Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El conflicto en el entorno al proyecto minero las Bambas no ha sido resuelto y dista mucho de serlo. En estos momentos aún se mantienen las negociaciones entre la minera, el Gobierno Central y diversos representantes de la población local. Pese a ello es posible estimar algunos de los efectos de este conflicto en su etapa de mayor participación de acciones directas tales como el bloqueo de carreteras.

Hemos divido los posibles efectos de este conflicto en dos bloques: en primer lugar, están aquellos efectos con una alta probabilidad de ocurrencia, las cuales son de ocurrencia casi segura. Y por otro lado de encuentran aquellos con una moderada probabilidad de ocurrencia. Muchos de estos riesgos son preexistentes al conflicto en Las Bambas y han sido línea de incidencia del activismo anti-minero desde hace varios meses o incluso años; sin embargo, el reciente conflicto ha incrementado su probabilidad de ocurrencia.

Riesgos de probabilidad moderada:

• Eliminación de la depreciación acelerada: Esto reduciría el valor presente de las inversiones mineras. Hay un conjunto de intereses que resultan atraídos por acabar con esta modalidad de depreciación. La existencia de grandes inversiones mineras aun depreciando activos genera la expectativa de importantes ganancias económicas para los gobiernos locales y regionales. El activismo anti-minero está muy atraído por una medida que llevaría a una menor inversión minera. Adicionalmente, la opinión pública que puede ser fácilmente convencida respecto a apoyar lo que se puede caracterizar como el fin de un privilegio tributario para los ricos. El no aporte de Canon por parte de MMG Las Bambas, resultado de este régimen tributario, ha servido de plataforma para diversos actores políticos y sociales para solicitar esta eliminación.
• Fin de los convenios entre empresas y PNP: Este es una línea de incidencia sistemática del activismo anti-minero. Litigios estratégicos que involucran a IDL y la ONG internacional Earthrights han sido interpuestos frente al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos ellos con el fin de restringir la presencia policial en resguardo de la seguridad de los campamentos mineros.
• Expansión en la aplicación de la denominación de pueblos indígenas y expansión de los requerimientos de Consulta Previa: Desde hace un tiempo el indigenismo radical y los pos-extractivistas impulsan la auto identificación como requisito único para considerar a una población como indígena, de manera conjunta se impulsa que la Consulta Previa pase a tener carácter vinculante. El efecto conjunto, si ambas campañas fueran exitosas, consistiría en generar una multiplicidad de actores locales con los que un proyecto minero tendría que negociar porque estarían provistos de poder de veto sobre la viabilidad del proyecto. Se requeriría de la aprobación simultánea de todas las comunidades en el entorno de un proyecto. Este riesgo es especialmente relevante en zonas de lengua mayoritariamente aymara o quechua puesto los activistas anti-mineros podrían apoyarse en los resultados del último Censo para apoyar sus posiciones. En el caso de Las Bambas, los anti-mineros y sus afines mencionan permanentemente que la población en el entorno del proyecto minero las Bambas es indígena y que la conflictividad social en la zona ha sido impulsada por no aplicar estándares de Consulta Previa a la población local.
• Amnistía a Acciones de Fuerza Anti-mineras: Como parte de los acuerdos firmados el 24 de abril en Fuerabamba, entre las comunidades locales y funcionarios públicos se encuentra la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía a los acusados de diversos crímenes asociados a la conflictividad social anti-minera en el Corredor Minero del Sur. De aprobarse esta medida se consolidaría la impunidad plena ante acciones violentas por parte de manifestantes hostiles a la minería.

