Presentación de Cayetana Álvarez de Toledo
Periodista, historiadora y política española
Admirable la claridad mental de esta mujer para explicar, porque los chilenos rechazaron el esperpento que propuso el comunismo para cambiar la actual Constitución. Difundamos comentarios inteligentes como este…
https://youtu.be/d8N3MEUuK8Y
Por: José Luis Gil
Perú21, 6 de Octubre del 2022
El ministro puede tomarse fotos con quien desee; sin embargo, hacerlo bajo las circunstancias políticas de hoy llama a suspicacias.
Los desatinos del ministro del Interior, Willy Huertas, no tienen cuándo parar. Su aparición esta semana en Twitter posando con el embajador de Cuba, Carlos Rafael Zamora, conocido como el ‘Gallo Zamora’, resulta, por decir lo menos, desafiante, inoportuna y peligrosa. Como sabemos, el ‘Gallo’ tiene un historial de espionaje y operaciones encubiertas a favor del comunismo en Sudamérica, quien jamás da “puntada sin hilo”. ¿No sabía el ministro? Es un desastre entonces.
“El ministro Huerta y el embajador de Cuba se reunieron… para intercambiar estrategias en favor de la seguridad ciudadana, entre otros temas de interés para ambas naciones”, dice el mensaje tuitero. Para los peruanos, nada tiene que enseñarnos el ‘Gallo’ Zamora en materia de seguridad. En Cuba, la ausencia de libertad económica y política son los principales causantes del incremento de la criminalidad.
La oscura trayectoria de Zamora en “operaciones de extradición”, como la realizada con Evo Morales, a quien ayudó a trasladar hacia México, lo vuelven sujeto de cuidado. Es experto en interactuar con servicios de inteligencia de otros países, conformar o controlar “policías políticas” y promover organismos de fachada como “misiones humanitarias” para trasladar agentes, información, dinero, y ¿por qué no?, armas. Es válido preguntarse entonces ¿querrá manejar prefectos y subprefectos?, ¿querrá “ayudar” a controlar a Harvey Colchado?, ¿Cerrón y Castillo esperan su turno para salir del país? Es posible. La pareja dinamita, Zamora y Maura, su también esposa-espía, lo deben saber.
El ministro puede tomarse fotos con quien desee; sin embargo, hacerlo bajo las circunstancias políticas de hoy llama a suspicacias. Sus asesores, en vez de andar explicando lo inexplicable y tratar de desacreditar al “mensajero” por medio de adulones profesionales, insultando la inteligencia de quienes tenemos muchos años bregando contra el comunismo, deberían usar estrategias más inteligentes para evitar que su disperso ministro vaya de tumbo en tumbo. Mejor hagan que renuncie de una vez por todas y váyanse ustedes también.
Los peruanos debemos ser proactivos contra expertos espías comunistas mimetizados de diplomáticos. Protejamos nuestra inteligencia, la que aún está apegada a la Ley y a los intereses nacionales. Asimismo, tenemos la férrea esperanza de que el “gallo” volará a su verdadero corral, a los cuarteles de los hermanos Castro y Canel, y que el pueblo cubano se liberará pronto de estos “buitres” que tanto daño le hacen a la vida, la paz, la libertad y la democracia en Sudamérica… ¡Sí se puede!
Jaime Spak
Para Lampadia
Cuando uno se encuentra fuera del país, como es mi caso, que decidí después de algunos años, pandemia incluida, tomarme unas merecidas vacaciones, uno ve las cosas de su país con más sensatez y con mayor serenidad.
Este articulo lo estoy escribiendo luego de permanecer casi quince días lejos del diario petardeo de malas noticias y de escándalos que se repiten semana a semana y me pregunto lo siguiente:
¿Los peruanos sentimos indignación por lo que está sucediendo en la política, tanto del gobierno como del Congreso?
Yo me contestaria a mí mismo parafraseando una frase de Buda, en la que indica que: “el dolor que nos genera este gobierno es inevitable, pero el sufrimiento es opcional”.
En estos 14 meses del gobierno de Castillo, si se dan cuenta, los contamos por meses porque se hace una eternidad tener que soportar tanta incompetencia, y cada mes nos parece un año.
En este tiempo hemos tenido que tolerar entre otras cosas:
Luego de enumerar este conjunto de ejemplos, nos preguntamos ¿el pueblo no repudia todo esto?
Como dijo el filósofo español Savater “lo que tenemos los humanos en común, es el repudio a los peores crímenes”.
¿Pero que hacer ante esta situación, quedarnos solo en el repudio o reaccionar para que esto acabe lo antes posible?
Lo que sucede es que los peruanos en su gran mayoría somos conformistas, vivimos esperando que primero reaccione el otro y así se nos pasa el tiempo y la vida, sin corregir lo malo.
Si hacemos una encuesta en estos momentos y preguntamos cuantos de ustedes están indignados, repudian este gobierno y quisieran una reacción a todo esto, pues les garantizo que una gran mayoría votaría que SI.
Estamos cansados de leer tantos artículos de connotados periodistas que semana tras semana, hacen un recuento de las cosas turbias que suceden en el país.
Ustedes no creen que, en el Congreso, a pesar de haber sido elegidos congresistas del ala magisterial, y se les consulte en privado que opinan sobre el gobierno y todas las fechorías que se le atribuyen, una gran mayoría no aprueba la gestión de Castillo.
¿Y por qué lo blindan a pesar de ello?
Pues eran en su casi totalidad profesores de colegios públicos de provincias que han pasado de ganar S/ 2,500.00 al mes a la suma de S/ 15,000.00 más todas las gollerías adicionales.
¿Creen que dejaran esa mamadera?, para hacerlo deberían de tener un compromiso con la patria, que definitivamente no tienen.
La muy valiente fiscal de la Nación en este mes estará presentando denuncia constitucional contra Castillo. Igualmente, el congresista Edwin Málaga está presentando una denuncia constitucional muy grave por el uso indebido del avión presidencial.
En realidad, todos pensamos que se le viene la noche a Castillo y la verdad es que, siendo una especie de enfermedad incurable, lo mejor sería extirparlo para recuperar la salud de la nación.
Castillo acabara inexorablemente en la cárcel condenado por múltiples delitos.
Ahora sale a la palestra un débil mental, asesino de policías, que llama a la toma del poder por la fuerza y nos sorprende con mítines gigantescos en lugares apartados del país, donde aprovechando la ingenuidad de los asistentes, ofrece cosas imposibles de cumplir y amenaza con fusilar a los que están en contra de sus ideas.
