noche y el día. Al mismo tiempo que el Poder Judicial conseguía una ley que le permite a sus trabajadores excluirse de la ley de servicio civil, huyendo  vergonzantemente de toda meritocracia, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sorprendió, a quienes no perdemos las esperanzas en un Estado profesional y eficiente, con la noticia que es la primera entidad que podrá convocar concursos públicos para contratar personal bajo el Régimen de Servicio Civil, pues la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) le aprobó hace pocos días el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), que es la tercera de las cuatro etapas en el tránsito al nuevo régimen del sector público. Al parecer el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) también está muy avanzado en su proceso y podría estar listo para realizar concursos públicos en un futuro próximo.

La ONP optó por la ley de servicio civil, la meritocracia y una cultura de servicio

La transformación de la ONP podría ser un caso de estudio. En realidad, pudo llegar primero a la meta porque ya había comenzado un proceso interno de cambio tres años antes de iniciar su tránsito al régimen de la ley de servicio civil. Lo que ilustra claramente el hecho de que el paso a este régimen supone un cambio cultural y organizacional profundo, que no se puede dar si no hay compromiso y voluntad política clara. 

La ONP comenzó su proceso de cambio en el 2011. La situación era caótica. Había 126 mil solicitudes de pensión pendientes de solución. Es decir, ex trabajadores estatales que habían solicitado su pensión y que debían esperar años hasta que empezaran a recibirla, a veces hasta ¡15 años! En promedio, las solicitudes se resolvían en 262 días. Como podemos ver en el siguiente gráfico, ese tiempo llegó a reducirse a 18 días, aunque el 2017 volvió a subir debido a que la institución pasó a la digitalización total de los procesos –cero papel-, con problemas de ajustes de funcionamiento.

Por supuesto, no se conocía el historial de los aportes de los pensionistas, y el 11% del presupuesto se iba en pago de pensiones devengadas e intereses legales. La cultura institucional no era una de servicio al usuario ni de resolver problemas, sino de papeleos, pasividad e inercia burocrática.

Cambio cultural

Alejandro Arrieta, jefe de la ONP, y Carlos Puga, gerente general, decidieron entonces emprender un proceso de cambio cultural al mismo tiempo que se montaban una oficina de ingeniería de procesos. Ambas intervenciones jugarían en pared.  

Arrieta explica que la conversión hacia una cultura de servicio y eficiencia implicaba cambiar cinco paradigmas:

1. “No hacemos trámites, producimos servicios”: lo que importa no es el papeleo, los requisitos, los formularios, las constancias, sino servir al usuario. La ONP estaba llena de abogados que exigían gran cantidad de requisitos formales. La idea fue buscar resultados más allá de los formalismos.

2. El modelo de negocio estaba centrado en el otorgamiento de pensiones sin tener sistematizados los aportes, es decir, sin conocer el historial de aportes del pensionista. De allí las demoras. Se buscó centrar el modelo en la gestión de los aportes, para que cuando un trabajador se jubile, se le otorgue la pensión de manera inmediata. Para ello se reconstruyó la historia de los aportes de cada trabajador, para lo cual se tuvo que contratar a un ejército de verificadores. En la actualidad la mayor parte de los trabajadores tiene su cuenta individual de aportes. En teoría –señala Arrieta- la ONP podría convertirse ya en una AFP estatal, con un sistema de capitalización individual.

3. Derivado del anterior: salir de modelo de gestión del stock de pendientes para pasar a una operación en tiempo real.

4. Pasar de una visión analógica y a una digital. Se recibía papeles, formularios, pero ese material no se convertía en información porque no se procesaba. Ahora se imagina las cosas, lo que se pide, digitalmente.

5. Salir de un clima de sobrevivencia e inercia burocrática hacia uno de responsabilidad.

El cambio se logró. El personal tiene hoy otra actitud. Según Arrieta, fue más fácil de lo que inicialmente pensaron, lo que demuestra que con un liderazgo convencido todo es posible. De todos modos, demandó un gran esfuerzo de comunicación, por medio de charlas y talleres principalmente. El mismo dictó unas 50 charlas, y se apoyaron en facilitadores y en expertos en calidad de servicio. “También ayudó mucho la intranet, que la construimos como una red social”, explica.

