La gran construcción nacional
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El diluvio que nos ha caído y nos sigue cayendo encima parece una maldición, pero puede terminar siendo una bendición si convertimos la reconstrucción en el nacimiento de un nuevo país. Para eso, sin embargo, dos son los requisitos: uno, definir un gran proyecto que aglutine, cautive y movilice a todos, un proyecto que vaya al fondo de los problemas para que no se repitan consecuencias devastadoras como las que estamos viendo, que modernice y formalice la ocupación urbana y territorial del país y acondicione y domestique las cuencas, ríos y quebradas, y de paso transforme el Estado para hacerlo posible. Y dos, diseñar una organización estatal encargada de la ejecución de este proyecto que funcione con rapidez y eficiencia.
En cuanto a lo primero, el gobierno debería ir designando desde ahora una oficina que empiece el trabajo de recopilar toda la información que existe en el propio Estado y en el sector privado. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el Instituto Geofísico Peruano, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), los ministerios de Agricultura, Vivienda y otros, así como consultoras e institutos privados, y expertos, tienen mucha información acerca de las cuencas, zonas de riesgo, estudios hidrológicos, invasión de cauces, ordenamiento urbano, etc. Deberían ser convocados para juntar esa información en una sola plataforma informática, y a partir de allí formular propuestas discutiéndolas de manera abierta y creativa con representantes de los organismos especializados, partidos, gobernadores regionales y alcaldes, consultoras, expertos, institutos y gremios empresariales. Quizá el CEPLAN o el CENEPRED puedan encargarse inicialmente de esta tarea formuladora.
Oscar Schiappa Pietra considera que esa plataforma informática centralizadora debería servir también para que a través de ella se realicen los procesos administrativos y técnicos, desde la elegibilidad de los proyectos hasta las órdenes de desembolso, pasando por los avances en la ejecución, a fin de asegurar la prontitud, objetividad y transparencia en los procesos de toma de decisión. Instituciones como el Banco Mundial o la consultora McKinsey pueden colaborar en la implementación técnica de este instrumento. En una primera etapa, esa plataforma debiera servir para efectuar un inventario de afectación.
Reubicar a la población de las fajas marginales y zonas de riesgo
El Plan debería comenzar por identificar, efectivamente, todo aquello que ha sido dañado y deba ser reconstruido. Pero no se trata de reconstruir todo tal como estaba. Se trata de definir estándares en función de criterios preventivos (ver anexos 2 y 3).
De otro lado, la reconstrucción deberá aprovechar para reubicar en ciudades satélite de una sola vez a todas aquellas personas que estén ocupando las ‘fajas marginales’ de los ríos y quebradas y las zonas de alto riesgo. Estamos hablando, según la ANA, de más de 100 mil familias. Una tarea ciclópea que demandará no solo una gran voluntad política sino, además, un acuerdo político, un compromiso nacional y una organización estatal capaz de hacerlo. Y requiere proponerles a las personas que deban trasladarse unas ciudades satélite atractivas y condiciones financieras favorables (ver anexo 1).
La voluntad política parece estar dada. El propio Presidente Kuczynski ha anunciado el proyecto de la siguiente manera: “¿Qué vamos a hacer? Primero, darle oportunidad a los peruanos a que vivan en lugares aptos, tenemos que controlar las municipalidades para que no permitan el tráfico de terrenos en quebradas y cerros luego alguien cobra su ‘coimisión’, eso no queremos porque estamos viendo los resultados la gente está viviendo en lugares que no deberían estar. Pero no basta decir váyanse de aquí, tenemos que darles una alternativa y en las grandes ciudades del Perú que están rodeadas por inmensos terrenos vacíos, baldíos, tenemos que desarrollar esas áreas. Por eso en Lima quiero poner tren de cercanía desde barranca hacia Ica, eso va a abrir un transporte fácil hacia la ciudad. Por ejemplo, si estamos en las pampas del sur antes de Chilca, se podría llegar al centro de Lima en un tren rápido, en 25 minutos… Todo eso haría que la gente estuviera viviendo en lugares aptos, planos, donde se pueda poner agua potable, desagüe, drenaje, pistas asfaltadas, que es lo que no se puede poner si uno vive en la punta de un cerro que es un montón de roca donde no se puede poner servicios básicos”.
