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Ahora solo queda hacerla bien

Ahora solo queda hacerla bien

Todos cometemos errores quizá porque es parte de nuestra condición humana. El dicho señala que errar es humano. Sin embargo, la diferencia radica en la conducta que asumimos frente al error. En el caso de los países sucede lo mismo y quienes tienen el deber de rectificar son los gobernantes y la clase dirigente. En el Perú todos sentimos que en el 2013 hubo muchos errores que afectaron la confianza en el futuro y el crecimiento de nuestra economía. ¿Qué hacemos frente a esa situación? ¿Nos empinamos sobre los problemas, como hacen los grandes, o nos acomodamos con la mediocridad? 

2013: El año perdido

El año que terminaha sido decepcionante para los peruanos, sobre todo, porque hemos debilitado nuestra confianza en el futuroy en nuestras  instituciones tutelares, y se ha acentuado el pernicioso divorcio entre la política y la economía. Si bien la economía sigue creciendo a un ritmo que nos distingue favorablemente con respecto a otros países de la región, se viene produciendo un enfriamiento, agravado por las condiciones internas, principalmente, por la política que resta visión de futuro y la incapacidad de los gobiernos nacional, regional y local para destrabar y promover la inversión privada.

La expresión del escenario que se describe se ve en la pérdida de popularidad del gobierno y las instituciones públicas, el menor ritmo del crecimiento de la tasa de inversión, que ha caído de 28% a 7% en este año, y la parálisis de los grandes proyectos de inversión.

En busca del tiempo perdido

Las experiencias negativas del ´año perdido´no deben llevar a que el pesimismo y el desconcierto se apoderen de los peruanos, sino, todo lo contrario, debenconstituir un acicate para aprender de nuestros errores y corregir entuertos. Las potencialidades del Perú para alcanzar el desarrollo integral, duradero y sostenible, son extraordinarias. No olvidemos que el HSBC proyecta que nuestra economía puede ubicarse en el puesto 26 el año 2050 y que, para entonces, el 90% de nuestra población tendría ingresos medios y altos, 50 y 40% respectivamente, siempre y cuando mantengamos un crecimiento de 5.5% al año y ataquemos nuestras grandes deficiencias en educación-salud, instituciones e infraestructuras.

Como hemos explicado en Lampadia la posibilidad de poner en valor nuestros recursos naturales significa una enorme posibilidad de alcanzar el desarrollo siguiendo los ejemplos de Noruega y Australia, dos países exitosos y desarrollados que ocupan el primer y segundo lugar en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Estas sociedades, a contracorriente de la prédica de la izquierda tradicional peruana,  han convertido sus recursos naturales, no en una maldición, sino en una bendición para sus ciudadanos.

Avanzar en esta dirección implica generar un buen clima de inversión que debe ser propiciado desde la propia Presidencia de la República, que no puede denostar de la inversión privada en ningún sector de la economía, sino todo lo contrario: explicarle al sector público, a los medios y a los ciudadanos que las medidas del Perú son 90-90-90. Es decir que el 90% del empleo, el 90% de los recursos fiscales y casi el 90% de la inversión provienen del sector privado.

Desde el lado de las capacidades del Presidente para enmendar entuertos, en Lampadia  hemos recomendadoque asumapersonalmente la facilitación y seguimientode cinco proyectos emblemáticos: Conga, Tía María, Gasoducto del Sur, Túnel Trasandino y la Longitudinal de la Sierra.

Es hora de abandonar el improductivo juego político y asumir el juego del desarrollo, tal como lo hicieron los mandatarios de países tan exitosos como Corea, Singapur y China. El juego del desarrollo no es una opción economicista, es una opción equilibrada e integral, como lo define la Real Academia mediante la palabragobernanza, que deberíamos leer todos los días lunes del año 2014: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Lampadia




Hugo Neyra: Hay zozobra

Hugo Neyra: Hay zozobra

En la siguiente entrevista de Perú 21, el profesor Hugo Neyra nos relata su trayectoria ideológica  y personal durante las últimas décadas en el país. El marxismo, el velasquismo, las increíbles experiencias con Raúl Porras Barrenechea, uno de los últimos sabios peruanos y la coyuntura actual. Neyra es un intelectual cosmopolita que ha bebido de todas las fuentes ideológicas, pero mantiene una distancia y recelo del régimen de Ollanta Humala. Más allá de cualquier diferencia, es evidente la presencia del demócrata y el intelectual.

