Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Los beneficios económicos y sociales del proyecto minero Tía María son indiscutibles. El proyecto de Southern Peru, tiene un horizonte de 20 años, con los actuales yacimientos. Se estima que va generar más de 4,000 empleos (directos e indirectos) por los 20 años, otros 3,000 empleos directos más durante la construcción, va entregar un total de 5.5 mil millones de soles en canon y regalías, 100 millones de soles en canon anual solo para la provincia de Islay (con poco más de 50 mil habitantes), 215 millones de soles anuales de impuesto a la renta para el Estado peruano, además de la dinamización y modernización de la economía de la provincia, del valle de Tambo y del entorno de Mollendo. Y como todo proyecto minero moderno, su EIA ya tiene previsto el control ambiental para no afectar el valle cercano del Río Tambo y la recuperación del área perturbada una vez culminada la actividad minera, minimizando así su impacto ambiental en la zona desértica donde operaría. Este proyecto puede ser el inicio de una serie de inversiones adicionales que el Grupo México (Socios controladores de Southern Peru) tiene planificada llevar a cabo en Perú, totalizando cerca de 8.0 mil millones de dólares.

Además, la puesta en marcha de Tía María puede significar una señal positiva para toda una cartera de ampliaciones y de nuevos proyectos mineros por un total de 59 mil millones de dólares, que están esperando que el actual gobierno sea capaz de garantizar el estado de derecho en todo el país para poner en marcha sus inversiones, dinamizando así la economía nacional. No hay que olvidar que cerca de 17% de esta cartera de proyectos se encuentra paralizada a causa de conflictos sociales.

A pesar de esos grandes beneficios, el riesgo de bloqueo del proyecto es alto, y de acá a pocos meses podemos estar asistiendo un nuevo fracaso de los gobiernos peruanos para posibilitar el aprovechamiento del extraordinario potencial mineral, especialmente metálico, del Perú. Este artículo explica brevemente los riesgos y posibilidades de desenlace del tercer intento de implementación del proyecto, actualmente en curso (2011, 2015 y 2019), y qué hacer para evitarlos. Estas notas se basan en un análisis del proceso estratégico detrás del conflicto de Tía María escrito por Camilo Ferreira y Fernando Tincopa, del Centro Wiñaq, y que se encuentra actualmente en prensa.[i]

Los conflictos mineros son fenómenos complejos, de larga duración, con múltiples factores causales y una diversidad de actores involucrados. ¿Cómo analizar entonces la situación y perspectivas de Tía María? El enfoque utilizado por el Centro Wiñaq se basa en la teoría de juegos y combina tres perspectivas.

• La primera se refiere a las estrategias de los movimientos sociales para derrotar poderes establecidos, desarrollado por Gene Sharp, del Albert Einstein Institute.[ii]
• La segunda es una generalización del marco analítico de Paul Davis, de Rand Corporation, para analizar los factores que determinan el soporte público a los movimientos políticos:[iii]
• La tercera perspectiva se basa en los estudios de Scartascini et al. (2008) del Banco Interamericano sobre cómo las instituciones políticas realmente funcionan en los trópicos.[iv]

Estudiando los colapsos de proyectos mineros en Perú y en varios otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Costa Rica, El Salvador, etc., hemos encontrado que la viabilidad de los proyectos mineros depende de cuatro pilares de soporte y que, si cualquiera de esos pilares colapsa, el proyecto se vuelve inviable, aún que los demás estén sólidos (las cadenas se rompen por el eslabón más débil).

El Poder Ejecutivo y el Proyecto Tía María

La postura favorable o desfavorable de los pilares de soporte hacia un proyecto minero depende de los sistemas de incentivos que ellos enfrentan, es decir, si les conviene o no les conviene apoyar la puesta en marcha de dicho proyecto.

En el caso de Tía María, la postura del poder ejecutivo es la variable crítica para el futuro del proyecto, pues no se observa situación con alguna posibilidad relevante que pudiera inducir al congreso, al poder judicial o a la empresa a afectar la viabilidad del proyecto. Si el Poder Ejecutivo es el pilar clave, se hace importante entonces identificar qué factores pueden incidir sobre el sistema de incentivos del actual gobierno peruano. Es decir, ¿qué condiciones o sucesos pueden influenciar las preferencias del gobierno en relación a Tía María?

Los 14 meses de este gobierno indican que no tiene una ideología hostil a la minería (post-extractivismo, pos-modernismo, neo-marxismo, etc.), pero también indican que sus intereses son exclusivamente políticos y ha dado señales que no está dispuesto a ponerlos en riesgo por un proyecto minero, por más importante que dicho proyecto pueda ser para el desarrollo económico del país.

Un gobierno así quisiera cosechar los frutos políticos y económicos de un nuevo proyecto minero, pero tiene un umbral muy bajo para los riesgos que está dispuesto a correr para ejecutarlo. Conviene tener en mente que este gobierno no tiene el soporte de un partido político, no tiene respaldo parlamentario y el apoyo de los medios varía mucho según el tipo de conflicto que enfrenta. Es decir, este es un gobierno cuyos intereses políticos dependen críticamente de su popularidad y de la amplitud de su coalición, y que está enfrentando dificultades para que éstas no se reduzcan. Un gobierno así tiene poca profundidad estratégica para enfrentar los conflictos sociales y políticos que pueden surgir durante la implementación del proyecto.

La empresa ha hecho gran parte de lo que le correspondía hacer para revertir los factores locales que determinaron los colapsos anteriores. Ha llevado a cabo todo un programa de educación de la población, visitando casa por casa y disipando los temores ambientales que los grupos hostiles habían diseminado en la población. Los resultados de su labor han sido positivos: la opinión pública de la provincia de Islay está mayoritariamente favorable al proyecto (59%, según Vox Populi). Ello es importante porque la población en el entorno al proyecto tiene un rol crítico en su viabilidad. No hay proyecto minero viable sin apoyo de la población del entorno.

Sin embargo, la opinión de la población del entorno no es suficiente para garantizar su implementación y una encuesta reciente de Idessia indica que, en la provincia de Arequipa, fuera del ámbito del proyecto, el 62% de la población está mayoritariamente en contra.[v] Además, el Comité de Regantes del Valle de Tambo, la principal organización de los agricultores, se mantiene en contra del proyecto y los grupos hostiles a la minería están activos y buscan la radicalización de la población.[vi]

La fuente principal de los riesgos para el proyecto proviene de los factores políticos: El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, el alcalde provincial de Islay y los alcaldes distritales de Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía y Deán Valdivia se han pronunciado en contra del proyecto. Además, los congresistas de izquierda están activamente oponiéndose al proyecto y para muchos periodistas y los medios de comunicación ellos son voces calificadas para explicar los conflictos. Ello significa que, en los próximos meses, los opositores a Tía María van contar con plataformas mediáticas gratis para atacar al proyecto y van poder hacer campañas contra el proyecto y a favor de la conflictividad.

La experiencia anterior de Tía María indica que, cuando los conflictos de desarrollan, la situación de la opinión pública tiende a deteriorarse. En 2015, al inicio del segundo conflicto, la opinión pública a nivel nacional (Según GFK) era 55% a favor de la ejecución del proyecto.[vii] Pero, cuando el conflicto avanzó, la opinión pública nacional se inclinó mayoritariamente en contra de la implementación inmediata del proyecto: 45% prefería una suspensión definitiva y 23% opinaba por la cancelación definitiva, totalizando un 68% en contra del proyecto.[viii] En la situación actual los márgenes son más angostos que en el 2015.

También hay que considerar los costos políticos que el conflicto puede tener para el gobierno. En el 2015, antes de la escalada del conflicto la popularidad de Humala era de 24% y su desaprobación era de 72%, al final, su popularidad había caído a 16% (una queda de 8%) y su desaprobación había aumentado de 77% (una subida de 5%). Ello significa que, cuando hay un conflicto minero, la popularidad de los presidentes tiende a caer. Para un gobierno que prioriza su popularidad, esa tendencia es preocupante.

¿Qué se puede hacer para aumentar las posibilidades de éxito de Tía María?

Quienes deseen que Tía María se implemente (Southern, SNMPE, CONFIEP, periodistas, políticos y analistas) deben tener claro que lo que tienen por delante es un conflicto político, que el desenlace va depender de las decisiones del poder ejecutivo, y que esas decisiones van a depender a su vez del sistema de incentivos que el ejecutivo enfrente. En otras palabras: ¿Con cual desenlace el gobierno gana o pierde más? ¿Es con la implementación del proyecto o es con su abandono? La principal forma de incidir sobre la viabilidad de Tía María hoy es afectando el sistema de incentivos que enfrenta el gobierno.

Esa batalla tiene que darse a nivel nacional, regional y local, con voceros serios y creíbles con una narrativa adaptada a los diversos segmentos de la población. Dicha narrativa a Tía María debe basarse en el actual sistema de creencias de la población, evitando las explicaciones que sobrevaloran los elementos técnicos o que subvaloren la inteligencia de la gente, respondiendo a sus intuiciones y temores. No hay que olvidar que Lima es la caja de resonancia del país y que lo que se difunde en Lima llega a todas las regiones y se vuelve un instrumento para las luchas locales.

El apoyo social a Tía María va depender de que el gobierno, de que la empresa y de que las instituciones del sector logren responder bien a algunas preguntas que la población tiene en su cabeza:

• ¿Es Southern una empresa confiable? ¿por qué puedo confiar en Southern?
• ¿En qué ha cambiado Southern para que sea confiable? Si la empresa antes no era confiable, ¿qué señales indican que ahora ella es distinta?
• ¿El proyecto actual representa o no un riesgo real para la agricultura del valle de Tambo? ¿cómo puedo saber que el agua y el aire del valle no van ser afectados por la actividad minera cercana?
• Si Tía María no es una amenaza, ¿por qué entonces la población y las autoridades locales se oponen al proyecto? Si la gente se moviliza debe tener una razón para hacerlo, ¿cuál es la verdadera razón de las movilizaciones?
• ¿Cómo tiene el gobierno previsto garantizar la protección ambiental del valle de Tambo? ¿Qué mecanismos confiables ofrece el gobierno para proteger el ambiente del valle?
• Si Southern no cumpliera sus promesas y comenzara a contaminar, ¿tiene el gobierno la voluntad política y la capacidad institucional para obligarle a hacer lo correcto? ¿Cómo el gobierno garantiza que la empresa no le va manipular en caso de contaminación?
• ¿Qué razones tengo para confiar en las promesas de este gobierno? Si el gobierno va ser el garante de la población, ¿Qué señales muestran que el garante es confiable?