Para manejar el cambio cultural se creó una oficina de relaciones institucionales de buen nivel. También se organizó una oficina de recursos humanos altamente especializada. 20 sicólogos capacitaban en habilidades blandas a empleados que atendían directamente a los jubilados. Antes de eso, ser enviado al front desk era percibido por el personal como una rebaja de nivel. Se estableció que quien quisiera atender en la recepción a los jubilados recibiría una capacitación. Y se presentaron ya no “20 resentidos sino 80 voluntarios”. Se hizo un gran esfuerzo motivador.

Los resultados se pueden apreciar el siguiente gráfico, suficientemente elocuente:

Reingeniería

Esos niveles de satisfacción se dieron también, por supuesto, gracias a la reingeniería de procesos que se hizo, para lo cual se montó una oficina ingeniería de procesos. Se descubrió, por ejemplo, que cada expediente circulaba por el sistema cinco veces antes de ser resuelto. Es decir, ¡daba la vuelta cinco veces! Al cortar la circulación a una sola vez, y al disminuir, además, los pasos, se ahorró una gran cantidad de dinero y de tiempo. Las pensiones de viudez ya no se deciden y entregan en tres meses sino en menos de una hora. En general, ya prácticamente no hay stock de solicitudes pendientes. Los casos se resuelven en el mes. Este año se introdujo el expediente electrónico, que significa que todo se mueve en digital, cero papeles. Y dado que eso todavía está en etapa de ajustes, se ha incrementado nuevamente el tiempo de respuesta, como vimos más arriba.

Pues bien, cuando el 2014 la ONP comenzó su proceso de tránsito a la ley del régimen de servicio civil, ya tenía algunas de las tareas avanzadas. Se había hecho un “análisis de perfomance” para saber cuáles eran los puntos débiles (tiempo en dar las pensiones, devengados), y qué había que mejorar, y se había avanzado en la mejora de procesos, tal como hemos visto. El tránsito al régimen de la ley servir exige un mapeo de puestos y también un mapeo de procesos, para luego proponer procesos más eficientes y un nuevo mapa de puestos y posiciones correspondiente, y se identifica los perfiles de esos puestos y posiciones. Finalmente se convoca a concurso para cubrirlos.  

Los concursos

Es esta última etapa, la de los concursos, a la que se apresta a ingresar la ONP. Estos concursos están abiertos a todo el sector público. De hecho, ya fue designado dentro del nuevo régimen el único cargo de confianza (no requiere concurso): el gerente general. Su sueldo era de 15 mil soles y en el nuevo régimen parará a percibir 25 mil. La idea del tránsito a este régimen es justamente subir las remuneraciones de los cargos directivos y profesionales -muy mal pagados en el sector público desde que Alan García decidió rebajar los sueldos de los altos directivos-, a fin de poder competir con el sector privado en la captación de talento. 

Luego, en marzo, se abrirá el concurso para los 12 gerentes, que también tendrán una remuneración mayor, ya aprobada por el MEF. Luego de eso se hará el concurso para los sub gerentes. El proceso durará en total tres años para llegar hasta incluir todos los cargos de la organización, tales como secretarias, asistentes o conserjes.

Definiciones y voluntad política

Arrieta, sin embargo, advierte un problema: no está claro que el tránsito a la nueva ley sea opcional para el trabajador. ¿Qué pasa con los que no concursan, o con los que, concursando, no alcanzan el puesto? Lo que no podría ocurrir es que permanezcan en la institución en un limbo, sin hacer nada, como excedentes, pero percibiendo una remuneración y restando recursos a la institución. Es algo que tiene que tener una respuesta.

Otro asunto es que el proceso, para llegar hasta la etapa de los concursos, le ha tomado a la ONP tres años, pese a que ya había hecho parte importante de la tarea antes de comenzar. Arrieta sostiene que fueron conejillo de indias de Servir y del MEF, pero que ayudaron a aclarar y mejorar los procedimientos de modo que para otras entidades el tiempo debería ser más corto. Pero para que funcione requiere el compromiso y el liderazgo del jefe de la entidad, lo que a su vez requiere de la máxima decisión política del gobierno, del presidente del Consejo de Ministros. Que es algo que no ha ocurrido, lamentablemente, en este gobierno. Y que tiene que ocurrir si queremos que esta reforma, tan importante para profesionalizar el Estado y hacerlo eficiente, se ejecute. Es la madre de la gran reforma del Estado. 

Anexo: el proceso de la ONP

El tránsito al nuevo régimen permitirá a la ONP sincerar su planilla en forma progresiva, incorporando a trabajadores CAP y CAS a una línea de carrera formal en condiciones de igualdad de derechos y equidad remunerativa.

