EDITORIAL DE LAMPADIA

Vizcarra y el Congreso: dame que te doy

El presidente Vizcarra arremetió ayer contra el Congreso acusándolo de haber traicionado al pueblo por no haber alcanzado 87 votos para eliminar la inmunidad parlamentaria y no haber puesto en agenda el impedimento a postular al Congreso a todo aquel que tenga sentencia en primera instancia. El Congreso entonces decidió devolver el golpe y aprobó anoche por 110 votos una ley de reforma constitucional que le quita inmunidad al Presidente (Art. 117 de la Constitución), pues podrá ser acusado por delitos contra la administración pública durante su mandato, y le quita a los ministros el antejuicio por “infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado” (Art. 99).

Presidente, ministros y congresistas necesitan protección constitucional

Esto puede tener efectos muy nocivos para la gestión pública, pues si los ministros no van a tener esa protección, ninguna persona de prestigio va a aceptar una cartera porque no va a poder gestionar y va a salir de cargo con decenas o centenas de juicios. Lo mismo en el caso del Presidente de la República. Pero los congresistas también necesitan una protección, porque de lo contrario pueden ser amedrentados y anulados. La reforma aprobada elimina la inmunidad (la Corte Suprema ve directamente cualquier acusación por delito común), pero sí mantiene una protección al establecer que los parlamentarios no pueden ser procesados por las acciones legislativas o fiscalizadoras “u otras inherentes a la labor parlamentaria”. Tendría que precisarse los alcances de esta protección para que no sea usada para cubrir el tráfico de influencias, por ejemplo.   

Asimetría, excesos presidenciales e infantilismo congresal

Sin embargo, se ha creado una asimetría a favor de los congresistas: al Presidente y a los ministros se les elimina la protección constitucional por delitos de función, pero a los congresistas no: se les mantiene la protección del art. 99. Lo que hemos tenido aquí es un doble exceso presidencial (al apelar al manido recurso confrontacional cuando el Congreso ya iba a reconsiderar los temas, y al convocar a referéndum para aprobar la reforma de la inmunidad parlamentaria, algo que no está entre sus atribuciones), respondido con infantilismo congresal, pues la respuesta es muy destructiva. Aunque todavía falta la segunda votación, por cierto. Ojalá se retome la cordura.

Presunción de inocencia

De otro lado, el Presidente anunció que enviaría un proyecto de ley para que quien tenga sentencia en primera instancia por delito doloso no pueda postular a ningún cargo electo. A nuestro juicio tal proyecto hubiese sido inconstitucional, pues afectaba el derecho fundamental a la presunción de inocencia, derecho que no debe ser recortado en un país donde muchas personas condenadas en primera instancia luego son absueltas en segunda instancia, y donde los jueces pueden estar al servicio de intereses delictivos o políticos. No obstante, el Congreso aprobó por 111 votos una modificación constitucional en ese sentido, y sin ninguna limitación. Todavía falta segunda votación también, pero si se aprueba podrá ser usada para sacar de carrera a políticos incómodos o rivales. 

Salida política

Si el Presidente realmente piensa que “Ningún país en el mundo puede salir de la pobreza con instituciones débiles”, como dijo, debería centrar sus arengas en que se elimine el voto preferencial -por donde se cuelan las mafias- y aprobar las reformas de gobernabilidad como la bicameralidad y la de elegir el Congreso junto con la segunda vuelta. Pero ni las mencionó. Como siempre, su anuncio de referéndum y su requerimiento al Congreso fue también una salida política para escapar del tema del coronavirus, donde no le están saliendo las cosas al punto que hasta el alcalde Jorge Muñoz ha pedido un cambio de gabinete, para retornar a la arena que siempre le fue rentable: confrontar al Congreso. Ojalá lo hiciera por las leyes populistas que se aprueban.

Lampadia

La lucha contra la corrupción en América Latina, potenciada en el último quinquenio por el escándalo Lava Jato suscitado en el 2014, se encuentra en crisis no solo por la presencia de nuevos y excesivos mecanismos legales de represión que atentan contra la presunción de inocencia y las libertades individuales, como la prisión preventiva (ver Lampadia: Prisión preventiva), sino porque además es llevada a cabo, muchas veces por jueces y fiscales que buscan silenciar enemigos políticos de las actuales administraciones.

En el Perú, es clarísima esta observación, en tanto, la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori fue condenada a 36 meses de prisión preventiva el presente año, sin acusación ni cargo alguno, con el evidente objetivo de destrozar las bases de un partido que exhibía y denunciaba constantemente todo el historial de corrupción del presente gobierno y que además aceleraba las investigaciones relacionadas a ello. Afortunadamente y producto de tales excesos, el Tribunal Constitucional ya se encuentra evaluando el caso para emitir un dictamen que podría beneficiar a la líder fujimorista en los próximos días.

Pero el Perú es sólo un caso más de esta amplia problemática que ocupa prácticamente a todos los países de nuestra región, salvo raras excepciones. Un reciente artículo escrito por The Economist, que compartimos líneas abajo, explaya un análisis al respecto, con ejemplos muy ilustrativos, además del ocurrido en nuestro país.

