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El quid de los conflictos anti minería

El quid de los conflictos anti minería

El Perú ha sido víctima de una hábil maniobra para desdibujar los beneficios del desarrollo de la minería y convertirla en una actividad que no agrega valor económico, no genera empleo, es una actividad de tipo enclave, descuida el medio ambiente, succiona nuestra riqueza para las multinacionales sin dejar nada a las poblaciones locales y, no cuida los impactos sociales de sus operaciones.

Increíblemente, esto se ha creado justamente cuando el sector minero:

  • Adoptó las tecnologías más avanzadas y con mucha eficiencia agrega valor a lo que por décadas eran terrenos baldíos con potencial económico.
  • Genera empleo de calidad que sumado a sus impactos indirectos lo convierte en un sector positivo en el frente laboral.
  • Ha generado encadenamientos muy positivos en otros sectores económicos, empezando por el sector manufacturero.
  • Es el sector que más ha invertido y avanzado en la adopción de estándares ambientales, llevando sus operaciones a las mejores prácticas internacionales.
  • Después del sector petrolero es el que más contribuciones aporta al país, llegando a tener cargas combinadas del orden del 50% de sus utilidades, de las cuales se produce el canon minero que ha permitido llevar recursos financieros a los gobiernos regionales y locales, como nunca antes en nuestra historia.
  • Las inversiones y gastos que ha hecho la minería en temas sociales representan la mayor inversión histórica del país en el frente social.

¿Por qué entonces se desarrollan los movimientos anti extractivistas y más específicamente, anti mineros?

  • Pues, porque otro encadenamiento del desarrollo del sector minero es el que se ha dado con los ‘negocios de extracción de rentas’ por parte de grupos politizados.  Éstos han sabido conectarse con las ONGs internacionales que promueven a los movimientos anti inversión en los países emergentes y han desarrollado una narrativa que ha calado en las dirigencias locales y en los medios de comunicación, transformando, cual alquimistas, ‘el vaso medio lleno, en un vaso medio vacío’.

Continuando con la formación de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, con la colaboración del Centro Wiñaq, dirigido por Sebastiao Mendonça Ferreira, profundizamos nuestro análisis sobre las relaciones entre la conflictividad anti minera y la búsqueda o extracción de rentas del sector minero moderno.

Disputa de Rentas y Conflictividad

¿Cuál es el desafío real de la minería en Perú?

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

Para Lampadia

 

El mito de la maldición de los recursos naturales

Las corrientes hostiles a la minería argumentan que esa actividad, inevitablemente, se transforma en una traba para el desarrollo al desencadenarse la “maldición de los recursos”. Ellos se basan en las investigaciones realizadas en los años 90 comparando las tasas de desarrollo de los países con muchos recursos naturales y países con pocos recursos naturales. En dichos estudios encontraron que la mayoría de los países ricos en recursos naturales habían crecido más lento que los demás entre los años 1970 y 1990. El trabajo de Jeffrey Sachs se ha constituido en la referencia principal sobre esa idea.[1]

Estudios posteriores, y más completos, han evidenciado que quienes sustentaban la maldición de los recursos naturales, léase minería y petróleo, estaban equivocados y que el freno al desarrollo no estaba en el aprovechamiento de los recursos naturales sino en la mala calidad de las instituciones de esos países.[2] Encontraron también que los países con buenas instituciones y buenas políticas económicas, como Botsuana, Noruega, y Chile, entre otros, lograron un desarrollo rápido gracias al aprovechamiento de los recursos mineros.

