La crisis de la educación es ya un mal crónico. Lo tenemos claro hace décadas. Desde el estado y la sociedad, se han planteado objetivos de todo tipo en el Acuerdo Nacional y en muchos CADE por más de 30 años, los hemos discutido en todos los foros académicos y de reflexión nacional,  hay consenso en cuanto a la naturaleza de la crisis (mala educación) y la imperiosa necesidad de superar el problema. Sin embargo, no avanzamos, peor aún: en algunos casos retrocedemos, como sería ahora con el mal proyecto de reforma universitaria.

Por alguna razón no hemos logrado movilizar los recursos necesarios, ni priorizar la gestión, ni convocar la mejor gente para su manejo, y tampoco hemos tenido un buen liderazgo.  Es evidente que no podemos seguir así. Frente a esta realidad, surge por sí sola la pregunta ¿Por qué fracasamos si somos absolutamente conscientes del problema?

Los economistas José Gallardo y Piero Ghezzi, en un artículo firmado por ambos (Ver La paradoja de la inacción), señalan que la falta de acción del estado ante el problema educativo, entre otros, se origina  en la ausencia de “grupos de interés influyentes que logren que el gobierno priorice la resolución de problemas impostergables”. Ante este escenario plantean la posibilidad de crear una burocracia especializada, de un nivel equivalente a las que manejan la macroeconomía, (MEF y BCR).

Efectivamente, los peruanos aprendimos con mucho dolor, del resultado del populismo y de las malas políticas públicas que produjeron inflación, déficit fiscal, sobre endeudamiento público y empobrecimiento. Hace ya un par de décadas que mantenemos un manejo macroeconómico prudente, que ha permitido no solo la recuperación de nuestras finanzas, sino también que la sociedad en conjunto haya aprendido y aquilatado su importancia, respaldando a dos equipos sólidos, como los mencionados, que de alguna manera son como grandes pilares que sostienen la carpa bajo la cual se protege la salud de la República. Según la recomendación de Gallardo y Ghezzi, deberíamos construir un equipo igual, sólido y fuerte, para que vele por un mejor manejo de la educación.

De igual manera, Jaime de Althaus (Ver Reforma sin liderazgo) nos recuerda que los eventuales “afectados” por las necesarias reformas de la educación y el servicio público, como el SUTEP, están organizados y se movilizan para proteger sus privilegios, mientras que las grandes mayorías que se beneficiarían con los cambios, no tienen capacidad organizativa y no representan públicamente sus intereses. Así es como la educación pública sigue en manos de un sindicato que promueve la lucha de clases y que no tiene propuestas pedagógicas.

En cuanto a la educación superior, en el Congreso de la República se está debatiendo, sin mayor participación ciudadana, un proyecto de reforma universitaria que tiene la oposición de prácticamente todas las universidades del país. Lamentablemente, con la disculpa de la calidad educativa, otra vez grupos políticos alejados del interés nacional, pretenden hacer una reforma a tontas y locas, en su pequeño mundo, mal hecha, y por supuesto con el bonito ropaje que siempre le ponen a los proyectos que solo terminan creando lo contrario de lo que ofrecen, como son las llamadas Normas Contra-Propósito. (Ver Normas Contra-Propósito).

Con toda razón, las universidades peruanas están rechazando el intervencionismo y la regimentación que pretende el proyecto de  ley. A estas alturas debiera ser evidente que, en la sociedad del conocimiento, en el mundo del acelerado cambio tecnológico, en el reino de la innovación, donde las influencias de la globalización tienen una dinámica imparable y no predecible, es absurdo y ridículo, intentar uniformizar la educación mediante la planificación estatal y sujetarla a procedimientos burocráticos estatales. Esto se aplica también a los demás estamentos educativos.

Como señala el periodista Mirko Lauer (Ver Invasión legislativa en las universidades), “es inimaginable que un proyecto tan rechazado como el que comentamos sea aprobado al caballazo en una democracia”.

Todos los peruanos debemos exigir el más amplio debate sobre los temas educativos y que se convoque a los mejores cuadros para diseñar y ejecutar nuestra salida de la trampa de la mediocridad y la inacción (Ver Una impostergable revolución educativa).

