Fausto Salinas Lovón
Abogado
Para Lampadia

El activismo judicial y su patología el Populismo Judicial (ver en Lampadia), comienzan con los reiterados y populares pedidos de detención preliminar y detención preventiva solicitados por los fiscales Juárez Atoche, Pérez, Vela y otros como parte de sus acciones contra la corrupción pública.

Sin estos pedidos de parte de los fiscales, los jueces no hubieran podido resolver nada y estarían en el usual anonimato en que normalmente se mantienen, del cual sólo han salido por conceder las detenciones de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Alan García, PPK, Luis Nava y últimamente de Susana Villarán.

El activismo comienza entonces en la Fiscalía y en particular en el equipo Lava Jato, que ha resultado muy popular en ciertos sectores de la población y que ha llamado también la atención en el extranjero. Haberse convertido en el terror de la clase política debe ser la causa de esa popularidad. Sin embargo, estas luces de la labor persecutoria de estos fiscales se pueden apagar si no se corrigen algunos despropósitos y si ellos, como muchos sospechamos, saltan a la vida política en el plazo menos esperado.

El cruce del Rubicón

Los Fiscales tienen varias cosas que explicar al país:

1.- ¿Cual es la razón por la cual sólo ciertos sectores de la prensa tienen acceso a las informaciones privilegiadas y a las primicias de su actuación?

2.- ¿Por qué razón se tienen decenas de solicitudes de prisión preventiva y sólo un caso con acusación? ¿Sirve de algo tener detenidos preventivamente si no se tienen condenados?

3. ¿Cual es el criterio para determinar la oportunidad y el sujeto de los pedidos de detención preliminar y prisión preventiva?

4.- ¿Por qué razón si el Tribunal Constitucional estableció un criterio contrario a la prisión preventiva generalizada y sin motivación calificada, ellos la siguen solicitando sin contar con procesos iniciados, ni acusaciones, desoyendo el mandato del Tribunal Constitucional?

A mi modo de ver las cosas esto es posible porque los fiscales han cruzado una línea y están, a decir de Luigi Ferrajoli, generando “la sospecha de una instrumentalización política de la jurisdicción”.

Este jurista italiano, es el padre del garantismo penal y una autoridad del neo-constitucionalismo, ha sido juez y conoce mejor que nadie el conflicto entre justicia y política en la sociedad italiana, donde jueces y fiscales vienen investigando por décadas las distintas formas de deshonestidad y corrupción política. En su 9º regla acerca de la deontología jurídica aplicable a los magistrados (entiéndase en este caso fiscales), afirma “la novena y última regla deontológica consiste no solo, como es obvio, en no someter el juicio penal a fines políticos, sino también en no dar lugar siquiera a la más lejana sospecha de una instrumentalización política de la jurisdicción (…)”[i] como sucedió en el caso de tres fiscales italianos Ingroia, de Magistris y Di Pietro, los cuales luego de ser conocidos por sus investigaciones, dieron vida a una lista electoral encabezada por uno de ellos, promovida por el otro y con la contribución con el partido político personal del tercero de ellos. Para Ferrajoli, esta “imagen perjudicial socava la credibilidad de la magistratura, además de las mismas investigaciones que han dado a conocer estos magistrados”[ii].

El destino de los fiscales peruanos parece estar escrito. Tendrán que ser fiscales para siempre y hacer de su carrera en la magistratura un apostolado, al final del cual sus excesos sean entendidos como parte del fragor de sus acusaciones y de la pasión de sus persecuciones. Si dan el salto a la política que muchos sospechamos, alegando su derecho a la participación política o cualquier otra razón, nos habrán dado crédito a quienes creemos que ellos han cruzado la línea hace mucho tiempo. La historia dará su veredicto. Lampadia

Un niño que muere por diarrea, un adulto mayor que sufre una intoxicación, un barrio inundado, cortes diarios de agua, sobrecostos por compra de baldes de agua, escasez permanente, pérdidas de flujos de agua, perdidas de facturación; una larga lista de impactos sociales que no vienen del aire; vienen de malas decisiones que se toman con alegría y sin sentido moral.

Aguas servidas en San Juan de Lurigancho

Después de la desgracia de San Juan de Lurigancho, muchos dicen que es culpa de SEDAPAL. Pero eso no es correcto. Sus gerentes y trabajadores pueden ser más o menos responsables de lenidad, desidia y falta de capacidades; pero no son los principales responsables de las desgracias que trasuntan las primeras líneas de esta nota.

Los verdaderos responsables son los políticos que diseñaron y mantienen la empresa pública llamada SEDAPAL. Ellos tomaron la decisión de crear y mantener SEDAPAL y las demás EPS que a lo largo y ancho del país siembran desastre tras desastre.

Ellos, los políticos, son los responsables de haber tomados decisiones que se acomodaban a intereses políticos de corto plazo, confundiendo la popularidad, el populismo y la ideología, con decisiones de gobierno. Ellos tienen que asumir las consecuencias sociales y morales de los males que terminan imponiendo a una población inerme ante su gran irresponsabilidad.

Pero los políticos no son los únicos responsables de esta situación. También llevamos culpa en la sociedad en su conjunto, especialmente en la clase dirigente no política, por no combatir el error.

Hoy por hoy, de poco sirve ya, señalar responsables de las decisiones del pasado. Hoy tenemos que hacer responsables a los políticos que no corrijan esta barbaridad, sobre todo, siendo conscientes de que hay estructuras de servicio alternativas.

Veamos:

Una empresa privada, en una o más concesiones bien diseñadas, pueden ofrecer cobertura universal de agua y desagüe, servicio de agua las 24 horas, agua de buena calidad, y menores costos de servicio a los más afectados que hoy tienen que comprar el agua en baldes, mejor disposición de aguas servidas, y menos desperdicio del recurso; que SEDAPAL y todas las EPSs.

