La aprobación por el Congreso del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (Proyecto)  que implica una inversión de U$ 3,500 millones de dólares, de los cuales  U$ 2,730 millones serían asumidos por Petroperú, hace honor al aserto que señala que “aquel que la sigue la consigue”. En efecto, desde que se instaló el gobierno de Ollanta Humala la idea de una empresapetroleraestratégicaestatal, según el recetario populista latinoamericano, siempre estuvo en la agenda palaciega. Se escribieron varios capítulos: la propuesta de que Petroperú participara entre un 25% y 49% en los nuevos lotes petroleros a licitarse; la publicación de un Plan Quinquenal (2013-2017) –que fue retirado 48 horas después- en que se anunciaba que un 8% de sus acciones se iban a cotizar en bolsa hasta el 2017 y luego el intento de comprar la refinería La Pampilla para crear un ente monopólico del Estado en la oferta de combustibles. Sin embargo, los sueños de la empresa estratégica, se estrellaron contra la opinión pública y la firme decisión del sector Economía y Finanzas (MEF). Hoy, sin embargo, con la evidente necesidad de implementar la desulfurización de los combustibles, como se dice, parece imponerse, finalmente, el lado oscuro de la luna.

No se puede negar que el proyecto enviado por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo tiene candados (teóricos) para evitar la farra estatal. Se establece la participación del sector privado hasta un 49% del capital social de Petroperú; se dispone de 270 días para desarrollar un Buen Gobierno Corporativo; el Estado garantizará hasta U$ 1,000 millones los préstamos, bonos u otros de tipos de operaciones para implementar el Proyecto. Y, finalmente, se dispone que Petroperú tendrá restricciones en actividades y proyectos de inversión hasta que no genere los flujos suficientes para garantizar el pago del endeudamiento que contraiga para implementar el Proyecto y el sector privado no se haya incorporado con al menos un 40%. Hasta ahí todo suena bien. Pero, surge la pregunta: ¿La participación del sector privado y los flujos futuros de Petroperú, acaso no dependen de la rentabilidad del negocio petrolero en los próximos años?

Todos los analistas y especialistas de energía –incluida la Agencia Internacional de Energía– señalan que hacia el 2020 Estados Unidos se convertirá en el principal productor de petróleo alterando la oferta y demanda global, e incrementando los riesgos del negocio petrolero en las demás regiones del planeta. Si las cosas van en ese sentido, ¿no debería el sector privado asumir el riesgo de la modernización de la Refinería de Talara? O, ¿no se deberían apostar por alternativas minimalistas en el plan de inversión en vez de la opción maximalista aprobada? O por último importar combustible desulfurizado? Son preguntas que están sobre la mesa, ¿qué pasaría si no hay flujos futuros dePetroperú, como en todo su pasado? ¿Qué sucedería si no se consigue el 49% de participación del sector privado?

Semejantes interrogantes nos obligan a recordar algunas cosas con respecto a una empresa que se propone un emprendimiento gigantesco de U$ 3,500 millones de dólares. La utilidad de Petroperú en el 2011 fue de 532 millones de soles y en el 2012 de 66 millones. Es decir, una empresa que no tiene rentabilidad se propone usar sus flujos futuros para cubrir los U$ 2,730 millones. Si se está pensando que, finalmente, se echará mano del bolsillo de los contribuyentes, otra es la historia; pero si se considera financiar con flujos y aporte del el sector privado, entonces, hay gigantescos problemas y consideraciones a tomar en cuenta.

El asunto nos obliga a recordar otras sombras. Petroperú fue convertida en la “caja chica” de los últimos gobiernos, habiéndose utilizado sus recursos en gastos como, por ejemplo, re-amoblar Palacio de Gobierno para Toledo. Asimismo recordemos que Petroperú no da cuentas a nadie, está excluida del FONAFE (Fondo Nacional del Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado),del  SNIP (Sistema de Inversión Pública) y   del  CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Es decir, todas estas normas permitieron que Petroperú se convirtiera en la caja chica de los sucesivos gobiernos; ahora, con el gran proyecto, puede convertirse en la caja grande.

Si el gobierno quiere que creamos en su Proyecto y sus candados, lo menos que puede hacer es ejecutar primero los siguientes pasos: registrar las acciones de Petroperú en las bolsas de Lima y Nueva York, regresar a la empresa al ámbito de FONAFE, CONSUCODE y el SNIP e, instalar el gobierno corporativo con un directorio profesional. En todo caso, este Proyecto nos obliga a levantar las cejas y permanecer muy alertas.