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Triángulos del Futuro, acción para el desarrollo

Triángulos del Futuro, acción para el desarrollo

Los dimes y diretes entre los políticos de todas las tiendas de los últimos meses y,  recientemente, el escándalo de la protección policial a la casa de López Meneses,han exacerbado una crisis política que ya corre riesgo de convertirse en crónica. De pronto, los peruanos y el mundo contemplan un país trenzado en batallas y guerras políticas propias de una sociedad sumergida en una crisis generalizada y sin retorno. No parecemosun país que, en la última década, ha crecido por encima del 6% anual; que ha reducido la pobreza en más de la mitad, que ha hecho retroceder la desigualdad, que se ha convertido en Campeón Mundial en el cumplimiento anticipado de los Objetivos del Milenio y que tiene uno de los mejores desempeños macroeconómicos del planeta.  Al margen de quienes son los responsables y de dónde viene la crisis, es evidente que el humo de las batallas políticas está haciéndonos perder de vista los verdaderos problemas del Perú, las cosas que tenemos que hacer para mantener el crecimiento, mejorar nuestra competitividad y no perder la oportunidad de enrumbarnos seriamente hacia el desarrollo duradero, integral y sostenible.

Algunas veces nos gusta consolarnos y aceptar el dicho que nos señala que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Solemos reconocer que la economía peruana se desacelera, pero nos reconfortamos porque aún estamos entre los mejores de Latinoamérica. Sin embargo, ¿cuánto hemos perdido por no abordar la Agenda Pendiente? ¿Cuántas inversiones detenidas por la tramitología y  por la falta de un clima de inversión adecuado? La lista es interminable: Desde Conga, pasando por Tía María hasta el Gasoducto del  sur. ¿Cuántos puntos hemos perdido en el crecimiento? Preguntas necesarias, pero no es hora de la lamentarnos, es hora de voltear la página de la crisis política y enfocarnos en lo que vamos a llamar los “Triángulos del Futuro”.

Todos los peruanos, al margen del color político, deben apostar por otorgarle al país una buena Gobernanza. El Diccionario de la Real Academia Española define este concepto de la siguiente manera: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. ¡El Perú, pues, necesita una buena Gobernanza!

Para alcanzar ese objetivo necesitamos un buen clima de inversión, un espacio en el que la confianza se convierta en uno de los combustibles de los proyectos de inversión y emprendimientos. Para eso la política no puede entorpecer la economía. Hoy vemos un divorcio creciente entre la política y la economía. ¡Es hora de terminar con esa situación! Desde Lampadia invocamos al oficialismo y a la oposición a cancelar esta etapa de enfrentamientos y a crear un camino común para un buen clima para las inversiones.

No hay futuro para el país si es que descuidamos la formación de capital humano y no existirá capital humano si, de una vez por todas, no abordamos las reformas en Educación y Salud. Por ejemplo, si la dictadura magisterial del Sutep se sigue imponiendo en las aulas públicas, en realidad, es como si les estuviéramos cortando los brazos a nuestros niños. Sin un buen sistema educativo y buenos servicios de salud, el Perú perderá el carro de la competitividad y los logros de las últimas décadas en crecimiento y reducción de pobreza se convertirán en otra oportunidad perdida.

Mediante diversas investigaciones, AFIN ha sostenido que el déficit en infraestructuras en el país es del orden de los US$ 88 mil millones. Es decir, cualquier crecimiento de la economía se estrellará por la escasez de energía, carreteras y puertos. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, para que proyectos como La Longitudinal de la Sierra y el Túnel Trasandino estén retrasados? Así como no podemos descuidar el capital humano, tampoco podemos postergar los proyectos de capital físico.

De igual modo, es absolutamente prioritario emprender una revolución en los aspectos institucionales del país. Tenemos que reformar el sistema político, el sistema judicial, la policía y el aparato burocrático del Estado.

Finalmente, tenemos el deber para con las próximas generaciones de poner en valor nuestros recursos naturales en bosques, pesca, minería y energía. En el artículo El reto de los economistas peruanos ante el Bicentenario hemos demostrado cuán retrasados estamos en la explotación de nuestros recursos naturales y hemos mostrado que los campeones en cuanto al Índice de Desarrollo Humano son Noruega y Australia, países que explotan su potencial de recursos naturales al máximo.La eventual disminución de ingresos por exportaciones que se registró el año pasado-dada la disminución del nivel de precios- hubiese podido ser largamente compensada por el quantum; es decir, el mayor volumen de producción que exportaríamos si desarrollamos nuestros recursos con el propósito de acercarnos a nuestro verdadero potencial, seguramente el triple de nuestra producción actual.