Leopoldo Monzón, por su parte, ha identificado los lugares donde podrían construirse pequeñas ciudades satélite, pero aledaños a donde vive ahora esa población que debe ser reubicada, con servicios especiales y formas de financiamiento (ver anexo 1).
Ahora bien, los decretos de urgencia que se han dado hasta ahora no satisfacen estos propósitos. El Decreto de Urgencia 04 dispone “que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI podrá efectuar el levantamiento de información de las viviendas afectadas, colapsadas e inhabitables y el catastro de daños en las zonas declaradas de emergencia, realizando la identificación de la ocupación de los titulares y/u ocupantes de las viviendas y demás predios de dichas zonas, emitiendo el Informe de catastro de daños con datos sobre la titularidad o dominio de predio y la situación física”.
Pero eso no cubre necesariamente a todas las personas que están dentro de las fajas marginales o de las zonas de alto riesgo. Debe aprovecharse para hacer un trabajo integral de una vez por todas. La pregunta es cómo identificamos a las personas que deban ser trasladadas. Para ello encontramos dos conceptos distintos en el propio Estado peruano: uno es el de “fajas marginales” de los ríos y quebradas, y el otro es el de “zona de alto riesgo no mitigable”.
La “faja marginal”, establecida en la Ley de Recursos Hídricos, obliga a mantener un área intangible en ambas márgenes de los cursos de agua correspondiente a una franja algo mayor a lo que sería la mayor avenida posible. La encargada de fijar y mantener mediante hitos los linderos de dicha “faja marginal” en todos los ríos, es la ANA, y para ello dio la Resolución Jefatural 153-2016.
En cambio, la “Zona de muy alto riesgo no mitigable”, creada en la ley Nº 29869, ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, es “aquella donde existe la probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran daños o pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro, y que las implementaciones de medidas de mitigación resultan de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la reubicación de las viviendas y equipamiento urbano respectivo”. Son los gobiernos locales los encargados de determinar esas zonas (siguiendo los lineamientos técnicos emitidos por el CENEPRED) y de ejecutar el reasentamiento de la población involucrada. Como es obvio, esto no se ha ejecutado.
Podemos aplicar la ley de Recursos Hídricos que establece la intangibilidad de las fajas marginales, o podemos aplicar la ley de reasentamiento poblacional. O ambas. El decreto de urgencia 04 ha optado por la segunda, obviando la primera. Establece que se reubicará a los damnificados que se ubiquen en zonas de alto riesgo no mitigable, para lo cual se les otorgará un Bono Familiar Habitacional – BFH en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, y se reconstruirá la vivienda de los damnificados que se ubiquen en zonas de riesgo mitigable, para lo cual se les otorgará un BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio.
La primera observación que podemos esbozar es que sólo serían reubicados los que viven en zonas de alto riesgo no mitigable, lo que significa que los otros, que viven en zonas de riesgo mitigable, reconstruyen sus viviendas en la propia zona de riesgo. A nuestro juicio, este criterio debería ser controlado por el de la aplicación de las “fajas marginales”.
La segunda observación es que no se menciona en ninguna parte la construcción de ciudades satélite ni nada parecido. Esto preocupa porque lo que no puede ocurrir es que sencillamente se entregue un bono habitacional a la familia para que ella levante por autoconstrucción su casa y lo haga donde le parezca.
Y lo tercero es el esquema institucional. El DU 04 juega con la ley de reasentamiento poblacional mencionada, que encarga la identificación de las poblaciones en alto riesgo y su reasentamiento, a los gobiernos locales. Esto no ha funcionado. Por el contrario, muchos candidatos a alcaldes prometían habilitar zonas de alto riesgo y luego como alcaldes cumplían su promesa. De hecho, Abelardo de la Torre, jefe de la ANA, informa que su entidad tiene inventariadas a 500,000 personas directamente expuestas a estos desastres y 500,000 más que podrían ser perjudicadas. Y que la ANA ya advirtió esto a los alcaldes, pero estos no han hecho cumplir la ley (Perú21, 25-3-17).