Lampadia

En 2017, la industria del turismo continúa haciendo una verdadera diferencia en la vida de millones de personas impulsando el crecimiento, creando empleos, reduciendo la pobreza y fomentando el desarrollo. Con una proyección de 1,800 millones de turistas internacionales para 2030, el Foro Económico Mundial afirma que la industria tiene el potencial de “desempeñar un papel clave en la creación de oportunidades de empleo de alta calidad, actuar como un vehículo para proteger y restaurar la biodiversidad de nuestro planeta y ayudar a construir puentes entre las personas y las culturas”.

El reciente reporte titulado Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) muestra que para cada 30 nuevos turistas en un destino se crea un nuevo trabajo y actualmente representa 1 de cada 10 empleos a nivel global. Además, la industria turística movió US$7,400 millones en el mundo y creó 292 millones de puestos de trabajo en 2016.

En el informe, los países son clasificados de acuerdo con los pilares del Índice de Competitividad en Viajes y Turismo (TTCI), con una calificación de 1 a 7, la cual refleja el desempeño de cada país para cada subíndice específico. La nota 7 es la máxima calificación posible. El Índice está compuesto por 14 variables (pilares) agrupadas en cuatro subíndices: entorno, condiciones de la política turística, infraestructura y dotación de recursos naturales y culturales. 

Este modelo analítico permite juzgar con objetividad y sin romanticismo, los determinantes del éxito en la industria del turismo.

En este ranking, España ha sido calificada como el país líder en competitividad de viajes y turismo por segundo año consecutivo, seguido por Francia y Alemania. “Los tres líderes del ranking han asegurado sus posiciones gracias a sus recursos naturales y culturales de clase mundial y sus sobresalientes infraestructuras y servicios de alojamiento”, especifica el informe.

A medida que la industria continúa creciendo, cada vez hay más turismo procedente de países emergentes. Mientras que, históricamente, la mayoría de los viajes eran de Norte a Norte, esta realidad está cambiando. Se espera que los viajes de África, América Latina y Asia-Pacífico crezcan exponencialmente en la próxima década.

De hecho, desde la crisis financiera mundial, los gastos de turismo de los países en desarrollo han crecido más rápido que el de los gastos de las economías avanzadas, tendencia que seguirá en los próximos años. Los mercados emergentes y en desarrollo no sólo se están convirtiendo en mercados más grandes, sino que también están mejorando su competitividad para posicionarse como destinos más atractivos para el desarrollo del turismo.

El informe revela que varias economías emergentes han mejorado significativamente su puntaje de rendimiento en comparación con los resultados del año anterior. De hecho, 12 de los 15 países que más han mejorado son países en desarrollo y emergentes. Entre ellos figura el Perú, en la posición 11.

Perú, además, figura en la lista de los diez países más competitivos en turismo en América Latina. Los diez principales destinos turísticos en la región son: México, Brasil, Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Barbados, y Colombia. De acuerdo al ranking, nuestro país ocupa el puesto siete de 18 países de este grupo y se ubica en el puesto 51 a nivel mundial, resultado que refleja un avance de siete posiciones, respecto al estudio anterior del 2015, en el que se ubicó en el puesto 58 (luego de haber escalado 15 lugares con respecto al 2013). Pero no nos entusiasmemos con estas cifras, pues, para variar, están muy lejos de nuestro potencial.

Veamos: El informe precisa que el Perú recibe alrededor de 3.5 millones de turistas internacionales (un número que representa solo el 0.17% del turismo global), que generan divisas por US$ 3,319 millones con un gasto promedio por viajero de US$ 960. Entre el 2002 y el 2014 hemos triplicado las visitas internacionales llegando a 3.2 millones. En la misma línea, los ingresos por divisas del turismo también se triplicaron, pasando de US$ 1,270 millones en el 2002 a unos US$ 3,800 millones en el 2014.

Según la mencionada investigación, la mayoría de naciones latinoamericanas confían en sus recursos naturales y la buena hospitalidad para atraer a los turistas. También cuentan con políticas de visas internacionales muy abiertas (algo en lo que el Perú se puso al día recientemente). Además, refiere que Latinoamérica es una de las macro-regiones más “amigables” para el turismo internacional y la segunda que más ha mejorado desde la última edición del informe, detrás de la región Asia-Pacífico.