Un buen contrato de concesión establece ‘KPIs’ detallados o indicadores clave de rendimiento o performance, con los que se miden los alcances de la concesión en aspectos de inversión, mantenimiento y servicio. Según ellos se puede remunerar y castigar al concesionario. Además, por supuesto, en los contratos se incluyen las responsabilidades sobre todo tipo de contingencias. (KPI = key performance indicator).

En resumen, así como la calidad de servicio eléctrico y de telecomunicaciones cambió en el Perú, luego de las respectivas privatizaciones y concesiones, una concesión moderna puede ser muy específica en la fijación y monitoreo de los respectivos estándares.

Como con todas las trampas políticas que llevan a situaciones como las del servicio de agua y desagüe en el país, para salir de ellas solo hace falta liderazgo político. Un liderazgo que debe basarse en una comunicación efectiva a los ciudadanos de los pro y contra de de las estructuras alternativas del servicio público, así como el combate de ideas a los trasnochados que hasta ahora pululan sin ser contrastados.

Pero además del requisito de liderazgo, desde hoy, luego de las reiteradas desgracias producidas por el servicio de agua y desagüe en el Perú, tenemos que hacer responsables de cualquier nuevo evento y de la pésima calidad de servicio, a los políticos, en cuyas manos está cambiar la organización actual.

No reaccionar ahora, e iniciar la ruta de corrección de los defectos que nos impactan todos los días es, sin dudas, inmoral.

Hay responsables, señalémoslos. No más decisiones políticas con consecuencias sociales y morales. Lampadia

La mayor amenaza para los Estados Unidos en este momento no es el terrorismo o la economía. La mayor amenaza es Donald Trump, el candidato del Partido Republicano a la presidencia. Este ex promotor inmobiliario que se convirtió en una estrella de televisión ha manipulado los miedos y las ansiedades de la población estadounidense hasta convertirse en candidato para las elecciones de noviembre próximo.

Trump ha sido sin duda la figura más mediática de este ciclo electoral en EEUU y, en parte, la media tiene parte de culpa de su popularidad. Las agencias de noticias le han dado una enorme atención, lo cual solo ha alimentado su ascenso y presencia. Este candidato ha preocupado a personas de todo tipo de inclinaciones políticas con sus comentarios prepotentes, ignorantes y descuidados, por lo que su popularidad es alarmante.

La atención de los medios se centró inicialmente en la vulgaridad del planteamiento de su reforma migratoria, afirmando que los mexicanos “son violadores; y algunos, supongo, son buenas personas” y amenazando construir un muro en la frontera con México (el cual tendría alrededor de 3,200 kilómetros de largo, seis metros de alto y un costo de US$ 15 a US$ 25 mil millones, que ‘obligaría’ pagar a México a través de una combinación de derechos  aduaneros, capturas de las remesas de los trabajadores y tarifas más altas en visados).

Desde entonces, Trump ha desplegado otras políticas y posiciones: la derogación y sustitución del Obamacare; la renegociación del TLCAN; la reforma de la Administración de Veteranos; imponer aranceles a la importación de bienes de empresas estadounidenses fabricados en otros países de hasta 35%; el retiro de EEUU de la OMC (Organización Mundial del Comercio); no proteger a Europa de un eventual ataque de Rusia; el alejamiento de la OTAN y su participación en conflictos internacionales a no ser que EEUU les cobre a los países involucrados: etc., etc. Todo esto manteniendo un déficit fiscal similar al actual, un crecimiento sostenido de la economía y sin modificar los programas Medicare y Seguridad Social. Ver un análisis integral de sus demás propuestas en Lampadia: Una lucha de extremos que solo trae inquietud al mundo.

En concreto, una eventual presidencia del agresivo magnate inmobiliario estaría al mismo nivel de peligrosidad que el terrorismo de ISIS, como lo afirmó The Econonmist Intelligence Unit (EIU) hace unos meses. Y es que el ascenso de Trump ha fomentado un sentimiento anti globalización y anti libre comercio, a través de un discurso que promete proteger a los trabajadores de EEUU y a la industria nacional e impedir el ingreso de bienes que fabrican las empresas de EEUU en el extranjero.

Esto podría escalar rápidamente hacia una guerra comercial. En palabras del EIU, “sus tendencias militares hacia Oriente Medio y su prohibición a todos los musulmanes de viajar a EEUU sería un potente instrumento de reclutamiento para grupos yihadistas, aumentando su amenaza tanto dentro de la región como más allá“.

Esta amenaza de una guerra comercial tendría como principal víctima a México. Según Trump, “México actúa de forma injusta al promover sus propios productos, retiró sus tarifas arancelarias para ser miembro del TLCAN pero impuso una tasa al valor añadido de las importaciones para seguir siendo competitivo” (un comentario maniqueo). Además, recientemente comparó la situación de EEUU con la del Brexit, para plantear que Estados Unidos también “se independice” en materia económica, lo que incluye bloquear también el nuevo Tratado Comercial Transpacífico (TPP).

La invocación del Artículo 2205 del TLCAN para retirar a EEUU del pacto, según expertos en política comercial, provocaría con seguridad la imposición de tarifas a las exportaciones estadounidenses y las importaciones de México. Varias organizaciones empresariales, como la Cámara de Comercio de EEUU (USCC) y la Asociación Nacional de Manufactureros (NAM), han dejado en claro su rechazo a las ideas de Trump, advertiendo de que éstas disminuirán las exportaciones y causarán un alza de precios y la pérdida de al menos 3.5 millones de empleos.