Riesgos de probabilidad de alta:

• Severas restricciones en el uso de las ITSs: El instrumento de los Informes Técnicos Sustentatorios se ha visto severamente deslegitimado con el conflicto en Las Bambas, su uso es un componente importante en el discurso vertido por Cooperaccion respecto a los orígenes mismos del conflicto. En futuros casos de conflictividad social que involucren a los ITSs los funcionarios que autorizaron el uso de esta herramienta serian severamente criticados. Por ello, los funcionarios públicos enfrentan un poderoso incentivo para no autorizar el uso de ITSs.
• Empoderamiento de Cooperacción: La ONG anti-minera Cooperaccion ha ganado múltiples espacios en medios de comunicación y líderes de opinión gracias a este conflicto. Sus voceros han tenido diversas apariciones en la calidad de expertos en la temática de Las Bambas. A esto se le agrega que la interpretación de Cooperacción del conflicto se ha extendido entre líderes de opinión y periodistas. Con voceros e ideas mejor posicionados Cooperación ha sido claramente un beneficiario de este conflicto.
• Elevación del costo de tierras para proyectos mineros y su cadena logística: El conflicto ha generado precedentes de compensación por uso de tierras sumamente elevados. En el caso de Yavi Yavi se menciona pagos del orden de los 80 mil dólares por hectárea por el uso de terrenos de la comunidad para la mejora de la carretera por la que se traslada el material extraído de Las Bambas. En especial en el Corredor Minero del Sur, esto está generando expectativas de pagos semejantes no solo por los terrenos bajo los cuales se encuentran los yacimientos sino también para todas las tierras que en alguna medida son necesarias para las operaciones o logística de un proyecto minero.
• Bajísimos costos de las acciones directas: En el caso de Las Bambas el gobierno central ha mandado una poderosa señal al activismo anti-minero: Que no está dispuesto, casi bajo ninguna circunstancia, a incurrir en el riesgo político de despejar las vías bloqueadas a través de la PNP aun si pocas decenas de manifestantes participan en el bloqueo. Esto reduce los desincentivos para la toma de carreteras como medida de fuerza en un conflicto minero.

Los conflictos como Las Bambas no se dan en compartimientos estancos sin afectar a las otras a las otras empresas del sector minero. Esta clase de conflictos desencadenan dinámicas políticas y sociales que terminan propiciando la ocurrencia de riesgos que pueden terminar afectando al sector minero peruano como un todo. Lampadia

INEI estaría a punto de consagrar herramienta política en manos de indigenistas radicales, al incluir en el próximo censo las preguntas de auto identificación étnica, lo que sería la punta del iceberg de un sofisticado contrabando ideológico. 

El Censo –a realizarse en septiembre de año- tiene una característica especial respecto a los anteriores.  Será el primero que incluirá preguntas de auto-identificación étnica. Los Censos son una herramienta que brinda información para las políticas públicas y la investigación académica; pero también pueden ser herramientas para ejercer una poderosa influencia sobre la agenda política.

La inclusión de estas preguntas ha sido celebrada por varias organizaciones que estuvieron realizando una fuerte presión para lograrlo.  Sin embargo –tal como está planteada la pregunta- el sector minero y de hidrocarburos debería sentir preocupación por las potenciales implicancias que tiene la introducción de estas preguntas –repetimos, tal como han sido formuladas- para la conflictividad social.

¿Quiénes están interesados en incluir esta pregunta?
Instituciones públicas como el INEI y el Ministerio de Cultura fundamentan el incluir estas preguntas en la necesidad de poder visibilizar estadísticamente a los diversos grupos étnicos con el fin de poder entender su problemática particular y de esta manera diseñar políticas públicas específicas a los mismos. Sin embargo, este Censo ha sido identificado por múltiples organizaciones como el componente de una estrategia ideológica antiminera.

Para las organizaciones radicales el censo es una inmensa oportunidad y ha sido una de sus principales líneas de incidencia. La Confederación Nacional Agraria, La Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Red Muqui, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Servicios de Comunicación Intercultural, entre otras han manifestado claramente que consideran este Censo como una importantísima herramienta para el avance de sus agendas políticas e ideológicas. Este avance, proclaman, estará en función a que el mayor número de personas posible se identifique como indígenas en el Censo.

Para ello han realizado eventos de incidencia con académicos, líderes de opinión y autoridades  en las principales ciudades del país, propagado en radios de provincias spots en español quechua y aymara promoviendo la auto-identificación indígena y las “ventajas” de responder positivamente, actividades culturales itinerantes, entrevistas en medios, contenidos para redes sociales, y trabajo de base con diversas comunidades, entre otras actividades. Varias de estas actividades han sido realizadas usando recursos provistos por el Ministerio de Cultura y el INEI.

