Cecilia Blume
Para Lampadia

A veces es complicado hacer las obras que tanto necesitan los peruanos.  Tenemos demasiadas normas, la mayoría no sirven y lo único que hacen es cumplir con actos administrativos que nadie sabe para que existen.  Tenemos requisitos sin sentido, miles de documentos que llenar, varios departamentos donde van los documentos, personas que los leen sin entender bien lo que significan porque muchas veces les llegan sólo parte de los mismos y luego, para ponerle la cereza al helado, cambian los funcionarios constantemente y se requiere un nuevo aprendizaje pues, desafortunadamente, la función pública no es valorada.

El Perú tiene muchas necesidades y en muchos casos hay dinero para hacer obras, pero no somos capaces de llevarlas adelante. Esto, que llamamos “incapacidad de gestión” se puede resolver cuando se juntan los sectores público y privado para lograr su realización. 

En el año 2008, se dio la Ley Nº 29230, “Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado”. que crea el sistema de Obras por Impuestos y permite que las empresas usen hasta el 50% de su impuesto a la renta del año anterior para hacer obras y con estas pagar sus impuestos.  Este sistema, que es creativo, reconoce la importancia del trabajo conjunto de privados y públicos.  Esta ley, modificada varias veces, no ha sido muy efectiva hasta la fecha. Básicamente porque el sector privado considera que es engorrosa y finalmente es más fácil pagar impuestos directamente y dedicarse a sus propias actividades. Sin embargo, hoy hay algunas empresas que quieren hacer estas obras sobre todo en los lugares más pobres y por eso debemos intentar aplicar este mecanismo.

Las obras por impuestos se pueden hacer en todo el país en diversos sectores tales como salud, educación, turismo, agricultura, riego, orden público, seguridad, cultura, saneamiento, electrificación rural, industrial turismo, pesca, deporte, ambiente, remediación de pasivos ambientales, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones, justicia, acceso a servicios de atención al ciudadano, mercado de abastos, incluyendo su mantenimiento.

Se requiere un proyecto bien hecho que pase por el Control Previo de la Contraloría básicamente para verificar si la entidad tiene presupuesto para asignarlo. Luego una empresa seria, que a su vez elija a una constructora adecuada. Una supervisora puesta por el Estado que acompañe el proceso y posteriormente el informe final de la Contraloría que permita imputar lo invertido. Todo esto puede parecer complicado, pero no necesariamente lo es tanto, sobre todo si se hace infraestructura estándar: postas, colegios, comisarías, muelles, agua y desagüe, entre otros.  Hay un aprendizaje que lograr, pero una vez que se tenga se puede hacer mucho.  El monto máximo del CIPRL, el certificado negociable con el que pagas tus impuestos, está atado para los gobiernos regionales y locales a los recursos del canon, sobre canon, regalías y rentas de aduanas. Esto debe ser verificado antes de empezar un proyecto.

Lo cierto es que cuando los ciudadanos de una zona pobre reclaman, lo hacen por tener una vida digna contando con servicios de primera necesidad. Es ahí donde los privados y los públicos, unidos, pueden hacer una gran diferencia: agua y desagüe, postas, escuelas, todo con Obras por Impuestos. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Estamos en la segunda quincena de enero y ya empiezan nuevamente los embates contra la educación privada. El MINEDU advierte que pronto sacará el nuevo reglamento que “impedirá que los colegios privados abusen de los padres de familia”. INDECOPI anuncia que está haciendo fiscalizaciones contables jamás vistas a 250 colegios de diferentes regiones, para “comprobar que no mintieron al transparentar sus costos” por la ilícita presión del DL 1476.

La acción del INDECOPI no tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que el mencionado Decreto Legislativo le encarga esa acción a las UGEL del MINEDU. Además, si sus autoridades hubiesen revisado la Nota Semanal del Banco Central de Reserva habrían comprobado que el aumento de precios del año pasado del servicio educativo (1.98%) es igual al de los servicios en general (casi inexistente). Pero qué importa, total el costo de la inútil fiscalización lo pagaremos los sufridos contribuyentes.

