Humberto Abanto Verástegui
Para Lampadia

La decisión de enviar nuevamente a la cárcel a Keiko Fujimori convirtió en simples declamaciones las grandes declaraciones jurisprudenciales de nuestros altos tribunales sobre la prisión preventiva. Si el derecho se mide, más que por su validez -o sea, que produzca debidamente-, por su eficacia -esto es, que surta efectos en la vida real-, la verdad es que, en el Perú, la prisión preventiva es una pena adelantada, no es excepcional, satisface las necesidades de la investigación, no requiere peligros concretos y se basa en meras conjeturas, no necesita descartar cuidadosamente la aplicación de otras medidas alternativas ni su plazo debe ser, además de legal, razonable.

Si, en opinión del juez, existen elementos probatorios suficientes de la probable culpabilidad de alguien, automáticamente se deducirán los peligros procesales y se le confinará en un penal, no importa lo que digan la Constitución, los tratados internacionales, la ley nacional y la jurisprudencia. Aquí es así y punto.

El juez ha dicho que existen suficientes elementos para creer, en alto grado de probabilidad, que Jaime Yoshiyama Tanaka -sí, se pronunció sobre él sin intervención de su defensa- recibió dinero de Odebrecht, sabiendo o debiendo presumir su origen ilícito, y que lo hizo por instrucciones de Keiko Fujimori o con el conocimiento y consentimiento de ella. ¿Cuál es el dato empírico? La declaración de Jorge Barata. ¿Cómo se corrobora? Con la simulación de aportes. Empero, el juez no explica por qué los aportes lícitos de los grupos Romero, Rasmuss y Rodríguez, y el hecho de que excedieran el límite legal de aportes de campaña, no sustentan la simulación para ingresarlos formalmente a la contabilidad partidaria. No percibió que dicha omisión invalidaba la premisa menor de su razonamiento.

En orden a los peligros procesales no ha sido mejor. Keiko Fujimori tiene peligro de fuga porque, pese a tener recursos suficientes, alquila vivienda en lugar de comprar una. En serio, ¿el juez no sabe que del ejercicio regular de la libertad -comprar o no comprar es eso- no se puede derivar consecuencias negativas para ninguna persona porque la Constitución lo prohíbe?

Los peligros de enturbiamiento no son mejores. Todos se deducen de actos de terceros, dichos no corroborados y sucesos inactuales. El TC advirtió que, si no se encadena razonablemente los actos de terceros a la actuación del imputado, no sustentan obstrucción. No le importó al juez. Todos sabemos que los dichos de aspirantes a colaboradores eficaces sin datos de corroboración son simples sindicaciones carentes de todo poder de formar convicción. Tampoco le importó. Menos explicó en qué pueden obstaculizar César Hinostroza y Pedro Chávarry hoy. El juez no parece saber que el peligro debe ser actual y hasta inminente.

Creó una institución procesal: La adición de la prisión preventiva. Ella es una sola en nuestro sistema y solo admite su prórroga mientras esté vigente el mandato que la impone. El juez, sin embargo, dijo que dictaba 15 meses de prisión preventiva que se adicionaban a los 13 ya sufridos por la imputada. ¿Para qué? Para no restar la prisión injustamente sufrida de la que iba a imponer. ¿Es razonable que el arresto domiciliario se abone al cómputo de la pena efectiva, pero que la carcelería provisional arbitrariamente sufrida por el imputado no se compute para la prisión preventiva que se le impone, sino que se adicione? No, no lo es.

Finalmente, despreciable y ruin es la broma macabra de supuestos defensores de derechos humanos y juristas del horror acerca de que ganar el habeas corpus en el TC fue un error de Keiko Fujimori. La repetición de un error judicial no invalida el ejercicio del derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales. Al contrario, debería mover a ampliar el ámbito operativo de la represión de actos homogéneos, desde la perspectiva de la unidad del Poder Judicial, para impedir que una repartición judicial reincida en la misma afectación de un derecho fundamental que otra cometió, cuando hay una sentencia firme que así lo declara. El agraviado no debería ser obligado a transitar por un nuevo proceso, el desafuero debería fulminarse de inmediato.

La lucha contra los desafueros judiciales que vulneran la libertad personal ha sufrido un duro revés. Es causa, sin embargo, más temprano que tarde se ganará y la historia pondrá en su lugar a los que batallaron por ella y a los que aplaudieron los atropellos. Solo es cuestión de tiempo y de mantenerse firme en la fe democrática y la defensa de los derechos y las libertades. Lampadia

César Nakasaki
Abogado penalista
Para Lampadia

El nuevo encarcelamiento de Keiko Fujimori, a 61 días de salir en libertad, es inconstitucional e injusto.

La prisión preventiva es constitucional y justa cuando se cumplen presupuestos de:

1) sospecha fuerte del delito imputado;
2) pena privativa de libertad superior a 4 años;
3) peligro procesal;
4) proporcionalidad;
5) razonabilidad;
6) motivación cualificada de auto de prisión; y
7) debido proceso cautelar.

Todos tienen que concurrir para que detención judicial sea constitucional y justa.

En el caso de Keiko Fujimori no hubo debido proceso cautelar porque el juez Zúñiga no fue imparcial: ya había decidido dar prisión preventiva antes del inicio de audiencia. El juez tiene el sesgo de decidir a favor de la fiscalía en casos emblemáticos o mediáticos, no porque tiene la razón, sino porque el procesado inspira repudio, es condenado mediático por ciertos grupos de poder.

Siendo víctima de prisión preventiva arbitraria como sentenció Tribunal Constitucional, los principios de proporcionalidad y razonabilidad prohíben que Keiko Fujimori vuelva a sufrir una segunda prisión preventiva. La detención judicial arbitraria genera consecuencias: deber de medidas de compensación a la víctima y pérdida de legitimidad cautelar del fiscal, que debieron ser objeto del debate y decisión de la más larga audiencia de prisión preventiva de la historia judicial.

