Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 12 de Octubre del 2022

“No debemos trasladar la incompetencia de gestión pública a la actividad empresarial del Estado solo para viabilizar el sueño caviar y festinar los recursos de las empresas estatales con gastos superfluos, choferes, banquetes, viajes, etc.”.

Hay mucha confusión sobre la peruanización del apelativo político ‘caviar’, ya que ninguno de los aspirantes a caviar se siente identificado con él. Igual pasa con el corrupto, quien no percibe su corrupción como tal. Trataré de aclarar el concepto, aportando mi visión a la discusión.

Hace tiempo que la distinción entre derecha e izquierda en la política resulta obsoleta. Esto se debe a que el experimento comunista ha resultado reiteradamente fallido, ya que, lejos de eliminar la pobreza la multiplica, y solamente quienes gobiernan, gozan de exorbitantes y desproporcionados privilegios. A ellos en mi opinión, se les denomina caviares.

Surge así una clase política aspirante a caviar que postula una propuesta económica mixta, donde coexisten la iniciativa privada y la actividad empresarial del Estado, lo que difiere de la economía social de mercado, en la cual el emprendimiento privado asume el rol de generar riqueza y el Estado el de promoverlo, regularlo y fiscalizarlo.

Los aspirantes a caviar, justifican la actividad empresarial del Estado en los ‘monopolios’, refiriéndose al abuso de posición de dominio y desvirtuando la función de los organismos reguladores, quienes fiscalizan y sancionan dichos actos. A los aspirantes a caviar les parece insuficiente. Las posibles falencias de estos, entonces, no provienen del modelo económico, sino de una deficiente capacidad de gestión gubernamental.

No debemos trasladar la incompetencia de gestión pública a la actividad empresarial del Estado solo para viabilizar el sueño caviar y festinar los recursos de las empresas estatales con gastos superfluos, choferes, banquetes, viajes, etc. O peor aún con inversiones billonarias en inutiles refinerías de petróleo.

Los postulados políticos de buena fe, deben centrarse en mejorar la condición de vida de sus ciudadanos, procurando para ellos infraestructura social digna, educación y salud de calidad y orden público. Todo ello soportado por la libertad económica como modelo de creación de riqueza.

El cobarde discurso de odio que la familia Humala propala, es un ardid para ocupar un espacio radical en la política peruana y engañar así a la población con el cambio de constitución. Lo que el discurso prepotente y amenazante esconde, es a un aspirante a caviar con un desenfrenado apetito por poder y riqueza fácil, con impune corrupción, lujos y excesos, como los de Chávez, Maduro, Lula, Castro y todos los indeseables que traicionaron al pueblo con las mismas mentiras y engaños.

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 12 de Octubre del 2022

“Si Castillo fuera inteligente, estaría ya asilándose en las embajadas de Bolivia, Venezuela, Cuba…”.

Tras este martes tan vertiginoso, creo que Castillo ya está con las horas contadas. Por más indiferente, indolente, folclórico, cómplice o permisivo que sea el Perú actual, me es difícil creer que un presidente va a sobrevivir a una bien fundamentada acusación de encabezar una organización criminal, a que TODOS sus colaboradores palaciegos están por ir a prisión o estén prófugos, que hasta su esposa y cuñada estén por compartir celda en Santa Mónica, que esté directamente implicado en la destrucción de pruebas y que se haya probado que el mismo Castillo había comprado los votos –a lo Montesinos– de varios congresistas para blindarse frente a una vacancia.

Cierto es que no faltarán los indocumentados en algunas provincias que aún sigan respaldándole y que Castillo podría intentar apoyarse, dentro de tanta soledad política, en el Ejército a través de su incondicional comandante general Walter Horacio Córdoba Alemán (que en pocos días va a manejar los ascensos).

También Castillo tiene al secretario general de la OEA de su parte, pues Almagro anda por Madrid y, según cuentan, se ha manifestado aquí 100% a favor ante varios interlocutores de que Castillo se mantenga en el poder, siguiendo el libreto que el tipejo de Harold Forsyth le ha inoculado.

Pero Castillo lleva ya tanto plomo en el ala que la ley de gravedad le traerá a tierra, por más que algunos hinchas provincianos, un general adicto o el máximo funcionario de la OEA le apoyen.

Si Castillo fuera inteligente, estaría ya asilándose en las embajadas de Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua o México, porque la prisión inexorablemente le espera. Se ha quedado solo con su asesor Henry Shimabukuro y poco más.

Ya no tiene a nadie y pronto ni los mozos de Palacio le van a respaldar, salvo sus camareros Landa, Forsyth, Rodríguez Cuadros, Maúrtua y De Rivero, junto a su cocinero Kurt Burneo. Y Dina que entre en razón y entienda que ella tampoco tiene el más mínimo apoyo. Que renuncie y vamos ya a elecciones.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La denuncia constitucional presentada por la valiente Fiscal de la Nación, contiene imputaciones que comprometen directamente al presidente Castillo.

Patricia Benavides: ”Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal, resulta criminal y abominable” 

Aquí algunas de las denuncias de la Fiscalía:

• Pedro Castillo Terrones “planificó, organizó, dirigió y controló actividades criminales de la organización valiéndose de su posición de jefe de Estado”
• Se le acusa por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada
• La organización criminal dirigida por él tuvo como órganos operativos: el gabinete en la sobra, un órgano congresal, un brazo familiar, un brazo lobista, un brazo obstruccionista, y un brazo ministerial y de altos funcionarios.
  
