EDITORIAL DE LAMPADIA

¿Por qué el gobierno no impulsa el proyecto?

El gobierno ha puesto como condición para la viabilidad de los proyectos mineros, que estas tengan “rentabilidad social”. Por lo tanto, si el proyecto Tía María cumple con los indicadores de rentabilidad social, pues debería recibir luz verde, ¿no es así? Solicitamos información a Southern sobre el tema y nuestra conclusión es que Tía María efectivamente cumple con los requisitos, es socialmente rentable.

Veamos. Según el ministerio de Energía y Minas, hay siete medidas de la rentabilidad social:

1) Dinamización de la economía;

2) Ingreso nacional, balanza fiscal y balanza de pagos;

3) Nivel y calidad de empleos y salarios;

4) Infraestructura local y nacional;

5) Tecnología;

6) Distribución del ingreso, estructura social;

7) Ecosistema y cultura.

De acuerdo a la información brindada por el proyecto, Tía María cumple ampliamente con esos criterios. En efecto, aun antes de comenzar su construcción, ha venido desarrollando un plan de desarrollo que abarca los ejes de salud, educación y mejora en las actividades productivas, lo que significa que viene cumpliendo con los criterios 1, 3, 5, 6 y 7 del concepto de Rentabilidad Social. Esto aun antes de haber entrado la fase de producción.

El proyecto ha desarrollado una filosofía de coparticipación, lo que significa que no es la solución para los problemas o carencias de la población, sino parte de la solución.

• A través del programa “Proyectos por Convocatoria”, por ejemplo, los pobladores presentan proyectos que buscan resolver algunos de sus problemas o mejorar su calidad de vida, ya sea en educación, infraestructura, salud, mejora ambiental, esparcimiento, entre otros.
• En esa línea, entre el 2017 y el 2019[1], la población presentó 277 iniciativas, siendo calificadas 96 de ellas por los líderes de la propia población.
• Sólo en el 2019 fueron calificados 50 de estos proyectos.
• A la fecha se ha desarrollado el 95% de los mismos con magníficos resultados, según Carlos Aranda, ejecutivo de Southern.  

Lo interesante es que estos proyectos ayudan a generar proveedores de la zona y transfieren tecnología (criterios 1 y 5).

Por otro lado, el proyecto desarrolló programas de trabajo temporal para paliar los estragos que la pandemia ocasionó a la economía local (criterios 1 y 6). Así, pobladores laboraron en acciones de limpieza en las calles de Mollendo, desinfección de instalaciones, apoyo a las autoridades de salud en la toma de muestras para detección de COVID-19 y –recientemente- en las campañas de vacunación promovidas por el gobierno nacional.

En recientes días, los medios de Arequipa resaltaron el avance en la construcción del nuevo hospital en el sector de Alto Inclán en Mollendo, así como el nuevo Centro de Salud del distrito de Cocachacra, ambos basados en expedientes técnicos financiados por Southern Perú (criterio 4). De esa manera, la población ya no tendrá que viajar entre 2 y 3 horas hasta la Ciudad Blanca para recibir la atención correspondiente.

El propio equipo de personas encargadas de implementar los programas y acciones del proyecto proviene de la provincia, con contadas excepciones.

La conclusión es clara: si Tía María ya cumple con los criterios de rentabilidad social aun antes de empezar a producir, ¿qué espera el gobierno para impulsar su desarrollo?

La negativa del gobierno, ¿es parte del sabotaje político contra la minería, iniciado en Cajamarca para frenar el desarrollo del Perú y la superación de la pobreza? Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Muy positiva la campaña que ha empezado Lampadia para demostrar con cifras y datos irrefutables los beneficios de la inversión privada y del libre mercado, que han impulsado como nunca antes el crecimiento de la economía y la disminución de la pobreza.

Ojalá que esta cruzada tenga continuidad en el tiempo.

Pero es necesario que sea complementada con un discurso político, que muchas veces los empresarios, por diversas razones, no pueden o no quieren enunciar.

Por ejemplo, para poner un caso paradigmático, el gas de Camisea, que hoy día todos aprovechamos y que nos parece lo más natural del mundo. Pero casi nadie recuerda ni conoce lo difícil que fue sacar adelante ese proyecto.

La empresa Shell, una de las más grandes e importantes del mundo, exploró en la selva y descubrió ese enorme yacimiento en la década de 1980, invirtiendo muchos millones de dólares con tal propósito. Y cuando estaba lista para explotarlo a fines de la década las izquierdas, que en aquel entonces tenían una muy importante representación parlamentaria –llegaron en segundo lugar en las elecciones de 1985- y fuerza política, desataron una feroz campaña contra la “explotación imperialista” del gas. El gobierno de Alan García, ya debilitado, cedió. Todo se paralizó y la Shell simplemente abandonó el proyecto y se fue del país.

Tuvieron que pasar 13 años para que, en el Gobierno de Alejandro Toledo, el 2001, gracias al empuje de los ministros Jaime Quijandría y Pedro Pablo Kuczynski, se retomara el proyecto. Se licitó y rápidamente se construyó la planta y el gasoducto para transportar el gas. Tres años después ya estaba funcionando. Gracias al gas de Camisea hubo energía abundante y barata para poder desarrollar el otro pilar del espectacular crecimiento de esos años, la minería.

Hoy día los peruanos disfrutamos del gas barato en nuestros hogares y vehículos, pero sobre todo tenemos electricidad a precios razonables, para la industria y para las familias. Todo eso a pesar de las izquierdas, que impidieron su desarrollo en 1988 y por fortuna no pudieron evitarlo el 2001.

Hoy día con el avance del populismo y las izquierdas ¿acaso el gobierno de Martín Vizcarra lo hubiera realizado? ¿Y Francisco Sagasti? Por supuesto que no.

Hay muchos otros ejemplos. ¿La población los conoce? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien se encarga de explicarlo?

No obstante, ellos difunden su propaganda engañosa y falsa persistentemente. Si no se les refuta todos los días, si no se explica paciente e incesantemente la verdad de los hechos, ellos avanzan, frenan el desarrollo del país y pueden llevarnos a una catástrofe de consecuencias aterradoras. De hecho, ya han causado un daño colosal bloqueando proyectos mineros como Conga y Tía María o atacando a las exitosas empresas agroindustriales.

Hay que detenerlos ahora. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Es increíble poder observar a nuestra impresentable “clase política”, cómo cada vez que se genera un conflicto en alguna población, apela a los eufemismos para ocultar la verdad, culpar a las empresas y convocar a “mesas de diálogo” o a “mesas de desarrollo”, para resolverlo.

Ya por años la Defensoría del Pueblo, lleva unas estadísticas, que reportan entre 180 y 190 conflictos a nivel nacional; a unos los llama “activos”, a otros los llama “latentes” y a los que se dan cerca de operaciones o proyectos mineros, les denomina “conflictos socio-ambientales”. Ahora que se presentan en lugares cercanos a operaciones agroexportadoras, ya no sabe cómo llamarlos y no se les ha ocurrido nada mejor que decir que son “conflictos laborales”. Es clarísimo que, astutamente, a quién apuntan es a responsabilizar a las empresas de cualquier conflicto real.

He aprendido a lo largo de mi vida y lo podemos leer en la historia, que quienes, siendo la autoridad formal, pero no son LIDERES auténticos, siempre e inequívocamente, culpan a cualquiera de sus propios errores, pero jamás asumirán sus responsabilidades y culpas. Ejemplo muy cercano es el de Vizcarra y la compra de vacunas, siendo capaz de culpar hasta al Congreso, pero no de asumir…

Otro tanto ocurre hoy, y ahora sí con el Congreso, que es incapaz de asumir responsabilidades por haber derogado la Ley de Promoción Agraria (LPA), sin tener un diagnóstico, sin identificar cuál es el problema en la ley, sin una propuesta sustitutoria y peor aún, sin haber analizado las consecuencias de lo que pretenden imponer. No, prefirieron, como siempre hacen, “a la bruta”, derogar o promulgar, sin analizar los efectos, leyes que generan caos y anomia, pero sin tomar conciencia de las consecuencias de sus acciones, que por ahora son varios muertos.