Enrique Krauze, el afamado escritor mexicano, escribió recientemente en un artículo títulado “La urgencia de parar a Trump” publicado en El País de España que, de ocurrir la pesadilla de que Trump sea presidente, habría una nueva guerra entre México y EEUU. “Esta guerra no será militar: será una guerra comercial, económica, social, étnica, ecológica, estratégica, diplomática y jurídica”:

“Comercial, por la amenaza creíble de que EEUU abandone el Tratado de Libre Comercio e imponga aranceles a nuestras exportaciones. Económica, por el secuestro anunciado de las remesas que son la principal fuente de divisas para México. Social, por las deportaciones masivas de mexicanos indocumentados que recordarían episodios vergonzosos de confinamiento y persecución contra los japoneses residentes durante la II Guerra Mundial. Étnica, por el previsible encono que desataría esa política de deportación no solo en Estados Unidos (donde las tensiones raciales son cada día más graves) sino en México, donde viven pacíficamente más de un millón de norteamericanos. Ecológica, por la posible renuencia mexicana a cumplir con convenios en materia de agua en la frontera texana como respuesta a las agresiones estadounidenses. Estratégica, por la nueva disrupción de la vida en la frontera (ya de por sí frágil y violenta) y la cancelación potencial de los convenios de cooperación en materia de narcotráfico. Diplomática, por las inevitables consecuencias que la aplicación de la doctrina nativista y discriminatoria de Trump tendría en todos los niveles y órdenes de gobierno en los dos países, estatales y federales, ejecutivos y legislativos. Jurídica, por el alud de demandas que someterían a las cortes individuas, grupos y empresas mexicanas, públicas y privadas, para defender sus intereses.”

Además, Krauze afirmó que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, estaría adoptando “una política de avestruz frente a Donald Trump”, en la que actuar con cautela frente al candidato republicano para “no atizar más la animosidad”. Esto, claramente, sería un error dado que estaría perdiendo la oportunidad de incidir en la eleeción del próximo presidente de EEUU y mostrar “valentía y dignidad” al enfrentarse a un candidato facista. 

Cabe señalar que las declaraciones que ha hecho Trump en relación al proteccionismo que piensa instaurar en Estados Unidos no han sido sólo en contra de México, y ha tenido opiniones negativas también de las relaciones comerciales con Japón, China y básicamente cualquier nación con la que EEUU mantenga un déficit comercial crónico.

Según el Presidente Barak Obama, Trump es “Unfit for President” (no apto, incompetente, incapaz, indigno para la presidencia). Veamos como lo ilustra The Economist con la caricatura de Kal:

Por su lado El País de España tituló ayer una nota: “La afinidad de Trump con Putin rompe con la política exterior de EEUU”. 

De llevarse a cabo lo que amenaza con hacer Trump, el mundo entero podría entrar en una crisis de pronóstico reservado y la paz global estaría amenazada gravemente, considerando además que al otro lado del tablero ya tenemos a otro líder desquiciado, Vladimir Putin.

Como hemos comentado anteriormente, el mundo necesita buenos líderes. La tragedia de nuestro tiempo es que los mejores hombres y mujeres no están en la política. Hay que hacer de la política un mejor espacio de desarrollo personal. 

Lampadia

Un artículo publicado en The Economist analiza la situación del país gobernado por el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de todo, advierte una luz: la reciente victoria de la oposición en las parlamentarias. “La victoria electoral de la oposición en diciembre mostró que la democracia está todavía viva”, concluye tras enumerar la cantidad de problemas que afectan a la población.

The Economist, al igual que Ricardo Hausmann en su artículo: Podría ser demasiado tarde para evitar la catástrofe en Venezuela, resaltó que el “auge” mundial del petróleo, que gozó Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez y a principios del de Nicolás Maduro terminó y que ha golpeado fuertemente al país que depende en un 95% de los ingresos petroleros. (Ese sí es un país primario exportador).

Como hemos publicado en varias ocasiones, la crisis humanitaria y política a la que se enfrenta Venezuela, ha sido labrada a pulso por los crímenes de ‘leso gobierno’ del chavismo. Además, de destrozar el país, Venezuela se dio el lujo de usar parte importante de sus recursos para mantener la caduca dictadura cubana, varios pequeños países de Centro América y el Caribe y, de financiar a partidos izquierdistas de la región con sus ínfulas del ‘socialismo del siglo xxi y el albismo.

Esta lastimosa experiencia, de un querido país sudamericano, es una dura lección sobre las consecuencias de sus políticas dirigidas a capturar todo el poder dizque ‘en pro de los pobres’ y, según los resultados, a entronizar un odioso nivel de corrupción. No podemos dejar de preguntarnos cómo es posible que la izquierda peruana, cegada por su obsoleta ideología, tenga cara para seguir apoyando uno de los peores, o el peor, gobierno de la historia latinoamericana. Veamos el reporte de The Economist. 

Una guía política y económica (The Economist)

Publicado por The Economist

19 de enero de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

De todas las palabras críticas utilizadas para describir el estado del país que gobierna Nicolás Maduro, “desastre” es la que menos le gusta al presidente de Venezuela. Tal vez porque es muy acertada. Bajo su mandato, la nación ha entrado en una fuerte caída. Maduro ha restringido la publicación de cifras económicas oficiales. Aquellas que se han divulgado confirman que el 2015 fue un año muy malo. Y el 2016 será peor.

El boom del petróleo mundial, que le proporcionó a Hugo Chávez (el predecesor populista de Maduro), el dinero para solventar a los pobres de Venezuela, ha terminado. Maduro no ha logrado convencer a los votantes de que es un digno heredero. En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre 2015, la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó dos tercios de los asientos, la primera vez que la oposición ha ganado una elección nacional desde que Chávez llegó al poder en 1999. El índice de aprobación de Maduro está cerca del 20 %. La nueva Asamblea Nacional está enfrascada en una lucha de poder con el régimen. El Tribunal Supremo de Venezuela, que se puede considerar como gobiernista, ha dictaminado que tres diputados de la oposición no pueden juramentar, privando a la MUD de su “súper mayoría”, [necesaria para imponer sus decisiones más importantes].

