Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La ciudadanía está observando un sinnúmero de propuestas y proyectos de Ley que, sinceramente, cuando las leemos, parecieran chistes de mal gusto. Peor aún, cuando vemos y oímos a los congresistas que las defienden, uno no sabe si tienen claros los conceptos de los que están hablando y tienen la base técnica y conocimientos profesionales suficientes para acometer los temas que están tratando y discutiendo. Debo confesar que, han logrado exceder mi capacidad de ser sorprendido, pues es claro que sus argumentos no son coherentes.

Leía hoy en el periódico que, el “Presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República” indicaba a la prensa que, el proyecto de ley para el “Retiro de los Aportes a la ONP” venía siendo revisado exhaustivamente porque, decía, “estamos siendo bastante responsables y no podemos emitir algo sin sustento”.

Por otro lado, leía una propuesta de FREPAP para que se otorgue un “bono de reconocimiento” a los aportantes de la ONP, en situaciones extraordinarias como esta pandemia, que les permita superar la situación.

En defensa de los señores congresistas debo decir que, los únicos requisitos para ser elegidos como representantes al Congreso son; ser peruano de nacimiento y tener 25 años de edad. Consecuentemente, ellos no tienen la culpa de llegar a asumir esa responsabilidad sin los conocimientos y preparación necesaria. Aquí tiene el poder ejecutivo una grave responsabilidad.

Es el poder ejecutivo quien debe interactuar intensamente con los señores congresistas, comisionar a funcionarios y asesores de los distintos ministerios para discutir las mejores opciones legales con las distintas comisiones del congreso y explicar las consecuencias de las distintas opciones legales que cada partido y sus representantes puedan finalmente decidir.

Esa misma tarea educativa y de difusión debe hacerse con la ciudadanía, pues desde el congreso se legisla sobre los derechos ciudadanos y, en casos como estos, el ciudadano tendrá derecho a optar. En consecuencia, también debe estar preparado para tomar sus decisiones de manera bien informada.

En los casos que menciono, nadie se ha tomado el trabajo de hacerle saber a los señores congresistas y analizar con ellos que, el sistema de pensiones manejado por la ONP, es un sistema de reparto, en el que, los trabajadores activos aportan una contribución a la ONP para ser distribuido mensualmente entre los jubilados quienes, en su tiempo, aportaron a esta misma entidad o al Sistema Nacional de Pensiones de su época. Aquí nadie tiene una cuenta de acumulación personal con fines previsionales y, consecuentemente, no tiene propiedad alguna que reclamar.

De otro lado, nadie les ha explicado que el “bono de reconocimiento”, es un título que da derecho a su usufructo sólo el día que uno se jubila.

Está muy mal que, desde el Estado, no se haya hecho el menor esfuerzo por educar a la población y explicarle que, este sistema de la ONP es completamente diferente al de el Sistema Privado de Pensiones (AFP). Que, mientras los aportes a la AFP van a una cuenta personal de inversiones, para ser administrados de acuerdo al perfil de riesgo que cada aportante está dispuesto a asumir (en función a su apetito de riesgo y el tiempo que le reste para la jubilación), mientras que en la ONP no es así y que en ese sistema no son dueños de nada más que de su derecho a participar del reparto que les ha de tocar cuando se jubilen, siempre que hayan aportado durante un mínimo de 20 años.

Es claro que, si no les definen las bases de cada sistema, no comprenderán la diferencia y pensarán que se pueden regular de maneras análogas. ¿Puede el poder ejecutivo destacar a un equipo de especialistas en los distintos temas para realizar esa labor y analizar con ellos las distintas opciones legislativas y sus consecuencias?

Recordemos que el poder legislativo tiene la facultad de formular y aprobar leyes y que, los congresistas no son necesariamente especialistas en los diferentes temas, pero tienen la responsabilidad de que sus propuestas de ley estén acordes al marco constitucional y mantengan coherencia con el cuerpo legal que desean modificar.