La historia nos demuestra que solo las sociedades que han puesto el futuro como el centro de la agenda del presente, son aquellas sociedades que han alcanzado la prosperidad, pues, de lo contrario, si ignoramos el futuro, si nos dedicamos a regar pantanos, el presente se ensombrecerá por las heridas del pasado y se apagarán las luces del futuro. En la crisis política que ha vivido el Perú estos días hay algo de eso. Es hora, entonces, de voltear páginas y mirar el mañana.




Manipulación contra la Constitución del 93

Manipulación contra la Constitución del 93

Desde la vigencia de la Constitución del 1993 se han sucedido tres elecciones nacionales impecables y avanzamos ala cuarta. Igualmente, desde el imperio de  esta Carta,la pobreza se ha reducido del 60% a solo el 25% de la población. El mundo y los organismos internacionales celebran los logros de nuestro país e, inclusive, las Naciones Unidas proclama que somos campeones en cumplir anticipadamente los Objetivos del Milenio. Sin embargo, desde la vigencia de la Constitución del 93, las minorías políticas y sus detractores se han multiplicado buscando derogarla sin éxito. En la medida que el apoyo popular les es esquivo por los motivos ya debatidos, ahora, recurren al embuste: su nueva campaña se basa también en aprovechar la ira ciudadana contra los congresistas. ¡Cómo si resolver la crisis del Legislativo pasara por una nueva Constitución!

Alberto Borea y Javier Valle Riestra, los dos principales juristas que buscan derogar nuestra Constitución, o en nombre de ellos, se está impulsando la recolección de firmas a través de las redes sociales con el supuesto propósito de reformar el Poder Legislativo. Sin embargo, ellos deberían saber que el hecho de que el Congreso tenga menos del 10% de aprobación ciudadana, no se explica por preceptos constitucionales, sino por la crisis de los partidos políticos y la incapacidad de las leyes electorales de organizar un sistema de representación política eficiente. Cualquier estudiante de derecho sabe esta verdad de Perogrullo, pero como ambos están desesperados por la indiferencia de la gente ahora parecen recurrir a un embuste.

Por favor, ¿qué tienen que ver las siguientes demandas con la reforma de la Constitución? Veamos cuales son: el congresista será asalariado solamente durante el período que haya sido elegido y no tendrán jubilación de por vida; el congresista debe contribuir al sistema previsional como todos los peruanos; el congresista debe pagar su plan de jubilación como todos los peruanos, en vez de que todos los peruanoslo paguemos; el congresista dejará su actualseguro de salud y deberá participar del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos. Como se dice, más claro no canta el gallo. En este caso, la manipulación está más clara que un mediodía de verano. ¿Cómo se atreven a tanto?

Como no pueden negar cómo así bajo el imperio de la Constitución del 93 se ha reducido tanto la pobreza y la desigualdad, como no pueden negar cómo avanzamos hacia el cuarto proceso electoral cancelando la inestabilidad política del siglo XX, como no pueden negar cómo  conseguimos una continuidad democrática y económica que se expresa en una prosperidad generalizada, ahora, recurren a la manipulación del más viejo cuño. Pretenden hacernos creer que la reforma del sistema electoral o la reforma de un reglamento del Congreso o quizá una ley sobre el sistema remunerativo de los legisladores se consiguen a través de la derogatoria de la Carta del 93.

La desesperación frente a la indiferencia popular a su propuesta es tan evidente que a Borea y a Valle Riestra no les importa poner en riesgo su prestigio como juristas, echando mano de esta burda manipulación. En todo caso, en el campo político y jurídico vale ganar o perder, pero siempre en buena ley.