El concepto de “Territorio” para esta causa política

Es importante entender cuál es la agenda común de estas organizaciones y como la misma se vería fortalecida por el Censo.

Las organizaciones mencionadas tienen en común una defensa del indigenismo radical y el pos-extractivismo. Dentro de esta visión, contraria al desarrollo, es crucial el concepto de “Territorialidad”, el mismo que engloba un grupo humano diferenciado de la población general del país al interior de un espacio geográfico determinado (El Territorio). Esta población diferenciada conforma un “sujeto colectivo de derechos” entre los cuales el más importante es el de la auto-determinación. 

Este entendimiento de la autodeterminación implica la creación de un sistema jurídico propio e independiente del sistema peruano, el poder de veto sobre cualquier política pública nacional que les pueda afectar y el poder desplegar un modelo de desarrollo diferenciado del resto del país, al estilo de Chiapas en México.

La Territorialidad es entendida como el ejercicio autónomo de estos derechos por parte de los sujetos colectivos en estas áreas geográficas. Para estas organizaciones son los pueblos indígenas el “sujeto histórico” de su ideología pos-extractivista. Gracias a su cosmovisión y valores diferenciados del occidente materialista, podrá servir de laboratorio para el ejercicio del Buen Vivir. Para estas organizaciones este derecho al Territorio se da para cualquier conjunto humano que sea descendiente total o parcial de poblaciones prehispánicas, que conserve en parte costumbres pre-coloniales y que se auto identifique como indígena. En un país como el Perú estos criterios de descendencia y culturales podrían aplicarse a la casi totalidad de la población.

Posibles implicancias políticas de la pregunta de auto-identificación étnica

El Censo del 2017 y la Territorialidad se encuentran relacionados.  El resultado que buscan en la pregunta de auto-identificación étnica del  Censo se encuentra en las líneas de incidencia en  las que estas organizaciones se hallan involucradas. En la encuesta nacional de hogares realizada el 2014 un 15.47% de la muestra respondió de manera afirmativa la pregunta: Usted pertenece o se considera parte de un pueblo indígena? Por otro lado al darse la siguiente pregunta: Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres. ¿Ud se considera: Quechua, aimara, blanco, nativo, afro-descendiente, etc.? Un 24% se consideraba quechua, aimara o nativo. Como se puede observar al hacer referencia a los antepasados y prescindir del término indígena el grado identificación originaria es más alta. Casi todos los peruanos tienen algún antecedente andino o africano.

La pregunta induce una fragmentación étnica de la población. Es esperable entonces que el diseño de la pregunta vaya dirigida a maximizar el porcentaje de la población a la que se le pueda calificar como “indígena”. De salir un porcentaje elevado de la población nacional como indígena estas organizaciones radicales podrán reclamar para sí la representatividad sobre todo este segmento poblacional, montar una agenda política en base a esa fragmentación étnica y simultáneamente incrementar su acceso a recursos por parte de los donantes internacionales al ser mayor la población que arguye defender.

Confederación Nacional Agraria CNA  – “Llamado a reconocernos como Indígenas u Originarios en Censo 2017”

Por ejemplo, organizaciones hostiles a la minería (no todas las que están interesadas en incluir esta pregunta) podrán desplegar las siguientes dinámicas socio-políticas:​

a- Uso de la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Perú por razones utilitarias​

Si la auto-identificación por ciertas etnias es mayoritaria en zonas de influencia de proyectos mineros,  ciertos grupos de interés intentarán declarar esas zonas como pueblos indígenas, sobreponiéndose sobre la declarada por el Estado en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Perú[1] en el Viceministerio de Interculturalidad, que forma parte del Ministerio de Cultura.  Si este reconocimiento oficial se da, permitiría el reclamar un conjunto de herramientas anti-mineras como la consulta previa, justicia intercultural, la aplicación del convenio 169 de la OIT, etc. Estas herramientas facilitan la conflictividad y la extracción de rentas a las empresas mineras y legitiman socialmente el ejercicio de acciones directas y violentas al margen de la legalidad.