La ley de recursos hídricos, en cambio, establece que la ANA es precisamente la encargada de fijar y defender las “fajas marginales” en los ríos y quebradas. El hecho de que esto sea responsabilidad de la ANA y no de los gobiernos locales, facilitaría un plan nacional de reubicación en ciudades satélite ejecutado por el órgano de reconstrucción. Como fuere, por lo menos para la ejecución del plan de reconstrucción, la responsabilidad de identificar a las poblaciones en riesgo que deban ser reubicadas debería estar en manos del órgano de reconstrucción en asociación con la ANA y el ministerio de Vivienda.
Controlar los ríos, quebradas y acondicionar las cuencas
Ahora bien, una vez liberadas las fajas marginales de los ríos y quebradas y las zonas de riesgo, será posible realizar todas las obras necesarias para amansar los caudales y prevenir las inundaciones (encauzamientos, enrocados, diques de control, buenos puentes, etc.) que no se pueden hacer cuando las riberas están ocupadas. El propio Presidente Kuczynski señaló la necesidad de que los ríos del Perú tengan murallas en las partes urbanas, escalonar el agua para que la velocidad de la corriente no tumbe todo a su paso, así como construir buenos pilares para los puentes (ver anexo 2). Deberá comenzarse por los puntos de alta vulnerabilidad ya evidenciados.
Técnica usada por los incas en prácticamente todos los cauces de agua. Se trata de recuperar la herencia de ese legado cultural (Carlos Paredes)
El Ing. Hidráulico Jaime Valdez llama la atención acerca de la necesidad de un Plan Integral de Encauzamientos o Defensas Ribereñas: no arreglar solo uno o dos puntos en el curso de un río sino todo de manera integral, porque de lo contrario los arreglos puntuales se pierden y el río se vuelve a colmatar. Si el río está encauzado en todos sus puntos críticos, no se vuelve a llenar y no es necesario gastar cada año en descolmatarlo. Propone comenzar este año con los puntos de alta vulnerabilidad y pasar luego a los de segunda importancia.
En la actualidad todo lo que se refiere a defensas ribereñas es competencia de los gobiernos regionales, que, por lo general, según Ismael Benavides, han hecho muy poco en ese tema debido a falta de prioridad y presupuesto. La Oficina de Reconstrucción, de la que hablaremos luego, deberá ejecutar directamente estas obras o encargarlas de manera muy precisa a los gobiernos regionales.
Una tarea paralela será la forestación de las partes altas, la construcción de zanjas de infiltración, la descolmatación de las represas y la construcción de nuevas, entre otras obras orientadas a retener e infiltrar el agua en las laderas. Es decir, el acondicionamiento y manejo de cuenca.
Por supuesto están las carreteras, puentes y los establecimientos públicos dañados. Los puentes tienen que hacerse con la cimentación suficiente y debería haber fuertes penalidades cuando no se respete la norma técnica (ver anexo 3).
Para no hablar del acondicionamiento urbano, comenzando por las ciudades de la costa norte en las que llueve y en las que es necesario construir de una vez sistemas de drenaje pluvial. Pero la cosa va más allá. Se necesita planes urbanos que se respeten. Se trata de erradicar para siempre las invasiones por medio de un desarrollo urbano planificado. Pasar a otro nivel en el desarrollo de las ciudades. Y esto supondrá acuerdos con los gobiernos locales.
Organización del Estado
Ahora bien, ¿cómo debería organizarse el Estado para llevar a cabo todo lo anterior y un conjunto de otras tareas complementarias que no tenemos espacio de detallar acá? El presidente Kuczynski ha desechado la idea del Zar de la reconstrucción que él mismo propuso, y anuncia que “todo se hará a través del presidente del Consejo de Ministros, como corresponde”.
Leopoldo Monzón propone crear un Oficina de Reconstrucción dependiente justamente del Presidente del Consejo de ministros, que tendría que tener un jefe y cinco sub oficinas (ver diagrama), una de ellas de planificación. Podría tener un directorio presidido por el Premier e integrado por varios ministros y representantes de los gobiernos sub-nacionales y del sector privado. Pero, señala, es importante que esa Oficina tenga capacidad de gasto y de contratación. Es decir, que no sea solo una oficina de coordinación. A nuestro juicio, esta Oficina de Reconstrucción debería concentrar recursos en un Fondo de Reconstrucción y licitar los proyectos directamente por medio de cualquiera de las modalidades que aparece en el gráfico, aunque también debería poder encargar parte de las obras a ministerios y gobiernos sub nacionales según sea lo más apropiado.
