Jaime de Althaus
Para Lampadia

Algo muy importante ocurrió el jueves pasado por la noche: fueron detenidos los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, los conocidos abogados que han inventado el lucrativo negocio de persuadir a las comunidades de bloquear carreteras con el canto de sirenas de que tienen derechos que han sido afectados por la empresa minera por los cuales pueden cobrar decenas de millones de soles como compensación, con un porcentaje apreciable para los honorarios de éxito, eso sí. Por supuesto, como sabemos, el bloqueo de carreteras es delito, y exigir un monto elevado por medio de la fuerza, es extorsión.

Esto lo han venido haciendo desde hace años impunemente, sin que el Estado de Derecho fuera capaz de reaccionar. Por fin lo ha hecho. Tuvieron que pasar 46 días de bloqueo, de delito continuado, para que la fiscalía y la policía actuaran, cuando habíamos perdido ya la esperanza de que lo hicieran. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía de Criminalidad Organizada de Abancay, la Digimin y la Dirincri, sindica a los hermanos Chávez de realizar acciones extorsivas contra Las Bambas con el fin de obtener el pago de 100 millones de soles, así como de ser los autores intelectuales del bloqueo de vías. También son investigados por diversos delitos como falsificación de documentos.

Esperemos que luego de la detención preliminar de 15 días, no haya fundamento para liberarlos. De consolidarse estos casos penales y levantarse el bloqueo, habremos dado un paso gigantesco hacia la implantación del imperio de la ley en las carreteras y en las zonas mineras, que son estratégicas para el desarrollo del Perú. La minería tiene el potencial de darnos los recursos suficientes para mejorar sustancialmente los servicios públicos y la infraestructura nacional. Por eso, debe ser defendida no solo con la aplicación de la ley sino con planes de desarrollo integral en las regiones mineras.

Parece que la investigación ha sido bien planificada. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas ordenó el allanamiento de 12 inmuebles en Abancay y Cusco, y resulta que, en uno de ellos, en la avenida coronel Gonzales en Abancay, se encontró más de 300 cartuchos de dinamita, cordón detonante, pólvora, cacerinas y casi 200 cartuchos de diverso tipo de munición, incluyendo para AKM y escopeta (ver foto).

Dialogar sin bloqueo

Todavía hace falta, sin embargo, el levantamiento del bloqueo. Hasta el momento de escribir estas líneas, la medida de fuerza –que es un delito- se mantenía. Es que la comunidad ha sido persuadida de tener un derecho que no tiene. Reclama que la empresa construyó la carretera que pasa por el fundo Yavi Yavi de su propiedad sin pedirle consentimiento. Pero la vía existía desde cuando menos el 2008 según fotos satelitales mostradas por el Ministerio de Transportes, y Fuerabamba recién es propietaria de dicho fundo a partir del 2011, cuando lo recibió en permuta -junto con otros 4 terrenos-, de la propia empresa, a cambio de ceder el lugar donde estaba ubicado el pueblo de Fuerabamba, situado encima del mineral. Es cierto que luego la empresa habría hecho mejoras en la vía, pero el terreno le fue entregado a la comunidad el 2011 manteniendo la empresa el derecho de vía registrado en registros públicos. Ver en Lampadia: Norma anti elusiva y Las Bambas – Prejuicios mediáticos anti empresa.

Lamentablemente ni la empresa ni el gobierno han explicado esto con claridad a la opinión pública. Es el momento de hacerlo y de persuadir a la comunidad que no tiene el derecho que reclama, por el que demanda nada menos que 100 millones de soles. Como fuere, lo que no debe hacerse es sentarse a dialogar con la comunidad sin que ella haya levantado el bloqueo. En eso no se puede ceder.

Romper el precedente

Y tampoco en entregar un monto excesivo por los infundados reclamos, porque es indispensable romper el costosísimo precedente que estableció el acuerdo del entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, con las comunidades de Choqueja-Antuyo, Pumamarca, Quehuira y Allahua que, impulsadas por estos mismos abogados, habían bloqueado con zanjas la carretera de salida del mineral reclamando un pago por el paso de dicha vía. Lo insólito fue que el entonces ministro aceptó darles 25 soles por el m2 de servidumbre, cuando en la sierra ese pago no pasa de 30 céntimos por m2. A ese exorbitante precio, una hectárea de cultivo valdría 250 mil soles, cuando las mejores tierras agrícolas del Perú no superan los 40 mil soles la hectárea.

