En pleno crecimiento de las tasas de contagio por covid 19 en nuestro país, urge indagar en buenas prácticas de la gestión pública en el manejo de la presente crisis que hayan sido acometidas por países similares al Perú, pero que sobretodo no hayan acarreado un alto costo económico y social, como vemos que está sucediendo con la cuarentena total recientemente extendida por el estado.

Al respecto resalta la experiencia que ha tenido la gestión de la alcaldía de Medellín, considerada la segunda ciudad más grande de Colombia, pero cuyas muertes por el mencionado virus no llegan ni a la decena de personas.

Como presenta un reciente artículo publicado por The Economist, la combinación del registro en tiempo real de las condiciones de vida de los hogares, y  la colaboración estrecha con las entidades privadas prestadoras de servicios de salud (EPS), no solo le habrían permitido evitar un colapso en su sistema hospitalario sino también propender los recursos necesarios a las familias más necesitadas, evitando a la vez un desacato de la cuarentena.

Sin duda una experiencia que debería ser replicada en las principales ciudades de nuestro país, sobretodo en la relacionado al análisis y explotación de datos de los casos de contagio sospechosos. No es posible por ejemplo que, teniendo el desagregado de contagios y muertes a nivel distrital en nuestro país, el gobierno central siga  decretando cuarentenas totales y no focalizadas. Esto conduce, entre otras cosas, a un desmedro de recursos humanos (policías y personal de salud), puesto que no se está siguiendo un criterio tan fino en la asignación de este personal hacia las zonas más críticas, más allá del simple análisis regional que esconde las tan heterogéneas dinámicas distritales.

Esperemos pues que estas reflexiones puedan ser tomadas en cuenta por nuestras autoridades en las siguientes semanas e intenten exhibir políticas parecidas que permitan paliar su fracaso en el control de la pandemia. Medellín, sin ser una ciudad de un país de primer mundo, ha probado que no es imposible. Lampadia

La maravilla médica de Medellín 
Cómo la segunda ciudad más grande de Colombia está controlando la pandemia

Al actuar temprano y reunir muchos datos

The Economist
4 de junio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, ha tenido una carrera inusual. Vendió bonsáis y postres caseros en las calles para pagar las tasas universitarias, se convirtió en ingeniero y fue viceministro de información y tecnología en un gobierno colombiano anterior. Esa biografía puede ayudar a explicar su enfoque poco convencional del covid-19. Comenzó a preparar la segunda ciudad más grande de Colombia a fines de enero. Muchos colombianos lo llamaron paranoico. A medida que transcurría febrero sin casos en el país, se preguntó si podrían tener razón. Cuando el virus llegó en marzo, la provincia de Antioquia, de la cual Medellín es capital, fue cerrada, cinco días antes que la mayor parte del país. Quintero actuó más rápido que cualquier otro alcalde.

El mayor desafío, como en muchas ciudades latinoamericanas, es mantener a las personas en casa cuando muchas no obtienen ingresos si no trabajan. El programa de Quintero, llamado “Medellín Me Cuida”, se basa en la recopilación de datos. Al igual que otras grandes ciudades, Medellín asignó dinero para ayudar a los trabajadores que perdieron sus ingresos. Bogotá y Cali lucharon por encontrarlos. Medellín pidió a los residentes que se registren para recibir ayuda en línea. Para inscribirse, las personas deben proporcionar mucha información, incluido el tamaño de su hogar y los detalles de sus facturas de electricidad. (La información de facturación impide que las familias reciban más de un paquete de ayuda). Más de 3 millones de personas, casi el 90% de la población del área metropolitana, se han inscrito. Los necesitados han recibido alimentos o, más comúnmente, dos pagos de 100,000 pesos (US$ 28), suficientes para que una familia sobreviva durante algunas semanas, cuando muchos han suspendido el pago del alquiler y las facturas de servicios públicos. La gente en Medellín ha respetado el encierro más que otros colombianos.

Cuando se registran, se les pregunta a las personas si tienen síntomas de covid-19 o afecciones que dificulten el tratamiento. Pueden actualizar la información en una línea directa. La ciudad asigna los datos para identificar brotes y predecirlos. Las Unidades de Promoción de la Salud (EPS) —principalmente empresas privadas que brindan seguro de salud a la mayoría de los colombianos— envían equipos para evaluar a los vecinos de pacientes de covid-19. Los funcionarios se aseguran de que los pacientes y las personas expuestas a ellos se queden en casa. Los pacientes de covid-19 reciben kits con oxímetros, que evalúan su oxígeno en la sangre. Si cae a niveles peligrosos, una EPS envía un equipo con oxígeno. El metro utiliza los datos de Medellín Me Cuida para bloquear las tarjetas de los pacientes y sus familias.