El precio del petróleo, que proporciona el 95% de los ingresos de divisas de Venezuela, ha dictado durante mucho tiempo la popularidad de sus líderes. Los ingresos del gobierno provenientes del petróleo en el año a noviembre de 2015 representaban dos tercios menos que durante el mismo período del año anterior. El precio del petróleo ha caído aún más desde entonces. Con menos dinero entrante y una demanda de importaciones aún fuerte, el valor de las reservas de divisas de Venezuela se ha reducido de forma alarmante. En 2015, una caída en el precio del oro (con el que Venezuela mantiene una parte importante de sus reservas), ha contribuido a la disminución de estas. [Solo le quedan unos US$ 5,000 millones en divisa, prácticamente nada].

La caída actual de petróleo será dolorosa, sin importar quién esté en el poder. El régimen ha agravado el daño con políticas que, aunque diseñadas para favorecer a los pobres, terminaron empobreciéndolos a ellos y al Estado. El control de precios, junto con la escasez de divisas, ha dado lugar a una grave escasez de productos de primera necesidad, obligando a la gente a hacer largas colas, durante horas, para comprar artículos de primera necesidad. La inflación está oficialmente en un 141% a septiembre del año pasado (último dato disponible). Los analistas creen que la cifra real es de al menos 200% al año; algunos predicen hiperinflación en 2016. El masivo déficit presupuestario, que financia el Banco Central imprimiendo dinero, contribuye a ese riesgo. 

El gobierno ha tratado de mantener bajos los precios con un sistema de control de cambios de Rube Goldberg. Venezuela tiene tres tipos de cambio legales, incluyendo uno que valora el bolívar en 6.35/US$. Los venezolanos con conexiones en el gobierno pueden obtener dólares a este precio ridículamente barato, una importante fuente de corrupción. Pero en el mercado no oficial, el bolívar vale alrededor de 130 veces menos. El valor de mercado en dólares que maneja la mayoría de venezolanos es lamentablemente bajo. Aunque el precio oficial de las mercancías es correspondientemente barato, muchos sólo están disponibles a precios inflados en el mercado negro.

Hasta la fecha, Venezuela ha dado prioridad al pago de su deuda externa. Aparentemente, el gobierno ha decidido que un default, por más tentador que parezca, sería demasiado costoso. Muchos de los activos de Venezuela fuera del país (incluyendo refinerías y tanques petroleros) podrían ser embargados por los acreedores. El restringido acceso al crédito de Venezuela se vería disminuido aún más si hay un default. A pesar de que una serie de préstamos de varios millones de dólares de China, pagados en petróleo, están ayudando a evitar una crisis, un default podría ser inevitable si los precios del petróleo no se recuperan en 2016. El FMI estima que el PBI de Venezuela se redujo en aproximadamente un 10% en 2015, convirtiéndola en la economía con la peor performance del mundo. El gobierno admite que la contracción fue de 7.1% hasta el tercer trimestre de 2015. Sin importar cuál sea la cifra real, la fuerte recesión está socavando una de las reivindicaciones más orgullosas del régimen: que bajo su gobierno la pobreza ha caído en Venezuela. De hecho, la pobreza extrema sí ha disminuido bajo el chavismo (como lo ha hecho en todo el mundo), pero no tanto como el gobierno sostiene. El Perú ha avanzado más que Venezuela, donde la pobreza general (en lugar de extrema) se ha mantenido obstinadamente estática desde 2000. 

En enero de 2016, Maduro nombró un nuevo equipo económico, pero hay dudas sobre su voluntad de abordar los problemas de la nación. El ministro encargado de la economía, Luis Salas, es un sociólogo de izquierdas que, al igual que otros miembros del gobierno, atribuye los problemas del país a una “guerra económica”. Rechaza algunos principios básicos de la economía convencional, por ejemplo, que un exceso de impresión de dinero causa inflación. Se piensa que el nuevo ministro de Finanzas, Rodolfo Medina, es más pragmático. Estudios recientes han mostrado que, junto con la economía y la escasez, la seguridad es una preocupación importante. El gobierno dejó de publicar estadísticas completas del crimen en 2005, aunque admite que hay un problema. El fiscal general ha dicho que la tasa de homicidios de Venezuela el año pasado fue de 62 por cada 100,000 habitantes, diez veces el promedio mundial. El Observatorio Venezolano de Violencia, un instituto de investigación independiente, dice que la tasa es más alta. La tasa de homicidios en Caracas es la más alta en la región. El 90% de los homicidios quedan impunes en todo el país.

El gobierno trata de mantener a los venezolanos comunes ignorantes de tales desmoralizantes hechos a través de su dominio de los medios de comunicación. Chávez inició el proceso de cierre de la prensa libre; Maduro ha seguido en la misma línea. Sólo hay un periódico nacional que es relativamente independiente. La televisión estatal está llena de horas de propaganda pro-gobierno. Maduro, su esposa, Cilia Flores, y el ex jefe de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, todos tienen sus propios programas de televisión semanales. Los políticos de la oposición, varios de los cuales han sido encarcelados, dependen de los medios de comunicación social para difundir sus mensajes. A pesar de que el régimen hizo todo lo posible para hacerlo más difícil, la victoria electoral de la oposición en diciembre pasado muestra que la democracia aún está viva. 

El siguiente cuadro, del mismo The Economist, muestra el nivel de homicidios en varias ciudades del mundo:

Lampadia

Los titulares de diarios y noticieros disparan denuncias sin cesar: El lunes, los quioscos se tiñeron con las letras rojas de una portada que decía: “Lluvia de millones. Anotaciones en agendas: Se hicieron registros de US$ 5’865,791 entre el 2009 y el 2011”. Tan solo dos días después, otro titular buscaba llamar la atención con: “Pagué 15,000 dólares por un narco indulto”. El fin de semana, acusaron a PPK de tener un pasaporte norteamericano y él respondió (tirando dedo como en el colegio): “Keiko Fujimori tiene uno japonés”. Tan solo unos días atrás, el tema de la semana fue la visita a ex ministros apristas de algunos involucrados en el caso Lava Jato, el mismo que tiene contra las cuerdas a las principales empresas constructoras y políticos brasileños, en especial a los líderes de Partido de los Trabajadores (Lula y Dilma Rousseff). También se denunció que Alejandro Toledo se había reunido con Rodolfo Orellana para financiar un periódico. Por si fuera poco, hasta el Cardenal Cipriani cayó en esta fiebre de “denuncitis” que padece hoy la prensa y la política peruana.