A pesar de los avances del Perú en los distintos pilares, le queda mucho por mejorar:

Los pilares más destacados

El Perú solo destaca en recursos naturales y culturales, ubicándose en la posición 4 y 24 del mundo, respectivamente.

Además, registra posiciones medias en apertura internacional (puesto 12), infraestructura de servicios turísticos (45), recursos humanos y mercado de trabajo (62) y priorización de viajes y turismo (69).

Los pilares más débiles

Por el contrario, en el ranking, nuestro país no tiene buenas calificaciones en temas como infraestructuras. Según el WEF, nos encontramos en el puesto 109 en Infraestructura terrestre y portuaria y 73 en Infraestructura aérea.

Además obtenemos bajos resultados en el pilar de precios competitivos (puesto 127), infraestructura portuaria y terrestre (109), seguridad (108), salud e higiene (91), ambiente de negocios (83) y sostenibilidad ambiental (73).

Estos indicadores establecen una notoria brecha entre nuestro potencial y nuestra performance actual. Es evidente que no es suficiente tener atractivos naturales y culturales para hacer del turismo una actividad exitosa.

Veamos la performance de España, el líder mundial de la industria del turismo

Como puede verse, si comparamos los indicadores del Perú y España, hay una tremenda diferencia en prácticamente, todos los pilares, especialmente en Infraestructuras, Seguridad y Salud e Higiene.

Hacía un sector más desarrollado

El desafío ahora es que el Perú aproveche el crecimiento del turismo y su importante fuente de empleo e ingreso de divisas, además de los beneficios  por el encadenamiento con el resto de la economía que brinda, como la creación de infraestructuras. Según el CEPLAN (2015), el Perú tiene el potencial de captar entre 10 a 15 millones de turistas al año.

Para aprovechar esas potencialidades, tenemos que asegurarnos de no seguir con el mono-producto en que se ha convertido Machu Picchu, ni seguir evitando que nuestras riquezas se pongan en valor, inhibiendo el desarrollo de concesiones, APPs y otras formas de colaboración de la inversión privada. Nuestro potencial cubre todas las demandas del turismo global en áreas como naturaleza, aire libre y cultura. Nuestros atractivos incluyen lo arqueológico, cultural, gastronómico, de aventura, vivencial y ecoturismo, entre otros. Ver en Lampadia: El Turismo: Otro potencial desaprovechado.

El desarrollo del Perú está por debajo de su potencial. El turismo es una de las actividades económicas más atractivas para el desarrollo de los pueblos. Genera mucho empleo directo,  indirecto e inducido. Es fundamentalmente una actividad limpia y ayuda a generar mejores condiciones de vida. Esto se puede apreciar en nuestro destino icónico, el Cusco, el departamento que durante los últimos 15 años es el que más ha crecido, incluso, en algunos momentos, por encima del crecimiento de la China. Hoy el 50% de la población del Cusco es de clase media. Este desarrollo tiene solo dos explicaciones, el turismo y el gas de Camisea.

Para salir de la pobreza necesitamos poner en valor nuestro potencial productivo. Para ello es indispensable que logremos una mejor gobernanza, mayor sentido de pertenencia y compromiso de la población y que recuperemos el crecimiento económico. Para ello se debe dejar de mirar al sector privado como una fuerza de ocupación extranjera. Algo promovido por el gobierno anterior y por todos sus socios de las izquierdas de las ‘ideas muertas’ que lo ayudaron a llegar al gobierno, pero que una vez expulsados del entorno gubernativo, siguieron sembrando mitos y mentiras.

Para contrastar todo esto se necesita un gobierno con visión de desarrollo y valentía para llevar a los ciudadanos, y a los medios, las ideas de la prosperidad, acariciada por tantos países,  que hasta en el turismo, nos superan por varios cuerpos. Lampadia

Cometario Lampadia:

Es increíble como en el Perú nos cuesta darnos cuenta de qué cosas están bien y qué mal. Y sobre todo reconocer los errores y rectificarlos. A pesar de todas las advertencias que se hicieron en su momento, el gobierno insistió tozudamente en mantener el Decreto 005-Produce y defendió la posición irracional y antitécnica de la ex Ministra Gladys Triveño. Los resultados no se hicieron esperar y tal como se previó, provocó la casi quiebra de la pesca formal en el sur, generó  el desvío de la pesca destinada al consumo humano hacia la producción de harina de pescado fomentando la pesca ilegal. Así, lo señalamos cuando recién juramentado el ministro de producción, Piero Ghezzi, declaró que mantendría la vigencia el Decreto Supremo 005-Produce y al viceministro de pesquería Paul Phumpiu. (Ver en Lampadia (L): Graves fallas en el ordenamiento pesquero

El señalamiento originó la respuesta airada de Ghezzi, en la que desconocía abiertamente los perjuicios del mencionado Decreto (ver en L: Más sobre el ordenamiento pesquero).