Asimismo, sugiere profundizar las reformas institucionales en torno a los partidos políticos y el mismo poder judicial, para evitar que estas luchas anticorrupción terminen siendo aprovechadas por políticos populistas con el fin de ganar adeptos en el electorado, y descuidando lo que debiera ser su función principal: la de gobernar.

Sin duda, un tema urgente a tratar en nuestro país, por la coyuntura política que actualmente inyecta incertidumbre en nuestro día a día y que nos tiene hasta el hartazgo por sus persistentes impactos negativos en las inversiones y en el desempeño de la economía. Lampadia

Corrupción persistente
La guerra contra la corrupción en América Latina está en problemas

Los errores fiscales no son la única razón

The Economist
28 de setiembre, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Sigue y sigue y sigue. En México, Rosario Robles, una ex ministra, fue encarcelada el mes pasado mientras se encontraba bajo investigación sobre el desvío de unos US$ 250 millones. Emilio Lozoya, el ex jefe de Pemex, la compañía petrolera estatal, está huyendo a Europa por cargos de corrupción. En Perú, Susana Villarán, quien era alcalde de Lima, está acusada de tomar dinero ilícito de campaña de Odebrecht, una empresa de construcción brasileña. Sus compañeros de cárcel incluyen a Keiko Fujimori, la líder de la oposición, quien enfrenta una acusación similar. Todos niegan haber actuado mal.

La corrupción rara vez ha sido antes un tema de tanta preocupación pública en América Latina. En una encuesta a más de 17,000 personas en 18 de los países de la región publicada esta semana por Transparencia Internacional (TI), un organismo de control con sede en Berlín, el 85% dijo que la corrupción gubernamental era “un gran problema” en su país, el 53% piensa que está empeorando y el 57% dijo que no se está abordando bien. Al ampliar el alcance de la pregunta para incluir a las legislaturas, la policía, los poderes judiciales y las empresas, así como a los ejecutivos, más latinoamericanos ven la corrupción general que en una encuesta equivalente de África.

Eso es sorprendente, porque la corrupción tiende a disminuir a medida que aumentan los ingresos y América Latina está mejor que África. Hay dos advertencias. La percepción no siempre es realidad: los medios libres en América Latina han publicitado implacablemente los casos de corrupción desde que el escándalo de Lava Jato en Brasil, centrado en Odebrecht, estalló en 2014. Y algunos países son más limpios que otros. Uruguay y Chile, por ejemplo, son vistos como menos corruptos que muchos países europeos.

Sin embargo, en otros lugares, la corrupción es sistémica y de varias cabezas. Implica no solo robar dinero público, sino distorsionar el gasto público y las prioridades políticas al tomar dinero ilícito de empresas privadas. Una vez visto como grasa política necesaria, ahora se reconoce como una carga. Las estimaciones de su costo anual en México varían del 2% al 10% del PBI. En una historia pionera de corrupción en Perú, Alfonso Quiroz estimó que entre 1820 y 2000 redujo hasta el 40% del gasto público y el 3-4% del crecimiento del PBI por año.

La ira pública ha ido de la mano con una ofensiva sin precedentes contra la corrupción en la región, que se fortaleció con Lava Jato. La represión ha sido dirigida por determinados fiscales y jueces. Se han implementado nuevas herramientas legales, como investigadores especializados en anticorrupción, negociación de acuerdos, prisión preventiva y acuerdos internacionales para compartir información financiera. Esto ha dado resultados. En Brasil, decenas de políticos y empresarios están en la cárcel. En Perú, cuatro ex presidentes están bajo investigación (uno, Alan García, se suicidó en abril). En Guatemala, un ex presidente y su vicepresidente están en prisión.

Pero ha habido excesos. Algunos cuestionan si se ha abusado de la prisión preventiva. El tribunal constitucional de Perú escuchó esta semana una petición para liberar a Fujimori, quien ha estado en la cárcel durante 11 meses sin cargos. La credibilidad de Lava Jato se ha visto socavada por las revelaciones, obtenidas por piratería, de que Sergio Moro, su juez principal, trabajó en una complicidad poco ética con los fiscales.

Solo en parte debido a tales excesos, la represión está en un punto de inflexión. Una reacción violenta ha comenzado. “La lucha anticorrupción … es un tablero de ajedrez en el que también juegan las piezas negras”, señala Delia Ferreira, una abogada argentina que es presidenta de TI. La corte suprema de Brasil anuló recientemente una condena por corrupción debido a un error de procedimiento y está revisando otras. El presidente de Guatemala rechazó una comisión anticorrupción sin respaldo (aunque el nuevo líder de El Salvador está creando un organismo similar). Después de que una elección primaria señaló el regreso al poder de Cristina Fernández en Argentina, los tribunales comenzaron a detener los casos de corrupción en su contra.