La izquierda sin caretas

La izquierda sin caretas

No a la Alianza del Pacífico, no a la Constitución del 93, no al modelo económico, no a Castilla. Sin caretas, la izquierda ataca nuestro proceso de desarrollo por aire, mar y tierra. El menor crecimiento económico por la caída de la confianza ciudadana y el descenso de la popularidad presidencial han reavivado las ambiciones políticas de la izquierda agrupada FRENAIZ, que insisten en un cambio de modelo económico, en el relevo de Miguel Castilla y la alucinación de que dirigentes izquierdistas retornen al régimen que critican desde el día en que fueron licenciados. Sin temor a equivocarnos, se puede afirmar, que buscan un cambio de timón gubernamental, porque creen que el gobierno de Humala es “un espacio en disputa”.

Para alcanzar sus objetivos se le imputa a Castilla la responsabilidad del menor crecimiento no obstante que todas las encuestas nos indican que la desaceleración se explica fundamentalmente por una dramática caída de la confianza.Lo acusan de la disminución del canon, pero sabemos que la causa está en la reducción de los precios de los metales.

La izquierda se ha propuesto magnificar todos los problemas y escalarlos a niveles de crisis. Aquí en el Perú al menor crecimiento quieren llamarle crisis. Y, a pesar de que Estados Unidos se recupera, Europa se estabiliza y China se ajusta convenientemente, siguen hablando de crisis y nos pintan un apocalipsis, porque explotamos nuestros recursos naturales. Confunden la estructura de las exportaciones con la participación de los sectores primarios en el PBI. Nos dicen que exportamos piedras pese a que nuestra industria ha crecido siete veces, las exportaciones no tradicionales se han multiplicado en más de 200% en la última década y como dice Richard Webb, la economía peruana se está diversificando a todo galope. Los argumentos económicos no importan, juegan con las fotos y esconden las películas, los procesos de avance del país. Solo vale la ideología y la búsqueda del poder.

Exigen la renuncia del Ministro Castilla. Alucinan a Félix Jiménez, con el mamotreto de la Gran Transformación, sentado en el despacho, pero el Perú ya no es la ficción con la que construyen sus ilusiones. Exigen el cambio de la Constitución, porque saben que el modelo constitucional ha desterrado al estado empresario y representa el marco jurídico sobre la cual ha prosperado la economía de mercado, permitiéndonos reducir la pobreza y la desigualdad sin precedentes en la historia.

Asimismo enfilan contra la Alianza del Pacífico contraponiéndola con la CAN, el Mercosur, Unasur y CELA, porque  en esta alianza se reúnen México, Colombia, Chile y Perú, las cuatro naciones con más apertura comercial, crecimiento y desarrollo, pero también con mayor estabilidad democrática a diferencia de los países bolivarianos, donde unos dictadorzuelos se han apoderado de sus respectivas sociedades en medio de colas, desabastecimiento y carencias de hasta  papel higiénico.

A la izquierda no le interesa el Perú. Solo vale la ideología y el interés partidario. Pero el problema histórico para ella es que el modelo que propone ya fracasó en el país en toda su magnitud entre los 60 y 80s, cuando el 60% de los peruanos se empobreció y Sendero Luminoso llegó a controlar un tercera parte del territorio.Tampoco aprenden de las experiencias de otros, ni de las buenas, ni de las malas. Como dice Fernando de Szyszlo, falta amor por el Perú.




Por una descentralización más efectiva

Por una descentralización más efectiva

La descentralización ha sido uno de los anhelos más importantes de las regiones, probablemente una de las banderas de lucha más presente en el reclamo de  décadas de los provincianos contra el asfixiante centralismo limeño. Cuando se abordó en los años 80, terminó en el fracaso y la regresión. Finalmente, en los años 2000 se lanza un proceso apurado que hoy vivimos y sufrimos. El Presidente de la República ha recogido el sentir nacional y en su último mensaje a la Nación,  nos ha dicho: “Se requiere plantear un debate nacional sobre la efectividad del proceso de descentralización, en el cual venimos avanzando hace ya una década. Cabe preguntarnos si hemos logrado construir un Estado presente, efectivo y transparente al servicio de todos los compatriotas. En torno a estas reflexiones, invito a la Representación Nacional a iniciar un amplio debate con miras a fortalecer el proceso de descentralización y presentar propuestas normativas para lograr los objetivos de modernización del Estado y mejorar los servicios que requiere el ciudadano”.

En Lampadia estamos de acuerdo con la necesidad de llevar a cabo un gran debate que nos permita mejorar el proceso actual, para que todos entendamos que es la descentralización de un país unitario, que debemos esperar de ella, cómo debemos evaluar sus resultados y cómo, la nación, debe controlar el proceso y el desempeño de los líderes regionales.