  
• En el caso PetroPerú, “el investigado Castillo, habría recibido la suma de 2 millones de soles parte de Karelim López al través del secretario general Bruno Pacheco, como contraprestación de la influencia ejercida en los funcionarios y servidores”.
• “Luego de conseguir la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petroperú, el presidente Castillo recibió, por intermedio de Bruno Pacheco, un sobre de dinero con S/ 30 mil”
• “La presunta organización criminal, a través de su líder Pedro Castillo, habría ordenado quemar el cuaderno de ocurrencias de sus edecanes y la desaparición de cuatro celulares, en el contexto que se desarrollaba la diligencia de allanamiento en Palacio de Gobierno. Beder Camacho se encargó de desaparecer los celulares en la playa La Punta…”
• La presunta organización criminal también desplegó diferentes acciones destinadas a desprestigiar, amedrentar y obstruir las labores de la Fiscal de la Nación:
  • Desprestigio: Beder Ramón Camacho Gadea se habría comunicado de improviso con Hildebrandt en sus Trece, ofreciendo información sobre la señora Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas.
  • Amedrentamiento: “Seguridad del Estado detectó dron sobrevolando casa de fiscal de la Nación”
  • Obstrucción: “…al interponer denuncias penales contra la suscrita, por interpósitas personas, que mantendrían vinculación [directa y/o indirecta] contra los integrantes de la presunta organización y/o con congresistas de la República del partido político Perú Libre”

El presidente Castillo no puede permanecer en el cargo. 

Pero ¿es viable la denuncia Constitucional presentada por la Fiscal de la Nación? En buena cuenta ella argumenta en favor de una interpretación convencional del artículo 117 de la Constitución, que le permitiría al Congreso acusar al presidente de la República por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, pese a que esos delitos no están previstos en dicho artículo constitucional.

Sostiene que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por el Congreso de la República el 2004, establece en su párrafo 2 del artículo 30:  

“Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención”.

Asimismo, el párrafo 6 del mismo artículo referido señala que:

“Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de inocencia”. 

En buena cuenta, estas disposiciones permitirían inaplicar el art. 117 de la Constitución, que establece que solo se puede acusar al presidente por cuatro causales entre las cuales no figuran los hechos imputados. Natale Amprimo, sin embargo, sostiene que no es posible dar un salto conceptual de esa naturaleza. 

Pues, de otro lado, la propia Constitución establece en su artículo 57 que: 

“Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República”.

Y esto no ha ocurrido. Sin embargo, el constitucionalista Aníbal Quiroga sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subordinado las constituciones a la mencionada Convención, y que el orden interno de un Estado no puede ser invocado para incumplir un tratado internacional. Domingo García Belaunde, no obstante, argumenta que la modificación de la normatividad interna la debe hacer el propio Estado, no la Corte.  

Este será el dilema que tendrá que considerar la subcomisión de acusaciones constitucionales. 

Según el artículo 89 del reglamento del Congreso, “El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación”. 

Los miembros de la comisión permanente son 33. Significa que esa aprobación tendría que hacerse con la mitad más uno de 97 congresistas: 49. Una vacancia, en cambio, se aprobaría, como sabe, con 87 congresistas. Si fuera constitucionalmente viable, el camino de la denuncia constitucional resultaría más factible. Tomaría 3 meses. Lampadia

Por: Felipe Morris
Perú21, 11 de Octubre del 2022

“Muchas innovaciones no habrían sido posibles sin aportes de economistas”.

Siempre que hay una crisis económica o financiera, los economistas terminamos siendo duramente atacados, ya que son pocos los que logran anticiparlas con exactitud. La tarea de proyectar el desempeño futuro de la economía es lo que peor sabemos hacer. Por eso, las proyecciones se ajustan constantemente, generalmente a la baja. Pero lo cierto es que solo un porcentaje muy pequeño de economistas nos dedicamos a hacerlas. Hace unos años leí un excelente libro escrito por Robert Litan de Brookings Institution titulado The Trillion Dollar Economists, en el que describe cómo muchos aportes de economistas han terminado transformando nuestras vidas y el mundo de los negocios y resalta que el mérito de los economistas está en el valor de estos aportes y no en los aciertos o equivocaciones de aquellos pocos que se dedican a hacer proyecciones.

El libro es lectura obligada para aquellos que cubren temas económicos u opinan sobre economía. Litan analiza el impacto de las ideas de varios economistas o de otros profesionales, que, usando teorías y principios económicos, fueron fundamentales para lanzar nuevos productos, crear nuevas empresas o mejorar el desempeño de muchos negocios y áreas de actividad. De allí, el nombre del libro y del impacto en trillones de dólares de la aplicación de estos conocimientos económicos.

Muchas innovaciones no habrían sido posibles sin aportes de economistas, tales como (i) las distintas subastas que se utilizan en muchas empresas modernas, (ii) las políticas de precios diferenciadas donde los consumidores pagan precios distintos por un mismo producto, beneficiando a todos, (ii) la reducción en los costos del transporte, de las telecomunicaciones y del petróleo y gas al convencer a los gobiernos de la importancia de desregular los mercados, (iii) esquemas para acercar la oferta y demanda de donantes que permitieron un mayor número de trasplantes de órganos, (iv) los contratos de derivados financieros, la posibilidad de invertir en índices o los ETF, y otras innovaciones que han sido fundamentales para desarrollar los mercados financieros, (v) nuevas formas de análisis como big data o la validación de teorías a través de la experimentación directa (encuestas, focus groups, entre otras).

Varias industrias, productos e innovaciones se desarrollaron sobre la base de ideas de economistas o aplicando teoría económica. El beneficio no solo ha sido para las empresas, sino principalmente para los consumidores a través del desarrollo de nuevos productos y servicios o la importante reducción en sus precios mediante la aplicación de principios económicos. Bueno recordarlo en estas épocas de crisis.

Por: Fernando Rospigliosi
Expreso, 10 de Octubre del 2022

Una de las razones por las que los ciudadanos votan por candidatos deshonestos es probablemente porque la inmensa mayoría es informal, no paga impuestos directos y no les preocupa demasiado que las autoridades roben el patrimonio público, siempre y cuando reciban regalos o subvenciones –o crean que los pueden recibir- de parte de esas autoridades inmorales.