En efecto, el Congreso derogó hace un mes la LPA y ahora, a las carreras y contra reloj, promulgó “una nueva ley”, que en esencia decretaba un aumento de remuneraciones. Quedamos notificados; ya no se necesita negociaciones colectivas entre empleados y empleadores, menos un ministerio de trabajo, tampoco el Consejo Nacional del Trabajo, ahora el Congreso puede fijar remuneraciones por ley, por sectores y cuando se le antoje. Ya sabemos, el que puede lo más, puede lo menos…

Pero claro, lo dispuesto por esa ley NO toca el fondo de los problemas y la conflictividad del sector agrario continúa, por eso, el ejecutivo se ha visto obligado a enviar a una “Comisión Técnica” constituida por tres ministros y a la cual se incorpora el gobernador regional. A no dudarlo, el “hallazgo” fue que en Chao y Virú se detectan importantes brechas sociales, como se ven en Ica, Puno, Apurímac, Cajamarca, Loreto, Amazonas, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios y todas las regiones del Perú, pero ahí donde no se ha hecho visible alguna actividad económica exitosa, no se ha hecho presente la izquierda revoltosa, para generar el conflicto y la protesta.

¿Debemos entender acaso, que en los lugares donde no hay actividad económica exitosa, no hay brechas sociales? Qué ocurrencia, todo lo contrario, lo que pasa es que en esos lugares no hay un potencial rehén a la mano. El pueblo ya sabe, que el Estado y sus sucesivos “gobiernos”, han sido históricamente inexistentes, sino altamente corruptos. Que el Estado los ha tenido en un abandono histórico y que, sólo cuando una empresa puede generar una actividad económica exitosa, cuya paralización puede impactar la fuente de recursos fiscales del Estado, el gobierno se va a interesar y comenzará la ya conocida rutina de establecer una de las llamadas “mesas de dialogo” o “mesas de desarrollo”, que identificarán las brechas sociales y escribirá un ”Plan para el cierre de las brechas sociales de la localidad de …”, plan que sería aprobado en un plazo perentorio, y a ser ejecutado prontamente, quizá antes… y ahí empieza nuevamente “la mecedora, la mecedora…” del Estado para con los ciudadanos de menores recursos, pero cómo no, señalando a los empresarios por insensibles y por no ejecutar intensamente sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial.

Ese es el “momento glorioso” de los políticos de izquierda, los que más usufructúan de “las mieles del Estado” con sus contratitos y consultorías, con las que podemos llenar kilómetros de anaqueles, pero que no se ejecutan por incapacidad de la propia izquierda, enquistada por décadas en los sucesivos gobiernos. Estas consultoras de izquierda crean más trámites y permisos para, a su vez, tener más consultorías y fuentes de ingreso. Pero claro, ahí las ONGs y estos actores “no tienen conflicto de intereses”.  Ellos ciertamente, reclamarán insensibilidad de los empresarios, aunque jamás hayan creado valor, pagado una planilla y menos haber declarado y pagado impuesto a la renta.

Para concluir, hemos llegado al punto de haber tenido 24 agrupaciones candidateando a las elecciones de abril. En política nos hemos vuelto tan informales como en el mercado de Gamarra o en La Parada y si no nos ocupamos de remediar esto, no tendremos futuro.  Propongo que, luego de las elecciones, se impida la creación, dentro del Congreso, de bancadas más allá de aquellas que fueran elegidas al mismo. Nuestra obligación es crear bloques de consenso político, los planteamientos políticos no pueden tener más de seis variantes, el resto son matices que debemos llevarlos a dialogar y a alcanzar acuerdos de consenso. Si no empezamos por este punto fijo mínimo, nunca evolucionaremos políticamente. Lampadia

Para destrabar los proyectos mineros debemos rescatar los conceptos del ‘adelanto social’.

El MEF parece acercarse a la necesidad, pero no sabe cómo hacerlo.

MEF: Se agilizarán obras sociales en áreas aledañas a proyectos mineros

Priorizarán iniciativas para desarrollo de servicios básicos en áreas en torno a futuras minas, a través de PMO y como proyectos especiales de inversión pública.

El Gobierno buscará ejecutar en forma rápida una cartera priorizada de obras en servicios básicos a favor de las comunidades asentadas en torno a proyectos mineros, a medida que se identifiquen las posibilidades de ampliar esa actividad extractiva, según indicó el viceministro de Economía, Mario Arróspide.

En esa línea, Arróspide refirió que, una vez determinado el potencial minero (a destrabar), el Gobierno identificará en forma rápida los requerimientos de las comunidades, así como una cartera priorizada de proyectos que se puedan empaquetar (y ejecutar) con el uso de nuevas herramientas que se han aprobado para acelerar la inversión estatal.

Glosado de Gestión, 16 de setiembre de 2020

En Lampadia lo volvimos a plantear en detalle en junio del 2017. Ver propuesta:

Una gran idea que no entienden
El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’

La mejor idea del gobierno para facilitar las inversiones en minería está siendo malograda por el propio gobierno. El Ministerio de Energía y Minas está apurando desembolsos y ofrecimientos de apoyo económico bajo el paraguas del ‘adelanto social’, sin vinculación alguna con el desarrollo de  proyectos mineros específicos. Esto demuestra que el gobierno no ha entendido la naturaleza y la potencia del ‘adelanto social’.

Fuente:  andina.com.pe

Veamos por qué se configura la necesidad del adelanto social:

• Uno de los problemas de las inversiones mineras es que normalmente se dan en zonas alejadas, mayormente en la sierra, donde las actividades productivas son fundamentalmente de sobrevivencia, de muy baja productividad y donde se adolece de malos servicios del Estado o de la inexistencia de ellos.

• El desarrollo de un proyecto minero supone una inversión de alta tecnología y un gran impacto económico para el país y las zonas aledañas a los proyectos. Para que todos los beneficios de la inversión minera sean percibidos por la población adyacente tiene que pasar mucho tiempo, ya que hay que esperar que se haga toda la inversión y que, paulatinamente, se empiecen a producir utilidades con su consiguiente pago del impuesto a la renta, que finalmente llega a la gente mediante la utilización del canon minero que sirve para financiar infraestructuras sociales y económicas, como escuelas, centros de salud y caminos, así como programas de extensión productiva, algo que podemos llamar desarrollo social.

• Pero, para que se inicie la inversión minera, además de los procesos de pre-inversión (como las exploraciones), hay que desarrollar los estudios de factibilidad económica, de impactos sociales y ambientales, trámites legales y, muy importantemente, los procesos que llevan a recoger, canalizar y conseguir el apoyo de la población. Todo esto toma mucho tiempo y es difícil que la población pueda proyectarse en el futuro para medir las eventuales contribuciones de un proyecto a su calidad de vida. Máxime si, al mismo tiempo, tienen que superar los efectos de la manipulación política de los anti-mineros, que hacen todo lo posible para evitar las inversiones.  

¿Cómo se superan estas limitaciones de un buen ambiente pro-inversión?
¡Manya! – Con el ‘Adelanto Social’

Pero, para convertir el ‘adelanto social’ en un mecanismo positivo y no una caricatura inútil, como la que está dibujando el gobierno, hay que hacer una buena definición del concepto y aplicarla con rigurosidad. En Lampadia entendemos el ‘adelanto social’ de la siguiente manera:

Que en la zona de influencia de un proyecto minero, se desarrollen en paralelo la inversión minera y la inversión social.

