Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hay algunos sociólogos a los que les encanta hablar de temas tributarios pero que, curiosamente no aportan impuestos o nunca han hecho empresa y no comprenden cómo es la pugna entre subsistir y crecer como empresa, cuando por otro lado tienes una presión por (si quieres ser legal y formal) pagar una importante carga de impuestos y contribuciones laborales.

Recientemente y en medio de la crisis del COVID-19, se le ocurrió al gobierno informar que estaría solicitando nuevas facultades legislativas para una reforma tributaria. En ese punto y luego de algunos días de incertidumbre, se dijo que esperaban recaudar, en un impuesto temporal, algo del orden de 300 millones de soles por mes, pero que no sabían si sería un impuesto a la riqueza o un impuesto adicional a los ingresos. Me pregunto; ¿ha existido algún gobierno en la historia del Perú que haya solicitado facultades legislativas para una reforma tributaria, sin siquiera tener un diagnóstico claro? ¿La magnitud requerida? ¿Para qué? ¿Con qué tipo de impuesto? ¿Cuál es la población impactada? ¿Cuál es el uso alternativo de esos fondos en manos del sector privado y su impacto en la economía? Entre otros…

De otro lado me preocupa más que, algunos sociólogos oficiosos (de izquierda sin duda), que no han hecho siquiera un análisis económico del impacto de sus ideas, hoy piensen que no se trataría de crear un impuesto sino “una serie de impuestos”, lo que a su vez destruye una estructura tributaria clara y simple.

Para los que no se hayan enterado, a pesar de los ya repetidos comentarios de economistas conocidos, el tiempo de crisis no es el momento de crear impuestos. Más aún, en estas circunstancias lo importante es reactivar la economía y, para ello, hay que echar mano de todos los instrumentos de estímulo posibles para reactivar los sectores que puedan impulsar esta recuperación económica.  Perder 10% o 12% del PBI, si no es más, en un año no es cosa de chiste, pues impactará no sólo en los ciudadanos con los niveles de más bajos ingresos del país, sino también en la capa, aún sensible, de aquellos que salieron de la pobreza monetaria en estos últimos años y que podría haber mantenido su estatus, siempre que nuestra economía se sustente dentro de los causes normales, pero ahora no.

Ya  antes hemos dicho que quién legisla “educa” al ciudadano, induciéndolo a cierto comportamiento (largamente estudiado por Gary Becker, autor de “La teoría económica y el comportamiento humano”) al hacerlo evaluar el “costo de oportunidad” de sus decisiones. Un Estado maduro se plantea como objetivos; educar al ciudadano para actuar como tal, respetando las leyes, la moral y las buenas costumbres, a impulsar la creación de riqueza dentro del marco de la legalidad y finalmente a generar un ahorro que le servirá como respaldo personal y familiar, pero además por qué ese ahorro será el instrumento que financia la inversión para el crecimiento de todo el país.

Digo más, ¿no se han enterado que el multiplicador económico de la inversión privada es de lejos más alto que el multiplicador de la inversión pública? Pues eso, debemos promover más inversión privada en el país y también reducir el gasto corriente del Estado, especialmente en estas circunstancias.

Los que plantean impuestos a la acumulación de riqueza, no sólo olvidan que tal riqueza ya pagó impuesto a la renta cuando ésta se generó (ya que supongo están mirando al mismo 25% de ciudadanos formales que pagan impuestos), sino que estimulan que el ciudadano no actúe responsablemente generando ahorro, sino que consuma todo su ingreso sin una mirada de futuro. Pero lo más importante es que, si a ojos de estos sociólogos fuiste tan ingenuo de “acumular pan para mayo” en nuestro país, al plantearte un impuesto a esa acumulación te están invitando a que tus ahorros o inversiones las efectúes, pero lejos, muy lejos del alcance de aquellos que te creen sonso.  Aquí pues se aplica claramente la fábula de “La hormiga y la cigarra” que nos enseñaron de niños.

En lugar de pensar como parásitos buscando cómo fagocitar a la sociedad, debemos pensar en cómo mover todas las palancas y resortes que estimulen la reactivación y crecimiento económico del Perú lo más pronto y eficientemente posible, para salir de esta crisis y devolver las mejores condiciones de vida a todos los ciudadanos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Aunque son cosas distintas, la denunciada compra de votos mediante obras públicas que provocó la renuncia del Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, ha puesto bajo los reflectores de la luz pública una supuesta práctica de algunos congresistas para conseguir la inclusión de obras patrocinadas por ellos en el presupuesto de inversión pública.

La variante más corrupta sería la que aparece graficada en el audio del funcionario Fredy Aragón, cuya secuencia es la siguiente: el congresista le ofrece al alcalde incluir un proyecto grande de la municipalidad en el presupuesto de la república a cambio de un 5% del monto de la obra, para lo cual el congresista cuenta con los servicios de este funcionario quien le ofrece conseguirle la programación de la obra en el MEF. Esta sería toda una cadena, una industria de la corrupción.

Se sabe asimismo que hay congresistas que tienen empresas de construcción o tienen amigos constructores que formulan proyectos para la municipalidad o para el gobierno regional y que luego ellos gestionan ante los ministerios o logran que se incluyan en la ley de presupuesto.