El éxito de Botsuana se transformó en un caso emblemático, por ser un país pobre, mediterráneo, seriamente afectado por la pandemia del VIH, cercado por otros países pobres y rodeado de guerras civiles. A pesar de todo esto, Botsuana logró crecer a tasas muy altas por más de medio siglo, y aún sigue dando ejemplo de crecimiento rápido.[3] Además, el recurso natural que Botsuana explora es el más problemático de todos, el diamante.[4]

El Banco Mundial, en los últimos años, ha desarrollado una serie de estudios sobre recursos naturales y desarrollo evidenciando como el aprovechamiento de los recursos naturales, incluida la minería, puede ser altamente positivo tanto para el desarrollo económico como para el mejoramiento de los Índices de Desarrollo Humano.[5]

En el caso del Perú el crecimiento de la minería ha tenido resultados mixtos. Por un lado, su contribución al dinamismo de la economía, y a los ingresos fiscales es indiscutible, como lo explica Macroconsult (2012).[6] El Instituto Global de McKinsey ha desarrollado una propuesta de cómo los países con abundancia de recursos naturales  pueden sacar provecho de dichos recurso.[7] McKinsey es reconocida por su solvencia técnica, por sus conocimientos de estrategia y por el sentido práctico de sus propuestas. Lampadia ha difundido una versión resumida de dicha propuesta, poniendo a disposición de los lectores peruanos.[8] Sin embargo, esas ideas no se transformaron en políticas públicas en Perú.

Los movimientos anti mineros

Lo que sí ha sucedido en Perú es que en muchas de las zonas mineras se han desarrollado movimientos políticos contrarios a la minería y al libre mercado y con claras inclinaciones autoritarias y prácticas violentas. En los últimos años esos movimientos han logrado paralizar importantes inversiones mineras (21 mil millones en proyectos mineros), y hoy están jaqueando la continuidad de la minería en Perú.

Aún que la narrativa de los grupos conflictivos es de agravios (disminución del agua, daños al ambiente, discriminación social, etc.) y esos sentimientos son reales en las poblaciones locales, los sentimientos de agravio no son suficientes para explicar los conflictos porque en esas regiones las poblaciones se benefician de las actividades mineras.

Si no son los agravios, ¿qué explica la conflictividad minera?

El negocio de la búsqueda de rentas

Nuestra conclusión es que la búsqueda de rentas es el principal motor de los conflictos.

¿Porqué la búsqueda de rentas es el principal motor de la conflictividad?

Porque en Perú, generar conflictos es un negocio muy rentable, es decir, es posible obtener importantes rentas económicas y políticas promoviendo conflictos sociales. Analicemos un poco más el contexto económico y social local para entender mejor esta idea.

La minería es una actividad con grandes unidades productivas con alta intensidad de valor agregado por hectárea. Una mina grande produce más de mil millones de dólares al año en un área relativamente pequeña, comparada con las demás actividades económicas típicas de las regiones, donde la agricultura y ganadería tradicionales, de baja productividad, son las características. Un cálculo aproximado permite ver que una mina moderna produce por hectárea más de cien veces el valor agregado de un campo de maíz amarillo duro del Perú. [9]

Por ello, la instalación de una mina moderna en una provincia rural del Perú crea un núcleo económico de gran escala en una zona de economía tradicional de baja o muy baja productividad. Un pequeño grupo de empresas mineras puede representar más del 20% del PBI regional, y en algunos casos más del 40%. En torno a la minería se genera un conjunto de actividades económicas (transporte, servicios y comercio), muy distintas de las actividades locales tradicionales, generando ingresos mucho más altos que los ingresos típicos de la región. Una gran mina genera la coexistencia de dos economías: una moderna ligada a la minería, y una tradicional. La existencia de esta economía dual provoca, inevitablemente, grandes transformaciones económicas y muchas perturbaciones sociales.[10]

Las minas modernas, por su volumen de operaciones, su productividad y rentabilidad se vuelven fuentes de rentas extraordinarias deseadas por miles de personas, especialmente por líderes radicales y aventureros políticos.[11] Ello es verdad a nivel nacional, pero es mucho más verdad a nivel local. Ese inmenso volumen de rentas extraordinarias estimula el surgimiento de una dinámica de disputas para apropiarse o repartirse esas rentas. Las disputas de rentas de la minería son tan importantes que un equipo de la Universidad de Oxford, liderado por Paul Collier, dedicó toda una serie de investigaciones mostrando el rol central de la disputa de rentas producto de actividades extractivas en las guerras civiles de los países emergentes, especialmente en África. Aún que en Perú los conflictos mineros no son armados, muchos de los análisis realizados por Collier son de gran utilidad para entender lo que sucede con la conflictividad social en Perú. [12]