Para ello hay que definir el siguiente proceso:

Proceso de desarrollo del ‘adelanto social’

• Evaluar las necesidades de desarrollo socio-económico de la zona del proyecto minero, una vez que tome cuerpo la posibilidad de una  inversión minera de cierta magnitud
• Mientras se hacen los estudios para la inversión minera, se deben desarrollar en paralelo los estudios de un eventual programa de ‘apoyo social’
• Una vez definida la viabilidad del proyecto minero,  tanto económica, ambiental y socialmente, el Estado puede proyectar la generación de canon del proyecto para la región, y delimitar los componentes del programa de ‘adelanto social’ que puedan financiarse con, digamos, un 20 a 30% del valor presente del flujo esperado de canon del proyecto
• Fijada la inversión minera definitiva, el Estado debe crear un fideicomiso como el vehículo que canalice el financiamiento del ‘adelanto social’
• El fideicomiso puede financiarse de múltiples formas y no debería representar una dificultad mayor
• El inicio de la inversión minera debería darse en paralelo con el desarrollo del programa social que se expresaría a través del ‘adelanto social’

Pero, probablemente, lo más importante del ‘adelanto social’ es que permite viabilizar el desarrollo integral de la zona de influencia del proyecto minero, con el aporte de la inversión privada y sus impactos directos e indirectos, y con el aporte de la inversión pública, vía el ‘adelanto social’.

Estas inversiones conjuntas determinan un incentivo muy importante para la evaluación de los proyectos mineros. Permiten que esta se haga con la mayor objetividad posible, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de que inversiones positivas para la región y el país, puedan ser rechazadas sin un buen análisis de pros y contras, dificultado por la manipulación política.

La idea es que el proceso de aprobación de la inversión minera, incluyendo las instancias de participación de la población de la zona, se haga en paralelo a la definición del programa de ‘adelanto social’.

En otras palabras, si la población rechaza la inversión minera, estaría rechazando al mismo tiempo el ‘adelanto social’. La llamada ‘licencia social’ implicaría la aprobación conjunta de la inversión minera y de la inversión del programa de ‘adelanto social’, o salen ambas, o se frustran ambas.

Una gran idea incluida en el programa de gobierno del Partido PPK, pero que su gobierno no ha sabido definir, ni llevar a cabo. Peor aún, está destruyendo el concepto y, quién sabe, su mejor estrategia para viabilizar la muy necesaria inversión minera.

Demandamos: una inmediata rectificación de las acciones equivocadas que hemos señalado, definir en detalle el mecanismo del ‘adelanto social’ (‘Que en la zona de influencia de un proyecto minero, se desarrollen, en paralelo, la inversión minera y la inversión social’), comunicarlo a la población y a los medios y ponerlo en marcha con coherencia y disciplina. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El Perú se empeña en incrementar la pobreza y en sacrificar parte importante de su población en aras de la ideología y la búsqueda del poder político.

Después de haber parado varios proyectos mineros y en plena crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, cuando más necesitamos prender motores de la economía y recuperar el crecimiento económico, ambos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, han dado increíbles muestras de irresponsabilidad recusando el fortalecimiento del sector minero.

Primero, el Ejecutivo, claudicó vergonzosamente ante el gobernador de Arequipa parando el desarrollo del proyecto de Tía María, y ahora, hace pocos días, eliminando la promoción del desarrollo minero en la presentación del primer ministro Martos ante el Congreso. Por su parte, el Legislativo, expresó con muchas declaraciones de los congresistas y con el voto en contra del gabinete Cateriano su rechazo al desarrollo minero.

Esto seguramente inhibirá al país de retomar la senda del crecimiento económico y reducir la pobreza que está pasando de 20 a 30% de la población como consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno para combatir la pandemia.

Con una caída del PBI del orden de 15 a 20% el 2020, necesitamos crecer a la mayor velocidad posible y recuperar, cuanto antes, el nivel de ingresos pre covid. Eso solo es posible promoviendo la inversión pública y privada, especialmente en proyectos de infraestructuras y, muy especialmente, en minería, por su gran impacto en el crecimiento, el encadenamiento con otros sectores y la generación de recursos fiscales. Máxime, si como en estos días las cotizaciones de los metales son tan favorables: el oro ronda los US$ 2,000 la onza, la plata US$ 24 la onza, el zinc US$ 2,400 la tonelada y el cobre US$ 3 la libra. Ver tabla de la evolución del precio del cobre durante los últimos seis meses:

Fuente: Financial Times

No nos olvidemos del consejo de Antonio Raimondi:

Ver en Lampadia: Aprovechemos nuestros recursos – Dad tregua a la política.

En el Perú estamos haciendo exactamente lo contrario, estamos privilegiando la política versus el desarrollo y la lucha contra la pobreza.

Durante los primeros años del siglo, hasta el inicio del gobierno nacionalista de Ollanta Humala, supimos aprovechar las oportunidades que el mundo global nos dio con el súper ciclo de los commodities y el incremento de la liquidez internacional. Así, pudimos bajar la pobreza de 60 a 20%, disminuir la desigualdad, crear una importante clase media, fortalecer las finanzas públicas y llevar la inversión el empleo y la mejora de los ingresos a las regiones.

Con qué autoridad moral, funcionarios del Estado como el presidente de la República y los congresistas, que están para buscar el bienestar general, pueden frenar las inversiones y condenar a millones de peruanos a una situación de postración.

No podemos desaprovechar las nuevas oportunidades que nos ofrece la economía global. No podemos dejar de crecer y bajar la pobreza, teniendo cómo hacerlo. Dejar de lado esta oportunidad es un crimen difícil de calificar. Lampadia

Ing. Víctor Gobitz
Para Lampadia

Si abordamos a nuestro sector minero desde el punto de vista macroeconómico, diríamos que aporta entre 12 y 14 % del PBI del país, aporta además entre 59 y 60% de las divisas, genera empleo directo a más de 200,000 personas y si consideramos su cadena de proveedores de bienes y servicios, es responsable de emplear a más de 1 millón de peruanos.

Otra manera de visualizar su relevancia es afirmando que, en la actualidad, a nivel global, el Perú es el segundo productor de cobre, zinc y plata; y es además importante productor de oro, plomo, molibdeno, estaño y hierro.

Esta posición de liderazgo mundial se ha logrado mediante la inversión privada de capitales peruanos, pero también de capitales provenientes de: Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Australia, Suiza, Reino Unido, España, Sudáfrica, México, Brasil, Canadá y Chile.

Somos además una industria descentralizada porque nuestras operaciones y proyectos están, por lo general, en zonas alto andinas.

¿Cómo estábamos cuando arribó el virus?

Siendo una industria con larga tradición y estándares internacionales, contamos con sistemas de gestión de seguridad industrial, salud ocupacional y cuidado ambiental; además operamos en lugares remotos y espacios aislados, con personal que ingresa a trabajar de manera rotatoria y que permanece en un campamento minero.

A este sistema de trabajo ordenado, disciplinado y con diversos protocolos se le han añadido criterios sanitarios para minimizar el contagio de manera sistemática.

¿Cómo estamos reiniciando operaciones?

El grueso de las empresas mineras mantuvo actividades esenciales, es decir un número mínimo de trabajadores para asegurar la operatividad de las minas luego que se supere esta crisis sanitaria.

Por ello, a lo largo de más de 70 días hemos adquirido un importante conocimiento empírico, lo cual nos ha permitido establecer un protocolo sanitario que ahora es parte de nuestro sistema de gestión y que apunta a minimizar el riesgo de contagio.

Respecto al plan de reactivación, mantenemos un punto de vista distinto al establecido por el Gobierno Central, quien ha definido que la industria minera se reactive por fases; en fase 1 la gran minería (producción mayor a 5,000 tpd), en fase 2 la mediana minería (producción entre 350 y 5,000 tpd), en fase 3 la pequeña minería (producción entre 25 y 350 tpd) y en fase 4 la minería artesanal (menor a 25 tpd).