En la medida en que la población encuentre respuestas claras y convincentes a esas preguntas, sus preocupaciones se reducirán y los grupos hostiles a la minería perderán influencia. Por ello, la batalla de fondo no puede reducirse a elementos transaccionales (obras, proyectos de desarrollo, donaciones, etc.). Tiene que apuntar a ganar la confianza, pues el grado de confianza de la población local, regional y nacional será la principal carta para definir si Tía María va o no va. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 31 de julio –dentro de 9 semanas- se vence el plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María, y aun el proyecto no recibe luz verde de parte del gobierno. En febrero, poco antes del foro mundial de minería PDAC en Canadá, ocasión en que las grandes empresas y los fondos de inversión están viendo el Perú, hubo declaraciones del ministro Francisco Ísmodes y del propio presidente de la República que sugerían la posibilidad que se diera por fin la licencia de construcción, pero ello no ha ocurrido hasta ahora.

Los que aquí se enfrentan son, por un lado, el Perú entero que necesita activar su enorme potencial minero para dar un salto de crecimiento y bienestar para convertirnos en país desarrollado, y un pequeño grupo de opositores ideologizados que no atiende razones sino solo pequeñas posiciones de poder. Que se oponen, en suma, al desarrollo del país.

Porque, como se ha demostrado mil veces, no hay acá afectación ambiental. Pero ese pequeño grupo, que logró infundir temor en la población del valle del Tambo, es cada vez más pequeño y la población le hace cada vez menos caso. Ello ha sido consecuencia del cambio de conducta de la empresa Southern, que desde hace más de dos años estableció en el valle una serie de programas sociales y de apoyo productivo que han ido sembrando confianza en la población. Uno de ellos, por ejemplo, consistió en un convenio con el Gobierno Regional para que las postas médicas del valle, que solo atendían de 8 am a 4 pm, lo hicieran las 24 horas del día. La empresa asumió el costo adicional. Fuera de eso, ha entregado los estudios definitivos para dos hospitales y para agua potable en todo el valle, programas de capacitación en ganadería y en algunos cultivos, matemáticas para todos digital, etc.

El proyecto tiene más aceptación

Esta nueva política de la empresa ha tenido resultados tangibles. Los 6 alcaldes distritales anteriores de la provincia de Islay eran anti-mineros, pero en las elecciones de noviembre pasado, salvo uno, no se oponen al proyecto si se resuelve el problema hídrico, como veremos. Eso cambia radicalmente la correlación política porque parte de la financiación y el apoyo logístico a las movilizaciones anti Tía María en el pasado provino de las municipalidades.

En noviembre y diciembre el Ministerio de Energía y Minas realizó 7 talleres informativos sobre el proyecto sin resistencia alguna y con participación ciudadana. Las oficinas informativas de la empresa en los pueblos del valle no son hostilizadas.

Opositores están disminuidos

Ante los anuncios algo ambiguos arriba mencionados de que se podría dar licencia de construcción al proyecto, en marzo, 130 personas se reunieron para formar el Frente Amplio Defensa del Valle del Tambo. Este Frente ha venido organizando marchas semanales, pero con un número reducido de participantes que, al decir de informantes, ha venido cayendo semana a semana. En la última marcha realizada el jueves pasado, desfilaron unas 250 personas en lugar de las 1,200 o más que marchaban dos o tres años atrás.

El principal líder anti Tía María del valle, Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de Riego, ha sufrido un duro golpe: su Junta se ha partido y se ha formado una nueva, valle arriba, que lo ha desconocido. Esta nueva Junta está a favor del proyecto minero. Además, Cornejo está sometido a “reglas de conducta” dictadas por el Poder Judicial, de modo que no puede participar en manifestaciones. Por lo demás, de acuerdo a nuestras informaciones, los anti-mineros en Islay están divididos.

La represa de Yanapuquio

Los alcaldes de Islay emitieron el 27 de marzo un comunicado señalando que “no puede haber un proyecto minero sin haber solucionado el problema hídrico”, y solicitaban buscar los mecanismos para concretar la represa de Paltuture. Era, en buena cuenta, un visto bueno a Tía María condicionado a la construcción de la obra hidráulica.

El problema es que parte del espejo de agua de esa eventual represa estaría en la región Puno, cuyo pasado gobernador, como si se tratara de otro país, presentó una medida cautelar contra la obra en el Poder Judicial. No se puede realizar. Ante ello, sin embargo, el ministerio de Agricultura ha identificado otra represa cuyo espejo de agua se encontraría íntegramente dentro de la región Moquegua. Se trata de la represa de Yanapuquio. Sus aguas habría que dividirlas entre Moquegua y el valle del Tambo, que queda en Arequipa, pero eso no sería problema.

De modo que la condicionalidad puesta por los alcaldes estaría resuelta. Pese a ello, el viernes, luego de una reunión con el Primer Ministro, han expresado reservas, pero puede ser una posición negociadora. Sólo hace falta, en realidad, la decisión política del gobierno, y solo quedaría planificar bien una estrategia policial para prevenir actos de violencia que eventualmente pudieran ocurrir, pese a que el grupo contrario es cada vez menor y que la oposición al proyecto se ha reducido.

Beneficios

Por lo demás, sería conveniente ir difundiendo los beneficios que traería el proyecto a la zona. Para comenzar, la regalía y el canon se multiplicarían por 10. El canon para la municipalidad distrital de Cocachacra pasaría de 3.4 millones de soles al año a 33 millones de soles.

Esto sin contar el empleo que generaría esta inversión de $1,400 millones de dólares: 9,000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y 4,800 empleos permanentes entre directos e indirectos.

Por supuesto, la señal nacional e internacional para el clima de inversión sería extraordinaria. Los fondos de inversión globales están mirando lo que ocurra con Tía María, que se ha convertido en un proyecto icónico. Su lanzamiento sin duda significaría un punto de inflexión, sobre todo si a ello se suma la creación de condiciones institucionales para la inversión minera en otras zonas del país.

La llave

Por lo demás, Tía María es la llave para un paquete de nuevas inversiones de la propia Southern que, de salir, aprobaría invertir en otros proyectos tales como una nueva fundición y refinería en el sur ($1,350 millones de dólares), además de proyectos de otros operadores, como los de Zafranal, la expansión de Toromocho, La Granja, Cañaris, y Apurímac Ferrum, entre otros.

Además, el Perú tiene que aprovechar la incertidumbre que existe en México para la inversión, que podría llevar a la Southern a poner casi todas sus fichas en nuestro país.

Tía María tiene una importancia estratégica para el relanzamiento de la inversión minera en el Perú y para la consolidación del clima de inversión en general. El gobierno tiene la obligación de autorizarla. Y no podría sino beneficiarse de ello. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El conflicto en el entorno al proyecto minero las Bambas no ha sido resuelto y dista mucho de serlo. En estos momentos aún se mantienen las negociaciones entre la minera, el Gobierno Central y diversos representantes de la población local. Pese a ello es posible estimar algunos de los efectos de este conflicto en su etapa de mayor participación de acciones directas tales como el bloqueo de carreteras.

Hemos divido los posibles efectos de este conflicto en dos bloques: en primer lugar, están aquellos efectos con una alta probabilidad de ocurrencia, las cuales son de ocurrencia casi segura. Y por otro lado de encuentran aquellos con una moderada probabilidad de ocurrencia. Muchos de estos riesgos son preexistentes al conflicto en Las Bambas y han sido línea de incidencia del activismo anti-minero desde hace varios meses o incluso años; sin embargo, el reciente conflicto ha incrementado su probabilidad de ocurrencia.

Riesgos de probabilidad moderada:

• Eliminación de la depreciación acelerada: Esto reduciría el valor presente de las inversiones mineras. Hay un conjunto de intereses que resultan atraídos por acabar con esta modalidad de depreciación. La existencia de grandes inversiones mineras aun depreciando activos genera la expectativa de importantes ganancias económicas para los gobiernos locales y regionales. El activismo anti-minero está muy atraído por una medida que llevaría a una menor inversión minera. Adicionalmente, la opinión pública que puede ser fácilmente convencida respecto a apoyar lo que se puede caracterizar como el fin de un privilegio tributario para los ricos. El no aporte de Canon por parte de MMG Las Bambas, resultado de este régimen tributario, ha servido de plataforma para diversos actores políticos y sociales para solicitar esta eliminación.
• Fin de los convenios entre empresas y PNP: Este es una línea de incidencia sistemática del activismo anti-minero. Litigios estratégicos que involucran a IDL y la ONG internacional Earthrights han sido interpuestos frente al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos ellos con el fin de restringir la presencia policial en resguardo de la seguridad de los campamentos mineros.
• Expansión en la aplicación de la denominación de pueblos indígenas y expansión de los requerimientos de Consulta Previa: Desde hace un tiempo el indigenismo radical y los pos-extractivistas impulsan la auto identificación como requisito único para considerar a una población como indígena, de manera conjunta se impulsa que la Consulta Previa pase a tener carácter vinculante. El efecto conjunto, si ambas campañas fueran exitosas, consistiría en generar una multiplicidad de actores locales con los que un proyecto minero tendría que negociar porque estarían provistos de poder de veto sobre la viabilidad del proyecto. Se requeriría de la aprobación simultánea de todas las comunidades en el entorno de un proyecto. Este riesgo es especialmente relevante en zonas de lengua mayoritariamente aymara o quechua puesto los activistas anti-mineros podrían apoyarse en los resultados del último Censo para apoyar sus posiciones. En el caso de Las Bambas, los anti-mineros y sus afines mencionan permanentemente que la población en el entorno del proyecto minero las Bambas es indígena y que la conflictividad social en la zona ha sido impulsada por no aplicar estándares de Consulta Previa a la población local.
• Amnistía a Acciones de Fuerza Anti-mineras: Como parte de los acuerdos firmados el 24 de abril en Fuerabamba, entre las comunidades locales y funcionarios públicos se encuentra la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía a los acusados de diversos crímenes asociados a la conflictividad social anti-minera en el Corredor Minero del Sur. De aprobarse esta medida se consolidaría la impunidad plena ante acciones violentas por parte de manifestantes hostiles a la minería.