Fueron decenas de millones de soles para las cuatro comunidades, de los cuales los hermanos abogados se embolsicaron algunos millones.

El actual conflicto con Fuerabamba no es sino una secuela de ese acuerdo, y por eso es crítico que no prospere, para anular y romper el mencionado precedente, que ha despertado ilusas expectativas en todas las comunidades que bordean la carretera del corredor minero, que tiene más de 200 km.

En cambio, de culminar este conflicto con una compensación proporcional a las afectaciones reales que haya recibido la comunidad, y con los hermanos Chávez procesados y en la cárcel, el nuevo precedente que este caso sentaría sería fundamental para poder aspirar al desarrollo nacional y regional. Es absurdo que la inversión minera –palanca del desarrollo nacional- esté siempre en jaque y eventualmente extorsionada por personajes como estos, y también por políticos y ONGs que aprovechan muy bien para beneficio propio la tremenda asimetría social y económica que hay entre las minas y las comunidades, e incluso los errores que eventualmente cometen las empresas mineras.

Desarrollo integral y compartido

El problema, ahora, será manejar la reacción de algunos frentes de defensa y de los núcleos anti-mineros, que ya intentan movilizarse contra la decisión de detener a los hermanos Chávez y al presidente de la Comunidad. La respuesta tiene que ser una estrategia política inteligente que pase por llevar una propuesta de desarrollo. El ministro de Energía y Minas y el Viceministro de Gobernanza territorial han viajado al Cusco y hoy estarán en Apurímac, pero hasta el momento solo han hecho planteamientos muy generales.

Pues no se trata solo de imponer la ley, aunque esto sea fundamental. Se trata de que el Estado y las empresas mineras sean capaces de llevar adelante un plan de desarrollo integral en el corredor minero que permita que las comunidades y los pueblos se integren al mercado de la manera más productiva y sostenible posible. Las familias campesinas tienen que percibir que la mina y el Estado les dan los instrumentos para aumentar su productividad, su producción y sus ingresos para emerger por sus propios medios, y no simplemente que la única manera de beneficiarse sea convirtiendo a la mina en un blanco de ataques y protestas para exigir compensaciones monetarias. Se trata de que cuando se vaya la mina, todo el paisaje económico, productivo y social se haya transformado radicalmente. Se trata de convertir el conflicto potencial en asociación para el desarrollo compartido.

Se trata, en suma, de generar una relación virtuosa y no viciosa con las comunidades. En ese sentido, la experiencia de la relación de Las Bambas con la comunidad de Fuerabamba es aleccionadora, pero en el sentido de lo que no debe hacerse, aunque quizá era casi inevitable, considerando la comunidad estaba asentada encima del mineral y entonces había que reubicarla. A cambio de reasentarla en otra zona, la empresa le construyó a la comunidad una ciudad hay llamada Nueva Fuerabamba, con una inversión de 750,000 dólares por casa. De modo que cada comunero recibió una casa de varios pisos en un centro urbano con todos sus servicios, algo de una calidad de vida muy superior a lo que tenían en el pueblo desaparecido. Pero no solo eso. Cada comunero recibió además en promedio más de un millón de soles contantes y sonantes como compensación por la mudanza. Es posible que muchos se hayan gastado el dinero o lo hayan invertido en emprendimientos infructuosos. El hecho que es ahora vieron la oportunidad de exigir más dinero aun. La empresa se convirtió en una adicción al dinero fácil, sin que la economía de las familias haya encontrado una manera de crecer de manera real y sostenible conectándose productivamente con el mercado.   

Alto funcionario de la PCM

Para que haya una relación virtuosa con las comunidades y pueda haber desarrollo rural y regional, dejando de paso sin oxígeno a los discursos anti extractivistas, es indispensable que la PCM designe a un alto funcionario que coordine a los sectores del Estado y a los gobiernos sub-nacionales en el corredor minero, y que sea capaz de dirigir la aplicación de un plan de desarrollo que mejore los servicios e integre las economías locales al mercado. Esa es en cierta medida la idea que está detrás de las 5 Agencias de Desarrollo Regional que está creando la PCM, pero las está instalando ¡en regiones que no son mineras! Increíble.