Ese es uno de los motivos que explica la elección de Wilfredo Oscorima con 42% como gobernador de Ayacucho, a pesar de que fue sentenciado por corrupción luego de ejercer ese cargo en dos periodos (en 2011 y 2015). O de Luis Torres en Tacna, que está preso (con detención domiciliaria) por acusaciones de corrupción durante su desempeño en la alcaldía en tres oportunidades.

En realidad, esto no es novedad. En 2014 Gregorio Santos fue reelecto gobernador de Cajamarca con 44% de los votos estando con prisión preventiva por corrupción. (Hoy está sentenciado a 20 años de cárcel). El 2018 Elmer Cáceres Llica fue electo gobernador de Arequipa con numerosas acusaciones de corrupción y violación. Hoy está en la cárcel con prisión preventiva.

La verdad es que a los electores parece no preocuparles que sus futuras autoridades sean conocidos ladrones, siempre y cuando tengan ofertas clientelistas. Total, el dinero público no es algo que les concierna. Uno de los motivos es que muy pocos en el Perú pagan impuestos directos, es decir, que hacen declaraciones impositivas al final del ejercicio y abonan a la Sunat el 30% -o algún porcentaje- de lo percibido.

La inmensa mayoría es informal. Y una buena parte de los formales son trabajadores de bajos ingresos a los que se les descuenta en planilla. Así, es una proporción minúscula que siente que el dinero que llena las arcas del Estado, y que las autoridades roban y derrochan, sale de sus bolsillos y que, por tanto, se preocupa cómo se gasta.

Por supuesto, todos los peruanos pagan impuestos indirectos. Pero eso nadie lo percibe. El IGV o el impuesto a los combustibles son parte de los precios y el ciudadano no los aprecia como tales.

Lo mismo ocurre, dicho sea de paso, con el Congreso. El Parlamento se creó precisamente para controlar el gasto del Gobierno, y era “un guardián que tenía buena vista y avaro, porque representaba a quien pagaba”. Pero con la extensión del sufragio “se convirtieron también en electores los que no tenían nada o tenían poco, aquellos que no pagaban”. Ahora los Congresos no son controladores sino aceleradores de gastos. (Giovanni Sartori, “¿Qué es la democracia?”).

Todo esto es mucho más peligroso y destructivo ahora porque en el gobierno está Pedro Castillo que “encarna intereses informales e ilegales”, que robustece la informalidad y destruye la meritocracia, reforzando el círculo vicioso que ahonda la división del país. (Jaime de Althaus, “El Comercio”, 8/10/22).

Como es obvio, se requieren soluciones radicales para romper este círculo vicioso y sacar adelante al país.

Por: Oswaldo Molina 
El Comercio, 10 de Octubre del 2022

“De lo contrario, la descentralización no logrará transformar los recursos en mayor bienestar para todos los peruanos”.

En unos comicios que poco interés lograron generar en la población, hace una semana, los peruanos hemos ido nuevamente a las urnas para elegir a nuestras autoridades regionales y municipales. Con un poco más de distancia, conviene entender por qué, para la gran mayoría de peruanos, el proceso de descentralización, que representaba una promesa cuando se inició hace 20 años, hoy solo los llena de frustración.

Primero entendamos de qué trataba la promesa. Frente al terrible centralismo característico de nuestro país, el proceso de descentralización se veía como una oportunidad para reducir las enormes brechas entre la capital y el resto de las regiones. ¿Por qué ciertas decisiones que afectan el destino de las regiones –clamaban con justicia los líderes de provincias– deben ser tomadas desde un escritorio en Lima? Y es que se esperaba que la provisión descentralizada de los servicios públicos, al estar la gestión más cerca de las necesidades locales, sería más eficiente que una centralizada.

Sin embargo, dos décadas después, esta promesa parece vacía. A pesar de los mayores recursos asignados para los gobiernos subnacionales –entre el 2007 y el 2022, por ejemplo, el presupuesto para inversión pública de este nivel de gobierno se ha cuadruplicado y este año duplica el presupuesto del Gobierno Central–, las distancias persisten. Basta con constatar las enormes disparidades que subsisten entre regiones. Así, el porcentaje de niños de primaria con rendimiento satisfactorio en lectura y matemáticas en Tacna es de 45,9%, mientras que en Loreto es solo de 3,8%. O veamos lo que pasa en Puno, donde 7 de cada 10 niños de entre 6 a 35 meses de edad sufren de anemia, cuando el promedio nacional es de cerca de la mitad y en las regiones con mejor desempeño de casi la tercera parte.

Lo que sí abundan, en cambio, son los ejemplos de ineficiencia y corrupción, cuyos rostros cotidianos son las obras paralizadas, la incapacidad de gasto y, cómo no, las autoridades procesadas judicialmente. A la larga, son esos titulares de periódicos o la imposibilidad de recibir un servicio público de calidad lo que termina mellando la confianza de la población.

Veamos algunas cifras para entender la magnitud del problema. Empecemos por los niveles de inversión pública, que siguen siendo muy bajos y heterogéneos. En el período 2010-2021, solo siete regiones han tenido un nivel de ejecución presupuestal mayor al 75%; es decir, en 18 regiones no somos capaces de invertir 3 de cada 4 soles presupuestados para construir postas médicas y mejorar escuelas, entre otras obras. No es gratuito entonces que el 43% de municipios manifieste tener necesidades de capacitación precisamente en formulación y evaluación de proyectos públicos.