Alfonso García Miró, presidente de la Confiep, recoge y señala en la siguiente entrevista para el diario El Comercio, realizada por Mariella Balbi, las preocupaciones que han surgido en el gremio empresarial y en una gran parte de nuestra sociedad a raíz de la decisión del gobierno de comprar los activos de la empresa Repsol. Se pronuncia con base y firmeza.

Para el presidente de la Confiep, el decreto supremo que reglamenta la actividad de Petro-Perú garantiza la compra de los activos de Repsol por el gobierno y abre la puerta a la gran transformación.

El presidente Humala dijo ayer en una entrevista que la compra de Repsol “será vista con criterio técnico y que él solo defiende el interés nacional”. ¿Lo convenció?

De ninguna manera. Me confirma la decisión política de interferir en un mercado donde trabajan los privados. Me queda claro que este será el comienzo de la transformación del Perú con un Estado avasallador, prepotente, autoritario, como en Cuba, Bolivia Venezuela y Argentina. Pero los peruanos nos defenderemos de esta gran amenaza.

El criterio técnico…

Con lo que él llama criterio técnico puede terminar comprando todo el país. No es una explicación racional ni aceptable para los peruanos. Con criterio técnico puede haber un millón de negocios donde el Estado voraz quiera participar destinando recursos de todos los peruanos, compitiendo en desventaja con el sector privado. No me van a decir que con criterio técnico se va a operar la red de grifos cuando -ojalá no- los tenga el Estado. Basta que el presidente o un ministro se levante de mal humor y decida que la gasolina deba bajar, hundiendo a la industria de grifos.

¿El reglamento de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petro-Perú confirma la compra de Repsol?

Era el dato que faltaba para confirmar la compra de Repsol y para que la Confiep entre en una neta confrontación con el gobierno. Ahora sí es clarísima y explícita la intención del gobierno. Nacionalizar un sector competitivo es la primera gran señal de que el gobierno va contra el desarrollo de la economía del Perú, del mercado, de los empresarios y está a favor de la estatización. Confiep se opondrá enérgicamente y de la manera más firme a esto. Tenemos a la opinión pública del Perú y a los millones de empresarios que están viendo amenazados sus negocios porque esta decisión indica que ese modelo se puede aplicar a cualquier otro sector con cualquier pretexto.

El D.S. libera de responsabilidad a los funcionarios de Petro-Perú.

Liberar a los funcionarios de Petro-Peru de responsabilidad es otra cosa absurda e irracional. Justo cuando Confiep ha señalado el quiebre moral que significa que un funcionario público gire un cheque por un valor que el mercado no puede justificar y sabe Dios dónde va ese dinero. Además, atenta contra los intereses de los más pobres. Petro-Perú es de todos los peruanos y sus funcionarios van a pasar como si fueran de la empresa privada.

¿Los funcionarios de PetroPerú no pueden integrar una sociedad mercantil?

¡Qué sociedad mercantil, no es dinero privado si no de todos nosotros! Quien arriesga esos activos son funcionarios públicos, por más paraguas que le quieran poner. Estamos seguros de que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no contemplarán de ninguna manera esa norma porque es inconstitucional. Además es una manera de encubrir a los corruptos.

El Congreso queda fuera del juego también.

¡Quedan todos fuera! Quieren santificar al funcionario que va a girar el cheque. ¡Por favor! Pero ese funcionario público va ir a la cárcel de todas maneras y con más razón todavía. El Estado está protegiéndose de cualquier denuncia de corrupción del propio Estado. ¡No, pues! ¡Es una barbaridad jurídica! Una amenaza al equilibrio de poderes.

¿Viramos al modelo chavista?

Por supuesto. Esta es una señal clarísima. Un calco de lo hecho por PDVSA [empresa petrolera estatal venezolana] que se ha convertido en comprador de leche, regalador de puestos, de dinero de los venezolanos a los cubanos y argentinos. ¿Eso quieren hacer de Petro-Perú? Pues nos vamos a oponer con todo el poder que nos da la ley. Es una amenaza para el país.

¿Detrás de esta decisión está el deseo del gobierno de cambiar de programa…?

Definitivamente. Antes de este decreto supremo teníamos la duda, con su publicación tenemos la certeza.

¿La certeza de que el gobierno ha virado al programa “La gran transformación”?

Sí, sin ninguna duda se está virando a “La gran transformación”, más del 70% de los peruanos le teníamos terror en las elecciones. Salimos de la hoja de ruta. Es una vergüenza para el Perú.