¿Necesitamos un nuevo “no más pobres en un país rico”, “palabra de maestro”? Que devaluadas están ya esas frases.
No podemos seguir indignándonos, repudiando lo que sucede en el país y no reaccionar.
No estoy llamando a la insurrección, pero he repetido que el Perú es un país maravilloso, donde los peruanos de todas las clases sociales solo deseamos que nos dejen trabajar en libertad y que nos gobierne gente decente.
¿Es mucho pedir? Lampadia
Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Las elecciones del domingo pasado han comprobado nuevamente que la democracia fallida que existe en el Perú es un círculo vicioso del que no hay salida. Los resultados muestran varias cosas:
1) La absoluta fragmentación política. En todo el país han ganado caudillos locales y regionales. Los “partidos” son una ficción. Perú Libre y Fuerza Popular que disputaron la segunda vuelta el 2021, obtienen un año después un respaldo insignificante. Incluso los que han sido electos postulando por un “partido”, en realidad solo lo usan como un vehículo para alcanzar un cargo.
Como ha recordado Paulo Vilca, en Tumbes Segismundo Cruces ha ganado con APP. Antes fue candidato por Democracia Directa y previamente postuló por el APRA. En San Martín, Walter Grundel ganó por Somos Perú. Antes había postulado por APP y también fue candidato de Vamos Vecino.
En Lima ha ocurrido lo mismo, ganó Rafael López Aliaga (RLA) a Daniel Urresti, no Renovación Popular a Podemos. Si por este último “partido” hubiera postulado José Luna Morales, sin duda ese grupo no habría estado disputando la elección.
2) El saqueo, el derroche, el desperdicio de los recursos públicos va a continuar imparable, obstruyendo cualquier posibilidad de desarrollo. La inmensa mayoría de gobernadores y alcaldes electos va a continuar la senda de los que se van. Hay casos absolutamente escandalosos como el de Ayacucho, donde ha sido electo con una amplia mayoría Wilfredo Oscorima, que fue sentenciado por corrupción por los latrocinios que cometió cuando ocupó antes el cargo de gobernador regional.
Como he señalado hace poco en un artículo sobre estas elecciones, “los sinvergüenzas saben que, aunque en las encuestas la corrupción aparece por lo general en el primer lugar de las lacras que los ciudadanos abominan, en la vida real no es así.” (“Nada que esperar”, El Reporte, 25/9/22). Y, en una idea que se aplica a Oscorima y muchos otros: “los que tienen los recursos adecuados para manipular el ineficiente y corrupto sistema judicial, no la pasan mal.”. Es decir, los ladrones saben que solo una mínima proporción de los que delinquen son sancionados y, aún estos, salen pronto… y regresan a seguir haciendo lo mismo.
Otro botón de muestra: Luis Torres ha ganado en Tacna las elecciones para gobernador estando preso (con domiciliaria) por acusaciones de corrupción durante los tres periodos en que fue alcalde.
3) El triunfo de RLA es muy positivo porque evita que un aliado del gobierno (Urresti o Forsyth) ocupe el municipio, pero también muestra varias cosas. En Lima más del 80% rechaza al corrupto gobierno comunista de Pedro Castillo, pero los electores no asociaron eso con lo que estaba en juego en estos comicios.
La alta proporción de ausentes en todo el país refleja el desinterés y escepticismo de los ciudadanos, que votan con resignación y sin entusiasmo. En el caso de Lima, en los barrios más pudientes, se explicaría por lo mismo, pero también porque muchos creen erróneamente que nada va a cambiar en los próximos años. No son conscientes que lo que viene puede ser muchísimo peor.
Eso también muestra que el respaldo a la democracia fallida es ínfimo, y una solución radical probablemente no tendría oposición. La colección de delincuentes que se beneficia del actual estado de cosas serían los principales afectados.
En suma, los nuevos gobernadores y alcaldes, que ejecutarán el 70% del presupuesto de inversiones son iguales o peores que los anteriores, y esta vez cuentan con un gobierno central tan ineficiente y corrupto como ellos, que va a seguir dilapidando lo queda de los recursos del Estado con su complicidad.
Como es obvio, ninguno de los problemas que han quedado en evidencia nuevamente en estas elecciones puede ser resuelto en el marco de esta democracia fallida. Se requieren soluciones radicales para evitar que el país se siga desintegrando. Lampadia
Por: Carlos Basombrío
El Comercio, 5 de Octubre del 2022
“Sorprende que una designación que aumenta el riesgo de que un presidente desesperado intente un zarpazo autoritario esté pasando así de colada”.
Casi todo está dicho sobre las elecciones regionales y municipales. Me concentro solo en el impacto que tienen en el principal derrotado, el tambaleante Pedro Castillo.
Para empezar, desde su entorno trataron de estructurar para estas contiendas movimientos políticos nacionales auténticamente “castilistas”; a saber, el Partido Magisterial y Peruanos Como Tú. Ninguno logró reunir las poquísimas firmas que se requieren y mucho menos formar los comités provinciales y distritales necesarios. No llegaron ni al partidor. Tampoco Verónika Mendoza, su aliada, que tuvo que devolver Juntos por el Perú, el partido que le prestaron para el 2021.
A Perú Libre le ha ido pésimo en estas elecciones. Como le fue en las presidenciales del 2016, cuando Cerrón, estando en el rubro ‘otros’, decidió retirarse para salvar la inscripción del partido. Y es que lo que consiguió Castillo no es hechura de Cerrón, sino en mucho del azar. Jugando a ser un Robin Hood andino, que les quitaría a los ricos para darles a los pobres, logró ganar la primera vuelta con el 11% de los sufragios habilitados para votar. Si hoy se atreviera a repetir las astutas frases de su campaña (“no más pobres en un país rico” y “palabra de maestro”), los oyentes oscilarían entre la arcada y la carcajada.
Termina de caer el mito promovido por las diversas fracciones de la ultraizquierda de que detrás de ellos hay un pueblo movilizado que vibra por una nueva Constitución que refunde al Perú.
A este desastre electoral se le suma el desmoronamiento de Acción Popular (mérito de ‘Los Niños’ de Castillo) y que la plaza más importante, Lima, la haya ganado López Aliaga, de la oposición más dura.
Después del breve interregno electoral, la escena nacional se impondrá de nuevo. Y en ella, Castillo ha estado jugando sin éxito las pocas cartas que le quedan frente al avance de las investigaciones. Sus abogados han fracasado en todas las argucias legales para que su hija putativa pueda librarse de los 30 meses de prisión preventiva. Sus intentos por descalabrar al equipo especial de la PNP que apoya a la fiscalía han tenido un costo político elevadísimo y, hasta ahora, sin resultados.