Aportes al debate de la descentralización desde sus pecados originales

1.     La descentralización vigente fue anunciada por el Presidente Toledo en su discurso de investidura ante el Congreso de la República en julio del 2001, sin contar con el beneplácito de su Gabinete Ministerial. El Congreso apuró el debate, no se hizo caso a los llamados a la cordura y sensatez para privilegiar un diseño cuidadoso antes que uno expeditivo. Se recibieron consejos de expertos internacionales, como algunos de España, que ya llevaban 25 años manejando sus autonomías, y seguían enfrentando problemas complicados. El tema de la descentralización se convirtió en una oferta política y no importaba si salía pato o gallareta. Finalmente se aprobó la descentralización sin haber terminado de establecer la legislación correspondiente.

2.     De partida se cometieron errores muy graves:

–         No se enfatizó que se estaba diseñando un proceso de descentralización de un país unitario.

–         Se fijó una región para cada departamento.

–         Se estableció indebidamente el cargo de Presidente Regional, elegido por sufragio.

–         Se permitió la reelección inmediata sin que el Estado Central tuviera la capacidad de controlar el uso indebido de recursos públicos en 25 regiones.

–         Se desmembraron una serie de competencias del Gobierno Central para ser asignadas a las regiones mediante un proceso simple de corte y traslado, sin contemplar el diseño de vínculos entre ambas instancias de gobierno que permitieran una acción conjunta y coordinada.

–         No se prestó la menor atención a la creación de capacidades.

–         Se otorgó a los gobiernos regionales capacidad discrecional absoluta sobre sus resoluciones, sin que los ciudadanos y empresas pudieran recurrir en queja o revisión a una instancia administrativa nacional, a una segunda instancia, principio fundamental de las democracias modernas.

–         No se diseñó un buen arreglo de pesos y contrapesos, estableciéndose una concentración excesiva de poder en los llamados presidentes regionales.

–         No se establecieron sistemas adecuados de rendición de cuentas.

–         No se establecieron capacidades de control para el Gobierno Central, más allá de los referidos a los procesos a cargo de la Contraloría General, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

3.     Posteriormente, durante el segundo gobierno del Presidente García, se aceleró el proceso populachero e irresponsable de desmembramiento y transferencia de competencias centrales a los gobiernos regionales y/o locales, con el mismo expediente simple de corte y delegación, sin los necesarios procedimientos de coordinación entre lo central y lo regional.

4.     Entre tanto se presentó la necesidad de regular la distribución del canon, como producto de la recuperación de nuestra industria minera, que debía, evidentemente, producir beneficios directos en las zonas de influencia de sus proyectos, sin cautelar las compensaciones necesarias para las zonas no mineras.

5.     Nunca se entendió, y menos se explicó a la población, que la descentralización de un país es esencialmente económica. Máxime en el caso del Perú, en que por décadas se había proscrito la inversión privada en las regiones, puesto que el Estado capturó la minería para paralizar su desarrollo, prohibió la presencia del sector privado en el campo, y capturó también la pesca y el turismo.

Nunca se entendió, ni se explicó, que con el retorno del Perú a un manejo económico ortodoxo y a la promoción de la inversión privada, dadas nuestras inmejorables capacidades naturales, íbamos a tener una serie de proyectos de inversión en las regiones que podían transformar nuestra vida, y que era muy importante que autoridades, líderes de opinión y ciudadanos, entendiéramos que todos seríamos responsables de propiciar y cuidar un buen clima de inversión.

Contrariamente, una buena parte de los líderes regionales y locales, empoderados con una serie de atribuciones de gobierno y contando con los  recursos distribuidos por el gobierno central y los provenientes del canon, pensaron que el desarrollo de sus regiones dependía de ellos, de sus propias luces y de lo que ellos pudieran financiar con los recursos públicos. Así es como, en vez de que se haya desarrollado un proceso de colaboración entre el sector público y el privado, en algunos casos se han producido conflictos muy profundos, como en el caso de Puno, con su anterior Presidente, o de Cajamarca, con Santos, imponiendo una dictadura anti-minera con métodos estalinistas de coerción y manipulación.

6.     Ante los conflictos sociales, los propios líderes y autoridades regionales y locales reclamaban la presencia del Estado, que ellos debían representar. Autónomos para hacer de las suyas, pero, con destacadas excepciones, irresponsables y ausentes cuando quemaban las papas.

