Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 31 de enero de 2020
Para Lampadia

El refrán original es en sentido contrario: “Donde manda capitán, no manda marinero”. Y se refiere al – universalmente aceptado – principio de autoridad, el cual se aplica a todo tipo de instituciones: Organizaciones Públicas, Fuerzas Armadas, Empresas, Instituciones Educativas, y demás. Incluso, en las familias… donde manda capitán no manda marinero. Eso lo aprenden – a la fuerza – todos los niños del mundo. Y ¡qué decir del mundo animal! ¿Acaso la gallina no manda sobre sus pollitos?

Ahora bien. Del principio de autoridad se deriva el principio de subordinación. En el Estado peruano la autoridad máxima es – o debiera ser – el Presidente de la República. Sin embargo – por lo visto en el caso del proyecto minero Tía María – el principio de autoridad y subordinación no siempre se aplica. Efectivamente, todos los peruanos hemos sido testigos de que – en el caso en cuestión – la autoridad es el Gobernador Regional de Arequipa, y el subordinado es el Presidente de la República. O sea, al revés de la lógica jerárquica.

Lo cual no quiere decir que esté bien. Al contrario. Eso de tener un Presidente blandengue y pusilánime es un problema. ¡Haber cedido a las amenazas de Cáceres Llica, lo pinta de cuerpo entero! Incluso haber expuesto a jóvenes policías a recibir todo tipo de insultos – y pedradas – sin permitirles hacer uso de su legítima fuerza… ni siquiera para defenderse. ¡Qué quieren que les diga!

Pero peor aún resulta haber privado a miles de peruanos de trabajar y prosperar en un proyecto que – a todas luces – iba a generar riqueza y bienestar a Islay, a la región Arequipa, y al país entero. Además ¿cuántos otros proyectos – mineros y no mineros – dejarán de ejecutarse en nuestro país luego del fracaso de Tía María? ¿De qué valen los Estudios de Impacto Ambiental aprobados – con audiencias públicas de por medio – y las licencias y permisos legalmente otorgados, si el propio Presidente de la República puede arrugar a última hora, ante cualquier objeción o protesta?

Las cosas claras y el chocolate expreso. El Presidente Vizcarra ha herido gravemente a la minería y a la economía peruana en su conjunto. Mucho más de lo que él mismo se imagina. Ha echado a perder 4,000 empleos directos y 30,000 empleos indirectos. Él – y no el mundo… como suele decir – es uno de los principales responsables de los magros resultados económicos y sociales de los últimos meses de nuestro país. ¡Qué nos importa que Venezuela esté peor! ¡Y que Chile esté como esté! A nosotros nos importa el Perú. Y muchos peruanos están sin trabajo. Y eso – ciertamente – impacta en la inseguridad ciudadana, que cada día está peor.

Y que no nos venga con críticas a Southern Perú… la empresa que iba a hacer el proyecto Tía María. Él fue contratista de la empresa, y luego exitoso Gobernador Regional de Moquegua – la Capital del Cobre Peruano – donde la minería, con Southern a la cabeza, coadyuvó a que su región ostente uno de los mayores Índices de Desarrollo Humano (IDH) del país.

Mal. Muy mal todo lo que ha sucedido con el proyecto minero Tía María. ¡Un fracaso! Faltó liderazgo. Faltó capitán que mande. El “donde no manda presidente… manda gobernador” nos salió caro. Recontra caro. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 19 de julio de 2019
Para Lampadia

Tildar de traidor al presidente Vizcarra por el permiso de construcción del proyecto minero Tía María, y – peor aún – darle un plazo de 72 horas para que lo anule, denota que el Gobernador Regional de Arequipa es un anarquista. El tipo no reconoce que existe un orden jerárquico en la estructura del Estado donde él no es – precisamente – la máxima autoridad. Perú… país unitario. “¿Qué es eso?” parece decir Cáceres Llica.

Desactivar el Sistema Digital de Gestión Hospitalaria de los hospitales de Ica – con lo cual se lograron eliminar colas y mejorar la atención a los pacientes – y que el Ministerio de Salud no haga nada al respecto, denota que el Gobierno Central no ejerce ninguna rectoría sobre los hospitales regionales. En otras palabras, el sistema de salud pública a nivel nacional está a merced de los Gobiernos Regionales. Eso se llama anarquía. No hay Estado. No hay rectoría. Cada región hace lo que quiere en materia de salud pública.