Otro desastre para el inquilino precario de Palacio es que, según un manifiesto de vuelo de la FAP, “Lay Vásquez” estuvo en el avión que llevó a Castillo a Chiclayo, pero ya no en el de regreso. Todos leemos un “Fray” mal escrito, pero el Gobierno dice que la confusión era con un tal “Yoni”.
Según Carlos Paredes, en “Caretas”, citando a “fuentes acreditadas de la inteligencia policial”, de Chiclayo ese día Fray Vásquez siguió ruta hacia Ecuador protegido por el coronel Martín González (a) ‘Conejo’, exjefe de la Digimin. Que con él cruzaron a Ecuador, luego a Colombia, para, finalmente, recalar en Venezuela.
La extrema gravedad de esta denuncia no requiere mayor explicación. Y para Castillo, el hecho de que lo hayan puesto en evidencia es una confirmación de que, bajo un marco institucional democrático, no va a poder escapar a su destino. Por esa razón, me parece muy inquietante el tipo de control que está buscando en la Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú (PNP).
En el caso del Ministerio del Interior –por lo menos por ahora–, no se ha logrado la censura del ministro Huerta y este sigue dedicado a la no captura de los prófugos de la justicia. En cambio, es muy positivo que ya no se pueda cambiar hasta dentro de dos años al comandante general de la PNP, porque a todas luces la movida era poner al reincorporado general chotano a cargo de la Inspectoría, para que luego de expectorar a Harvey Colchado asumiese la comandancia de la PNP.
Lo ocurrido en el Ministerio de Defensa es mucho más peligroso. El nombramiento del general Barragán es el más reciente capítulo del intento de Castillo de controlar políticamente a las Fuerzas Armadas. Barragán es un etnocacerista del cogollo. Más cercano al recién liberado asesino de policías en Andahuaylas, no puede haber. Con el añadido de que Antauro, desde el año pasado, le ofreció a Castillo que él y solo él podía controlar a las Fuerzas Armadas.
Sorprende que una designación que aumenta el riesgo de que un presidente desesperado intente un zarpazo autoritario esté pasando así de colada.
El otro gran frente en el que la tormenta avanza es el de la fiscalía. De la mano de testigos protegidos y aspirantes a colaboradores eficaces, están abocados a la corroboración y contrastación de sus denuncias contra el propio Pedro Castillo y lo que queda libre de su entorno.
La grosera obstrucción de la justicia que incluye una sucia campaña de desprestigio de la fiscalía, a la par de la construcción de casos cada vez más sólidos, tendría como desenlace el pedido al Congreso de suspenderlo temporalmente (mientras duran las investigaciones), para que estas puedan realizarse sin el boicot permanente desde lo más alto del poder político.
Creo que en octubre no habrá milagros y el ‘prosor’ Castillo, que de seguro ha leído toda la obra de Oswaldo Reynoso, lo debe intuir.
¿Qué hará frente a ello? ¿Lo dejaremos hacerlo?
Por: Arturo Woodman
Expreso, 4 de Octubre del 2022
En la historia mundial y en la nuestra siempre han existido líderes radicales de derecha o de izquierda, que promovieron cambios importantes para mejorar su país, pero al tomar el control, al corto tiempo su radicalización los lleva a cometer actos en contra de los derechos humanos y respeto mínimo a la vida ocasionando, en la mayoría de los casos, la pérdida de su inicial apoyo popular y con el fin de mantenerse en su ansiado poder, terminan convirtiéndose en dictadores, aislados de su pueblo y olvidando los programas ofrecidos.
Estos gobiernos en muchas ocasiones terminan frustrados, ya que al final los ciudadanos prefieren los gobiernos democráticos con paz, desarrollo, servicios básicos y trabajo.
En el Perú tenemos claros ejemplos, en el año 1968 el general Velazco encabezó un golpe de Estado, nacionalizando importantes actividades, sin respetar la propiedad privada y destruyendo la agricultura. Posteriormente, en 1980, un líder sanguinario y oculto, Abimael Guzmán, promovió la destrucción, asesinato de autoridades y ciudadanos, destruyendo las infraestructuras, sosteniendo que esa era la manera de conseguir los cambios estructurales del país. Después de 12 años de terror, se le pudo apresar y condenar a cárcel perpetua, por haber promovido la muerte de 60 mil peruanos y miles de millones de dólares en pérdidas de infraestructura y continuas paralizaciones en el desarrollo del país. Finalmente, a los 86 años, murió encarcelado.
En nuestra región, tenemos varios ejemplos con algunas variantes, pero todos se iniciaron con el apoyo popular, habidos de cambios como en Cuba de Fidel Castro derrocando al gobierno militar de Fulgencio Bautista (1940 – 1959), y al tener discrepancias con los Estados Unidos llevó a su país al sistema totalitario, comunista, de aislamiento y pobreza, provocando un éxodo con muerte de familias con pequeños hijos, huyendo en deteriorados botes tratando de llegar con vida a pisar tierra americana. Fidel gobernó dictatorialmente por 68 años sin lograr prosperidad ni desarrollo para Cuba.
Con similares gobiernos radicales están Venezuela y Nicaragua, complicando su derecho a vivir en paz y democracia, produciendo dramáticos éxodos de millones de ciudadanos, en una clara muestra de radicalismo que inclusive los lleva a quitarles la vida, sobre todo en Nicaragua del exguerrillero Daniel Ortega.
Pero debemos mirar con atención el actual gobierno incompetente del presidente Castillo que quiere cambiar nuestra constitución y las currículas escolares, sin darse cuenta que lo básico para desarrollar el país es aceptar las inversiones y de acuerdo a la actual Constitución mejorar la justicia, salud y educación. Al no realizarlo estaría dando una preocupante cabida al ex militar y ex presidiario Antauro Humala, condenado por actos de insurrección y crímenes en Andahuaylas hace 20 años, quien no ha perdido su inicial apoyo popular al seguir ofreciendo cambios radicales en el país, que incluyen el fusilamiento de su hermano Ollanta, de los políticos corruptos y mañana podría ser por no estar de acuerdo con sus arbitrariedades ni radicalismo, llevando al país a un inaceptable gobierno del terror.