El ministro de Economía, Miguel Castilla, no lo firma. ¿Le sorprende?

No me sorprende porque él tiene principios. Lo que me sorprende es que el gobierno haya tenido la audacia de sobrepasar a un ministro de Economía con un decreto. El ministro Castilla no firma barbaridades.

Se dice que el ministro Castilla ha renunciado.

No lo sé. Si no firma el decreto, es porque no lo avala. El gobierno nunca debió sacarlo sin su firma, salvo que tenga intenciones autoritarias como lo hacen en Cuba, Venezuela y Argentina que son el ridículo internacional. Por su trayectoria profesional, estoy seguro de que Castilla no está atornillado al puesto.

Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, firma el decreto.

Él es un funcionario que no tiene capacidad alguna para enfrentarse enérgicamente al gobierno y está desaparecido de la imagen pública y quizá del propio gobierno. Su firma es sorprendentemente negativa para Confiep.

El ministro Merino sostiene que Petro-Perú entraría como socio de Repsol…

No, por favor. El ministro Merino no tiene ninguna importancia en esto. Dijo muchas cosas desmentidas luego por el presidente. No le daría ninguna importancia a las declaraciones de Merino.

¿Qué consecuencias trae para el país virar hacia la gran transformación?

Va a traer tremendos problemas. Pero los peruanos que hemos hecho del Perú un país exitoso no lo vamos a permitir. El Perú no es propiedad de un funcionario público, de un político, ni de una persona que quiere cambiar sus destinos. El país emblemático que hemos construido en el mundo no le pertenece a una dinastía.

¿Cómo protestará Confiep?

Nos organizaremos junto con la sociedad civil ante esta amenaza. Ese decreto favorece la corrupción y le complica enormemente el panorama y la capacidad de gestión al gobierno. Ha sido un gran error publicarlo. Veremos cómo van las cosas para emitir un pronunciamiento.

¿Esta decisión ahuyentará las inversiones?

Sin ninguna duda. Genera incertidumbre y el caos en el país. Nadie sabe cuál es la dirección que se va a tomar y si vienen más sectores que el gobierno quiera estatizar. Ya comenzó con el petróleo. El gobierno se está disparando a los pies. Es una barbaridad.

Hay quienes ven positivo que con este decreto Petro-Perú pueda invertir en la exploración de petróleo…

En lugar de vender a privados el lote 64, se lo queda para sus pretensiones. ¡Petro-Perú es de todos los peruanos, no de la gente de izquierda! Movilizar millones de dólares de todos es una aventura política. No nos van a robar. Así de sencillo. El decreto no es para la exploración, es para utilizar a Petro-Perú como un canal de populismo político como Cuba, Venezuela y Argentina con la flamante estatizada y expropiada Repsol. Este decreto tiene una carga ideológica chavista que no vamos a aceptar en el Perú.

Un argumento a favor de la compra de Repsol es que Colombia, Brasil, Chile, Venezuela tienen toda la cadena del procesamiento petróleo y son exitosos.

Los pecados de otros no hacen santo a uno. En esos países existen rezagos de empresas públicas que no fueron privatizadas. Causan perjuicio económico pero se mantienen por decisión política.

¿A Colombia, a Brasil les causa perjuicio económico?

No, porque tienen una industria petrolera potente y pujante. Pero esas empresas, a manos de privados, serían más exitosas y generarían mucho más beneficios a sus países. En Chile, la empresa tiene pasivos mayores que los activos, tiene pérdidas y no es eficiente. Hay un monopolio en la compra de combustibles. Cuando Brasil cambia de gobierno las acciones en la bolsa fluctúan con cifras de más de dos dígitos y varían de acuerdo a las decisiones políticas del gobierno. Eso no tiene sentido. Las empresas deben manejarse por sus activos, pasivos y por la capacidad de generar negocios futuros, no por el estado de ánimo de los políticos.

Otro argumento muy vistoso es que Chile comprará Repsol y nos tendrían cogidos del cogote, por ejemplo si el fallo de La Haya es desfavorable…

Ese es un argumento del siglo XIX. Las empresas que salen a conquistar mercados fuera hacen el bien tanto a su país como al del destino del capital.

Un sector en el gobierno considera mejor invertir en la refinería de Talara de Petro-Perú.

