Varios millones de brasileños marchan casi todos los días exigiendo la renuncia o destitución de su presidenta, Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT) del, ahora devaluado semi Dios, Lula da Silva.

En los últimos 20 años Brasil ha vivido por un proceso dramático. Primero, bajo la conducción de Fernando Henrique Cardoso, adoptó políticas económicas ortodoxas y recuperó la posibilidad de optar por el desarrollo sostenido. Luego de Cardoso, que deja el gobierno el 2002, entra el PT con Lula y se encuentra con una economía bien ajustada y con los impactos positivos del súper ciclo de crecimiento de principios del nuevo siglo. Efectivamente Lula, a pesar de su aislacionismo comercial, en una época de integración, puede gozar de un importante crecimiento y capacidades fiscales que le permiten reducir la pobreza de manera importante, mediante programas masivos de apoyo social.

Lamentablemente, el PT con Lula y Dilma, se enrosca en políticas aislacionistas y proteccionistas, promueve el mercantilismo del sector empresarial, coopta las disidencias con recursos fiscales, multiplica y profundiza los programas asistencialistas y se zambulle en niveles de corrupción desbordados. A pesar de todo esto, Brasil se convierte en una estrella del Olimpo y despega como parte de los BRIC hacia un desarrollo ‘imparable’.

Pero cuando se acabaron las condiciones externas que permitían tener los hornos produciendo energía a todo vapor, perseveran en el error, y viene el colapso paulatino e imparable hacia la peor crisis desde 1930. Brasil pierde así, de la mano de su muy soberbia izquierda, su gran oportunidad de desarrollo. Hoy es solo un recuerdo, una frustración y una crisis que no termina de tocar fondo, que por supuesto, se agrava por la pérdida de confianza generalizada y los destapes de corrupción en lo más alto del mundo político y empresarial.

Al mismo tiempo, surge la acción de un sistema judicial que, dadas las condiciones suficientes, se avoca a perseguir la corrupción en lo más alto del establishmnet político y empresarial del país. Un proceso encomiable, que habrá que estudiar más adelante, que pone como protagonistas de la sociedad, a un grupo de jóvenes jueces que podrían sentar las bases para el nacimiento de un nuevo Brasil, más humilde, menos corrupto y más realista.

Pero para que todo esto se asiente debidamente, así como se han encarcelado a las cúpulas empresariales corruptas, es necesario cortar de raíz las estructuras políticas incapaces y corruptas, empezando por la propia presidenta de la República, Dilma Rousseff, como lo plantea la muy seria publicación internacional, The Economist, ojalá mediante la renuncia y no a través de procesos políticos complejos de expulsión. Veamos algunas líneas argumentales de The Economist al respecto:

La crisis política de Brasil: hora de irse

La empañada presidenta debería renunciar ahora

26 de marzo, el 2016

The Economist

Traducido y glosado por Lampadia

Las dificultades de Dilma Rousseff se vienen agravando durante meses. El masivo escándalo que rodea a Petrobras, implica a varias de las personas más cercanas a ella. La economía de Brasil sufre su peor recesión desde la década de 1930, en gran parte debido a los errores de su primer mandato. Su debilidad política ha hecho que el gobierno sea casi impotente frente al aumento del desempleo y la caída de los niveles de vida. Sus índices de aprobación son apenas de dos dígitos y millones de brasileños han salido a las calles para cantar “¡Fora Dilma!” (“Fuera Dilma)”.

Ahora ha perdido todos los vestigios de credibilidad, pues el 16 de marzo pasado, Rousseff tomó la ‘extraordinaria’ decisión de nombrar a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, como su jefe de gabinete. Ella interpretó esto como una movida astuta. Lula, se pensó, es un operador político sagaz que podía ayudar al presidente a sobrevivir el intento del Congreso para destituirla y tal vez incluso, estabilizar la economía. Sin embargo, sólo unos días antes, Lula había sido detenido brevemente para ser interrogado por orden de Sergio Moro, el juez federal a cargo de la investigación de Petrobras (Lava Jato), por sospechas de que el ex mandatario se habría beneficiado del esquema de sobornos. Los fiscales en el estado de Sao Paulo acusaron a Lula de ocultar su condición de propietario de un condominio frente a la playa. Él niega estos cargos. Al adquirir el rango de ministro del gobierno, Lula tendría inmunidad parcial: sólo el Tribunal Supremo del país [afín al gobierno] podría continuar la investigación. Sin embargo, otro juez suspendió cautelarmente el nombramiento de ministro.