Finalmente, este domingo los electores le quitaron el apoyo al actual gobierno, votando por sus líderes para alcaldes y gobernadores regionales, quienes conociendo sus problemas, con sus atribuciones y presupuestos tienen la oportunidad de mejorar sus zonas y condiciones de vida de sus pobladores. En Lima ganaría Rafael López Aliaga, esperando amplias mejoras en la ciudad.
Feudalización
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Las elecciones del domingo pasado confirmaron la débil presencia de los partidos políticos en el territorio. No solo eso. Como podemos ver en el gráfico, luego de haber acortado la distancia con los movimientos regionales el 2018 gracias a la ley que eliminó la participación de movimientos provinciales y distritales, dejando solo a los propiamente regionales (departamentales), nuevamente se ensancha la diferencia y en esta ocasión solo el 36% de los alcaldes provinciales electos postularon por partidos políticos, y el 64% por movimientos regionales.
Es decir, la fragmentación política vuelve a incrementarse. Es la feudalización de la estructura política del país. Si a eso agregamos la existencia de -en algunos casos- 6 niveles de gobierno (comunidad, municipalidad de centro poblado, municipalidad distrital, municipalidad provincial, gobierno regional, gobierno nacional), tenemos una idea más clara del cuadro de disfuncionalidad e ingobernabilidad de nuestra estructuración política.
A esto agreguemos que los partidos políticos nacionales que han alcanzado cierta presencia en el interior son los menos ideológicos o programáticos.
El que más ha crecido ha sido Somos Perú que, como podemos ver en el cuadro siguiente, ha pasado de 9 alcaldes provinciales el 2018 a 27 en la actualidad.
Somos Perú aprovecha su logo poco contaminado para, en muchos casos, vender candidaturas. Mas que una tienda política es una tienda comercial.
Alianza para el Progreso tiene un carácter algo más orgánico, pero ha reducido en alguna medida su presencia.
Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, tiene muy poca incidencia fuera de Lima.
Acción Popular casi no existe no solo por el efecto Niños, sino porque presentó muchos menos candidatos que en la elección pasada debido a problemas internos. Como vemos en el siguiente cuadro, solo lo hizo en el 24% de las circunscripciones.
Y Fuerza Popular no alcanzó a ganar en ninguna provincia en parte también porque presentó también pocos candidatos, menos aún que Acción Popular: participó solo en el 11% de las municipalidades provinciales y distritales. Es decir, una mínima presencia. Fuerza Popular ha implosionado. La persecución judicial a Keiko Fujimori la ha debilitado al extremo.
Perú Libre, en cambio, si presentó candidatos en una cantidad mucho mayor de circunscripciones, pero sus resultados han sido muy pobres.
Ha colocado alcaldes en apenas 4 municipalidades provinciales.
En Junín, su cuna, no ganó ninguna municipalidad ni provincial ni distrital.
Ni siquiera en su distrito de nacimiento, Ahuac. Ni en su provincia, Chupaca.
Sí logró conquistar la municipalidad provincial de Cotabambas, donde está la operación minera Las Bambas, y en cinco de los seis distritos de esa provincia, lo que sin duda va a ser un problema para esa operación. Y logró poner al alcalde de Livitaca, en Chumbivilcas. Pero no triunfó en ninguna otra localidad del corredor minero.
La izquierda en general parece haber quedado muy disminuida. Los partidos de centro y derecha suman 67 alcaldes provinciales. Los de izquierda apenas 7. Lo que no tenemos es una clasificación de los movimientos regionales. Algunos, sin duda, son de izquierda, pero tenemos la impresión de que la mayoría han sido formados por empresarios locales u otros actores. Este análisis está por hacerse.
En general, es indispensable dictar leyes que permitan fortalecer los partidos políticos y su implantación en el territorio. Ello implicaría eliminar la participación electoral de movimientos regionales u obligar a que sean realmente regionales (tres o mas departamentos), o que participen dentro de los partidos políticos. Deberíamos aprovechar esta elección para iniciar un debate al respecto.
La descentralización en general debe ser revisada y reformada. Lampadia
José Luis Sardón[1]
A Alberto Benegas-Lynch (h), con admiración y afecto
Uno de los seis títulos de la Constitución Política del Perú se llama Régimen Económico. Este se subdivide en también seis capítulos, el primero de los cuales establece ocho Principios Generales:
Estas normas responden a la historia de nuestro país. En los treinta años previos a la promulgación de la Constitución, el Perú siguió un modelo de desarrollo estatista (1962-1992), que llegó a su paroxismo en los siete años del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975). En ellos, se establecieron todo tipo de empresas estatales; naturalmente, estas fueron mal administradas, y solo generaron déficit fiscal, inflación y pobreza.
Por el contrario, el actual régimen constitucional económico ha generado veinticinco años de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico (1994-2019). Gracias a haber constreñido la actividad empresarial del Estado, no se ha tenido déficit fiscal y se ha conseguido una moneda sana; a su vez, las empresas privadas y los mercados abiertos han asignado mejor los recursos del país. En esos años, la economía peruana se multiplicó por cuatro y los niveles de pobreza se redujeron sustancialmente.
El régimen constitucional económico peruano no ha fracasado, pero sí la estructura política que le debía servir de soporte. El Perú no ha conseguido tener una alternancia ordenada de partidos en el poder. A excepción del Apra (2006-2011), han llegado al poder partidos de ocasión. En los últimos cuatro años, el Perú ha tenido cinco presidentes de la República: Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti y Castillo (2018-2021).
Esta inestabilidad política ha comprometido los logros económicos.
El 2020, el Producto Bruto Interno peruano se redujo en 11%; consecuentemente, la pobreza volvió a los niveles que tenía hace diez años. Dicho costo —ocasionado por las medidas decretada frente al Coronavirus— no tuvo una compensación sanitaria. Según Our World in Data, el Perú queda primero a nivel mundial en muertes por Coronavirus confirmadas por millón de habitantes: 5,912.
Las políticas públicas son fruto de las decisiones de los gobernantes. Empero, una estructura política deficiente favorece que estos formulen políticas equivocadas. Los gobernantes no son una excepción al aserto de José Ortega y Gasset:
La respuesta al Coronavirus se dio cuando el presidente Martín Vizcarra no tenía al frente al Congreso. Él mismo lo disolvió el 30 de setiembre de 2019, alegando que tenía una mejor idea sobre cómo elegir a los magistrados que nos sustituirían en el Tribunal Constitucional; y, el Congreso extraordinario, que culminaría su mandato, aún no estaba instalado. Seguramente, la ausencia de control parlamentario contribuye a explicar el descalabro económico y sanitario del Perú del año pasado.