No obstante, muchas veces, cuando se logran ejecutar, estos proyectos de inversión no llegan ni siquiera a buen puerto. A junio de este año, existen 1.978 obras paralizadas de gobiernos subnacionales (regionales o locales) valorizadas en S/19.837 millones. ¿Pueden acaso imaginar cuánto cambiarían las vidas de muchos peruanos vulnerables si esas obras de saneamiento o centros médicos dejadas a la mitad se culminasen? Y, claro, en medio de esta sospechosa torpeza, uno encuentra las largas sombras de la corrupción. Así, 21 de 25 gobernadores regionales elegidos en el 2018 registran procesos activos por delitos de corrupción y ocho no han podido culminar su gestión.

Frente a este panorama, queda clara la necesidad de discutir los avances y problemas de la descentralización y plantear cómo mejorar el actual diseño, que decididamente trasciende los nombres propios. Parece imposible poder discutir alturadamente sobre reformas en la actual coyuntura, pero no podemos proseguir con estos magros resultados (ya hemos desperdiciado lamentablemente muchos años de bonanza económica). Corresponde a la academia, los ‘think tanks’ y la sociedad civil debatir sobre posibles mejores caminos que el proceso de descentralización debe transitar, a la espera de oportunidades para ejecutar ordenadamente dichos cambios requeridos. Para no repetir los errores del pasado, debemos recordar los tropiezos que se tuvieron en el inicio de este proceso, en que no se pudo seguir siquiera el diseño planteado, y los problemas que ha acarreado la acelerada transferencia de competencias, independiente de las capacidades locales.

Con el actual esquema como base, debemos poder responder diversas preguntas abiertas que la actual situación nos plantea; como, por ejemplo, qué acciones concretas se pueden llevar a cabo para mejorar efectivamente el nivel de transparencia de las gestiones subnacionales, cómo alcanzar una asignación de recursos más equitativa entre regiones, cuál es el impacto en los incentivos para las potenciales autoridades locales de la no reelección y la falta de partidos políticos, cómo lograr reducir la alta atomización de gobiernos locales para generar economías de escala en los proyectos de inversión, cómo emplear convenientemente los recursos de inversión que no se pudieron ejecutar, entre tantas otras cuestiones que requieren una revisión profunda. Debemos, por tanto, conversar sobre la descentralización, más allá de los resultados electorales del momento. De lo contrario, la descentralización no logrará transformar los recursos en mayor bienestar para todos los peruanos en cada rincón de nuestro país.

Berit Knudsen
Para Lampadia

Luego del proceso electoral, es urgente mirar más allá de nuestros distritos, allá donde habitan las poblaciones más pobres y preocuparnos por la seguridad nacional, ya que evidentemente Castillo no tiene intenciones de resolver los problemas del país.

Castillo seguirá buscando levantar su deteriorada imagen, fotografiándose con cuanto personaje pueda ser utilizado, mostrando falso control y poder ante la población.

Pero otros personajes también apuestan por esa estrategia. Tal es el caso de Willy Huertas, ministro del interior que eludió la censura con lo que en lenguaje electoral sería un ausentismo del 22% y 9% de votos en blanco o nulos por parte del Congreso.  Ese ministro, que debería estar fuera de la cartera del Interior, evidencia desconocimiento sobre sus responsabilidades haciendo pública la visita del cuestionado embajador cubano, Carlos Zamora alias “el gallo”, fotos que luego fueron borradas.

Por esa embajada han desfilado múltiples personajes para rendir honores: el premier Aníbal Torres, el alcalde sustituto de Lima, Miguel Romero, no podía faltar el ministro Alejandro Salas que no pierde oportunidad para figurar y otros más. Pero el caso del ministro del Interior, responsable de la seguridad Nacional y políticas internas, es diferente y debería ser nuevamente cuestionado por sus coordinaciones con la embajada cubana.

Ningún embajador acreditado en el Perú tiene asuntos que tratar con un ministerio que maneja al servicio de inteligencia y con ello, información privilegiada. Mucho menos con alguien cuestionado por su conocida trayectoria como alto comisionado de la inteligencia cubana, vinculado con los irregulares hechos durante las últimas elecciones en Bolivia que culminaron con anulación de los comicios, la salida de Evo Morales y del mismo “gallo Zamora” del país.  Pero Zamora, que se despidió anunciando su retiro, sigue interfiriendo en el Perú.

Aunque los representantes de Cuba en la ONU hablen sobre libre determinación de los pueblos, equidad y justicia, es conocida en el mundo la dramática realidad del pueblo cubano.  Cuba acompañó a Venezuela durante todo el proceso de “toma del poder” desde sus inicios.  La fórmula era clara: “cuanto peor, mejor”.  Por esa vía se rodearon de quienes comulgaban con sus ideas, compraron voluntades o los extorsionaron. Es sabido también que, ante la ruina de Venezuela, Cuba utiliza a nuevos aliados para compensar su alicaída economía y su intervención en nuestro país no será gratuita.

Ante el fracaso de Castillo con las “rondas campesinas” como fuerza paralela, la táctica es liberar a Antauro Humala con dos objetivos: desestabilizar al país y utilizar los contactos de este asesino de policías para sus propósitos.

Antauro busca convencer a las poblaciones golpeadas por la crisis en las plazas públicas con su discurso agresivo y radical; pero evidencia poca preparación como autodenominado candidato presidencial fuera de esas tribunas.   Paralelamente intenta reclutar reservistas, compitiendo con el Militarizado Partido Comunista MPCP (ex Sendero Luminoso) quien busca enlistar a esos mismos licenciados en sus recientes pronunciamientos.

Mientras tanto, Castillo necesita mantenerse en el poder.  El nombramiento del aliado de Antauro, Daniel Barragán, como ministro de Defensa, los ofrecimientos a las fuerzas armadas para ganar voluntades de los reclutas y las visita durante las maniobras del ejército documentadas con videos, convenientemente acompañado por el comandante General del Ejército, Walter Córdova, manifiestan un plan organizado. Pero estas estrategias minuciosamente diseñadas, no parecen obra de Castillo.  ¿Habrán recibido asesoría externa? No sería de extrañar.