El fiscal tiene legitimidad para pedir el encarcelamiento del procesado siempre que respete la Constitución y la ley procesal, pero si provoca una privación de libertad inconstitucional pierde legitimidad, ya no puede solicitar cárcel; sólo le queda acusación, juicio y sentencia condenatoria para que regrese a prisión sea por declaración de culpabilidad.

La víctima de prisión preventiva arbitraria tiene derecho a medidas de compensación que pueden ser de naturaleza penal, procesal o económica. La procesal es prohibición de sufrir una segunda prisión preventiva. Otro problema de la prisión preventiva de Keiko Fujimori es la indebida determinación del peligro procesal, este es el fundamento de la medida cautelar, la única justificación para que pierda libertad la persona que la Constitución exige que tenga trato de inocente.

Prueba suficiente y pena probable, que es lo más fuerte que tiene Fiscalía pese a no existir aún jurisprudencia sobre si donaciones electorales con simulación relativa de donante y monto por condición del donante, constituyen delito de lavado de activos, no son suficientes para justificar prisión preventiva. Solo peligro procesal de fuga u obstaculización de actividad investigativa o probatoria son la justificación constitucional de prisión preventiva, a pesar del trato como inocente que exige derecho humano de presunción de inocencia.

El proceso penal fue creado para garantizar que sólo el culpable pierda libertad y el inocente no sea afectado. La negación de arraigo a Keiko Fujimori es arbitraria porque el juez no consideró que estuvo presa y recién hace 2 meses salió de prisión, de modo que, como cualquier ser humano, intenta reorganizar su vida personal, familiar y laboral. El juez fija peligro de fuga en un caso tan avanzado con criterios de peligro concreto, jamás abstracto. El juez establece peligro de obstaculización de la actividad investigativa arbitrariamente porque sólo debió examinar qué peligro al proceso produjo KF en los 2 meses que estuvo libre. La primera prisión preventiva neutralizó el peligro que el fiscal postuló para que se otorgue. El juez no podía basarse en ningún hecho anterior al primer ingreso a la cárcel.

El peligro de obstaculización se termina estableciendo con lo único nuevo que es un video de diálogo mudo de un abogado, no defensor de Keiko Fujimori, con un testigo en la escalera de los despachos del Equipo Especial. No esta prohíbo el diálogo de abogado y testigo, sí que lo induzca a no testificar o hacerlo falsamente, e inducir es convencer, no conversar, ni siquiera rogar, sí amenazar, comprar.

Los actos de defensa, no expresamente prohibidos por la ley, no deben ser utilizados para construir peligro procesal. Keiko Fujimori está nuevamente en prisión porque es la presa de caza en la guerra con Fuerza Popular. Segundo encarcelamiento en revancha por sentencia del Tribunal Constitucional, grave por el mensaje para que éste no se meta con el trabajo de los fiscales, pues sino los investigan penalmente como a los magistrados Sardón y Ramos, pese a que la Constitución lo prohíbe. Hoy se empieza a criticar o temer interponer habeas corpus siendo el más potente recurso jurídico para recuperar libertad.

¡Veremos qué pasa con la apelación, porque el camino a la libertad de Keiko Fujimori es el más difícil y cuesta arriba!!! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Alan García fue el culpable de que yo derivara en el periodismo a la edad de 37 años. Su mensaje electoral en la campaña del 85 había puesto énfasis en la necesidad de reivindicar la producción andina abatida desde Velasco por las importaciones doblemente subsidiadas de alimentos y por el dólar barato. Pero la política económica que puso en marcha el flamante presidente fue traicionando crecientemente ese mensaje, primero congelando los precios de varios alimentos con el pretexto de controlar la inflación, y luego, otorgando el tristemente célebre dólar MUC mucho más rebajado para importar precisamente alimentos baratos ilusamente en favor de la alimentación popular. Lejos de devolverle el mercado nacional a los campesinos andinos, como había prometido, les clavaba el puntillazo final de importaciones masivas y artificialmente baratas de trigo y productos lácteos que dejaban cada vez menos espacio a la papa, la leche y otros productos andinos que no podían competir. Fue entonces que decidí escribir un artículo –algo que nunca había hecho-, y enviárselo a Manuel Ulloa, dueño del diario Expreso y con quien yo había trabajado en la PCM en el gobierno de Belaunde. Fue publicado un domingo de febrero o marzo de 1987 y Manuel D’Ornellas me pidió que siguiera escribiendo todos los domingos. Al cabo de unos meses, Ulloa me ofreció la jefatura de editorial del periódico, y acepté.

O sea que le debo a Alan García mi entrega al periodismo. Y también haber podido participar en los mejores años de debate ideológico que se hayan dado en el periodismo nacional, que fueron los que se desarrollaron entre 1987 y 1990 entre las posiciones liberales esgrimidas desde el diario Expreso y las socialistas defendidas desde el diario La República. Fue esa crítica liberal desde las editoriales y los artículos publicados por varios autores en el diario la que generó la base de opinión que permitió y acompañó la emergencia de Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa como los adalides de la conciencia liberal en el país, luego del intento de estatización de la banca.

Como era previsible, el intervencionismo económico denunciado en esos artículos produjo finalmente la tremenda hiperinflación que ocasionó el colapso total del Estado.

Fujimori, que había ganado la elección con un mensaje anti shock económico, pudo sin embargo aplicarlo y llevar adelante las reformas liberales y privatizadoras, porque cualquier cosa era mejor que la desesperada angustia económica sin futuro que vivíamos los peruanos. Paradójicamente, el abismo al que nos llevó el primer gobierno de García creó las condiciones que permitieron un cambio de modelo económico que ha generado estabilidad y crecimiento sostenido en las siguientes casi tres décadas, aunque un intervencionismo de baja intensidad restaurado a partir del 2011 nos haya frenado el crecimiento económico.