Empero, la disolución del Congreso fue apoyada por muchos ciudadanos e incluso una mayoría de mis colegas magistrados. Nada explica lo segundo, pero sí —al menos, en parte— lo primero. El 2016, el predecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, fue elegido presidente de la República; sin embargo, su partido obtuvo solo 16% de los asientos del Congreso. Esta situación generó un ambiente político muy crispado, que fue aprovechado por Vizcarra.
La experiencia peruana reciente nos recuerda la importancia de conceptualizar los fundamentos de la libertad económica en términos amplios.
Para tener un proceso de desarrollo sostenido, no bastan normas que la consagren. Ello es lo principal, pero no lo único. Además, se requiere normas que estructuren adecuadamente la interacción entre los poderes del Estado y la competencia política. En un escrito que data precisamente de la fecha en que se dio la Constitución peruana, Jon Elster afirmó:
Constitutions matter for economic performance to the extent that they promote stability, accountability, and credibility.
Para fructificar socialmente, la libertad económica tiene que perdurar en el tiempo. No puede ser flor de un día. Solo así genera incentivos adecuados para los agentes económicos en general y para los inversionistas en particular. La historia latinoamericana reciente ofrece los ejemplos de Chile y el Perú. Aquí y allá el crecimiento económico importante se registró cuando los gobiernos que establecieron la libertad económica fueron sucedidos por otros que la consolidaron en el tiempo.
El despegue económico de Chile data de 1989, cuando los gobiernos que sucedieron al régimen autoritario de Augusto Pinochet mantuvieron la libertad económica establecida por él.
Igualmente, el despegue económico del Perú data de 2001, cuando los gobiernos que sucedieron al de Alberto Fujimori preservaron la libertad económica establecida por su gobierno.
Empero, en uno y otro país el proceso de desarrollo económico no ha sido acompañado siempre de una estructura política adecuada.
En el caso chileno, la secuencia en que ocurren los hechos es elocuente. La crisis política estalla el 18 de octubre de 2019, un año después de que Chile abandonó el sistema de representación binominal, que fomentaba la conformación de dos grandes partidos en el Congreso.
En el caso peruano, no se tuvo nunca un sistema equivalente; así, la fragmentación legislativa siempre fue alta y se tuvo presidentes sin mayoría. Sin embargo, el caso extremo se dio el 2016 con Kuczynski.
No todo depende de la consolidación de un sistema de dos partidos. En los fenómenos económicos siempre inciden múltiples variables. En el Perú, la ausencia de un sistema de partidos fue suplida por las normas del régimen constitucional económico y su aplicación por el Tribunal Constitucional. En esto último, cabe destacar la insistencia de este en que las empresas estatales fueran creadas por ley del Congreso. Sin embargo, ello no ha sido suficiente.
La palabra “propiedad” no aparece en el texto original de la Constitución de los Estados Unidos de 1787; solo apareció en la Quinta Enmienda de 1791. Sin embargo, The Federalist explica que el propósito central de dicha Constitución es defenderla. Esa Constitución busca disponer las instituciones políticas de tal manera que se tenga gobierno limitado, para afirmar la propiedad frente a los impulsos autodestructivos incubados en una democracia pura. En un célebre ensayo, Mancur Olson afirmó:
El gobierno no crea el derecho de propiedad, pero, sin su reconocimiento y protección, este no logra institucionalizarse. Al mismo tiempo, no obstante, el gobierno puede convertirse en el mayor enemigo de la propiedad, como lo muestran la reforma agraria de 1969 en el Perú o el “corralito financiero” de 2001 en la Argentina, por mencionar solo dos ejemplos. Seguramente, los mayores asaltos a la propiedad han provenido de los propios gobiernos. El reto, entonces, es tener gobierno limitado.
Los Padres Fundadores de los Estados Unidos pensaron que una “república comercial extendida” requería ser sostenida por una estructura política combinada.
Esta comprende, por lo pronto, el sistema de dos partidos que deriva de la forma en que se eligen el Legislativo y el Ejecutivo. Este constriñe las alternativas ciudadanas, pero resulta indispensable para lograr el objetivo señalado, puesto que la fragmentación precede a la polarización, como explica The Federalist 10 y 68.
El tema central del diseño constitucional estadounidense, sin embargo, es la separación de poderes, explicada por The Federalist 47, 48 y 78. Esta puede haber sufrido distorsiones en el tiempo. El célebre voto singular del juez Antonin Scalia en el caso Morrison v. Olson señala la creación de los fiscales independientes. Empero, en términos generales, se mantiene firme desde 1787, contrastando con los sistemas parlamentarios europeos, en los que no existe, propiamente, dicha separación.
Para elegir al Legislativo y al Ejecutivo, los europeos tienen un solo voto, mientras que los americanos tenemos dos. Aquí, dividir el voto —split the ballot— es siempre una opción. En los Estados Unidos, sin embargo, la confrontación entre dos poderes elegidos encargados a dos partidos distintos funciona gracias a las elecciones frecuentes y escalonadas con que se renuevan dichos poderes, y al sistema de dos partidos mencionado.
Una Constitución económica no puede descuidar, pues, el diseño de las instituciones políticas. El Régimen Económico de la Constitución Política del Perú de 1993 fue muy bien pensado y puso frenos a la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, la misma Constitución descuidó brindar incentivos correctos a los agentes políticos; así, comprometió el proceso de desarrollo en el largo plazo.
Un trabajo reciente de Lucas Ghersi Murillo identifica quince normas de contenido económico en la Constitución de los Estados Unidos. La gran mayoría son prohibiciones al gobierno federal o a los gobiernos estatales, o atribuciones del Congreso. Dada la relevancia del asunto, este —integrado por los representantes directos del pueblo— es quien tiene las mayores responsabilidades. La atención primordial de ella, por tanto, está puesta en la manera cómo este se conforma.
En Latinoamérica en general y en el Perú en particular, falta no solo comprender mejor el rol del Estado en la economía sino también diseñar adecuadamente nuestras instituciones políticas. Lampadia
[1] Abogado experto en Derecho Público, árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y ex-magistrado del Tribunal Constitucional (2004-22). Este texto está tomado de: Federico N. Fernández y Jeremías Rucci (editores), Al maestro Dr. Alberto Benegas Lynch (h): homenaje de 65 autores, Buenos Aires: Grupo Unión / Fundación Internacional Bases, 2022.
