Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 14 de agosto de 2020
Para Lampadia

A muchos políticos sólo les gusta decir lo que la gente quiere escuchar. Ellos sólo quieren ser portadores de buenas noticias. Sin embargo, cuando las cosas van mal – como ahora – se muerden la lengua. ¡No se oye padre! En vez de enfrentar la adversidad – y resolverla – la pasan por alto… agravando aún más la situación.

Ese es el caso de la abrupta caída de la recaudación fiscal – o tributaria – a causa de la pandemia. O mejor dicho, a causa del pésimo manejo de la cuarentena.

Bueno pues – como se sabe – el presupuesto público proviene de la recaudación fiscal. Para que se entienda mejor; el presupuesto público del año 2021 saldrá de la recaudación fiscal del año 2020. ¿Y cómo viene la recaudación tributaria en el presente año? Pues por obvias razones… mal, muy mal.

Entonces, la reducción presupuestal del próximo año – ¡qué duda cabe! – será brutal. Tan brutal como la caída en la recaudación fiscal del presente año. O ¿acaso las ventas, las utilidades, y los empleos no han caído abruptamente?

Sin embargo… muy poco se habla del tema. Peor aún, para muchos políticos todo sigue como si nada en materia económica. Incluso, algunos anuncian aumentos presupuestales en salud, educación, programas sociales, y cosas por el estilo. ¿En qué planeta viven?

Tampoco se habla de la tremenda burocratización del aparato estatal, y de lo que ello significa en materia de gasto público. Las escandalosas contrataciones de los amigos del presidente – Richard Swing, los tenistas, y muchos más – se critican desde una perspectiva clientelista. Más no desde una perspectiva de gasto público.

El problema es que el Estado está atiborrado de personajes como Richard Swing. Por ello – con razón – la población debería indignarse; básicamente por las siguientes tres razones:

(1) Por el clientelismo político… que de por sí es escandaloso.

(2) Por el altísimo gasto público que ello conlleva. Y

(3) Por disponer de fondos públicos para contratar servicios absolutamente injustificados, cuando estos se requieran – a gritos – para luchar contra la pandemia.

El asunto es que el presupuesto público del próximo año – quiéranlo o no los políticos – caerá más que nunca comparado con lo sucedido en las últimas varias décadas. Efectivamente, dado el crecimiento sostenido de nuestra economía durante los últimos tiempos, el presupuesto público – y el Estado, en general – crecieron y crecieron… año a año. Pero con la pandemia y la crisis económica actual, eso se acabó.

En consecuencia, además de la cancelación de los servicios de Richard Swing y sus amigos – para adecuarse al presupuesto público reducido – el Estado tendrá que fusionar instituciones redundantes, eliminar programas y / o actividades que no sirven para nada, y digitalizar – al máximo – todos los servicios del Estado que puedan digitalizarse.

¡No al despilfarro y a la ineficiencia en el Estado! Ese es el grito del momento. Programa y/o actividad estatal que no impacte favorablemente en el bienestar de la población… ¡fuera! Y aún si impactara, pero cuesta más de lo debido… ¡también! El Estado está para servir… eficientemente.

Lo que se viene – pues – en materia de presupuesto público es dramático. La reducción del gasto público vendrá – esta vez – impuesta desde la reducción de la recaudación fiscal. Hacen muchos años que no habíamos enfrentado una situación parecida. Y eso no les gusta a muchos políticos.

Veremos cómo nos va. Pero yo empezaría por trasmitirle al país que lo que lo que se viene en materia presupuestal estatal es color de hormiga. Y que – ante ello – sólo queda ser austeros, eficientes, y muy serviciales. Lampadia.

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

El intervencionismo estatal va con viento en popa ideológicamente en Latinoamérica y en el Perú. Y ya no son sólo los izquierdistas tradicionales que claman por “más Estado”. Incluso comentaristas en diarios como Gestión pretenden recordarnos con tono paternalista lo “bajos” que son nuestros tributos en comparación con la OCDE o algunos países latinoamericanos – como si el pagar más impuestos fuera un fin en sí.

Ante el peligro de una fiscalidad más punitiva, de un mayor endeudamiento, y del derroche y mayor corrupción que genera un mayor gasto público, los ciudadanos pueden sin duda reclamar que cada centavo gastado se justifique plenamente. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto sea el caso?

El expresidente americano Jimmy Carter creía tener la respuesta. En 1973, introdujo en el Estado de Georgia la metodología de presupuesto base cero (zero-based budgeting o ZBB). Esta metodología, desarrollada por Texas Instruments a finales de los 60, consiste en presupuestar “desde cero” es decir calculando el gasto estrictamente necesario en vez de extrapolar del pasado mecánicamente. En 1977, estando ya en el cargo por el que más se le conoce, intentó introducirlo en la administración federal.

Sin sorpresa, la iniciativa de Carter fue torpedeada por burócratas y lobbies de proveedores y fracasó. Sin embargo, existe hoy un rebrote de interés en el sector público americano, así como en Estados de países emergentes y en el sector privado a nivel mundial. Mal no nos vendría, aunque sea intentarlo.

¿Cómo se presupuesta la acción estatal desde cero? La idea fundamental es que el gasto público debe ser eficaz y eficiente. La “eficacia” se refiere a la capacidad de alcanzar los resultados deseados. La “eficiencia”, por su parte, consiste en emplear el mínimo de recursos necesario para alcanzar dichos resultados. Los principios de eficacia y de eficiencia se aplican en dos etapas fundamentales: la determinación de objetivos y la determinación de medios.