Reelegido el 2006 pese a su desastroso primero gobierno solo porque la alternativa de Ollanta Humala amenazaba con políticas aún peores, García había aprendido la lección económica y aplicó políticas exactamente contrarias a las de su primer gobierno. Mantuvo la libertad de los mercados heredada desde los 90 y se propuso atraer gran inversión para desarrollar el país. Logró tasas de crecimiento muy altas, ayudado en parte por los buenos precios de los minerales. Pero, interesado solo en los grandes proyectos, desdeñó, pese a habérselos explicado, los programas –como Sierra Productiva- que hubieran podido aumentar la productividad de los campesinos andinos convirtiéndolos en empresarios para dar un salto histórico en el paisaje rural andino. Más bien cometió el grave error político –incomprensible en un hombre de su inteligencia- de desarrollar en varios artículos la tesis del “perro del hortelano”, que en buena cuenta adjudicaba tal condición precisamente a las comunidades que eventualmente se oponían a la inversión minera o petrolera.  

No obstante, Alan García siempre tuvo un alto sentido de su misión histórica y de llevar al Perú a un destino superior. Por eso también el énfasis en los grandes proyectos. Canalizó acertadamente la animadversión a los chilenos transformándola en una competencia económica, retando a crecer más para alcanzarlos. Tenía una visión geopolítica del país y por eso fue él quien ideó y planteó la Alianza del Pacífico, que hoy es el área de integración regional que más avances ha logrado.

No impulsó reformas institucionales salvo una: la creación de SERVIR como herramienta para avanzar hacia un Estado profesional y meritocrático, acaso para remediar en alguna medida la demagógica reducción de sueldos de los altos funcionarios que adoptara al inicio de su segundo gobierno y que debilitó al Estado.

También llevó a cabo una reforma clave que ni Fujimori, en su gobierno autocrático, se había atrevido a ejecutar: la evaluación de los maestros. Dio la ley de carrera magisterial con un contenido claramente meritocrático, algo que parecía muy difícil en un gobierno democrático. Pero su liderazgo y los exámenes que mostraban los bajísimos rendimientos de los escolares y de los propios maestros, convencieron a la opinión pública, y la ley pudo aprobarse e implantarse pese a la oposición organizada del Sutep. No tuvo la misma suerte el globo de ensayo que lanzó para aprobar una reforma laboral que permitiera la inclusión de las mayorías informales. A la primera manifestación de oposición, abandonó la causa.

En el balance, su segundo gobierno fue bueno, el mejor de los últimos 20 años. Sin duda se reivindicó ante la historia. Pero en los últimos tiempos las acusaciones lo cercaron y él prefirió matarse antes que sufrir el vejamen de la prisión. Decisión dramática fundada en la defensa de dignidad del más alto cargo que representa y personifica a la Nación. Que, pese a todo, lo redime y enaltece. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Los hechos

En pleno domingo, 8 de julio, aprovechando un momento de descanso y de distracción mundialista, un grupo de petistas (un abogado, tres parlamentarios y un juez provisional) armaron una jugada deshonesta para liberar a Lula. Tres diputados del PT elaboraron un pedido de Habeas Corpus para la liberación inmediata de Lula y lo presentaron a su ex-colega de partido el juez provisional, Rogerio Favreto, circunstancialmente responsable del Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4), el mismo juzgado que tres meses atrás confirmó por unanimidad la condena de Lula y amplió su sentencia a 12 años de prisión. Los congresistas ya sabían que el juez Favreto estaría “de guardia” el domingo y que sería él quien procesaría el Habeas Corpus y lo presentaron como parte de una maniobra política compleja.

Por una oportuna intervención de Sergio Moro, el juez el Pedro Gebran Neto, vocal del 8º Tribunal del TRF-4, rechazó la orden del juez Favreto por incompetente para cambiar en forma unipersonal lo que había sido una decisión colegiada.

El juez Favreto, emitió una segunda y una tercera orden, exigiendo que la Policía Federal liberara a Lula en forma inmediata, dándole en una hora de plazo, o estaría cometiendo desacato a una orden judicial. La Policía Federal, ponderando lo irregular de la situación, no obedeció al juez Favreto y respondió que esperaría una decisión de los jueces permanentes del TRF-4, antes de tomar cualquier acción para modificar el estatus del prisionero Lula da Silva.

Ese mismo domingo, minutos más tarde, el juez Carlos Flores, el presidente del TRF-4, emitió una sentencia negando la orden del juez provisional Favreto, y declarándolo incompetente para alterar una decisión colegiada.

Dos días después, el 10 de julio, el Superior Tribunal de Justicia, STJ, corte federal de 3ª instancia del país, evaluó la decisión del juez Favreto sobre el pedido de Habeas Corpus y declaró nula su decisión. La presidente del STJ calificó el intento de los abogados petistas y del juez Favreto como una maniobra teratológica, es decir monstruosa, y ha felicitado al juez Sergio Moro por su oportuna intervención cautelar. Con la intervención del STJ se ha confirmado que no existe una controversia entre jueces de 2ª instancia, sino un intento ilegal de anular las tres sentencias de condena de Lula. Con esto se cierra el incidente judicial, pero quedan secuelas y preocupaciones.

Antes de explicar el juego político detrás de todo esto conviene recordar algunos hechos:

1. Lula fue condenado por el juez Sergio Moro por corrupción y lavado de activos (el primero de los 8 juicios hoy en proceso).
2. La defensa de Lula apeló a la segunda instancia, el TRF-4. Pero los tres jueces del TRF-4 confirmaron la sentencia del juez Moro, por unanimidad, encontraron a Lula culpable además de lavado de activos y ampliaron la sentencia a 12 años de prisión.
3. La defensa de Lula apeló al STJ (3º instancia), por medio de un Habeas Corpus, y el STJ decidió, también por unanimidad, confirmar la sentencia del TRF-4.
4. La defensa de Lula presentó otro Habeas Corpus al Supremo Tribunal Federal solicitando la liberación de Lula, y el STF decidió, por mayoría, mantener la sentencia del TRF-4 y el encarcelamiento de Lula.
5. Un total de 4 juzgados y 15 jueces han respaldado la prisión de Lula.