La intervención cubana es un hecho que no podemos seguir ignorando.  No todas las reuniones y maniobras políticas terminan con una fotografía, son labores de inteligencia y es a través de cuba que Cerrón mantiene su injerencia, aunque afirme haber botado a Castillo del partido.  Estamos alertados. Lampadia

Uri Landman
Para Lampadia

Uno de los grupos de comediantes más famosos de los Estados Unidos, activo desde los años 20 hasta los 70, fue “Los Tres Chiflados”. El equipo original estaba conformado por los hermanos Moe, Shemp Howard y Larry Fine. Se caracterizaron por desarrollar un humor absurdo y de comedia física. Durante su vida artística, realizaron 190 cortometrajes para Columbia Pictures. Además de los tres integrantes principales, a lo largo del tiempo, también participaron Curly Howard, Joe Besser y Joe DeRita, siendo Moe y Larry los miembros fijos del equipo durante más de 50 años.

Con la participación de los “Tres Chiflados Peruanos” (sin intención de ofender a los originales) y al estilo de una comedia de humor negro, la semana pasada se realizó la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima, durante la cual, su secretario general Luis Almagro, elogió a Castillo por su gestión de la agricultura del país.

Es una burla a los agricultores peruanos, que un cuestionado personaje como Almagro, elogie a un gobierno que no ha sido capaz, en tres ocasiones, de concretar la compra de fertilizantes para la campaña agrícola 2022-2023, condenando al país a tener una baja productividad y precios más altos para los alimentos en los próximos meses.

Almagro no solamente ha demostrado una ignorancia absoluta de la realidad peruana, sino que ha quedado patente su sesgo político izquierdista, al defender y apoyar al corrupto gobierno de Castillo.

Lo anterior, no nos debe sorprender pues Almagro ha declarado abiertamente ser admirador del dictador Hugo Chávez al destacar su “admiración por esa personalidad extraordinaria…siempre de paz y diálogo, de espíritu constructivo y mejor entendimiento político entre países”.

Fue también Almagro quien afirmó que era “discriminatorio” que no dejen participar a Evo Morales en su cuarta reelección, a pesar de haber perdido un plebiscito mediante el cual quiso habilitar su participación, al estar prohibido constitucionalmente.

El gobierno actual, como todo régimen comunista inepto y corrupto, necesita el apoyo de funcionarios públicos sin principios ni valores. Es aquí donde entran en escena los “Tres Chiflados Peruanos”.

El canciller César Landa, quien regresó a la cancillería después del breve paso de Miguel Ángel Rodríguez, ha sido un acérrimo defensor del discurso que pronunció Castillo en las Naciones Unidas el mes pasado, en el cual entre otros disparates, anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la inexistente República Árabe Saharaui Democrática (poniéndonos en difícil situación con Marruecos); el apoyo al reclamo argentino de soberanía en las Malvinas (enfrentándonos con nuestro socio comercial Inglaterra) y anunciando la apertura de una representación peruana en Palestina (antagonizando con nuestro socio en temas de tecnología y agroindustria, Israel). Todo lo anterior como parte de un discurso en el cual se victimiza, acusando a la oposición de golpista y desestabilizadora.

El segundo personaje digno de mención, es Rodríguez Cuadros quien renunció irrevocablemente a su cargo como representante del Perú ante la ONU, para luego retirar su renuncia cuando fue repuesto el canciller Landa. ¿Será tal vez que Rodríguez Cuadros no quería perder su jugoso sueldo de más de treinta mil dólares mensuales como representante del Perú ante la ONU? No me sorprendería en lo más mínimo. Recordemos cuando Rodríguez Cuadros fue designado representante del Perú ante los Organismos Internacionales en Ginebra y alquiló a nombre del estado peruano, una modesta casita por la cual todos los peruanos teníamos que pagar la obscena suma de treinta y cinco mil dólares mensuales de alquiler. Tal fue la indignación generada por dicho despilfarro de dinero, que Rodríguez Cuadros fue removido de su puesto.

El último personaje que completa el trío de los “Tres Chiflados Peruanos” es Harold Forsyth. Él también retiró su renuncia irrevocable al cargo de representante del Perú ante la OEA, cuando fue repuesto el canciller Landa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quisiera recordarle a Forsyth que él no trabaja para Castillo, ni es Castillo quién le paga su jugoso sueldo. Él trabaja para el Perú y somos todos los peruanos quienes le pagamos su sueldo de funcionario público. Es su deber, entre otros, responder a la prensa cuando así lo amerita.

Ante la consulta de un periodista de Willax sobre el discurso en la ONU de Castillo, donde se le preguntó: “¿Quién le elabora los discursos en el extranjero dónde se victimiza?”, el diplomático Forsyth perdió los papeles y le contestó groseramente al periodista “Eso podemos preguntarle al señor que esta allá, Simón Bolívar”, refiriéndose a la estatua del libertador frente al Congreso del Perú. El diplomático Forsyth tendría que aprender a ser más diplomático.

Como vemos, los regímenes corruptos siempre encontrarán personas sin escrúpulos ni valores que estén dispuestos a ser parte de ellos, con tal de tener sus cinco minutos de gloria y por supuesto recibir un jugoso sueldo. Estos personajes tratan de darle la legitimidad que el pueblo les niega ante su ineptitud y corrupción.

Pero “Los tres Chiflados” no son los únicos. Castillo ha nombrado como ministros de estado a personas sin ningún tipo de capacidad o experiencia en la función pública. Siento vergüenza ajena cuando escucho las declaraciones de algunos de ellos como el ministro de justicia Félix Chero o al ministro de trabajo Alejandro Salas que, en lugar de dedicarse a facilitar la creación de puestos de trabajo formales, fungen las veces de lustra botas de Castillo.