Determinación de objetivos

El primer paso consiste en sustentar la acción de cada área de intervención estatal en un número limitado de objetivos que deben ser:

• Concretos, medibles y realizables: La “Justicia social” por ejemplo no lo es. El acceso de x familias adicionales a servicios de agua y desagüe, por ejemplo, sí.
• Coherentes y priorizados: Se debe comenzar por objetivos primarios. Por ejemplo, si tomamos el caso de la Sunafil, “aumentar las fiscalizaciones” no debería ser un objetivo en sí. La meta debería estar pensada en términos del beneficio social teórico esperado: por ejemplo, un mayor número de empleados recibiendo todos los beneficios de ley.  Ello implicaría considerar también los efectos adversos: por ejemplo, ¿en cuánto podría aumentar el desempleo como resultado de una mayor imposición de beneficios de ley que encarecen la mano de obra y provocan la quiebra de negocios de bajo margen? Esto a su vez permitiría explicitar los arbitrajes necesarios: por ejemplo, ¿cuántos desempleados adicionales el gobierno considera que se puede tolerar a cambio de que un empleado adicional goce de todos los beneficios de ley?

Determinación de medios

Habiendo determinado el qué – los objetivos concretos que perseguimos como sociedad – la pregunta del cómo se divide en dos: ¿qué canales de intervención son los indicados? y ¿cuántos recursos son necesarios?

La pregunta más básica sobre canales de intervención es: ¿Para alcanzar los objetivos fijados, es necesaria la acción gubernamental, o el mercado la puede alcanzar espontáneamente? De ser necesario que el Estado intervenga, ¿cómo lo debe hacer? ¿Orientando al sector privado? ¿Regulando? ¿Concesionando? ¿O, actuando directamente? Aquí podrían salir respuestas innovadoras – ejemplos: privatización de parte del trabajo policial (operaciones de back office), concesionar servicios de trámites, etc.

A su vez, la determinación de los recursos necesarios es donde se enfocan generalmente los procesos de ZBB en el sector privado. En ZBB ya no se considera, por ejemplo, el gasto en computadoras del año anterior en bloque, sino se recalcula sistemáticamente la necesidad analizando el detalle de precios y cantidades. En algunos casos esto es bastante intuitivo: si un área con mucho personal “de campo” pide una computadora por persona, inmediatamente suena excesivo. En otros casos se requiere análisis más finos: por ejemplo, correlacionar consumo de electricidad en kwh versus metros cuadrados o número de empleados.

Lo cual nos lleva a dos otros puntos fundamentales: para que un sistema que pretende construir “desde cero” la acción gubernamental funcione, es necesario cuantificar y transparentar sistemáticamente.

Cuantificar: KPIs y Benchmarks

El corolario de objetivos concretos y cuantificables debe ser una serie de métricas (o KPIs – key performance indicators) que permitan establecer si se está llegando al objetivo y si se está siendo eficiente. Retomando el ejemplo anterior de fiscalización laboral, en términos de eficacia, se puede hablar del porcentaje de trabajadores que gozan de beneficios de trabajo, incremento en dicho porcentaje, y (la contraparte) incremento en desempleo y porcentaje de empresas intervenidas que cierran. En términos de eficiencia, es relevante hablar de fiscalizaciones por fiscalizador, o recursos dedicados al control de cada tipo de infracción. Se debe también usar benchmarks: ¿Cuánto más o menos eficientes son en otros países?

Transparentar al máximo

Finalmente, esos KPIs deben ser públicos, con amplia difusión, y accesibles en un solo lugar: por ejemplo, el portal de transparencia del gobierno central. Hoy se miden KPIs en el Estado, pero no son lo suficientemente difundidos o seguidos sistemáticamente como para que el público pueda juzgar con hechos concretos.

Las ventajas de un sistema que reconstruye cada año el gasto “desde cero” son significativas:

• Permite que los gastos innecesarios no se perpetúen en el tiempo;
• Permite, cuando la situación lo exige, hacer recortes inteligentes (renegociando precios, disminuyendo cantidades, etc.) en vez de eliminar de manera arbitraria.
• Puede satisfacer tanto a liberales (se elimina gastos innecesarios) como a intervencionistas (se legitiman aquellas intervenciones de alto impacto).
• La mayor visibilidad del gasto genera confianza en la población.
• Transparentar mediciones de KPIs permite que se genere un verdadero debate sobre eficacia y eficiencia, ya no en base a sentimientos y generalidades, como es el caso hoy, sino en base a información objetiva y análisis.

Las desventajas, a nuestro parecer, son ampliamente superables en la actualidad:

• El proceso a veces genera rechazo por ser laborioso y complejo. Sin embargo, los avances en soluciones informativas y disponibilidad de datos han reducido significativamente este inconveniente.
• Burócratas pueden oponerse a que se toque sus “feudos”. Sin embargo, la facilidad con la que se puede conseguir y difundir data y así generar comparaciones (que, por ejemplo, demuestran una amplia dispersión en precios pagados por servicios, etc.) permite hoy exponer rápidamente la ineficacia e ineficiencia. Malos “números” y un rechazo de colaborar con el nuevo esquema de presupuesto podrían ser motivos para que la Contraloría investigue posibles instancias de corrupción. Eso generaría un incentivo para que quien no incurre en ningún hecho delictivo coopere con el sistema – mientras que los otros se verían expuestos.

En el Perú el Estado aún tiene poca credibilidad ante el público y va a tener que demostrar eficacia y eficiencia antes de extender su alcance. La presupuestación base cero, con formulación de objetivos claros y medibles, el uso de KPIs y benchmarks precisos, y una amplia difusión pública de los mismos, podrían constituir las bases de una nueva legitimidad. Lampadia

En este análisis presentamos la cuarta publicación de The Economist sobre las más importantes teorías económicas explicadas de una manera menos ‘matematizada’ y con énfasis en cómo estas teorías se aplican en la actualidad. Este artículo se refiere al gran debate sobre la adecuación de políticas públicas expansivas o contractivas para guiar las fluctuaciones del ciclo económico, especialmente en situación de crisis, como se hizo en el 2008/09.

Por un lado tenemos la austeridad. Los beneficios, en el campo de la gestión del presupuesto público, es que elimina gastos superfluos, mejora la eficiencia recaudatoria, devuelve la confianza a los mercados financieros internacionales, reduce el coste de la deuda y posibilita alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos que culmina con un relanzamiento de la economía del país después de un periodo (en teoría relativamente corto) de ajuste, en que se ha reducido el crecimiento y el empleo.