Estudiosos de los impactos negativos de la minería se refieren a dos modalidades de la Enfermedad Holandesa, una modalidad es la económica y la otra es la política. En el caso del Perú los efectos económicos son positivos, visibles y bien estudiados. Pero, estamos delante de la variedad política de la Enfermedad Holandesa. Esta enfermedad consiste en la expansión de la búsqueda de rentas de la minería vía la promoción de la conflictividad social. [13]  

Lo que explica DiJohn (2002) sobre la modalidad política de la Enfermedad Holandesa es que cuando los gobernantes disponen de grandes cantidades de recursos que no provienen de impuestos cobrados por ellos a la población local sino que provienen de las actividades extractivas, ellos tienden a desarrollar conductas predatorias hacia la economía, agresivas en la política y demagógicas hacia la población.[14] Si observamos qué sucede con algunas regiones del Perú vemos situaciones que claramente encajan en ese patrón. Lo grave, es que esos comportamientos tienden a ampliarse y a fortalecerse en los próximos años.

Las empresas mineras están mejorando su gestión social y ambiental, reduciendo en parte,  los factores que pueden generar los sentimientos de agravio en la población. Sin embargo, el mejoramiento de la prácticas sociales y ambientales no están reduciendo los conflictos. La búsqueda de rentas por medio del conflicto social es el mayor desafío que la sociedad peruana tiene que resolver, si quiere que la minería funcione como motor del desarrollo de acá a 2050. Es importante que los líderes del sector minero tengan claridad sobre como funciona la búsqueda de rentas, y ajusten sus prácticas sociales para neutralizarlas. Las condiciones favorables para generar conflictos deben disminuir y la rentabilidad de los conflictos también. Solo así los grupos radicales y los aventureros políticos abandonarán el negocio de la conflictividad social. Mientras los líderes del sector minero estén confundidos, los grupos radicales van acumular recursos y poder impulsando los conflictos sociales.

Lampadia

 

[1] Sachs. F. & Warner, A. (1995). Natural resource abundance and economic growth (working paper 5398). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

[2] Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2005). Institutions and resource course. The Economic Journal, 116(508), 01-20. DOI: 10.1111/j.1468-0297.2006.01045.x

[3] Tupy, M. (2008). Botswana and Zimbawe: A tale of two countries. Downloaded from: 

http://www.cato.org/publications/commentary/botswana-zimbabwe-tale-two-countries.

[4] Acemoglu. D., Simon, J., & Robinson, J. (2001). An African success story. MIT Department of Economics Working Paper 01-37.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.290791
 
[5] Mahon, G. & Moreira, S. (2014). The contribution of the mining sector to socioeconomic and human development (Extractive Industries for Development Series #30). Washington, DC: World Bank.
 
[6] Macroconsult. (2012). Impacto Económico de la minería en el Perú. Lima, Perú: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía.

[9] El rendimiento promedio de maíz amarillo duro en Perú es de 3.6 TM/ha, y su precio internacional es de $160 por tonelada. Con dos siembras anuales, tenemos $1,152/ha/año.
Tomando por referencia a Minera Yanacocha, que opera en Cajamarca, que ha producido en promedio 1,520,000 onzas/año (1993-2015), con un precio del oro de $1,200/onza, tenemos $1,826 millones por año, dividiendo por las 12,000 ha que ocupa, tenemos $152,000/ha/año: más de 130 veces la productividad del maíz amarillo. La productividad agrícola de Cajamarca es inferior a la productiva nacional del maíz amarillo, generando una diferencia aún más grande de productividad entre la minería y las actividades tradicionales.

[10] Antes se hablaba que la minería generaba una economía de enclave, aislada de la economía local, pero hoy ya no es adecuado pensar así. Lo que la minería genera es una economía dual (tradicional y moderna) con grandes diferencias de rentas entre ellas.

[11] Los aventureros políticos son personas carecen de las capacidades para utilizar formas productivas de sacar provecho de la minería, sea como empleados o como empresarios, y optan por el control del aparato público local como manera de apropiarse de los impuestos pagados por las mineras. La distribución del canon minero sin que existan mecanismos de control efectivo de su uso, ha aumentado la rentabilidad de los aventureros políticos. 

