Perú está dando a los inversionistas de bonos los peores retornos de América Latina, en tanto que el presidente Ollanta Humala trata de disipar las preocupaciones que suponen una expansión del control estatal en la economía con el crecimiento más veloz de la región.

Los bonos del gobierno en soles han caído un 6.8% en los últimos tres meses en términos de la moneda local, según Bank of America. Los bonos en dólares de Perú han caído 13% durante el mismo periodo, más del doble del promedio regional a la baja de 6.1%, mostraron los datos de JP Morgan Chase.

Los bonos en soles se han desplomado desde el 28 de abril, cuando Humala expresó interés en comprar la refinería local y estaciones de servicio de la española Repsol. Aunque el Gobierno descartó esa posibilidad cuatro días después y prometió reforzar la inversión privada, el episodio dañó la confianza de los inversionistas en medio de la peor liquidación de deuda local del mercado emergente en cuatro años, dijo Enrique Álvarez, director de IdeaGlobal.

“Humala nos ha dado un pequeño vistazo de sus verdaderos colores”, dijo Álvarez por teléfono desde Nueva York. “Su cara nacionalista salió a la luz en este particular evento. Es una advertencia de que el Ejecutivo en el Perú todavía piensa sobre un cierto rol del Estado en la economía, y eso es algo que el mercado se toma a pecho”.

Seguro de deuda

La oficina de Humala no respondió al pedido de comentario enviado por correo electrónico sobre sus políticas económicas y el declive de los bonos peruanos.

El costo de proteger el endeudamiento peruano de la mora por cinco años se elevó en los últimos tres meses en 53 puntos básicos o 0.53 puntos porcentuales, a 142 puntos básicos a la 1:38 p.m. en Lima (ayer), según data recolectada por Bloomberg. El mismo costo en contra la mora en Chile se elevó en 38 puntos básicos a 101 en el mismo periodo, mientras que el de Colombia subió en 47 puntos básicos a 137 y en Brasil fue 50 puntos básicos a 172.

Durante la campaña presidencial sin éxito en el 2006, Humala acusó a las compañías extranjeras de saquear el país y dijo que renegociaría los contratos. Propuso seguir la dirección de Venezuela e incrementar las regalías e impuestos en la extracción de petróleo.

Hacia la elección del 2011, le bajó el tono a su retórica, y prometió respetar los contratos y mantener la economía peruana abierta a la inversión extranjera.

Retorno de bonos

El sol ganó 0.5% a 2.7340 por cada dólar americano hoy (ayer), según los precios de Datatec. El rendimiento de referencia de los bonos en soles de 7.8%, con vencimiento en agosto del 2020, cayó tres puntos básicos a 5.22%, de acuerdo a datos de Bloomberg.

El bajo desempeño de Perú en el mercado de seguros contra la mora crediticia puede reflejar un aumento en la preocupación sobre la intervención en la economía, dijo Joe Kogan, director de estrategias para mercados emergentes del Bank Nova Scotia de Nueva York.

Desaceleración

Confiep dijo el 29 de abril que Humala había abandonado su posición amigable hacia la empresa luego de que el Gobierno publicara una ley que facilitaría a Petroperú comprar los activos de Repsol.

El daño a la confianza empresarial podría haber contribuido a la desaceleración de la economía, dijeron los economistas Francisco Rodríguez y Marcos Buscaglia, de Bank of America, en un reporte del 7 de junio (el PBI creció 4.8% en el primer trimestre, el más bajo en tres años), en medio de una débil demanda china por oro y cobre, que responde a la mitad de las exportaciones peruanas.

“La señal enviada por el Gobierno sobre el caso Repsol no fue bien recibida por el sector privado”, dijo Roberto Melzi, quien ayuda a manejar US$ 11 mil millones como jefe de renta fija de AFP Integra en Lima. “Probablemente aumenta el escepticismo en el sector privado, dado el ruido durante la última elección presidencial”.

Titulares extranjeros

La ola de ventas en los mercados emergentes es una preocupación aún mayor para los tenedores de bonos peruanos que la amenaza de una mayor intervención del Estado, dijo Phillip Blackwood, que maneja US$ 3.7 mil millones de deuda en mercados emergentes como socio gerente de EM Quest Capital LLP.

Los extranjeros poseen un 57% de los bonos locales de Perú al 30 de abril, en comparación con un 45% cuando Humala tomó la posta del Gobierno en julio del 2011, según el ministro de Economía. Eso deja al Perú con una mayor exposición que otros mercados emergentes, como Chile, donde los extranjeros solo poseen un 3% del mercado, según su Gobierno, o Colombia, donde tienen un 4.5%.