Nuevamente, el Estado contra los privados. Ese Estado que no es capaz de ofrecer un servicio decente en sus colegios sale a la caza de los privados para distraer a la opinión pública. Privados que debieran ser vistos como los socios que colaboran y que, además, ya están supervisados por cuanta institución gubernamental existe: MINEDU, INDECOPI, INDECI, SUNAFIL, SUNAT, Municipalidades, MINSA entre otros. Mientras que a los colegios públicos no los supervisa nadie y no están, por tanto, obligados a cumplir lo que se obliga al privado. Privados que lideran la educación de excelencia en nuestro país y que, de no existir le significarían al Estado un aumento de por lo menos 25% en el ya pesado gasto que tiene en la educación pública.

No se ha reparado la infraestructura de los colegios públicos a pesar de la prolongada suspensión de actividades. Siguen careciendo de agua y desagüe los mismos locales que hace un año carecían de esos servicios;  internet no tiene ni la mitad, y esta situación es peor aún en las zonas rurales. Por otro lado, los privados que no han quebrado han tenido, como siempre, una performance muy superior en el servicio a distancia que incluye el monitoreo cercano y cotidiano de sus alumnos, así como la información oportuna a sus padres de familia.

Las famosas tabletas han llegado, nos dicen. Un 70% -afirman- ya están en almacén: ojo 70% de las adquiridas, no 70% de lo que se requiere. Sin embargo, ocultan que en muchos casos las tabletas no se conectarán por carecer de WIFI y servirán tan solo para ver el setentero programa Aprendo en Casa, o sea lo mismo que encender la TV o la radio. Seguirán los alumnos, que aún no han desertado, sin el monitoreo de sus maestros, librados a su suerte y lo poco que puedan aprender y trabajar por su cuenta. Ya no tiene el Estado el argumento de que la pandemia lo cogió desprevenido. Se sabía perfectamente que el 2021 sería igual al 2020, pero a pesar de que las vacunas no tienen cuándo llegar, se nos pretendió ilusionar con que íbamos a tener un año presencial o “en el peor de los casos” semi presencial.

Cómo se les puede ocurrir que volvamos a tener un servicio educativo presencial, si los alumnos y maestros van a contagiarse masivamente en el ya saturado servicio de transporte público.  Cómo puede pretenderse que vuelvan al aula chicos cuyos colegios no tienen siquiera agua. Es lamentable que los especialistas que opinan al respecto sean de organismos internacionales u ONGs nacionales, que nunca han trabajado en un colegio y que pretenden que logremos lo que ni en Alemania se consigue.

Ahora que ya estamos con el año escolar encima y no hay mucho por hacer, además de los constantes cambios de ministros que sufre el sector, hay que ver a quién se le echa la culpa de los males de la educación peruana y no puede ser otro más que la escuela privada. Ese aliado de hecho de la educación pública que libera al sector de gastos y trabajo, a quién se le debería tratar como un socio y como tal tendría que ser alentado y promovido. Lejos de eso, se le maltrata permanentemente y se pretende que cumpla unos estándares que no cumple ni remotamente la escuela pública. Tampoco se quiere reconocer que los resultados de los colegios privados son mejores en las pruebas muestrales o censales, tanto nacionales como internacionales.

Esperemos que el Ministro Cuenca entienda la magnitud de la situación y marque distancia respecto a lo que fue la gestión anterior, que no hizo más que atacar constantemente a los colegios privados y enfrentarlos permanentemente a los padres de familia a través de sus declaraciones en contra y, en particular, mediante el DL 1476. Para ello será importante que controle a la burocracia del MINEDU que se dedica a hostilizar sistemáticamente a los colegios privados. En lugar de ello sería mejor que se ponga a trabajar por lo que es su verdadera y más importante responsabilidad: los colegios públicos y los alumnos que ya perdieron el año 2020 y no merecen perder el 2021 también. Lampadia

Ni estatismo ni estricta subsidiariedad: necesitamos un Estado que sepa liderar

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

Ante el fracaso estrepitoso del Perú en la lucha contra el COVID-19 (alta propagación y mortalidad, alto impacto económico) la prensa televisiva y un sinnúmero de comentaristas se han esforzado en culpar al pueblo, a la informalidad, o a las carencias en el sistema de salud.