Reforma del canon

Y para que el desarrollo comunal, rural y regional sea posible, es indispensable emprender la reforma del canon, que no puede seguir manejado por alcaldes que carecen de capacidad de ejecución solo compensada con una gran capacidad de corrupción. El canon debe ser administrado por un organismo micro regional o un fideicomiso o un PMO en cuyo directorio puedan participar los alcaldes correspondientes, junto con la empresa y el gobierno central. Un modelo que fue exitoso fue el que se aplicó para ejecutar la llamada ‘contribución voluntaria’, en cuyo manejo participaban las autoridades locales, el gobierno central y las empresas mineras.   

Las empresas mineras de hoy ya no son las del pasado. Pueden no solo convivir con la actividad agropecuaria, porque sus procesos son limpios, sino ayudar a potenciarla y modernizarla, con políticas de desarrollo compartido.

La OEFA, por su parte, se está convirtiendo en un eficaz árbitro cuando, pese a todo, algunas minas cometen eventualmente agravios ambientales. Hoy existen muchas más garantías. Lo que no hay es un aprovechamiento de los recursos del canon para conseguir un desarrollo real.

Estrategia política y de desarrollo

En suma, la única manera de prevenir los conflictos es mediante una estrategia política y de desarrollo en las regiones mineras liderada por el gobierno, que tiene que tomar conciencia de que el recurso minero es demasiado importante para el país como para que quede al garete del abandono y la desidia. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ha llamado a preocupación nacional la debilidad extrema del gobierno en sendos acuerdos firmados con los transportistas y con la comunidad nativa de Mayuriaga.

• Los transportistas que cometieron el delito de bloquear carreteras, fueron premiados con una reducción en el precio del diésel que llevará a todos los peruanos, según Elmer Cuba, a subsidiar a los transportistas con nuestros impuestos, fuera de permitirles no pagar algunos peajes durante cinco meses.
• Y la comunidad nativa que había cometido el gravísimo delito de sabotear el oleoducto, ha sido recompensada con una serie de beneficios, obras y promesas de servicios, a muchos de los cuales tendrían derecho, pero no luego de haber obturado el oleoducto.

Preocupación similar causan también algunas de las explicaciones del viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, dadas el sábado pasado en El Comercio. Estrenó sus respuestas con una gran contradicción, muy elocuente: “Se les ha dicho (a las comunidades) que, si queremos desarrollo, debemos respetar la ley. Las comunidades amazónicas tienen innumerables brechas por atender, pero la forma de obtener atención del Estado no es vulnerando la ley o atentando contra la propiedad ajena”. Muy bien, pero acto seguido, en la misma oración, agrega: “Tampoco vamos a desatender a una comunidad porque realizaron una mala acción para obtener atención”. Es el reflejo exacto de lo que ha ocurrido.

Fiscalía y corte supra-provincial

Su justificación es que no han cedido al pedido de la comunidad de retirar las denuncias, que están en manos de la Fiscalía. “La fiscalía es independiente y el Ejecutivo no hará nada por vulnerar sus competencias. Tienen que hacer su trabajo”. Bueno, pero ya sabemos de sobra que no hacen su trabajo. Las fiscalías locales no acusan a los locales. Allí está el caso del bloqueo de la carretera en Fuerabamba, Apurímac, con estado de emergencia y todo. Los conocidos abogados que reinan en el corredor minero, profesionales de la extorsión, se han auto-incriminado varias veces, y ni la Policía ni el Ministerio Público son capaces de armarles un caso. Menos a los dirigentes.

¿Qué se espera para crear una fiscalía y una corte supra-provincial con sede en Lima para acusar y procesar en estos casos que no solo constituyen delito flagrante, sino que comprometen el desarrollo del país al bloquear la salida de mineral y de petróleo? El imperio de la ley es fundamental si queremos tener los recursos justamente para cerrar las brechas históricas en nuestro país. Alentar los actos de violencia como método para atender brechas lleva a la destrucción de toda posibilidad de resolverlas en el mediano y largo plazo.