Por: Milton Von Hesse
El Comercio, 2 de Octubre del 2022
Para generar bienestar social a la ciudadanía, es necesario que exista una buena planificación territorial, que los recursos sean administrados por personal capacitado y que se provea de servicios públicos de calidad.
Durante el presente año, de acuerdo a la Consulta Amigable del MEF, la explotación minera formal ha generado para los gobiernos regionales y locales recursos por casi S/10.000 millones que les fueron transferidos para ejecutar principalmente proyectos de inversión pública orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Dicho monto generado por la minería fue el más alto registrado al menos desde el 2007, habiéndose transferido desde entonces más de S/75.000 millones.
Estos importantes recursos transferidos a los gobiernos subnacionales han beneficiado más a aquellos gobiernos regionales y locales en cuyos territorios se ubican los principales yacimientos mineros del país explotados por empresas formales. Así, por ejemplo, los distritos que más canon y regalías recibieron en el período 2006-2021 fueron San Marcos en Áncash (Antamina), Ilabaya en Tacna (Southern Perú), Cerro Colorado en Arequipa (que se beneficia por las explotaciones de Cerro Verde, Buenaventura, Ares y Minera Batea), Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en Tacna (Southern Perú y Minsur) y Torata en Moquegua (Southern Perú-Cuajone). En el caso del distrito de San Marcos, que ha sido el mayor beneficiado, recibió en ese período el equivalente a más de S/600.000 por hogar, monto que hubiera sido más que suficiente para sacar a toda su población de situación de pobreza.
La pregunta que corresponde hacer es: ¿cómo le fue a la población que habita en estos distritos y territorios que más se beneficiaron de las rentas generadas por la minería comparado con el resto del país? En un estudio elaborado por Videnza Consultores se identificaron 10 distritos que más rentas provenientes de la minería recibieron en los últimos cinco años. Estos se ubican, principalmente, en las regiones de Áncash, Moquegua, Tacna, Cusco y Arequipa.
Para cada uno de ellos se presentaron dos tipos de indicadores: acceso a servicios (que son aquellos que nos muestran qué porcentaje de la población de dicho distrito tiene acceso a ciertos servicios básicos, como agua e Internet), y algunos indicadores sociales, como pobreza y anemia (que se refieren a qué porcentaje de la población está contenida en dichos atributos).
Lo que se muestra, en resumen, es que aquellos distritos con muchos recursos generados por la minería tuvieron, salvo las excepciones de San Marcos y Chavín de Huántar (ambos en Áncash), mayor acceso que el promedio de distritos del país. El acceso al agua potable en los domicilios es la brecha pendiente para cuatro de los 10 distritos analizados.
Respecto a los indicadores sociales, ocurre algo similar: seis de 10 distritos de altos ingresos se ubican con tasas de anemia superiores al promedio del país, mientras que tres distritos registran un logro educativo bajo también respecto del promedio de distritos en el país. Llama la atención particularmente el distrito de Chavín de Huántar, cuya situación de logros en términos de acceso a servicios así como de indicadores de educación y salud se encuentran mayoritariamente en el segmento inferior, a pesar de ser uno de los que más dinero de la minería recibe.
En otro estudio econométrico más amplio realizado hace unos meses, también por Videnza Consultores a solicitud de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en el que se analizó la eficiencia del gasto de todos los distritos que reciben rentas de la minería y se compararon con los que no reciben dichos recursos, se encontró que si bien había una diferencia pequeña y significativa estadísticamente respecto a acceso a infraestructura, es decir, se construían escuelas, centros de salud o sistemas de agua y saneamiento más cerca de la población, cuando se medía si dichas infraestructuras contribuían a tener personas más sanas, niños mejor educados o agua desinfectada en los hogares, no había ninguna diferencia versus los distritos que no las reciben. A partir de ahí, tampoco se encontraron diferencias significativas respecto a indicadores de bienestar como, por ejemplo, índice de desarrollo humano, ingresos de los hogares, nivel de pobreza y esperanza de vida al nacer.
¿Por qué no hace la diferencia para fines de mejorar el bienestar de la población de los distritos mineros tener mucho dinero o tener poco dinero para invertir en proyectos? En primer lugar, porque no existen visiones de desarrollo territoriales en los distritos (tampoco en las provincias ni en los gobiernos regionales) que los lleve a priorizar aquellas intervenciones que impactan más decididamente en la calidad de vida de la gente. Así, por ejemplo, desde el 2008 en adelante, dentro de los tres rubros de gasto más importantes registrados con recursos de la minería se encuentran la realización de estudios de preinversión en San Marcos (Áncash), la administración de la deuda interna en Ilabaya (Tacna) y la ampliación y equipamiento del estadio municipal en Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa (Tacna).
En segundo lugar, queda claro también que la combinación de personal público muy poco calificado con las tareas complejas que demandan los sistemas administrativos del Estado llevan a retrasos y malas ejecuciones. Según evaluaciones realizadas en la última década por Servir, se encuentra que apenas el 2% de los funcionarios a escala nacional que desarrollan la función de planeamiento en las entidades de Gobierno de los tres niveles tienen las capacidades adecuadas para desempeñar dicha función. En el caso de los que se encargan de la inversión pública y de las tareas presupuestales, dicho porcentaje es de 1% y 9%, respectivamente.
La tercera razón es la falta de transparencia y la corrupción alrededor del manejo de los recursos públicos. Es por ello que en aquellos gobiernos regionales y municipios que manejan la mayor cantidad de recursos son aquellos que registran la mayor cantidad de autoridades (gobernadores, alcaldes y altos funcionarios) procesadas y sentenciadas a escala nacional, siendo probablemente el caso de la región Áncash el más paradigmático. En cuarto lugar, la visión de la inversión centrada solo en la construcción de infraestructura y no en la provisión de servicios a los ciudadanos nos hace confiar en modelos de gestión obsoletos y caducos en al menos sectores tan importantes como salud, educación, y agua y saneamiento que no garantizan una calidad mínima de dichos servicios. Por esta razón, no solo la calidad de los servicios es mala a escala de América Latina y el mundo, sino que muchas veces su continuidad se ve interrumpida por la escasez de recursos para la operación y mantenimiento producto de modelos de gestión inadecuados y de la mala planificación presupuestal.