Esta tentativa, frecuentemente motivada por una voluntad de exonerar al gobierno de toda responsabilidad, así como por agendas ideológicas, ignora la naturaleza misma de la labor de gestión, ya sea pública o privada. Esta requiere entender el contexto en el que se opera, y adaptar su accionar en consecuencia.

Todos conocíamos desde hace mucho antes de la pandemia cuales eran nuestras debilidades estructurales. La labor del gestor público era entonces encontrar maneras de esquivar esas dificultades y no, como se hizo, simplemente adoptar el paquete enlatado de la OMS anunciando que si este no funcionaba sería culpa de la población.

Para ello, era necesario un diálogo con los actores económicos y de la sociedad civil afín de anticipar los problemas, encontrar soluciones y planear la mejor manera de implementarlas. Sin embargo, el Gobierno no optó por esta vía. Los ejemplos de oportunidades perdidas abundan, desde involucrar rápidamente a laboratorios privados en el esfuerzo de testing a apoyarse en asociaciones caritativas y empresas para reparto de ayuda.

Incluso el caso de las UCI en clínicas privadas – tan mediatizado como prueba de codicia excesiva del privado – es uno en el que, si el Estado hubiera sido mas proactivo en buscar apoyo, hubiera podido evitar conflictos destructivos y salvar vidas.

Esta falta de consultas y de cooperación que hemos observado se debe a una concepción errónea del Estado como entidad que debería solucionar problemas con sus propios medios. Subyacente a esta carencia está una desconfianza generalizada en el sector privado y la sociedad civil, y una idealización – antigua, pero renovada cíclicamente por personajes que no aprenden las lecciones de la historia – del Estado como repositorio único de la virtud y del desinterés.

Esta concepción de un Estado como gestor monopólico debe substituirse por la de un Estado que demuestra liderazgo, en un sentido moderno del término. Es líder quien sabe situarse al centro de una red de conceptores y de implementadores. Así:

1) Todo paquete de medidas de importancia debería necesitar el trabajo de un amplio comité consultativo (como los Advisory Boards en Estados Unidos) reuniendo actores públicos y privados – no solo “expertos” – para recabar ideas, inteligencia de terreno y diagnósticos de un amplio pool no solo de talento sino de conocimiento local.

2) Del mismo modo, la implementación de un paquete de medidas debería exigir responder previamente a la pregunta: ¿Quién – dentro y fuera del Estado – tiene las capacidades de ejecutar estas acciones? Y luego se debería coordinar la implementación entre diversos actores públicos y privados.

No se trata, por cierto, de reafirmar el carácter subsidiario de la intervención estatal enunciado por la constitución de 1993. Es perfectamente concebible tener un Estado proactivo – en el contexto de una sociedad civil que tiene dificultades en generar sus propios equilibrios – pero que se apalanque sobre el sector privado y asociativo para alcanzar sus objetivos.

Es más, en cierto modo, la idea misma de subsidiariedad genera una división conceptual contraproducente, que, así como limita el rol del Estado, hace lo mismo para el sector privado. Basta así que algunos consideren que el sector privado ha “fallado” – muchas veces por miopía o por equilibrios subóptimos – para que se justifique el que el Estado asuma directamente la responsabilidad de concebir y proveer servicios que están por encima de sus capacidades de concepción y de ejecución. En realidad, no tiene por qué haber campos en los que el Estado no pueda ejercer liderazgo, ni áreas de las que el sector privado deba ser excluido. 

Este nuevo modo de gobernanza que proponemos permitiría no solo lidiar mas eficazmente con situaciones de emergencia, sino también encontrar mejores soluciones a largo plazo a nuestros problemas estructurales – en salud, educación, infraestructura, diversificación económica, y reducción de la informalidad. Evitaría también caer en una experiencia estatista que, con los recursos y competencias existentes, estaría condenada al fracaso. Lampadia

Las autoridades de nuestro país suelen medir con diferente vara a las empresas (e instituciones) estatales y privadas. Un ejemplo de ello ocurrió hace unos días, nada menos que con la Municipalidad de San Isidro luego de que se produjera una fuga de gas. El alcalde  Manuel Velarde anunció que denunciará penalmente a la empresa Cálidda por exposición al peligro de más de 3 mil vecinos al producirse una fuga de gas la noche del martes 14 de abril en la cuadra tres de la avenida Las Flores. La razón de esta determinación se debería a que la mencionada empresa habría demorado casi seis horas en controlar el siniestro, lo que obligó a que se evacuaran a un gran número de residentes del lugar, al corte de la energía eléctrica y un embotellamiento del tráfico en hora punta.