Hay obras, sin embargo, como carreteras y puentes, relativamente autónomas del resto, cuya ejecución puede estar a cargo directamente del Ministerio de Transportes. No así todo lo que tenga que ver con reasentamiento poblacional, acondicionamiento de cursos de agua, cuencas y ordenamiento urbano.
En los casos en los que la Oficina de Reconstrucción tenga que encargar obras o tareas a los gobiernos regionales o locales, Oscar Schiappa Pietra propone la modalidad francesa de “contratos programa”, por medio de los cuales se firman acuerdos muy específicos entre el gobierno central y los gobiernos sub-nacionales estableciendo la entrega de dinero contra indicadores de avance muy puntuales y mecanismos de auditoría que podrían ser desempeñados por organismos internacionales. Estamos hablando de una suerte de APP pero dentro del propio Estado, donde el gobierno nacional contrata al gobierno sub-nacional. Esta modalidad evita desvíos de dinero y corrupción e incentiva la ejecución rápida y eficiente de los proyectos.
Oscar Schiappa Pietra propone, además, que el Gobierno contrate a organismos internacionales de primer nivel (Banco Mundial y Banco Interamericano; y en menor medida a Naciones Unidas y GiZ de Alemania) para que planifiquen y ejecuten las obras bajo la modalidad ‘Llave en Mano’. “Esto simplificaría inmensamente los procesos de construcción, garantizaría una acelerada y eficaz ejecución, y reduciría sustancialmente los masivos riesgos de corrupción. Esos organismos tienen vasta experiencia a nivel global ejecutando obras bajo tal modalidad”, explica.
Construcción institucional
La ejecución de este gran proyecto de construcción nacional es el escenario para empezar a redefinir las competencias entre niveles de gobierno por líneas de servicios. Para comenzar, en todo aquello que ha fallado: carreteras y puentes, planeamiento urbano, construcción de defensas ribereñas, manejo de cuencas, titulación de la propiedad. Establecer con claridad qué le corresponde a cada nivel, restableciendo la capacidad de rectoría, gestión y control del gobierno central y recertificando a los gobiernos sub-nacionales en las competencias que les correspondan en la cadena de valor del servicio en cuestión. Lo mismo se debe hacer en Salud y Educación.
Se trata de redistribuir funciones y competencias de una manera tal que se asegure el funcionamiento del gobierno unitario y la eficiencia del servicio.
Estamos hablando de la recuperación de la capacidad de control territorial por parte del Estado Central y la profesionalización y des-patrimonizalización de los gobiernos sub-nacionales. Y específicamente de la construcción de un nuevo ordenamiento territorial y urbano predecible y organizado, que supone la formalización de la ocupación del territorio, planes urbanos respetados, el fin de las invasiones, titulación de la propiedad y pago de impuestos prediales.
Pero todo esto supone también la reforma profunda del sistema judicial y policial, pues ya sabemos que la ocupación indebida de las zonas de riesgo ha sido frecuentemente organizada por traficantes de terrenos y mafias de usurpadores, en connivencia con alcaldes, policías, fiscales y jueces. Eso tiene que acabar si queremos que el gran proyecto de reconstrucción se pueda aplicar en estos temas.
Y supone aprobar la reforma política pues necesitamos partidos políticos presentes en el territorio de modo que las autoridades locales estén conectadas con instancias políticas nacionales y sean responsables ante ellas.
Estamos hablando, en última instancia, de la construcción institucional del país a todo nivel. Lampadia
Anexo 1: Ciudades satélite
Leopoldo Monzón ha identificado los lugares, aledaños a las zonas de riesgo, donde se pueda fundar ciudades satélites donde trasladar a las personas que deban ser reubicadas. Propone que en estas ciudades satélite se construyan plantas de tratamiento de 3,000 lt/día a 1’000,000 lt/día, para dotar de agua de 10 a 3,000 casas respectivamente, dependiendo de la zona de intervención y los daños ocurridos, y además que cada casa tenga un tanque para almacenar agua y un biodigestor para el tratamiento de los sólidos y líquidos que ahora terminan en los ríos del Perú. El agua tratada en el biodigestor se podrá utilizar para riego de jardines que circundarán las casas y los residuos sólidos se podrán utilizar como abono cerrando un círculo virtuoso nuevo con servicios ambientales cercanos a países del primer mundo. (ver imágenes 1 y 2)[1].