[The Economist] ha sostenido durante mucho tiempo que, o bien el sistema judicial o los votantes, no los políticos que están tratando de impugnarla, deben decidir el destino del presidente. Pero la contratación de Lula parece un intento burdo de frustrar la acción de la justicia, incluso si eso no era su intención, sería su efecto. Este fue el momento en que el presidente optó por los estrechos intereses de su tribu política sobre el estado de derecho. Por lo tanto, ella se ha presentado a sí misma incapaz de continuar  en la presidencia.

Es muy importante cómo sale de Planalto. Las democracias representativas no deben regirse por las protestas y los sondeos de opinión.

Hay tres maneras de eliminar Rousseff que descansan sobre bases más legítimas. La forma más rápida y mejor para que Rousseff salga de Planalto sería que renuncie antes de ser destituida.

Su partida ofrecería al Brasil la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero la renuncia del presidente no resolvería por sí misma los problemas de Brasil.

Sacar a Brasil de su desastre, requiere un cambio mayor: el control del gasto público, en particular sobre las pensiones; revisar las leyes fiscales y laborales que destruyen el crecimiento; y la reforma de un sistema político que fomenta la corrupción y debilita a los partidos políticos.

Esto ya no se puede aplazar. Aquellos que cantan “¡Fora Dilma!” en las calles reclamarán la victoria si se le expulsa. Sin embargo, para la victoria del propio Brasil, esto sería sólo el primer paso. Lampadia

 

 

El mes pasado, el parlamento boliviano aprobó una ley que permitiría que el presidente Evo Morales postule para otro mandato (por quinta vez) si es ratificado en un referéndum nacional el próximo año. La ley, aprobada en una maratónica sesión por más de dos tercios de los legisladores (típica de las nuevas ‘democracias’ de papel), enmendaría nuevamente la Constitución para eliminar los límites del mandato presidencial.

Esto iría en contra de los ideales de su propia ‘cacareada’ cultura indígena. En un reciente artículo de The Economist, uno de sus legisladores aymara, Rafael Quispe, afirma que Morales estaría haciendo campaña con el lema “También yo quiero ser rey”. “Esto está lejos de ser un gobierno de los indígenas”, dijo Quispe. “Los aymara tienen una regla, taqui muyu. Significa liderazgo de alternancia. En nuestras comunidades, se elige un líder por dos años, tres cuando mucho. No puede volver a serlo, aun cuando nos ruegue”.

Morales, que llegó al poder en 2006 y cuyo índice de aprobación está por encima de 60%, afirma que sería feliz de renunciar a la presidencia, pero dice que son sus seguidores quienes lo estarían presionando para que se quede (sorprendente, considerando la opinión de su propio legislador aymara mencionada líneas arriba). Pero la verdad es que con tantos programas asistencialistas (Morales distribuye dinero a manos llenas, casi un tercio de los bolivianos, poco más de tres millones, recibe algún tipo de ayuda estatal), no es extraordinario que mantenga una alta popularidad y apoyo del pueblo, a pesar de que el país siga siendo uno de los menos desarrollados de América Latina, debido a las políticas orientadas al Estado que disuaden la inversión privada y el crecimiento.

Siguiendo el libreto de las ‘nuevas democracias’, el presidente Evo Morales impuso una nueva constitución en 2009 para ampliar sus poderes ejecutivos y estatizar la economía. Se ha comprometido llevar a Bolivia hacia un “socialismo comunitario”.  Mientras tanto, la tasa de inversión privada es una de las más bajas de la región. La mitad de todos los bolivianos viven en la pobreza y casi el 60 % de los trabajadores son informales.

Con el Rey Morales, el crecimiento económico de Bolivia ha sido bastante alto. Cerró el 2014 con un PBI per cápita superior a los 3,000 dólares, cifra que triplica lo registrado en 2005, cuando el ingreso individual era apenas de 1,010 dólares. Sin embargo, el Banco Mundial prevé que en 2016 la economía boliviana tendrá un crecimiento menor al de otros años, estimando una tasa de 3%. Las cifras del FMI son un poco más alentadoras, le dan a Bolivia una tasa de 3.5%, casi un punto porcentual menos que la proyección de la CEPAL de 4.4% para la próxima gestión. 