Finalmente, tras dos años de vigencia de la malhadada norma se tiene que reconocer sus efectos negativos. Un reciente informe de Macroconsult concluye que el Decreto Supremo 005, que regula la pesca de anchoveta en las primeras 10 millas del mar peruano no ha logrado sus objetivos. No ha protegido el recurso, ya que la exclusividad de la franja para embarcaciones de menor escala habría incrementado el sub reporte de desembarque de anchoveta, que pone en riesgo el recurso.  Además ha causado una redistribución de riqueza hacia armadores que realizan actividades informales e ilegales, y el desembarque de anchoveta para consumo humano directo ha disminuido significativamente a pesar de que su objetivo era incentivarlo. Es decir, ha sido un completo fracaso.

Adicionalmente, habría que señalar que la menor exportación de productos pesqueros del año 2013 (US$ 600 millones), coincide exactamente con nuestro déficit de balanza comercial de dicho año. Algo que podría volver a ocurrir el 2014. Tremendo.

Ghezzi, parece finalmente reconocer el error y, de acuerdo a Caretas, le pidió la renuncia al viceministro de pesquería Paul Phumpiu. Ahora se espera la derogación de la norma. Ver líneas abajo los editoriales de El Comercio y Perú 21.

Pescando contradicciones

Por Editorial El Comercio

(Jueves 02 de Octubre del 2014)

Como informamos ayer en nuestra sección Portafolio, un reciente estudio de Macroconsult sobre los efectos del decreto que “reordenó” la pesca industrial de anchoveta hace dos años ha confirmado lo que –desde antes de su aprobación– diversos expertos argumentaban sucedería: no se ha cumplido ninguno de los objetivos por los que la norma fue aprobada y, por el contrario, esta ha agudizado los problemas que buscaba solucionar.

La regulación actual prohíbe la pesca industrial dentro de las 7 millas en el sur y las 10 millas en el norte de nuestro litoral, dejando las mismas como exclusivas y liberadas (es decir, sin límite de cuotas) para las embarcaciones pequeñas y artesanales siempre que pesquen para el consumo humano directo. Mientras tanto, los industriales, que, a diferencia de los anteriores, sí cuentan con cuotas máximas de pesca individuales, un régimen de vedas y un sistema de control vía satélite, pueden operar solo a partir de la milla 7 o 10 en el sur y norte, respectivamente.

El argumento utilizado por el presidente Ollanta Humala para la aprobación de esta norma fue que se debe privilegiar el consumo humano de los recursos marinos y reconocer el “sacrificio de los pequeños pescadores y la irresponsabilidad de las grandes empresas que han depredado la anchoveta”. El presidente, sin embargo, perdió de vista que lo que hace que un pescador deprede el recurso no es el tamaño de su operación (pues la suma de pequeños pescadores puede depredar igual que una embarcación industrial) sino que la misma se realice sin controles. Y esto, justamente, es lo que sucede con la pesca menor a la que se le entregaron las primeras millas.

A dos años de la aplicación de esta regulación, la evidencia sobre sus pésimos resultados es clara. El informe de Macroconsult ha mostrado que con el decreto ha aumentado la pesca ilegal y ha caído dramáticamente la pesca para el consumo humano directo (pues a los informales les sale más a cuenta vender el pescado para otros fines, lo que difícilmente se controla). El informe detalla, por ejemplo, que la brecha entre la exportación de harina proveniente de la pesca legal y de la pesca ilegal antes de la aplicación del decreto era de 73 mil toneladas anuales, mientras que ahora la brecha ha saltado a 163 mil toneladas en favor de los ilegales. Asimismo, el informe señala que la producción de anchoveta para el consumo humano antes del decreto había llegado a un pico histórico de 125 mil toneladas y ahora, sumado a que el Estado ha dejado de ofrecer este recurso en sus programas alimentarios, se estima que este año a duras penas se cerrará con 30 mil toneladas.