Para que Talara no sea contaminante se tiene que invertir 2,000 millones de dólares. Esa sí es una obligación del Estado: mejorar esa refinería para no afectar la salud de los peruanos. Y si fuera privada también habría que hacerlo. Pero si se compra La Pampilla, de Repsol, se estatiza la refinación en el Perú y no va a mejorar Talara.

¿Se busca controlar el precio de la gasolina con la compra de Repsol?

Lo que no puede ocurrir es que el precio de la gasolina esté en función de la decisión de un funcionario estatal que diga ganamos menos, pero lo controlo.

(Tomado de El Comercio, 29 de abril, 2013)

El gobierno ha confirmado estar evaluando su eventual intención de comprar los activos de Repsol con el argumento principal de “la necesidad de regular” los precios de los combustibles. ¿De qué estamos hablando?

Los precios de los combustibles están alineados con los mercados internacionales y regulados por una banda de precios que establece Osinergmin. Ergo, si los precios de los combustibles ya están regulados, entonces, las intenciones de comprar los activos de Repsol y La Pampilla tienen que ser de otra índole. Resulta evidente que aquí no se quiere regular sino controlar políticamente los precios y concentrar poder económico, como se hace con PDVSA en Venezuela, YPF en Argentina y en los demás países bolivarianos.

Si consideramos que por la compra de Repsol se habla de pagar unosUS$400 millonesy las inversiones en los proyectos de desulfurización de los combustibles refinados demandarían unos US$750 millones adicionales. En otras palabras, se estarían comprometiendo más de mil millones de dólares. Con semejante compra, el Estado tendría el monopolio de la refinación de combustibles, el peor de los monopolios, pues no estaría sujeto a regulación alguna, además sería nítidamente inconstitucional.

La Pampilla refinó 72,000 barriles diarios de petróleo crudo el 2012 y Talara cerca de 65,000 barriles diarios. En total el 90% del mercado. Estando pendiente la modernización y desulfurización de Talara, el Estado tendría que asumir en total más de 4 mil millones de dólares, inversiones equivalentes al total del presupuesto anual de educación o al costo de dos autopistas panamericanas de Tumbes a Tacna. En un país con 27% de pobreza, nuestro gobierno estaría por dedicarse a jugar al monopolio en vez de enseñar a leer y sumar.No nos olvidemos que el Estado empresario dilapidóel equivalente a US$ 47 mil millones a precios de hoy.

El economista Pablo Secada sostiene que la tendencia de las economías modernas y desarrolladas es a deshacerse de las refinerías estatales.

Otro aspecto de este tema se relaciona con el eventual crecimiento de la “caja chica” del gobierno,máxime siendo que Petroperú ya no está sujeto al control de Fonafe y Consucode, tal como lo explicamos en el artículo Gadafi, Chávez y Petroperú de Lampadia.

La eventual compra de los activos de La Pampilla es una pésima señal al sector privado, justamente, en momentos en que se paralizan muchas inversiones, además del despropósito del uso de recursos públicos en aspectos no necesarios ni prioritarios.

Para mayor información sobre el tema leer el artículo de Jaime de Althaus La nostalgia del estado empresario (El Comercio, 26 de abril, 2013) y el editorial de El Comercio, La Madurez empieza por casa (26 de abril, 2013)

En un reciente artículo publicado por el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, en el diario El Comercio, con el objeto de justificar el regreso de esa empresa estatal a las actividades de exploración y explotación petrolera, sostiene que el 85% de las reservas petroleras del planeta están bajo control de empresas estatales. Agrega que 15 de las 20 compañías más grandes de hidrocarburos del mundo también son públicas.

El señor Campodónico dice la verdad, pero es la verdad del orden del petróleo mundial que ha emergido sobre dictaduras, sangre y corrupción en el planeta. El régimen fundamentalista de Irán y todas sus barbaridades contra los derechos humanos es  posible por la estatización de las empresas inglesas tras la instauración de la teocracia islamista. Detrás de la satrapía de Saddam Husein también estaba la Compañía de Petróleo de Irak. Detrás de la dictadura de Gadafi en Libia también hubo una entidad estatal del petróleo. Lo mismo sucedía con la dictadura de Ben Alí en Túnez y con el régimen autoritario de Mubarak en Egipto. Estos últimos fueron derribados por las protestas de la Primavera Árabe que exigían mayor libertad y menos corrupción.