Pero los errores sugieren que la campaña debería agudizarse, no abandonarse. La impunidad de la que disfrutan los poderosos en América Latina ha sido al menos controlada en algunos países. La tarea ahora es ampliar y perfeccionar el uso de las nuevas herramientas legales, y complementarlas con otras reformas: el financiamiento de campañas y el propio poder judicial. A corto plazo, existe el riesgo de que la ira pública genere un estado de ánimo antipolítico. Eso ayudó a los populistas contrastantes, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, al poder en Brasil y México. Pero como señaló Quiroz, la corrupción es una causa y una consecuencia de las instituciones débiles. Intentar acabarla es un deber que no se puede esquivar. Lampadia

Desde hace un año, momento en el cual el gobierno de PPK comete uno de los peores errores de su gobierno, la dación del DU 003, nuestra sociedad se viene hundiendo en un remolino de confusiones, desde el que hemos perdido la capacidad de distinguir qué es bueno y qué es malo para el bienestar nacional.

El DU 003 se dio para manejar el escándalo de corrupción desatado en el Perú por las maniobras intervencionistas del presidente de Brasil, el líder de la izquierda de la región, y sus brazos empresariales, encabezados por Odebrecht.

Como hemos informado anteriormente, la muy incapaz ex ministra de justicia, Marisol Pérez, mal-aconsejó al gobierno de PPK, diseñando un instrumento que no solo ha ido paralizando la economía del país, también ha envenenado el alma de los peruanos, pues con el DU 003 en la mano, estamos culpando a todos, sin respetar la presunción de inocencia, ni las garantías constitucionales.

Solo anoche, la ex procuradora y actual congresista, Yeni Vilcatoma, con Mávila Huertas en Canal N, nos alertaba en términos exaltados, diciendo que estábamos perdiendo la capacidad de cobrar resarcimientos de las empresas corruptas.

Nunca se entendió, que para poder cobrar lo que eventualmente se determine correcto, a las empresas que sean encontradas como culpables en los procesos judiciales, lo último que debemos hacer es destruir la capacidad de generar riqueza de esas empresas, y destruir sus activos. Además, por supuesto, que, para resarcir al Estado de los daños causados, no podíamos destruir la capacidad productiva de una buena parte de las empresas peruanas y dejar sin empleo a cientos de miles de peruanos.

Pero todos estamos dentro del remolino, ya no distinguimos lo correcto ni lo conveniente. Pero alguien que llegó del exterior, descontaminado nos ha hecho reflexionar con mucha sindéresis. Veamos:

El último domingo, el programa ‘Rey con Barba’ invitó al periodista y empresario español, Román Cendoya y a Francisco Tudela, a comentar sobre la situación política y económica que estamos viviendo en el Perú.

Cendoya nos visita después de unos meses, no está dentro del remolino en que estamos todos en el país, libre de ese proceso en el que todos estamos inmersos, y que ya nubla nuestra visión de las cosas, y que nos lleva, poco a poco, a aceptar como normales, anomalías que en otras circunstancias serían rechazadas por todos.

Empezando el programa le preguntan a Cendoya: ¿Cómo has encontrado nuestro país? – “Mal, preocupante”.

Veamos algunos de los comentarios de Cendoya el domingo pasado:

• Se ha instalado de manera permanente la violación constante de los derechos constitucionales.
• El DU 003, después de su fecha de caducidad, se va a resolver con un ‘decreto de más urgencia’.
• El DU 003 ha llevado a la quiebra a 450 empresas que no tenían nada que ver. Se ha roto la cadena de pagos. Tiene unas deficiencias absolutas.
• ¿La ‘presunción de inocencia’?
• En el nuevo decreto se establece que [las empresas] tendrán que depositar un fideicomiso (voluntario), si quieren trabajar. Y ¿si son inocentes?
• La prensa está haciendo una función acrítica.
• La presunción de inocencia está siendo violentada, el falso ‘club de los constructores’ es peligrosísimo.
• Un funcionario de Odebrecht, colaborador eficaz, hace una declaración que exime a Odebrecht. Acá hay un club que no se sabe cuál es, ni cómo funciona, ni cuáles son los miembros.
• Da la lista de 30 socios de Capeco.
• La Fiscalía convierte a todas [las empresas] en culpables.
• Es punible que se junten.
• Y además dictan prisiones preventivas.

Aconsejamos ver el video de Willax:

Esperamos que todavía estemos a tiempo para detener este ‘todos contra todos’, que además de haber malogrado nuestra salud mental, está destruyendo nuestra economía. El remolino en el que todos hemos caído, no nos permite distinguir el camino de la sensatez. Hay tiempo para investigar, y para castigar a quién corresponda, pero no podemos seguir destruyendo todo, como si estuviéramos en una trampa demoníaca.

El Ejecutivo ha diseñado una nueva norma, que es muy superior al DU 003. Pero todavía está imbuida de un espíritu de resarcimiento ciego. Más adelante debiéramos mejorarla, pero hoy día no podemos evitar su implantación, a riesgo de profundizar la quiebra de una buena parte de nuestro sector productivo y condenar al Perú a una absurda recesión. Esperamos de Fuerza Popular un gesto de grandeza que muchas veces les ha sido esquivo.

Reflexionemos sobre las palabras de Román Cendoya. Lampadia

Ver en Lampadia:

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

Y nosotros disparamos fuera del objetivo