Por otro lado, a raíz de que se restringió la actividad de las grandes empresas, al término de la primera temporada de pesca la participación en el PBI de este sector se encuentra en descenso, el nivel de desembarques también ha caído y las exportaciones están yendo por el mismo camino. Para la Sociedad Nacional de Pesquería, se estima que al cierre del 2014 los desembarques totales serán de 3,5 millones de toneladas, equivalentes a la mitad del promedio de desembarques entre el 2000 y el 2011. Asimismo, las exportaciones de harina y aceite de pescado se encuentran en riesgo y se estima que serán similares al bajo nivel del 2013, aproximadamente de US$1.800 millones, lejos de los US$2.300 millones del 2012.

Como cereza de la torta, principalmente debido a las restricciones que se le impuso, la industria solo ha podido pescar el 68% del total de la cuota asignada por el propio gobierno, dejando de pescar 807.070 toneladas, lo cual representa aproximadamente US$385 millones en pérdida de exportaciones y US$21,2 millones en pérdida de ingresos de los trabajadores. Un lujo que en el contexto de desaceleración en el que nos encontramos no nos podemos dar.

Es urgente un cambio en la política pesquera. No debe hacerse distinciones entre grandes y pequeños y tiene que establecerse un sistema de cuotas individuales generalizado con controles aplicables a todo el mundo. La designación del flamante viceministro de Pesquería abre una nueva puerta para un cambio de rumbo. Ojalá él decida dar el giro que es necesario para enderezar este asunto y que el gobierno deje de pescar tan solo contradicciones.

Regulando pescados

Por Juan José Garrido

(Perú 21, 02 de Octubre del 2014)

Este gobierno, como muchos otros y un gran contingente de seguidores del Estado como Gran Hermano, creyó que microrregulando solucionaría los problemas de desigualdad. Lo hizo en el sector pesca y en el sector minero con mucho entusiasmo, pero poca previsión.

La idea era simple: dado que las “grandes pesqueras” así como las “grandes mineras” depredan nuestras riquezas, impongámosles mayores regulaciones que limiten su actividad económica. Suena sencillo, pero, en un país con una informalidad que bordea el 75% de la PEA y 45% del PBI, era fácil prever quiénes saldrían beneficiados con dichas medidas. El gobierno creyó que serían los peruanos; no obstante, sin un esfuerzo mayor por formalizar o hacer que las leyes se cumplan (para castigar las actividades ilegales), lo obvio era imaginar que fueran las mafias las beneficiadas. Y así sucedió.

El caso más concreto es el del sector pesquero. Un reciente estudio de Macroconsult desnuda la forma en que, desde el inicio del famoso Decreto 005 (aquel que trasladaba a la industria pesquera de la milla 5 a la milla 10), el sector pesquero ha sufrido una gran caída en su producción anual. Este año, el desembarque de anchovetas para consumo humano será poco mayor al del 2005, casi una cuarta parte (léase bien, 25%) de lo pescado en el 2011.

Los bienpensados creerán que ganamos todos los peruanos, que el mar recupera su biomasa y que la pesca artesanal –aquella destinada al consumo humano– podría extraer mayores recursos marinos. Ni lo uno ni lo otro: la pesca ilegal para harina se incrementó y la artesanal decayó.

El problema de la pesca se puede trasladar, de igual manera, a casi cualquier otra industria: como el Estado Peruano es incapaz de hacer valer la ley, de verificar si los informales e ilegales disminuyen (y en qué medida), las regulaciones solo hacen más difícil la actividad en el sector formal; el informal, como imaginarán, sigue realizando sus actividades sin problemas. Parafraseando, para regular y comer pescado, hay que ir con mucho cuidado.

Ana María Gubbins, Gerente General de Great Place to Work, consultora que elabora el ranking de las 45 mejores empresas para trabajar en el Perú, sostiene que lo importante no es el ranking, sino que haya empresas que quieran mejorar año a año. Gubbins reconoce que a lo largo de la última década las compañías han entendido que es estratégico preocuparse por su personal. Tal convicción se debería a dos factores un tanto preocupantes: la escases de talento y el hecho de que nuestros profesionales no estén a la altura de sus pares internacionales.  

Sobre el ranking de clima laboral, que determina en qué empresas se puede trabajar mejor, se aprecia un mayor entusiasmo en las empresas. ¿Cómo observa este proceso?