Termino mi artículo usando una frase de Moe Howard de “Los Tres Chiflados”, que más bien se la podríamos atribuir a Castillo:

“Encontrar amistades con tu mismo desorden mental…no tiene precio”.

Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de octubre de 2022
Para Lampadia

Los testimonios de pacientes maltratados son cada vez más frecuentes y recurrentes. Casi todos los días, medios de comunicación radiales, televisivos, escritos y digitales dan cuenta de ello. Es verdad… el maltrato viene de tiempo atrás, pero también es verdad que el problema va de mal en peor.

Me refiero a los servicios que brindan los hospitales y centros de salud del Estado: Ministerio de Salud (MINSA) y Gobiernos Regionales, Seguro Social (EsSalud) y Fuerzas Armadas y Policiales. ¡Ningún sistema de salud pública se salva! ¡Todos tratan muy mal a sus pacientes! ¡Una crueldad de aquellas, por tratarse de personas enfermas, adoloridas y encima… pobres!

En efecto, los denominadores comunes del sistema de salud pública peruano son: crueldad, injusticia, indolencia, maltrato, abuso… y todo lo demás.

¡Cómo calificar – si no – a las interminables colas de amanecida que tienen que hacer los pacientes, para ver si buenamente son atendidos!

¡Qué decir de los tiempos – generalmente meses, y hasta años – que tienen que esperar para recibir una atención, que – para colmo – es mala!

¡Cuántos pacientes mayores – o graves – mueren en el ínterin, sin recibir ninguna atención hospitalaria!

Seamos sinceros… salvo muy contadas excepciones, la salud pública en nuestro país es lo peor de lo peor.

Pues bien – a diferencia de lo que muchos piensan y dicen – el problema no es por falta de presupuesto, ni por falta de infraestructura hospitalaria o equipamiento médico. Tampoco es por falta de médicos, especialistas, enfermeras y demás. Y menos, por falta de medicamentos o insumos. El problema de los pésimos servicios de salud pública en nuestro país es MORAL.

Sí. La CORRUPCIÓN es la madre del cordero. Sin embargo, aclaro. En el Estado hay muchos médicos, enfermeras y profesionales de la salud estupendos, abnegados, brillantes, compasivos y eficientes. Ellos no son el problema. Al contrario. ¡Un aplauso y gratitud total para todos ellos! El problema son los otros… los corruptos, indolentes, crueles, coimeros, ladrones y demás. Yo puedo dar fe de ello. Los vi con mis propios ojos – y los combatimos y sancionamos – durante nuestra gestión en el Gobierno Regional de Ica en el período 2015 / 2018.

La mejora significativa de los servicios de salud pública en Ica fue uno de los mayores logros del Gobierno Regional, de aquel entonces.

Desde que asumimos la gestión, convocamos a los Gerentes Públicos más calificados del país, para ocupar los cargos de mayor jerarquía de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ica y en los hospitales y centros de salud de la región. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) fue determinante en aquel gran logro regional.

Aparte de las mejoras en la alta dirección de los hospitales y centros de salud, la ciudadanía fue testigo de la objetividad y profesionalismo con que llevamos a cabo los concursos para la contratación de los profesionales de la salud. Todos los iqueños pudieron constatar nuestra firme determinación de acabar con el clientelismo político, ventas de puestos y / o asignaciones de puestos de favor, que tanto daño le hicieron a nuestra región en las gestiones anteriores… y que – lamentablemente – han vuelto con la gestión actual.

Fueron precisamente esos funcionarios rigurosamente preparados y calificados por el programa SERVIR, y los profesionales que ganaron en buena lid sus puestos en nuestros centros de salud, los que llevaron a cabo aquella verdadera revolución silenciosa que propició la mejora de la atención de nuestros pacientes.

Aunque parezca mentira, en Ica cuadruplicamos las atenciones de consultas externas, eliminamos las colas, y mejoramos sustancialmente la calidad y eficacia de las atenciones hospitalarias… sin aumentar el presupuesto. Incluso, en el 2018 controlamos totalmente la epidemia de Dengue que – fatalmente – está nuevamente de vuelta, de la mano de la mafia regional que también está de vuelta. ¡Oh corrupción en salud… cuántas muertes y desdichas podemos contar en tu nombre!  

Ahora bien, los logros mencionados anteriormente, solo se pudieron alcanzar en tanto tuvimos éxito en la lucha continua y desgastante contra la corrupción en el sector. Además – como no podía ser de otra forma – la ciudadanía jugó un rol decisivo en la mejora de la salud pública en la Región Ica. En efecto, la participación de pacientes y familiares en la evaluación de los servicios de salud, dio frutos muy valiosos para identificar a los corruptos y / o maltratadores.

Moraleja: Sí se pueden mejorar los servicios de salud pública en todo el país. Para ello hay que quitarles las competencias a los políticos corruptos.

“Despolitizar” la salud… esa es la idea. El MINSA y los Gobiernos Regionales no deben gestionar ningún hospital o centro de salud. Hay mucha corrupción en ellos. Más bien, hay que profesionalizar – y autonomizar (tipo BCR) – la salud pública en nuestro país.

Por otro lado, hay que terminar con el monopolio de EsSalud y forzarlo a que compita con otros proveedores. Los trabajadores – léase, los aportantes – deben elegir libremente los servicios de salud de sus preferencias. Lo mismo hay que hacer con los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ciertamente, hay que integrar todos los sistemas de salud para lograr la tan mentada “interoperabilidad”. Pero de verdad… ¡no de la boca para afuera!

En Ica – en el período 2015 / 2018 – mejoramos mucho los servicios de salud. Fue una experiencia maravillosa, apasionante y – sobre todo – muy tierna y digna. Y repito… todo fue cuestión de eliminar la corrupción y la crueldad en el sector. El hecho es que ¡sí se pudo! Lampadia

Por: Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación
El Comercio, 9 de Octubre del 2022

“Es necesaria la investigación para develar aquello que se oculta y para evitar la impunidad”.

