A la potencial y anacrónica compra de los activos de Repsol se le ha sumado otro hecho que, si bien ha tenido menor notoriedad, no es menos preocupante. Se trata de la transferencia de competencias para la administración de los puertos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), dependiente del Ministerio de Defensa.

Son varios los frentes por los que esta transferencia genera preocupaciones. Para empezar (siguiendo con el derrotero que marcaría la expansión de las actividades de Petro-Perú), el Gobierno ha decidido ignorar que se encuentra subordinado al Congreso y a la Constitución. El decreto legislativo mediante el cual se realizó la mencionada transferencia de competencias se emitió en virtud de una delegación de facultades realizada por el Parlamento. Este último, no obstante, circunscribió la misma a la reforma del sector Defensa. Por eso, cuando el Gobierno entró a regular la gestión de servicios comerciales portuarios y la administración del transporte comercial marítimo, fue más allá de lo que estableció el Congreso y violó además la repartición de poderes establecida por la Constitución.

La inconstitucionalidad del mencionado decreto legislativo, sin embargo, no termina en el hecho de que el Ejecutivo tome las órdenes del Parlamento como una mera sugerencia. Además, a través de esta norma, el Ejecutivo creó una oficina de inspecciones y auditorías para brindar, en exclusividad, servicios de inspección y auditoría respecto de estándares de seguridad y contaminación de las embarcaciones. Esta oficina cobrará por evaluaciones que tranquilamente podrían realizar empresas privadas y, así, violará el artículo de la Constitución que señala que el Estado no puede poner una empresa para realizar actividades que puedan hacer los privados.

El Gobierno, no obstante, no solo decidió mantener su costumbre de ignorar este último artículo constitucional. Además, le entregó el monopolio legal de dichas actividades a la mencionada nueva oficina y le otorgó a Dicapi la facultad de crear tributos para financiarse, todo lo cual también se encuentra prohibido por la Carta Magna.

Lamentablemente, que al Ejecutivo no le interese lo que establece la Constitución y el Congreso no es la única mala noticia. Esta reasignación de funciones, además, no tiene un sentido práctico porque se le han quitado atribuciones a la entidad especializada (la APN) para entregársela a otra que tiene personal capacitado para administrar temas de seguridad mas no comerciales (Dicapi). Como han señalado varios especialistas, que la Marina se encargue de los aspectos comerciales de los puertos tiene tanto sentido como asignarle a la Fuerza Aérea la administración de la aviación comercial o al Ejército la regulación del tránsito terrestre.

La mejor prueba del retroceso que supone trasladar las facultades de la APN a Dicapi son los números. Según Cómex-Perú, hace siete años, cuando la Marina se encargaba de los procesos de recepción, despacho, zarpe y arribo, las tasas que pagaban las embarcaciones ascendían en total a S/.26 millones. Hoy, en cambio, a pesar de que el tráfico naviero es mayor, la APN cobra en total solo S/.13 millones, permitiendo una reducción de costos que beneficia a los consumidores finales de los productos.

Por otro lado, el mencionado decreto legislativo establece que ahora se necesitará el visto bueno de la Marina para concesionar los puertos. Esto (además de ser una barrera adicional e innecesaria para el desarrollo de infraestructura portuaria) preocupa porque, según la congresista Luciana León, en el pasado Dicapi se opuso a la concesión del Muelle Norte, lo que es un indicio de la falta de interés de la Marina por la inversión privada. Estando en el puesto 111 de 144 países en calidad de infraestructura portuaria, según el Índice de Competitividad Global 2012-2013, no se llega a entender por qué ponerle más trabas al desarrollo de nuestros puertos.

En suma, por donde se le vea, debe preocuparnos la militarización de los puertos. No solo por todos los errores que ella implica, sino también porque parece que meter al Estado donde la Constitución se lo prohíbe se ha convertido en una política de este gobierno.

Tomado de El Comercio, 30 de abril, 2013

El fantasma del control de precios, que tanto dañó hizo a los peruanos en las décadas perdidas (60’, 70’ y 80’) está de nuevo al acecho. Esta vez amenaza con regresar bajo la forma de un proyecto de ley que propone que el estado cree un organismo regulador de los precios de los medicamentos.

Nos referimos al contraproducente proyecto de ley 2102-2012 de la Comisión de Salud del Congreso de la Republica, promovido por los legisladores Héctor Becerril y Ángel Neyra, que propone declarar de “interés nacional” la creación de un organismo estatal “regulador” de los precios de los medicamentos, y establecer “principios básicos para la regulación del mercado” de esos productos.

La historia reciente del Perú nos recuerda que el  de control de los precios de los productos de primera necesidad solo produce escasez y especulación, y no los ambicionados “precios adecuados”. Todo esto termina siendo un agravio a la población, en especial a los pobres. En nuestra memoria está grabado el recuerdo de las interminables colas que hacían nuestros padres en los mercados semivacíos para conseguir una lata de leche o un kilo de azúcar, por mencionar solo dos ejemplos. Esto es lo que está sucediendo hoy en Venezuela y Argentina, donde ya sus gobiernos incapaces se refugiaron en esta medida populista.