[12] Collier, P., Roeffler, A., & Rohner, D. (2009). Beyond Greed and Grievance: Feasibility and Civil War. Oxford Economic Papers, 61(1), 1-27. DOI: doi: 10.1093/oep/gpn029

[13] La Enfermedad Holandesa económica se refiere al impacto de las exportaciones de los recursos naturales sobre la tasa de cambio (dólar barato) facilitando las importaciones y dificultando el desarrollo industrial local. En el caso del Perú ese impacto es cuestionable, pues no hay evidencias de que la tasa de cambio haya dependido en forma crítica del volumen de exportaciones minerales. Además si fuera así, el cambio barato también tendría impactos positivos haciendo que las importaciones de bienes de capital a bajo costo estimulen el crecimiento de los sectores no-transables de la economía, como servicios, construcción, finanzas, comercio y transporte que, en conjunto son mucho más importantes que la industria, y tienen un impacto económico dinamizador mucho mayor. 

[14] DiJohn, J. (2002). Mineral Resource abundance and violent political conflict: A critical assessment of the rentier state model (Crisis State Programme, Working papers series nº 1). London: Development Research Centre, London School of Economics




Cerco Cognitivo y Conflictividad Minera

Cerco Cognitivo y Conflictividad Minera

Este ensayo forma parte de nuestro repositorio Recursos Naturales y Desarrollo que pretende traer luces sobre la conflictividad anti-inversión que ha paralizado muchos proyectos y ralentizado nuestra economía y mejora social.

Los anti mineros pueden sostener conflictos sociales de manera prolongada y violenta porque manipulan el flujo de conocimientos accesibles a la población y el proceso de formación de la opinión pública local. Controlan sus fuentes de credibilidad, exponen a las poblaciones locales a un bombardeo sistemático de falacias, exageraciones, rumores y mentiras, inoculando una narrativa profundamente anti-minera. Los medios de información creíbles sostienen el mismo relato y la institucionalidad local se encuentra capturada, legitimando así las acciones de los anti-mineros que aplican la violencia contra los disidentes. Bajo estas condiciones, la población se encuentra aislada de visiones alternativas. En estas situaciones, las acciones y los esfuerzos de comunicación de las empresas mineras y del gobierno central difícilmente podrán ser efectivos. El Cerco Cognitivo de las poblaciones ha cumplido un rol fundamental en el crecimiento de la conflictividad minera de los últimos años.

La renuncia al progreso

La minería moderna, atendiendo los estándares ambientales, los requisitos legales y las prácticas de responsabilidad social, es una actividad altamente beneficiosa para el Perú. La minería es especialmente positiva para la gran mayoría de las poblaciones de  las localidades en que opera[1]. Si las empresas e instituciones locales desarrollan estrategias inteligentes, canalizan bien los recursos generados por la minería y establecen sinergias entre la economía local y la actividad minera, el beneficio puede ser aún mayor.

¿Cómo entender, entonces, que los conflictos mineros se hayan incrementado tanto en los últimos años? ¿Cómo puede ser que las poblaciones locales renuncien a posibilidades reales de progreso ofrecidas por la minería para dedicarse a un enfrentamiento en que todos pierden, con la sola excepción de los anti-mineros?

¿Será una consecuencia del bajo nivel educativo de las poblaciones rurales? ¿Será la existencia de una mentalidad localista y resentida de algunas regiones? ¿Es la existencia (supuesta) de remanentes de sociedades indígenas que rechazan la modernidad? ¡No!

No creemos que estos factores expliquen la conflictividad social respecto a la minería.

Pensamos que la existencia de creencias tradicionales sobre los cerros, el agua y la minería, los resentimientos sociales, las inclinaciones políticas y los sesgos cognitivos de las poblaciones rurales favorecen a los anti-mineros, pero esas condiciones siempre han existido y no explican satisfactoriamente la conflictividad social de los últimos años. Nuestra hipótesis es que las causas de la conflictividad son bastante modernas y tienen que ver más con el trabajo sistemático de las corrientes ideológicas anti-mineras que con las características culturales y sociales pre-existentes en el país. Ellos manipulan este sistema de creencias para construir sobre él una narrativa mucho más robusta. Veamos cómo funcionan esos mecanismos.