Hay una campaña en las zonas de influencia minera en la que se propaga que la identificación de una población como indígena implica que se puede aplicar un conjunto de herramientas que debilitan la posición de las empresas y facilitan la extracción de rentas de las mismas. Por ello es posible que en las zonas cercanas a las operaciones mineras ocurra, durante el censo, una alta auto-identificación indígena por causas utilitarias, encubiertas como una cuestión de identidad étnica.  Esto incita a estas comunidades a obtener resultados que encuentren convenientes desde el punto de vista de obtención de rentas, y una distorsión de la información que se obtendría en el Censo. 

b- Consulta Previa a proyectos ya establecidos

Los proyectos extractivos en zonas habitadas por pueblos indígenas, requieren por ley,  realizar procesos de Consulta Previa. Los indigenistas radicales plantean que esta Consulta Previa incluye el derecho al consentimiento previo, lo que implica darle a determinadas comunidades poder de veto respecto a la realización de proyectos extractivos. En aquellas zonas en las cuales haya mayorías autoproclamadas como indígenas habrá activistas proclamando que los acuerdos entre la minera y los actores locales son nulos puesto que no se han realizado dentro del marco de la consulta previa. Se puede movilizar a la población creando un grado de conflictividad social con el argumento de que en un proceso de renegociación será posible extraer mayores recursos a la minera. En muchas ocasiones al estar ya establecido el proyecto minero el costo económico de las acciones directas serán mayor y con propensión de las Empresas y el gobierno a ceder a la presión.

c- Pluralismo étnico y fragmentación Jurídica

En las zonas autoproclamadas como indígenas se propiciará la aplicación del derecho consuetudinario. Es decir que instituciones comunales tales como la rondas o las asambleas comunales sean las instancias legitimas de aplicación de justicia en su ámbito. Este derecho está pensado para zonas de comunidades no contactadas, en las cuales la presencia del Estado a través de comisarías, jueces, y demás es limitada.  Pero esto abre la puerta a la aplicación de justicia a cualquier organización que se desarrolle en estas comunidades, sin importar si están son tradicionales o no.  Por ejemplo en Cajamarca, las rondas campesinas han aparecido en la década de los 70 y las rondas urbanas en años todavía más recientes.

Hay toda una corriente impulsora del “pluralismo jurídico igualitario” que tiene entre sus promotores  al actual Presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, a múltiples jueces, ONGs radicales y académicos. El brindarle a las rondas y comunidades las funciones del poder judicial implicaría para las empresas en general un nivel de incertidumbre bajo el cual sería muy difícil operar, en especial para las empresas mineras y de hidrocarburos. Basta imaginar cómo se resolverían cualquier potencial diferencia por tierras entre las empresas mineras y la población local.

d- Litigio Estratégico Emblemático

Existe un campo de activismo anti minero denominado “Litigio Estratégico” que consiste en la realización de un juicio cuyo resultado podría volver inviable un proyecto extractivo y ser utilizado en el futuro con otros proyectos. En los casos de Saramaka en Guyana y Pascua Lama en Chile enormes proyectos extractivos han sido paralizados por decisiones judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia en la que en mayor medida los propulsores peruanos del Litigio Estratégico depositan sus esperanzas. Las ONGs antimineras peruanas en múltiples ocasiones han participado en audiencias en la CIDH y han llevado a las supuestas víctimas de las empresas mineras para que brinden su testimonio. La CIDH está especialmente interesada en intervenir en supuestos abusos de empresas extractivas contra población indígena. Los resultados del Censo facilitarán la intervención de la CIDH en los conflictos mineros y viabilizaran el determinar que un proyecto se hizo sin tomar en consideración los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto ya se dio en el caso de la Saramaka en la que  la CIDH dictaminó la no realización de un proyecto minero. Los resultados del Censo incrementarán la vulnerabilidad de los proyectos mineros al uso de Litigio Estratégico.