Cuando hubo control de precios en el Perú, los peruanos no teníamos acceso a medicamentos de última generación y de buena calidad. Solo podíamos acceder a un stock limitado de medicinas de baja calidad y altos precios. Muchas personas pobres se morían literalmente por este motivo, como lo ha recordado el economista Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC (Universidad de Ciencias Aplicadas).

Adrianzén considera innecesario crear un nuevo regulador para los medicamentos “porque ya existe el Indecopi, el cual solo tiene que aplicar las facultades que le confiere la ley para corregir cualquier distorsión; de hecho la Comisión de Libre Competencia puede actuar de oficio cuando lo considere necesario”. Indecopi tiene la facultad para promover la competencia, evitar el abuso de posición de dominio y la concertación de precios.

A juicio del IPE (Instituto Peruano de Economía), el proyecto de ley que comentamos “es un salto atrás de 50 años”, y la justificación económica del mismo “es aún peor”.

Para el IPE, el tema de fondo tras el proyecto Becerril es ¿cómo proceder  cuando se oferta un producto o servicio a un precio que se considera “muy elevado”?.  Para hallar la respuesta, el IPE recomienda consultar a los expertos Janice Seinfield y Karlos La Serna de la Universidad del Pacífico, y Juan José Miranda del IEP (Instituto de Estudios Peruanos), autores de dos trabajos sobre las compras públicas de medicamentos y cómo se debe regular este mercado.

Precisa que las conclusiones de esos estudios son ilustrativas y que bien podrían sintetizarse en la siguiente frase: “No se debe establecer fórmulas de control de precios, sino que debería promoverse una mayor competencia en este sector con el fin de lograr reducir la gran diferencia entre los productos de marca y los genéricos”.

Carlos Fernández Dávila, abogado y experto en libre competencia, dijo que puede existir una importante diferencia en los precios de medicamentos aparentemente similares, como muestra el proyecto, pero advirtió que éste no especifica si los productos que compara son de última generación, originales o copias.

“Es importante precisar esa información porque los medicamentos de última generación pagan aún costos de investigación, los originales pagan costos de marketing, de canales de distribución y de calidad; mientras que las copias no pagan esos costos”, explicó el especialista.

Becerril también confunde el mercado de medicamentos con el de los servicios públicos, que por sus condiciones de competencia, pueden requerir regulación del estado.

Estamos ante un intento absurdo que, en última instancia, es además inconstitucional. Si prosperase semejante proyecto de ley se estaría abriendo una suerte de Caja de Pandora que contiene las plagas que ya nos empobrecieron en extremo a los peruanos en el pasado reciente.

El Decreto Legislativo 1147 del Ministerio de Defensa representa un retroceso institucional que afectará severamente la competitividad de los puertos peruanos, debilitando nuestro comercio exterior, que después de su apertura y desregulación, ha sido una de los grandes pilares de la recuperación de la economía peruana. No se puede entender qué tipo de razonamiento puede justificar la militarización de los puertos.

La promulgación del decreto que transfiere las competencias sobre la administración de puertos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la Dirección General de Capitanía (DICAPI) de la Marina de Guerra, ha desatado un intenso debate nacional y ha generado una crisis dentro del propio Consejo de Ministros. Esta semana el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martinot, apoyó los argumentos de los empresarios contra el polémico decreto y se distanció de los titulares de Defensa y de Transportes, que han defendido dicha norma contra viento y marea.

Silva Martinot informó que hizo llegar su malestar a los sectores de Defensa y Transporte y señaló “que los empresarios no están desinformados en sus protestas por la transferencia de facultades de la administración de puertos a la DICAPI”. Como se ve, un claro respaldo las inquietudes empresariales.

El asunto no es un simple detalle que se puede ignorar, algunos han llegado a preguntarse: ¿Y si mañana pasan Corpac a la FAP y los peajes al Ejército? Por otro lado, Juan Jiménez, presidente del Consejo de Ministros, acaba de confirmar la intención del gobierno de comprar los activos de Repsol, ¿se perfila nuevamente el Estado empresario? ¿Es descabellado sospechar que alguien está pensando en unas fuerzas armadas empresarias?