7.     Mientras tanto, el Estado Central se ha mostrado inerme, maniatado por unas regulaciones de descentralización absurdas, que han descuartizado nuestras capacidades de gobierno.

Sin embargo, a pesar de los grandes problemas de nuestra descentralización política, la verdadera descentralización, la económica, avanza viento en popa. En la medida que la economía de mercado promovió el regreso de la inversión privada a la minería, el campo, la pesca y el turismo, las regiones y los municipios gozan ahorade recursos que eran inimaginables durante el modelo proteccionista de sustitución de importaciones, que concentraba la inversión en Lima.

Algunos ejemplos del avance de las regiones: entre el 2001 y el 2012, ocho regiones del país registraron un crecimiento anual promedio del PBI per cápita por encima del promedio nacional de 5.1%. (Ver cuadro 1). Los ingresos familiares también han crecido más en las regiones que en Lima (Ver cuadro 2), y el empleo, igualmente se desarrolla con más fuerza en las provincias (Ver cuadro 3).

En otras palabras, el proceso de descentralización, ha sido salvado y sustentado por el mercado, por el sector privado. Lo importante ahora, es cómo diseñar un mejor arreglo institucional que promueva procesos que sumen hacia objetivos comunes de los gobiernos regionales, locales y el gobierno central; y también entre el sector público y el sector privado.

Todos queremos un Perú unitario, descentralizado y efectivo para la gesta del desarrollo y el bienestar general.

¡Bien Presidente, debatamos! L




Es hora de sintonizar la política y la economía

Es hora de sintonizar la política y la economía

Al finalizar el segundo año de la administración del presidente Ollanta Humala, el país enfrenta una gran decepción con sus cuadros políticos y con las instituciones de gobierno. Esta situación coincide con la prevalencia de la crisis internacional y sus múltiples impactos, así como con un notorio enfriamiento de nuestra propia economía, tanto por factores externos e internos.

Mientras tanto, en el balance de los ciudadanos, corroborado por los inversionistas y analistas del exterior sobre la economía peruana, es sin lugar a dudas bastante positivo, especialmente en cuanto a la naturaleza de su evolución reciente. La visión del futuro económico peruano sigue siendo muy positiva. Nuestro potencial de desarrollo y crecimiento son muy importantes, hecho que puede constatarse mediante cualquier análisis riguroso de nuestra realidad.

Esta falta de sintonía, de tono, entre nuestra coyuntura política y las capacidades económicas del país, configuran una brecha autodestructiva que es menester se enfrente a la brevedad y con la mayor apertura de mente posible, pues es tarea de todos. Pero, quienes tienen una mayor responsabilidad al respecto son nuestros gobernantes, empezando por el Presidente de la República, pero incluyendo también a los congresistas y líderes regionales. Por eso se espera que con ocasión de las Fiestas Patrias, los representantes de los ciudadanos hagan un acto de contrición y propósito de enmienda.

Nuestro modelo de desarrollo económico y social, iniciado hace un par de décadas, muestra impresionantes resultados a favor de los pobres. Se ha reducido la pobreza, la desigualdad, la desnutrición infantil, el crecimiento de los ingresos y del empleo es mayor en las regiones y en la sierra y la selva. Lamentablemente esto se acompaña con un deterioro permanente y creciente de la situación  política. Las deficiencias del espacio público son muchas y allí están las diversas interpretaciones de los politólogos y constitucionalistas sobre esta situación, que pueden servir de base para empezar un debate nacional. Sin embargo, una cosa es fundamental: la voluntad de la Primera Magistratura de la Nación, es decir, del Presidente de la República, para enfrentar la crisis política, de modo que todas las instituciones, los partidos, los políticos y los líderes de la sociedad civil, asuman su responsabilidad para sintonizar la gestión pública con el enorme potencial que tenemos para seguir reduciendo la pobreza y la desigualdad y, finalmente, alcanzar el desarrollo y el bienestar general.

Esta situación es también una excelente oportunidad para reaccionar y comprometernos con las rectificaciones necesarias de nuestras instituciones tutelares. De ninguna manera puede justificarse el que se aproveche la coyuntura para propiciar un mayor desorden a costo de nuestra democracia, que debe saber enfrentar y corregir sus errores, sin salirse de los cánones establecidos.