Riesgos de probabilidad de alta:

• Severas restricciones en el uso de las ITSs: El instrumento de los Informes Técnicos Sustentatorios se ha visto severamente deslegitimado con el conflicto en Las Bambas, su uso es un componente importante en el discurso vertido por Cooperaccion respecto a los orígenes mismos del conflicto. En futuros casos de conflictividad social que involucren a los ITSs los funcionarios que autorizaron el uso de esta herramienta serian severamente criticados. Por ello, los funcionarios públicos enfrentan un poderoso incentivo para no autorizar el uso de ITSs.
• Empoderamiento de Cooperacción: La ONG anti-minera Cooperaccion ha ganado múltiples espacios en medios de comunicación y líderes de opinión gracias a este conflicto. Sus voceros han tenido diversas apariciones en la calidad de expertos en la temática de Las Bambas. A esto se le agrega que la interpretación de Cooperacción del conflicto se ha extendido entre líderes de opinión y periodistas. Con voceros e ideas mejor posicionados Cooperación ha sido claramente un beneficiario de este conflicto.
• Elevación del costo de tierras para proyectos mineros y su cadena logística: El conflicto ha generado precedentes de compensación por uso de tierras sumamente elevados. En el caso de Yavi Yavi se menciona pagos del orden de los 80 mil dólares por hectárea por el uso de terrenos de la comunidad para la mejora de la carretera por la que se traslada el material extraído de Las Bambas. En especial en el Corredor Minero del Sur, esto está generando expectativas de pagos semejantes no solo por los terrenos bajo los cuales se encuentran los yacimientos sino también para todas las tierras que en alguna medida son necesarias para las operaciones o logística de un proyecto minero.
• Bajísimos costos de las acciones directas: En el caso de Las Bambas el gobierno central ha mandado una poderosa señal al activismo anti-minero: Que no está dispuesto, casi bajo ninguna circunstancia, a incurrir en el riesgo político de despejar las vías bloqueadas a través de la PNP aun si pocas decenas de manifestantes participan en el bloqueo. Esto reduce los desincentivos para la toma de carreteras como medida de fuerza en un conflicto minero.

Los conflictos como Las Bambas no se dan en compartimientos estancos sin afectar a las otras a las otras empresas del sector minero. Esta clase de conflictos desencadenan dinámicas políticas y sociales que terminan propiciando la ocurrencia de riesgos que pueden terminar afectando al sector minero peruano como un todo. Lampadia

Carlos Gálvez Pinillos, Ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
Para Lampadia

La industria minera se desarrolla por lo general en zonas rurales y remotas, altitudes no propicias para otras actividades económicas y donde normalmente no llega el Estado. Estas condiciones hacen que una exploración minera y el desarrollo del proyecto consecuente deban enfrentar múltiples desafíos.

Son precisamente estas necesidades y desafíos los que impulsan el desarrollo de soluciones científicas e innovación tecnológica. Este es el punto de encuentro de la industria extractiva y la del conocimiento que, como sabemos, no es solo un tema de geología, minería y metalurgia, sino que cubre necesidades diversas: brindar soluciones agrícolas, ganaderas y de piscicultura para generar oportunidades a las comunidades en las que nos insertamos; mejoras en las condiciones de salud, planeamiento de desarrollo de poblados que cuenten con adecuadas vías de acceso, agua de calidad, energía, educación, entre otros aspectos.

Como vemos, el desarrollo armónico e integrado de un proyecto minero con la población que lo acoge es fundamental, de ahí la importancia de convocar a la academia y a los profesionales jóvenes a estudiar y plantear soluciones de 360 grados sobre estos desafíos.

Arquímedes decía: “denme un punto de apoyo y una palanca y moveré el mundo”. Nosotros creemos que la industria minera, con sus múltiples desafíos, brinda el punto de apoyo; y su capacidad económica es la gran palanca para movernos en la industria del conocimiento, que es la que mayor valor agregará hacia el futuro.

Los altos estándares aplicados en la industria minera desde la seguridad, uso de agua, operatividad eficiente y relacionamiento saludable con la naturaleza y la comunidad, nos permite desarrollar soluciones que luego son escalables a otras industrias y actividades humanas cotidianas. Esa característica permite ampliar su mercado de manera casi infinita y es la mirada de quienes, haciendo minería, queremos insertar a nuestro país en la era del conocimiento del siglo XXI, como un salto disruptivo que no necesariamente pasa por la industria de transformación, que para competir con China u otros, con plantas robotizadas, requiere de multimillonarias inversiones.

Un elemento fundamental es la gran disposición de las empresas a compartir sus desafíos -acompañando data real (cosa que pocas veces ocurre)- y hacer seguimiento del planteamiento y desarrollo de los proyectos, pues en esto hay un interés propio que los impulsa a apoyar con genuino interés el trabajo que, desde “fuera de la caja” se pueda desarrollar.

Nuestros millones de cerebros jóvenes y en proceso de formación profesional son el gran activo peruano y apostamos por estimularlos, haciendo de nuestra industria una gran oportunidad y fuente de inspiración. Pocas veces los estudiantes y jóvenes profesionales piensan en la industria minera como un terreno interesante para su propio desarrollo profesional, pues lo ven como una actividad exclusiva y excluyente para profesionales de ciencias de la tierra, minas y metalurgia. Mientras tanto, nosotros creemos que la naturaleza de nuestra industria nos abre un espectro muy amplio para el desarrollo de ideas y proyectos.

Un ejemplo sencillo es el caso del agua:

• Unos piensan solo en su captación, pero pocos en su utilización eficiente
• Su manejo regulado y estable
• Su reutilización permanente en procesos industriales y mineros
• Su ahorro en uso doméstico
• En el mejor uso alternativo en el agro
• En las opciones de proyectos complementarios agro-energéticos
• Monitoreo de calidad de agua
• En prevención de catástrofes por huaycos y proyectos para evitar estas catástrofes periódicas
• En proyectos para evitar la contaminación de agua turbinada por centrales hidroeléctricas en su paso por zonas urbanas (cuenca del Rímac y otras) que obligan después a un sobrecosto de limpieza, filtrado y potabilización de ella
• Muy pocos se enfocan también en el tratamiento de aguas residuales para irrigar nuestros desiertos y evitar por todos los medios que los desagües se viertan al mar (más barato es tratar aguas residuales que desalinizar agua de mar)
• De igual manera, en cómo actuar durante grandes avenidas de agua y cómo remediar las catástrofes por huaycos
• Este esfuerzo demanda también de comunicadores que, conociendo estos desafíos y sus soluciones, puedan comunicarlos adecuadamente y romper mitos en las lenguas nativas

Solo en ese tema tenemos una inmensidad de desafíos para múltiples profesiones; hidrólogos, biólogos, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros electricistas, electrónicos, mecánicos, de sistemas de control y de comunicaciones, sociólogas y humanistas entre muchos. Los profesionales de diversas carreras y especialidades tienen tanto que aportar que, no trabajar en esa línea sería una gran pérdida de oportunidades.

Conscientes de la necesidad de involucrar a los jóvenes a nuestra industria y fomentar la innovación, estamos desarrollando, como parte de las actividades del “Rumbo a PERUMIN 34”, cuatro “Hackatones” y TICARs (eventos de tecnología de información, comunicación, automatización y robótica), que permitan encaminar esta iniciativa mediante soluciones a desafíos reales de las empresas. A su vez, brindar orientación a los jóvenes, desde “coaching” especializado, que les permita “aterrizar” sus proyectos, proporcionando, además, incentivos económicos que hagan que este proceso sea atractivo.

Ya en el Perú contamos con varias “incubadoras” de proyectos y queremos que las mejores propuestas puedan ser presentados en la Cumbre Minera ante las principales compañías exploradoras, operadoras y proveedores mineros, que bien podrían acogerlos como socios, comprometerlos como equipo desarrollador o comprarles las iniciativas.

El PERUMIN es uno de los eventos mineros más importantes del mundo y es una excelente vitrina para ellos. Lampadia

La minería en el Perú está esencialmente parada desde el inicio del gobierno de Humala-Heredia. PPK fracasó clamorosamente en la necesidad de reposicionar a la minería como una actividad positiva para el desarrollo del país, empezando por los pueblos cercanos a los proyectos. Esperamos que el gobierno de Vizcarra logre enmendar rumbos.

Hace una semana, mientras en Chile se realizaba la Conferencia Mundial de Cobre 2018, organizada por CRU, y todos los representantes de la industria, así como de las compañías de ingeniería y maquinaría minera, compartían su entusiasmo por el potencial del sector y la disposición de Chile para desarrollar sus proyectos, en el Perú se empezaba a perfilar una inconsecuente falta de visión y valentía, por parte de los miembros del nuevo gobierno de Vizcarra con respecto a las inversiones en minería y energía, empezando por el propio primer ministro.

El primer ministro, Cesar Villanueva, con su proverbial bonhomía, hizo una declaración, festejada por el diario La República, sobre la necesidad le lograr ‘licencia social’ y como requisito previo al desarrollo de los proyectos mineros: “Tía María (…) es uno de los proyectos que (…) no tienen la aprobación de las poblaciones adyacentes al centro minero y que, además, no demuestran un respeto absoluto al tema ambiental en sus propuestas de operación deben esperar.”

Lamentablemente, en vez de asumir el reto de explicar a los ciudadanos, la necesidad de apoyar los proyectos mineros y sus beneficios para el país, el gobierno prefiere, aparentemente, jugar a la política tradicional y postergar las decisiones cruciales de gobierno, en haras de asegurar el voto de las izquierdas anti-inversión y anti-minería, para la investidura del gabinete.