Sí hay lesionados, y muchos

Molina defiende el diálogo aun en condiciones de extorsión con el siguiente argumento: “La prueba es que tengo poco más de 10 meses en el cargo y no ha habido ningún lesionado en conflictos. Nuestra premisa es buscar soluciones dialogadas hasta el final”. Por supuesto que hay que buscar siempre el diálogo, pero también la aplicación de la ley. Uno no puede ir sin la otra.

Pero aquí hay dos atingencias importantes. La primera es que no es cierto que no haya habido lesionados. Hace solo algo más de un mes, en Fuerabamba precisamente, los medios informaron que 12 policías fueron heridos y dos de ellos de gravedad, y el campamento policial incendiado. Y no se conoce de ningún procesado por esos hechos. No solo eso: según la Defensoría del Pueblo, el 2018 hubo 134 heridos y 5 muertos en los conflictos.

De acuerdo a estos cuadros, en los últimos diez meses de gestión del señor Molina hubo 84 heridos y 2 muertos en conflictos sociales. Pareciera que el problema de los conflictos no está en su radar ni en su escala de prioridades. De lo contrario habría notado el número de víctimas que producen.

Las mesas de diálogo producen más conflictos

La segunda atingencia es que la creación de mesas de diálogo para resolver conflictos, solo ha producido más conflictos. Por la sencilla razón de que el Estado peruano no ha sido capaz de cumplir con los compromisos adquiridos en esas mesas. Según el reporte Willaqniki N°01-2019 de la Secretaría de Gestión y Diálogo Social (SGDS), que pertenece justamente al viceministerio de Gobernanza, hay en la actualidad 112 mesas de diálogo en curso. Pero, como podemos ver, esas mesas y otras anteriores han producido 1,462 compromisos pendientes de cumplimiento, de los cuales 1,118 corresponden al Estado, principalmente a los distintos sectores del Ejecutivo.

Lo que ocurre es sencillamente que las mesas de diálogo se resuelven con compromisos que después el Estado no puede cumplir o se olvida de cumplir. Los sectores, por ejemplo, no colocan en el presupuesto del siguiente año los compromisos adquiridos, y el sistema de seguimiento de los compromisos, a cargo de la mencionada Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, no ha funcionado para asegurar su cumplimiento. El propio Molina lo reconoce en alguna medida: “Hay que firmar actas en procesos complejos como el de Mayuriaga, pero trabajamos para no firmar compromisos fuera de nuestro alcance. Las actas hoy son menos ambiciosas. Es mejor firmar varias actas progresivas que una enorme que no podamos cumplir”.

El problema es, efectivamente, que el incumplimiento por parte del Estado desata a su vez más conflictos, en un círculo vicioso:

Las mesas de diálogo se convierten en un recurso de última instancia cuando el conflicto ya ha estallado. Pero la cosa es aún más compleja. Muchas comunidades y dirigencias provocan conflictos para generar precisamente mesas de diálogo, porque se espera obtener a través de ellas de manera rápida lo que de otra manera tomaría todo el proceso presupuestal normal que tarda mucho tiempo. La mesa de diálogo es una suerte de fast track para obtener obras o servicios. Pero lo que ocurre es que para salir del problema el gobierno ofrece proyectos que luego no se ejecutan. Lo que a su vez provoca más conflictos.

De lo que se trata es de impedir que el conflicto estalle. Para eso se necesitaría no solo una SGDS capaz de montar un oportuno sistema de alerta temprana (tarea que el ministerio de Energía y Minas cumple mejor, dicho sea de paso), sino sobre todo un Estado capaz de estar presente para resolver los problemas y ofrecer servicios eficientes y desarrollo integral e integrado al mercado, de manera de prevenir que se gesten situaciones conflictivas. Es decir, no diálogos para resolver conflictos, sino una comunicación estructural permanente, un Estado internamente comunicado y conectado con la población.

Si las minas y el Estado se preocuparan por infundir tecnologías que aumenten la productividad rural, los campesinos no estarían golpeando a la mina para obtener beneficios, sino que estarían produciendo para el mercado y para la propia mina, convertidos en empresarios integrados a cadenas productivas dentro del mercado nacional.