Siendo entendible la secuencia de reinicio, la periodicidad mensual de cada fase no ha tomado en consideración los sistemas de gestión pre existentes en nuestra industria, el conocimiento adquirido en los últimos 70 días atendiendo actividades críticas, la menor robustez financiera de las empresas mineras de menor capacidad de producción y, por último, la urgencia económica del país. La periodicidad de reinicio bien pudo ser quincenal y parecería que esperar hasta julio para el reinicio de la pequeña minería y hasta agosto para la minería artesanal, carece de sustento pragmático; porque tenderá a reiniciarse antes de esas fechas y probablemente sin haber establecido antes un protocolo sanitario consensuado.

¿El plan de reactivación de operaciones mineras será suficiente?

Definitivamente no será suficiente porque estamos ante una recesión mundial, que significa menores precios internacionales para nuestra oferta de metales industriales (cobre, zinc, plomo, estaño, molibdeno y hierro); y a su vez una gran disminución de la demanda interna.

Todo lo cual implica proyectar un PBI para el año 2020, con una reducción de entre 15 y 20%, respecto al año 2019. Esto, en términos prácticos supone un incremento un sustancial del desempleo y por ende un crecimiento de los índices de pobreza.

Por ello, nuestro país, además del Comando que atiende la crisis sanitaria y del Comando que atiende la reactivación económica, requiere una suerte de “Zar de las Inversiones”, de manera tal que articule y agilice las inversiones públicas que serán realizables ante un déficit fiscal creciente y que a su vez articule todos los proyectos de inversión privada que sean factibles realizar.

En este sentido, retornando al sector minero debemos destacar que la demanda de metales preciosos (oro y plata) ha mantenido dinamismo por su atributo de refugio y el precio del cobre ha mostrado una ligera recuperación por la reactivación de las economías asiáticas.

En medio de esta pandemia, felizmente nuestra economía no depende de combustibles fósiles; y por tanto deberíamos colocar dentro la agenda del “Zar de las Inversiones”, la continuidad de los proyectos mineros en construcción como Quellaveco, Mina Justa y la expansión de Toromocho; la promoción de las Exploraciones Mineras, que tienen mínimo impacto ambiental y resultan imprescindibles para asegurar los planes de largo plazo de esta industria estratégica para el país; y generar los consensos para incorporar en la cartera de proyectos a: Tía María, Corani, Rio Blanco, Tambogrande, Quillish, Conga, entre otros. Lampadia

Álvaro Díaz Castro
Abogado en Derecho de la Empresa y Minero
Para Lampadia

“A veces no es cuestión de tener ideas nuevas, sino de dejar de tener ideas antiguas” Edwin H. Land

Hay consenso en el sentido que la exploración minera formal tiene importancia gravitante para asegurar el crecimiento del sector y del país, a la par que se van consolidando los sectores industriales, de servicios, turísticos, agrarios, innovación y pesqueros. De igual forma, estamos de acuerdo con que todas las actividades productivas y de servicios deben ser social y ambientalmente responsables. También se sabe que “de cada 1000 depósitos con presencia de mineral, 100 se convierten en prospecto minero, 10 se convierten en proyectos mineros y uno se convierte en mina” (Ing. Henry Luna C. -hoy Presidente de INGEMMET- – Lampadia 25 de mayo 2015). Son, sin la menor duda, emprendimientos de altísimo riesgo de inversión.

Si se halló ese uno en mil, lograr poner en operación una mina tiene su propia historia que requeriría no otro artículo sino algunos libros, para explicar los cientos de permisos requeridos para ello.

Volvamos a la exploración minera formal; es una labor de alto riesgo, costosa, temporal y bajo impacto ambiental y social, muy localizada (poca área) y controlada. No utiliza ni genera extraños reactivos o materiales peligrosos, excepto algunos comunes como combustible o bentonita (especie de cemento sellador).  Emplea equipos de perforación, palas, picos, depósitos impermeabilizados, camionetas, carpas y cocinitas portátiles. Claro que esto, más la mano de obra, permisos y logística, demanda algunos millones de dólares en inversión por cada exploración.

Y cuesta más porque, aun cuando es de mínimo impacto ambiental y de bajo riesgo en términos de seguridad, los gobiernos (en especial el del anterior quinquenio) han venido imponiendo trámites y requisitos complicados, además de plazos reales interminables para cada paso administrativo, solicitando también opiniones de aquí, de allá y de más allá, en una vorágine de desconcierto total. Por ejemplo, en alguno de esos momentos, querían que se presente una constancia de Registros Públicos, sin reparar que esta entidad no estaba facultada para emitirla (pero alguien pensó que era buena idea). Se tuvo que convencer a Registros Públicos para que diera algún tipo de certificación para satisfacer al burócrata que hacía tal requerimiento impulsado por “consultores-tramitólogos” o algún promotor del empleo en tramitomanía.

La realidad es la que señala Miguel Cardozo – CEO de Altura Minerals “Usted no puede pedir que un inversionista venga aquí y tenga que pasarse dos años para obtener un permiso y perforar…”; agrega Eugenio Ferrari presidente de la pasada proEXPLO “Hubo una secuencia de cambios y contracambios que se dieron en los últimos 10 años, que lamentablemente no ayudaron a que la exploración se dinamice…” (diario Gestión del 31 de mayo 2017).

Pero, si se logra iniciar la labor de exploración es necesario buscar un equivalente al libro de álgebra de Baldor frente a problemas antitécnicos o imprecisiones que aparecerán. No hay tablita de respuestas correctas al final del libro. Solo queda el persignarse y contar con ingenieros, abogados y técnicos que ayuden a salir de este” leguleyesco” laberinto: “nosotros hemos sentido que la legislación de exploraciones no ha tenido relación con la realidad de las exploraciones…. La regulación actual es muy inflexible, muy restrictiva y toma mucho tiempo” declaró Luis Marchese – presidente de la SNMPE.

Pongamos un ejemplo de la extraña forma de promocionar las inversiones en exploraciones: el Impuesto General a las Ventas (IGV) tiene la característica de que se aplica con el “efecto cascada”; es decir, uno paga el IGV al proveedor de bienes o servicios (a quien se le compra algo); este IGV pagado es un crédito fiscal a deducirse del IGV que a la empresa le paguen por los bienes que venda (la fórmula sería: IGV cobrado en la venta menos IGV pagado en las compras). Resulta, sin embargo, que en exploraciones sólo se compra y nada se vende.   Recién se venderá cuando el yacimiento se construya como mina y opere; recordemos, será sólo un caso de cada cien proyectos de exploración.

En todos los casos existe un crédito fiscal (dinero inmovilizado) que no se puede usar.   Para ello, se habilitó la devolución definitiva del IGV. Más que un beneficio es una equidad tributaria. 

El único tema es que para poder aplicar a la aprobación de dicha devolución uno debe tener el estudio de factibilidad de la exploración hecho y presentarlo, pero no podrá hacer valer ninguna compra efectuada para el proyecto de exploración hasta que no se apruebe el contrato de inversión correspondiente (por el cual autorizan la devolución definitiva del IGV). Este trámite dura algunos meses, tiempo en el cual es muy probable que el proyecto se ejecutó y cerró (recordemos que los proyectos de exploración son temporales). Por tanto, carece de objeto tener el contrato de inversión aprobado a destiempo. Cierto es que permiten se traslade a otra fase del proyecto y otro proyecto, pero quién sabe si habrá otra fase o proyecto, lo que no habrá es recuperación del IGV.  

Tal supuesta facilidad, que no es sino un acto de trato justo con el IGV, no resulta tan eficiente como se indica en los manuales para atraer la inversión minera al Perú.

Pero con todas sus deficiencias, ahora, tampoco existe. La comisión de economía del Congreso, haciendo gala de las mejores prácticas taurómaticas “chichuelinas” y “verónicas”, dice que ha concluido la posibilidad de este régimen de devolución del IGV, porque ningún ministerio lo sustentó como ellos desean, pese a tener clara conciencia de la importancia y trascendencia del tema, simplemente no saben / no opinan y dejan que, aunque hago daño al futuro del país, allí termina la vigencia de la norma. Actualmente se está tratando de revivir la norma, pero nadie puede ver con claridad el futuro de tal paciente.