En todo caso, aquí les presentamos los principales argumentos del porqué el Decreto Legislativo1147 atenta contra las inversiones en los puertos:

• Transfiere la gestión portuaria a la Dicapi incluyendo el transporte marítimo y servicios portuarios, e inclusive, la promoción de la inversión privada en infraestructuras portuarias.
• Los procesos de inversión portuaria serán aprobados por la DICAPI y no por el Ministerio de Transportes.
• El Mincetur y las demás entidades del estado, desarrollan la Ventanilla Única de Comercio Exterior. En este proceso participaba la APN. Ahora DICAPI pretende crear su propia Ventanilla portuaria.
• Se habilita a la DICAPI crear tasas para el financiamiento de su gestión. No hay autorización del Congreso para crear nuevos tributos (la tasa es un tributo).
• Se derogan competencias establecidas en la ley orgánica de Regiones, que determina que el manejo de los puertos depende de los gobiernos regionales.

Si la DICAPI hubiese estado a cargo de la administración de los puertos, tal como lo ha sostenido la congresista Luciana León, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, no se habría concesionado el muelle norte, porque esta institución se opuso a la concesión. Mire por donde se mire este decreto legislativo es un durísimo golpe a la solución de la agenda pendiente que tenemos en infraestructuras. No solo el Ministerio de Defensa se encargaría de promover inversiones privadas sino que los trámites y sobre regulaciones en los puertos nos restarían competitividad. Por todas estas consideraciones, el Congreso tiene que tomar el rábano por las hojas y derogar este negativo decreto legislativo.

Se está empezando a legislar con sorpresa, incluso en temas que tienen un gran impacto en temas sensibles para el conjunto de la economía nacional. Es importante insistir en la necesidad de que el gobierno, ejecutivo y legislativo pre publiquen las normas que planean crear, para que puedan ser debatidas y mejoradas en el conjunto de la sociedad.

El 7 de diciembre pasado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República presentó un proyecto de ley que propone restricciones al libre comercio de líneas de teléfonos celulares con el propósito de impedir que la delincuencia haga un uso indebido de aquellas (No. 1804/2012-CR). Los argumentos pueden parecer razonables, pero, como dice el viejo refrán, los caminos al infierno están empedrados de buenas intenciones.

Si el proyecto llegara a convertirse en ley, se atentaría contra la libertad de los ciudadanos y de las empresas. Así, en el futuro el estado podría restringir el acceso ciudadano a otros servicios o productos bajo el argumento dudoso de proteger a la sociedad de los delincuentes. Sería una traba más a la inversión privada en telefonía.

El proyecto de la comisión que preside el congresista José León Rivera (Perú Posible) prohíbe que una persona natural adquiera más de diez líneas telefónicas pre pago, y que una empresa compre más de diez líneas post pago, de locura. Si una persona quisiera comprar más de cinco líneas pre pago, o una empresa diez líneas post pago, tendrían que firmar una declaración jurada, inscribirse en un registro, y someterse a una verificación de identidad en la base de datos del RENIEC. Aquí empiezan los problemas.

Los autores del proyecto de ley ignoran que existe una resolución del Indecopi que declara que es una “barrera burocrática” obligar a las empresas de telefonía móvil a verificar los datos de sus clientes en los registros del RENIEC porque ello supone un costo adicional no fijado en sus contratos de concesión.

El registro tampoco garantiza el derecho a la confidencialidad de los usuarios de líneas móviles, lo cual va en contra de la Ley de Protección de Datos Personales, más aún si la iniciativa propone un intercambio de esa información entre instituciones. Y tampoco aclara cómo se verificaría si una persona es titular de 5 o más líneas celulares pre pago, ni si habría un registro compartido entre las operadoras, ni qué datos serían compartidos en esos registros, ni cuáles serían las limitaciones del uso de estos.

Pero la pregunta de fondo es ¿Dicho registro resolvería al problema de seguridad ciudadana? Al contrario, su existencia promovería el delito: falsificación de documentos, suplantación de identidades y robo de celulares. Aparecería un mercado negro de teléfonos robados o ilegales que proveerá a las bandas los aparatos que necesiten.

Lo que ocurre con los automóviles es ilustrativo. Están inscritos en un registro, tienen una placa de rodaje y una tarjeta de propiedad que los identifica; sin embargo, existe un mercado ilícito que provee al hampa de automóviles para delinquir. ¿Acaso por esto a alguien se le ocurre prohibir a los ciudadanos honrados que compren más de un número determinado de vehículos? 

Por último, cualquier cosa puede convertirse en un arma en manos de un delincuente. Hasta un lápiz puede ser usado para causar daño. ¿Acaso con registrar quienes tienen un lápiz se evitaría o neutralizaría la posibilidad de que ese objeto pueda ser usado para dañar a otras personas? Claro que no.

En un artículo publicado hace poco en El Comercio, el abogado Alfredo Bullard ha puesto el dedo en la llaga al afirmar, con total razón, que “como el Estado no puede controlar el uso celulares desde las cárceles (o desde cualquier otro sitio) para cometer crímenes, ha decidido, en lugar de privar de la libertad a quienes delinquen, privar de libertad de elegir a los honestos”.

¿Qué es más peligroso, entonces, para la seguridad jurídica y para los propios ciudadanos, un teléfono celular o una ley que restringe la libertad?