Al momento en que cerramos esta edición, no queda claro el contenido del proyecto de ley de desarrollo docente. No solo porque el gobierno ha cometido el desacierto de mantener su confidencialidad en medio de tanta controversia (incluso cuando una supuesta versión del mismo ha circulado por todos los medios de comunicación), sino porque parece que ni siquiera coinciden sus mismos funcionarios en lo que este dispone. Un aspecto en el que esto ha sido cantinflescamente obvio es en lo que toca al papel que jugará el Sutep en la evaluación de los profesores dentro de la –supuestamente– nueva carrera meritocrática.

El sábado la ministra de Educación, Patricia Salas, confirmó en RPP que el Sutep formaría parte del comité evaluador del magisterio, que estaría encargado de determinar qué profesores podrán escalar en la carrera docente. Al día siguiente, sin embargo, el ministro de Trabajo, José Villena, declaró enfáticamente: “Jamás permitiremos que un sindicato sea el fiscalizador de los trabajadores”. Asimismo, ayer, el viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vegas, sostuvo que según el proyecto de ley del Ejecutivo el Sutep no participará en ningún comité ni será parte de la vigilancia en el proceso de evaluación de maestros. El viceministro, sin embargo, no supo cómo explicar las declaraciones contrarias de su superior, la ministra Salas.

Frente a este popurrí de oficiales aproximaciones a la realidad, no sabemos hoy a ciencia cierta qué dice el famoso (y clandestino) proyecto. De lo que sí estamos seguros, sin embargo, es que sería, siendo generosos, una pésima idea permitir que el Sutep evalúe a los profesores.

Las evaluaciones de los maestros deben tener como objetivo seleccionar a los mejores para que suban de categoría y obtengan un mayor salario, a fin de crear incentivos para elevar la calidad de su desempeño. Además, tan importante como esto, es que deben servir para detectar qué profesores no cumplen con las calificaciones mínimas requeridas para encargarles la educación de nuestros hijos y, consiguientemente, poder separarlos del magisterio. Por estos motivos, es claro que el proceso de selección tiene que ser lo más objetivo y técnico posible.

¿Puede ser objetivo y técnico el Sutep al momento de evaluar maestros? Obviamente no. Para empezar, se trata de una organización gremial, cuyos intereses se encuentran naturalmente sesgados hacia la defensa de los profesores y no del fin supremo del sistema educativo: los alumnos. Por eso, salvo que creamos que el gato puede hacer de despensero, no tiene sentido encargarles a los maestros que se evalúen a sí mismos.

Confiarle al Sutep la evaluación de los profesores tiene tanto sentido como dejarle a los productores nacionales de algodón la decisión sobre si poner aranceles a los productos importados. Y es que el abogado de parte nunca puede ser, al mismo tiempo, un juez imparcial.

Por otro lado, el Sutep es, según su propio estatuto, una organización que basa su accionar en la idea marxista de la lucha de clases, es decir, una plataforma ideológica que busca demagógicamente la igualdad de resultados entre sus miembros más allá de sus desempeños. Su naturaleza dista mucho de ser una organización técnica y sus principios (que hoy hasta la China comunista ya ha descartado) se encuentran en la esquina opuesta de la meritocracia. Y basta repasar su seguidilla de lobbies, robos de pruebas y violentas movilizaciones cada vez que se ha intentado establecer una jerarquía basada en los logros individuales en nuestra educación pública, para confirmar lo disciplinado que es este sindicato al momento de llevar sus principios a la práctica.

Incluir al Sutep como evaluador de los maestros finalmente sumaría un indicio más a aquellos que apuntan a que la ministra Salas viene negociando con el sindicato para entregarle una tajada de la torta que lo mantenga endulzado y le evite complicaciones al gobierno. Recordemos que su decisión de abandonar la Ley de Carrera Pública Magisterial fue anunciada luego de afirmar tramposamente que la iba a relanzar, salteándose al Consejo Nacional de Educación, pero conversándolo paralelamente con el Sutep.

Sobran, entonces, las razones para no entregarle al gremio este poder. Especialmente, cuando reparamos en que cada pedazo de la torta que le entregamos al Sutep se la arrancamos de las manos a los niños que hoy sufren con una de las peores educaciones del mundo.