Sin embargo, como afirma The Economist, los efectos contractivos pueden provocar un debilitamiento en la capacidad productiva del país y una reducción significativa de la recaudación impositiva por efecto de la caída de rentas y del estímulo al fraude fiscal. Bajo estas condiciones pueden realimentarse los temores de impago de la deuda soberana en los mercados financieros internacionales, elevación del costo de una deuda pública creciente y entrar así en un círculo vicioso de austeridad y reducción del crecimiento y del empleo.

Por otro lado tenemos el estímulo fiscal, una de las propuestas innovadoras de John Maynard Keynes, quien afirmaba que cuando la economía está trabajando por debajo del pleno empleo, es la demanda más que la oferta quien determina la inversión y la renta. En estas situaciones, el dinero adicional gastado por el gobierno añadiría directamente producción, trabajo y rentas a través de los contratistas de obras, funcionarios o receptores de las políticas de bienestar social. Además, el nuevo gasto tendría efectos en cadena que podrían multiplicarse en el tiempo.

El debate económico en términos de la necesidad del estímulo fiscal o austeridad fiscal llegó a los gobiernos durante la última crisis económica internacional, donde Europa y Estados Unidos actuaron de manera completamente opuesta. Durante esta crisis ha quedado claro que los planes de estímulo propuestos por EEUU han triunfado en detrimento de las políticas de austeridad de Angela Merkel.

El estímulo económico de Barack Obama ha contribuido a terminar con la caída en picado de la economía; ha creado o conservado millones de puestos de trabajo; ha dejado un importante legado de inversión pública y privada. Y es que EEUU supo minimizar los efectos de la crisis mediante un plan agresivo de inyección de efectivo en la economía. Desde el año 2009 cuando se produjo un frenazo en la producción estadounidense, EEUU ha crecido a una media de más del 2.5% del PBI rebajando la tasa de desempleo hasta el 5.3%.

Por otro lado, en Europa se llevó a cabo la política contraria, la de los recortes y austeridad, que lo único que ha hecho es enfriar la economía.

Como afirmó José Luis Sardón, cuando era decano de la UPC, “el Perú debe recoger las lecciones aprendidas por las economías más desarrolladas, cuidando de no utilizar estímulos económicos similares, frente al eventual enfriamiento de la economía. Desde que la clave del éxito de una economía es la asignación de los recursos productivos a sus usos más valiosos, la única manera sana de estimular la economía es devolviendo la decisión sobre la asignación de los recursos productivos a quienes los generan con su creatividad y laboriosidad.”

Es importante que analicemos cuidadosamente las consecuencias de lo que sucedió en la crisis para que estemos preparados para los nuevos “períodos de vacas flacas” y que estos no afecten negativamente las perspectivas de desarrollo del Perú. Lampadia

Estímulo versus austeridad

Dudas soberanas

El cuarto en nuestra serie de artículos sobre la crisis financiera ve en el aumento de la deuda pública y el debate sobre la rapidez con que los gobiernos deben hacer recortes.

The Economist

18 de Agosto de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

Los economistas son argumentativos. Sin embargo, antes de la crisis, la mayoría estaba de acuerdo en que el estímulo fiscal era una reliquia obsoleta. La política monetaria parecía totalmente capaz de domar el ciclo económico. Los esfuerzos del gobierno para aumentar el gasto o reducir los impuestos para luchar contra el desempleo solamente ensuciarían las cosas. Sin embargo, cuando la crisis golpeó en 2008, se evaporó el consenso.

La aterradora velocidad del colapso económico obligó a los gobiernos a tomar acción, a pesar de las dudas doctrinales de los economistas. En 2009, muchos países implementaron grandes medidas de recortes de impuestos y mayor gasto con la esperanza de activar el crecimiento. Este estímulo fue de 2% del PBI en promedio entre los miembros del club del G-20. Entre las primeras medidas de Barack Obama como presidente estaba firmar la Ley de Recuperación y Reinversión, un plan de estímulo valorizado en US$ 831 mil millones, o casi el 6% del PBI de ese año, de la cual la mayor parte se gastaría durante los próximos tres años.

Los partidarios del estímulo seguían las ideas de John Maynard Keynes, economista británico. Sus acólitos razonaron que la depresión se produce cuando hay demasiado ahorro. Cuando demasiadas personas quieren ahorrar y muy pocos quieren invertir, entonces los recursos (incluidos los trabajadores) se estancan. Las empresas y las familias pueden ahorrar demasiado debido a la incertidumbre financiera o porque están trabajando para “reducir el apalancamiento”.

En tiempos normales, los bancos centrales tratan de estimular el crecimiento mediante el ajuste de las tasas de interés para desalentar el ahorro y fomentar el endeudamiento. Sin embargo, a principios de 2009, los bancos centrales habían reducido sus principales tipos de interés casi a cero, sin conseguir el resultado deseado. El sobreendeudamiento, conjeturaron algunos, podría haber impedido que las personas pidan todos los préstamos que quisieran, sea cual sea el tipo de interés. Los keynesianos afirman que los gobiernos necesitan compensar por la falta de préstamos de las empresas y familias, pidiendo prestado y gastando más (o gravando menos) para fomentar el consumo del exceso de ahorro.

Cuando la economía está débil, los estímulos fiscales pueden ser especialmente potentes gracias a un efecto “multiplicador”. Un dólar gastado en la construcción de un ferrocarril, por ejemplo, podría ir a los salarios de un trabajador de construcción. A continuación, el trabajador puede utilizar el ingreso extra en comestibles, enriqueciendo al dueño de la tienda, que a su vez va de compras y así sucesivamente. Cada dólar de estímulo podría ser el resultado de dos dólares de output con un multiplicador de dos. (Los multiplicadores también se aplican a los recortes gubernamentales, amplificando la reducción del PBI.) Eso permite a los gobiernos entregar una explosión económica considerable con un costo fiscal moderado.