Reponer a funcionarios públicos destituidos por faltas graves – incluso con fallos ratificados por el Tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – y que ninguna autoridad haga nada al respecto, denota que nadie ejerce ninguna rectoría sobre el orden y la disciplina laboral en los Gobiernos Regionales. La anarquía también está presente en el ámbito laboral estatal.

Saber y no hacer nada frente a fracaso municipal respecto a los servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas a nivel nacional, denota que las funciones y responsabilidades del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, y del Ministerio del Ambiente – entre otros – están por las puras. Y lo mismo se puede decir respecto a los servicios fallidos – a nivel nacional – en materia de recojo de basura y tratamiento de residuos sólidos, y tráfico y circulación de vehículos motorizados.

¡Claro que la relación entre Gobiernos Locales y Gobierno Central es anárquica! Cada alcalde hace y deshace a su antojo.

Puede que suene radical, pero así es. El Estado peruano ha devenido en una anarquía total. Se ha perdido el principio de autoridad. Se ha perdido el civismo. Los frecuentes bloqueos de carreteras son – también – manifestaciones de la anarquía imperante en nuestro país. Y las invasiones de terrenos, igual. Incluso, muchas veces – yo diría, en la mayoría de los casos – son las propias autoridades regionales y municipales quienes fomentan tales actos vandálicos. ¿Cómo se llama eso? Anarquía.

Es una pena. El país se está malogrando. En realidad, desde hace tiempo se viene malogrando. A la anarquía imperante no llegamos de sopetón. Llegamos de a pocos. Como que nuestras autoridades – corruptas – perdieron autoridad moral. Y sus rabos de paja limitaron su accionar frente al desorden y la permisividad se abrió paso.

En efecto. Pareciera que hoy todo está permitido. Insultar al presidente. Maltratar a la ciudadanía. Incumplir las normas. Mentir. Coimear. Robar. Chantajear. ¡Una lástima!

Aparte de recuperar los valores del Incanato – no robes, no mientas, no seas holgazán – debemos recuperar el valor del civismo. El cual conlleva el valor del principio de autoridad.

El trabajo hay que hacerlo en las escuelas. Es decir, en los niños y jóvenes de nuestro país. Ahí está el civismo en ciernes. Ahí está la cura para corregir la anarquía que nos agobia. Lampadia

A pesar de las lecciones del CADE

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, dio algunos alcances acerca de lo que sería la tan ansiada y, a la vez, controversial, reforma laboral que propondría el Ejecutivo. Ello en un contexto en el que el Presidente Vizcarra cae en serias contradicciones entre su reciente discurso en el CADE –que motivó la salida del Ministro de Trabajo- y sus posteriores declaraciones en su mensaje a la Nación de la semana pasada, en el que afirmó: “Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral”. [Ver Lampadia: El Presidente cierra la puerta a reformas que generarían mucho empleo].

Abstrayéndonos del muro puesto por delante por el presidente Vizcarra, queremos referirnos a las ideas del ministro.

La propuesta del Ministro es insuficiente y no tendría efecto alguno en una mayor generación de empleo formal y por ende en el aumento de los salarios de los trabajadores. Pero más importante aún, no se constituye como un verdadero derrotero para superar la informalidad laboral, puesto que no ataca la alta rigidez que caracteriza nuestra legislación laboral, proveniente en su mayor parte de lo onerosa que es la práctica del despido en los contratos a plazo permanente en nuestro país.

Veamos:

En primer lugar, el Ministro de Economía propone que como alternativa a la reposición a los trabajadores por despido arbitrario, se pueda concretar una indemnización. O sea, de darse la indemnización, ya no debería caber la reposición.

Pero el ministro lo plantea como una alternativa, en vez de eliminar la reposición. La que por supuesto, solo debiera mantenerse para casos de despidos irregulares.

¿Por qué es perniciosa la reposición al trabajador?