Por supuesto, en el corto plazo, la larga fila de proveedores y trabajadores formales vinculados a las exploraciones serán directamente afectados con la muy probable reducción de estos proyectos. En el mediano y largo plazo, no habrá más proyectos nuevos que impulsen la economía formal peruana.

Nuestro vecino del norte, Ecuador, se ha puesto como objetivo más que duplicar la actividad minera al 2021, para ello lo primero que ha determinado, entre otras medidas, es la devolución del IGV.  Chile ha proyectado que recibirán inversiones mineras por más de 65 mil millones de dólares.

Recordemos que, al 2011, sólo el 0.28% del territorio peruano se había explorado y sólo se había explotado 0.82% de las reservas minerales, es decir, los rangos de producción son mínimos (Guía de negocios e inversión en el Perú 2014/2015 – Ministerio de Relaciones Exteriores/EY/Proinversión – pág.71), y lo más probable es que con las políticas y normativa existentes no cambié mucho el panorama.

Sin embargo, el crecimiento del PBI peruano en los últimos 20 años ha sido el mayor de América Latina con un 151.1% y con una de las más bajas inflaciones (Paulo Pantigoso – El Comercio 01 diciembre 2018). La actividad minera es la que explica gran parte de estos buenos 20 años y puede sustentar muchos años más si se dejara de trabarla. En realidad, en Perú, nunca ha habido un “boom minero”, de haberlo habido estaríamos produciendo y exportando no menos que Chile que nos duplica, por ejemplo, en exportación de cobre.

Siempre me ha dejado esa sensación de que la ubicación a media tabla de Perú en el Índice Fraser (que mide la competitividad de los países/estados mineros en el mundo) es el resultado del discurso de un Estado, gobierno tras gobierno, diciendo “sí; pero no”. Lampadia

A continuación, compartimos un reciente artículo publicado por The Economist en el que se analiza el impacto económico que tiene y sigue teniendo la propagación del coronavirus en China, a través de diversas variables de la industria manufacturera, en la que el gigante asiático ostenta una ventaja comparativa con respecto a varios países en los mercados internacionales.

De estas reflexiones se puede visualizar cómo China, a pesar del embate de la mencionada pandemia y en parte gracias a una reestructuración de su estrategia de salud pública para combatirla, ha ido reabriendo sus fábricas de a poco, pero con visos a futuro aún inciertos dadas las tasas de crecimiento económico trimestrales proyectadas para los próximos meses, situadas en niveles mínimos históricos.

Este sentimiento de incertidumbre además se alimenta del estado de varios países que aún se encuentran en plena formulación de políticas públicas, sin planes concretos, para hacer frente a este inesperado virus (ver Lampadia: La batalla mundial contra el coronavirus) y cuya demanda innegablemente afectarán el performance de China de cara a sus principales mercados de exportación.

Consideramos que estas advertencias de ninguna manera pueden ser ignoradas por nuestras autoridades fiscales y monetarias, siendo China nuestro principal socio comercial. Urge diseñar un plan de reactivación económica que permita paliar la caída futura de nuestras exportaciones hacia este país, que ya se ha venido reflejando el año pasado con la guerra comercial EEUU-China, pero que, con la mencionada pandemia, podría desestabilizar aún más nuestro ciclo de crecimiento.

Al respecto la reactivación de los grandes proyectos mineros, que permitan mitigar estas caídas en los términos de intercambio, e impulsar los arraigados a la infraestructura productiva debería constituir nuestro principal frente a acometer en los próximos meses para mover la inversión y exhibir tasas de crecimiento mayores. Lampadia

Covid-19 y la economía de China
Con la desaceleración de su epidemia, China intenta volver a trabajar

Los funcionarios cambian su enfoque a revivir el crecimiento. Pero eso no es fácil

The Economist
27 de febrero, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Si China es la fábrica del mundo, Yiwu International Trade City es su sala de exposición. Es el mercado mayorista más grande del mundo, lo suficientemente espacioso como para albergar 770 campos de fútbol, con puestos que venden de todo, desde carteras de cuero hasta silenciadores para motocicletas. El 24 de febrero, como es costumbre para su reapertura después del año nuevo lunar, los artistas sostuvieron largos dragones de tela en los postes y bailaron al ritmo de los tambores, con la esperanza de traer fortuna a los 200,000 comerciantes y compradores que normalmente abarrotan el mercado cada día. Pero estos no son tiempos normales. La reapertura se retrasó dos semanas debido al virus covid-19, la multitud era escasa y los bailarines de dragones, como todos los demás, se pusieron máscaras blancas para protegerse. Terminada la ceremonia, comenzaron los negocios. Todos los que ingresaron al mercado tuvieron que pasar controles de salud y se les dijo que permanecieran en silencio durante las pausas para comer, para que no transmitieran gérmenes al hablar.

El reinicio silencioso del mercado de Yiwu se parece al de la economía china en general. El gobierno ha decidido que la epidemia está bajo control hasta el punto de que gran parte del país puede volver a trabajar. Eso está lejos de ser simple. Más de 100 millones de trabajadores migrantes permanecen en sus pueblos de origen, y los funcionarios están tratando de transportarlos a las fábricas y tiendas que los necesitan. Yiwu ha alquilado trenes y autobuses para traer trabajadores de todo el país. También quiere atraer a compradores de todo el mundo: se ha ofrecido a pagar sus vuelos y alojamiento si llegan antes del 29 de febrero.

El mercado se está ocupando poco a poco. Pero los comerciantes tienen un gran desafío en el cumplimiento de los pedidos. Wang Meixiao, que vende joyas de plástico, dice que sus fábricas aún no tienen suficientes trabajadores para operar. Muchos no están dispuestos a recorrer el país solo para soportar cuarentenas de 14 días en sus destinos. “Les digo a mis clientes que solo tienen que esperar un par de semanas más, pero eso es una suposición”, dice ella.

Desde el brote del virus, economistas e inversores han tratado de comprender los conceptos básicos de la epidemiología, analizando cuestiones como el posible período de incubación de la enfermedad. Recientemente, han regresado a un terreno más familiar, siguiendo el estado de la economía. Para evaluar si la producción se reanuda, los economistas han estado examinando una serie de cifras diarias, que incluyen el consumo de carbón, la congestión del tráfico y las ventas de propiedades. Todos han comenzado a aumentar, pero permanecen muy por debajo de los niveles saludables. Un indicador ha sido mucho más optimista, de manera poco realista. La bolsa de valores de China cayó más de un 10% después de que el coronavirus se extendió a fines de enero, pero desde entonces ha recuperado ese terreno, en parte por la creencia de que el gobierno desatará un gran estímulo para impulsar el crecimiento. Hasta ahora, sin embargo, solo ha ofrecido apoyo específico: extensiones de préstamos, recortes de impuestos y alquileres subsidiados.

Sin embargo, China sin duda ha cambiado su enfoque, como se subrayó el 23 de febrero cuando el presidente Xi Jinping habló por teleconferencia a 170,000 cuadros en todo el país. En áreas donde el virus ya no es un gran peligro, es hora de que las compañías reanuden sus operaciones, dijo. Entonces, junto con informar el número de nuevas infecciones todos los días, los funcionarios ahora informan sobre el número de negocios reabiertos. La provincia de Zhejiang, un centro de fabricación y hogar de Yiwu, lidera el país, con el 90% de sus grandes empresas industriales que se han reiniciado. Pero muchos de estos funcionan a baja capacidad. “El gobierno, las empresas, los trabajadores, todos están haciendo una apuesta para reiniciar”, dice Jason Wang, ejecutivo de una empresa que vende abrigos de invierno.

Al igual que los gerentes de fábricas en todo el país, Wang está tomando precauciones. Los trabajadores tienen sus temperaturas monitoreadas durante todo el día. Están obligados a mantener asientos vacíos entre ellos en la cantina. Dentro de la fábrica, siempre deben usar máscaras. Pero la presión es intensa. El gobierno ha dicho a las compañías que si alguno de sus trabajadores se infecta, puede verse obligada a cerrar.