Sin embargo, el estímulo fiscal es más necesario cuando los gobiernos ya tienen costos adicionales que solventar. De 2007 a 2010, los países ricos vieron la proporción de su deuda soberana bruta con respecto al PBI subir de 74% a 101% en promedio. La deuda pública británica subió de tan sólo el 44% del PBI a 79%, mientras que el alza de Estados Unidos fue de 66% del PBI a 98%. Grecia se elevó en 40 puntos porcentuales, hasta el 148% del PBI (véase el gráfico 1). El déficit de Grecia era tan alto que cuando el gobierno lo anunció, la admisión desencadenó una crisis de confianza en las finanzas públicas en el sur de Europa, y por lo tanto en la viabilidad del propio euro.  

El estímulo no fue la razón principal de la acumulación de la deuda: el mayor lastre para las finanzas públicas provino de los ingresos fiscales más bajos, gracias a las ganancias débiles y el alto desempleo. Los rescates financieros añadieron a la cifra fiscal, al igual que los “estabilizadores automáticos”, medidas como las prestaciones por desempleo que elevan el gasto de forma automática y apoyan la demanda cuando se produce una recesión. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que casi el 60% del aumento de la deuda pública desde 2008 se debe al colapso de los ingresos, más del doble que el costo del estímulo y los rescates combinados.

Dado que el crecimiento volvió en 2010, algunos líderes argumentaron que era el momento de recortar el gasto público. Otros temían que la recuperación era demasiado frágil para permitir cualquier indicio de austeridad. No había duda de que “la consolidación fiscal” podría ser eventualmente necesaria, pero había mucha controversia acerca de cuándo se debía comenzar.

Gran Bretaña se movió rápidamente hacia la ‘sobriedad’, poniendo fin a su estímulo en 2010 y planificando futuros recortes. De 2010 a 2011, el gobierno redujo su déficit “estructural” del presupuesto (es decir, ajustado para tener en cuenta los costos cíclicos tales como estabilizadores automáticos) en dos puntos porcentuales, con caídas adicionales de un punto porcentual en 2012 y 2013. Varios países del sur de Europa tuvieron que hacer recortes aún más profundos ante la propagación de la crisis. Pero Estados Unidos mantuvo el gasto, agregando nuevas rebajas de impuestos al estímulo anterior. Como resultado, el déficit estructural disminuyó más lentamente.

El debate sobre estas políticas giraba en torno a dos cruciales incertidumbres. Una de ellas era el tamaño del multiplicador. Los escépticos estimaban que sería bajo, y que ni el estímulo ni la austeridad tendrían mucho efecto en la producción o el empleo. El estímulo simplemente absorbería recursos que de otro modo habrían sido utilizados por empresas privadas, argumentaron. Por otra parte, las empresas y los hogares probablemente guardan su parte de las ganancias, en lugar de impulsar la economía con el gasto, ya que se asume que la generosidad del gobierno era sólo temporal y que las contribución pronto iban a subir.

Los de una inclinación keynesiana le restan importancia a estas preocupaciones. Con un alto desempleo y una baja demanda privada de préstamos, había poco riesgo de que el gobierno “desplace” la actividad privada. De hecho, en una “recesión de balance”, con las familias endeudadas, forzadas pagar los préstamos rápidamente por la caída de precios de los activos, impulsando los ingresos de un estímulo fiscal que aceleraría el ajuste financiero, y generaría así una recuperación más rápida.

La otra pregunta era la cantidad de deuda que los gobiernos ricos podrían asumir sin dañar la economía. Por lo general, a medida las deudas públicas crecen, los prestamistas exigirán a los derrochadores gobiernos tasas de interés cada vez más altas. Eso conduce a tasas más altas para todos los demás, que reduce el crecimiento económico. Pero los partidarios del estímulo argumentan que una economía en crisis, con bajísimas tasas de interés, no tiene ninguna razón para temer de los ‘vigilantes’ del mercado de bonos. 

La evidencia académica, inevitablemente, también ha sido disputada. Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, de la Universidad de Harvard, publicaron un artículo muy citado afirmando que las tasas de crecimiento económico bajan bruscamente cuando la deuda pública supera el 90% del PBI. Los estudios complementarios también presentaron una relación negativa entre el crecimiento y la deuda, aunque no siempre en el mismo umbral. La investigación realizada por Alberto Alesina, de Harvard, y Silvia Ardagna de Goldman Sachs, mostró que la rectitud fiscal, sobre todo en forma de recortes de gastos en lugar de aumentos de impuestos, en realidad podría impulsar el crecimiento.

Los keynesianos cuestionaron las conclusiones de Reinhart y Rogoff, señalando que el crecimiento lento podría ser una causa de la elevada deuda en lugar de un síntoma de la misma. También pensaban que la “austeridad expansiva” de Alesina era una quimera. En el pasado, se observó que se había producido sólo bajo condiciones muy diferentes. Si el endeudamiento público hubiera estado tomando el  escaso crédito, empujando hacia arriba las tasas de interés para las empresas privadas, entonces los menores déficit podrían reducir las tasas y desencadenar un auge de la inversión. Pero  la mayoría de tipos de interés del mundo rico ya eran bajos; el problema era el ahorro excesivo.

Lo que es más, los keynesianos sustentan que los multiplicadores son mucho más altos durante las crisis más fuertes que en otras épocas. La investigación realizada por Lawrence Christiano, Eichenbaum Martin y Sergio Rebelo de la Universidad Northwestern sugiere que cuando las tasas de interés están cerca de cero, el multiplicador podría ser mayor que dos, ya que las personas tienen un incentivo mayor de lo habitual a gastar que a ahorrar. Una crisis financiera también eleva los multiplicadores, encontró otro estudio. El trabajo de Larry Summers, el arquitecto del estímulo de Obama, y ​​Brad DeLong de la Universidad de Berkeley en California, argumenta que dado el costo del desempleo prolongado, el estímulo podría pagarse por sí mismo durante una larga recesión. 