Gran parte de este desempeño se puede atribuir a los precios del gas natural, el mayor recurso estratégico de Bolivia. La bonanza de las materias primas proporcionó un superávit presupuestario y los medios para proyectos de infraestructuras y muchos programas sociales. En 2014, las exportaciones de petróleo y gas natural representaron el 54 % de los ingresos totales de exportación de Bolivia y el 8% del PBI. La avidez por recursos fiscales, único mecanismo para mantener el bombeo del crecimiento y clientelismo, llega a tal punto que hace 3 meses, Morales dispuso la explotación petrolera en medio de las reservas naturales, ver en Lampadia: Evo Morales y Rafael Correa promueven ahora el extractivismo.

La mayoría de los recursos de gas natural e infraestructura de Bolivia se encuentran en el sur-este del país, siendo su centro agrícola y económico. Pero, en la última década, el presidente boliviano ha ido consolidando el poder (y, por extensión, sus recursos de gas natural), lo que le ha permitido continuar con su agenda populista e impulsar la estatización de las industrias de energía y minería del país. Desde 2006, Bolivia ha logrado vender su gas natural a sus consumidores primarios, Brasil y Argentina, a precios cada vez más altos. Ha reinvertido casi todos esos ingresos en paquetes sociales que beneficiaron a sus electores, ganando suficiente respaldo para dominar tanto en las elecciones presidenciales de 2009 y 2014.

Pero el boom del gas natural ha comenzado a disminuir, lo que limitará las opciones de Morales en los próximos años. Durante la última década, Bolivia intensificó su producción de gas natural para satisfacer la creciente demanda de Brasil y Argentina. Sin embargo, el descenso de los precios de las materias primas, debido en parte al ajuste de la economía China, ha ejercido presión sobre las economías de Brasil y Argentina, por lo que han reducido sus demandas de gas natural boliviano. Como resultado, las exportaciones de gas natural ascendieron a tan solo US$ 2,100 millones entre enero y junio de este año, una caída de más de 35% en comparación con el mismo periodo de 2014.

El modelo caudillista que encarna Morales se ve reflejado en sus políticas nacionalistas por las cuales existe una falta de inversión extranjera en los sectores claves de hidrocarburos y minería, además de rígidas normas laborales, que se suman a una percepción de aumento de la subyugación económica bajo su mandato, que ya ha expropiado más de 20 empresas privadas desde 2006.

El entorno empresarial es muy débil. Según las cifras del ‘Doing Business 2015’ del Banco Mundial, Bolivia ocupa el puesto 162 de 189 países. El riesgo de expropiación es muy alto y limita el incentivo de los inversores. En los últimos años, varias empresas han sido (re)nacionalizadas, en particular en los  sectores de hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones. Por ejemplo, en 2013, la empresa nacional de energía, TDE, (Transportadora de Electricidad) y la empresa encargada de operar en varios aeropuertos, SBSA (Servicios de Aeropuertos Bolivianos), ambas españolas, fueron estatizadas.

La nueva Ley de Servicios Financieros (aprobada en agosto de 2013) ilustra el creciente intervencionismo estatal con el que actúa el gobierno, ya que ahora cuenta con el poder de establecer mínimos en las tasas de depósitos y regular las tasas de préstamos, así como fijar las cuotas mínimas de crédito a los sectores productivos y de viviendas de interés social.

Bolivia, un país pobre, es parte del Alba y tiene una mejor performance que sus maestros venezolanos que han destrozado una economía relativamente rica. Morales, ha logrado mejorar los ingresos de Bolivia por la apropiación del sector primario, partiendo desde muy abajo, pero sin lograr desarrollar una avenida de prosperidad de largo plazo. (Ver el PBI venezolano).

Una economía no puede desarrollarse aplicando un enfoque dominantemente estatal, sobre todo si es un país pobre como Bolivia y necesita generar riqueza a mayor velocidad. Su modelo se sustenta únicamente, a diferencia del Perú, en la exportación de commodities capturados por el Estado, anula la creatividad de los bolivianos y condena a toda una generación a vivir del clientelismo mendicante. 

En términos políticos, no solo se ha instaurado una suerte de monarquía, también se ha entronizado el manejo de las turbas como formas antidemocráticas de la llamada ‘democracia directa’. Además, como sabemos, a mayor concentración de poder, más corrupción. Todavía hay que descorrer los velos que protegen los círculos de poder boliviano del escrutinio público. Lampadia