Por supuesto, a las personas debe ofrecérseles además un buen mecanismo de financiamiento de sus nuevas viviendas que les permita pagar una parte relativamente menor del costo total. Para ello se tiene a la mano los mecanismos de Techo Propio, y propone ampliar el Bono de Buen Pagador a un 50% del valor de la inversión financiando el resto a 20 años con tasas de interés muy bajas, tratándose de soluciones de este tipo.[2]
Monzón agrega que “el capital público y privado intervendrían incorporando centros comerciales, parques industriales, Colegios, Centros de Salud, etc. en estas ciudades satélite, generando puestos de trabajo para los pobladores de la zona. De esa manera la plusvalía de las casas construidas deberá incrementarse en 5 años en un 250%, en base al estudio de benchmarking de crecimiento de valor realizado en zonas sostenibles (Proesmin 2015)”.[3] La construcción de estas ciudades se haría mediante las distintas modalidades disponibles: APPs, Iniciativa Privada, Obras por Impuestos, Inversión pública o acuerdos de cooperación con países amigos.
Anexo 2: Acondicionamiento de los ríos
Será necesario tomar nota de los conocimientos acumulados por los ingenieros peruanos. Tanto Carlos Paredes como el Ingeniero Jaime Valdez, por ejemplo, señalan la necesidad de optar por estructuras de encauzamiento de tipo flexible tales como enrocados y gaviones, en lugar de muros de concreto armado o de gravedad que son estructuras rígidas que colapsan por ruptura o son socavadas. Los gaviones (canastas de mallas de alambre rellenas de piedra) solo funciona, apunta, en ríos del norte que no arrastran piedras grandes que rompen los gaviones, aunque Paredes sostiene que sí funcionan bien en ríos de la Sierra, por lo menos en algunos ríos.
Manejo de gaviones con enmallado de piedras: Responden mucho mejor que diques de concreto armado porque soportan presiones disminuyéndolas a través del filtrado del agua entre las piedras y produciendo ligeros desplazamientos. Los muros de contención se quiebran fácilmente y se inutilizan (Carlos Paredes)
El Ing. Jaime Valdez llama la atención acerca no arreglar solo uno o dos puntos en el curso de un río sino todo de manera integral, porque de lo contrario los arreglos puntuales se pierden y el río se vuelve a colmatar. Si el río está encauzado en todos sus puntos críticos, no se vuelve a llenar y no es necesario gastar cada año en descolmatar.
Además –señala- los nuevos puentes deben evitar estrechar el ancho del cauce o colocar pilares intermedios que generan alta vulnerabilidad; tanto en los pilares como en los estribos, especialmente por problemas de socavación local.
Y advierte lo siguiente: cualquier estructura hidráulica que se proyecte en el cauce de un río, debe considerar la ocurrencia de una avenida probable para 100 o 200 años de periodo de retorno; que para el caso del río Rímac este caudal es de 450 a 500 m3/s. Si todos los desastres ocurridos en los últimos días fueron ocasionados por un pico de caudal de solo 120 m3/s; ¿qué podríamos esperar si realmente se presenta la avenida de diseño de 450 a 500 m3/s?
Anexo 3: Cuestiones de ingeniería
¿Por qué se han caído tantos puentes?
Según el ingeniero Enrique Felices, “un puente tiene tres partes: cimientos, estructura y superestructura. Las tres deben estar bien diseñadas y construidas, individualmente y como conjunto. En el puente de San Juna de Lurigancho falló la cimentación; en el de Virú claudicó la superestructura.
Si un ingeniero (de los 200,000 que hay en el CIP) trabaja con plazos y honorarios mínimos, casi con seguridad hará un mal diseño (por ejemplo, para los estudios de suelos no analizará hasta la profundidad debida y asumirá que en la zona hay un ” suelo conocido”). Después, el constructor no corregirá la deficiencia porque una mayor excavación hasta encontrar un suelo apropiado, o el cambio del tipo de cimentación, implicará un adicional de obra que debe aprobar la Contraloría. ¡No gracias! Años más tarde llueve, crecen los ríos y cataplún: cientos de puentes abajo”.