Cuidado, que así es como se malogran las oportunidades de avance del país. Así sucedió,  cuando recuperamos la democracia luego de la dictadura militar, cuando el presidente Belaunde, con su tradicional bonhomía, postergó todas las decisiones que debieron corregir las barbaridades de la dictadura estatista, para cuidar la candidatura municipal de Eduardo Orrego. Salió Orrego, pero nunca se pudo enrutar al Perú, hasta diez años después, luego de mucho sufrimiento y costo de vidas.

No podemos arriesgar el destino de los peruanos, postergando las inversiones que deben disminuir la pobreza y corregir siete años de despropósitos.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq

Para Lampadia

El 20 de febrero pasado fue asignado el proyecto minero Michiquillay (Cajamarca) a Southern Peru Copper Corporation, este proyecto implica una inversión de US$ 1,950 millones y entraría en operaciones el año 2025. Se trata de una noticia sumamente relevante puesto que es el primer nuevo proyecto minero a ser iniciado en el Perú en muchos años.

La reacción entre los actores económicos ha sido positiva, aunque se considera que, por sí solo, Michiquillay no implicaría un cambio significativo en la trayectoria del crecimiento económico de largo plazo del país.

Como ya es común en el Perú, el riesgo principal que enfrentan proyectos de esta envergadura no proviene de aspectos económicos y/o financieros, sino de tipo socio-político. El proyecto Michiquillay no es la excepción. El mero hecho que se encuentre ubicado en la región Cajamarca lo expone abiertamente a esta posibilidad. En Cajamarca las fuerzas políticas hostiles a la minería[i] obtuvieron 51% del total de votos válidos en la última elección presidencial[ii], más específicamente se encuentra en el distrito de “La Encañada” en el que dichas fuerzas obtuvieron un agregado de 52%. Otro a dato a considerar fue el crecimiento explosivo en el número de miembros de las comunidades de Michiquillay y la Encañada (ver tabla siguiente). Esto nos señala la existencia de múltiples personas interesadas en obtener una porción de las rentas generadas por este proyecto extractivo.

Como se puede observar el proyecto se encuentra en una zona en la que la hostilidad minera puede significar un incentivo para el posicionamiento político de múltiples actores locales y sociales, alineados contra el proyecto. Tal como hicimos hace unos meses para Lampadia en el artículo “¿Tía María va?”, en el presente texto hemos identificado algunos de los riesgos sociales que enfrenta el Proyecto Michiquillay y que podrían erosionar su viabilidad:

1. Manejo del Fondo Social Michiquillay: La generación de instituciones benefactoras con recursos mineros ha sido un instrumento de legitimación social aplicado en múltiples casos. Se tiene en Cajamarca el antecedente de la ALAC la cual fue implementada por Minera Yanachocha, en Espinar se creó la Fundación Tintaya. Esas instituciones manejan importantes recursos y la disputa por el control de los mismos puede llegar ser sumamente conflictiva. En el caso de la Fundación Tintaya el 29 de mayo del 2012 el local fue incendiado por un grupo de manifestantes en medio de acusaciones respecto a que la Fundación servía para dividir a la comunidad en favor de la mina. En el caso del Proyecto Michiquillay cuando el mismo era administrado por Anglo American, a inicios de junio de 2013 el local del Fondo Social Michiquillay fue tomado por personas que reclamaban el pago a las universidades donde estudian sus hijos y que se cumplan los acuerdos de un año de trabajo para cada uno de los comuneros. Recientemente se acusa los dirigentes locales favorables a la realización del proyecto de estar comprometidos “en las irregularidades del Fondo Social Michiquillay que consta en los informes de auditoria”[iii] es acusación ha sido divulgada por el congresista post-extractivista Marco Arana.

En el caso de Fondo Social Michiquillay el mismo dispone, actualmente, del 50% del total de las contraprestaciones de la empresa hacia el Estado, el mismo que asciende a un monto cercano a los US$ 200 millones. Estamos hablando de fondos significativos a ser controlados de manera conjunta por la empresa y por representantes de comunidades sin experiencia en la gestión de fondos de dicha magnitud.

Las disputas respecto al Fondo Social pueden ser aprovechadas por los postextractivistas, ellos podrían brindar a facciones en disputa por el Fondo soporte discursivo. Es decir, una facción de la comunidad deseosa de controlar parte del fondo podría presentarse como víctima de abusos por parte de la empresa o afectada ambientalmente ello con la esperanza de legitimar socialmente acciones de presión contra el Fondo. El aparato de comunicaciones post-extractivista en múltiples ocasiones ha mostrado efectividad en convertir intereses rentistas de grupos y organizaciones en discursos en que lucen a los ojos del público como víctimas de las empresas mineras.

Por ejemplo, existen voceros y organizaciones que buscan polarizar con los representantes del Fondo Social y con los representantes de las comunidades.Una estrategia que anti-mineros han usado con anterioridad es la creación de organizaciones paralelas (Frentes de Defensa, comités, confederaciones, etc.) que se presentan y hablan en “representación de la población”.Estas organizaciones confunden a la opinión pública acerca de cuáles son los representantes legítimos de la población.El siguiente cuadro muestra declaraciones de voceros de algunas organizaciones.

Una diferencia importante con las coaliciones formadas en otros conflictos, es que los representantes de la población se han mostrado abiertamente a favor de la continuidad del proyecto, y han rechazado la presencia de elementos ajenos a la comunidad.  (“En cuanto a las protestas anunciadas por los anti-mineros, [Jesús Díaz Casahuamán, presidente de la comunidad campesina de Michiquillay] dijo que están en su derecho, sin embargo, aclaró que los comuneros no permitirán el ingreso de terceros a querer desestabilizar la ejecución del proyecto, porque todos están de acuerdo con esta oportunidad de desarrollo que representa”.  Habla Cajamarca- Radio la Beta- 13/02/2018).

2. El Anillo Externo: Un proyecto extractivo puede estar en buenas relaciones con su entorno directo y aun así ser socialmente inviable. Esto puede darse cuando el proyecto enfrenta un anillo externo que es hostil al proyecto. Un caso relevante en el que esto se dio fue en el del Proyecto Conga. En este caso las comunidades más cercanas al proyecto en múltiples ocasiones habían manifestado su apoyo a la realización del proyecto; sin embargo, la movilización en zonas más lejanas al proyecto generó una dinámica de conflicto que lo inviabilizó.

Este fenómeno del anillo externo puede verse agravado por el accionar mismo de la Empresa y sus prácticas sociales. Algunas empresas con el fin de obtener la “Licencia Social” en su entorno destinan ingentes recursos a una Área de Influencia (AI) definida con criterios técnicos sin considerar las dinámicas sociales de la zona. Esta asignación de recursos es entendida, en muchos casos, como una compensación frente a los efectos ambientales de las operaciones mineras. Esto genera una clara diferencia entre beneficiarios y excluidos de un proyecto minero, diferenciados por quien queda a un lado u otro de la ribera de un río, en una u otra ladera de un monte, o cualquier otro límite geográfico determinado por la empresa.

Un mecanismo para justificar la inclusión en el AI sería que los miembros de este “Anillo Externo” sean percibidos como perjudicados por el proyecto minero. Es en esta circunstancia que los pos-extractivistas encuentran terreno fértil para su narrativa, puesto que proveen de discurso y asesoría a los dirigentes que requieren ser percibidos como afectados ambientalmente para lograr sus objetivos. En este caso, los que se perciben como afectados son la población de Polloc y Namora, audiencia que anti-mineros locales han encontrado para inocular su narrativa. 

Una vez que empiezan a trabajar con dirigentes y líderes de opinión locales, los pos-extractivistas tienen convocatoria local para sus “Talleres Informativos” destinados a maximizar el temor entre la población local (ver en Lampadia: “Manual de formación de líderes anti-mineros”). Las movilizaciones por parte del Anillo Externo pueden devenir en actos violentos y vandálicos, cierre de carreteras, y en plataforma para el envío de mensajes hostiles a la minería. En el caso de Conga las movilizaciones de comunidades no pertenecientes a los Anillos más cercanos del proyecto fueron determinantes para generar las tensiones que paralizaron dicho proyecto. Por ello más allá del apoyo del AI, hay que estar pendiente del clima social fuera de ella y su potencial de movilización contra el proyecto. Es relevante mencionar que la ONG anti-minera Grufides ya ha empezado a visibilizar la resistencia al proyecto por parte de pobladores en insatisfechos en los alrededores del proyecto.[iv]

Por el momento, los esfuerzos por generar movilizaciones contrarias han sido infructuosos, tanto de manera contraria como favorable.(“El dirigente rondero Ydelso Hernández [candidato al congreso por el MAS, con 23,048 votos mientras Arana obtuvo 8,576] dijo que miles acudirían a la movilización en contra del proyecto Michiquillay, pero no fue así, y el político cajamarquino Miguel Rojas tampoco tuvo la convocatoria con su marcha en apoyo a las inversiones, por lo que ambas convocatorias pasaron desapercibidas”- La rotativa regional, RPP – 20/12/2018).

3. Utilización Político-Electoral del Proyecto: La polarización frente a proyectos mineros puede resultar un conveniente mecanismo de posicionamiento electoral. En Tambogrande Piura, Francisco Ojeda resultó ser electo alcalde de su distrito tras oponerse a la inversión minera como dirigente del Frente de Defensa de Tambogrande en 2003. En la provincia de Bambamarca en Cajamarca, Edy Benavides fue electo alcalde provincial tras liderar el Frente de Defensa en 2014. En Espinar Cuzco, Oscar Mollohuanca fue elegido alcalde de su provincia tras liderar el Frente de Defensa y liderar violentas protestas contra la minera Xstrata Tintaya en 2013. Finalmente, Gregorio Santos fue reelecto como gobernador de Cajamarca tras una gestión precaria en obras o servicios gracias a su polarización anti-minera. Como se pude observar en múltiples ocasiones el posicionarse como luchador frente a los supuestos abusos de las empresas mineras resulta ser políticamente rentable.

