Elecciones y Anti-mineros

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Este 7 de octubre serán las elecciones a gubernaturas regionales y alcaldías en el Perú. Este proceso electoral tiene importantes implicancias sobre el sector minero y sobre las dinámicas de inversión del sector. Si bien de acuerdo a las leyes peruanas las autoridades sub-nacionales no tienen prerrogativas importantes a la hora de regular la gran inversión minera, si tienen una un rol importante en las dinámicas regionales de las que depende la resistencia social y política que puede enfrentar las inversiones mineras en el Perú.

Las autoridades locales son un factor importante en la conformación de la correlación de fuerzas afines u hostiles a la minería en un entorno de conflictividad social. La victoria de fuerzas políticas anti-mineras en este proceso electoral tiene un conjunto de consecuencias de corto y largo plazo en la medida en la cual instrumentalicen municipios o gubernaturas regionales hacia el activismo anti-minero. En el Perú ha sido visible el papel de figuras como Gregorio Santos desde la Presidencia Regional de Cajamarca o de Oscar Mollohuanca desde la Alcaldía de Espinar. Sus apariciones en medios y manifestaciones los llevaron a tener una figuración mediática nacional y el caso de Gregorio Santos le facilito el asumir un liderazgo relevante dentro del espectro político radical.

A continuación, listamos algunos de los efectos potenciales de la victoria de figuras políticas hostiles a la minería sobre la legitimidad y viabilidad del sector:

• Manutención de Activistas: La presencia de activistas a tiempo completo dedicados es un importante factor de éxito en los movimientos sociales anti-mineros. Con autoridades anti-mineras estos activistas pueden ser contratados como funcionarios o consultores para cumplir, en el papel, determinadas funciones cuando en realidad son activistas anti-mineros financiados con fondos públicos tanto en sus ingresos personales como en la logística de su activismo como lo es el transporte alimentación y locales de reunión.
• Soporte logístico a manifestaciones: Es posible que autoridades hostiles a la minería brinden transporte o alimentación a los manifestantes en contra de proyectos mineros. Se ha dado casos de uso de unidades de transporte contratadas o de propiedad por autoridades utilizadas para transportar a manifestantes hacia marchas o bloqueos. Esto se hace con recursos públicos que son utilizados con fines distintos a los presupuestados. Lamentablemente el grado de fiscalización por parte de la Contraloría o Gobierno Central es mínimo y estos actos de malversación de fondos públicos pueden ser realizados con mínimas consecuencias.
• Representación Social: Las autoridades locales tienen un importante rol de representación social puesto que han sido electas por la población. A diferencia de las ONGs o los Frentes de Defensa que se auto-asignan sus roles, estas autoridades han obtenido su puesto gracias a procesos electorales en las que ha participado la inmensa mayoría de la población. Una autoridad local anti-minera podrá presentar al resto del país su postura como representativa de su población. Ello facilita una polarización política contra el gobierno central y el acceso a medios de comunicación nacionales de la postura anti-minera.
• Aparato de Propaganda: En múltiples casos las autoridades sub-nacionales tienen importantes recursos comunicacionales bajo su control. Radios o canales de televisión locales son controlados por dichas autoridades. Estos recursos comunicacionales pueden resultar siendo canalizados dentro del aparato de propaganda anti-minero y dedicarse a socavar la legitimidad de la minería. En Espinar era común que el canal de televisión municipal transmitiera reportajes respecto a muerte de ganado a ser atribuidos a la actividad minera sin ninguna investigación científica que lo sustentara. En Cajamarca el Gobierno Regional durante el conflicto de Conga creo un programa radial “La Voz de La Región” que se dedicaba a la difusión militante del discurso anti-minero. La imagen superior proviene de la televisión municipal de Espinar mostrando un reportaje[i] en el que se acusaba a la Glencore-Xtrata de ser responsable de enfermedades en el ganado.

  

• Presión Institucional: Como mencionamos previamente el marco legal peruano no brinda a las autoridades locales muchos instrumentos para impedir legalmente las actividades mineras. Sin embargo, pueden realizar múltiples actividades que sirven para deslegitimar a los ojos de distintas audiencias las actividades del sector. En el caso de conflicto Conga fue visible el rol de la Ordenanza Regional 036 la cual prohibía el proyecto minero y que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. También se hace uso de declaraciones de reservas naturales en zonas de operaciones mineras o se declara a una determinada población como pueblo indígena. Estas acciones se realizan por fuera de las atribuciones legales de estas autoridades. Sin embargo, su rol no consiste en inviabilizar legalmente a un proyecto.  Estas acciones se dan con fines políticos y permiten presentar los proyectos como enfrentados a la voluntad local e impuestos por el gobierno central.
• Adoctrinamiento: Los anti-mineros son conscientes de la importancia de la formación discursiva y de la importancia de penetrar a la sociedad con su narrativa. Por ello es común que utilizando recursos públicos lleven a cabo acciones de adoctrinamiento anti-minero a los empleados de las instituciones bajo su control. Los empleados públicos forman una fracción importante de los formadores de opinión en las inmediaciones de los proyectos mineros al constituir gran parte de la población local con mayores niveles educativos y capacidad discursiva. La siguiente imagen muestra a Wilder Sánchez, autor de estudios hostiles al proyecto Conga, dando una conferencia[ii] en contra de dicho proyecto a los empleados del Gobierno Regional de Cajamarca. La posición de Sánchez respecto a Conga es bastante clara:

“Ni una catástrofe natural, llámese huracán, aluvión, Fenómeno de El Niño o terremoto de gran magnitud, causaría la destrucción descrita en las cinco cabeceras de cuenca.Incluso una bomba nuclear como la lanzada sobre Hiroshima, que destruyó totalmente el 69% de sus edificaciones en 12 Km2 de la ciudad (o sea 1,200 hectáreas) pero no dejó profundos cráteres, tampoco se asemejaría a la devastación del territorio que ocasionaría Minas Conga si prosigue adelante”.

Este domingo se está jugando su futuro una importante fracción de la inversión minera nacional durante los próximos 4 años. De darse triunfos anti-mineros en regiones o municipios envueltos en conflictos sociales se verá severamente dificultado el aprovechamiento del enorme potencial geológico del país. Sería bueno que las empresas mineras estén claras sobre las consecuencias de una victoria de los grupos anti-mineros en algunas regiones del país. Lampadia