El supuesto “hecho nuevo” presentado por el juez Favreto para justificar su decisión unipersonal de liberar a Lula era porque Lula ‘es un pre-candidato y como tal necesita estar en libertad para defender plenamente su candidatura’, aunque la ley electoral brasileña prohíbe a los corruptos ser candidatos, y Lula está condenado por corrupto. No le interesó al juez Favreto los sustentos de la sentencia de Lula pues primaron sus intereses políticos. Con este argumento, todos los asesinos, corruptos, traficantes y estupradores pueden declararse pre-candidatos y solicitar su libertad inmediata.

La defensa de Lula es muy sofisticada y extraordinariamente activa. Ya ha presentado cerca de 80 apelaciones intentando liberar a su defendido o bloquear los otros 7 juicios. Adicionalmente el PT ha presentado 143 Habeas Corpus adicionales. Hasta el momento Lula ha perdido todas las apelaciones, pues carecen de sustento y son, muchas veces, son simplemente ilegales. Esta maniobra dominical, calificada por la presidente del STJ como teratológica (monstruosa) es la más grave de todas, pero no será la última, pues conociendo al PT, podemos decir que muchas otras vendrán en los próximos meses.

 El plan A del PT

Fue armado para liberar a Lula, montar una manifestación en su respaldo y crear un incidente político por su nuevo encarcelamiento. La presidente del PT, Gleisi Hoffman, estaba en el Sindicato de los Metalúrgicos en Sao Paulo, esperando la noticia de su liberación. Los líderes del PT lo planificaron con su militancia en función de la presencia del juez Favreto como juez provisional a cargo del TRF-4. El PT sabía que la anulación de una sentencia colegiada, confirmada por la 3ª instancia (STJ y TRF) era ilegal, y que muy probablemente sería anulada en pocas horas. Por ello, la gestión fue hecha el domingo para aprovechar que las instancias judiciales no estarían en sesión.

Para la sorpresa del juez Favreto, la Policía Federal no obedeció sus órdenes en forma inmediata, esperando por una decisión del presidente del TRF-4, el juez Carlos Flores. Como comenté antes, el juez Flores declaró que el juez Favreto era incompetente para la decisión, que la pre-candidatura de Lula era conocida a meses y que no había ningún hecho jurídico nuevo que justificara su liberación.

El juez provisional Favreto fue militante del Partido de los Trabajadores, PT, de 1991 hasta 2011, es decir, veinte años. Favreto no ingresó al TRF-4 por concurso público, sino que fue nombrado por Dilma Rousseff. A pesar de que esos hechos son de conocimiento público, el juez Favreto no se inhibió de pronunciarse respecto a su líder político, sino que se dedicó a forzar la ley y manipular las instituciones.

El plan B del PT

Consistía en generar una controversia judicial entre dos jueces de 2ª instancia (Favreto y Gebran) que justificara una intervención de los jueces de 3ª instancia, más politizados, donde el PT tiene mayor influencia, especialmente en el Supremo Tribunal Federal. Sucede que el juez Dias Tóffoli, ex-abogado del PT y nombrado por Dilma Rousseff, va asumir la presidencia del STF. Hombre de confianza del PT, Dias Tóffoli acaba de liberar al importante líder petista José Dirceu (el probable artífice de toda esta maniobra por la liberación de Lula). El PT quería aprovechar el ingreso de Dias Tóffoli al STF para “resolver” la discrepancia. Lo que cortó ese plan ha sido la decisión del presidente del TRF-4 declarando incompetente a Favreto y la sub-siguiente decisión del STJ anulando la tesis de la controversia jurídica. El STJ fue enfático diciendo que no había controversia jurídica y que el tema de la prisión de Lula ya estaba resuelto. Ahora, el PT va tener que montar otro plan para liberar a Lula y viabilizar su candidatura.

 El plan C del PT

Consistía en buscar pretextos para atacar al juez Sergio Moro y a los jueces del TRF-4 que condenaron a Lula. En los tres días siguientes al incidente, Moro ha recibido decenas de amenazas de muerte, y varios pedidos de juicio administrativo, por haber alertado al TRF-4 de la maniobra del juez Favreto. Además, el STJ ha abierto una investigación a Rogerio Favreto, Pedro Gebran Neto y Sergio Moro, para ver si alguno de ellos ha cometido actos ilegales en los hechos recientes.

Esa maniobra por liberar a Lula en base a una decisión unipersonal, en un fin de semana, con un “hecho nuevo” inventado, fue la agresión más seria que el sistema judicial brasileño ha recibido en años. La jueza Laurita Vaz, presidenta del Superior Tribunal de Justicia, STF, expresó su profunda extrañeza por la decisión del juez provisional y la calificó de teratológica, es decir, monstruosa. En la sentencia de anulación de la decisión del juez Favreto, la juez Vaz sostuvo: Reafirmo la absoluta incompetencia del juez provisional para deliberar sobre una cuestión que ya fue decidida por este Superior Tribunal de Justicia y por el Supremo Tribunal Federal… Ella también calificó la intervención del juez Sergio Moro como oportuna y precautoria. Además, ha ordenado a Lula que, en un plazo de cinco días, comunique al poder judicial si él, de alguna manera, ha participado de la maniobra, pues si él ha participado en esa maniobra, va estar sujeto a nuevas sanciones.

Esta maniobra fue preparada por el PT sin acuerdo con los abogados de defensa de Lula, quienes la consideraban inconveniente, dentro de su estrategia jurídica. Sin embargo, predominaron los intentos de los líderes del PT de crear un hecho político. La preocupación de los abogados era que un incidente de ese tipo podría dificultar nuevas apelaciones. Sin embargo, el PT confía que, cuando Dias Tóffoli asuma la presidencia del STF, en setiembre y tal vez en julio, ellos podrán reabrir el juicio a Lula y anular su sentencia para que él pueda salir libre y ser candidato.