El tiempo ya está dejando veredictos. A principios del año pasado, un estudio de McKinsey señaló que el des-apalancamiento financiero en EEUU funcionó más rápidamente que en el Reino Unido y Europa. También el año pasado, el FMI publicó un análisis de sus previsiones económicas, y encontró que la austeridad engarza crecimiento mucho más de lo que se había esperado. Mientras mayores fueron los recortes previstos, más cayó la previsión de crecimiento, concluyó el FMI. El multiplicador sobre los recortes de gastos fue tal vez el doble de lo que los investigadores habían previsto en un principio. La austeridad española redujo el déficit estructural del gobierno en más de dos puntos porcentuales entre 2011 y 2012. Pero los recortes ayudaron a impulsar la economía en recesión. En realidad, el endeudamiento neto del gobierno aumentó.

En abril de este año, una investigación de la Universidad de Massachusetts socavó la conclusión de Reinhart-Rogoff que afirmaba que el crecimiento se desacelera bruscamente cuando la deuda supera el 90% del PBI. Resulta que un error en el análisis y datos cuestionables habían sustentado el resultado. No hay consenso entre los economistas en cuanto a qué nivel de la deuda daña el crecimiento, o si incluso si es posible establecer una regla de ese tipo.

Eso no quiere decir que el aumento del endeudamiento público no es nada de qué preocuparse, sin embargo. Una nueva investigación sugiere que los gobiernos menos endeudados son mucho más propensos a recurrir a los estímulos para fomentar el crecimiento económico, presumiblemente debido a que sienten que pueden permitirse el lujo de hacerlo. Puede tomar un buen tiempo en llegar (la deuda pública de Japón asciende actualmente a 245% del PBI), pero en algún momento demasiada tinta roja dará lugar a una crisis de la deuda. Las preocupaciones sobre la solvencia de un país conducirán a los acreedores a exigir mayores tasas de interés, que a su vez agravarán sus problemas fiscales.

Saber justo cuando cambiará el mercado de bonos depende de una serie de factores. Economías vistas como refugios, como Estados Unidos y Suiza, tienen más libertad: la agitación económica tiende a reducir sus costos de endeudamiento en lugar de aumentarlos. Ayuda si la mayoría de los acreedores son locales, como en Japón, ya que los pagos ayudan a impulsar la economía doméstica.

El pánico es más probable cuando la deuda se da en una moneda que el gobierno no controla, ya que el banco central no puede actuar como prestamista de última instancia. La incertidumbre sobre si el Banco Central Europeo va a desempeñar este rol ha avivado la crisis de la zona euro, por ejemplo. Si se lleva al extremo, la compra de deuda pública puede alimentar temores sobre la inflación, que a su vez puede dar lugar a mayores costos por intereses, mientras que los acreedores exigen una prima de riesgo de inflación. Sin embargo, durante la crisis, las economías eran tan débiles que las compras de los bancos centrales de bonos del gobierno, demostraron ser más tranquilizadores que preocupantes para los inversores, en parte debido a la reducción del riesgo de pánico y de default.

La hora de la verdad, sin embargo, puede estar más cerca de lo que parece. Bancos en quiebra pueden transformar rápidamente las cargas de deuda de moderada a galopante. Antes de la crisis, los activos de los bancos comerciales de Irlanda aumentaron a más del 600% del PBI. Las deudas de Irlanda explotaron de 25% del PBI en 2007 a 117% en 2012, sobre todo gracias a la suposición del gobierno sobre las deudas de los bancos después de la crisis.

Cada corte tiene su día

La austeridad, en conclusión, todavía tiene su lugar. Pero ¿qué tipo? Mientras que algunos economistas recomiendan recortes de gastos, otras investigaciones indican que los impuestos más altos también pueden funcionar. Ambos enfoques tienen sus costos. Gravar pagos puede distorsionar los mercados de trabajo; los impuestos al consumo pueden conducir a la inflación, provocando una política monetaria contractiva. Sin embargo, la reducción del gasto es más impopular y puede exacerbar la desigualdad.

La experiencia de los últimos años ha respondido la pregunta del cuándo. El momento de tomar el camino de la austeridad es, idealmente, cuando la economía puede soportarlo. No todos los gobiernos pueden darse ese lujo, por supuesto: el de Grecia, por ejemplo, no podría retrasar los feroces recortes puesto que ya no podría pedir prestamos suficientes para financiar sus déficits. Los que tienen más espacio para respirar deberían tratar de estabilizar sus deudas en el largo plazo, indica el FMI, mediante el establecimiento de planes para reducir sus déficits. Mientras más creíble sean sus planes, tendrán mayor margen de maniobra para apartarse de ellas si las condiciones lo justifican. Como insistía Keynes, el tiempo para la austeridad es el boom no la crisis.

Lampadia

La educación escolar en el Perú es probablemente el mayor reto pendiente para nuestro desarrollo a largo plazo. De esto se habla hace más de dos décadas, pero los avances para poner al día a nuestros niños deja aún mucho que desear. El presupuesto público de educación ha subido de manera importante con el crecimiento de la economía, pero en términos de su peso con respecto al PBI todavía está en 3.5% (la meta es 6%).

Sin embargo, durante los últimos 15 años, la educación privada ha tenido un crecimiento mucho mayor, representando otro 3% del PBI. Lamentablemente, la disposición del Gobierno por integrar el esfuerzo con el sector privado es muy débil. Las autoridades públicas no destacan la presencia del sector privado en la educación, más que para repetir una y otra vez que también es de mala calidad.

No se ve al Gobierno haciendo suyos los desarrollos más exitosos del esfuerzo privado, ni promoviendo más emprendimientos privados ni Asociaciones Público Privadas (APP) que podrían inyectar mayor vitalidad al sector.

El reto por mejorar la calidad de la educación es tal, que en el CADE 2014, el especialista de la Universidad de Harvard,  Lant Pritchett, recomendó hacer un ‘Big Bang’, al igual que el propio IPAE como parte de su ‘Visión al Tercio de Siglo, que propuso un ‘salto cuántico’. Ver en Lampadia: La buena gestión del Ministro de Educación puede ser insuficiente – Tenemos que emprender una revolución educativa.

En Lampadia hemos propuesto “Un nuevo pacto social por la educación” pero, lamentablemente, no ha recibido mayor atención de parte del Gobierno ni de IPAE. Ver en Lampadia: Nobel de la Enseñanza: US$1 millón para profesora – Dignifiquemos el rol de los maestros.