En general, muchos analistas piensan que las empresas de China volverán a su capacidad total a fines de marzo. Los economistas de los grandes bancos pronostican que esta reanudación podría permitir que el crecimiento del primer trimestre alcance aproximadamente el 4%, año tras año. Ese sería el más débil desde que comenzaron los registros trimestrales, pero cualquier cosa por encima de cero inevitablemente generará dudas sobre la credibilidad de los datos. Los riesgos también están cambiando a medida que el virus afecta a otros países. China ahora enfrenta la posibilidad de una demanda mundial mucho más débil y el peligro de que la epidemia, controlada dentro de sus fronteras, vuelva a entrar desde el extranjero.

Incluso si el mundo puede frenar la propagación del virus, Yiwu es testimonio de algunas de las formas en que las personas sentirán sus efectos económicos en todas partes. Agnes Taiwo, una empresaria de Lagos, llegó a China justo cuando el gobierno comenzó su lucha contra la epidemia. Ella esperaba hacer una compra a granel de zapatos para niños y regresar a Nigeria a principios de febrero. Casi un mes después, no ha podido completar su pedido. Y su regreso a Nigeria ha sido complicado porque EgyptAir, la aerolínea en la que viajó, ha cancelado todos los vuelos a China. “Esto es serio”, dice ella. Es un sentimiento que muchos otros en todo el mundo están comenzando a compartir. Lampadia

Guillermo Vidalón
9 de setiembre de 2019

Miente quien afirma que el proyecto minero Tía María está en el valle de Tambo. Tía María no está en el valle. El proyecto consta de dos yacimientos, La Tapada y Tía María, que le da el nombre; el primero está a tres kilómetros (km) de distancia y el segundo a siete km, ambos depósitos de mineral serán empleados como canteras; es decir, se extraerá la roca para ser chancada y procesada a 11 km de distancia del valle.

En Lima, hay operaciones mineras a menor distancia, junto a los valles de Mala y Huaral, ambos productores frutícolas que abastecen a la ciudad de Lima e inclusive exportan a mercados de consumidores muy exigentes. ¿Se presenta algún problema? No. ¿Cuál es la clave? La administración adecuada de una operación minera.

Miente o mal informa quien dice que la reputación de la minera que opera el proyecto Tía María no es de las mejores. ¿Por qué miente? Porque sabe que cuando inició sus operaciones minero metalúrgicas en Toquepala e Ilo, en 1960, la tecnología y las prácticas mineras eran otras en el Perú y el mundo. Pretender equiparar el avance tecnológico de 60 años atrás con el actual, afirmando que se obtendrá similares resultados es mentir; o en el mejor de los casos, desinformar.

No obstante, el tan comentado resultado adverso termina diluyéndose si se analiza los resultados sociales y económicos de las regiones Moquegua y Tacna, donde opera la titular de Tía María. Dichas regiones son las de mayor desarrollo relativo en el país, lo que se refleja en una mayor esperanza de vida, mejor logro educativo.

Por ejemplo, sus estudiantes de 4to. grado de primaria han seguido avanzando, en Tacna suben 7.1 puntos porcentuales (pp) y en Moquegua 5.2 pp [pese al retroceso nacional de los resultados alcanzados en las pruebas de Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) y la Evaluación Muestral de Estudiantes (EM) en el 2018] mayor ingreso per cápita, menores índices de pobreza y desnutrición crónica infantil, este conjunto de variables se refleja en mejor calidad de vida. Lo que quiere decir, empero la tecnología de fines de la década de 1950, que los resultados del período son superiores y ventajosos para todos. También, es obvio que la tecnología del 2019 y las subsiguientes serán mejores que las anteriores, por lo que resulta injusto vincular a Tía María con el pasado.

Miente quien dice que existen 138 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El EIA vigente es el segundo que se presentó, el cual absolvió todas las observaciones del primer EIA. Al respecto, las observaciones fueron formuladas por la UNOPS para que el proyecto las incorpore y salga adelante. Nunca propuso detener el proyecto.

Miente quien dice que Tía María destruirá el Valle de Tambo por las partículas en suspensión. El polvo no alcanzará al valle porque la altura máxima que alcanzará el polvo será de 100 metros y el tajo tendrá 125 metros de profundidad cuando se alcance el área mineralizada. Además, los vientos en la zona soplan del suroeste al noreste y el Valle de Tambo está ubicado al sur de Tía María, el punto más cercano del proyecto dista tres km.

Miente quien dice que Tía María empleará agua del Valle de Tambo. El proyecto minero captará agua de mar por medio de una tubería de 450 metros de longitud, sumergida a 15 metros de profundidad. Ni la tubería ni la planta de desalinización podrán apreciarse desde la playa.

¿Por qué y para qué mienten? Primero, porque los opositores al desarrollo del proyecto Tía María saben que, en pocos años, el Valle de Tambo y la provincia de Islay alcanzarán un alto grado de desarrollo; por lo tanto, reducción de la pobreza, incremento de la producción del valle, bienestar, nuevos emprendimientos y menores electores para quienes viven del negocio de la pobreza. Además, porque son conscientes que se emprenderá un vasto programa de inversiones públicas y privadas que servirá de modelo para que otros proyectos mineros se concreten. Eso es lo que temen.

Segundo, porque el desarrollo socio productivo les hace perder vigencia. El apotegma leninista de “agudizar las contradicciones para la revolución” se diluye, por eso la confluencia y coordinación en contra del proyecto, desde los preocupados legítimamente y buscan mayor información, hasta quienes manipulan en función de intereses particulares que disfrazan bajan el argumento de “lo popular”, “la defensa del valle”, “el pueblo se autoconvoca” (esta última afirmación busca evadir la responsabilidad de quienes resultan ser los instigadores de la violencia, del daño a la propiedad pública y privada), cuando en realidad se trata del mismo grupo de personas, quienes son movilizadas de un lugar a otro -en camiones y sin ninguna medida de seguridad- para posicionar un piquete que obstaculice una vía y termine cobrando un cupo, o marchen por alguna calle o avenida “pidiendo colaboración” para la causa.

Existe una gran diferencia entre mentir y decir la verdad, como también existe una gran diferencia entre pedir una colaboración y extorsionar. El pueblo del valle de Tambo, así como de la provincia de Islay, son pacíficos, sinceros y trabajadores, por eso respaldan que se genere otra fuente de trabajo, en este caso en el desierto. Lampadia

Presentación

“Análisis Estratégico del Conflicto Tía María” es un libro oportuno. Sirve para entender a los conflictos sociales que se desarrollaron en el Valle de Tambo desde el 2009 hasta hoy, y presenta un marco de interpretación del origen de los conflictos, y del accionar de los actores involucrados la conflictividad, de cómo actúan, sus objetivos y la interacción entre los mismos.

Para analizar Tía María, los autores parten marco analítico derivado de un estudio previo de varios conflictos mineros ocurridos en América Latina en las dos últimas décadas: Pascua Lama, Río Blanco, Esquel, Colombia, Costa Rica, etc. El propósito de ese estudio ha sido entender la lógica que guía los promotores de los conflictos e identificar qué determina los desenlaces de ellos, es decir, cómo hacen los grupos anti-mineros para bloquear los proyectos extractivos.

La oposición que se desarrolla a los proyectos mineros es vista como parte de conflictos políticos prolongados en el cual los opositores a la minería buscan erosionar la reputación de quienes pueden afectar dicha actividad. Sea el ejecutivo, el congreso, el poder judicial o la empresa minera. Es una lucha por producir daño reputacional, por erosionar la confianza de la sociedad en dicha actividad, o en un proyecto especifico y desprestigiar a todos aquellos que defiendan a la actividad minera.

