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“El Perú es una economía muy dinámica”

“El Perú es una economía muy dinámica”

“El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú”

Elmer Cuba señala que el nuevo gobierno podría llevar a cabo una gran reforma laboral en el país si es que el mandatario así se lo propone

Entrevista a Elmer Cuba, Director del BCR y socio de Macroconsult
Jaime de Althaus
El Comercio, 02 de abril de 2018

En esta entrevista, el director del BCR Elmer Cuba, quien esta semana estuvo voceado como uno de los posibles candidatos al MEF, explica algunos de los retos que tiene en materia económica el nuevo gobierno.

— Podríamos estar creciendo a tasas mucho más altas si no hubiera habido todo ese entrampamiento político que ha detenido al país el último año y medio. ¿Hemos superado este entrampamiento político?

Sí, podríamos estar yendo al doble de velocidad. Hoy día el Perú está yendo a 2,5% de PBI, podíamos estar yendo a 5%. ¿Por qué no hemos ido a 5%? En parte, por toda la crisis política y, en parte también, por el tema Lava Jato, su mal manejo, y, en parte, por errores de política económica. Tampoco se salva Kuczynski en esto. Entonces, ¿qué puede cambiar ahora? Bueno, el choque externo sigue siendo positivo, el tema Lava Jato comienza a desenredarse con la nueva ley que reemplaza al 003, que es una mejora sustancial, y este arreglo político que era lo que todo el Perú esperaba hace año y medio entre dos grandes agrupaciones que pensaban muy parecido en lo económico, a diferencia de la izquierda que tenemos. Uno observa ahora una colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahora falta saber cuáles serán las primeras medidas tributarias y de gasto público del nuevo ministro de Economía.

— Bueno, se dijo que Elmer Cuba iba a ser el ministro de Economía, pero ha sido vetado por Juan Sheput, por Violeta, por sectores antifujimoristas en las redes…

Sí, seguramente… Mira, nunca me llamó nadie del Ejecutivo en verdad, o sea que ha sido una hipótesis manejada por las redes sociales. Es lamentable que el odio sea transitivo: que por haber colaborado en la segunda parte de una campaña política, en la parte económica, la gente ya te comience a golpear más allá de tus propios méritos personales. Pero, desde donde uno esté, tiene que colaborar con ideas.

— ¿Y qué es lo que habría que hacer para recuperar la economía?

La primera medida de política económica no es propiamente macroeconómica, sino simplemente el arreglo entre el Congreso y el Ejecutivo. Esto, por sí solo, ya es positivo, en términos de una paz política por lo menos de 12 a 24 meses antes de la siguiente campaña electoral del 2021. Esto va a hacer que muchos empresarios desempolven sus proyectos que están listos, que los han guardado por esta incertidumbre. Porque el Perú es una economía muy dinámica. Incluso en la desaceleración, le hemos sacado un punto a todos los países. Además, el Perú ha sido capaz de procesar en democracia un cambio de presidente y además está metiendo a otros presidentes presos. Eso no ocurre en México o en Argentina. Eso es algo positivo más bien, nos estamos graduando como un país que es capaz de juzgar a autoridades.

— Pero tenemos un déficit fiscal…

Sí, y hay que atacarlo. Pasivamente no se va a cerrar. Es preocupante porque es un déficit de 3 puntos de producto y el Perú recauda solo 13 puntos de producto. O sea, no es que el Perú recaude 40 puntos de producto como un país europeo que tiene déficit de 3.

— Pero los ingresos fiscales están subiendo de manera sostenida desde octubre…

Han comenzado a subir efectivamente y la buena noticia es que van a ser mayores por el lado de la minería. Las principales empresas mineras han aumentado sus utilidades casi entre 50 y 100%, que no es poco, y eso va a hacer que cuando se regularice, salte la recaudación. Pero aun así no es suficiente, hay que hacer más cosas para controlar la evasión de IGV y renta que en los últimos dos años es mayor que en la década anterior.

— ¿Cómo?

Hay que identificar cuáles son los focos principales de evasión. Yo creo que están básicamente en el Impuesto a la Renta de empresas medianas, que tienen doble contabilidad e informalidad.

— ¿Por qué ha caído la recaudación?