Lo preocupante es que, estas propuestas que no reconocen las bases jurídicas de origen, se están impulsando sin tomar en cuenta su falta de coherencia. Si después de haber hecho desde el ejecutivo todos los esfuerzos por instruirlos y orientarlos persistieran en el error, quedaría claro que no les preocupa los destinos de la Nación que juraron defender y la ciudadanía los juzgará. Lampadia

A pesar de su decepcionante performance, reflejada en su baja aprobación (apenas 13% según Ipsos), el Congreso de la República está lleno de representantes que se presentan a la ciudadanía con soberbia. Lo que es peor, es uno de los Poderes Legislativos más caros de la región. Su dispendio no se debe a los sueldos de los congresistas, que podrían ser calificados como relativamente bajos, sino a la cantidad de prebendas innecesarias, como oficinas particulares y asesores personales para cada uno de los “padres de la Patria”.

Para el 2015, su presupuesto llega a S/. 510 millones, de los cuales el 72 % se destinará al pago de remuneraciones y solo S/. 25 millones a la retribución de los propios congresistas (5% del costo total).

Cabe mencionar que el alto costo de cada congresista, incluye sus costos directos y además, los de sus asesores, oficinas individuales, transporte, vestuarios, telefonía, viáticos y otros. Si el presupuesto institucional se divide entre los 130 parlamentarios, cada uno representa un costo de S/.3´924,392, casi 4 millones de soles (US $ 1´344,000). 

Mucho más importante que los costos son los resultados de la gestión parlamentaria que, lamentablemente, a la luz de los ojos de todos los ciudadanos y de las mediciones de opinión pública dejan mucho que desear.

Comparado con otros países (como se puede observar en el cuadro superior), el costo de un congresista en el Perú es demasiado alto en relación a los indicadores del país. En Chile representa 70 veces el ingreso per cápita, en Colombia 38 veces y 58 en México, mientras en el Perú es de 195 veces. Además, el gasto por parlamentario de US$ 1.3 millones, equivale a 365 sueldos mínimos vitales anuales.

Si desagregamos el presupuesto, S/. 25 millones es destinado al pago de remuneraciones de los propios parlamentarios, S/. 54 millones a sueldos de asesores, personal administrativo, etc., un exorbitante monto de S/. 89 millones para viáticos y otros gastos.

En la última década, la calidad de nuestros políticos ha descendido a niveles impensados. El sistema facilita que personajes lumpen ocupen cargos públicos. Basta citar algunos casos de escándalos de congresistas como:  Jose Anaya, el “come pollo”, quien engañó deliberadamente entregando facturas falsificadas de compra de pollo a la brasa para obtener un rembolso por concepto de gastos operativos; Celia Anicama, la “roba cable”, quien comercializaba el servicio de televisión por cable robado de otras empresas retransmisoras; Eulogio Amado Romero, el “come oro”, quien mantenía vínculos con la minería ilegal y Nancy Obregón, quien fue acusada de formar parte de una organización del narcotráfico que apoya a Sendero Luminoso, entre otros casos.

Para colmo de males, la población sigue esperando que el Congreso se ocupe de las grandes reformas necesarias para facilitar un desarrollo integral y duradero, como todo lo referido a los aspectos institucionales. Ver en L: El Congreso no ha producido una sola reforma política.

En nuestra opinión, debiéramos reformar el Congreso en las siguientes líneas:

1. Reducir el costo total en armonía con el tamaño de nuestra economía.

2. Triplicar la remuneración de los parlamentarios (actualmente es solo el 5% del total).

3. Tener una Cámara de Diputados con 100 representantes.

4. Establecer una Cámara de Senadores con 30 representantes.

5. Eliminar las oficinas particulares y los cargos de asesores individuales.

6. Establecer una oficina central de servicios de informacióncalificada.

7. Crear oficinas y puestos de asesores por cada bancada.

El Perú necesita un excelente Poder Legislativo, que pueda medirse de igual a igual, con el de Singapur, epítome de calidad de la administración pública en el mundo. Los peruanos más calificados deben ser atraídos al Congreso. Lampadia