La utilidad de la polarización contra la minería ha sido reconocida por los dirigentes del MAS-Cajamarca. Cesar Aliaga[v], posiblemente el pensador más sofisticado de dicha organización, considera en su libro “La Batalla por Cajamarca”, que haber planteado las elecciones regionales como un referéndum respecto a Conga fue una de las principales causas de su victoria. De manera adicional, en un escrito interno reciente del MAS-Cajamarca el dirigente Johnny Tejada[vi] se lamenta que en este proceso electoral de octubre del 2018 no se estuviera vislumbrando una polarización anti-minera regional que impulsara la victoria del MAS.

Con la asignación del Proyecto Michiquillay a Southern, estos intereses se mantienen y se da la posibilidad de una polarización que permita que el eje de disputa de la compaña del 2018 sea uno entre “Pro-mineros versus defensores del agua” único escenario en el cual el MAS podría resultar triunfante dada su baja capacidad de gestión pública y constantes escándalos de corrupción.

Es en ese sentido, las declaraciones de Gregorio Santos respecto a Michiquillay en las que afirma que es un proyecto “Que nació muerto”, las del Gobernador Regional Porfirio Medina en las que afirma que ha sido impulsado “al caballazo” y las del líder rondero Ydelso Hernández mostrando su absoluta oposición, pueden ser entendidas como un intento de capitalizar electoralmente a partir de una potencial polarización social contra Michiquillay. Existe por ello un riesgo relevante de la instrumentalización de la oposición a Michiquillay como plataforma política por parte de ciertos actores locales. Es especialmente relevante en el caso del MAS-Cajamarca que requiere que la agenda electoral se aleje de su gestión lo más posible.  De igual manera, un posible candidato a la región como Miguel Rojas, intentó organizar una movilización favorable que serviría como plataforma política; sin embargo, no tuvo éxito.

4. Deslegitimación del Proceso de Socialización: Los activistas anti-mineros tienen procedimientos bastante estandarizados para erosionar un proyecto, paulatinamente. En un primer momento intentan movilizar a la población contra los procesos de exploración minera como se dio el caso del proyecto Cañariaco, si esto no es posible trataran de bloquear y deslegitimar el proceso de adquisición de tierras por parte de la Empresa. Los primeros ataques de Marco Arana a Yanacocha fueron con esa temática. Si esto no se logra, se tratará de descalificar el proceso de socialización del proyecto en especial a las Audiencias Públicas y el EIA. Las Audiencias Públicas son atacadas con argumentos bastante homogéneos: se afirmará que se excluyó a los sectores opuestos al proyecto, que las firmas de asistencia fueron dadas con engaños y que el supuesto consentimiento de la población al proyecto ha sido producto de amenazas y prebendas por parte de la Empresa Minera. También se tratará de descalificar el EIA con estudios alternos, como los realizados por Robert Moran.[vii], estudios de cuestionable calidad y enfocados en sembrar temores sobre los potenciales efectos ambientales.

La legitimidad del Proceso de Socialización es un componente no visible de la disputa por la viabilidad de los proyectos mineros, si bien no incluye manifestaciones públicas o tomas de carreteras, de la legitimidad de estos procesos dependerá de manera crítica la postura de las comunidades cercanas y la posición de líderes de opinión.

En el caso del conflicto alrededor del Proyecto Las Bambas, un componente de la narrativa anti-minera consistió en considerar que los mecanismos mediante los cuales se socializaron cambios en el proyecto resultaron no ser legítimos. Se afirmó que el cambio de la modalidad de traslado del mineral de un mineroducto al uso de camiones no siguió los estándares de consulta previa que hubiera sido necesario aplicar. Este discurso fue repetido en múltiples ocasiones por voceros tales como Richard Arce, Marco Arana y Marisa Glave quienes se enfocaban en atacar la socialización del proyecto más que los efectos ambientales del mismo.

En el caso de Michiquillay es necesario que el Proceso de Socialización tenga características tales que no abran flancos de vulnerabilidades que puedan ser aprovechados por los pos-extractivistas. La participación debe ser amplia, darse de manera frecuente, en términos comprensibles para la población local, y con un criterio de construcción de legitimidad social más que del mero cumplimiento de requisitos legales.

5. Correlación de Fuerzas Locales Hostiles: La inviabilidad de un proyecto minero se da como resultado de una dinámica de enfrentamiento político. Es clave para determinar el resultado de este enfrentamiento la correlación de fuerzas enfrentadas respecto a la viabilidad de un proyecto. Un proyecto como Michiquillay que implica una inversión de US$ 1,950 millones es sin duda un hecho de gran importancia económica y política para la región Cajamarca, y aún más para la provincia de Cajamarca y para el distrito de La Encañada. Ello genera una dinámica en los que diversos actores políticos y sociales locales tienen que tomar posición respecto al proyecto. El siguiente cuadro muestra la postura asumida por diversos actores frente al proyecto.​

Es importante observar el rol que ha asumido las comunidades cercanas en hacer visible su postura favorable al proyecto. Su apoyo visible es importante para disuadir a los activistas anti-mineros nacionales e internacionales de focalizar sus recursos políticos contra el proyecto, a falta de “contraparte” local. Por otro lado, golpea la narrativa anti-minera en la que se considera que la Empresa y el Estado pretenden “imponer” el proyecto. Por ello es importante la batalla por la representatividad social de la población en el entorno del proyecto. Como se menciona anteriormente, los anti-mineros ya están desplegando iniciativas de articulación de insatisfechos en el entorno del proyecto, además de tratar de maximizar el área a la que se le atribuye algún grado de afectación ambiental (Polloc, Namora, etc.). Ello con el fin de incrementar la cantidad de población “afectada” posible de ser movilizada contra el proyecto.

La correlación local no incluye únicamente la configuración social en el área de influencia del proyecto, incluye a empresarios, académicos, autoridades sub-nacionales, organizaciones de la sociedad civil, medios locales de comunicación etc. Todos estos actores pueden jugar un rol en la viabilidad de un proyecto minero la sobrestimación de la criticidad del área de influencia lleva a casos como los de Conga o Santa Ana en los que los proyectos son socialmente inviables a pesar del apoyo de la población cercana al proyecto.

Como se puede ver en la tabla anterior, el apoyo al proyecto tiene representantes en diversos estratos de la sociedad, mientras las iniciativas hostiles se concentran en periodistas y políticos principalmente.  Sin embargo, cuando vemos la diversidad de temas con las que buscan defender al proyecto, éstas están centralizadas en aspectos económicos, mientras los anti-mineros consideran fallas en el proceso institucional, el impacto ambiental, la reputación de Southern, etc.  Un proyecto puede perder su legitimidad en diferentes frentes y los movimientos hostiles a la minería han comprendido eso y lo ejecutan en sus luchas políticas. (menciones en el 2018)

Conclusiones

La legitimidad de Southern y de su operación está amenazada tanto por errores propios como por intereses políticos que ven una oportunidad en la posición hostil a la minería.  El proyecto Michiquillay tiene el potencial de relanzar la inversión minera en Cajamarca y en el norte del Perú; en donde varios otros proyectos se encuentran paralizados o sin la suficiente confianza para ser desarrollados. Para que este potencial se cumpla se hace necesario un monitoreo cercano de los riesgos sociales y políticos que enfrenta el proyecto. Es necesario implementar una visión que reconozca que los riesgos se originan no únicamente en el entorno del proyecto sino en la sociedad local en el que se haya involucrado.

También es importante considerar que el conflicto no se da únicamente durante las movilizaciones sociales, que es una consecuencia de todo un trabajo previo y de un flujo diario de mensajes en los medios de comunicación.  La disputa por la legitimidad de un proyecto se da en el día a día: entender el sistema de creencias que posee actualmente la población local (urbana y rural), comprender los agravios que los grupos hostiles a la minería intentan inocular en la población, identificar la búsqueda de rentas que ciertos grupos intereses persiguen, formar una coalición social que soporte el proyecto, implementar controles ambientales y sociales que protejan legitimidad del accionar de la empresa y sus empleados, etc.  Del resultado de esa lucha diaria dependerá si Michiquillay será una importante fuente de riqueza para el país o si será uno más de los casos de proyectos mineros paralizados en el Perú. 

Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro Wiñaq

Para Lampadia

Introducción

Ubicada en la provincia de Cotabambas en Apurímac y operada por MMG Limited, de China, “Las Bambas” es el mayor proyecto minero, actualmente, en operación en el Perú, representando una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. Tras los retrocesos de los proyectos Tía María y Conga, el futuro de “Las Bambas” representa la más crítica señal respecto a la viabilidad de la gran minería en el Perú en etapa de operación, siendo el sector minero, una de las principales fuerzas detrás de la recuperación del crecimiento económico de los últimos meses.

Como toda gran operación minera, “Las Bambas” se ha dado dentro de un complicado entorno social. La población en la provincia de Cotabambas llega a 46,000 habitantes, eminentemente rurales (81.6%[^1]). A esto se adiciona que el 90% de la población tiene como lengua materna el quechua,^[2] la tasa de pobreza llega al 88% y a 70% en el caso de la pobreza extrema.^[3] En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en esta provincia, el Frente Amplio obtuvo un 56%, Democracia Directa de Gregorio Santos obtuvo 16% (totalizando, las fuerza anti-mineras un 72%), y Fuerza Popular 17%.

Es de esperar que los profundos cambios económicos y sociales desencadenados por una inversión de esta magnitud en semejante entorno esté a asociada a fuertes dinámicas sociales. Estas dinámicas llegaron a un nivel dramático en setiembre del año 2015 cuando se dio un conflicto social en el que lamentablemente, se produjeron enfrentamientos que generaron un saldo de 6 fallecidos[⁴] y la posterior instalación de una Mesa de Diálogo.

Hasta hace poco “Las Bambas” se encontraba amenazada por otro conflicto social. Manifestantes de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo  y Pumamarca bloquearon uno de los accesos a la mina, aunque la empresa fue capaz de sacar su producción por una vía alterna. Y más aún, la empresa logró llegar a acuerdos con los dirigentes para desbloquear la vía.