Primero, por el error de bajar las tasas del Impuesto a la Renta a las personas y aumentar la parte no imponible. En el Perú somos 16 millones de trabajadores y solamente declaran impuestos 3 millones, pero pagan 1 millón. Los otros 2 millones son formales, pero no pagan porque están exentos, porque ganan poco. Recién a partir de 20 mil soles al año comienzas a pagar Impuesto a la Renta. Entonces solamente un milloncito paga y a ese milloncito de personas que sí pagan, digamos los profesionales del Perú, les han bajado los impuestos. Una cosa insólita.

— ¿Habría que subirles nuevamente esos impuestos?

Yo creo que sí. Es volver a lo que teníamos en el 2014. Además ocurre que las empresas se mudan a régimen mype para pagar solo 10% de impuestos contra 29,5 del régimen general. Hay que volver a los regímenes de renta previos al 2014.

— En realidad pagan 10% solo por las primeras 15 UIT de utilidad, lo que permite un incremento gradual. ¿Propones eliminar el nuevo régimen mype, que está diseñado precisamente para hacer un tránsito más gradual, sin salto mortal, al régimen general?

Hay que repensarlo antes de saltar al vacío. Habría que optimizar el RER y el RUS.

— Pero, ¿cómo optimizas RER y RUS? Son sistemas para dar apariencia de formalidad a la informalidad. No pagan IGV. No entran a la cadena tributaria. Están hechos para fragmentar empresas y evadir.

Con las tasas y simplicidad. En un híbrido entre la informalidad y la formalidad. La heterogeneidad productiva obliga a eso.

— La ex ministra Cooper propuso simplificar los regímenes tributarios unificándolos en uno solo, eliminando el RUS y el RER, acompañado esto de la digitalización de los comprobantes. Para que todas las empresas ingresen a la cadena tributaria, del IGV…

No hay estudios concluyentes que digan qué método es mejor, porque el aparato privado peruano es muy heterogéneo y quizá habría que mantener regímenes especiales por un buen tiempo, pero que suavicen el paso de un escalón al otro. Un solo régimen general puede ser más bien infranqueable para los informales y ahí sí tendrías dos mundos: informales para siempre y formales para siempre. Muchos informales no podrían sobrevivir frente a los formales si tienen que pagar IGV y renta. Ahora por lo menos están en el borde, pagan un poco…

— No sería infranqueable si la Sunat te hace la liquidación de impuestos, y al deducirte el IGV terminas pagando menos, que es lo que ocurriría según Claudia Cooper…

Ahí actuamos a ciegas, a diferencia, por ejemplo, del Midis, que tiene la Enaho, con la que mapean la pobreza para hacer políticas sociales. Nos falta conocer realmente las mypes, no las hemos censado, no las seguimos con encuestas, no sabemos cómo acumulan, cómo quiebran, cómo se endeudan, cómo pagan impuestos, cómo contratan. El nuevo ministro tendría que hacer una comisión especial en doce meses con los mejores expertos nacionales e internacionales en el tema para resolver este asunto. No podemos enfrentar bien la informalidad en todas sus dimensiones laborales, tributarias y sobre todo del sector, porque no la conocemos bien. No sabemos cuál ha sido su génesis. En cada sector la causa puede ser distinta. De repente la causa de la informalidad en el sector ‘retail’ al por menor, es la ley laboral. Pero la causa de la informalidad minera sería la ley minera que obliga a que el pequeño tenga un EIA o el cierre de impacto ambiental…

— En el tema laboral es fundamental eliminar la estabilidad laboral absoluta…

El tema es más complejo. Somos 16 millones de trabajadores; solamente 3 millones son formales. El TC, con su sentencia del 2001 que restableció la estabilidad absoluta, indujo a que 2 de esos 3 millones pasen a contrato a plazo fijo, y solamente un millón en contrato indefinido, cuando antes de esa sentencia era al revés. Pero ese problema, que hay que resolverlo con el TC o con el Congreso, va a mejorar la vida solamente de los 3 millones de formales que pasarán más fácilmente a contratos indefinidos…

— Pero también es una barrera a la formalización, ¿no? Muchas empresas no formalizan por temor a no poder desvincular cuando es necesario…