La reposición del trabajador se generalizó como producto de un fallo del Tribunal Constitucional en el 2001 en el que se perseguía el objetivo de “reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un [supuesto] derecho constitucional”, es decir, devolver al trabajador -en este caso, contratado permanentemente- a su puesto de trabajo en caso haya sido despedido arbitrariamente.

El impacto generado por este fallo ha sido gravísimo en términos de generación de empleo formal y crecimiento de la informalidad y precarización del empleo. Por ejemplo, un riguroso estudio presentado por GRADE en el 2017, demuestra un cambio de la estructura del tipo de empleo:

Fuente: Los efectos desprotectores de la protección del empleo: el impacto de la reforma del
contrato laboral – Almonacid,  De la Flor & Jaramillo (2017)

Tal como evidencia dicho estudio, desde que entró en vigencia esta medida hasta el 2015, se han perdido 900,000 empleos que hubieran sido a plazo indefinido, pero que, debido a esta reforma, han tomado la forma de contratos temporales. Esto se traduce en una pérdida de ingresos de los trabajadores en el orden de los 6,100 millones de soles.  Peor aún, 36,000 trabajadores que hubieran sido sindicalizados ya no lo son debido a esta misma medida. En otras palabras, una política que tenía como objetivo “proteger” a los trabajadores terminó “desprotegiéndolos”.

Pero eso no es todo. Actualmente, el costo del despido en el Perú no solo conlleva al pago de una indemnización y la eventual reposición del trabajador, sino que a esto, por el ingenio de la Corte Suprema de Justicia, se suma también un pago por supuestos “daños y perjuicios”, que, como señaló Jorge Toyama en el reciente CADE, es una compensación hecha por un “estrés post-despido”, monto que puede ascender entre 4 a 5 sueldos. Dadas estas condiciones, no es de sorprender que el Perú ocupe el puesto 128 de 140 en lo que refiere a prácticas de despido y contratación, según el último Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial.

En segundo término, la propuesta del ministro plantea un cambio de las vacaciones que pasarían de 30 días calendario a 22 días laborables, con la posibilidad de que las personas pudiesen tomarlos a su elección durante el año. Consideramos que esta medida tendrá un impacto ínfimo sobre los llamados “sobrecostos laborales”, que vale la pena decir, no representan ni el 1% de la problemática de la rigidez en la legislación laboral, la cual está básicamente explicada por el alto costo del despido.

Los llamados “sobrecostos laborales”, entiéndanse, CTS, gratificaciones, asignación familiar, entre otros, son conceptos de gasto que si bien están internalizados por los empresarios en sus costos de empleo anuales, y no deberían resultar relevantes para ser reputados como sobre costos, si determinan una importante brecha de costos con el empleo informal, y por lo tanto, terminan constituyéndose como inhibidores del empleo formal.

En esta línea, consideramos que el Gobierno podría verse limitado a poder variar cualquiera de estos conceptos de gasto, pero de ninguna manera es aceptable, que se mantengan los abultados costos de despido, especialmente, la reposición del trabajador en su empleo. Urge acabar con esta medida populista que no ha hecho más que incrementar la valla de la formalidad imposibilitando el crecimiento de las clases medias que hoy en día quisieran disfrutar del sistema. Los 300 mil jóvenes que entran cada año a la fuerza laboral agradecerán tal decisión. Lampadia

Ver video de sesión: Informalidad, límite para el crecimiento del CADE 2018 con presentaciones de Jorge Lazarte, Jorge Toyama, José Carlos Saavedra, y Sandro Fuentes:

Un paso adelante y dos atrás 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, luego de que el Presidente Vizcarra explicara en el CADE la necesidad de hacer reformas para resolver los problemas de rigidez y elevados costos no salariales del mercado laboral, lo que incluso provocó la renuncia del ministro de Trabajo despejando aparentemente el camino para avanzar hacia un “mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, sorprendió a propios y extraños dando marcha atrás y descartando incluso la posibilidad de reforma para los nuevos trabajadores:

“Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave de diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser en bene­ficio de todos, y no de unos pocos”.