La insensatez parece haberse apoderado de la clase política. En vez de discutir los temas cruciales, en un momento en que la desconfianza se apodera nuevamente de los peruanos, la economía se desacelera y que el mundo se sumerge en una nueva revolución industrial que transformará la vida de las personas, empresas y países, momento en el que es urgente establecer un marco de consensos mínimos sobre las políticas de desarrollo y de retomar el rumbo de crecimiento que redujo la pobreza en la última década, nuestros “líderes” creen que lo mejor es destruirse mutuamente. La estrategia es no dejar títere con cabeza. Un suicidio colectivo de la clase política y un empujón al país hacia el borde del abismo.

Llevados por este impulso autodestructivo han abierto las puertas a un ‘hueco negro’ que podría desaparecerlos a todos. Conscientemente o no, están desprestigiándose y devaluando la política peruana. Los resultados ya se sienten con claridad.  

Este mes (agosto 2015), según IPSOS, la aprobación del Presidente Ollanta Humala, y la de los principales líderes políticos bajó de forma significativa.

La encuesta arrojó que la aprobación de Toledo cayó a 18 % desde 27 % (julio), además 55% considera que las empresas brasileñas pagaron sobornos durante su gestión. Algo similar le ocurrió a Alan García bajó a 21 % (25 % en julio) y el 65 % está seguro que se coimearon a funcionarios apristas. Incluso, Keiko Fujimori que nada tiene que ver en este caso, también sufrió una fuerte baja en su popularidad: llegó a 37 %, cuando en julio estaba en 44 %.

“Las sospechas vienen a sumarse a las acusaciones de corrupción que afectan a estos y otros líderes políticos con el resultado de un descrédito generalizado tanto del Gobierno actual como de sus opositores”, aseguró Alfredo Torres, director de IPSOS a El Comercio.

A la luz de estos resultados, en una reciente entrevista realizada a la Alfredo Torres, al preguntársele: “¿qué crees que piensa el ciudadano de a pie de que la mayoría de candidatos presidenciales tiene serias denuncias de corrupción? El analista respondió: “Una gran decepción, desconfianza. La sensación de que la política es sucia y que no se puede esperar nada de los políticos”.

Esta desconfianza en la política ha generado reacciones nefastas en latinoamericana y el mundo, más aún si a esta se le suma crisis económica o un ajustón como el que estamos viviendo. En Venezuela, fue el preámbulo de la llegada del chavismo al poder y allí están las desastrosas consecuencias. En Argentina, ni se diga: se desató el “que se vayan todos”, y ese país padece a los Kirchner desde casi una década. Sin ir más lejos, en la Grecia de estos días, el arribo de Syrisa al gobierno helvético se debió al hartazgo en la ciudadanía, que desde entonces sufre ahora más estrecheces y angustias.

Como ha advertido Torres y otros analistas, se está abriendo la posibilidad de que un outsider, un aventurero antisistema llegue a la segunda vuelta con un porcentaje de votos relativamente menor (20 a 25%) y pueda luego nuclear el descontento generalizado con una campaña populista parecida a la de Humala del 2011. ¡Cuidado! (Ver en Lampadia: Sumémonos a la lucha contra el populismo en Latinoamérica). El populismo es la razón fundamental del menor desarrollo de nuestros países en la región, es un proceso antinatural de selección de gobernantes, favorece la victoria de los peores. El Perú ha sido una de las víctimas más afectadas por esta enfermedad social. (Ver en Lampadia: ¡Qué calato… ni que ocho cuartos!).

De crearse este escenario en el Perú, se perderían todos los avances alcanzados en la última década y nos pondríamos en las peores condiciones para sufrir los impactos de la revolución industrial sin aprovechar sus oportunidades. Si bien es cierto, que la prensa debe cumplir con su deber y hacer públicas las denuncias de corrupción para evitar la impunidad y que el voto sea bien informado, es imprescindible hacerlas con absoluta objetividad, evitando juicios anticipados y de valor, la adjetivación fácil y el comentario ligero. Parece incluso, que en la cortesana Lima, importa más el escándalo que el delito efectivo.

Ahora que nos acercamos a las elecciones, en un año, en que como señalamos líneas arriba el país siente un auto-infligido frenazo de la economía (ver en Lampadia: Otra vez la parada) es imprescindible que los políticos dejen de lado las estrategias de confrontación (y en el fondo de autodestrucción) que están aconsejándoles sus asesores y se detengan antes de que nos precipitemos al abismo que perpetúe nuestro menor desarrollo. No olvidemos la advertencia de Y.N. Harari de que el país que pierda la posibilidad de engancharse en el tren del desarrollo, no tendrá otra oportunidad (ver en Lampadia: Diálogo sobre la Tecnología y el Desarrollo).

Los ciudadanos, como empiezan a mostrar las encuestas, ya están dando su veredicto. En momentos como estos, es necesaria la grandeza y pensar más en los intereses nacionales que en los particulares.

La sociedad les requiere un pacto, parar la guerra de todos contra todos y abrir la discusión de programas e ideas y dar una lección de altura, compromiso y entrega. Lo mismo debiera ocurrir con la prensa, que debe entregarse a sus deberes (no económicos) con la mayor responsabilidad posible para que esta elección no sea el puntillazo al reclamo de desarrollo de nuestra nación. Lampadia

Por Benedict Mander. Corresponsal del Cono Sur

Financial Times

(El Comercio – Portafolio, 25 de febrero de 2015)

Michelle Bachelet, presidenta de Chile, regresó al poder en 2013 debido a sus promesas de combatir la desigualdad y terminar con los fuertemente enraizados privilegios que disfruta la élite tradicional del país.