Como lo expresó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, STJ, la jueza Laurita Vaz, esa maniobra del PT representó una agresión seria a la institucionalidad jurídica del país e intento de manipulación de la Policía Federal. La maniobra ha servido para evidenciar a todos los líderes políticos e instituciones del país hasta donde el PT está dispuesto a violentar la institucionalidad para lograr sus objetivos políticos. Es decir, ya saben que están en una guerra avisada.

La sensación que esta maniobra ha dejado en la sociedad brasileña es que el PT tiene importantes mecanismos para romper la institucionalidad jurídica del país, y que apuesta todo en la candidatura de Lula. Con casi 30% de la población dependiente de la Bolsa Familia y con la imagen generalizada de corrupción de la clase política, Lula tiene buenas posibilidades en un proceso electoral. Con 62% de anti-voto, él difícilmente ganaría una segunda vuelta, pero el nivel de polarización que producirá va a ser muy perjudicial.

Por ahora el PT ha perdido una batalla, pero una batalla no es la guerra, y el sistema judicial brasileño tiene muchas vulnerabilidades: no es una estructura sólida ni transparente, las doctrinas que orientan a los jueces son contradictorias y se prestan a múltiples interpretaciones y maniobras. En la 2ª instancia, los jueces federales tienen tradiciones meritocráticas, pero en el STF los nombramientos son politizados y ocurren por los intereses de los presidentes de turno. Los 13 años de gobierno del PT han llevado a que una fracción muy significativa de la composición del STF sean jueces con inclinación política e ideológica hacia el PT.

Los próximos 5 meses de enfrentamiento jurídico y electoral van a tener un impacto de largo plazo sobre la sociedad brasileña. El PT va jugar todas sus cartas para fracturar el sistema y permitir la candidatura de Lula.

La barrera para la candidatura de Lula es que los abogados y jueces petistas, hasta ahora, no logran romper el sistema jurídico del país, ni logran el control del STF. Si lograran el control del STF, con la presidencia de Dias Tóffoli, Lula logrará postular. Si fuera así, las elecciones brasileñas se darían en un ambiente de inseguridad jurídica excepcional.

Con un PT radicalizado por su sentimiento de revancha y amplios sectores de la clase media decididos a evitar que la tragedia venezolana se repita en el Brasil, la polarización política es lo único previsible en estos momentos. Son 33 años de democracia continuada que ha permitido el desarrollo de elementos de expresión política. ¿cuanto capital institucional ha logrado la sociedad en ese período?

¿Logrará la lucha contra la corrupción, desencadenada por Lava Jato, producir un cambio positivo en el sistema político del país, o la alianza entre el populismo y la corrupción logrará revertir el proceso y bloquear las posibilidades de progreso del país? Los próximos meses van dar elementos para responder a esa pregunta.  Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 17 de marzo Lava Jato cumplió cuatro años. En esos 1,460 días, Lava Jato ha puesto en marcha 49 operaciones de gran escala (una por mes), teniendo un impacto inmenso en la política y en la forma de hacer negocios en Brasil y varios otros países.

Investigando el uso de grifos para el movimiento ilegal de dinero (de ahí su nombre Lava Jato, lavado a chorros), la operación chocó con la participación de un ex-director de la Petrobras, Paulo Roberto Costa. Siguiendo ese hilo, la investigación descubrió el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, y unos de los más importantes a nivel global.

En sus investigaciones, Lava Jato ha involucrado al ex-presidente de Brasil, Lula da Silva (PT), a presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Nacional (PMDB), a Gobernadores de Estado (PMDB), ex-ministros, y a empresarios de algunas de las principales empresas públicas y privadas de Brasil: Petrobras, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, entre otros. Ni siquiera el famoso empresario Eike Batista se salvó de las investigaciones ni de la prisión.

Lava Jato se inicia el 2014 como una tercera fase de las operaciones de la Policía Federal contra la corrupción y lavado de activos, y se monta aprovechando de las lecciones de las operaciones anteriores. Todo comienza en el 2008 con una investigación sobre lavado de dinero en el escándalo de corrupción del Partido de los Trabajadores (PT) conocido como el Mensalão. Posteriormente, el 2013, con la Operación Miquéias, la Policía Federal descubre que el cambista Alberto Youssef, investigado en el Mensalão, estaba de nuevo en operaciones. Y para investigarlo, la Policía Federal creó la Operación Lava Jato. Es investigando el lavado de activos que los investigadores descubren una Land Rover “Evoque” regalada a Paulo Roberto Costa ex-director de Petrobras, y ese pequeño hallazgo abrió las puertas a un gigantesco esquema de corrupción montado por tres partidos aliados: PT, PMDB y PP.

Los números de la Operación Lava Jato son impresionantes para cualquier referencia, sea nacional, continental o global. Después de 49 operaciones consecutivas, Lava Jato ha demostrado un profesionalismo y una productividad extraordinarias:

Lava Jato cambió el Brasil
Lava Jato no acabó con la corrupción, pero visibilizó su existencia en forma clara y profesional y, por primera vez en la historia del país, una investigación criminal alcanzó a los “peces gordos” y no solo los cómplices menores. Finalmente, los comandantes de los esquemas de corrupción fueron alcanzados por las investigaciones y por la justicia.

Algunos de los empresarios y políticos más poderosos del país han sido investigados, condenados y puestos en prisión:

En esos 4 años se ha creado un “Modelo de Lava Jato” de investigación: (1) Los corruptos deben ser apresados, (2) el temor a la prisión estimula la colaboración eficaz, (3) los acuerdos de colaboración han permitido extender la red de investigaciones y recuperar parte de los recursos robados. Como lo explica Sergio Moro, la prisión preventiva ha sido fundamental para la expansión de la investigación.Los 1,753 años de prisión para los 183 condenados, representan casi 10 años de condena a cada uno, en promedio, y muestran que Lava Jato no ha temido develar la corrupción allí donde surge, y ha sabido aplicar la ley como debe ser. A pesar de las protestas del Partido de los Trabajadores (PT) y de Lula da Silva, Lava Jato no ha sido una herramienta de persecución política. Los investigados y acusados han sido de todos los partidos: PT, PMDB, PSDB, PP, DEM, PDT, etc. El problema es que el PT y sus aliados tenían el control de la corrupción en los últimos 13 años. Entonces, ellos aparecen más que los demás.