Indudablemente. Nosotros tenemos 12 años en el mercado y recuerdo la primera vez que realizamos estos estudios: Tuvimos a 73 empresas participantes y conforme han ido pasando los años [estas se han ido incrementando] El año pasado tuvimos 175, el máximo hasta ahora. El 2013 que ha sido un año un poquito difícil, las empresas que han optado por aplicar la encuesta de clima con nosotros suman 161. Igual, es un número importante. Ahora en cuanto a la cantidad de trabajadores, es la misma cantidad de trabajadores encuestados que los del año pasado. Lo interesante es que se aprecia que las empresas han puesto el tema de las personas en su agenda. Lo ven como un objetivo estratégico. Ahora entienden que si no se enfocan en las personas, en el desarrollo de estas, en cuidar a su personal, [las empresas] no van a ser sostenibles en el tiempo. Definitivamente son muchos los factores que intervienen [para que esta situación se haya producido]. Por un lado, [está] la escasez de talento y por otro, el tema de la educación. Aparentemente, nuestros profesionales no estarían a la altura de otros profesionales en el mundo. Entonces las empresas tienen que retener al talento [con el que cuentan], de lo contrario es bien difícil que sean sostenibles en el tiempo.

¿Cree usted que este ranking como otros concursos empresariales muestran un proceso virtuoso en la vida empresarial?

Creo que en la medida que los rankings se basen en información fidedigna, confiable, marcan un círculo virtuoso. Lo que nosotros hemos visto últimamente es, de alguna manera, y lo dije en mi discurso de la ceremonia de premiación, es que el branding se ha puesto de moda. Entonces [ahora a] las empresas les parece muy atractivo el ser reconocidas por distintos aspectos de su mundo empresarial. Uno de ellos, indudablemente, es el que aplicamos nosotros. Pero nuestro ranking se basa en información fidedigna [que aportan] los empleados que trabajan dentro de la empresa. O sea, acá nadie nos está contando el cuento. Son los mismos trabajadores [los que señalan] si no se sienten a gusto. Nosotros, además, después damos un feedback a las empresas  y las empresas saben perfectamente el porcentaje de [su] gente que está contenta, el porcentaje de gente que está satisfecha (…). Este tipo de ranking, favorece el branding de la empresa. Lo importante es que las empresas [hagan la encuesta]. Existen empresas serias que prefieren no hacer tanto show y estar en el ranking. Lo ven como una cosa interna y yo respeto eso. A las empresas que prefieren mostrar [sus resultados] al mercado, las aplaudo al igual que las empresas que prefieren mantenerlos guardados. Son distintas culturas empresariales. Lo importante a mencionar es que nosotros tenemos empresas que aplican el estudio de clima con nosotros, pero me dicen: “Ana María a mi no me interesa participar del ranking. Yo quiero la información para mí”. Es decir, algunos están a favor del ranking otros no. Eso para nosotros en realidad no le aporta mayor diferencia ni valor, lo significativo es que son empresas que están trabajando seriamente para ir mejorando [en este aspecto] año a año.

En los años que lleva el ranking, aparte de las posiciones relativas de una u otra empresa. ¿Aprecia una mejora absoluta de los espacios de trabajo en el Perú?

Sí, indudablemente. Así como la empresa (que son los altos líderes), había puesto en agenda [el tema del clima laboral], también los colaboradores saben hoy en día que hay empresas que tienen un excelente ambiente de trabajo y otras que no necesariamente. Entonces, la gente, el mercado, por ejemplo los muchachos que salen de la universidad buscan como primera opción las empresas que están rankeadas, y el hecho de que los colaboradores ya sean conscientes de que hay empresas que lo hacen mejor que otras, [los obliga] a poner de su parte. Entonces, ya no solamente es un tema de la empresa de prácticas y políticas de recursos humanos sino lo que realmente define que tan bacán es trabajar en un sitio son los mismos colaboradores. O sea, lo que nosotros evaluamos es como son las relaciones de trabajo en el ambiente laboral. Cómo el trabajador se relaciona con su jefe directo, con sus compañeros o con el trabajo en sí. Esa relación del día a día es lo que marca la diferencia. El trabajador, el empleado, o sea, no te estoy hablando de las altas gerencias, ya saben que hay que caminar por ahí. Hoy todos son conscientes que desempeñarse en un buen ambiente de trabajo hace a las empresas mucho más productivas, se trabaja mejor, sin roces, sin conflictos.