Las fuerzas anti-mineras están desplegando líneas de acción que, de ser exitosas, llevarían a que el actual gobierno enfrente su primer conflicto social de gran dimensión, intentan que “Las Bambas” enfrente una conflictividad que implique un permanente riesgo para sus operaciones y que se constituya en un “cerco social” inviabilizando cualquier posible expansión u modificación futura de la operación. Además, estas líneas de acción son un riesgo potencial de seguridad para las personas, para vidas humanas y por último, podrían infringir costos a la Empresa que afecten los niveles de producción y por ende los impuestos que abona al Estado. 

Sin entrar en juicios de valor, en el presente artículo detallaremos algunas de las principales líneas de acción de los anti-mineros hacia las Bambas y describiremos algunas de las implicancias estratégicas de dichas líneas. Por anti-mineros no nos referimos a organizaciones o actores que se encuentren dedicadas en la plenitud de sus esfuerzos a la abolición de la minería, damos este apelativo a aquellos actores que de manera consistente –y con una agenda oculta- porque públicamente dicen una cosa y en privado hacen otra, promueven y financian  actividades que reducen la viabilidad social de la actividad minera formal.

La Nación Yanawara

La población del entorno de “Las Bambas” es masivamente quechua hablante, rural y con un bajo nivel de conectividad con el resto del país. Esto facilita la consolidación de una identidad local alrededor de la idea de la “Nación Yanawara”. Se está impulsando la idea de que las poblaciones en el entorno de “Las Bambas” deben luchar por su reconocimiento como pueblo indígena por parte de las instituciones del Estado.

Si el Estado reconociera a estas poblaciones como pueblos indígenas, esto tendría amplias consecuencias sobre la legitimidad de las Bambas, las resoluciones del Estado y los acuerdos con las comunidades que viabilizaron el proyecto. Aceptar a la población del Área de Influencia como pueblo indígena, permitiría el despliegue de un conjunto de “herramientas de lucha” que facilitaría enormemente el accionar hostil hacia “Las Bambas”.

En primer lugar se podría reclamar que los acuerdos con las comunidades cuyas tierras fueron adquiridas para poder realizar el proyecto no han cumplido con los requisitos de la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas^[5]. Ambos cuerpos jurídicos detallan un conjunto de principios y prácticas en el relacionamiento entre Estado, Empresa y Pueblos Indígenas. Estos principios y prácticas no fueron requeridos al momento en el que la Empresa llegaba a acuerdos con las comunidades campesinas de la zona, según la legislación aplicable.

Una vez dado el reconocimiento como pueblo indígena a la “Nación Yanawara”, los radicales podrían estar en mucho mejores condiciones para exigir, como ya lo vienen haciendo, la nulidad de TODOS los acuerdos entre la empresa minera y las comunidades. Los mecanismos de presión podrían ser tanto las acciones directas tales como marchas y tomas de carreteras, la incidencia mediática y el Litigio Estratégico.[⁶]

Un momento crítico para esta línea de acción es el próximo censo a ser realizado el año 2017 el cual incluiría una pregunta (¿sembrada?) de auto-identificación como pueblo indígena.  Es de esperar que en aquellas zonas en las que una mayoría se reclame como indígena, se genere una fuerte campaña política para que las mismas se añadan al Registro de Pueblos Indígenas que lleva el Ministerio de Cultura. A esto se agrega la interpretación de los radicales tienen respecto a al significado de “Derecho de Autodeterminación” mencionado en el Acuerdo 169.

Existen fuertes incentivos para que las poblaciones del entorno de los proyectos extractivos se proclamen indígenas, independientemente de cual sea su identidad cultural.  El ser declarado como indígena brinda a las comunidades una posición de mayor fuerza respecto a las empresas y al gobierno central. Facilita iniciar Litigios Estratégicos[⁷], tener acceso a recursos internacionales para las movilizaciones, genera una mayor empatía en la prensa, pone en duda la totalidad de acuerdos previamente negociados, y permite que se pretendan ubicar al margen del marco normativo y jurídico del país.

Hay una confluencia de actores interesados en fomentar la construcción de una fuerte identidad indígena en el entorno de las Bambas. ONGs ecologistas e indigenistas que podrían tener un mejor caso para justificar desembolsos de la cooperación, buscadores de rentas locales y políticos radicales ligadas al nacionalismo indígena^[8] verían facilitado el avance de sus objetivos políticos o “lentejeros”. Esta convergencia por el reconocimiento de la “Nación Yanawara” reúne las características necesarias para ser el mejor propiciador de conflictividad asociada a “Las Bambas”.

La Acumulación del Agravio

Juzgar los impactos ambientales de un proyecto enorme como “Las Bambas” requiere de un conocimiento técnico y de una disponibilidad de tiempo que muy pocos tienen como para revisar expedientes de mil 500 folios. Un Estudio de Impacto Ambiental tiene miles de páginas difíciles de evaluar por quienes no tienen una formación especializada. Por ello, la eventual decisión de una mayoría de personas respecto a la idoneidad de un proyecto extractivo no se da dentro de la esfera técnica. A pesar de que el discurso político menciona los impactos ambientales como elemento central no es ahí en donde se disputa la postura que asumirán los diversos públicos involucrados en un conflicto social.

En buena medida, el público y los líderes de opinión se decantarán por aquellos que tengan una aparente mejor caracterización ética. En simple, apoyarán a los “buenos” frente a los “malos”. Por ello, son tan importantes las denuncias de abusos hacia la población local que los anti-mineros realizan de manera sistemática y que difunden en tiempo real principalmente en las mismas redes sociales, en formato de mensajes mandados a través de las redes sociales, con baja llegada al gran público. Sin embargo, estos mensajes, sí son observados por periodistas y líderes de opinión y podrían afectar la actitud de los mismos hacia los proyectos y operaciones mineras.

El efecto de las denuncias sobre los conflictos emergen cuando la conflictividad incrementa y pasa a tener relevancia política nacional, ahí es que las consecuencias de este proceso de demolición de la caracterización ética se hacen visibles. La predisposición negativa de algunos periodistas y líderes de opinión llevan a una cobertura negativa por parte de la prensa, a entrevistas favorables a los anti-mineros, reportajes que sirven de propaganda para los radicales, entrevistas hostiles a los voceros de la empresa, etc. Esto lleva a una erosión del soporte de la opinión pública a una operación minera mientras el conflicto se mantenga[⁹].

En el caso de Las Bambas, frente a la opinión publica nacional, se están dando denuncias respecto a MMG Limited en múltiples aspectos. Se le ha acusado de haber comprado las tierras en las que opera a 20 céntimos el metro cuadrado, de haberse apropiado de las tierras de los campesinos abusando de su ingenuidad, de realizar audiencias públicas trayendo personas ajenas a las comunidades e impidiendo el ingresos de los lugareños, de tener a la Policía Nacional como “mercenaria” a sus órdenes, modificaciones inconsultas al proyecto, hacer firmar a niños y ancianos a favor del proyecto, hacer lobby con el Estado para aprobar cambios en su Estudio de Impacto Ambiental junto con un largo etc. No es la primera vez que se ve este “paquete” de acusaciones contra una empresa minera. Podemos ver los mismos argumentos y hasta los mismos adjetivos en el entorno de otros proyectos que estas mismas organizaciones han tratado o están tratando de obstaculizar en el Perú. Es que el conflicto como la probreza también sus fuentes de ingresos para aquellos que hablan en nombre de los peruanos más excluidos y necesitados.

Además, se están elaborando los contenidos “académicos” tales como estudios u conferencias, entrevistas a supuestos técnicos para intentar invalidar cambios en Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Estado, cuyos nombres no pueden revelar por razones de seguridad ¿de quién y por qué necesitan  protegerse?, reportajes escritos y audiovisuales que facilitan caracterizar a la MMG Limited como una empresa que abusa de manera sistemática de los campesinos y vulnera sus derechos. Una vez que la caracterización ética haya socavado la imagen de la empresa, las acusaciones respecto a ‘impactos’ medio ambientales aumentan en credibilidad.

La construcción de un historial de abusos por parte de MMG Limited facilita la coordinación de diversos actores sociales en su contra. Una vez que una empresa ha sido caracterizada como un abusador en serie de campesinos, se hace más fácil que diversos actores políticos se articulen en la realización de acciones en su contra.  Aquellos actores sociales a los que les resulta conveniente que se les vea como opositores al “monstruo” minero convergerán naturalmente en la realización de acciones hostiles al ente caracterizado como abusador.

No basta con tener una conducta socialmente responsable para evitar que se caracterice a una empresa como generadora de agravios contra la población de su entorno. El caso de Máxima Acuña nos muestra claramente que es posible generar artificialmente un agravio[¹⁰] y que buena parte de la prensa está dispuesta a participar activamente en la propagación de una mentira que de tanto repetirla se convierte en verdad.

En el caso de las Bambas dado su valor simbólico como mayor emprendimiento minero del país, ello no sólo genera grandes expectativas en una población de ha vivido por décadas sumida en la pobreza ante la poca presencia del Estado sino que provoca el natural alineamiento de quienes consideran que hay que golpear al “Modelo Primario Exportador” en su puntos más débiles.

Afectación Ambiental

El núcleo de la narrativa anti-minera consiste en la visión de la actividad minera a gran escala como antagónica a la actividad agrícola. Esa supuesta contradicción es repetida, aunque exista evidencia de que ambas pueden convivir de manera armónica no sólo en el Perú sino en otros países con presencia de gran minería. En especial como una amenaza a la cantidad y calidad de agua disponible para la población. En el caso de “Las Bambas” lo reciente de su puesta en operación reduce la credibilidad entre la prensa nacional de versiones respecto a que la explotación minera estaría acabando con el suministro agua en la cuenca en la que este proyecto se encuentra ubicado. La minería moderna usa tecnología de punta, la misma que permite reciclar el consumo de agua en el procesamiento del mineral.