Conclusión

La información que se busca con esta pregunta, podría conseguirse por mecanismos que no impliquen una amenaza a las empresas mineras y de hidrocarburos, y que no propicien una segmentación de la sociedad en etnias. Preguntas que ayuden a brindar políticas públicas a comunidades con necesidades diferentes, como es el caso del idioma, son necesarias.  Es importante para el Estado identificar las zonas donde la presencia de un idioma es suficiente para brindar atención, materiales, documentos en dichos idiomas. Sin embargo, las preguntas no deben contribuir a la fragmentación social y jurídica de una sociedad que ya es muy fragmentada y que el Estado no logra aplicar la ley en todo su territorio.

Los grupos hostiles a la minería tienen suficiente presencia en las redes sociales de las comunidades para persuadirlos de obtener el resultado que están buscando.  En aquellas áreas en las que se han dado grandes conflictos sociales ligados a la minería las fuerzas políticas hostiles a la inversión minera han conseguido una hegemonía política. En las áreas como Conga, Tía Maria o las Bambas el agregado del voto de Verónica Mendoza y Gregorio Santos fluctúa entre un 60 y 80 por ciento. El conflicto social ha sido efectivo para deslegitimar, desmovilizar, amedrentar acallar a  los oponentes. Los radicales controlan las principales radios, organizaciones de la sociedad, civil e institucionalidad rural. Por ello se puede esperar que la campaña por la auto-identificación disponga de un apoyo mediático y político local bastante significativo en estas zonas.

Un porcentaje elevado, que se identifique como indígena generará condiciones favorables para la incidencia de los indigenistas radicales y hará que un sector importante de los líderes de opinión peruana estén dispuestos a impulsar la agenda de los radicales puestos que puede presentarse como el avance de los intereses de un sector amplio y marginado de la población. 

Los resultados del Censo servirán de insumo para múltiples estudios, análisis y artículos sobre la problemáticas “indígenas” que servirán como herramienta de incidencia ante la opinión pública y las políticas del Estado. Dada la naturaleza radical anti capitalista de gran parte de las organizaciones indigenistas estas verán fortalecida su capacidad para impulsar su agenda de “Territorialidad” y fragmentación jurídica.

Las preguntas de auto-identificación étnica en el Censo 2017 pueden desencadenar un dinámica política y social que incremente aún más la conflictividad social. Lamentablemente el Estado peruano está siendo instrumentalizado para brindar a organizaciones radicales un poderoso recurso para el avance de una agenda hostil al desarrollo y al mismo Estado. Alternativamente, los objetivos de mayor precisión y efectividad de políticas públicas para sectores sociales desfavorecidos puede conseguirse con preguntas respecto a lengua, costumbres y condiciones de vida, que permitan analizar problemáticas particulares sin que se brinde un activo estratégico para el  manejo político del indigenismo radical. Lampadia

[1] La siguiente lista presenta los 55 pueblos indígenas u originarios identificados a la fecha por el Viceministerio de Interculturalidad. http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas 

En los últimos días se han generado algunas reacciones con respecto a la Ministra de Justicia Marisol Pérez-Tello y su postura ideológica, originados por la reciente visita de la ministra a Máxima Acuña en Cajamarca, uno de los símbolos anti-mineros más usados para forjar el relato de David contra Goliat.

“Ya no me queda ninguna duda de que la ministra Pérez Tello es una encubierta caviar completa tras verla retratada ayer en LR junto a Máxima Chaupe, la “guardiana de la laguna”, la heroína de papel que protagoniza la farsa que ha montado la izquierda en Yanacocha”. Aldo Mariátegui

Por otro lado, Jaime de Althaus en entrevista con  Alfredo Thorne señaló que la visita a Chaupe no es coherente con un gobierno que trata de promover la inversión minera. Pero, en sentido contrario, Miguel Santillana defendió a la ministra, calificando de “obtusos” a quienes critican la visita y afirma que “Marisol no es Caviar”.

Determinar si la ministra es o no “caviar” es algo muy difícil dado que esta categorización no tiene una definición muy clara. Sin embargo, ello no cambia el hecho que la visita de la ministra a un instrumento de propaganda como la Chaupe genera una incertidumbre justificada respecto al marco ideológico detrás de sus acciones.