Una de las amenazas más serias que enfrenta la democracia es la corrupción en el poder, no solo por el impacto negativo que genera el desvío de ingentes cantidades de recursos para el beneficio particular de algunos pocos, sino también porque defrauda la confianza ciudadana en el régimen democrático, dañando la gobernabilidad y las bases institucionales del Estado de derecho, y perjudicando, de esa manera, el desarrollo y el futuro nacional.

Durante la historia parece haberse creado una relación perversa entre el ejercicio del poder y la corrupción. Lamentablemente, en nuestro país, se viene produciendo una suerte de “normalización” de la corrupción, casi una costumbre y aceptación, que se remonta a la época colonial, como lo explica Alfonso Quiroz en su clásico libro “Sobre la historia de la corrupción en el Perú”. Al parecer, quienes así perciben esa práctica delincuencial no logran comprender que quienes pagamos el costo económico y moral de la corrupción somos todos los ciudadanos y, en especial, los más pobres. Según un último informe de la Contraloría General de la República, la corrupción pública significó en el 2021 una pérdida de más S/24 mil millones. Por ejemplo, de los más de 216 mil fallecidos por la pandemia del COVID-19, muchos hubieran podido salvarse si hubiéramos contado con todos los hospitales que se quedaron a medio construir, producto de la corrupción; si no hubieran faltado camas UCI, oxígeno, medicamentos, etc. Ese es el efecto práctico y mortal que puede llegar a alcanzar la corrupción en nuestras vidas.

Ellos tampoco advierten el gravísimo riesgo que representa para la democracia la vinculación de la corrupción con el crimen organizado, que utiliza sus ganancias ilícitas no solo para insertarse en la economía nacional, a través del lavado de activos, sino también para pretender introducirse e instalarse cada vez más en las esferas del poder político. Es aquí donde ubicamos la denominada “corrupción en el poder”, que es más peligrosa, debido a que los funcionarios involucrados tienen mayor capacidad de información y posibilidad de influir en el uso del aparato estatal para sus fines delictivos.

Así pues, la corrupción en el poder se caracteriza, siguiendo a Díez-Picazo, porque “bien para cometer el delito, bien para evitar que sea investigado y perseguido, sus autores pueden disponer de medios jurídicos, económicos, humanos y tecnológicos que son privativos del Estado”. Esta capacidad perniciosa genera una crisis del proceso penal de los países democráticos, tal y como destaca Gómez Colomer. Por esa razón, los países a nivel mundial buscan implementar mecanismos para prevenir, detectar y castigar la corrupción; y ese propósito ha sido plasmado en los textos constitucionales y las leyes, así como en los diversos compromisos internacionales vinculantes, como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, entre otros, que nos exigen implementar una estrategia para luchar activamente contra la corrupción.

En esa línea, ¿cuál es la misión del Ministerio Público y, en especial, de la Fiscalía de la Nación? Nuestra misión es luchar contra la corrupción desde el ámbito constitucional y legal, basándonos en los hechos y no en las personas. Para el cumplimiento de esa tarea fundamental es indispensable el respeto a la autonomía del Ministerio Público; sin embargo, somos conscientes de que muchas veces debemos enfrentar intentos de presión, intimidación y campañas de desprestigio y descalificación orientadas a obstruir el avance de las investigaciones.

Desde el inicio de mi gestión como fiscal de la Nación, he decidido enfrentar la corrupción en el poder de una manera frontal. El poder es otorgado a los funcionarios para servir y no para lucrar o aprovecharse de él. Nada puede socavar más el orden democrático de una sociedad que la corrupción enquistada en el poder y ejercida desde este. El Estado de derecho se afianza y fortalece cuando existen instituciones autónomas capaces de contrapesar el poder y de ser necesario investigar cuando se hace un mal uso de este, pero requerimos de una investigación moderna, con las técnicas especiales contra el crimen organizado, pero, sobre todo, con el respeto de la independencia de los órganos investigadores.

En nuestro caso, el Ministerio Público tiene el mandato constitucional de investigar el delito, y no vamos a claudicar en ese deber. Sabemos, como nos enseña el papa Francisco, que “el corrupto no acepta la crítica, […] ataca con el insulto a quien piensa de modo diverso. Si las relaciones de fuerza lo permiten, persigue a quien lo contradiga. […] El corrupto no percibe su corrupción”.

Por eso, es necesaria la investigación para develar aquello que se oculta y para evitar la impunidad. Aquí radica el cumplimiento del mandato constitucional de la Fiscalía de la Nación y la razón principal de la lucha frontal contra la corrupción en el poder, con orden, firmeza y celeridad, caiga quien caiga y pese a quien le pese, por el bien de la democracia y el Estado de derecho.

Por: Fundación para el Progreso
Youtube

Los reyes, antiguamente, eran amos y señores. Muy pocas veces tenían que consultar a más personas sobre qué hacer o deshacer. Todo el poder estaba en sus manos. El llamado «absolutismo monárquico», fue la expresión más clara de esta concentración del poder.

Esto era así hasta que aparecen las revoluciones liberales, como las que se produjeron en el Reino Unido y, luego, en las colonias británicas que existían en América del Norte. Éstas empiezan a exigir derechos de las personas que debían ser siempre respetados y rompen así con la concentración del poder.

La Constitución debe permitirnos vivir con amplias esferas de libertad, desconcentrando el poder y limitando a quienes nos gobiernan, de manera de no quedar sometidos a su total voluntad.