Colombia ha controlado mejor el covid-19 que muchos de sus vecinos. Ha tenido 33,466 casos confirmados y 1,099 muertes. En Brasil, Chile, Ecuador y Perú, la tasa de mortalidad es al menos tres veces mayor. Incluso para los estándares de Colombia, Medellín, una vez hogar del narcotraficante Pablo Escobar, sobresale. Solo tres personas en la ciudad han muerto de la enfermedad y ocho están en el hospital; 304 personas se han recuperado, más de las que están enfermas. En Cartagena, una ciudad turística en la costa atlántica de Colombia, los hospitales no pueden hacer frente a la carga de casos. El éxito de Medellín continúa con un récord de innovación por parte de alcaldes anteriores, como la reducción de la pobreza al mejorar los enlaces de transporte de los barrios pobres con el resto de la ciudad.

No todos están contentos con la recopilación de datos de Quintero. Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, que aboga por los derechos digitales, dice que no está claro qué hará la ciudad con su base de datos después de la pandemia o cómo se protege. Colombia tiene una historia de espionaje patrocinado por el estado contra periodistas, políticos y extranjeros. El mes pasado, los informes de noticias revelaron espías ilegales por parte del ejército.

Quintero responde que solo los funcionarios de salud tienen acceso a la información y promete dejar que la gente decida qué datos puede conservar la ciudad cuando termine la pandemia. Los datos le dieron a la ciudad, que establece algunas reglas de cierre, la confianza para comenzar a reabrir centros comerciales y pequeñas tiendas esta semana, dice. Quintero espera que aumente el número de casos de covid-19, pero cree que Medellín podrá identificar a las personas más vulnerables a tiempo. Los colombianos en otras ciudades miran con envidia, ya que permanecen bajo cierres que son cada vez más difíciles de hacer cumplir. Pocos aún dudan de la cordura de Quintero. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hemos tenido en la historia universal, actores destacados que no creían en la democracia representativa, entre ellos contamos a Charles De Gaulle. Este personaje, por ejemplo, no creía en los partidos políticos, hizo todo lo que estuvo a su alcance para ningunearlos e impedir que desde el Congreso de la República le condicionen el gobierno.  Según relata Dick Morris en su libro “Juegos de Poder”, De Gaulle buscó una nueva Constitución en la que el Jefe Ejecutivo no fuera elegido por un partido parlamentario, sino que “sirviera únicamente a una comunidad nacional”. El reclamaba que el Presidente “no debe pertenecer a un partido político”; que el Presidente debía ser “designado por la gente, facultado para nombrar su gabinete y poseer el derecho de consultar a la nación, ya sea mediante plebiscito o la elección de asambleas”. Hasta aquí, cualquier parecido con la mecánica que podemos observar, se trata de manejar en el Perú de nuestros días, es pura coincidencia.

Dicho lo anterior, ya suena a repetido el mecanismo de la convocatoria y designación de una “Comisión de alto nivel para la reforma política” con dos meses de plazo y un proceso hasta hoy inconcluso, la designación de la “Comisión de reforma del Sistema Judicial”, el que fuera anunciado en pronunciamiento conjunto con el entonces Primer Ministro Cesar Villanueva, hoy en prisión preventiva por un caso de corrupción. El nombramiento de la “Comisión para la designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)” la que, en primer término, tuvo un “acto fallido” que debió abortar el proceso luego de muchos meses y en segundo término, logró “raspando” y con dificultad la designación de los siete miembros de la JNJ.

Como al presidente le gusta las cosas al estilo “my way”, hubo, al margen de la composición de las representaciones partidarias del congreso, una flagrante intromisión en el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, exigiendo exámenes y procesos meritocráticos en lugar del sistema tradicional de invitación. Lo dicho trajo como consecuencia la disolución del congreso el día 30 de setiembre de 2019. Como las reglas de transparencia de procesos de selección sólo son aplicables a los que debe seguirse en otros poderes del Estado, pero no en el ejecutivo, unas semanas después, la población se enteró de la designación del nuevo Procurador General de la República, “entre gallos y medias noches” pero sin proceso transparente, teniendo en cuenta la relación de dependencia respecto del Presidente de la República.

Está claro que lo que tenemos en casa no es el General Chales De Gaulle, no tiene su experiencia, trayectoria y méritos para aspirar a re-fundar la República, ni su liderazgo, pero si le encanta ir a su aire, sin partidos, en “contacto directo y personal con el pueblo”, convirtiéndose en el intérprete de los sentimientos de ese pueblo. Con esa receta, en realidad no gobierna con miras a un mejor destino nacional, sino que actúa en función de la reacción popular, de modo tal que no le afecten los resultados de las encuestas.