Evidentemente las propuestas que se venían haciendo, y que figuran implícitamente en la propia política de competitividad que el gobierno está circulando, no se aplican a quienes están en este momento en una relación contractual, pero sí a los nuevos contratados. Esa puerta es la que el Presidente ha cerrado, sin tomar en cuenta que los llamados derechos laborales, reconocidos en la Constitución y la ley, pueden ser modificados precisamente en la Constitución y en la ley –en aras de una mayor inclusión y un mayor dinamismo de la economía que eleve los propios salarios-, aunque esas modificaciones sólo valgan para los nuevos contratos, y no, en principio, salvo acuerdo en contrario, para los existentes.

Los derechos laborales reconocidos por la Constitución son los siguientes:

• Art 25: “…derecho a una remuneración equitativa y suficiente” y a “descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”
• Art. 27: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 
• Art. 28: “Derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga”
• Art. 29: “…derecho a participar en las utilidades de la empresa”

Además, el art. 26 señala lo siguiente: 

• “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 
    2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

Aquí hay que precisar dos cosas. La primera es que ese carácter irrenunciable se refiere precisamente a quienes están en una relación laboral, a quienes tienen un contrato laboral. Por eso dice: “En la relación laboral…”. Es decir, no se refiere a que dichos derechos son inmutables por siempre y que no puedan ser modificados. Pueden serlo, para bien de todos, por reforma constitucional o mediante ley, según el caso.

Por ejemplo, las gratificaciones, la Compensación por tiempo de Servicios (CTS), o el número de 30 días de vacaciones, no están en la Constitución, pero sí en la ley. La ley puede cambiar, pero el cambio valdría solo para los nuevos contratos de trabajo.

No obstante, no solo el Presidente, sino el propio ministro de Economía, han negado esta alternativa. El ministro ha dicho: “no se pretende recortar derecho de los trabajadores en términos de gratificaciones, CTS o vacaciones“.

Esa es una postura extrema, que no permitiría al país salir de la trampa de los ingresos medios ni crecer a tasas necesarias para reducir la pobreza y proporcionar empleo con derechos y con mejores salarios.

Se contradice, por lo demás, con los objetivos de política Nº5 de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, que ha sido publicada para recibir aportes de modo que en tres meses se pueda publicar el Plan de Competitividad propiamente dicho.

El objetivo de política Nº 5 se titula:

OP N° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal.

Explica claramente que el mercado laboral peruano no es dinámico ni competitivo por:

• Una excesiva rigidez laboral:
  • “Según el reporte de competitividad global del WEF (2018), el Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores…

Yamada (2014) indica que en economías en desarrollo –como la peruana- la mayor rigidez laboral genera efectos negativos como: i) menor crecimiento de la productividad (Besley & Burgess, 2004), ii) menor crecimiento en el empleo y salarios (Ahsan & Pages, 2009), iii) mayor afectación a jóvenes y mujeres (Heckman & Pages, 2004) y iv) mayor informalidad laboral (Lehmann & Muravyev, 2012)”. (P.83)

• “La rigidez laboral también se muestra en las limitaciones de resolución de contrato por causas objetivas como la situación económica, motivos tecnológicos…” (p. 86)

• Costo de la indemnizacion por despido muy alto

• “Otro factor relacionado a la falta de dinamismo en el mercado laboral es el costo de la indemnización por despido. En el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuáles registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año” (P. 86)

• Costos no salariales muy altos

• “El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), como se ve en la tabla Nº 11, con un costo laboral no salarial de de 50,3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, Chile el 15,8% y México el 21,1%”. (P.88)

Se desprende claramente, entonces, de la Política de Competitividad aprobada por el gobierno, que para resolver los problemas que ella misma identifica se necesitaría no solo que el Tribunal Constitucional modifique su interpretación acerca del art. 27, que restablece la estabilidad laboral absoluta, algo que el ministro Oliva sí reclama, sino, además, reducir los costos de la indemnización por despido y reducir costos no salariales, tales como CTS, gratificaciones u otros, algo que el ministro descarta. Es el ministro contra su propia política.