Es imperativo profesionalizar la gestión pública a partir de la carrera meritocrática, planificar el desarrollo de las regiones a partir de una visión estratégica de largo plazo para evitar la selección y ejecución de proyectos desarticulados, migrar hacia modelos de ejecución más eficientes y transparentes (PEIP, OXI, APP, compra de servicios), y dejar de lado la práctica frecuente de administración directa a escala de municipios que es la que más problemas y abandono de obras generan. Además, centrar la atención en la provisión de servicios y no solo en la infraestructura (modelos de gestión), y finalmente incentivar la participación del sector privado más allá de la construcción de la obra.
Por: Alejandro Falla
El Comercio, 1 de Octubre del 2022
“Hay personas honestas en el Estado que siguen trabajando para generar bienestar en la gente”.
Qué difícil es ser un servidor público y tratar de hacer las cosas bien en estas épocas. La función pública nunca ha sido fácil. Se ha hecho más difícil en épocas políticamente tan convulsas como las actuales, donde la meritocracia y la ética en el ejercicio de la función pública parecen importar poco.
Pese a todo, hay personas honestas en el Estado que siguen trabajando para generar bienestar en la gente. Los hemos visto en el proceso de vacunación o en el esfuerzo de los profesores de escuelas públicas por mantener “enganchados” a los chicos de comunidades del interior del país en medio de la pandemia. Son funcionarios públicos que no aspiran a algún beneficio personal por hacer las cosas bien. Están dispuestos a ir más allá de sus obligaciones para atender las necesidades de la gente. Lo hacen porque les hace feliz ver que su trabajo hace felices a otros.
El Premio a las Buenas Prácticas Gubernamentales organizado por Ciudadanos al Día (CAD) busca visibilizar a estas personas y reconocer sus esfuerzos. Es un concurso que se viene realizando desde el 2005. Este año han identificado 188 iniciativas que califican como una buena práctica.
Son varias las iniciativas premiadas. Destaco dos de ellas. La primera es la presentada por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Entregar subsidios económicos a la población vulnerable durante la época de la pandemia fue todo un reto.
Se debía hacer reduciendo el riesgo de contagio generado por la aglomeración de personas en agencias bancarias.
Aprovecharon las ventajas de las billeteras digitales para hacer las transferencias, lo que además contribuyó a la inclusión financiera de estos sectores. No dudaron en convocar y aliarse con al sector privado para lograr el objetivo. Yape, Tunki, BIM, Caja Los Andes y el Banco de la Nación fueron parte de este esfuerzo.
Destaco también la implementación del Registro Digital de Nacimientos por el Reniec que facilitó el registro de nacimientos durante la pandemia. De ser un trámite puramente presencial, se abrió la posibilidad de hacerlo de manera digital. De esta manera durante la pandemia se evitó el retraso en la inscripción que hubiera afectado el acceso a servicios de salud de los recién nacidos. La lista de buenas prácticas identificadas es bastante larga.
Los invito a revisarlas (https://premiobpg.pe/). Su lectura levanta el ánimo. Nos hace ver que no todo está perdido. Detrás de cada una de estas iniciativas hay gente muy valiosa. Es asombroso que sigan remando contra la corriente. Gracias a ellos, el barco se sigue moviendo.
Desde el sector privado hay que visibilizar y aplaudir estos esfuerzos para que continúen. Es una forma de “resistencia ciudadana” frente a lo que estamos viviendo.
Los gremios empresariales son los primeros que deberían hacerlo. Pese a la ineficiencia y evidencias de corrupción en varios lados, hay ganas y decencia en muchos servidores públicos. Muchos más de los que uno puede imaginar. ¡Ánimo!
Berit Knudsen
Para Lampadia
Pasados tres años del Golpe de Estado de Vizcarra que llevó a la disolución del Congreso, la corrupción, delincuencia, crisis política y desempleo siguen siendo las principales preocupaciones de los peruanos. La crisis política se agrava, según las encuestas, como consecuencia de esa golpeada economía familiar y el desempleo, reduciendo la confianza en los políticos. La población se impacienta ante la ausencia de soluciones y un Congreso que demuestra lo mismo.
Las promesas de campaña resultaron un engaño y las acciones de Castillo superaron todo lo malo que imaginamos. La población sufre las carencias por el aumento de precios y ausencia reactivación económica; pero este régimen dilapida los fondos del tesoro público, utilizando nuestros recursos para fines personales. Las empresas buscan recuperarse de la caída del 2020, otras no lo lograron, pero es indignante que los impuestos pagados con el esfuerzo de ciudadanos y empresarios se vean dilapidados.
¿Qué sucede con el Congreso? Sólo el 7% aprueba su gestión y considera al parlamento la institución más corrupta del país. ¿Por qué?
Porque está atestado por personajes con antecedentes, muchos sin preparación; porque no toman acciones, ni en casos de violación; porque eligen en la mesa directiva personajes de baja catadura moral que resultan presos, no sancionan a esos “niños” que ya no sabemos cuántos son; pero, sobre todo, no escuchan la demanda del pueblo que exige inhabilitar a Dina Boluarte y vacar a Pedro Castillo, para impedir la arruina del país. El 72% de los peruanos desaprueba a Castillo, 24 millones que exigen al Congreso el cumplimiento de la “Voluntad Popular”. ¿Es tan difícil entender?
Mas allá del debate en el hemiciclo, la oposición tiene la obligación de lograr consenso y persuadir a quienes avalen a este nefasto régimen. Las pruebas sobran, se multiplican con escándalos por corrupción y abusos de poder de toda índole. Resulta tan difícil explicar a esos parlamentarios que tarde o temprano este régimen caerá y que los cómplices de la corrupción sufrirán las consecuencias. ¿O prefieren un nuevo cierre del Congreso? Los parlamentarios, corruptos incluidos, se deben al Pueblo y ese Pueblo exige justicia. La Fiscalía de la Nación, institución que da la talla, deberá cumplir su mandato sin piedad con los traidores a la patria.
Los peligros se acrecientan. La liberación de Antauro Humala, indigenista radical y asesino de policías, parece rendir frutos al desgobierno. El nuevo ministro de Defensa Daniel Barragán, cómplice de Humala, y al parecer el comandante General del Ejército, avanzan con la estrategia para copar a las FFAA, desestabilizando no solo a la institución; sino al país entero. Las amenazas de Antauro podrían desencadenar manifestaciones violentas que afectarían la tranquilidad y la vida de los peruanos. Pero Castillo juega con fuego con esas tácticas, no distingue entre el bien y el mal, eso podría jugarle en contra.
Antauro en sus campañas anuncia la pena de muerte para los corruptos, incluyendo a su hermano. Amenaza con cerrar el Congreso, fusilando a todo funcionario que defraude al Estado por más de mil soles. En ese escenario Castillo y el Congreso correrían un grave riesgo, además de dejar desprotegida a la población entera.