Sí, pero en el caso de las pequeñas y medianas no formalizan sobre todo por los sobrecostos laborales, por los mal llamados derechos laborales que encarecen la formalidad. Por eso hay otro milloncito de trabajadores informales en empresas formales. Ya de ahí para abajo, el tema laboral ya no es laboral, es empresarial. Va a ser imposible que una empresa que es informal per se, tenga trabajadores formales. Estamos hablando ya de 3 millones más, que son trabajadores informales en empresas informales. Entonces ahí la respuesta es: primero formalizas la empresa. El tema es más tributario, y más relacionado con la legislación de cada sector: qué se le pide a la señora que hace galletas, por ejemplo. Y, fuera de estos, los que están en la cola ya son otros 3 millones de independientes –una exageración–, que no tienen jefe ni declaran renta: el gasfitero, el taxista, el cuidador del edificio, el limpia autos, el reciclador, el estibador de mercado… Para no hablar del pequeño agricultor altoandino. Lo más fácil, aunque parezca mentira, es cambiar la sentencia del TC. Lo otro es más complejo. Es la gran reforma laboral de este país.

— ¿La podría hacer el presidente Vizcarra?

La puede hacer si la quiere hacer. Tiene todo para hacerlo. Es un cambio de Gobierno, que tiene ciertas ventajas porque tiene una oposición que no puede ser oposición. Él tiene una cosa importante: su poder de renuncia. El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú si quiere hacerlo o simplemente administrar la cosa esperando que pase el tiempo hasta el 2021.

— ¿Qué efecto va a tener esta alza del salario mínimo?

Si tú me dices, “dame una medida para aumentar la informalidad laboral”: sube el mínimo. Si quieres aumentarlo ya con daños severos, mortales, ponlo en 1.500 soles. Ahorita la mediana de ingresos en el Perú es 900 soles, la mediana. De esos 16 millones de trabajadores, la mitad gana menos de 900 y hemos puesto el mínimo en 930. Por encima de la mediana, de locos. El mínimo está totalmente pervertido. Ya no es el mínimo, es la mediana. Es un enemigo de la formalización.

— ¿Debería haber dos salarios mínimos: uno para la micro y mediana empresa y otro para la mediana y grande o no debería haber simplemente salario mínimo?

El mínimo debería ser mínimo. Deberíamos dejarlo ahí que pernocte varios años para que realmente sea mínimo. Una vez que sea mínimo, lo indexamos al IPC y a la productividad de ese segmento de bajos ingresos formales. Lo central acá es la productividad laboral.

— Entonces, ¿cómo haces para subir la productividad laboral?

¿Por qué el ingreso promedio de un chileno es superior al de un peruano, sea este un guachimán, un médico o un taxista? Porque ellos han invertido más en 20 años, tienen más capital por persona. A más intensidad en capital, más salario real. También lo decía Marx. Como esta es una economía subcapitalizada, tenemos que meterle más inversión privada al infinito para que el ratio, el capital, sea mayor.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

“No sería fácil políticamente eliminar las exoneraciones”

Si los cines no pue- den ganar vendiendo canchita, no va a haber más inversión en cines…

Así es. Esos microrretrocesos, si los juntas, son el principal enemigo de la inversión. Es clave pensar que cada movimiento regulatorio puede tener un daño. Si sumas esas pequeñas cosas, los peruanos nos vamos a entrampar y vamos a perder la batalla. Y lo otro son los costos de transacción por el lado legal judicial. Si la justicia es lenta o corrupta, aumenta también el riesgo de invertir, no te devuelven nunca algo. La tasa de interés en el Perú es alta en parte por el riesgo de cobranza a ese señor que te engañó. Y los que recibimos un crédito pagamos ese sobrecosto.