“Si estas salidas se aceleran desde los mercados emergentes, Perú es un país de alto riesgo”, dijo Blackwood por teléfono desde Londres. “Los potenciales cambios políticos son más de mediano plazo por su naturaleza. No nos preocupan aquí ni ahora”.

Lazos con EE.UU.

Humala también ha calmado al mercado. En una conferencia de prensa del 24 de mayo, dijo que el Gobierno recortaría los trámites burocráticos, que retrasan la inversión de proyectos por US$ 15 mil millones, como parte de un paquete de medidas para impulsar la economía.

Describió el interés del Gobierno por Repsol como “una anécdota”.

El presidente Barack Obama calificó al Perú uno de los socios más confiables de Estados Unidos en el hemisferio oeste, ayer, luego de recibir a Humala en la Casa Blanca para discutir el fortalecimiento de los lazos económicos. Fue la segunda visita de Humala en dos años.

Humala podría considerar expandir el control estatal de industrias estratégicas, como la energía, en caso de que la desaceleración económica empeore, dijo Álvarez.

“Aún va a haber una pequeña pero significativa prima por riesgo ligada al Perú debido a la discusión alrededor de Repsol”, aseguró Álvarez. “El inversionista ha sido obligado a recordar el pasado político de Humala. Es un punto desfavorable”.

PARA RECORDAR

Precio y tasa. El precio de un bono se mueve de manera inversa a su tasa de interés. Por ejemplo, si hay una menor demanda de bonos en mercados emergentes entonces sus precios caen y, por tanto, las tasas que pagan tienen que subir. El rendimiento de estos instrumentos, en cambio, está dado por la tasa de interés más el alza de su valor.

Publicado por Gestión, 13 de junio, 2013

Después de dos semanas de incertidumbre e intenso debate, el gobierno, a través de Petroperú, anunció la cancelación del proyecto de compra de los activos de la empresa Repsol. De esta manera, ha prevalecido la razón.

Lamentablemente es muy fácil romper la confianza, pero muy difícil construirla y, más difícil aún, recuperarla. Toca ahora, a tirios y troyanos, superar esta situación.

A continuación presentamos el comunicado de Petroperú.

Alfonso García Miró, presidente de la Confiep, recoge y señala en la siguiente entrevista para el diario El Comercio, realizada por Mariella Balbi, las preocupaciones que han surgido en el gremio empresarial y en una gran parte de nuestra sociedad a raíz de la decisión del gobierno de comprar los activos de la empresa Repsol. Se pronuncia con base y firmeza.

Para el presidente de la Confiep, el decreto supremo que reglamenta la actividad de Petro-Perú garantiza la compra de los activos de Repsol por el gobierno y abre la puerta a la gran transformación.

El presidente Humala dijo ayer en una entrevista que la compra de Repsol “será vista con criterio técnico y que él solo defiende el interés nacional”. ¿Lo convenció?

De ninguna manera. Me confirma la decisión política de interferir en un mercado donde trabajan los privados. Me queda claro que este será el comienzo de la transformación del Perú con un Estado avasallador, prepotente, autoritario, como en Cuba, Bolivia Venezuela y Argentina. Pero los peruanos nos defenderemos de esta gran amenaza.

El criterio técnico…

Con lo que él llama criterio técnico puede terminar comprando todo el país. No es una explicación racional ni aceptable para los peruanos. Con criterio técnico puede haber un millón de negocios donde el Estado voraz quiera participar destinando recursos de todos los peruanos, compitiendo en desventaja con el sector privado. No me van a decir que con criterio técnico se va a operar la red de grifos cuando -ojalá no- los tenga el Estado. Basta que el presidente o un ministro se levante de mal humor y decida que la gasolina deba bajar, hundiendo a la industria de grifos.

¿El reglamento de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petro-Perú confirma la compra de Repsol?

Era el dato que faltaba para confirmar la compra de Repsol y para que la Confiep entre en una neta confrontación con el gobierno. Ahora sí es clarísima y explícita la intención del gobierno. Nacionalizar un sector competitivo es la primera gran señal de que el gobierno va contra el desarrollo de la economía del Perú, del mercado, de los empresarios y está a favor de la estatización. Confiep se opondrá enérgicamente y de la manera más firme a esto. Tenemos a la opinión pública del Perú y a los millones de empresarios que están viendo amenazados sus negocios porque esta decisión indica que ese modelo se puede aplicar a cualquier otro sector con cualquier pretexto.