No hay un alto funcionario coordinador

Y eso, un Estado presente y articulado, responsabilidad del propio viceministerio de Gobernanza de la PCM, no lo tenemos. Por ejemplo, en cada región minera debería haber un alto funcionario de la PCM asegurando la coordinación y la sinergia entre los sectores y entre los tres niveles de gobierno, con una visión territorial, para asegurar una acción coherente y oportuna del Estado en su conjunto. No existe tal cosa, como si la inversión minera no fuera vital para el crecimiento nacional.

No solo eso, resulta que la PCM efectivamente está creando este año 5 Agencias Regionales de Desarrollo para asegurar articulación intersectorial e intergubernamental, pero ¡en regiones no mineras!: La Libertad, Ayacucho, Tacna, San Martín y Piura. Como si no tuviera conciencia de la importancia estratégica de la minería para el desarrollo nacional.

El único que intenta jugar un papel coordinador en el terreno es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que está creando unos llamados “Comités de Gestión e Información Minero Energético” en las regiones mineras para seguimiento de compromisos, información, buenas prácticas e impulsar proyectos de desarrollo y bienestar. Pero no tienen el empoderamiento de la PCM y carecen de capacidad de convocatoria.

El canon minero no funciona

Ahora bien, se extrañaría menos un Estado articulado y presente, si funcionara el canon minero. Pero no funciona. El canon no sólo no sirve para producir desarrollo integral en las zonas mineras, sino que genera gran corrupción y conflictos. Este es un caso de desperdicio absoluto de cuantiosos recursos. Mediante el canon minero el presupuesto nacional –el país- renuncia a disponer del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras, para que sea invertido en el desarrollo de las comunidades y regiones donde están las minas. Esto, de paso, para que la población cercana a las explotaciones mineras perciba los beneficios que trae la minería. Pero eso no ha ocurrido.

El canon minero ha aportado a las regiones casi S/.40 mil millones entre 2000 y 2015, pero no ha producido desarrollo integral y, como podemos ver en los siguientes cuadros, la conflictividad ha subido junto con él. 

Fuente: Sebastiao Mendonca Ferreira: Para reducir la Conflictividad Minera.
Publicación de Lampadia 2017

El problema está en el manejo de los recursos del Canon, a cargo principalmente de los alcaldes distritales cercanos a la mina y también, en segundo término, de los alcaldes provinciales del departamento y del gobierno regional. Los alcaldes distritales carecen de capacidad de ejecución y la gestión de esos recursos se vuelve muy corrupta. Muchos alcaldes distritales usufructuarios del canon están hoy en la cárcel.

Es hora entonces de sincerar esta situación y avanzar hacia una reforma seria del manejo de los recursos del canon. Este debe hacerse dentro de fórmulas institucionales que aseguren la ejecución de un plan serio de desarrollo rural y urbano integral que conecte eficientemente y de manera sostenible a los campesinos y pobladores urbanos con el mercado. 

En ese sentido, el canon que produce cada empresa debería ser manejado por un organismo micro-regional o por un fideicomiso o por un PMO o por un esquema similar al que se aplicó para manejar las contribuciones voluntarias de la época de Alan García que luego Humala convirtió en gravámenes y derechos mineros que son captados a nivel central. Los alcaldes podrían integrar un directorio. Pero no se puede seguir soslayando irresponsablemente este tema.

Conclusión

En resumen, si queremos realmente prevenir los conflictos y lograr que la minería produzca el desarrollo de las regiones mineras y provea los recursos para el desarrollo nacional, necesitamos un Estado que coordine en el territorio, de servicios eficientes, use el canon para producir desarrollo integral, a la OEFA para garantizar equilibrio ambiental, y sea capaz de imponer la ley cuando hay delito.

Por supuesto, también necesitamos empresas mineras que expliquen bien sus procesos tecnológicos y fomentan integración de campesinos y economías locales al mercado aumentando su productividad. Es decir, que hagan desarrollo compartido. No es tan difícil.

Mientras nada de esto ocurra, seguiremos asistiendo a vergonzosas actas de solución de conflictos que premian la comisión de delitos, estimulando la violencia en el país. Lampadia