Si bien todavía no se han acumulado los “estudios técnicos”[¹¹] que brinden credibilidad en el aparato mediático nacional respecto a la acusaciones de impactos medio ambientales en el suministro agua, ya se están realizando las primeras denuncias al respecto al impacto del polvo levantado por los camiones que trasladan mineral desde las Bambas.[¹²]

Sin embargo, en la zona rural de Cotabambas y su vecina provincia de Grau los ataques a las Bambas en el frente ambiental son sistemáticos y sostenidos. El discurso de los dirigentes de los Comités de Lucha y Frentes de Defensa hace hincapié permanentemente, en los supuestos efectos devastadores de las operaciones mineras sobre el ambiente local. Estos efectos imputados son los que legitiman los pedidos compensatorios tales como “una participación de 50% en las utilidades” y un “justi-precio” de 5,000 dólares por metro cuadrado en los territorios adquiridos por MMG.

Con el paso del tiempo la ideología de la “cabecera de cuenca” y las “fuentes naturales de agua” puede mutar de ser un mero recurso discursivo para presionar a MMG Limited hacia una creencia con la que la población se encuentra profundamente comprometida y que guiará su acción social y política a futuro. Los resultados de años de “concientización” anti-minera se pueden ver en Majaz, Quilish, Conga y Tía María donde los radicales han conseguido una masa movilizable local que ha logrado bloquear las inversiones.

Conclusión

En el corto plazo las actuales movilizaciones contra “Las Bambas” están asumiendo un carácter eminentemente distributivo en el que los movilizados tienen como principal motivante el acceso a una fracción de la renta generada por el proyecto. Sin embargo, ello va mudar.

En el mediano plazo existen un conjunto de dinámicas que pueden llevar a consecuencias aún más negativas, tanto para Las Bambas como al resto del sector minero y el país. En primer lugar la instrumentalización de la lucha por la identidad indígena como un mecanismo de pugna permanente con las empresas extractivas bajo una correlación de fuerzas claramente más favorable a las fuerzas radicales de la que se da actualmente. En segundo lugar, se puede generar una carga de agravios atribuibles a Las Bambas que deje el proyecto sumamente vulnerable a los conflictos sociales para convertirlo en una piñata mediática. Finalmente, la propagación de la ideología de la “cabecera de cuenca y las fuentes naturales de agua” entre las poblaciones rurales del entorno de un proyecto puede llevar a que el mismo termine enfrentando “un cerco social” que inviabilice cualquier expansión posterior de la operación.

Lampadia

Un proyecto minero desarrollado durante quince años, de enorme impacto económico, que ha desarrollado un gran programa social, que ha cumplido con todas las reglas y que ha generado beneficios tangibles para la población vinculada al mismo, enfrenta, ante su puesta en marcha, una revuelta liderada por organizaciones oportunistas apoyadas por conocidas ONGs anti-mineras como Grufides y Cooperacción y diversos intereses particulares, sin que el Estado y la sociedad ejerzan una influencia determinante en el manejo del conflicto y en la difusión de los balances sociales, económicos y políticos de sus impactos.

Ante el enfrentamiento al proyecto de grupos autonombrados como representantes de las comunidades, en contra de las autoridades recientemente elegidas, favorables al proyecto, el país parece estar pensando que en cualquier momento, una visita del Espíritu Santo, nos ayudará a que las cosas se resuelvan solas.

La representación del Gobierno Nacional en la zona del conflicto se da por una suerte de pulsos diversos y discontinuos. Sin ningún nivel de coordinación ni unidad de mando. Inclusive se aprecian pugnas y zancadillas entre ellos.

Los medios relativizan a las partes y ponen en el mismo plano a las autoridades nacionales y locales y a la empresa, con los autoproclamados ‘frentes’ de toda suerte de supuestas causas nobles.

Los líderes de opinión, los representantes gremiales y académicos destacan fundamentalmente por su ausencia, aderezada por solo esporádicas presencias, cuando no, por caer en generalizaciones que buscan culpables entre las víctimas.

Cualquier disculpa es buena para las gestas desestabilizadoras de la racionalidad, el diálogo y la rigurosidad de los temas vinculados al desarrollo del proyecto.

Un amigo de esta casa nos preguntó hace unos días “¿por qué defienden tanto a la minería?”. Nuestra respuesta fue: “porque es el talón de Aquiles de la economía peruana”. Pero además, debemos decir que la Misión de Lampadia es: “Promover la Economía de Mercado, la Inversión Privada, la Modernidad, el Estado de Derecho y Meritocrático”.

¿Por qué es el talón de Aquiles de la economía peruana?

• Porque el Perú es un país pobre y por ahora solo tiene, prácticamente, sus recursos naturales para desarrollarse y generar trabajo para nuestra gente.

• Porque si sabemos aprovechar nuestros recursos naturales podremos crear riqueza para superar la pobreza como hemos hecho desde la promulgación de la Constitución de 1993, con el regreso de la inversión privada. Entre ella, de manera notoria, la inversión de la minería moderna. Con la qué, entre otros importantes desarrollos, hemos bajado la pobreza a un 22% y la pobreza extrema a 4.3%, disminuyendo, además, la desigualdad.

• Porque con lo que tenemos podemos superar la pobreza y no hacerlo, sería inmoral.

• Porque el mundo está cambiando aceleradamente con una revolución tecnológica que será disruptiva del empleo y del impacto de las estrategias tradicionales de industrialización como mecanismo de generación de empleo masivo y dependiente.

• Porque en el nuevo mundo tecnologizado, la creación de empleo será muy difícil y nosotros tenemos un potencial productivo inmenso alrededor de nuestros recursos naturales que, mientras emprendemos la gesta de las mejoras en educación, salud, infraestructuras e instituciones, puede albergar a todos nuestros ciudadanos con empleo de calidad, continuando con el crecimiento pro-pobre y pro-clase media que hemos alentado hasta el 2011.

• Porque nuestro Estado necesita muchos recursos económicos para desarrollar sus responsabilidades sociales atemperando la pobreza extrema, mientras logramos que nuestros pobres accedan a la economía de mercado y las vidas dignas que da el trabajo, más allá del imperioso asistencialismo temporal.

• Porque para los peruanos no se ha terminado ningún espacio de captación de riqueza desde el resto del mundo a través de nuestras exportaciones de materias primas de alto valor agregado, como las mineras. (Un 7% de crecimiento de China equivale en producto a 3.6 veces el PBI anual del Perú). Pero también está el potencial de reforestación de siete millones de hectáreas en la sierra, las agro-exportaciones, la acuicultura, la energía, el turismo, la gastronomía y el desarrollo de los minifundios alto-andinos con programas como el de Sierra Productiva.

• Porque el desarrollo del sector minero moderno es un excelente vehículo de encadenamiento con los demás sectores de la economía, muy especialmente, con el sector manufacturero.

• Porque no queremos que nuestros jóvenes tengan que volver a imaginar su futuro del  Perú, como hasta hace pocos años lo hacía el 86% de ellos.

Este no es momento para aguas tibias, celos ni cobardía. Tenemos que empezar a decir las cosas como son y a movilizar nuestras voluntades más allá de los mitos y de nuestra lejanía con la construcción de un país responsable en pro del bienestar general. ¡El Perú está en construcción. Todos debemos poner ladrillos! Lampadia 

Líneas abajo compartimos la entrevista de Gestión a Luis Alberto Rivera, alto ejecutivo de Las Bambas:

“El precio del cobre ha disminuido, pero la demanda por los metales no ha cambiado”

Las Bambas prepara ejecución de programas de competitividad en Cotabambas y Apurímac, y otros de alcance regional.

Entrevista a Luis Alberto Rivera Ruíz, vicepresidente de Operaciones de Las Bambas

Por Wilfredo Huanachín O.

Gestión, 28 de octubre, 2015

Los sucesos ocurridos en las zonas que circundan el proyecto de cobre Las Bambas (Apurímac) llevaron a Minera a entrevistar a Luis Rivera, ingeniero geólogo encargado del proyecto, con el fin de conocer cuál será el futuro inmediato de este desarrollo cuprífero operado por la empresa minera Las Bambas, filial en el Perú de la firma MMG Limited.

¿En qué estado se encuentran los procesos y los cronogramas de trabajo del proyecto?

Nos encontramos en la fase de comisionamiento.

¿En qué consiste esta fase de comisionamiento?

Consiste en la prueba de operación de las instalaciones, cuyas especificaciones son establecidas por los fabricantes, y se debe llegar al diseño y capacidad de cada componente. Por ejemplo, cada molino SAG debe moler 70,000 toneladas por día de mineral.

Respecto al traslado de minerales, ¿cómo se efectuará el transporte desde la mina a otro punto?

El concentrado que produciremos se transportará por camión hasta una estación de transferencia en Pillones (Arequipa). Desde allí continuará el transporte por tren hasta el puerto de Matarani. Gracias a Las Bambas se ha construido una importante vía terrestre que está unida a la red nacional de carreteras.

¿Qué asegura que el transporte en camiones no genere contaminación?

Los contenedores a usarse serán ISO containers, sellados por completo para mayor protección. Han sido especialmente diseñados para esta operación.

¿Cómo va la construcción de almacenes y espacios reservados para el concentrado de minerales que se exportará desde Matarani?

El operador portuario Tisur está construyendo una nueva instalación de atraque para el concentrado de Las Bambas y de otras minas, como Cerro Verde y Antapaccay. El nuevo amarradero incluye facilidades de descarga de trenes para Las Bambas, un cobertizo de almacenamiento de concentrado, un nuevo muelle con capacidad para recibir buques graneleros y un cargador de barcos con capacidad de 2,000 toneladas por hora. La inversión total supera los US$ 240 millones.

¿Cómo observan la evolución del precio del cobre y cuál puede ser la proyección para el 2016?

El precio del cobre ha disminuido sustancialmente, pero los fundamentos de la demanda de metales en el mediano y largo plazo no han cambiado. El mundo necesitará más cobre para su desarrollo y crecimiento.

Grupos de interés

En la actividad minera, Rivera consideró necesario identificar grupos de interés y poner en marcha mecanismos de comunicación para construir y consolidar una relación de confianza de largo plazo.

¿Están apoyando a los municipios, asesorándolos en el desarrollo de proyectos de inversión?