Una revisión de las declaraciones y acciones de Marisol Pérez Tello hacia la minería nos señala que tiene una postura compleja hacia el sector. Por un lado, los orígenes partidarios de Marisol Pérez-Tello en el PPC y sus declaraciones nos señalan una afinidad hacia un modelo de desarrollo impulsado por la inversión privada. En múltiples ocasiones ha afirmado la importancia del sector minero y la necesidad de una relación armoniosa del mismo con las poblaciones en su entorno. Por ello, no se puede caracterizar a la ministra como una militante pos-extractivista, como sí se puede hacer con otras figuras políticas como Marco Arana o José de Echave.

Sin embargo, existen suficientes evidencias para considerar que la ministra comparte algunos componentes de su ideología con los anti-mineros, en especial su visión respecto a la naturaleza de la población campesina peruana y su relación con el Estado.

Una entrevista de Marisol Pérez-Tello sobre “Pueblos Indígenas e Interculturalidad” es muy reveladora respecto a su postura ideológica:

• Considera como pueblos indígenas a la totalidad de las comunidades campesinas, compartiendo una posición con las ramas más radicales del indigenismo además de ser una postura que, de ser aceptada por el Estado, llevaría a un escalamiento de la conflictividad minera. Hay que recordar que las comunidades campesinas incluyen a alrededor de 2.5 millones de personas y ocupan el 39% de la superficie agrícola nacional.(Ver:http://www.larevistaagraria.info/sites/default/files/revista/ragra29/LRA29-0607.pdf). Esto debido a que las comunidades aceptadas como “pueblos nativos” podrían reclamar la renegociación de sus acuerdos ante el Estado y las Empresas Mineras puesto que los mismos se dieron sin haber hecho la consulta previa.
• Comparte una visión romántica respecto a la búsqueda de los indígenas de “alternativas al de desarrollo” por lo que podrían considerar la llamada “seguridad alimentaria” como un fin más deseable que el progreso material. Aquí se muestra la visión romántica de los comuneros, que tienen una “cosmovisión” en la que el progreso pasa a segundo plano, puesto que tienen una “manera distinta de entender del mundo”. Considera que los comuneros tienen una “relación especial con la tierra”, distinta a la del resto de la población.
• Considera que la colectividad a la que denomina “pueblos indígenas” tiene derecho a la autodeterminación de su modelo de desarrollo. Esto puede (a primera vista) sonar bien. Sin embargo, esta autodeterminación (tal como se entiende desde el enfoque intercultural), pasa por la exclusión casi total de las comunidades campesinas del Estado peruano y les brinda poder de veto sobre las políticas nacionales para el aprovechamiento de los recursos naturales. En esta visión, ella equipara las comunidades campesinas con los pueblos indígenas, son sujetos con derecho de Consulta Previa, y aún más importante, a la autodeterminación.
• Considera que en el Perú existe una división entre occidentales/mestizos versus indígenas, siendo los últimos capaces naturalmente de vivir en armonía con el medio ambiente. Llega a afirmar que: “Un niño awajun se puede asustar si ve una escalera eléctrica pero seguramente sabe todas las propiedades curativas de la hoja de un árbol”.
•  En un acto de profundo desconocimiento de la realidad, la ministra afirmó que las negociaciones en Cajamarca durante el conflicto Conga fracasaron debido a que no se permitió a los “Apus” negociar con su población los términos ofrecidos en el marco de su “democracia participativa indígena”. Aquí muestra un deseo de acomodar la realidad a los estereotipos dignos de un practicante sueco de Grufides. ¿De dónde sacó esa afirmación?  Ninguna de las organizaciones movilizadas en Cajamarca contra Conga tenían “Apus” y Cajamarca es una de las regiones menos indígenas del Perú con un 0.4% de quechua-hablantes (una tasa bastante  menor que la de Lima). 
• Considera que los actos en Bagua fueron resultado de “una gran unión de los pueblos indígenas que les ha dado mucha fuerza y yo los felicito”. Consideró que los sucesos de Bagua fueron una reacción a “leyes que violentaban sus derechos”. Estas palabras serían indistinguibles de las que diría Alberto Pizango. Hay que señalar que, posteriormente, Pérez Tello felicitó la exoneración de todos los acusados por la masacre de policías durante el Baguazo, asesinatos que quedaron en total impunidad.