No solo eso. Aparentemente una buena decisión del gobierno habría sido incorporar al director del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que presentó sus propuestas en el CADE, al Consejo Nacional de Competitividad. En el terreno del mercado laboral, el CPC plantea, entre otras cosas:

• Crear un nuevo régimen laboral para los nuevos contratos laborales en la pequeña empresa (sin CTS ni gratificaciones, como en la microempresa), a fin de dinamizar ese sector y generar mucho más trabajo formal con derechos
• Implementar la remuneración integral anual (RIA) para los trabajadores que ganen salarios menores a 2 UIT (ahora solo es posible para los que ganan por encima de 2 UIT)
• Pasar 825 mil Informales de pequeña empresa al régimen semi-contributivo del SIS

Evidentemente la posición del presidente y del ministro de Economía vetan estas medidas, que tendrían un impacto muy positivo en todo sentido.

También quedaría vetada una propuesta que surgió en un Taller de Lampadia, que consiste en establecer un tope de 6 sueldos para la CTS en cuenta de trabajador, sin que los puede retirar (es decir, una suerte de seguro de desempleo).

A nuestro juicio, la marcha atrás tan penosa del gobierno en estos temas se debe a que cuando el presidente lanzó estas ideas en el CADE, los sectores sindicales y de izquierda –desconociendo sus verdaderos intereses, pues les convendría una base sindical mucho más amplia- reaccionaron inmediatamente en los medios y las redes expresando su rechazo, mientras no hubo casi manifestación alguna a favor de los amplios sectores favorecidos.

Es necesario organizar una coalición social y política integrada por los gremios de micro y pequeños empresarios, academia y congresistas, que se manifiesta claramente a favor de estas medidas, a fin de darle respaldo político a las decisiones que en ese sentido se pudiera tomar.

También sería conveniente que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de la Competitividad, para que impulse decididamente la agenda que nos saque del empantanamiento económica y nos ponga nuevamente en la senda del crecimiento acelerado pero esta vez con empleo formal y con derechos. Lampadia

En el artículo que compartimos líneas abajo, Roberto Abusada expresa su gran preocupación por el deterioro del Perú para crear riqueza y generar empleo. Su preocupación coincide con la expuesta hace pocos días por Gianfranco Castagnola (La degradación de las políticas públicas):

“El bienestar de las familias y el entorno de negocios están condicionados por la calidad de las políticas públicas y de la gestión del Estado. Lamentablemente, diversos indicadores muestran un preocupante estancamiento e, incluso, retroceso en nuestro país”.

Ambos artículos inciden en lo señalado por Lampadia la semana pasada:

La sobre regulación la asfixia
A la Constitución del 93 le falta aire

La Constitución del 93 está atada por enanos,
como el Gulliver de Jonathan Swift
(Glosa de la reproducción del diario Expreso)

“Todas las izquierdas y sus socios de las ONGs se multiplican en los medios planteando el cambio de constitución.
Pero no quieren liberar a la Constitución del 93 de su sobre carga,
¡No!, quieren otra constitución que asuma en su letra,
lo contrario del espíritu de nuestra maniatada Constitución 93:
un Estado empresario,
el debilitamiento de la inversión privada,
el empoderamiento del burócrata público,
el alejamiento del comercio internacional y
la entronización del funcionario público como una suerte de Dios repartidor.
¡No señor!
Nuestra Constitución 93 ha probado ser excelente para todo lo importante. Salvémosla de la asfixia a la que está sometida
y vamos invertir, crecer y crear más empleo.”

Esperamos que estas llamadas a la acción, acciones consistentes con la construcción de futuro, sean suficientes para ayudar al Presidente Vizcarra y su entorno inmediato, a asumir los retos de gobernar, tal como lo expresa el término gobernanza:

“Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.
Real Academia de la Lengua​

Roberto Abusada Salah
El Comercio, 15 de noviembre de 2018
Glosado por Lampadia

“El presidente Vizcarra haría bien en invertir su actual capital político en liderar las reformas que el Perú requiere para relanzar su crecimiento”.

Estudios internacionales que comparan la capacidad de los países para crear riqueza nos vienen mostrando que año a año el Perú pierde su posición competitiva. Las causas son conocidas:

• El deterioro de las políticas públicas
• La falta de reformas en la economía
• El inadecuado nivel de infraestructura para la producción de bienes y servicios

Estas y otras causas que mellan la competitividad y el progreso se pueden resumir en una sola: el debilitamiento o la falta de instituciones. Oímos repetir este diagnóstico una y otra vez, pero ¿qué queremos decir cuando nos referimos a tal deterioro?