El D.S. libera de responsabilidad a los funcionarios de Petro-Perú.

Liberar a los funcionarios de Petro-Peru de responsabilidad es otra cosa absurda e irracional. Justo cuando Confiep ha señalado el quiebre moral que significa que un funcionario público gire un cheque por un valor que el mercado no puede justificar y sabe Dios dónde va ese dinero. Además, atenta contra los intereses de los más pobres. Petro-Perú es de todos los peruanos y sus funcionarios van a pasar como si fueran de la empresa privada.

¿Los funcionarios de PetroPerú no pueden integrar una sociedad mercantil?

¡Qué sociedad mercantil, no es dinero privado si no de todos nosotros! Quien arriesga esos activos son funcionarios públicos, por más paraguas que le quieran poner. Estamos seguros de que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no contemplarán de ninguna manera esa norma porque es inconstitucional. Además es una manera de encubrir a los corruptos.

El Congreso queda fuera del juego también.

¡Quedan todos fuera! Quieren santificar al funcionario que va a girar el cheque. ¡Por favor! Pero ese funcionario público va ir a la cárcel de todas maneras y con más razón todavía. El Estado está protegiéndose de cualquier denuncia de corrupción del propio Estado. ¡No, pues! ¡Es una barbaridad jurídica! Una amenaza al equilibrio de poderes.

¿Viramos al modelo chavista?

Por supuesto. Esta es una señal clarísima. Un calco de lo hecho por PDVSA [empresa petrolera estatal venezolana] que se ha convertido en comprador de leche, regalador de puestos, de dinero de los venezolanos a los cubanos y argentinos. ¿Eso quieren hacer de Petro-Perú? Pues nos vamos a oponer con todo el poder que nos da la ley. Es una amenaza para el país.

¿Detrás de esta decisión está el deseo del gobierno de cambiar de programa…?

Definitivamente. Antes de este decreto supremo teníamos la duda, con su publicación tenemos la certeza.

¿La certeza de que el gobierno ha virado al programa “La gran transformación”?

Sí, sin ninguna duda se está virando a “La gran transformación”, más del 70% de los peruanos le teníamos terror en las elecciones. Salimos de la hoja de ruta. Es una vergüenza para el Perú.

El ministro de Economía, Miguel Castilla, no lo firma. ¿Le sorprende?

No me sorprende porque él tiene principios. Lo que me sorprende es que el gobierno haya tenido la audacia de sobrepasar a un ministro de Economía con un decreto. El ministro Castilla no firma barbaridades.

Se dice que el ministro Castilla ha renunciado.

No lo sé. Si no firma el decreto, es porque no lo avala. El gobierno nunca debió sacarlo sin su firma, salvo que tenga intenciones autoritarias como lo hacen en Cuba, Venezuela y Argentina que son el ridículo internacional. Por su trayectoria profesional, estoy seguro de que Castilla no está atornillado al puesto.

Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, firma el decreto.

Él es un funcionario que no tiene capacidad alguna para enfrentarse enérgicamente al gobierno y está desaparecido de la imagen pública y quizá del propio gobierno. Su firma es sorprendentemente negativa para Confiep.

El ministro Merino sostiene que Petro-Perú entraría como socio de Repsol…

No, por favor. El ministro Merino no tiene ninguna importancia en esto. Dijo muchas cosas desmentidas luego por el presidente. No le daría ninguna importancia a las declaraciones de Merino.

¿Qué consecuencias trae para el país virar hacia la gran transformación?

Va a traer tremendos problemas. Pero los peruanos que hemos hecho del Perú un país exitoso no lo vamos a permitir. El Perú no es propiedad de un funcionario público, de un político, ni de una persona que quiere cambiar sus destinos. El país emblemático que hemos construido en el mundo no le pertenece a una dinastía.

¿Cómo protestará Confiep?

Nos organizaremos junto con la sociedad civil ante esta amenaza. Ese decreto favorece la corrupción y le complica enormemente el panorama y la capacidad de gestión al gobierno. Ha sido un gran error publicarlo. Veremos cómo van las cosas para emitir un pronunciamiento.

¿Esta decisión ahuyentará las inversiones?

Sin ninguna duda. Genera incertidumbre y el caos en el país. Nadie sabe cuál es la dirección que se va a tomar y si vienen más sectores que el gobierno quiera estatizar. Ya comenzó con el petróleo. El gobierno se está disparando a los pies. Es una barbaridad.