Más allá de esta entrevista, hay otras señales del alineamiento ideológico de Marisol Pérez-Tello con varios componentes radicales del “enfoque intercultural”:

• Presentación junto con congresistas pos-extractivistas de izquierda de un proyecto de ley en favor de la Consulta Previa Legislativa, en la que será necesaria consultar a la totalidad de los pueblos indígenas del país en cada ocasión en que se de una ley que pudieran considerar les incumbe. Sería esperable que esto origine más conflictos sociales si es que estos indígenas- según Marisol Pérez Tello- consideran que no se les está consultando. Habría dos tipos de peruanos, con distintos derechos: aquellos que eligieron a sus representantes con su voto y aquellos que además de votar serían consultados.
• Presentación una solicitud en contra de una reforma del código penal que hubiera debilitando a la justicia intercultural. En esta solicitud, Marisol Pérez-Tello comparte su postura con Rocío Silva Santisteban, Grufides, Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco), Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno, Radio Marañón y múltiples organizaciones y personalidades anti-mineras y radicales.

• Participación en eventos de promoción del indigenismo radical. El 2013 se dio el Segundo Encuentro Nacional del Pacto de Unidad en la que participó, en ese entonces como congresista.  Hay que señalar que el Pacto de Unidad es una organización indigenista radical. La congresista también fue expositora en la presentación del libro “La Verdad Sobre Bagua” en la que compartió mesa con representantes de varias de organizaciones que azuzaron el conflicto. Ya como ministra, en Cajamarca, el 17 Noviembre del 2016 se dio el “Primer Seminario de Justicia Intercultural” en el que la ministra se comprometió a apoyar el avance de la Justicia Intercultural.
• Durante su periodo como congresista, formó parte del “Grupo de Trabajo sobre la Implementación y Reglamento de la Ley de Derecho a la Consulta Previa” junto con Verónika Mendoza, Claudia Coari y Cassio Huaire. Este grupo contaba con la asistencia y apoyo técnico de OXFAM, ONAMIAP, CONACAMI, CNDH, CCP, IDL entre otras organizaciones hostiles a las actividades mineras en el Perú.

Marisol Pérez-Tello ha tenido un patrón de conducta propia de un activista en favor del indigenismo radical con un nivel de actividad que llega a superar al de Verónika Mendoza. Su colaboración en actividades con bajos retornos políticos nos habla de un compromiso ideológico personal. Esto implica, además, que estaría ejerciendo el ministerio con agenda propia y no con la agenda del gobierno de PPK.

Respecto al caso Chaupe, la ministra consideró que “es evidente el maltrato a la señora Chaupe” tomando posición en favor de los anti-mineros. Al ser preguntada el porqué de su visita, Pérez-Tello afirmó que lo hacía motivada por la necesidad de responder a una Medida Cautelar generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, había otras 46 personas involucradas en dicha medida y la ministra decide visitar personalmente a aquella que le permite el máximo rebote mediático y se genere el mayor daño posible hacia el sector minero. Quien sirvió de acompañante durante su visita a Chaupe fue el radical Manuel Ramos, el más anti-minero de los miembros del Concejo Regional de Cajamarca.  Dentro de la concepción de Perez-Tello, Máxima, al ser comunera, es una indígena no reconocida a la que no se le ha permitido ejercer su derecho a la libre determinacion del modelo de desarrollo, independientemente de las condiciones judiciales que envuelven el caso, o si ella invadió efectivamente el predio o no.

Queda claro que este gobierno “proinversión” ha nombrado en el cargo estratégico del Ministerio de Justicia a alguien que se acerca al indigenismo radical. Más allá de si es conciente o no de las consecuencias de sus propuestas, la aplicación de lo que propone Marisol Pérez-Tello inviabilizaría a gran parte de la inversión minera en el Perú. Lampadia