El cerco cognitivo

Para convencer a las poblaciones de renunciar a sus aspiraciones de progreso económico y social, los anti-mineros generan un cerco que son el objetivo de sus acciones. Lo llamamos cerco cognitivo porque se refiere al control de los conocimientos a los que la población puede acceder. Es con ese cerco cognitivo que los anti-mineros logran manipular a la población en función de sus objetivos políticos. ¿En qué consiste el cerco cognitivo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo construyen?

El cerco cognitivo consiste en la combinación de cuatro mecanismos: (a) una narrativa hostil a la minería, (b) la captura de los referentes creíbles de la población, (c) control del flujo de mensajes hacia la población, y (d) el bloqueo de las voces independientes.

1. Narrativa anti-minera: Con la narrativa hostil a la minería, ellos difunden en la población el temor a la actividad minera y la mistificación del conflicto como fuente de dignidad y como mecanismo de bloqueo a las aspiraciones de progreso de la población. La dignidad juega un papel clave en esta narrativa: al no poder ofrecer una alternativa real a los beneficios que la minería ofrece, la dignidad cumple una función como fuente de satisfacción al poblador que participa en el conflicto.[2] En esa narrativa las empresas mineras son los “Malos” y los anti-mineros son los “Buenos,” además los conflictos son presentados como necesarios para defender los recursos naturales y la dignidad de la población.[3]

2. Fuentes de credibilidad: Con la captura y adoctrinamiento de las fuentes de credibilidad de la población (profesores, líderes locales, religiosos, periodistas, etc.) los anti-mineros controlan la interpretación de los hechos y la formación de opiniones de la población local. Como ellos mismos lo explican: “El apoyo o involucramiento de líderes religiosos o incluso de la iglesia misma puede marcar toda la diferencia en la lucha” (Zorrilla, Buck, Palmer & Pellow). [4] Las creencias religiosas de las poblaciones rurales hacen que los líderes religiosos, como algunos curas, tengan condiciones favorables para manipular a la población.[5]

3. Flujo de mensajes: El control del flujo de mensajes tiene tres propósitos: la repetición de su versión de los hechos, la propagación de rumores y la descalificación de mensajes alternos. Los anti-mineros logran ese control sobre el flujo de mensajes de dos maneras: (a) la presencia de decenas de activistas anti-mineros en permanente contacto con la población local, y (b) la creación de programas radiales y medios de comunicación hostiles a la minería y orientados hacia la conflictividad.

4. Bloqueo a las voces independientes: Los anti-mineros reducen mucho las posibilidades alternativas de pensamiento con el bloqueo de las voces independientes. Las voces discrepantes son presentadas como vendidos a la minería, interesados en su beneficio personal o traidores a la comunidad y evitan así que los temas del progreso económico y social sean debatidos democráticamente en las zonas controladas por ellos. La intimidación y la violencia hacia periodistas y líderes locales son actividades estándares para lograr el silencio de los independientes. Normalmente se le camufla y legitima la aplicación de la violencia mediante eufemismos tales como “se aplicaron usos y costumbres” entiéndase castigos físicos a quienes “dividen la comunidad”, es decir a quienes disientan de ellos.[6] Para el control de la población es necesario generar la impresión que todos en la comunidad están de acuerdo con la posición de los anti-mineros. Es así que las personas que disienten con ellos, sienten una mayor presión social para mantener el silencio y no ser criticados por el resto de la comunidad.

El Funcionamiento del Cerco

¿Cómo puede la población rural establecer en qué grado una actividad compleja como la minería moderna afecta o no al subsuelo y a sus recursos naturales, y pone o no pone en riesgo sus actividades agrícolas? ¿Cómo saber si los EIA de las empresas mineras, aprobados por el Estado, están bien hechos y son realmente confiables? ¿Cómo saber si un rumor que anda corriendo sobre la contaminación del agua por la minería es falso o verdadero?