Fomentamos espacios para compartir y discutir las mejores prácticas de administración pública. Por ejemplo, en diciembre del 2014 Las Bambas organizó un taller sobre herramientas de gestión pública, en el que participaron 33 autoridades, entre alcaldes, concejales y miembros del equipo técnico municipal de los distritos de la provincia.

¿Cuáles han sido los trabajos o proyectos más relevantes?

Allí se abordaron temas como estructura de la administración pública, planeamiento estratégico, inversión pública y contrataciones. Creemos que este factor es primordial para hacer sostenible el desarrollo de Cotabambas y Apurímac.

Estamos contribuyendo también a desarrollar un plan de competitividad de alcance regional.

¿Cuáles serán los proyectos sociales más importantes de Minera Las Bambas en el 2016?

Continuaremos fortaleciendo todos nuestros proyectos de inversión social, especialmente los más emblemáticos, como el Programa de Recursos Educativos Las Bambas, los programas de capacitación a jóvenes, el programa de proveedores locales y el programa de viveros forestales, entre otros.

¿Le conviene a la empresa el modelo de inversión obras por impuestos?

Definitivamente, es un mecanismo interesante. Sin embargo, no aplica en esta etapa del proyecto.

Inversión social

¿Cuánto tiempo ha tomado el proceso para obtener la licencia social por el proyecto Las Bambas?

Iniciamos nuestras actividades de exploración hace más de una década. Desde entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar de manera directa con las comunidades del entorno, para lo cual fue fundamental escuchar y entender sus reales necesidades y expectativas. El diálogo permanente y el cumplimiento de nuestros compromisos han sido la base de nuestra buena relación con las comunidades vecinas al proyecto.

¿Cuál ha sido la etapa más complicada para concretar este proceso?

Uno de los procesos más rigurosos, sin lugar a dudas, fue el proceso de participación ciudadana del estudio de impacto ambiental, que incluyó un amplio programa de monitoreos participativos, 20 talleres informativos, atención permanente en nuestras oficinas informativas, entre otras herramientas de socialización del proyecto y sus beneficios para las comunidades.

En una audiencia pública en la que participaron más de 6,000 personas obtuvimos el consenso social para poner en marcha el proyecto Las Bambas.

¿Cuánto representa la inversión en actividades o trabajos de relaciones comunitarias o de apoyo a las comunidades respecto al costo o valor total del proyecto?

La inversión social no está relacionada al costo o valor del proyecto. Es un mecanismo de contribución al desarrollo en función de distintas variables. Entre ellas, las reales necesidades del área de influencia, teniendo como marco nuestras políticas y principios como empresa.

¿Este concepto tiende a variar en la medida en que se va incrementando la producción del proyecto?

Entre los años 2005 y 2015 hemos implementado un intenso programa de desarrollo social, aún antes de iniciarse la producción, que contribuye a la generación de recursos propios e incentiva el progreso de las comunidades. La inversión directa en proyectos de desarrollo sostenible durante este periodo supera los US$ 240 millones. Hemos contribuido a mejorar la infraestructura y servicios, así como la promoción de nuevos negocios. En medio ambiente, por ejemplo, hemos reforestado 220 hectáreas y hemos plantado 280,000 árboles.

¿Incluye capacitación?

No, capacitación es aparte. Hemos impartido conocimientos sobre computación, carpintería, soldadura, electricidad, mantenimiento y manejo de vehículos a, aproximadamente, 2,000 residentes locales.

¿Qué trabajos vienen desarrollando respecto al Fondo Social de Las Bambas?

En el Fondo Social Las Bambas (Fosbam) se ha invertido más de US$ 60 millones en obras de saneamiento, educación, transporte, infraestructura y mejoras agrícolas, en las provincias de Grau y Cotabambas (departamento de Apurímac).

Más de 2,500 proveedores vendieron bienes y servicios superiores a los US$ 200 millones

Balance. Según el reporte de sostenibilidad de MMG, en Las Bambas se invirtieron durante el 2014 unos US$ 1,635 millones correspondientes a proyectos de construcción y desarrollo.

También están registrados unos 2,554 proveedores, que concretaron un total de ventas por US$ 214 millones, entre bienes y servicios.

Por otro lado, la planilla total de ese año fue de 836 trabajadores, procedentes principalmente de Apurímac, Cusco, Arequipa y Lima.

El proyecto Las Bambas cuenta con reservas minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 10.5 millones de toneladas de cobre. Se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado en sus primeros cinco años. Se estima que la vida de Las Bambas será mayor a 20 años, dado que su potencial de exploración es considerable, y que solo el 10% de la propiedad otorgada en concesión se ha explorado hasta el momento. MMG Limited tiene su sede en Melbourne, Australia, y cotiza en la bolsa de Hong Kong.

Como explicamos en la Parte I de esta sección, seguimos publicando una serie de artículos que nos permitan entender la minería peruana. En este caso será en el contexto del ciclo de vida de un proyecto minero.

Las actividades de esta industria requieren seguir una serie de reglamentos y autorizaciones, desde la exploración, el Estudio del Impacto Ambiental, la construcción y operación hasta el cierre y post-cierre.

Para lograr explicar claramente este largo y riguroso proceso, hemos recurrido a uno de los especialistas más conocedores del tema, que tiene una formación estrictamente técnica y una vocación muy loable, por difundir objetivamente sus conocimientos.

La información incluye ilustraciones fotográficas, diagramas y cuadros, que permiten un mejor entendimiento del tema.

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES MINERALES EN EL PERÚ

Por: Henry Luna Córdova

Especialista en Recursos Naturales

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

LA INDUSTRIA MINERA

La minería es una actividad que se inicia con la búsqueda de minerales de valor económico metálico o no metálico con la finalidad de realizar su explotación racional, su procesamiento y su comercialización.

En el mundo la ejecución de un proyecto minero requiere de muchos años de investigación; la aprobación de diferentes estudios, autorizaciones y permisos; asimismo, una fuerte inversión de riesgo.

En el Perú la legislación minera establece que las actividades de la industria minera son las siguientes:

1. cateo,
2. prospección,
3. exploración,
4. explotación,
5. beneficio, 
6. comercialización y 
7. transporte minero.

De igual manera aclara que las concesiones se otorgan tanto para la acción empresarial del Estado como de los particulares, sin distinción ni privilegio alguno.

Hay tres actividades que se pueden realizar libremente y las restantes requieren la aprobación del título de concesión y la autorización del Ministerio de Energía y Minas para el inicio de estas actividades.

Actividades  que no requieren título de concesión

Hay tres actividades que no requieren título de concesión para poder desarrollarse: las dos primeras de cateo y prospección corresponden a labores de investigación y la tercera a  comercialización de minerales.

Cateo y Prospección

El cateo es la acción conducente a poner en evidencia indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales.

El cateo es una actividad libre debido a que se puede desarrollar usando métodos que no causan mayor impacto en el ambiente. Por ejemplo, cuando una persona está caminando o haciendo un tour en el campo o por una carretera o cerca de un río y de pronto observa algunas coloraciones en el terreno que le llaman la atención (brillo  en la arena, color óxido, verdoso o plateado, etc.) y recoge muestras en una bolsa para analizarlas en un laboratorio.

La prospección es la investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y técnicas de precisión.

A diferencia de la actividad de cateo en la etapa de prospección se profundizan las investigaciones en las zonas donde se han recogido muestras de minerales. Se realizan pequeñas zanjas para verificar la continuidad de la mineralización o se usan métodos geofísicos, geoquímicos o cartográficos para hacer análisis de la zona de estudio sin causar mayor impacto en el ambiente.

El cateo y la prospección son libres en todo el territorio nacional. No podrán efectuarse por terceros en áreas donde existan concesiones mineras, áreas de no admisión de denuncios y terrenos cercados o cultivados, salvo previo permiso escrito de su titular o propietario, según sea el caso.

Está prohibido el cateo y la prospección en zonas urbanas o de expansión urbana, en zonas reservadas para la defensa nacional, en zonas arqueológicas y sobre bienes de uso público; salvo autorización previa de la entidad competente.

Comercialización: es una actividad libre, interna y externamente. Para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de concesión. La compra hecha a persona no autorizada, sujeta al comprador a la responsabilidad correspondiente.

La legislación actual contempla que el comprador está obligado a verificar el origen de las sustancias minerales. Esta acción es muy importante porque obliga a los comercializadores a exigir a quienes pretendan venderles minerales a demostrar que cuentan con la autorización otorgada por el Ministerio de Energía y Minas para iniciar o ejecutar actividades de exploración, explotación o beneficio de minerales.

Actividades mineras que requieren título de concesión:

Las actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero son ejecutadas por personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, a través del sistema de concesiones.

Las concesiones son irrevocables, en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta ley exige para mantener su vigencia.

Las actividades mineras que requieren necesariamente el título de concesión, la aprobación de un estudio ambiental y las autorizaciones para el ejercicio de la  actividad minera son las siguientes: exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero.

A continuación se describen brevemente estas actividades mineras:

Exploración: Es la actividad minera que permite demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales.

Actividades Mineras realizadas en la etapa de Exploración Minera

Explotación: Es la actividad que consiste en la extracción de los minerales contenidos en un yacimiento minero.

Beneficio: Es el conjunto de procesos físicos,  químicos y/o físico-químicos que se realizan para extraer o  concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y/o  para purificar, fundir o refinar metales.

Labor General: es toda actividad minera que presta servicios auxiliares, tales como ventilación, desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones de distintos concesionarios. Otorga a su titular el derecho a prestar servicios auxiliares a dos o más concesiones mineras.

Transporte Minero: es todo sistema utilizado para el transporte masivo continuo de productos minerales, por métodos no convencionales como: fajas transportadoras, tuberías y cable carril.

Productos Mineros: El producto final de la actividad minera de beneficio son los concentrados metálicos o no metálicos, asimismo, los  cátodos de cobre y las barras de oro, plata, plomo zinc y estaño

Responsabilidad Social: la minería peruana colabora en mejorar el nivel de vida de sus poblaciones vecinas y del Perú en su conjunto