En América Latina, la reelección indefinida de Hugo Chávez y las denuncias de corrupción en Venezuela parten de la captura por parte del gobierno de la empresa  PDVSA que, debido a la ineficiencia en la gestión, entre 1999 y el 2011 bajó su producción en un tercio del total mientras que su planilla aumentó en más de 180%. El manejo estatal del petróleo venezolano le ha permitido a Chávez desarrollar una política clientelista y de cooptación, dentro y fuera de Venezuela.   Los entendidos  señalan que sin el petróleo Chávez no habría tomado el poder absoluto y menos desarrollado  su proyecto bolivariano continental.

En síntesis, el actual orden del petróleo mundial, en el que los estados deciden controlar ese recurso natural tan escaso sustrayéndolo de las políticas de mercado, es fuente de dictaduras,  genocidios  y corrupción generalizada. Que el Perú se haya apartado de la ruta estatista y de la tentación totalitaria,  debería ser motivo de orgullo nacional.

LOS CASOS DE PETROBRAS Y ECOPETROL

• La empresa estatal brasileña Petrobras y la estatal colombiana Ecopetrol  son empresas de capital mixto.
• El 50 de las acciones de Petrobrás son del sector  privado, sus acciones se cotizan en la bolsa y mantiene un alto nivel de gestión corporativa.
• Ecopetrol también ha colocado una parte importante de sus acciones en bolsa. Sin embargo para mostrar balances positivos, incluye el valor de las reservas petroleras  entre sus activos.

El presidente de Petroperú, algunos articulistas de izquierda, y más recientemente  el movimiento  Ciudadanos por el Cambio, plantean  que Petroperú participe en la construcción del Gasoducto y la Petroquímica del Sur Andino e, inclusive, en una alucinada compra (¿está en venta?) de la Refinería de La Pampilla. ¿De dónde pecata mia?
¿De dónde pecata mía?

Según la propia Petroperú, en el  2011 esta empresa tuvo utilidades por 532 millones de soles., sin embargo el BCR señala que en verdad hubo pérdidas por 174 millones de soles. ¿Juego de cifras? Aun así, cómo podría invertir  en  una “cartera de negocios” de 4,000 millones de dólares? ¿Quién pagará la aventura? ¿Los contribuyentes?

Para la modernización de la refinería de Talara los montos a invertir van y vienen. Primero se habló de $800 millones y luego de $1,300 millones. Después se habló de US$ 1,700 millones y hasta de US$ 2,500 millones. Para  Kuntur, se ha  solicitado que Petroperú financie  US $ 1,200 millones. ¿Danza de petrodólares?

Petróleo: ¿Negocio seguro?

El señor Campodónico argumenta que la participación de Petroperú en la exploración y explotación es negocio seguro. ¿Cómo así? Según él, un lote que se concesionaría sería ofertado a la empresa privada en base a un plan de inversión y las correspondientes regalías. Las regalías que recibiría el fisco, en este caso, servirían para los aportes de capital de Petroperú en la inversión hasta por un monto del 49%. Es decir, en vez de que el Estado reciba dinero contante y sonante, la empresa  recibiría acciones.

Además, las regalías serían menores puesto que los inversionistas tendrían que compensar el costo del “free ride” (las acciones sin respaldo de inversión) de Petroperú.

Con el argumento de las ” empresas públicas estratégicas” el bolsillo de todos los peruanos financiaría la aventura empresarial de Petroperú, tal como sucedió hace algunas décadas en que las empresas públicas eran la causa de todos los forados fiscales y la inflación desbocada que destruyó la clase media y la economía peruanas. Según el estudio “Eficiencia del gasto en América Latina – Perú” (IPE, mayo 2008), las pérdidas acumuladas por las empresas estatales hasta 1990 llegaron a US$ 17,738 millones (Dólares de 1998), monto equivalente al 67% del PBI de dicho año. Un desastre. ¿No es suficiente ese altísimo costo para que los peruanos sepamos lo que no se debe hacer?

Frivolidad petrolera

Los recursos del Estado no están para derroches. ¿Es posible distraer recursos públicos y que se asuman riesgos de inversión  cuando – a pesar de los avances económicos y sociales de los últimos años – tenemos aún un 27.8% de la población en situación de pobreza, un 6.3% en extrema pobreza, 15.2% de niños en estado de desnutrición y un déficit de infraestructuras de decenas de miles de millones de dólares?

El status extraordinario

Por si fuera poco, Petroperú fue convertida en la “caja chica” de los últimos gobiernos, habiéndose utilizado sus recursos en gastos como, por ejemplo, re-amoblar Palacio de Gobierno. Estos hechos confirman que las empresas estatales pueden ser utilizadas como instrumentos de concentración de poder y de corrupción.