Para preguntas como esas, la población local recurre a las pocas fuentes de información con credibilidad que le son accesibles. Si esas fuentes están controladas por los anti-mineros y las voces independientes están intimidadas y acalladas, las conclusiones de la población son previsibles. Los anti-mineros trabajan años capturando las fuentes de credibilidad para introducir su narrativa en las conclusiones de la población.

Control de la institucionalidad local

Mientras trabajan para controlar las fuentes de credibilidad, los anti-mineros buscan crear o asumir el control de la institucionalidad rural: comunidades y rondas campesinas, instituciones religiosas, alcaldías provinciales y distritales, frentes de defensa, organizaciones locales, ONG’s, centros de salud, unidades educativas, frentes de defensa, etc.

Cuando se controlan las fuentes creíbles de información, los anti-mineros pueden inocular su narrativa. Esto genera las condiciones necesarias en la opinión pública para la captura de la institucionalidad local.

Esa institucionalidad local y sus representantes pasan a ser las fuentes de legitimidad para su accionar conflictivo y para la descalificación de las opiniones favorables al progreso económico y social. La opinión de los representantes de la institucionalidad local influencia fuertemente a la población para definir si algo es legítimo o ilegítimo, correcto o incorrecto.

Esta captura viabiliza la aplicación ‘legitima’ (a los ojos de la población) de la violencia contra quienes se opongan a sus intereses, con ello se impermeabiliza a la población ante fuentes alternativas de información que disientan de la narrativa anti-minera.

Cuando los anti-mineros tienen esas condiciones instaladas localmente, ellos están en la capacidad interpretar las acciones de las empresas mineras y de cualquier otro actor externo según sus intereses. Por ejemplo: Todo lo que una empresa haga a favor de la población (proyectos, servicios de salud, etc.) es visto, en esa narrativa, como un intento de la empresa de resarcir parcialmente un daño que sus actividades estarían generando en la población local (contaminación, etc.), o es parte de un engaño en el que el poblador no debe caer. En vez de reconocerlas como algo positivo, ellos presentan las acciones de las empresas mineras como un intento de manipular a la población local aprovechándose de sus necesidades materiales y de su pobreza. Según ellos los proyectos de desarrollo de las empresas son “migajas” cuyo propósito es adormecer la conciencia de la población, para seguir contaminando las aguas y destruyendo el futuro de todos, especialmente de los niños.

Una de las consecuencias del cerco cognitivo es que las acciones de responsabilidad social de las empresas pierden mucho de su eficacia para ganarse la confianza de la población. Los estudios de opinión pública de las diversas encuestadoras muestran que, en las zonas de operación de las empresas mineras, donde se han realizado mayor cantidad de acciones de responsabilidad social, la población es más hostil a la minería que en otras zonas donde las empresas no han hecho obras ni proyectos. La explicación a esta supuesta paradoja es el control de los anti-mineros sobre la manera cómo se forma la opinión pública. Ellos afectan la manera como la población interpreta las acciones de responsabilidad social de las empresas y reducen en gran medida las ganancias en reputación que éstas esperaran conseguir.

Con la narrativa anti-minera instalada en la mente de las personas y la institucionalidad local controlada por los anti-mineros, pueden luego manipular a la población y crear así la base de operaciones para un conflicto político de larga duración.[7]

Cuando los anti-mineros logran instalar su narrativa y estructurar su cerco cognitivo sucede una tragedia social. Poblaciones pobres con altos índices de mortalidad materna e infantil ponen sus aspiraciones de progreso a un lado y dedican una parte importante de su tiempo y energía a bloquear la actividad económica que les posibilitaría salir de la pobreza y ofrecer a sus hijos un futuro mejor. Los procesos de aprendizaje social sobre cómo progresar son interrumpidos y muchos de sus líderes se especializan en el oficio nefasto del conflicto y la manipulación.

¿Cómo romper el cerco cognitivo?