Se estaría trabajan- do con el Congreso la vieja idea de eliminar exoneraciones. Según el MEF, hay 16 mil millones de soles al año de beneficios tributarios…

Mira, para el mismo MEF, de esos 16 mil, solo 11.600 serían factibles en el corto plazo. Pero no sería fácil políticamente eliminarlas. Por ejemplo, la exoneración más grande, de 1.900 millones, es la del IGV a la educación: habría que cobrar IGV en los colegios, en las universidades o en los institutos. La siguiente es la intermediación financiera, es decir, los créditos, exonerados también del IGV, y la tendencia mundial es a no cobrar IGV para eso. El tercero es la exoneración del Impuesto a la Renta natural para la CTS. Debería pagar, pero habría resistencia. También tienes la devolución anticipada de IGV, que tiene sus ventajas. Y el drawback, que es bien ideologizado, pues si no hay aranceles para importar no debería haber drawback (devolución), que es un subsidio a las utilidades de los exportadores no tradicionales. Y, por último, está el sector agropecuario, que paga solo 15% de Impuesto a la Renta contra 29,5% que pagan todos los demás. ¿Ese ‘boom’ agroexportador va a llegar a su fin si pones el impuesto donde debería estar o hay que dejarlo ahí 15 años más? Esas seis son el 80% de las exoneraciones. Lampadia




¿Dónde están los recursos para hacer lo ofrecido?

¿Dónde están los recursos para hacer lo ofrecido?

Hace muchas semanas estamos pensando en escribir sobre lo poco que hemos aprendido de la aritmética básica de la economía. Esto se ha hecho especialmente evidente durante la reciente campaña electoral, tanto en los pliegos interrogatorios de los medios, incluyendo a los periodistas más destacados, como en la boca de los propios candidatos.

“Hay que invertir 6% del PBI en educación”. “Se necesita 3% del PBI en infraestructuras”. “La salud requiere 4% del PBI”. Etc. Etc. Nadie repara que desde un punto de vista proporcional, solo tenemos 100% para gastar. Y los que lo hacen, empiezan a ver donde se puede gastar menos para financiar tal o cual cosa o, lo que es peor, se propone alegremente el uso de nuestras reservas, la posibilidad de recurrir al endeudamiento público y/o al aumento de las tasas nominales de impuestos.

Lo sorprendente, es que nadie repara en el único pozo inmenso en el que podemos encontrar prácticamente todos los recursos que necesitamos: EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA. Por ejemplo, si crecemos al 7% anual, duplicaremos el presupuesto del Estado en 10 años, sin tomar en cuenta una mejor recaudación. Así lo hemos hecho con cierta facilidad durante muchos de los últimos años y así lo posibilita nuestro potencial productivo y de mejora de la productividad.

Con un enfoque en el crecimiento como fuente de recursos para aumentar la inversión del Estado, tanto el uso de reservas como el del endeudamiento, cobran relevancia como puentes temporales para superar inflexiones o baches y, hasta para adelantar ciertos procesos de inversión comprometiendo recursos futuros específicos para, por ejemplo, ‘el adelanto social’ vinculado a los proyectos de inversión privados en el desarrollo de recursos naturales. El análisis del uso de los recursos del Estado no puede ser estático, tiene que ser dinámico en el tiempo.

Cuando alguien nos hable de que el Estado haga mayores inversiones en cualquier rubro, debemos pedirle que lo haga desde un enfoque de crecimiento, con la visión de un modelo ‘ganar-ganar’. De lo contrario, estaría pretendiendo que repartamos la ‘torta actual’, distribuir lo que tenemos, establecer decisiones arbitrarias en la asignación de gastos o hacer un mal uso de nuestras reservas y/o capacidad de endeudamiento.     

Como hemos explicado en Lampadia, durante los últimos 20 años nuestra economía ha crecido alto y sostenido. Esto permitió que los ingresos corrientes del Estado crezcan en 46 veces entre 1990 y el 2000 y, 167 veces hasta el 2015

El siguiente artículo de José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría nos permite abordar este tema tan importante aprovechando sus razonamientos y también, demostrando con tanta facilidad en análisis estáticos.

“No hay lonche gratis”

José Carlos Saavedra, Director de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría,

El Comercio, Domingo 26 de junio del 2016

Glosado por Lampadia

 

“El Estado (el sector público) solo dispone de los recursos que recauda a través de impuestos, más aquellos que puede conseguir endeudándose”.

Según una encuesta de Ipsos realizada en abril de este año, la población desearía que el próximo gobierno se concentre en mejorar la educación, la salud y la seguridad ciudadana. 

En línea con eso, Peruanos Por el Kambio ha propuesto incrementar el presupuesto público de educación a 6% del PBI, el de salud a 4% del PBI y el del Ministerio del Interior a 2% del PBI al 2021. Es decir, el plan es incrementar el presupuesto en esos tres rubros, de 8% hasta 12% del PBI en cinco años. Sin duda, esto permitiría financiar mejoras significativas.