Video aquí 👉 https://youtu.be/ROLbfKy6nuQ

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia 

Acabamos de concluir un proceso electoral regional y municipal que ha traído un resultado plebiscitario, a menos de un año y medio de la elección de Pedro Castillo. El partido de gobierno no ha alcanzado ni a 1.5% de los votos emitidos, de modo que la monserga de que “es el partido que representa al pueblo”, no es más que eso, una monserga.

No es sólo que, Cerrón, Castillo y su gente han desaparecido, sino que no ha quedado ni la sombra de lo que pretendían representar.

Acción Popular y sus niños, han sido debidamente castigados por delincuentes y sinvergüenzas, al igual que Podemos y Somos Perú.

Otro tanto habría que decir de los Morados, quienes, hasta hoy, nadie explica por qué mantienen su registro como partido político.

Hay algunos mensajes que debemos leer y reconocer de estas elecciones regionales y municipales:

• En primera instancia, que ninguno de los “partidos” que participaron, son realmente organizaciones políticas debidamente estructuradas.
• Que Perú Libre, el grupo magisterial y otros que se desmembraron de la bancada que los llevó al congreso, no son ni siquiera un holograma en la política peruana y no representan a nadie.
• Que hizo bien Fuerza Popular en, prácticamente, desaparecer del espectro en estas elecciones, presentando pocos candidatos y dejando el espacio a agrupaciones afines.
• Que los que están en el juego político, aún no comprenden que todos debemos sacrificar ambiciones políticas personalistas y ponerse a trabajar en la conjunción de ideologías, seleccionando candidatos de consenso, dentro de un frente organizado de partidos.
• Que fue un poema ver cómo los delincuentes que han tomado Acción Popular, han sido castigados por la ciudadanía. Aunque estoy seguro, que se aferrarán al mendrugo de pan que les queda y no enmendarán rumbos.
• Que Alianza para el Progreso se ha desinflado y no ha sido capaz de ganar ni el 50% de las posiciones que tenía y menos la municipalidad de Trujillo. Aunque su máximo exponente haya logrado el gobierno regional de La Libertad (su premio consuelo), con plata como cancha, obviamente.

Dicho esto, es una pena que la incapacidad para razonar de algunos ciudadanos de nuestras comunidades alto andinas, particularmente las más cercanas al corredor minero del sur, los haya llevado a votar y generar una concentración de alcaldes distritales opositores a la minería, en esa zona, donde más potencial y oportunidades de crecimiento de inversión y producción minera tenemos.

Igualmente, es preocupante que la población esté tan dispuesta a votar por: delincuentes sentenciados, prontuariados y gente que, habiendo ocupado cargos públicos, ha tenido que cumplir pena de cárcel por robo o cohecho durante su gestión de gobierno.

Es impresionante ver cómo en Ayacucho han sido capaces de votar masivamente por Oscorima, al igual que en todo el Perú, donde han votado por una multiplicidad de impresentables. Baste mencionar que 333 mil ciudadanos, en Lima, han sido capaces de votar por Alegría de Juntos por el Perú (JP), pero más grave aún, es que ese partido se haya atrevido a postularlo, sin asumir responsabilidad por tamaña falta.

Es igualmente impresionante la cantidad de nuevos gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como de regidores de los tres estamentos, con procesos judiciales y sentencias emitidas que, a pesar de todo, han resultado elegidos. ¿Cómo es esto posible? Sólo en el Perú.

Lo más evidente e indignante es que, en las regiones, sus provincias y distritos, se concentra esta “tolerancia” a la corrupción, especialmente en los movimientos regionales. Las organizaciones criminales lideradas por esos bribones, que han hecho del robo al Estado su modo de vida, han aprendido a constituir “movimientos políticos regionales” (que es más fácil que registrar partidos políticos nacionales), para acceder al poder. Lo cierto es que, en ese proceso ya llegaron a tomar las riendas del gobierno central y a generar un control negativo del Congreso.

Por todas estas razones, debemos limitar la participación política, para que se dé únicamente a través de partidos políticos nacionales.

Igualmente, debemos impedir que, una vez concluidos los procesos electorales nacionales, se pretenda crear nuevas bancadas al interior del congreso. Si algún congresista tiene discrepancias ideológicas con el partido que lo llevó al Congreso, éste debe renunciar y ser reemplazado por su accesitario o, alternativamente, pasar a ser un congresista no agrupado, pero de ningún modo se puede permitir crear más bancadas que las constituidas vía las elecciones. Ya hoy en día y, a poco más de un año en funciones, tenemos congresistas que han cambiado de bancada más de una vez. Eso es una burla al elector, quien con su voto respaldó una determinada oferta electoral y no necesariamente a algún candidato, a quién probablemente ni conoce.

En esencia, debemos:

• Adecentar la política.
• Impedir que la delincuencia se enquiste en el aparato del Estado vía elecciones.
• Reducir el número de agrupaciones políticas, de forma tal que la oferta política electoral, responda a propuestas ideológicas y programáticas, en lugar de a personas o intereses dolosos.
• Asegurar que el acceso a candidaturas, requiera un nivel de preparación académica y experiencia profesional, compatibles con las funciones que se pretende asumir.
• Impedir que los sentenciados puedan acceder a cargos por elección, lo que debe también ser un impedimento para ser designado funcionario público.

Pero, sobre todas las cosas, es fundamental la madurez de los partidos, para trabajar candidaturas de consenso, estructurando frentes de partidos y eliminando los personalismos, ya que sólo podremos avanzar, mientras no se genere fragmentación entre grupos de oferta política similar.

Ahora pues, ante la verdad monolítica de los resultados electorales, la desaparición de los partidos de izquierda que se arrogaban la representación del pueblo, tenemos la oportunidad de regresarlos a su sitio y combatir la corrupción, que es el verdadero leitmotiv de esa gente.

Debemos trabajar urgente en estas rectificaciones a nuestro sistema de gobierno y gobernanza, caso contrario, seguiremos teniendo más de lo mismo y sin remedio. Lampadia