Hay quienes ven positivo que con este decreto Petro-Perú pueda invertir en la exploración de petróleo…

En lugar de vender a privados el lote 64, se lo queda para sus pretensiones. ¡Petro-Perú es de todos los peruanos, no de la gente de izquierda! Movilizar millones de dólares de todos es una aventura política. No nos van a robar. Así de sencillo. El decreto no es para la exploración, es para utilizar a Petro-Perú como un canal de populismo político como Cuba, Venezuela y Argentina con la flamante estatizada y expropiada Repsol. Este decreto tiene una carga ideológica chavista que no vamos a aceptar en el Perú.

Un argumento a favor de la compra de Repsol es que Colombia, Brasil, Chile, Venezuela tienen toda la cadena del procesamiento petróleo y son exitosos.

Los pecados de otros no hacen santo a uno. En esos países existen rezagos de empresas públicas que no fueron privatizadas. Causan perjuicio económico pero se mantienen por decisión política.

¿A Colombia, a Brasil les causa perjuicio económico?

No, porque tienen una industria petrolera potente y pujante. Pero esas empresas, a manos de privados, serían más exitosas y generarían mucho más beneficios a sus países. En Chile, la empresa tiene pasivos mayores que los activos, tiene pérdidas y no es eficiente. Hay un monopolio en la compra de combustibles. Cuando Brasil cambia de gobierno las acciones en la bolsa fluctúan con cifras de más de dos dígitos y varían de acuerdo a las decisiones políticas del gobierno. Eso no tiene sentido. Las empresas deben manejarse por sus activos, pasivos y por la capacidad de generar negocios futuros, no por el estado de ánimo de los políticos.

Otro argumento muy vistoso es que Chile comprará Repsol y nos tendrían cogidos del cogote, por ejemplo si el fallo de La Haya es desfavorable…

Ese es un argumento del siglo XIX. Las empresas que salen a conquistar mercados fuera hacen el bien tanto a su país como al del destino del capital.

Un sector en el gobierno considera mejor invertir en la refinería de Talara de Petro-Perú.

Para que Talara no sea contaminante se tiene que invertir 2,000 millones de dólares. Esa sí es una obligación del Estado: mejorar esa refinería para no afectar la salud de los peruanos. Y si fuera privada también habría que hacerlo. Pero si se compra La Pampilla, de Repsol, se estatiza la refinación en el Perú y no va a mejorar Talara.

¿Se busca controlar el precio de la gasolina con la compra de Repsol?

Lo que no puede ocurrir es que el precio de la gasolina esté en función de la decisión de un funcionario estatal que diga ganamos menos, pero lo controlo.

(Tomado de El Comercio, 29 de abril, 2013)

El gobierno ha confirmado estar evaluando su eventual intención de comprar los activos de Repsol con el argumento principal de “la necesidad de regular” los precios de los combustibles. ¿De qué estamos hablando?

Los precios de los combustibles están alineados con los mercados internacionales y regulados por una banda de precios que establece Osinergmin. Ergo, si los precios de los combustibles ya están regulados, entonces, las intenciones de comprar los activos de Repsol y La Pampilla tienen que ser de otra índole. Resulta evidente que aquí no se quiere regular sino controlar políticamente los precios y concentrar poder económico, como se hace con PDVSA en Venezuela, YPF en Argentina y en los demás países bolivarianos.

Si consideramos que por la compra de Repsol se habla de pagar unosUS$400 millonesy las inversiones en los proyectos de desulfurización de los combustibles refinados demandarían unos US$750 millones adicionales. En otras palabras, se estarían comprometiendo más de mil millones de dólares. Con semejante compra, el Estado tendría el monopolio de la refinación de combustibles, el peor de los monopolios, pues no estaría sujeto a regulación alguna, además sería nítidamente inconstitucional.

La Pampilla refinó 72,000 barriles diarios de petróleo crudo el 2012 y Talara cerca de 65,000 barriles diarios. En total el 90% del mercado. Estando pendiente la modernización y desulfurización de Talara, el Estado tendría que asumir en total más de 4 mil millones de dólares, inversiones equivalentes al total del presupuesto anual de educación o al costo de dos autopistas panamericanas de Tumbes a Tacna. En un país con 27% de pobreza, nuestro gobierno estaría por dedicarse a jugar al monopolio en vez de enseñar a leer y sumar.No nos olvidemos que el Estado empresario dilapidóel equivalente a US$ 47 mil millones a precios de hoy.