Un incremento de 4% del PBI del presupuesto en cinco años, que representa unos US$ 6,900 millones, no es ningún problema si se relaciona con un crecimiento, incluso mediocre, de 4% anual, que daría un incremento acumulado del presupuesto de US$ 7,600 millones. O sea, aún sobraría algo más para otras inversiones. (Estos cálculos se basan en un PBI de US$ 173,000 millones al 2015 y en ingresos del Estado de 20% del PBI).

Si crecemos al 7% anual el incremento acumulado del presupuesto sería de US$ 14,600 millones. 

Para la inversión en educación también debe considerarse el aporte del setor privado, que ya contribuye con 3% del PBI. Lamentablemente, el ministro de educación actual no considera que el sector privado pueda dar aportes valiosos, ni siquiera validando experiencias exitosas que puedan adoptarse en el sector público. Grave error.

Sin embargo, como bien decía el Nobel de Economía Milton Friedman, “no existe tal cosa como un lonche gratis”. Es decir, estas propuestas implican una cuenta que todos deberemos pagar como sociedad. Entonces, cabe preguntarse si el Estado tendrá recursos suficientes para cumplir con las metas mencionadas.

Fijar las metas de gasto público como porcentaje del PBI puede generar confusión sobre la disponibilidad de dinero que realmente tiene el gobierno para gastar. El PBI representa el valor de la producción de toda la economía peruana, que incluye al sector público y al privado.

El Estado (el sector público) solo dispone de los recursos que recauda a través de impuestos, más aquellos que puede conseguir endeudándose. El monto que recauda el Estado Peruano equivale actualmente a solo el 20% del PBI total, un porcentaje bajo cuando se compara con otros países de la región. Este es el tamaño de la torta que el Estado debe asignar a diferentes rubros, como educación, salud, seguridad, infraestructura, programas sociales, justicia, etc.

Muy bueno el análisis de J.C. Saavedra, pero no repara en el crecimiento.  

Sumas y restas

Esta primera aclaración es muy importante, pues la meta de gasto al 2021 mencionada anteriormente (12% del PBI en educación, salud y seguridad) implicaría utilizar 60% de lo recaudado en estos tres rubros.

El restante 40% de los recursos recaudados, u 8% del PBI, debería alcanzar para todo lo demás. Actualmente, ‘todo lo demás’ (que incluye entre otras cosas el gasto en programas sociales, infraestructura de transporte) cuesta 15% del PBI, así que tendría que bajar a poco menos de la mitad. Imposible.

¿Qué quiere decir esto? ¿Qué no se debe gastar más en educación, salud o seguridad? No. Quiere decir que, si realmente queremos que el Estado gaste más en estos rubros, la recaudación como porcentaje del PBI debe aumentar. Al ser gastos permanentes, tienen que financiarse con ingresos permanentes, no con deuda.

El problema en el Perú no es que el gobierno dé poca importancia a estos tres rubros en la distribución del presupuesto, sino que el Estado dispone de recursos limitados. El presupuesto en educación es un ejemplo claro. Cuando este se compara con el de otros países de la región, como porcentaje del PBI es uno de los más bajos (3.7% del PBI). Pero cuando se lo compara como porcentaje del presupuesto (17% del presupuesto), el Perú ya no está en la cola. De hecho, bajo esta medición se puede decir que el Estado peruano gasta en educación una mayor porción de sus recursos que sus contrapartes en Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador.

Algunas alternativas

Si realmente se quiere incrementar el presupuesto en educación, salud y seguridad como está planeado, tarde o temprano el nuevo gobierno deberá buscar nuevas fuentes de ingresos fiscales permanentes, y priorizar aquellas que distorsionen menos la economía.

En términos generales, hay tres alternativas: subir tasas impositivas, reducir la evasión tributaria y eliminar algunas exoneraciones. De ellas, reducir la evasión tributaria es la medida políticamente más viable y la manera más sana para incrementar la recaudación permanentemente.

Nuevamente, con una visión estática, pierde la oportunidad de explicar la importancia del crecimiento económico.