Creemos que es fundamental hacer un extraordinario esfuerzo para nivelar la calidad con la de los países más desarrollados. Más aún ahora que se ha hecho evidente el advenimiento de una revolución tecnológica que amenaza con dejar fuera de carrera a los países que no puedan adoptar las nuevas tecnologías que van a transformar la educación, la salud, la forma de hacer negocios y la vida de las personas. Ver en Lampadia: Revolución Tecnológica.

El caso de Innova Schools es un desarrollo extraordinario en el que se destaca de manera evidente la fuerza transformadora de los sistemas modernos de educación, con especial énfasis en la capacitación de los maestros. Ver en Lampadia:  Compensemos las carencias en educación y salud – La Capacitación produce milagros e Ideo apunta a reinventar la educación en el Perú con Innova School.

Un antiguo dicho afirma ‘que nadie es profeta en su tierra’. El caso de Innova Schools parece confirmarlo. Chris Weller de Tech Insider acaba de publicar (4 de agosto 2015) un gran elogio a los éxitos de esta cadena peruana de colegios para la clase emergente. Ver: http://www.techinsider.io/innova-schools-in-peru-offer-great-education-for-cheap-2015-7.

A continuación publicamos el contenido de esta publicación:

Empresario peruano contrató a firma de diseño de fama mundial para rediseñar el sistema escolar privado de su país, y los resultados son impresionantes

Traducido y glosado por Lampadia

En el país natal de Carlos Rodríguez-Pastor de Perú, la educación se está quedando atrás. El empresario quería que los chicos de clase media tengan una alternativa entre las caras escuelas privadas y las escuelas públicas de pocos recursos, pero no existía ninguna opción.

Así que, en 2011, con la ayuda de la firma de diseño IDEO, creó una nueva opción.

Los colegios de Innova Schools son el producto de ese deseo. Se basan en el aprendizaje mixto – una forma de educación que utiliza la tecnología y el estudio independiente guiado – para que los niños desarrollen pensamiento creativo, flexible y crítico. A su vez, las familias pagan sólo US$ 130 al mes por hijo.

El modelo está recibiendo atención internacional, recientemente fue ganador del premio mayor en los “International Design Excellence Awards” (Premios de Diseño Internacional de Excelencia).

Hagamos un recorrido por la escuela.

Hay 29 Innova Schools en distintas partes del Perú, con más de 20,000 estudiantes en el ‘Sistema K-11’. Cada edificio es modular. Las paredes y las sillas son móviles y los espacios están diseñados para que los profesores cambien de lecciones rápida y fácilmente.

Casi un cuarto de los 8 millones de niños de Perú asisten a escuelas privadas, porque el sistema de educación pública está en muy mal estado. Las escuelas pueden sentirse como cárceles, por lo que Rodríguez-Pastor trabajó con IDEO para hacer que los Innova Schools se sientan tan abiertos y expansivos como sea posible.

En febrero 2015, Innova se convirtió en la mayor red privada de escuelas en Perú. Su objetivo es inspirar a los niños con tecnología moderna y autodescubrimiento.

Cada día escolar en Innova se divide en dos secciones. Los niños pasan la mitad del día en clases pequeñas, de 30 personas, centradas en la resolución de problemas y la colaboración, con un aporte mínimo del maestro. La otra mitad es para el aprendizaje autónomo, utilizando sitios web como Khan Academy y Time To Know (Tiempo de Saber).

Desde el principio, IDEO y Rodríguez-Pastor acordaron que Innova tenía que lucir bello. Los padres tenían que tener la confianza de que sus hijos estaban aprendiendo en un ambiente de alta calidad. Como parte de su misión, Innova también premia la recreación y el sentido del humor, lo que significa que el aprendizaje no es una experiencia memorística. Los niños también se divierten.

Parte de esa educación holística incluye el tiempo para socializar. Innova frecuencia lleva las clases fuera del aula para que los niños no se sientan abrumados por el uso frecuente de los ordenadores portátiles. El método funciona: En 2013, el 61% por ciento de los alumnos de segundo grado de Innova alcanzaron el dominio de los exámenes nacionales de matemáticas. El promedio del país es de solo 17%.

Innova insiste en que los niños necesitan ser auto-dirigidos para tener éxito. Como resultado, cada niño participa en el Programa de Innovación de la escuela, que hace que todos piensen en un reto social. Al final del año, los estudiantes presentan sus soluciones en conjunto.

Un obstáculo importante para Innova ha sido convencer a los padres que el modelo funciona. Cantar canciones y jugar con las computadoras portátiles no parece ser la imagen tradicional de aprendizaje, pero Innova muestra los números. Tanto en matemáticas y comunicación, las puntuaciones de las pruebas estandarizadas de Innova son varias veces superiores a la media nacional del Perú.

Innova también exige excelencia de sus profesores. Al elaborar un sistema escolar tan rápido significó que muchos maestros necesitarían capacitación, por lo que Innova diseñó el Centro de Recursos para Maestros. Es un catálogo de 20,000 lecciones, elaborado por maestros veteranos para los profesores más jóvenes.

El producto de todo este proceso concertado es un cuerpo estudiantil que se emociona por el aprendizaje y está familiarizado con la tecnología moderna. Ahora, Innova argumenta que la próxima generación puede finalmente tener una oportunidad justa de competir en la economía global.

 

Entrevista a Luis Miguel Castilla Rubio, Ministro de Economía y Finanzas

Por: Julio Lira Segura y Luis Hidalgo Suárez

(Gestión, 31 de julio del 2014)

El último mensaje del presidente Humala en el Congreso ha generado temores de populismo y críticas de falta de audacia en adoptar algunas medidas, por ejemplo tributarias, en el Ministerio de Economía. El titular del MEF en entrevista a Gestión responder a los cuestionamientos y revela los número del mayor gasto.

Una de las críticas a las medidas reactivadoras es que es por el temor a que sean populistas. ¿Cuál es costo fiscal de dichas medidas?