Consideramos que una actitud presidencial, que promueva esa actitud, se convertiría en una herramienta fundamental para iniciar la recuperación de la confianza de los ciudadanos en el Estado. Hasta hace poco muchos sostenían que la política y la economía marchaban por cuerdas separadas, pero esa situación parece haber llegado a su fin. Allí está una de las causas de la evidente desaceleración económica.  En todo caso, Señor Presidente, usted tiene la palabra. ¡Qué mejor momento que el mensaje de Fiestas Patrias!

El Perú en general se enriquece, los pobres abandonan la pobreza, pero la política se empobrece. ¡Esto no puede seguir! ¡Tenemos que ponernos a la altura de nuestras responsabilidades! ¡Viva el Perú!




¡Irresponsables pretenden aprovecharse del caos!

¡Irresponsables pretenden aprovecharse del caos!

El escándalo político nacional que desató la elección en el Congreso del Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional (TC), causado, principalmente, por la voluntad obsesiva de Gana Perú y el oficialismo por controlar el TC, con la complicidad de Perú Posible, del fujimorismo y del devaluado PPC, de pronto, parecería ser parte de un juego maquiavélico que busca desprestigiar a la clase política, al Congreso y a las instituciones para generar el caos público e interrumpir el sistema democrático y la economía de mercado.

¿Alarmismo injustificado? De ninguna manera. Ya se conoce que sectores nacionalistas han comenzado a recolectar firmas para “cerrar el Congreso” en Chiclayo. En un reciente comunicado de Patria Roja en el  que se convoca a una revuelta nacional para este 27 y 28 de julio, se sostiene que “frente a la crisis del  Estado neoliberal se hace urgente y necesaria una nueva Constitución para refundar la república sobre nuevas bases”. Algo más. Nicolás Lynch de Ciudadanos por el Cambio, en un reciente artículoen La República, escribe lo siguiente: “una reforma política inmediata que la sociedad organizada le exija al Congreso y una Nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente, que se elija el 2014…”.

Como se ve, por la boca muere el pez. Alguna mano negra o algún seguidor de Montesinos pretende sacarle partido al caos político desatado por el oficialismo palaciego y la torpe comparsa congresal. Al margen de la especulación de si todo esto fue causado adrede para interrumpir la democracia, es evidente que se quiere aplicar a pie juntillas el Manuel Bolivariano que pasa, precisamente, por generar crisis políticas y de representación, convocar a una Asamblea Constituyente e instaurar un autoritarismo que se perpetúa en el poder mediante reelecciones indefinidas. Así pasó en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En el colmo del delirio, Lynch agrega: “Hay que regresar al último acuerdo de paz entre los peruanos que es la Constitución de 1979…” ¿Cuál acuerdo de paz? ¿El de esa constituyente regimentada por las botas militares? ¿Se refiere a la hiperinflación incontrolable, las colas y escaseces  motivadas por el control de precios? O, quizá se refiera al hecho de que Sendero Luminoso controlaba una tercera parte del territorio nacional, asesinaba a autoridades locales, hacía volar edificios y casas en los pueblos más alejados y Tarata y Palacio de Gobierno. ¿A eso se refiere Lynch? Tanto delirio y tanta irresponsabilidad son difíciles de entender.

Los representantes del proyecto bolivariano usando el deterioro de la clase política (algo evidente y que nadie puede negar) pretende acabar con la democracia y la única institución que ha funcionado en el Perú: el mercado. Su enemigo real es la libertad económica consagrada en la Constitución de 1993, pero terminar con ella, solo es posible enterrando a la democracia. De allí la esencia autoritaria del proyecto bolivariano.

Tratar de comparar la Constitución del 93 con la de 1979 es como comparar el cielo con el infierno. Antes de los noventa no solo nos azotó la hiperinflación y el terrorismo, sino que nuestras reservas internacionales eran negativas, hoy suman  US$ 68 mil millones (ver artículo Quieren bajarle la llanta a la prosperidad). Otro dato para estremecernos: cerca del 60% de los peruanos era considerado pobre en tanto que hoy solo el 25%. La inflación promedio era de 1,187% mientras que ahora solo es de 2.5%.  ¿Cuál acuerdo de paz? La maniobra bolivariana es más que evidente.

El modelo político y económico peruano se ha caracterizado por un impresionante crecimiento económico, reducción de la pobreza y la desigualdad, pero ese desarrollo no ha sido acompañado por una eficiente gestión pública de los políticos y de las instituciones. Se puede decir, entonces, que el mercado ha funcionado, pero los políticos han fallado.

