En el Congreso se ha presentado un proyecto de ley con nombre y apellido propios. El nombre es del grupo Oviedo y el apellido el mercantilismo que se multiplicó como hongos bajo la lluvia en las épocas de estatismo económico. Se trata de la iniciativa del congresista Martín Rivas que pretende transferir los hospitales de las azucareras (del grupo Oviedo) a Essalud, con objeto de eliminar la deuda de 20 millones que la empresa Tumán le tiene. El asunto adquiriría un tono pintoresco y aislado si no se tratara del mismo grupo que, durante ocho años consecutivos, ha logrado prorrogar una cuestionada ley de protección patrimonial, que evita que las empresas dedicho grupo paguen sus deudas a la Sunat, Essalud, ONP, AFP y otros. Así como lo lee, aunque parezca mentira, en la economía estrella de América Latina y que tantos elogios cosecha en el mundo, todavía  se agazapa el mercantilismo y logra controlar los poderes del Estado.

En el libro Mercantilismo en el cañaveral de Pablo Bustamante, se describe cuáles han sido las estrategias políticas e institucionales para conseguir las sucesivas prórrogas de la llamada ley de protección patrimonial que exoneró a las empresas del grupo Oviedo (Tumán y Pomalca) de sus obligaciones con el Estado y los privados. Al margen de cualquier argumento, ¿qué significa dejar de pagar una deuda en una economía de mercado? Pues, afectar la propiedad de la persona o sujeto a quién se debe. Eso es lo que hace la llamada protección patrimonial del grupo Oviedo. Se deja de pagar a la Sunat, Essalud, ONP, entidades que representan al patrimonio de todos los peruanos. Se deja de pagar a las AFP, entidades que representan el patrimonio de privados. Es decir, las empresas del grupo Oviedo se han convertido en verdaderas islas económicas o quizá en territorios liberados donde no se aplican las leyes nacionales.

Sin embargo, lo más grave de todo es la manera cómo se han conseguido las prórrogas de las exoneraciones a favor de Tumán y Pomalca. En primer lugar, más allá de izquierdas y derechas, en el Congreso surge una bancada inter-partidaria que defiende abiertamente los intereses de los Oviedo. Apristas, fujimoristas y nacionalistas se juntaron durante el gobierno anterior para conseguir la mencionada prórroga. Lo más grave vino después. El Ejecutivo observó la ley, pero la unidad inter-partidaria a favor del mencionado grupo azucarero insistió con la mencionada norma y la prórroga se concretó. ¿Cómo se llama al hecho de que una mayoría defienda intereses privados y apruebe leyes con nombres y apellidos propios? Pues, puro mercantilismo. Nada más.

El nuevo proyecto presentado para favorecer a  Tumán  y Pomalca nos recuerda cuántos obstáculos necesitamos superar para construir una democracia más eficiente y una economía de mercado libre de las presiones mercantilistas. Si puede surgir una “bancada Oviedo”, entonces, las cosas no están como deberían estar en el país. Imaginen si el narcotráfico se propusiera imitar las estrategias del mercantilismo y organizar una bancada propia en el Parlamento. Es evidente que se apuñalaría gravemente a la democracia. Por eso, la lucha contra estas leyes mercantilistas no son luchas sectoriales o, simplemente, económicas. Tienen que ver con la libertad en general.

El viejo mercantilismo de las décadas perdidas (60, 70 y 80), aquel que en nombre de “proteger a la industria nacional”  se enriquecía con prebendas tributarias y arancelarias que le daba el estado a costa de millones de peruanos, resurge cada vez que se le presenta la oportunidad.

La SNI (Sociedad Nacional de Industrias), cuyos dirigentes debieran tener una especial sensibilidad con el mercantilismo, con ocasión de la presentación de su nueva imagen, han solicitado al gobierno que se rebaje al 20% la tasa del Impuesto a la Renta para las industrias manufactureras. Qué lástima que hayan asociado su nueva imagen a un desliz mercantilista. Otra cosa habría sido que plantearan una rebaja del impuesto a la renta para todas las empresas y sectores, o un impuesto plano, como se usa en otros países, pero no es elegante que lo hayan demandado solo para su sector.

El presidente de la SNI, Luis Salazar, se manifestó preocupado en cuanto a la relación de la carga tributaria con la ligera caída en la producción, sin reconocer el contexto internacional. Es cierto que en el Perú la carga tributaria es excesiva y que recae mayormente en  el sector formal, y es probable que con menores tasas nominales, se podría lograr una mayor recaudación, pero nos parece que este no es el momento ni la forma de plantear el tema.

También causa inquietud que conspicuos representantes de la izquierda anti mercado se hayan trepado sobre la propuesta de la SNI para exigirle al gobierno “medidas de reactivación industrial” y, a partir de ello asumir una posición supuestamente “nacionalista” de “defensa de la industria nacional”, siguiendo  los viejos manuales proteccionistas de la antigua izquierda latinoamericana.

En realidad, los enemigos del mercado se están aprovechando del reclamo la SNI para promover la aplicación de medidas que desestabilizarían el modelo económico. Pedro Francke, por ejemplo, no solo pide bajar los impuestos de las empresas industriales, sino también “recuperar el tipo de cambio real” o “facilitarles el acceso al crédito”. ¿Pretende acaso que el estado fije un tipo de cambio especial para los industriales o que les subsidie el crédito?

Por otro lado, la ex jefa de la SUNAT, Beatriz Merino, también ha criticado a la SNI, pero insiste en que hay que aumentar la presión tributaria, sin reparar en otros condicionantes. Ella indica que durante su gestión, ésta pasó de 11% el 2001 a casi 15% del PBI el 2003. Según el BCR, la presión tributaria del 2001 fue 12.3% y el 2003, 12.9%. La doctora Merino no aprovechó para aclarar la diferencia entre presión tributaria y presión fiscal. Por ejemplo, según el BCR, en el año 2012, la presión tributaria fue de 16% del PBI, la presión fiscal del gobierno central, que incluye los ingresos del canon entre otros, 18.5% y la presión fiscal del gobierno general, que incorpora los ingresos de los gobiernos locales, 21.6%.

El gobierno no debe caer en la nueva tentación mercantilista que le están poniendo por delante la SNI y la izquierda anti mercado, cualquier privilegio, tal como lo vimos en el pasado, será siempre a expensas de la salud de la República.