Si no veamos el status de Petroperú, que  ha sido sustraída del ámbito del FONAFE (Fondo Nacional del Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), entidad titular de las acciones en todas las empresas en las que participa el Estado y que norma y dirige el funcionamiento de las empresas públicas.

Esta decisión fue aprobada mediante la ley 28840 el 23 de julio de 2006 (Ley de Fortalecimiento y Modernización de la empresa Petróleos del Perú), que también exoneró a Petroperú de someterse al  SNIP (Sistema de Inversión Pública) y   al  CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).

¿Qué hay detrás de las propuestas para revivir el monopolio estatal petrolero?

Las reacciones al anunciado incremento de participación de Petroperú en la explotación de hidrocarburos no se hicieron esperar. De acuerdo con expertos en materia energética, la intervención de la petrolera estatal –de entre 25% y 49%– en los 36 nuevos lotes que se licitarán en noviembre, es un contrasentido.

Y es que el insuficiente patrimonio de la estatal imposibilita tanto la participación mayoritaria o minoritaria de esta, apuntó el economista y consultor energético Víctor Medina Calderón.

Teniendo en cuenta que tan solo perforar un pozo en la zona de selva cuesta alrededor de US$ 100 millones, y la exploración en alrededor de US$ 5 millones, ¿podría Petroperú, con un patrimonio que no llega a más de US$ 800 millones, participar en la inversión que se destinaría en los 36 nuevos lotes?

“Petroperú prácticamente está imposibilitada de hacer algún tipo de inversión”, dijo Medina al momento de indicar que al poco nivel de inversión se suma el riesgo que tendría que afrontar la empresa, ya que el orden de riesgo de las exploraciones de pozos petroleros es de un 60%.

Sin embargo la visión del cuestionado titular de Petroperú, Humberto Campodónico, es otra. Según el funcionario, la estatal “cuenta con la experiencia y capacidad técnica y profesional para realizar actividades de explotación, las cuales constituyen un paso fundamental para la integración vertical de la empresa; es decir, para la realización de actividades en todos los tramos de la cadena productiva de esta industria”.

“Petroperú no solo no tiene respaldo patrimonial, sino que su participación en la Bolsa de Valores es incipiente”, acotó Medina Calderón tras revelar que al interior de la empresa de bandera esto se sabe y el directorio, contrario a Campodónico, está decidido a no avalar ningún crédito para proyecto alguno, salvo en situaciones de emergencia como en caso de escasez de combustibles.

El experto en hidrocarburos agregó que las declaraciones de Rosa María Ortiz, presidenta de Perupetro –quien el martes sorprendió a propios y extraños al informar que la participación de Petroperú en la explotación de hidrocarburos en el país se incrementará–, obedecen a una campaña que ejecuta Campodónico por mantenerse en el cargo y crear en la ciudadanía la ilusión de un correcto manejo financiero de la empresa.

Para el abogado constitucionalista y presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Raúl Castro Stagnaro, la aventura empresarial que pretende Petroperú “es un contrasentido”, pues va en contra del rol subsidiario del Estado que delimita la Constitución.

“Estamos volviendo a transitar caminos que ya recorrimos y en los que no nos fue nada bien”, dijo Castro al momento de argumentar que no ve por qué el Estado quiere ser socio activo de actividades que requieren de alto grado de inversión y tecnología que no se tiene.

“El Estado peruano no es una compañía petrolera. Debe preocuparse más bien por cobrar sus rentas y especializarse en los temas que le competen”, apuntó el ex parlamentario al indicar que el Gobierno se debe enfocar en ejecutar bien las regalías que percibe y brindar trabajo eficiente, “pero no debería meterse a estas aventuras que terminan desanimando a los inversionistas”.

Factor de competencia

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ratificó lo dicho por la presidenta de Perupetro, Rosaria María Ortiz, de que las empresas que ganen la buena pro de los 36 nuevos lotes calificarán en base a tres variables: participación de Petroperú de entre 25% y 49%, monto de regalías y cantidad de inversión.

Sin embargo, los especialistas en temas energéticos coinciden en que el Estado debe apuntar solo a los factores de competencia relacionados con las regalías e impuestos, tal como se hizo hasta la última licitación de lotes para la explotación petrolera en 2010.

El dato

Perúpetro anunció ayer la próxima licitación de 36 lotes de exploración. En estas convocatorias, Petroperú tendrá una participación accionaria, entre el 25% hasta el 49% en cada lote licitado, con la empresa ganadora.