El ingeniero Raúl Delgado Sayán, por su parte, asegura que los puentes no pueden ni deben colapsar. Explica que “normalmente los puentes no colapsan por la estructura misma de arriba o superestructura (por donde transitan los vehículos), sino porque fallan sus apoyos o las estructuras de soporte (subestructuras). Con los ríos en máxima creciente a consecuencia de los huaycos, colapsan porque el rio socava (proceso de erosión acelerada) estos soportes, que por lo general están sin pilotes de anclaje, porque los construyen así. La cimentación de apoyos intermedios en el lecho de los ríos o en las márgenes derechas e izquierda, deben ser de cimentaciones profunda, o sea con pilotaje. ¿Por qué no lo son? Pues muy sencillo, porque cuestan más y si lo hacen así “no pasan el SNIP”.
“La definición del SNIP es que debe escogerse como mejor alternativa aquella que cumpla el objetivo al menor costo, cuando lo que debe primar es la alternativa “optima” (técnica y económicamente) que cumpla con el objetivo. Se usa la comparación beneficio/costo que siempre escoge la de menor precio y por lo tanto menor calidad sin considerar una relación más amplia de beneficio/costo con incorporación del factor riesgo y durabilidad”.
“Tenemos la cultura de adjudicar las obras al más barato, sin analizar la solución de ingeniería que cada uno de los postores propone; así están hechos nuestros reglamentos. Pero en ingeniería ” lo barato cuesta muy caro” porque las obras se deterioran y destruyen muy rápido.
Excluir barrages tipo Creager
El ingeniero Jaime Valdez señala que las obras hidráulicas que se proyecten sobre lechos de río deberán evitar cambiar o modificar el régimen y/o equilibrio natural de los mismos; especialmente los concernientes a sus pendientes. En ese sentido, debe excluirse el diseño de barrajes tipo Creager, y optar por los barrajes llamados tipo Grampa o indio y preferiblemente barrajes móviles, que permitan el libre tránsito de la mayor cantidad de sedimentos del río. En el gráfico adjunto se esquematiza la dinámica fluvial que genera cada uno de los barrajes indicados.
Un barrage es un dique transversal que se construye para levantar nivel de agua de modo que pueda ser captada por las márgenes a fin de regar o de llevarla a una planta de tratamiento de agua. En los ríos torrentosos, cuando el dique es vertical (Creager), se llena de arena y rebosa agua limpia que, al tener más poder de socavación, erosiona los puentes ríos abajo. Lo mejor es el barrage inclinado, tipo grampa o indio, para permitir paso de los sedimentos y no romper el equilibrio natural del río. Lo ideal es el barrage móvil, que se levanta y deja pasar todo. La atarjea es así
Anexo 4: Proyecto: “Conducción fuera del cauce del Río Rímac entre Moyopampa y la Atarjea”, diseñado por CESEL, con estudios definitivos
Consiste en llevar el agua de las centrales hidroeléctricas de Moyopampa y Humapaní y a la planta de la Atarjea, por medio de un túnel (que ya está construido en parte), y aprovechando tres caídas para generar electricidad. Como explica Raúl Delgado Sayán, con este proyecto “nunca más viviremos el “via Crucis” de falta de Agua que estamos viviendo actualmente; SEDAPAL recibiría un agua mucho más limpia, con lo cual la ciudadanía a su vez recibiría agua potable garantizada de mucho mayor calidad. Sedapal se ahorraría muchísimo dinero en el tratamiento (cloro, esfuerzo de separación de residuos sólidos, coagulantes, etc.), además de la posibilidad de generar hasta 60 MW adicionales de electricidad.
SEDAPAL que recibiría 25 m3/seg de agua limpia, sin sedimentos, ya turbinada (mucho más de lo que necesita la Atarjea actualmente) y una ventaja adicional es que en las épocas de muy fuertes crecidas, le ahorraríamos al rio la carga de 25m3/seg, lo cual le daría un pequeño colchón adicional para evitar desbordes; es decir si el caudal actual fuera 100m3/seg, no soltamos en Huampani 25m3/seg, entonces en todo ese trayecto solo tendríamos 75 m3/seg.”.
[1] Ver propuesta de ciudades satélite en Leopoldo Monzón: Inundiaciones, ¿más de lo mismo?
[2] Op Cit
[3] Idem