Reducir la evasión del IGV y del Impuesto a la Renta que pagan las empresas permitiría financiar buena parte del incremento del presupuesto planeado por el gobierno entrante. Esto requiere un esfuerzo enorme por parte del Estado, en términos de coordinación, fiscalización y focalización. Pero sobre todo, requiere que, como sociedad, estemos dispuestos a pagar la cuenta de las reformas y dejemos de evadir tanto.

Evidentemente, hay que privilegiar el crecimiento como base de la expansión sostenible del gasto y además, considerar una participación adicional del sector privado en el financiamiento de muchas de nuestras necesidades a través de APPs, OXI y otros mecanismos de apoyo.

Esperamos que nuestros trolls no digan ahora que solo hablamos de crecimiento económico. Ya hemos dicho cien veces que este no es el objetivo del desarrollo, pero sí es el medio para lograrlo. Cosa que deberíamos tener muy clara cuando hablemos de la acción del Estado.

Finalmente, queremos enfatizar que el 100% del presupuesto del estado es dinámico en una economía exitosa que crece y hace lo mejor de sí misma para beneficio de todos sus ciudadanos.

Lampadia




¿Minería o Agricultura, cuál genera más empleo por hectárea?

¿Minería o Agricultura, cuál genera más empleo por hectárea?

“La minería no genera mucho empleo en el Perú. Vamos a definir dónde minería, dónde agricultura, priorizando las actividades productivas que generan más empleo”. Verónika Mendoza, candidata del Frente Amplio.[1]

Las corrientes anti-mineras tienen una visión ideologizada de la minería y de como se relaciona con el resto de los sectores económicos. Para ellos, la minería sería un sector de enclave poco conectado con el resto de la economía, y con una capacidad muy limitada de generación de empleo. Creen además que la minería es antagónica a la agricultura y por ello consideran la necesidad de excluir geográficamente a la actividad minera, vía Ordenamiento Territorial, de algunas zonas y de priorizar la agricultura que, según ellos, generarían más empleo por hectárea utilizada.

Esta visión se encuentra extendida en amplios sectores de la sociedad y es políticamente funcional a aquellos proyectos políticos que consideran que el Perú tiene un modelo económico “primario exportador” que requiere ser combatido. Si se cree que el sector minero genera poco trabajo y que su expansión se hace a costa de la agricultura, entonces el obstaculizarlo implica un bajo costo social, y comparado con la generación de empleos agrícola podría hasta ser económicamente positivo.

Sin embargo, esta visión no condice con la realidad. La minería es uno de los sectores más dinamizadores de la economía y del empleo en el país. El Estudio del IPE “Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y la recaudación en el Perú” [2] nos demuestra, aplicando la matriz insumo producto de la economía peruana, que los empleos directos generado en minería tienen un efecto multiplicador en otros sectores económicos. Lo que ocurre es que esos empleos son menos visibles en las operaciones mineras, porque en su mayor parte están en otros sectores. Un trabajador minero gasta su salario, de los más altos del país, en un conjunto de bienes y servicios; las empresas mineras realizan compras de insumos en el mercado nacional, requieren de servicios del sector construcción, del sector metal mecánico, del sector de las industrias químicas, etc. Todos ese consumo, ligada a las actividades mineras, desencadena una dinámica económica y una gran cantidad de empleo fuera del sector estrictamente minero.

El IPE estima que cada empleo directo en el sector minero genera nueve empleos en otros sectores. En cambio la agricultura, una actividad, que lamentablemente, en promedio es de muy bajo nivel tecnológico y productivo, que en gran medida es de autoconsumo, está asociado a tan solo un sexto de puestos de trabajo indirectos en otros sectores. Es decir, se necesitan 6 empleos directos en el sector agrícola para generar un solo puesto de trabajo adicional en otro sector. Los efectos dinamizadores sobre el empleo en otros sectores de un trabajador minero son 54 veces los efectos los de un trabajador agrícola.

Por este efecto multiplicador de la minería, en el año 2009 un total de 2,5 millones de peruanos tuvieran su sustento basado en la minería.[3]

Un ejemplo de cómo la minería desencadena crecimiento y genera empleo en otros sectores nos da el caso de la industria metal mecánica para la cual la minería ha sido uno de sus principales dinamizadores y que en la actualidad genera 50 mil empleos directos. Otra forma de visualizar la generación de empleo por la minería puede ser la caída dramática del empleo urbano en Cajamarca resultado de la paralización de Conga y de la reducción de las operaciones de Minera Yanacocha.