El economista Pablo Secada sostiene que la tendencia de las economías modernas y desarrolladas es a deshacerse de las refinerías estatales.

Otro aspecto de este tema se relaciona con el eventual crecimiento de la “caja chica” del gobierno,máxime siendo que Petroperú ya no está sujeto al control de Fonafe y Consucode, tal como lo explicamos en el artículo Gadafi, Chávez y Petroperú de Lampadia.

La eventual compra de los activos de La Pampilla es una pésima señal al sector privado, justamente, en momentos en que se paralizan muchas inversiones, además del despropósito del uso de recursos públicos en aspectos no necesarios ni prioritarios.

Para mayor información sobre el tema leer el artículo de Jaime de Althaus La nostalgia del estado empresario (El Comercio, 26 de abril, 2013) y el editorial de El Comercio, La Madurez empieza por casa (26 de abril, 2013)

Las declaraciones del domingo del Presidente Ollanta Humala, a un solo medio, no lograron calmar los ánimos y justificadas críticas que ha desatado la decisión del gobierno de evaluar la compra de los activos de Repsol. Si bien el jefe de Estado pretendió bajar el voltaje informando que Petroperú compraría la refinería La Pampilla, los grifos y la envasadora de gas Solgas en calidad de socio minoritario de un “inversionista privado”, la reacción de la sociedad ha mostrado que el país no está para aventuras populistas.

El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, habló con base y firmeza luego del pronunciamiento presidencial. Señaló que el jefe de Estado no lo había convencido y que “nos habíamos salido de la hoja de ruta”, enfatizando que la eventual compra de los activos de Repsol “confirma la decisión política del Estado en interferir en un mercado donde trabajan los privados”.

El sábado pasado el gobierno  publicó el Decreto Supremo 012 de Energia y Minas, sin la firma del ministro de Economía, mediante el cual reglamenta la ley 28840, de julio del 2006, precisando la figura de los encargos especiales, que facilitaría la compra de los activos de Repsol. El artículo 3 del reglamento establece que  estos encargos serán dictados solo por el Ejecutivo mediante Decreto Supremo. Es decir, para comprar los activos de Repsol no se necesitaría ya  una ley expresa del Congreso.

El reglamento tiene otras perlas: ratifica la exclusión de Petroperú del ámbito del Fonafe, del SNIP y de las normas generales de adquisiciones del Estado. Además señala que los trabajadores de la petrolera estatal no serán considerados funcionarios públicos.

El Estado a su “mínima expresión”

El presidente Humala sostiene que se requiere una economía “más equilibrada” entre la experiencia estatista de los setenta y “la reducción del estado a su mínima expresión” actual. ¿Qué tipo de equilibro puede desearse entre el modelo estatista que desquició nuestra economía y empobreció al 60% de los peruanos, y el modelo de economía de mercado que trajo al Perú un círculo virtuoso de reducción de la pobreza, la desigualdad y la desnutrición infantil?  El Presidente ha dicho que quiere un Estado “fuerte”, pero parece estar atrapado por la ideología. El modelo que redujo al Estado a su “mínima expresión” fue el estatismo del pasado, en tanto que el Estado del siglo XXI, el que abrazó la economía de mercado es probablemente el más fuerte de nuestra historia. (Ver algunas cifras).

El estatismo de los años setenta hizo añicos al propio estado, lo redujo a polvo. El estado llegó a perder control sobre la moneda nacional por la hiperinflación. El déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública, la caída de la presión tributaria convirtieron al Estado en un No-Estado. No solo no controlábamos nuestra moneda sino que ya no ejercíamos el monopolio de la violencia con la irrupción del senderismo y otros grupos armados.

Las reformas económicas de los años noventa nos permitieron reconstruir el Estado desde sus  escombros. No solo han mejorado todos los indicadores económicos y sociales, incluso hemos recuperado la confianza en el futuro y el entusiasmo con el porvenir. Donde no hemos avanzado al mismo ritmo es en el Estado, pero no por ser pequeño y débil, sino por ineficiente e indolente. El Estado peruano tiene hoy capacidades de regulación que nunca existieron, empezando por una Sunat muy poderosa y otras instituciones como Indecopi y los reguladores de servicios públicos. Sus carencias no tienen que ver con los procesos productivos, ni de bienes, ni de servicios, se deben a los atrasos en educación, salud, infraestructuras, y a las debilidades institucionales en seguridad y justicia.