Velarde señaló que exigirá que la empresa Cálidda pague una reparación civil a los vecinos afectados y que para ello iniciará un proceso legal que obligue a la empresa a hacerse responsable por no haber reparado la fuga de manera inmediata. “Vamos a iniciar un proceso de empadronamiento para que los vecinos puedan recibir una compensación económica por los gastos innecesarios que ocasionó la fuga.El evento pudo haberse evitado en media hora pero la empresa puso en la balanza sus intereses versus los del distrito y eso no puede ser admitido”, señaló a RPP.

La actitud de Velarde sería válida si es que efectivamente la responsabilidad de la fuga fuera de Cálidda y la actitud de la empresa reflejara las imputaciones del “valiente” alcalde, pero el incidente se debió a que un contratista de Sedapal que hacía trabajos en la zona rompió las tuberías de gas. No solo eso, los operarios huyeron dejando la maquinaria obstruyendo el lugar, lo que dificultó enormemente las tareas de refacción. A pesar, de ello, el alcalde no culpa a Sedapal (el contratante) por lo ocurrido, sino a la empresa de gas.

La autoridad edil solo declaró que se ha multado a la empresa contratista de Sedapal con una UIT (3,800 soles) porque, al romper la pista para realizar trabajos de reparación impactó en el ducto de gas natural produciendo la fuga.

Lo increíble es que las obras se efectuaron sin que se le pidiera a Cálidda los planos de sus tuberías y, obviamente, sin que se tomaran las precauciones del caso. Una negligencia gravísima que pudo haber producido un percance mayor o, como ha ocurrido en otros siniestros parecidos, dejar sin luz a varias cuadras al cortar la electricidad “involuntariamente”.

¿Por qué no se responsabiliza públicamente a Sedapal? Aunque, aparentemente, la Municipalidad estaría ahora analizando denunciar a esta empresa, en los medios de prensa solo se ha señalado a Cálidda, una compañía privada, como la responsable del incidente, supuestamente por demorarse en controlar la emisión de gas y no seguir los protocolos establecidos.

Lo cierto es que las demoras se debieron a que los operarios de Sedapal huyeron el lugar y no se podía retirar la maquinaria, como se señaló líneas arriba, y que dentro de los protocolos de este tipo de incidentes no se contempla cortar el servicio eléctrico ni evacuar a los vecinos. Estas medidas se tomaron por indicaciones expresas del alcalde cuando la unidad especializada de los bomberos y la empresa del gas ya estaban en la zona controlando el tema. Se debe recordar que el gas natural es un elemento seguro pues se disipa rápidamente en el aire al ser más liviano.

Aún así, sin tomar en cuenta todos estos considerandos, la Alcaldía prefirió responsabilizar a una empresa privada antes que a una estatal. ¿Por qué? Porque al Estado le cuesta, no puede o no le interesa fiscalizar al Estado. Difícilmente el Municipio (Estado) podrá sacarle un Sol a Sedapal (Empresa del Estado), pero si puede exprimir a una empresa privada. En este caso además, haciéndose el muy riguroso (¿para lucimiento personal?). El Estado prefiere siempre demonizar y culpar al privado.

En otras palabras, el Estado no controla al Estado. Por esa simple razón es que ninguna empresa debiera ser propiedad del Estado. De lo contrario, los ciudadanos, que son el fin último de cualquier empresa (como) consumidores, estarán desguarnecidos o engañados.

Esto acaba de suceder en el distrito más culto del país, no decimos rico, porque Echarate lo supera largamente en ingresos. En San Isidro se espera el mejor nivel posible de la acción del Estado, el mejor ejemplo, y también, el mejor entendimiento por parte de los ciudadanos y medios. Aprovechemos este incidente para volver a discutir sobre el rol del Estado y del sector privado en nuestra sociedad. Lampadia