Lava Jato no ha acabado con la corrupción, ni siquiera ha logrado destapar la mayoría de los mecanismos de saqueo montado por los corruptos. El Estado Brasileño es inmenso y sus recursos son gigantescos (Los activos del BNDES en el 2017 eran de US$271 mil millones, más del doble de los activos del BID). Lava Jato tampoco ha logrado descubrir, ni condenar a la mayoría de los corruptos. La corrupción sigue en el congreso, en los bancos públicos (Banco do Brasil, BNDES, Caixa Económica, etc.), en las empresas públicas (Petrobras, Electrobras, Correios, etc.), en los gobiernos de los 26 Estados, en las 5,570 municipalidades, en muchos de los 16,280 jueces, y naturalmente, en la Policía Militar. Todo lo que Lava Jato ha logrado destapar es solo la “punta del iceberg”. Sin embargo, el Ministerio Público y la Policía Federal están investigando a los corruptos en todos los rincones en donde encuentran indicios de mal manejo.

A pesar de sus limitaciones, el cambio ha sido notable. Una nación que dedica horas por día para asistir telenovelas y futbol ha creado espacio mental para mirar otros temas, más políticos. Los noticieros han cambiado las noticias, los contenidos de las redes sociales han cambiado, y en pocos años la opinión pública se ha vuelto mejor informada sobre los niveles de corrupción de su país, sobre quienes son los corruptos, y sobre la cantidad de la riqueza pública que estaba siendo robada en forma sistemática.

La principal limitación para que el alcance de Lava Jato no sea más amplio ha sido el Foro Privilegiado que protege a más de 50 mil de los principales políticos (diputados, senadores, ministros, gobernadores), los jueces y las autoridades de Brasil. Aécio Neves, ex-candidato a presidente de Brasil y ex-presidente del PSDB ha sido investigado, pero tiene foro privilegiado. Todas las personas con Foro Privilegiado no pueden ser investigadas ni juzgadas en 1ª instancia, como Lava Jato y el juez Sergio Moro, y sus juicios tienen que ser procesados exclusivamente en el Supremo Tribunal Federal (STF).

Sucede que los jueces del STF son nombrados por los presidentes, y muchas veces pone lo jurídico en segundo plano por razones políticas. Además, el STF actúa con una lentitud e ineficiencia chocante. De los 500 congresistas que fueron acusados ante el STF, desde 1988, solo 16 fueron condenados, solo el 3.2%. Los juicios son tan lentos, que lo típico del STF es prescripción de los delitos.

Aún cuando, el STF tenga voto mayoritario para condenar un acusado, cualquiera de sus miembros puede pedir que se suspenda el juicio para que él pueda revisar el caso (Pedido de Vista). El tiempo del Pedido de Vista es ilimitado, y puede durar varios años, a veces, hasta que el delito prescriba. Cuando esto sucede, el juicio se cierra y todos los documentos son devueltos a los procuradores para su archivo. Si un político corrupto logra comprar uno de los 11 jueces del STF, su juicio jamás concluye, y su delito prescribe.

La investigación y castigo de los corruptos no es suficiente para acabar con la corrupción en un país. Se requieren reformas. La dificultad para hacer las reformas necesarias es la actual composición del Congreso Federal: Diputados Federales y Senadores. Los grupos a favor de mantener la corrupción son mayoritarios en ambas cámaras y bloquean cualquier intento legislativo que amenace sus actividades de parasitismo y de saqueo de los recursos públicos.

Un caso representativo ha sido la propuesta de las “10 medidas contra la corrupción”. Ellas fueron presentadas a la Cámara de Diputados con más de dos millones de firmas de respaldo, pero los señores diputados las desfiguraron y modificaron todas las medidas que ponían en riesgo sus prácticas actuales. Finalmente, lo que aprobaron no tenía nada que ver con la propuesta presentada por los procuradores de Lava jato y por la población que firmó.

Ahora, que Lava Jato está llegando a su fin, todos se preguntan: ¿qué viene después?

Lo que viene después no depende de Sergio Moro, ni del equipo de procuradores federales que lideraron Lava Jato. Lo que sigue depende de la política. Depende de quienes serán electos en las elecciones de este año. Los corruptos ya aprobaron los fondos de publicidad que, en su opinión, va permitir su continuidad. Ahora vamos ver en funcionamiento la teoría de Daron Acemoglu de que los cambios institucionales dependen de los desenlaces políticos. La política va definir el futuro de la lucha contra la corrupción en Brasil.

Brasil vive un momento de efervescencia política. Los partidos tradicionales, con excepción del PT, imaginan que van poder seguir en sus puestos, y los nuevos partidos (liberales y conservadores) están optimistas sobre la posibilidad de dar un salto cualitativo en su peso político. Como en toda campaña electoral, los resultados son altamente inciertos, pero podemos decir que una parte importante del impulso renovador que hoy se vive se debe a la labor de Lava Jato. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Durkheim y la conciencia colectiva

La bancada de Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para modificar la Constitución a fin de condenar a pena de muerte a los que cometan el delito de “violación contra menores de edad de 7 años seguido de muerte”. Así, el artículo 140 de la Constitución quedaría como sigue:

“La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, terrorismo y por delito de violación de la libertad sexual cometido contra menores de siete años de edad seguido de muerte, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligado”.

Emile Durkheim, fundador de la sociología, argumentó en “La División del Trabajo Social”, que la función del castigo penal, más que disuadir a otros de cometer el mismo delito o de expiar el crimen, es reforzar la cohesión social, fortalecer las creencias y sentimientos que conforman la conciencia colectiva. La penalización “no sirve –o no sirve más que muy secundariamente– para corregir al culpable o para intimidar a quienes mañana puedan imitarlo. Desde esta óptica doble su eficacia es dudosa, y, en todo caso, mediocre. Su genuina función es conservar entera la cohesión social, preservando completa la vitalidad de la conciencia común”.