Los autores explican como los temores hacia la minería son exacerbados para inducir a la población a creer que están frente a una amenaza a gran escala y que es un imperativo vital movilizarse para defender su forma de vida tradicional y salud de su entorno. Una vez generados los conflictos, éstos son utilizados para forzar a los poderes del estado y la empresa a enfrentar el dilema de apoyar el proyecto o abandonarlo.

En el caso de Tía María, los promotores del conflicto buscan generar costos políticos al actual gobierno para que éste, por la necesidad de proteger su popularidad, termine renunciando a brindar el marco institucional necesario para darle viabilidad al proyecto.

El texto ofrece a sus lectores un estudio realista de la problemática social y política de la minería moderna, y de los desafíos que deben enfrentar para hacer que dicha actividad pueda dinamizar de la economía peruana y abrir las puertas del progreso a la población. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Sin duda el año 2018 ha sido un año sumamente agitado en lo político lo que ha generado altos niveles de incertidumbre. El sector minero no es ajeno a las implicancias sociales y políticas de estas incertidumbres.  Por ello se justifica analizar qué perspectivas se abren a la minería este año y qué impactos los diversos actores políticos podrían tener sobre el sector.

El Poder Ejecutivo:

El presidente de la República sale de los conflictos políticos del 2018 sumamente fortalecido. Un referéndum que legitimó su mandato, una prensa hegemónicamente favorable, un congreso en jaque frente a las acciones judiciales y amenazas de cierre, la principal líder opositora en la cárcel y un Poder Judicial que va a entrar en un proceso de reformas a ser digitado en función a las propuestas del Ejecutivo. Sin duda esto implica una fuerte acumulación de capital político e institucional en la figura del presidente. Ello implica que el presidente dispone de “profundidad estratégica” en caso él decida utilizar su fuerza política para impulsar proyectos mineros que enfrenten resistencia social. Un presidente con baja aprobación difícilmente estará dispuesto a arriesgar una parte del poco capital político del que dispone en apoyar un proyecto minero, lo opuesto ocurre en el caso de Vizcarra el cual puede arriesgar parte de su capital político con consecuencias que no le serán críticas.

Por otro lado, si bien el presidente ha construido una poderosa coalición que sostiene su alta popularidad esta coalición no se encuentra cohesionada de manera sólida con el presidente sino más bien por la existencia de enemigos comunes y el deseo de acceso a recursos públicos.

El presidente no se sostiene en un aparato partidario, un alineamiento ideológico o un liderazgo político carismático. Más bien, el presidente tiene como pilar de su capital político a un conjunto de actores (como la prensa, ONGs, gobernadores regionales, una izquierda no hostil, sectores de la judicatura) que no le responden jerárquicamente. Por ello un conflicto social prolongado implica para el presidente el incurrir en el riesgo de que parte su coalición actual, en especial la ideológicamente más a la izquierda, pase a la oposición en caso el presidente polarice contra una resistencia social sistemática.

En el caso del Ollanta Humala el conflicto Conga llevó a la pérdida de múltiples aliados, a la caída de dos Primeros Ministros y a una amplia caída en la aprobación presidencial. Para un presidente sin bancada y sin partido, como Vizcarra, participar en un conflicto a gran escala podría implicar correr un alto riesgo político.

En caso se de un escenario de nuevas elecciones congresales ello disminuiría la disposición del ejecutivo a asumir costos políticos por apoyar a la minería. Ello sería así por que el gobierno requeriría de salvaguardar al máximo su aprobación popular con el fin de obtener un parlamento con una composición favorable. Un conflicto social a larga escala implicaría posibles pérdidas de aprobación presidencial y alienarse regiones enteras contra el gobierno central, esto es un fuerte desincentivo a que un gobierno apoye un proyecto minero con alta resistencia social.

Los Gobiernos Regionales y las Alcaldías:

Las elecciones de octubre y diciembre del 2019 llevaron a la victoria de múltiples autoridades con discursos hostiles a la inversión privada y a la inversión minera en particular, lo cual es sin duda un factor de riesgo relevante para las empresas mineras. Los gobiernos regionales y los alcaldes disponen de recursos económicos, comunicacionales y de representatividad política que pueden ser desplegadas en acciones hostiles al sector extractivo. En algunas regiones mineras las nuevas autoridades electas afectan de manera clara la correlación de fuerzas en favor de los anti-mineros.

Las victorias electorales de Zenón Cueva en Moquegua, Walter Aduviri en Puno, Elmer Cáceres en Arequipa, y Vladimir Cerrón en Junín implican el ascenso de gobernadores regionales que han incorporado en mayor o menor grado el discurso anti-minero dentro de su proyecto político. El nivel de hostilidad que manifiesten hacia el sector minero se verá influenciado por el sistema de incentivos políticos y económicos que se deriven de su accionar. Las posturas del Gobierno Nacional respecto a la minería influenciarán en forma significativa ese sistema de incentivos.

Aquellos gobernadores regionales que tengan intenciones presidenciales se verán inclinados a asumir una actitud más hostil hacia la minería puesto que la confrontación anti-minera y frente al gobierno central resultan mecanismos útiles de posicionamiento político a escala nacional y facilitan la formación de un liderazgo de tipo “contestatario” lo que puede resultar crítico si se desea ser un candidato presidencial dentro del espacio político antisistema.

El tratamiento que reciba un gobernador por parte de la prensa nacional también resulta importante, mientras mayor y más afín la cobertura de un gobernador conflictivo, este considerara que su conducta le genera el posicionamiento deseado.

En este contexto la conducta del gobierno central hacia los gobernadores regionales resulta ser sumamente importante, puesto que, si el gobierno central prioriza su alianza política con los gobiernos regionales por encima del impulso a la inversión privada, no se daría ningún grado de condicionalidad del acceso de recursos de los gobiernos regionales independientemente de si los mismos se encuentran destinados a facilitar o a hostilizar a la inversión minera, bajo estas condiciones el gobierno central renunciaría a infringir costos al activismo anti-minero apoyado con fondos públicos.

Sin embargo, la posición radical por sí misma no es suficiente para darle relevancia nacional a un gobernador regional. Vladimir Cerrón ha sido Presidente Regional de Junín en el pasado, su postura de extrema izquierda filo-castrista no le brindó un resultado electoral favorable cuando fue candidato a la presidencia y tuvo que retirarse de las elecciones del 2016 puesto que se mostró inviable mantener la inscripción electoral. Diferente fue el caso de Gregorio Santos quien desde la prisión consiguió más de un 4% a pesar de estar en la cárcel y mínimos recursos de campaña. La diferencia entre ambos casos se encuentra en que el primero no operó en una región con un movimiento social contestatario fuerte mientras que el segundo si. Un gobernador regional radical puede fortalecer y apoyar un movimiento social conflictivo y capitalizar políticamente sobre el mismo. Pero por otro lado un gobernador regional inclusive, si es radical, no puede generar un movimiento social hostil a pesar de los claros retornos políticos que esto le tendría. El caso reciente de Cajamarca lo ilustra. Gregorio Santos no logró reactivar el movimiento anti-minero que lo llevó al poder y su candidato (Porfirio) se quedó en el tercer lugar en las elecciones regionales.

El Congreso de la República:

El congreso está pasando por un proceso de reconfiguración de las bancadas producto de la crisis de Fuerza Popular. Se está pasando de un patrón de bloque dominante a uno disperso en el que se tendrá un congreso con diversas facciones en alianzas coyunturales para la aprobación de legislación que sea de su interés. Esto representa un incremento en la capacidad de grupos congresales hostiles a la minería para avanzar su agenda ideológica. Ello sería así porque la necesidad de formar mayorías coyunturales implicaría llegar a acuerdos con los partidos anti-mineros (Como el Frente Amplio). Esos partidos podrán entonces negociar sus votos con otras fuerzas a cambio de la aprobación de leyes que forman parte de su proyecto de largo plazo.