También puede ocurrir que el congresista visite a los ministros para presionar por la inclusión de las obras de sus alcaldes, sin que haya corrupción de por medio.

Las municipalidades ejecutan algo más del 40% de la obra pública. El presupuesto que manejan es, entonces cuantioso. Y si agregamos los gobiernos regionales, llegamos a un 65% de la inversión pública. ¿Qué porcentaje de ese total se manejará de esta manera corrupta? No lo sabemos. ¿En qué porcentaje intervienen los congresistas apoyando a sus alcaldes? Tampoco lo sabemos. Pero la ex ministra Claudia Cooper calculaba que cuando menos el 80% de los congresistas gestionan proyectos ante los ministerios. Es una parte más importante de su actividad como congresistas.

Ahora bien, la labor de gestión ante los ministerios debe diferenciarse de la asignación directa que hacen los congresistas en la Comisión de Presupuesto del Congreso. En ambos casos, sin embargo, hay que precisar que los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser presupuestados.  

Como sabemos, el 30 de agosto el Ejecutivo envía al Congreso el anteproyecto de ley de presupuesto que contiene un anexo con los proyectos de inversión a ser ejecutados el año que viene. Allí se incluyen los proyectos enviados por los ministerios y los gobiernos regionales y locales que hayan pasado los filtros. El primero de ellos es que sea priorizado, para lo cual el criterio principal, desde el modelo diseñado por Thorne, es que cierre brechas. Además, los proyectos no deben estar fraccionados, ni sobredimensionados, ni deben duplicarse, y debe cumplir con las normas técnicas sectoriales. En el último presupuesto, por ejemplo, fueron rechazados el 59% de los proyectos remitidos, porque no cumplían estas reglas.     

Entonces, cuando los congresistas van a abogar por ciertos proyectos, el ministro tiene que decirles que esos proyectos serán considerados si es que cumplen con los requisitos señalados.

Ahora bien, de todos modos, en el anteproyecto de presupuesto que se envía al Congreso queda un pequeño margen de libre asignación, de aproximadamente 800 millones de soles según nos informa Cesar Liendo, ex viceministro de Economía, respecto del cual los congresistas asignan proyectos. Pero ese monto es apenas alrededor del 2.5% del monto total de la inversión pública, que está alrededor de los 32,000 millones de soles, aunque pueda representar un 6 o 7% del monto municipal.

Según la viceministra de Hacienda, Rossana Polastri, ese monto no es tampoco una bolsa, no lo es por definición. “Lo que ponen los sectores en su presupuesto es una partida para financiar estudios de pre inversión. Cuando el legislativo propone incluir proyectos, estos entran contra esa partida. Sustituyen la asignación que habíamos puesto para pre inversión”. 

En realidad, entonces, esos mismos proyectos que los congresistas incluyen directamente en el presupuesto, tienen que pasar también los filtros señalados. Este año ha ocurrido, por ejemplo, que solo el 15% del monto asignado por los congresistas cumplía los requisitos. Se ha dado 15 días más para ver si se puede subsanar las deficiencias, pero de no hacerlo el monto en cuestión queda sin asignarse o termina siendo redistribuido por medio de algún crédito suplementario que reasigna esos recursos a proyectos que no estaban en el presupuesto y que están listos para ejecutarse.

Medidas

Entonces, una medida para asegurar cuando menos la idoneidad de los proyectos escogidos en el Presupuesto, debería ser reforzar los criterios de priorización y selección. Para ello, el MEF ha elaborado un proyecto de ley de priorización de proyectos de inversión pública, que ya envió al Congreso. Liendo nos explica que hoy existen procedimientos y requisitos técnicos para seleccionar un proyecto de inversión pública, pero son solo directivas de ministerios. La idea es darles rango de ley para que tengan un mayor blindaje legal.

Otra posible medida sería establecer estándares para las obras referidas a inversiones recurrentes, fijando diseños, metrados, costos unitarios y márgenes de supervisión, para las diversas zonas del país. Este esquema puede usarse con facilidad para la construcción de escuelas, postas médicas, hospitales, caminos, etc.

Lo otro es consolidar de una vez el Plan Nacional de Infraestructura, a fin de que haya menos espacio para la asignación arbitraria o política de proyectos. Lo que tenemos ahora es la llamada Programación Multianual de Inversiones, que tiene un alcance de tres años. En este momento hay una versión preliminar del Plan Nacional de Infraestructura que está siendo validado con los sectores.

Pero según la ministra Cooper, la mayor parte de la corrupción no está en la programación sino en la ejecución de la obra, desde la confección de las bases, que con frecuencia se orientan a beneficiar determinado postor. Una idea era que la OSCE pudiera designar funcionarios que elaboren esas bases, lo que demandaría un presupuesto apreciable. Por supuesto, el hecho de que los jefes de las oficinas de control interno de las municipalidades y gobiernos regionales vayan a ser pagados desde este año por la propia Contraloría, ayudará a mejorar el control.

Diversas formas de participación de la sociedad civil en alianza con la Contraloría deberían ayudar. Es algo que el nuevo gobierno podría impulsar. Lampadia