Así que la credibilidad de su gobierno sufrió un serio golpe cuando Sebastián Dávalos, el hijo mayor de esta madre soltera, fue acusado a principios de mes de usar su influencia para asegurar un préstamo bancario. El revuelo fue tan grande que se vio obligado a renunciar la semana pasada como director de una fundación caritativa normalmente dirigida por la primera dama de Chile.

Lamentando este “momento amargo”, Dávalos admitió que el escándalo podría dañar no solo al gobierno, sino a la misma presidenta, cuya popularidad se ha hundido a bajas récord en medio de una desaceleración económica motivada por la baja en precio del cobre, la principal exportación chilena.

En juego está la ambiciosa agenda de reformas dirigida contra la inequidad, que se ha mantenido alta a pesar de un crecimiento económico excepcional en las últimas décadas. Los elementos más controvertidos de su agenda, especialmente en educación, han sido rebajados por la facción moderada de su coalición de centroizquierda, cuyo apoyo necesita para impulsar nuevas leyes en el Congreso.

“Con este escándalo, los moderados probablemente adquirirán más fuerza, ya que Bachelet no va a ser capaz de mover legítimamente la coalición más hacia la izquierda”, dice Patricio Navia, un politólogo en New York University.

“La familia de Bachelet estaba usando el mismo tipo de acceso privilegiado que ella criticó tanto en su campaña”, explicó.

Para muchos chilenos, la habilidad de Dávalos para asegurar un préstamo por US$10,4 millones para el negocio de su esposa del Banco de Chile, después de reunirse con su vicepresidente Andrónico Luksic – que es uno de los hombres más ricos de Chile y cuya familia controla el banco – es un ejemplo elocuente de la extensión del privilegio en el país. El préstamo se aprobó el día después de que Bachelet ganara las elecciones presidenciales.

El escándalo es un bono para la alianza opositora de derecha en Chile, que se ha lanzado sobre el llamado “nueragate”. No solo quedo débil la oposición después de haber sido aplastada por la coalición de Bachelet en las elecciones presidenciales del 2013, sino que también ha sido golpeada por un dañino escándalo sobre sus propias finanzas de campaña.

Pero Navia añade: “La verdadera oposición a Bachelet no es la alianza de derecha, sino los Demócratas Cristianos en el senado”.

Dice que el grupo más moderado de la coalición en el poder ha tenido éxito en asegurar que las reformas de Bachelet sean “mucho menos radicales de lo prometido”.

De hecho, con su cómoda mayoría en el Congreso, la oposición ha sido incapaz de impedir que la coalición en el poder, Nueva Mayoría, empuje importantes reformas en el Congreso. El año pasado fue aprobada una reforma tributaria que habilitará al estado a recolectar US$8 mil millones más al año, principalmente de negocios, mientras que las reformas de educación, que son un elemento clave de la agenda de Bachelet, están cerca de ser aprobadas.

Ahora, los negocios en particular tienen su mirada en las reformas laborales controversiales, que deberán debatirse en el Congreso más adelante en el año. Los críticos dicen que las reformas propuestas simplemente reforzarán el poder de los sindicatos, que solamente representan cerca del 15% de los trabajadores. Lejos de mejorar el empleo y la productividad, las reformas arriesgan aumentar el desempleo y los conflictos laborales, dicen.

“Sería muy difícil hacer las reformas que el gobierno está tratando de implementar sin encontrar problemas y generar incertidumbre”, dice José de Gregorio, anteriormente director del banco central. Aunque el gobierno ha tenido que luchar para calmar los miedos de los inversionistas, especialmente acerca de la reforma tributaria, “hoy muchas de esas dudas se están disipando”, insiste.

El optimismo de Gregorio es compartido por instituciones de Wall Street tales como Standard & Poor’s y JPMorgan, quienes han argumentado recientemente que la economía está a punto de mejorar. JPMorgan subió su predicción de crecimiento para 2015 de 2,3% a 2,7%, conforme los precios más bajos del petróleo ayudan a compensar la caída de los precios del cobre, después de un crecimiento del 1,8% el año pasado.

Sin embargo, Felipe Larraín, ministro de finanzas en el anterior gobierno de Sebastián Piñeira, señala que la economía ha sufrido un “aterrizaje duro” después de haber promediado 5,3% de crecimiento de 2010 a 2013.

“En este complicado escenario, la reforma laboral es solo una cosa más. Con la reforma tributaria, todo marcha en la misma dirección”, dice, argumentando que el aumento en los costos del empleo y producción está actuando como un desincentivo para la inversión, que ha estado cayendo en los últimos seis trimestres. “Creo que Chile puede hacerlo mucho mejor”, dijo.

El camino para alcanzar un acuerdo de paz y desbloquear la situación puede resumirse en 14 palabras: Putin debe retirar sus fuerzas, y Kiev recuperar el control de su frontera oriental.

Por Timothy Garton Ash. Catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, donde dirige en la actualidad el proyecto freespeechdebate.com, e investigador titular de la Hoover Institution en la Universidad de Stanford

(El País, 17 de Febrero del 2015)

“¡Nunca más!”, gritaron los europeos tras la Primera Guerra Mundial. Y volvió a suceder. “¡Nunca más!”, gritaron los europeos en 1945; y volvió a ocurrir. “¡Nunca más!”, gritaron los europeos después de Bosnia, en 1995; y ahora ha vuelto a pasar. Espero y dudo, en igual medida, que el acuerdo de alto el fuego de Minsk, logrado gracias a los heroicos esfuerzos de Angela Merkel, permita alcanzar la paz. Pero, aun en el improbable caso de que así sea, vean lo que ya hemos permitido que ocurra.