El atribuido antagonismo entre minería y agricultura es uno de los pilares de esta visión ideológica. Este antagonismo le visualiza claramente en el mensaje “Agro sí, Mina no” que fue la consigna más repetida por los manifestantes durante el conflicto Tía María. Obras como el reservorio Chailhuagón, construido por Yanacocha en Cajamarca, que brinda agua a los campesinos inclusive en la estación seca; o la planta de tratamiento de agua de mar que la Southern Copper Corporation (empresa Mejicana) planea construir para sus operaciones, demuestran que el antagonismo entre la minería y la agricultura es una falacia, y que los recursos generados por la minería pueden ser direccionados hacia un aumento del acceso de la población al agua, contribuyendo así a mejorar la productividad en la agricultura y al bienestar de la población local.

No se puede negar que para realizar sus actividades, la minería necesita utilizar superficie de tierra, y que esta superficie podría ser utilizada con fines agrícolas. Comparemos entonces los efectos relativos de la minería y la agricultura en la generación de empleo. Es decir, cuál actividad genera más empleo por hectárea?. Combinando los datos del INEI y el estudio del IPE encontramos que la minería hace uso de 891 mil hectáreas de territorio nacional y genera 2.2 empleos directos e indirectos por hectárea,[4] mientras que las actividades agropecuarias hacen uso del 3,089 miles de hectáreas y generan 1.4 empleos directos e indirectos por hectárea.[5] Es decir, la minería genera 57% más empleo por hectárea que la agricultura. Hay que agregar que las actividades mineras se encuentran normalmente en zonas alto andinas de baja o nula productividad agrícola, por lo que este cálculo posiblemente esté sesgado en favor de la agricultura.

Por el lado de la productividad vemos que la minería es mucho más productiva que la agricultura. En cada hectárea dedicada al agro se genera, en promedio, una producción de 7,334 soles mientras en que en una hectárea dedicada a la minería se generan una producción de 57,363 soles, casi 8 veces la productividad de la agricultura, generando un empleo de calidad muy superior al empleo agrícola [6].

La evidencia nos señala que la minería, además de la renta, genera altos niveles de empleo. No se encuentra un antagonismo intrínseco entre minería y agricultura. Inclusive en los casos en los que en efecto se desplazara la actividad agrícola por una expansión de la minería, el efecto neto sobre la producción y el empleo sería positivo, generando mayores beneficios para la comunidad del área de influencia. La gente de la zona lo sabe, y es por esto que se dan manifestaciones de apoyo como se puede ver en el siguiente artículo: Comuneros de Sorocucho y Huasmín: ¡CONGA VA! Las declaraciones de la candidata de los grupos anti-mineros parten de una visión ideológica y no condicen con la realidad. 

Si fuera coherente con el texto de sus declaraciones, “priorizando las actividades productivas que generan más empleo”, la Sra. Mendoza tendría que promover a la minería. Pero su ideología es contraria a esa actividad. Entonces la candidata de los antimineros va tener que ser incoherente con esta parte de su discurso, pues la realidad muestra que rechazar minería en nombre de la agricultura (obedeciendo a un antagonismo ficticio) es un retroceso en la generación de empleo y un gran retroceso en los ingresos de la población. La información sobre empleos, superficie y productividad muestra que la promoción de la minería aumenta el empleo, los ingresos, y las oportunidades para la superación de la pobreza. Lampadia

 


[3] Del libro: Minería Peruana:Contribución al DesarrolloEconómico y Social Disponible en: 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/LIBROS/CONTRIBUCION2.pdf

[4] Fuente MINEM

[5] Este cálculo se realiza de a partir de dividir el número total de empleos directos e indirectos, aplicando los multiplicadores del IPE a las cifras del INEI, generados tanto por la agricultura como la minería, siendo estos 4.49 y 2 millones respectivamente, hacia el 2014. A estas cifras se le dividió respectivamente por el número de  hectáreas dedicadas tanto a la minería como a la agricultura.

[6] En soles de 1994 fuentes INEI y BCRP.