Descarto, tajantemente, cualquier manejo populista de la economía peruana si de algo nos podemos preciar, en los últimos quince o más es un manejo responsable de la política fiscal, lo que nos ha valido el reconocimiento de las calificadoras de riesgo. Si hubiera algún indicio de populismo, no tuviéramos estas mejoras; y de hecho, esto hay que verlo en el contexto en que se modificaron las reglas fiscales.

¿Se refiere a los cambios que se hicieron el año pasado?

Así es. Se aprobó, el 31 de octubre del 2013, un nuevo marco de reglas fiscales que ya estará en vigencia plena en el 2015, el cual elimina el componente cíclico y da mayor predictibilidad a las fuentes de ingresos permanentes para, justamente financiar gastos permanentes.

¿Qué dice la regla?

Permite hasta un déficit estructural de 1% del PBI, como tope, lo cual fue aprobado vía decreto supremo y donde ya se ha establecido cuáles van a ser los topes de gasto de acá hasta el 2017.

¿En cuánto se incrementará el presupuesto del 2015?

Tiene un crecimiento para el 2015 de más o menos 11% en términos nominales. Son unos S/.11,000 millones de incremento, de los cuales ya se han asignado los presupuestos de educación y salud: S/.4,000 millones y S/.2,500 millones respectivamente. El resto va a ser repartido en otros sectores. Evidentemente la seguridad será el tercer pilar de esta agenda priorizada.

¿Cuál es la proyección de crecimiento económico para el próximo año?

Mantenemos una tasa del 6%, que fue el dato que se utilizó para la formulación del presupuesto inicial, los techos de gasto que se dieron en junio se mantienen.

¿Son sostenibles algunos gastos que se están autorizando a raíz de las medidas que se han adoptado?

Descarto también que muchos de los proyectos de inversión vayan a introducir gastos que no se puedan mantener en el tiempo, porque estamos dando un empuje fuerte a las asociaciones público privadas, lo cual libera recursos públicos, y son contratos de largo plazo, que permiten mantener niveles de servicio en sectores clave.

¿A cuánto asciende el Fondo de Estabilización Fiscal?

No se ha tocado un céntimo de esos recursos. Hay reglas para tomar esos recursos: que hayan trimestres que haya contracción en el PBI, o que haya un terremoto de alta dimensión o un fenómeno El Niño complicado. Somos conscientes de la necesidad de tener colchones de ahorro público, las medidas anunciadas por el presidente están en el marco de nuestra previsión.

¿Se han tomado recursos del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) para financiar los nuevos gastos?

El FEF actualmente está en 4.2% del PBI, en una cuenta en el Banco Central.

En esa perspectiva, ¿en cuánto se está previendo el déficit fiscal para éste año y para el próximo?

Para este año, se prevén cuentas balanceadas (0% del PBI). Para el próximo año, estamos previendo ir hacia un déficit no mayor a 1% observado, es un déficit de 0.7%, congruente con un déficit estructural de 1% del PBI.

Si se desacelera el crecimiento, cómo se explica que los ingresos fiscales, justamente cuando la actividad económica está cayendo. Por tanto, ¿no se tocará el FEF?

No puedo descartar que no se toque, pero ese fondo tiene reglas muy claras y hay que respetarlas. Estamos en una fase coyuntural de menor crecimiento, pero las fuentes de menor crecimiento se van a disipar.

Ya se comienzan a disipar, especialmente en lo que resta del año, y se espera en todo el año entrante. Entonces, mal haría en tocar nuestros ahorros para crisis, cuando no estamos en una crisis. La proyección que tenemos de los ingresos (fiscales) indica que irán de la mano con los gastos.

¿La nueva regla macrofiscal también fija un tope para el crecimiento de los gastos corrientes?

Sí, para las remuneraciones y a las pensiones, y eso se va a cumplir. El crecimiento de la planilla de remuneraciones y pensiones no puede crecer más que el crecimiento del PBI potencial.

Hay el temor que la expansión del gasto público tendrían un objetivo electoral. ¿Ud. puede descartar esto?

Tajantemente. Porque si yo tuviera problema de deuda, diría hay que ser mucho más cuidadoso. Si cerrar la brecha en capital humano se llama populismo, eso no tiene mucho asidero, porque eso no es aumentar a rajatabla los ingresos, como sería un aumento de 100% de sueldos para funcionarios públicos. No es eso. Son aumentos en el marco de las reformas que estamos haciendo.

En cuanto al crecimiento del gasto, ¿con las medidas ya estamos en el tope establecido?

No. Todo está encajado de tal manera que haya un cumplimiento de las reglas fiscales. Obviamente, hay cláusulas de salida, en casos que haya una recesión, o un fenómeno natural. Si uno desvía del techo de gasto, que es lo vinculante, existe la necesidad de poder tomar medidas correctivas, tanto a nivel de gobierno nacional como los subnacionales.

¿Cuál es la preocupación central en cuanto a la expansión fiscal?

Acá el tema central es cómo logramos gestionar el impulso fiscal, que de hecho, cuando hicimos el presupuesto para éste año ya venía con un impulso fiscal importante, de 0.7% del PBI.

¿Ahora cuánto será?

Ahora le añadimos casi un punto, estará en 1.7% (el impulso fiscal) para este año, el impulso fiscal fue 2% del PBI en la crisis financiera global del 2009). Pero, el tema central es cómo lograr la efectividad, es decir, que este impulso fiscal efectivamente se materialice.

Entonces, el diseño de los últimos decretos de urgencia ha estado dirigido a evitar ser pro cíclicos.

La vez pasada (2009) se inyectaron muchos recursos públicos a la economía, pero hubo un rezago en la ejecución y se vio recién en el 2010 cuando la economía ya creció de vuelta entre 8 y 9%, es decir, fue procíclico.

¿Cuál es el objetivo del último decreto de urgencia publicado el 28 de julio?

Tiene como finalidad varios temas, pero se trata de adelantar tramos de reformas que ya estaban establecidas. El caso más representativo es el adelanto del tercer tramo de la reforma de las remuneraciones de la Policía y las Fuerzas Armadas previsto para diciembre de este año. Lo adelantamos para agosto significa una inyección de S/.500 millones.