Otro país europeo desgarrado por la fuerza. Según los cálculos de la ONU, han muerto al menos 5.400 personas, alrededor de 13.000 han resultado heridas y 1,6 millones han tenido que abandonar sus hogares. Rusia se ha anexionado oficialmente Crimea, que formaba parte de un Estado soberano vecino. El acuerdo de alto el fuego de la semana pasada, Minsk 2, establece que Ucrania no recuperará el pleno control de su frontera oriental con Rusia hasta finales de este año, y solo si celebra elecciones en las regiones de Donetsk y Lugansk y les concede un estatus especial constitucional. También dice que el Gobierno de Kiev debe seguir pagando las pensiones, los salarios y los servicios de esas regiones. Imagínense que solo tienen permiso para cerrar la puerta posterior de su casa si ceden el cuarto de estar a una persona que les está apuntando con una pistola a la cabeza, y además deben seguir pagando sus facturas.

Las personas razonables podrán discrepar sobre la mejor forma de defenderse contra una agresión tan descarada, pero, por lo menos, no debemos hacernos ilusiones sobre lo que está sucediendo delante de nuestras narices. Vladímir Putin está retando deliberadamente a la Unión Europea con una manera de hacer política diferente, antigua y peor. La fuerza impone su razón. Lo negro es blanco. La guerra vuelve a mandar, y el derecho se arrastra como puede hasta una zanja, como un refugiado herido.

Todo ello, en un país cuya integridad territorial juraron solemnemente proteger Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña —claro que, ¿a quién le importa lo que diga hoy Gran Bretaña?— de acuerdo con el memorándum de Budapest de 1994, a cambio de que Ucrania, recién independizada, aceptara entregar uno de los mayores arsenales de armas nucleares del mundo. Cito: “La Federación Rusa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos reafirman su compromiso… de respetar la independencia y la soberanía y las fronteras actuales de Ucrania”. Firmado por Borís Yeltsin, Bill Clinton y John Major. Imaginen la lección que este quebrantamiento de promesa enviará a otras potencias nucleares o que pretenden serlo: hagas lo que hagas, no te creas una palabra de lo que te garanticen y no renuncies a tus armas nucleares.

La ley de la jungla de Moscú contra la jungla de leyes de Bruselas. ¿Quién está ganando? “Rusia”, responde el conocido realista estadounidense John Mearsheimer. ¿Y qué podemos hacer? “Occidente debe intentar que Ucrania sea un Estado neutral que sirva de tapón entre Rusia y la OTAN. Que sea como Austria durante la Guerra Fría. Para ello, Occidente debería abandonar de forma explícita la ampliación de la Unión Europea y la OTAN”. Vale, gracias, profesor realista. ¿Quizá le gustaría encargarse usted de hacerlo? Tenemos el sitio perfecto para que celebre su cumbre de realpolitik: Yalta, donde, en 1945, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill dieron una ambigua legitimidad a la ocupación soviética del este de Europa. Yalta, en la anexionada Crimea.

¿Qué derecho tenemos a ordenar a unos países independientes y soberanos que sean Estados tapones neutrales? Gary Kaspárov, que conoce Rusia un poco mejor que Mearsheimer, tuiteó recientemente: “Los realistas parecen tan contentos de condenar a millones de ucranios a vivir como prisioneros en un territorio ocupado. En Europa, en pleno siglo XXI”. El otro día hablé con Kaspárov sobre Ucrania. Me dijo que había estado en Kiev para conmemorar el 20º aniversario del memorándum de 1994; su opinión sobre la tragedia es audaz y original, como su forma de jugar al ajedrez. Insiste en que no se trata de un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino entre dos Rusias, que equipara, con licencia poética, con el Rus de Kiev y la Horda Dorada.

Aunque las encuestas que muestran la increíble popularidad actual de Putin en Rusia son creíbles, no debemos cometer el error de identificar al político con el país. También Adolf Hitler gozó de enorme popularidad durante un tiempo, igual que Slobodan Milosevic. Los pueblos pueden dejarse llevar por rumbos desastrosos, sobre todo cuando una hábil propaganda sabe explotar los mitos y los agravios nacionales más arraigados. Entonces, unos años después, la gente se despierta y empieza a pagar el precio. Estar en contra de Putin no es estar en contra de Rusia. Es defender el futuro de Rusia a largo plazo y apoyar a los ciudadanos más acosados, que representan la otra Rusia.

Putin está infringiendo precisamente el principio que siempre ha dicho que debía constituir la base de las relaciones internacionales: la soberanía incondicional de los Estados. ¡Pero qué desfachatez —exclamarán—, que unos países que invadieron Irak critiquen a otros por violar la soberanía de un Estado! A lo cual respondo que tienen razón, que la invasión angloamericana de Irak estuvo mal, desde el punto de vista legal, moral y estratégico, pero que eso no es excusa para volver a hacer lo mismo en este caso.

En Siria, dirán quizá otros, tenemos unos campos de exterminio que hacen que Ucrania parezca casi un país pacífico, y la ONU habla nada menos que de 3,8 millones de refugiados. ¿Qué está haciendo Occidente al respecto? ¿Es que las vidas de los árabes valen menos que las de los europeos, las de los musulmanes, menos que las de los cristianos? Cada 15 días me despierto pensando: “¿No debería escribir sobre Siria?”. Pero, aparte de que sé mucho menos sobre Oriente Próximo que sobre Europa, lo que he aprendido de los expertos no indica ninguna forma clara de avanzar. Da la impresión de que hay demasiados grupos sobre el terreno, envueltos en el conflicto, y que cuentan con el respaldo de demasiadas potencias extranjeras (entre ellas Rusia, que apoya a Bachar el Asad).