El Perú sufre hoy de un conjunto de deficiencias en sus arreglos políticos e institucionales; defectuosas reglas políticas que incluyen, entre otros aspectos, su mal diseño. Destaca la manera en la que se conforma el Congreso y se eligen los gobiernos regionales y locales. El Perú requiere con urgencia de un Senado y el establecimiento de distritos electorales uninominales o binominales, además de la renovación por tercios o por mitades del Parlamento. Necesita verdaderas regiones y no las 26 circunscripciones existentes. Urge rescatar el carácter unitario de la nación mellado por la actual regionalización. Gran parte de la reinante crisis política es producto del actual arreglo político e institucional.

El cuerpo legal, que atañe a la manera en que una sociedad se organiza para generar riqueza y progreso, ha devenido en una maraña administrativo-burocrática que ha hecho metástasis. Exhibe además un núcleo envenenado con la implícita sospecha y falta de transparencia con que administra su relación con ciudadanos y empresas. Principios básicos como la eficacia, la economía procesal y la presunción de veracidad están absolutamente ausentes. La multa y la dilación son características preponderantes. Cualquier actividad productiva es obligada a recorrer una ‘hoja de ruta’ donde a cada paso corre peligro de sufrir el veto de algún funcionario inescrupuloso, indolente, o simplemente atemorizado por un sistema que le impide ejercer un discernimiento sensato. El Perú necesita una reforma regulatoria radical.

Internacionalmente, también se nos cataloga como un país donde el Poder Judicial carece de independencia, padece de corrupción y su funcionamiento es totalmente inadecuado para resolver simples disputas entre privados o frente al Estado.

Tomemos cualquier problema como la falta de infraestructura productiva esencial para conducir los negocios, reducir costos logísticos y competir en la economía global. Descubriremos que tal carencia está directamente determinada por la ausencia de arreglos burocrático-institucionales eficaces. La falta de infraestructura no se debe a la falta de recursos públicos o privados. Explicación semejante podemos dar a las demoras para abrir una empresa o construir un edificio.

Finalmente, el Perú vive hoy marcado por una profunda desconexión de los poderes del Estado con la noción de gobernar y de una visión de país para el largo plazo. No existe una aspiración compartida respecto de hacia dónde se quiere llevar a la nación. Priman en cambio el conflicto, la acrimonia, la ignorancia y el populismo. De otro modo, no habría manera de entender las medidas que emanan del Congreso y del Ejecutivo.

En todos los estudios internacionales contrastan la excelente posición del Perú en términos de fortaleza macroeconómica con la pobrísima calificación que recibe su incomprensible e inflexible política laboral. Pues bien, en medio de toda la incertidumbre de la actual situación política, ¿qué hace el Estado? Se dedica a destruir la fortaleza macroeconómica y, por otro lado, a profundizar los problemas del mercado laboral.

Se ha propuesto la negociación colectiva dentro del Estado; una medida que conlleva el potencial de destruir la solidez fiscal y la ya exigua meritocracia. Se postula atacar la “informalidad laboral en la gran empresa”, en vez de preocuparse por la informalidad del 72% de trabajadores carentes de derecho laboral alguno. Se sugiere aumentar en 33% la contribución a Essalud, en lugar de reestructurar esa deficiente entidad. ¿Por qué, en cambio, no se copian las normas laborales prevalentes en los países de la OCDE a cuya membresía aspiramos?

Recientemente, se ha escogido el peor momento de la crisis política y la desconfianza para adoptar normas impositivas con claras características inconstitucionales (particularmente por su carácter retroactivo), haciendo además que empresas medianas prontas a adoptar directorios con mejor gobierno corporativo se inhiban por temor a posibles arbitrariedades al definir “un acto artificioso” o al presumir dolo por parte de la empresa y sus directores.

El presidente Vizcarra haría bien en invertir su actual capital político en liderar las reformas que el Perú requiere para relanzar su crecimiento, y así pasar a la historia como verdadero estadista. Los 300.000 jóvenes que ingresan anualmente a la fuerza laboral demandan recobrar la esperanza, una esperanza que solo puede materializarse si se duplica el insuficiente nivel de crecimiento económico. Lampadia