El caso de la aprobación de la Ley de Cabeceras de Cuenca o el Acuerdo de Escazu nos señala la forma clara como, aún con una fracción del congreso, agrupaciones ideologizadas minoritarias pueden avanzar su agenda en un congreso en el que los sectores pro inversión son mayoría. Ello ocurre porque los sectores pro-inversión no dedican la misma importancia a esos temas y están dispuestos a facilitar el avance de la agenda anti-minera a cambio de votos útiles en las disputas de poder al interior del congreso. En un congreso atomizado como el que se viene las ocasiones para que se den negociaciones negativas se incrementan notablemente.

Por otro lado, la dinámica política actual implica un incremento notable en la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, por lo que posibles esfuerzos del Ejecutivo por impedir la emisión de esta clase de leyes podrían ser más efectivas.

La Judicatura:

El Poder Judicial afecta el desarrollo de la minería en la medida de que sea un garante de sus derechos de propiedad y castigue las acciones de violencia ligadas a la conflictividad social. En esa medida las acciones del Poder Judicial han mostrado severas deficiencias a lo largo de los años dándose una intensa impunidad para quienes han impulsado acciones violentas al interior de movilizaciones de protesta.

Además, los futuros cambios en el Poder Judicial posiblemente demorarán los procesos judiciales puesto que los magistrados necesitan tener más en claro las consecuencias de sus fallos sobre sus carreras en un Poder Judicial con una jerarquía renovada.

Conclusiones

El rol del Ejecutivo es crítico puesto que tiene capital político para invertir en el apoyo al sector minero tanto frente a conflictos sociales como frente al parlamento, también tiene mecanismos de influencia sobre los gobiernos regionales y sobre el poder judicial. Dependerá que la prioridad del Ejecutivo por el crecimiento económico sea considerada más importante que la popularidad que su postura pueda darle. 

Lamentablemente, hasta ahora no se ha dado ninguna instancia en que el presente gobierno demuestre estar dispuesto a poner en riesgo su capital político en favor del crecimiento económico, y menos en pro de la inversión minera. Observando su manejo en 2018, se puede afirmar que se tiene un gobierno con una baja propensión a poner en marcha proyectos mineros con conflictos sociales complejos.

Se enfrenta el riesgo de gobernadores regionales antisistema que tratan de posicionarse hacia el 2021 mediante la conflictividad. El éxito o fracaso de esos gobernadores antisistema dependerá de la condicionalidad presupuestal que el Ejecutivo presente a los gobiernos regionales y la presencia de movimientos sociales fuertes operando en la zona.

En el legislativo se puede esperar múltiples iniciativas de legislación que erosione el ambiente de negocios para la minería. En buena medida dependerá del Ejecutivo que dicha legislación pueda terminar siendo aprobada, o no. Mientras tanto, el Poder Judicial seguirá ofreciendo condiciones de impunidad a la violencia de los grupos anti-mineros, pero en plazos aún más dilatados que los actuales. Lampadia

No es cierto que la minería explote amplias extensiones para extraer minerales, afirma Henry Luna. Esta industria ha aportado por exportaciones mineras 245,049 millones de dólares a la economía nacional en los últimos 10 años, trabajando en espacios que apenas llegan al 1% del territorio.

Entrevista a Henry Luna Córdova, Presidente Ejecutivo (e) del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet)
REVISTA DESDE ADENTRO
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA
Por Piero Gálvez

¿Qué acciones se deben realizar por parte del Estado para reducir la tramitología en el sector minero?

Lo primero que se tiene que hacer es mejorar los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las instituciones públicas, reducir el número de trámites y, sobre todo, el tiempo que estos demoran. En el Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como en el Ingemmet, ya lo hicimos, pero esto no depende exclusivamente del sector minero, ya que la mayoría de trámites se realizan fuera del ámbito de competencias del Ministerio.

¿Cuáles de esos trámites ajenos al MEM complican este proceso burocrático?

Por ejemplo, los trámites respecto al uso del agua, que se deben hacer ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o lo referido a terrenos superficiales, que implica a privados, comunidades y los gobiernos locales, regionales y a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Finalmente, los estudios ambientales ahora se tramitan ante el Senace, que está bajo la tutela del Ministerio del Ambiente. Como Ingemmet, lo único que tramitamos son las concesiones mineras para exploración y explotación, cuyo proceso de titulación dura entre cuatro y cinco meses.

¿Considera, entonces, que se deberían reducir o centralizar los trámites?

Las dos cosas. Por ejemplo, la ventanilla única, que se está tratando de implementar a nivel de minería artesanal, también se debería aplicar en la mediana y gran minería, porque nos simplificaría procesos. Y, sobre todo, darle más valor al uso de las declaraciones juradas, teniendo en cuenta que muchos de estos documentos serán fiscalizados posteriormente por OEFA, OSINERGMIN y SUNAFIL. En ese sentido, no se debiera pedir tantos volúmenes de información porque, finalmente, si una empresa incumple la normativa al momento de ser fiscalizada no podrá desarrollar su proyecto.

Pese a estas dificultades, ¿el sector minero está dando señales positivas para el país?

Entre los meses de noviembre 2017 a noviembre 2018 se ha registrado una cifra récord en cuanto a las solicitudes de concesiones mineras en el Perú. En este último año ya hemos recibido unas 8,000 solicitudes de concesión minera, con lo cual estamos superando lo registrado en el 2012, cuando se llegó a 7,500 pedidos. Sin embargo, para los intereses de crecimiento y desarrollo del país, no basta solo con adquirir concesiones mineras, sino que es fundamental poder realizar exploraciones en estas y, posteriormente, explotarlas.

¿Hay diferencias entre concesión minera y proyecto minero?

No son lo mismo. A nivel nacional las concesiones mineras representan el 14.5% del territorio nacional. Sin embargo, solo el 0.31% está en etapa de exploración, es decir, 708 concesiones, y solo el 0.91% del territorio nacional se encuentra en etapa de explotación minera, es decir, 3,800 concesiones. Eso significa que en un 13.28% de las áreas concesionadas no se reporta actividad alguna. Así, solo en el 1.22% del territorio nacional se explora o se explota algún tipo de mineral. Recientemente realizamos un estudio que reveló que solo el 0.049% del territorio nacional concesionado es ocupado por las principales operaciones mineras, tales como Toquepala, Cuajone, Constancia o Las Bambas, entre otros, que son los que impulsan el crecimiento del país.

¿Cuál ha sido el aporte del sector minero al crecimiento del Perú?

El aporte de la minería ha sido fundamental para el desarrollo económico del Perú. De los 474,654 millones de dólares recaudados entre 1950 y 2018 por exportaciones tradicionales, más del 75% correspondió a las exportaciones metálicas, es decir, 356,600 millones de dólares. Asimismo, en la última década, de los 312,080 millones de dólares de las exportaciones tradicionales, el 79% correspondió a minería metálica, aportando 245,049 millones de dólares a la economía nacional en los últimos 10 años.

¿Cómo se puede trabajar para superar las creencias que impiden el desarrollo de proyectos mineros en regiones como Cajamarca?

Existen muchos mitos respecto al desarrollo de la minería. Por ejemplo, se debe aclarar la naturaleza de las concesiones y de los proyectos mineros, del impacto económico de la minería a nivel local. Y también es necesario ayudar a los gobiernos regionales y locales para que administren mejor los recursos que obtienen gracias a la actividad del sector, como el canon, regalías y derecho de vigencia.

¿Qué otras acciones pueden generar conocimiento acerca de las actividades mineras?

Necesitamos difundir las actividades de la gestión de agua. Ahí el sector solo utiliza el 1% del recurso disponible en el país, según la ANA. También se necesita difundir los temas de responsabilidad social que ejecutan las empresas mineras. Tengo entendido que están realizando una campaña al respecto, pero se necesita involucrar a otros sectores para hacer comprender a la población que la minería genera desarrollo, como en Apurímac, que era una de las regiones más pobres del país y ahora es un nuevo polo de desarrollo gracias a la actividad minera. Lampadia