Los peruanos no pierden las esperanzas, siguen trabajando por el Perú. Por ello, los padres de la patria, presididos por Williams, tienen que buscar una estrategia de solución. Los votos quedarán registrados, sabremos quiénes alentaron la corrupción y quedará constancia de esa complicidad. Castillo no debería durar mucho y la Fiscalía lo tiene claro, pero aparecen nuevos peligros. El Pueblo exige hechos, no solo palabras. Lampadia
Uri Landman
Para Lampadia
El fin de semana pasado los peruanos regresamos a las urnas para escoger nuestras próximas autoridades provinciales y distritales para los próximos cuatro años. Antes del cierre de esta edición, el candidato López Aliaga estaba primero en los resultados de Lima Metropolitana por un estrecho margen sobre el candidato Urresti. Si el conteo de los resultados fuera totalmente confiable, López Aliaga sería el próximo alcalde de nuestra ciudad. Pero como todos sabemos, los organismos electorales cayeron en manos caviares desde la época de Vizcarra y harán lo imposible para que Urresti se imponga como ganador. Si fuera por ellos, estoy seguro ya hubieran proclamado a Forsyth como ganador.
López Aliaga ha declarado en más de una oportunidad que de llegar a ser elegido alcalde de Lima, anularía los cientos de contratos de consultorías que paga la MML a la banda de caviares que tiene tomada la municipalidad desde tiempos de Susana Villarán.
Para que tengan una idea de los montos que manejan los caviares, basta considerar que desde el año 2016 al año 2020 (últimos datos que pude encontrar), la MML ha gastado en consultorías la obscena suma de ciento catorce millones de soles.
Creo que ya podemos entender la desesperación de la ONPE y del JNE en su intención de obstaculizar la candidatura de López Aliaga a como dé lugar.
Los que fuimos a votar, hemos sido testigos del sabotaje de la ONPE en contra de Renovación Popular, el partido de López Aliaga. Como ejemplo puedo mencionar que era difícil encontrar el símbolo de Renovación Popular (R) en la cédula, ya que estaba impreso en un color celeste claro sobre un fondo blanco. Tuve que buscar dos veces el símbolo antes de encontrarlo. No es un detalle menor. Piensen en las personas de la tercera edad que no tienen buena vista y que acuden a votar.
Si creen que este es un caso aislado o anecdótico, les presento otro ejemplo, esta vez del JNE. Con el desparpajo y doble moral que caracteriza a los caviares que han tomado el JNE, éste emitió una resolución en la cual el Jurado Especial Electoral del Callao determinó que la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, infringió el principio de neutralidad electoral al apoyar en un evento las candidaturas de Cluber Aliaga, al gobierno regional del Callao y de Angélica Ríos al municipio de Ventanilla. Según la resolución del JEE, la congresista Chirinos, intentó favorecer a los candidatos con el discurso que brindó, en del cual dijo sentirse honrada de estar con el “mejor candidato” para el gobierno regional del Callao.
Para los que piensan que la ley se aplica igual para todos, se equivocan. El pleno del Jurado Especial Electoral de Lima Centro, emitió una resolución casi de manera paralela, en la cual ellos afirman que la congresista de Cambio Democrático (ex Juntos por el Perú), Isabel Cortez, no infringió el principio de neutralidad electoral, al apoyar abiertamente al candidato de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, al haber participado en un acto público en la plaza San Martín. Ella declaró: “Sería un honor, y va a ser un honor, que nuestro candidato Gonzalo Alegría esté en el sillón municipal”. Según la convenida lógica de los caviares, “no se trata de una actividad oficial, y tampoco se acredita que la congresista haya actuado en el ejercicio de su función”. El pleno del JEE sostiene que Isabel Cortez no invocó su cargo de parlamentaria ni hizo mención alguna de sus funciones de legisladora.
Para explicarlo mejor, si eres de derecha está mal que apoyes a tu candidato, si eres de izquierda, todo está permitido.
Pero la doble moral de la izquierda no solamente se circunscribe al Perú, yo diría que es un movimiento regional. Aquí les traigo otro ejemplo.
Como sabemos, el fin de semana pasado también se realizaron elecciones en nuestro vecino Brasil. Los brasileros acudieron a las urnas para elegir presidente, 27 gobernadores, 513 diputados federales y un tercio de los 81 senadores. En una elección muy polarizada, la mayoría de encuestadoras le daba una gran ventaja al candidato de izquierda, el ex presidente y sentenciado por corrupción Lula da Silva. Según dichas encuestadoras, Lula da Silva, ganaría en primera vuelta con más del 50% de los votos válidos, con el presidente Bolsonaro en un lejano segundo lugar con el 36% de los votos. Sin embargo, con el 99% de los votos contados, el ex presidente Lula da Silva obtuvo el 48% de los votos, seguido bastante cerca por Bolsonaro con el 43% de los votos, lo que obliga a la realización de una segunda vuelta electoral el 30 de octubre.
Durante los días previos a la votación, el jugador más famoso de la selección brasilera y más importante del país, Neymar, mostró su apoyo por Bolsonaro. Ello le valió una lluvia de críticas y rechazo por parte de la prensa brasilera. Ante estos comentarios Neymar no se intimidó ante las críticas y respondió “Hablan de democracia y de muchas cosas, pero cuando alguien tiene una opinión diferente es atacado por los mismos que hablan de democracia”.
Lo que le sucedió a Neymar hace unos días, me trae a la mente el hostigamiento que sufrieron algunos miembros de la selección peruana de fútbol por parte de la ONPE en la campaña para las elecciones presidenciales del 2021. Según relató el jugador Raúl Ruiz Díaz, varios jugadores de la selección peruana que habían participado en una propaganda política, recibieron una carta de la ONPE firmada por Margarita Díaz Picasso (ahora funcionaria del Ministerio de la Mujer), exigiéndoles explicaciones sobre su participación en dicha propaganda contra el comunismo, de lo contrario se iniciaría una investigación sobre el tema. Esta carta, entregada previa al encuentro con Colombia, fue tan perturbadora para los miembros de la selección que perdimos el partido por goleada.
Creo que es iluso de nuestra parte pensar que las elecciones en nuestro país, ya sean las presidenciales o ahora las municipales, sean un reflejo de la voluntad popular. Tal y como decía el dictador y asesino ruso Stalin: “No importa quién vota, lo que importa es quién cuenta los votos”. Lampadia