Quienes más necesitan romper el cerco cognitivo de los anti-mineros son las poblaciones y empresas de las regiones mineras. Ellas son quienes necesitan aprovechar la demanda global de materias primas para construir sus rutas de progreso. Sin embargo, la superación de las barreras construidas por los anti-mineros no es algo que ellas puedan hacer solas, aisladas de otros actores sociales. Esta es una tarea que requiere una alianza social que necesariamente debe incluir a los sectores y medios mejor informados.

Las empresas mineras solas también tienen grandes limitaciones para romper los cercos cognitivos de los anti-mineros. Los estereotipos sobre las empresas mineras que ya están instalados en la mente de la población constituyen condiciones desventajosas. Además, todo lo que una empresa diga en sus comunicados puede fácilmente ser interpretado como un mensaje de parte que sirve a sus propios intereses de lucro. Como ya hemos visto, si los anti-mineros controlan las fuentes de credibilidad de la población, los mensajes de las empresas son interpretados negativamente y no cumplen los objetivos de contrarrestar la narrativa anti-minera. La promoción de otras fuentes de credibilidad para la población se vuelve fundamental.

Se requiere una coalición social pro-desarrollo, conformada por los actores favorables a la minería, para que se pueda romper el cerco cognitivo de los anti-mineros. En realidad, en todas las regiones existen importantes sectores de la clase media urbana y rural que pueden beneficiarse de la presencia de la minería, pueden montar negocios, prestar servicios y abrir una ruta de progreso para ellos y para la mayoría de la población. No es coincidencia que los anti-mineros realicen una actividad sistemática para descalificar, amedrentar y neutralizar a los actores de los sectores medios de las sociedades regionales.

Son esos actores de los sectores medios quienes pueden asumir una narrativa pro-desarrollo y pueden constituirse en nuevos referentes de credibilidad para la población urbana y rural. Si las empresas mineras quieren neutralizar a los anti-mineros y crear bases para una minería sostenible, necesitan ofrecer a esos sectores medios dos cosas:

(a) Una ruta de progreso económico dinamizada por la minería (ver las propuestas de Michael Porter sobre Valor Compartido), y

(b) Desarrollar en diálogo con los sectores medios, una narrativa de progreso culturalmente adecuada a la idiosincrasia regional.

Cuando los actores de los sectores medios comiencen a liderar la agenda pública local en función una propuesta de minería y desarrollo, el cerco cognitivo de los anti-mineros se derrumba. Gradualmente sus mentiras y falacias se harán visibles, y las poblaciones locales podrán imaginar su futuro con un mayor nivel de confianza y libertad. Lampadia

 


[1] Zambrano, Omar; Robles, Marcos; Laos, Denisse (2014) Global boom, local impacts: Mining revenues and subnational outcomes in Peru 2007-2011 Banco Interamericano de Desarrollo.

[2] Cuando una organización, como los anti-mineros, enfatiza la dignidad en su narrativa, es porque no puede ofrecer opciones de progreso, y quiere que la población renuncie a sus aspiraciones para servir a los intereses de la organización.

[3] La elaboración de una narrativa es una actividad de alta complejidad. Los grupos anti-mineros locales no tienen la capacidad intelectual para hacerlo. Son los centros internacionales, financiadores de los anti-mineros locales, quienes desarrollan dichas narrativas. Los anti-mineros locales y sus ONG’s repiten, adaptan esas narrativas, y generan imágenes que las ilustran. Por las características, funcionalidad y falacias de la narrativa anti-minera, escribiremos un artículo próximamente.

[4] Zorrila, C., Buck A., Palmer, P., & Pellow, D. (2009). Protegiendo a su Comunidad Contra las Empresas Mineras y Otras Industrias Extractivas. (p. 15). Bolder, OH, USA: Global Response.

[5] Los anti-mineros hacen un mapeo cuidadoso de quienes son las personas que la población rural tiene como referencia para formar una opinión sobre los diversos temas. Aunque se presentan como parte de la población pobre, esas personas son en realidad parte de la élite local.

[6] Ellos copian en una escala micro, local, lo que Stalin ha logrado implantar en la Unión Soviética.

[7] Cuando la idea de progreso es sustituida por la falacia de que el conflicto es la fuente de dignidad de la población, el futuro de la población está en riesgo de postergarse por décadas y generaciones.