Veamos sino algunos ejemplos del actuar cotidiano del ejecutivo: Se aprueba un aumento del ISC del combustible más contaminante para inducir al uso de vehículos más modernos y limpios, pero ante la reacción popular se da marcha atrás. Se establece un aumento de tarifa del servicio de agua potable en el sur, pero ante la reacción popular retrocede, sin importar no poder ampliar la cobertura del suministro. Sabe que la “reconstrucción con cambios” implica reubicación para evitar asentamiento de población en zonas de alto riesgo, pero no hay autoridad para que el mandato se cumpla.  Suelta globos de ensayo sobre la seguridad de funcionarios públicos (congresistas) a través del ministro del interior, pero como se encuentra con gente pensante que le advierte que no puede hacerlo de acuerdo a la Constitución, recula para no caer en las encuestas.  Se arma el “despelote” respecto a la demanda de Odebrecht ante el CIADI, y cambia ministros y hace cambiar al procurador, negando ser responsable como Jefe de Estado, ya que sólo es “jefe de gobierno”, y salvar cara frente a la población…

Ya en mayo 2019 escribí el artículo “Vísteme despacio que estoy apurado”, en el hacía notar que estos raros apresuramientos poco meditados y mediante procedimientos no claros ni debidamente planteados ante la representación nacional, a nada bueno conducirían.

Las normas deben ser debidamente motivadas y analizadas para no caer en errores de “primarioso”. Por ejemplo, cuando la representación nacional estableció que la Ley Orgánica de Elecciones no debiera modificarse dentro de los doce meses anteriores a una elección, alguna buena razón tendría y se debe analizar.  Ahora resulta que no, que lo primero que se debe hacer según los iluminados, es modificar esa ley para que este congreso pueda completar la tarea que no realizó la “Comisión de alto nivel para la reforma política” y en los términos que los cinco iluminados que suscriben un comunicado, desean.  Si eso se puede hacer sin problemas, la reducción del plazo debe ser permanente, no eventual…

Lo mismo ocurre con la reforma del financiamiento de las organizaciones políticas. Quieren imponer cualquier cosa, pero no debidamente meditada. Algunos proponen únicamente financiamiento estatal y prohibición absoluta de financiamiento privado. ¿Por qué seremos así en el Perú? Siempre legislamos en función de las circunstancias y por reacción, nunca con una mirada de largo plazo, ni con referencias comparadas de otros países.

Después de haber liderado el mamarracho del referéndum pasado, ahora queremos discutir y aprobar la bicameralidad, cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo, pero, una vez más, no puede ser que actuemos acelerando y frenando en base a asuntos circunstanciales y no ejercer liderazgo para llegar al objetivo razonado.

Se plantea que se impida que postulen a cargos públicos los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos (eventualmente incumplimiento de pago de alimentos por ejemplo), cosa con la que estoy de acuerdo. Pero nadie se preocupa que los excarcelados por asesinato, terrorismo, violación, apología del terrorismo, entre otros (actos mucho más graves), queden impedidos de participar. La defensa a estos es que “ya pagaron su pena y estarían rehabilitados”. Para que alguien esté rehabilitado señores, como en la confesión, debe cumplir con: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Si no ha cumplido con esos cinco pasos, NO ESTÁ REHABILITADO y muchos salen de la cárcel sin estarlo. Mal pueden ser candidatos.

Me preocupa también que quieran abordar proyectos de ley para mejorar la “representación política en el ámbito sub-nacional” y fortalecimiento de los sistemas de control en ese nivel. Nuevamente, no se trata de generar más sistemas de control y vigilancia, más burocracia y fuentes de conflicto de interés en un sinnúmero de dependencias sub-nacionales. Debemos reducir las reparticiones políticas de elección y fortalecer las capacidades y competencias de la autoridad regional y provincial, transformando la autoridad a nivel distrital, en gerencias alineadas y dependientes de los alcaldes provinciales.

Podríamos llenarnos de ejemplos en todo el Perú, pero baste ver el conflicto por el enrejado del puente “de la amistad” entre San Isidro y Miraflores o el tráfico de terrenos del alcalde de Punta Negra, “aquisito nomás“, para imaginar lo que ocurre fuera de Lima y a nivel nacional.

Si vamos a efectuar correcciones, hagámoslo bien, con una mirada más amplia, observando cómo funciona en el primer mundo y no discutiendo intereses minúsculos. Lampadia