Pero eso no significa un mayor gasto…

Entre agosto y diciembre, pero es un impulso, es una inyección de recursos. Lo mismo ocurre con bonificaciones en el marco de la reforma de salud, y una serie de medidas en el sector de educación.

Quizá las dos medidas de costo (fiscal) permanente, pero que en términos de monto no son grandes cosas fundamentales, que es la actualización que se ha hecho de la pensión mínima para las viudas del régimen de la Ley 19990, donde se sube la pensión mínima de S/.270 a S/.350.

Inversión pública

¿Por qué se ha contraído tanto la inversión de los gobiernos regionales?

Una razón que se aplica a la inversión de gobiernos regionales y locales es la disminución de los recursos provenientes del canon.

¿En cuánto se estima que cerraremos el año en lo que se refiere al crecimiento de la inversión pública?

Queremos llegar a un grado de ejecución similar al del año pasado, que fue más o menos 75% del presupuesto de inversión pública, pero esto va a ser determinado de la forma como las regiones puedan volver al tren de gastos anterior -se están recuperando muchas de ellas-, y del retraso que hubo en algunos proyectos que estaban previstos que se implementen por parte del gobierno nacional a principios de año.

¿Qué ejemplo puede dar?

Es el caso de la Línea 2 del Metro de Lima. Inicialmente, cuando se formuló el presupuesto para este año, se preveía que el proyecto sería adjudicado en diciembre del 2013 y empezaba la ejecución.

Pero se adjudicó meses después, y se van a hacer los primeros adelantos en el último trimestre del año. Entonces se ha corrido un poco.

¿Cree que al gobierno le faltó audacia para aplicar medidas tributarias además de las anunciadas?

A veces, por ser demasiado audaces, podemos introducir elementos de incertidumbre y los inversionistas quieren reglas claras que les permita reanimar sus expectativas e invertir. Nuestro país es atractivo a la inversión y siempre lo ha sido con el marco tributario que tenemos. Los problemas pasan por la permisología y los trámites que pueden ser muy onerosos. Hasta hace muy poco no estuvo en discusión la tributación, salvo la corrección que estamos haciendo a algunos temas. El proyecto de ley que hemos enviado al Congreso tiene cuatro medidas tributarias muy puntuales.

¿Por qué no rebajar, por ejemplo, un punto porcentual el IGV, o el Impuesto a la Renta?

Tenemos que son muy consecuentes en no reducir nuestra base de ingresos permanentes, que son los que se gastan, y no los ingresos transitorios, que son los que se ahorran. Hay que ampliar la base tributaria, no gravar a los mismos contribuyentes. Hemos empezado a racionalizar todo el esquema de percepciones y detracciones, no se puede hacer de golpe sino de manera gradual porque representan un monto importante de la recaudación.

Pero tenemos que ser un país competitivo para captar inversiones, lo que implica una revisión de nuestro marco tributario y otras regulaciones.

Tuvimos una misión hace poco del FMI a quienes les solicité que revisaran las tasas tributarias y su competitividad. Según el estudio, las tasas están en el promedio y debemos procurar seguir luchando contra la evasión.

¿Somos más competitivos que Chile o Colombia entre los países de la Alianza del Pacífico?

Si Chile aprueba su reforma tributaria vamos a ser más competitivos que ellos, con Colombia estamos en los mismos niveles de competitividad tributaria.

Pero tenemos que proyectarnos más allá de los países de la Alianza, por eso vamos a revisar no solo para las personas jurídicas sino también naturales, pero eso no es parte de una política de reactivación sino una reforma estructural porque estamos viendo cómo pueden cambiar los ingresos permanentes hacia el futuro.

Esta revisión requiere un consenso político importante porque pasa por el Congreso, no se puede sacar decretos de urgencia en materia tributaria, debe haber un proyecto de ley.

¿Cree que eso se pueda hacer en este gobierno?

Estamos en la fase de evaluación pero donde pensamos que puede haber un efecto reactivador es en las medidas que hemos aprobado y las que presentamos al Congreso, que tienen un efecto inmediato.

¿Cómo se van a mantener los ingresos tributarios si la economía se está desacelerando? ¿Se va a usar el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF)?

El FEF tiene reglas muy claras y estamos en una fase coyuntural de menor crecimiento, pero las fuentes de menor crecimiento se están comenzando a disipar y especialmente lo harán en los últimos meses del año, y en todo el año entrante.

Mal haría en tocar los ahorros para crisis ahora que no estamos en crisis. Estamos en una fase del ciclo en el que se han alineado un conjunto de factores que hacen que el crecimiento esté por debajo de lo que debería.

¿La Sunat va a presionar más?

No es que la Sunat vaya a presionar más, la proyección de ingresos que tenemos va a ir de la mano del gasto. Hay cuentas balanceadas, lo que nos da un poco de espacio es que se ha subejecutado la inversión pública, pero al final vamos a tener ingresos del sector público no financiero al igual que los gastos cumpliendo la regla fiscal que tenemos para este año de transición.

Uno de los reclamos empresariales es hacer cambios en la legislación laboral

Hay una revisión de todas las regulaciones que impiden que las empresas puedan crecer, no queremos que incentiven el enanismo porque finalmente pongo la valla baja e incentivo que se partan en dos o tres empresitas para poder cumplir la legislación.

En el marco del Plan de Diversificación Productiva, en el pilar de la productividad y desregulación, hay normas y estamos haciendo evaluaciones, se requiere consenso político pero también una propuesta que sea viable.

¿Qué están trabajando al respecto?

El MEF, con los ministerios de Trabajo y de la Producción, estamos planteando cambios que serán anunciados en su oportunidad.

En el tema tributario y laboral trabajamos en algunas reformas pero reconociendo que estamos en el año cuatro del gobierno y el capital político que uno tiene es menor que en el año uno.

No nos vamos a correr a los desafíos y, por lo menos, comenzaremos el debate de estos temas.