Aquí, en cambio, a pesar de la complejidad de Ucrania, existe una manera de desbloquear la situación, que se puede resumir en 14 palabras: Putin debe retirar sus fuerzas y Ucrania recuperar el control de su frontera oriental. De modo que, a diferencia de Siria, la clave está en que un actor político cambie de comportamiento. Por supuesto, eso no detendría de la noche a la mañana a los airados separatistas que luchan en nombre de la República Popular de Donetsk. En el este de Ucrania, como en Bosnia y en Siria, la radicalización provocada por la brutalidad de la guerra ha transformado a los vecinos en enemigos. Kiev tendría que demostrar un enorme sentido político y mucha imaginación para reconstruir un Estado verdaderamente federal, en el que los que se identifican como rusos puedan volver a sentirse razonablemente a gusto. Pero el camino para alcanzar cualquier acuerdo de paz comienza con esas 14 palabras.

Las aguas están movidas. Las políticas, las económicas y las de confianza en el futuro. El gobierno y la oposición acaban el año, en medio una guerra de guerrillas (que caigan Sansón y los filisteos), que solo agravan los cuestionamientos de la población. El gobierno, cercado por serias acusaciones de corrupción que amenazan, de una u otra forma, la conducción del país. A esto se suma la merma de la bancada oficialista en el Congreso y la pérdida de aliados políticos, lo que impide la rápida aprobación de Leyes clave para reactivar la economía. Todo esto mantiene la popularidad de la pareja presidencial y de las instituciones públicas, en niveles de “pena”. El Ministro de Justicia en la picota y, por supuesto, todo esto en el contexto del colapso del crecimiento de la economía.

Lo económico tampoco pinta bien. A duras penas el país crecerá un 2.7% (¿?). Buena parte de esta desaceleración se debe al descuido en el que el gobierno tiene a los sectores minería, energía e hidrocarburos, los auténticos motores del crecimiento del país en la última década (ver en Lampadia (L): Otra vez la parada (esta vez en la inversión)). Curiosamente, con un tonito circense, el Ministro de la Producción se burla de todos los peruanos diciéndonos: “El menor crecimiento favoreció también la simplificación administrativa y mejoras en la regulación”. Y agrega: “El 2014 no ha sido un año de crisis, sino de oportunidades aprovechadas, pues la preocupación por el menor crecimiento impulsó la renovación de la políticas económicas”. (El Comercio, “Mirando el largo plazo”, por Piero Ghezzi, 18 de diciembre 2014). Ya parece un editorialista del Pravda o Granma.

La razón de la parálisis de la inversión no es porque no se quiera invertir en el Perú, ni mayormente por la debilidad de la economía internacional. Es porque se ha hecho casi imposible invertir, tanto en negocios grandes como en pequeños. Desde abrir una mina hasta poner un restaurante. Desde levantar una antena para comunicación celular hasta tramitar un cambio de uso de terreno, desde conseguir permiso para abrir un nuevo colegio hasta colgar un letrero en la fachada de una bodega. La debilidad política del gobierno (Conga) y la maraña burocrática han trabado la inversión y el crecimiento, lo ha impedido hasta casi detenerlo por completo. (Ver en L: La “liciensitis” afecta las inversiones pequeñas, medianas y grandes).

El otro problema es la incapacidad que han demostrado los funcionarios para echar andar los grandes proyectos de inversión pública. Atrapados en las arenas movedizas de la tramitología y el pánico a tomar decisiones, dado el torpe e inhibidor sistema de control nacional. El dinero que debió poner en marcha las ruedas de nuestra economía nunca llegó a movilizarse. A eso hay que sumar las elecciones regionales y los gravísimos casos de corrupción que descabezaron a regiones y municipios de sus autoridades, con lo que la inversión pública se quedó en las cuentas bancarias.

Si bien el gobierno ha intentado mejorar este panorama mediante una serie de medidas que incentiven la inversión privada, (los cinco paquetitos pre-navideños) todavía es muy pronto para ver sus resultados. Algunos se pararon en el Congreso, otros se siguen discutiendo, y otros se reputan de tardíos e insuficientes. En todo caso, no han conseguido impulsar el crecimiento del producto este año y, aunque se espera que el próximo será mejor, ya no se puede creer en los pronósticos oficiales.

La debilidad del Gobierno y su aislamiento se han hecho notorios los últimos días. La oposición que está enfrentando la Ley Laboral juvenil es un síntoma de ello. Todos los personajes y partidos que en su momento apoyaron esta iniciativa, ahora se retractan, generando un desentendimiento político innecesario para una medida a todas luces positiva (ver en L: No me importa estar mal, si los demás corren la misma suerte).

Que Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Alan García se opongan a ella, sumándose a las cúpulas sindicales como la CGTP, es un contrasentido y una vergüenza. Después de haberla señalado conveniente, hoy, por mero cálculo político de corto plazo, la atacan duramente. El Gobierno ha decidido defenderla con uñas y dientes. Ojalá persista y muestre algún saldo de fortaleza.

La irresponsabilidad de la oposición, propiciada por la agresividad del propio Presidente de la República, está arrinconando al Ejecutivo. Semejante postura, puede llevar al gobierno a olvidarse de un programa sensato y hacerlo optar por un populismo que le de réditos inmediatos y lo haga subir en las encuestas. (Ver en L: Queda poco tiempo para evitar los peores escenarios al 2016). Ese sería el peor escenario. La economía no permite este tipo de juegos. Es vital que todos recuperen la cordura y que se busque retomar la armonía y el crecimiento.

Como hemos reseñado en Lampadia: Niall Ferguson, el historiador británico, en una recientevisita a Santiago, dijo que Chile era el “país más inteligente” de la región pero que ahora estaba “ejerciendo su derecho a ser estúpido”. En el Perú hemos sido estúpidos mucho tiempo, “es hora de ejercer nuestro derecho a ser más inteligentes”. Lampadia