Lo social se explica por lo social

Desde esa óptica, el mencionado proyecto de ley es una reacción al imperativo sociológico de expresar la voluntad colectiva. En términos ordinarios, es un acto político, que algunos llamarían populista. La tendencia a regresar a la pena de muerte –erradicada en la mayor parte de Occidente- se explicaría por el hecho de que una pena -según Durkheim- “es una reacción pasional. Sucede que la pasión, que es el alma de la penalización, no se detiene más que una vez que se ha agotado… De allí la tendencia a superar en gravedad a la acción contra la que reacciona”. En las sociedades antiguas podían terminar castigados no solo el criminal, sino sus familiares, por ejemplo. La pena es un acto de venganza (social). En las sociedades modernas –precisa- sigue siendo una reacción pasional, pero de intensidad regulada, limitada, por los códigos.

Podría interpretarse, siguiendo a Durkheim, que, al castigar con la pena extrema la violación de un menor seguido de asesinato, cediendo a la naturaleza pasional de la pena, la sociedad reforzaría sus convicciones morales respecto de ese tema y fortalecería su conciencia colectiva en un asunto –el abuso sexual de menores- que ha permanecido escondido dentro de las paredes de las casas familiares. Castigando, la sociedad se refuerza a sí misma.

La impunidad es general

Nótese que, por eso mismo, lo que realmente debilita la cohesión social y ofende sin reparación la conciencia colectiva, es la impunidad, la ausencia de castigo. El castigo es necesario parta mantener la vitalidad de la sociedad, de las creencias comunes. Pero una ley como la que se pretende resolvería –acaso con exceso- la impunidad solo en el caso de un tipo criminal. Claro, en la medida en que este tipo es especialmente atroz, podría convertirse en simbólico. Pero el problema en nuestro país es que la impunidad es generalizada. Lo que realmente ofende de manera cotidiana la cohesión social y la conciencia colectiva, es la altísima victimización por delincuencia y la enorme corrupción, que no son castigadas. Es allí donde hay que apuntar.

El problema es que esa es una tarea más laboriosa y compleja, cuyos resultados no se concentran en un solo acto. No obstante, una buena estrategia de comunicación podría lograr un impacto social y simbólico importante. Como diría Durkheim, si el sistema de justicia no funciona, no castiga o está él mismo muy corrompido, esto afecta seriamente la cohesión social y debilita la conciencia colectiva.[1] Al final, la sociedad misma se vuelve permisiva o se corrompe o se desagrega en actos de venganza personales. Si el Congreso quiere tener un impacto verdadero y sustancial que pueda incluso capitalizar políticamente, debe dar las leyes y reformas constitucionales que ayuden a reformar profundamente el sistema de justicia.

Reformar la Corte Suprema

Para ello, lo lógico y determinante es comenzar por la cabeza: la Corte Suprema. Dar una ley que permita conformar una Corte Suprema de pocos miembros de muy alto nivel dedicada exclusivamente a resolver algunos pocos casos seleccionados que permitan sentar jurisprudencia. Esto no solo permitiría darle predictibilidad a la justicia, reduciendo los márgenes discrecionales vulnerables a la corrupción, sino que el hecho de tener una máxima instancia de muy alta calificación ética y profesional, ejercería un efecto de atracción para que abogados calificados y honestos se interesen en ingresar a la carrera judicial, a la que hoy solo se presentan, con excepciones, egresados relativamente poco calificados, como ocurre en el magisterio.

Si transformamos la cabeza, transformamos el cuerpo. Esta reforma fue planteada por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) el 2004, pero fue rechazada por la Corte Suprema de entonces. Proponía reducir el número de Supremos a 11 para dedicarse solo a sentar jurisprudencia a partir de casos ejemplares. En la en la actualidad la Corte Suprema resuelve casi 20,000 demandas de casación por año, y por lo tanto se ha convertido en la práctica en una tercera instancia, yendo contra la Constitución. Y está sobrepoblada: posee 18 supremos titulares y 27 provisionales. En total, ¡45 magistrados!

Implantar esta reforma requiere de un acuerdo político, no solo para afrontar la resistencia del sistema, sino porque lo ideal sería consagrarla constitucionalmente. Sobre todo, si damos un paso más y le damos a esa Corte Suprema de alto nivel profesional las funciones del control constitucional que hoy están en manos del Tribunal Constitucional, actualmente muy desacreditado.  Un informe de la “Comisión de profesores para impulsar el debate sobre la reforma de la justicia en el Perú” de la Universidad Católica (2014) señala lo siguiente:

“Dejamos constancia de que durante los últimos años en el debate público se ha planteado la posibilidad de que la Corte Suprema incorpore en sus funciones la competencia para procesos constitucionales, de modo tal que sea ella (y ya no el Tribunal Constitucional) el órgano encargado de tutelar los derechos fundamentales. Al respecto, la Comisión considera que esta propuesta requiere de un amplio debate y de una eventual reforma de la Constitución, además de suponer -necesariamente- un diseño orgánico de sala única en relación con la Corte Suprema”.

Evaluación permanente de magistrados y la reforma del CNM

La excusa que se da para justificar una Corte Suprema numerosa y convertida en una tercera instancia, es que con frecuencia debe corregir los defectos jurídicos de las decisiones de segunda instancia. Al final esto no sería problema en la medida en que mejores profesionales ingresen a la carrera judicial, pero mientras tanto se hace necesario implementar un “transparente y eficiente sistema de evaluación permanente de los magistrados, que propicie la meritocracia al interior del Poder Judicial y Ministerio Público”.[2] Este sistema debe ser organizado por ambas instituciones en el marco de una nueva ley de carrera judicial y fiscal que asegure la meritocracia precisamente, y estaría supervisado por un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cuya composición y funciones deben ser, a su vez, reformados. Este nuevo sistema debería permitir retirar a magistrados incompetentes sin necesidad de esperar la ratificación de los 7 años.Transparencia propuso incluso eliminar dicha ratificación septenal y reemplazarla por una evaluación permanente. A nuestro juicio, la propuesta de reforma del CNM de Transparencia sigue siendo la mejor:

Proponemos que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, autoridad que elige a los jueces en nuestro país, sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, con el soporte operativo de Servir, seleccionaría a tres miembros adicionales por concurso público de méritos. Proponemos también que se elimine el mecanismo de ratificación de jueces. Queremos un Consejo Nacional de la Magistratura con mayor legitimidad y con representantes que elijan responsablemente a nuestros jueces.

Todo esto supone leyes y modificaciones constitucionales que deben ser procesadas en el Congreso.

Lucha contra la corrupción

Ahora bien, paralelamente a un proceso sostenido de depuración profesional en el sistema de justicia, debería acelerarse un proceso de depuración ética, retirando a jueces y fiscales venales o vinculados a organizaciones criminales. Al respecto, la CERIAJUS planteó que el propio CNM asuma las funciones de control disciplinario (“Investigar en forma permanente la conducta funcional e idoneidad de los jueces y fiscales de todos los niveles y aplicarles las sanciones a que haya lugar”). Es debatible. Hay varias alternativas, incluyendo un acuerdo entre el Poder Judicial y el Ministerio Público con el ministerio del Interior para designar un grupo policial de élite que descubra vinculaciones de magistrados con redes ilícitas, al mismo tiempo de identifica policías vinculados a esas organizaciones delictivas. Un enfoque territorial sería aquí conveniente: ir desmontando región por región redes ilícitas apoyadas por policías, fiscales y jueces.

Lo anterior tendría que complementarse con una campaña de denuncias y con la creación de mecanismos que permitan la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en el sistema de justicia. Y debe mejorarse el esquema de participación de la sociedad civil en la OCMA y en el Órgano de Control del Ministerio Público, que no funciona porque las remuneraciones que se pagan son muy bajas o inexistentes. He propuesto que en “La Gran Reforma”, que el Poder Judicial y el Ministerio Público firmen convenios con las instituciones de origen de los representantes de la sociedad civil (Universidades, colegios de abogados) a fin de que sean destacados a la OCMA o a las ODECMAS o al Ministerio Público con el sueldo pagado por las instituciones de las que provienen. Mejor aún, cambiar el concepto: que la representación de la sociedad civil se ejecute de manera institucional: mediante convenios para que las universidades realicen una tarea de fiscalización y análisis de la calidad y orientación de las sentencias, por ejemplo.

Atención primaria de la justicia penal

Lo que, de nuevo siguiendo a Durkheim, socava la cohesión social y la voluntad colectiva, es la proliferación de la delincuencia común sin castigo, la altísima tasa de victimización por delincuencia que no encuentra respuesta en el sistema. Aquí lo primero es afiatar las relaciones entre la policía, el fiscal y el juez para efectos de la aplicación del nuevo código procesal penal, precisamente para evitar las liberaciones indebidas y la consecuente impunidad. Por ejemplo, la policía elabora un informe mal hecho, el fiscal pasa al juez sin revisar, y el juez lo rechaza. Los jueces deben capacitar a policías y fiscales. Pero en esto el Congreso también tiene un papel porque se requiere algunas modificaciones legales al mencionado código que restablezcan un balance más adecuado en la relación entre policías y fiscales de modo tal que el policía recupere algo de autonomía para hacer interrogatorios o tomar alguna la iniciativa en las investigaciones cuando el fiscal no está disponible. Pues la normatividad actual se convierte fácilmente en un pretexto para la inacción policial cuando la oportunidad es preciosa.

Pero algo que debería disponerse sin demora es integrar en un solo local en cada distrito de Lima –para comenzar- a la Policía, un fiscal, un juez y una pequeña carceleta –construidos y donados eventualmente por las municipalidades-, para que todo delincuente capturado sea juzgado de inmediato y castigado –si es primario- con penas inicialmente reducidas de días o semanas o meses. El asunto es que haya castigo. Y con asistencia sicológica y social si es posible.

Otra manera de verlo es que en cada comisaría haya un fiscal, un juez y una carceleta. La propia violencia familiar, que es la más extendida y cuyo extremo es el horrendo delito que ahora se quiere castigar con la pena de muerte, permanece impune porque las comisarías no acogen ni procesan de manera efectiva esta clase de denuncias.

Esto iría de la mano con el programa preventivo “Barrio Seguro” del Ministerio del Interior, que busca que la comisaría sea la sede de una “policía comunitaria” integrada a las asociaciones vecinales y organizaciones de la comunidad y a acciones específicas de desarrollo social y cultural organizadas por algunos ministerios. Esto a fin de disolver los núcleos de gestación de la criminalidad. 

Según el código penal, el juez puede castigar a penas privativas de la libertad de dos días en adelante. Pero no lo hace porque no existen centros de detención distritales o municipales para delitos menores. Si cortamos la impunidad en esta etapa germinal del delito, reducimos notoriamente la generación de delincuentes mayores. Es la atención primaria de la justicia penal.    

Acusación contra Basombrío

Por supuesto, la modernización, la meritocracia y la lucha contra la corrupción en la policía son fundamentales. Es una tarea del ministerio del Interior, pero el Congreso debe fiscalizar y apoyar en lugar, por ejemplo, de abrir acusación constitucional contra el ministro Basombrío por el paso al retiro de 39 generales, una de las medidas adoptadas para racionalizar, ordenar y moralizar el cuerpo policial. Como decía Durkheim, “La primera función de todo poder director constituido es la defensa de la conciencia colectiva contra sus antagonistas”. No se puede dar medidas de impacto para atacar el crimen y al mismo tiempo socavar los esfuerzos para alcanzar una Policía proba y eficiente.