Necesitamos, pues, una reforma política para que el espacio público acompañe y potencie todos los círculos virtuosos del desarrollo y del bienestar general. Pero de ninguna manera podemos dejar pasar la maniobra bolivariana. Queda claro, pues, que la indignación de los peruanos contra la clase política también tiene que ser contra los animadores del proyecto bolivariano que pretende resucitar el viejo velasquismo que convirtió a la mayoría de peruanos en mendigos.

Deberíamos aprovechar esta crisis para reflexionar sobre los ajustes que requieren nuestras instituciones públicas, empezando por los partidos políticos (Ver: La Trampa del Corto Plazo) y la estructura del propio Parlamento. En un momento de dificultad, la gente de buena voluntad, tiene que saber sacra lo mejor de cada uno. ¡Ojalá estemos a la altura de las circunstancias! L




NOBLEZA OBLIGA

NOBLEZA OBLIGA

En un gesto que lo enaltece, el Presidente Humala ha anunciado un conjunto de medidas tendientes a favorecer los procesos de inversión, mediante el cual ha reaccionado a la situación de enfrentamiento generalizado de los días pasados. En Lampadia publicamos el artículo Rectificar es nobleza en el que señalábamos que una oportuna rectificación tiene el doble de valor, y que se presentaba una gran oportunidad para refrescar la política nacional con un liderazgo constructivo. Señor Presidente, bien por el cambio de tono.

Más allá del posible impacto de las medidas concretas, que publicamos más abajo, de lo que se trata es de estar a la altura de las circunstancias. En ese sentido ojalá se vea durante los próximos días un mayor acercamiento del gobierno con el mundo empresarial y político, asumiendo el espíritu principal de la Presidencia: unir y representar a todos los peruanos.

Toca ahora a los empresarios responder con propuestas de trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno. Hay mucho que hacer y no hay tiempo que perder.

A continuación presentamos las 7 medidas anunciadas y las declaraciones del Presidente Ollanta Humala en la reunión que sostuvo con los editores de los principales medios de comunicación:

1. Creación de un equipo de técnicos para impulsar las inversiones

El equipo será implementado por el MEF en 15 días y tendrá como función elaborar reportes sobre los avances de los proyectos de inversión ante ProInversión. A fines de marzo ya se había creado un comité especial de proyectos de inversión pública en ProInversión, ente adscrito al MEF, con el objetivo de impulsar las asociaciones público privadas. 

2. Ley de expropiaciones para para obras de infraestructura

El Ejecutivo envió en diciembre pasado el proyecto de ley de expropiaciones, el cual luego de cinco meses se convirtió en ley la semana pasada. La expropiación no es la única solución para que se sigan construyendo obras como carreteras, pues urge renegociar los contratos de concesión para adelantar los plazos de la ejecución de algunas autopistas.

3. Agilización en la entrega de Certificados de Inexistencias de Restos Arqueológicos

La entrega de esos certificados no tenía plazo y muchas veces había proyectos que no podían avanzar, según el Ejecutivo. Pero a inicios de mayo el Ministerio de Cultura había manifestado que eso era un mito. En el 2013 -hasta el 15 de marzo- se recibieron 154 solicitudes del CIRA, de las cuales se han emitido 144. En el 2012 las solicitudes de CIRA fueron 632, de las cuales fueron finalizadas 550 con la expedición del certificado: 290 de inversión pública y 260 de inversión privada.

4. Reforma del mercado de capitales para que las medianas y pequeñas empresas

Se quiere ampliar las fuentes de financiamiento de las pequeñas empresas en el mercado de valores, lo cual podría ser más atractivo frente a las mayores tasas de interés que les cobran los bancos. En abril pasado la empresa agrícola Chavín de Huántar se convirtió en la primera en hacer uso de ese sistema, y se espera que 9 mil empresas puedan utilizarlo.

5. Proyecto de Ley de Reposiciones de Capital

La iniciativa del Ejecutivo busca dar un mayor valor a los bonos, permitiendo que estos títulos puedan ser utilizados como un medio de pago o puedan ser vendidos antes de su plazo de vencimiento. Esta sería la única iniciativa novedosa de todas medidas anunciadas el viernes pasado.

6. Creación de la Ventanilla Única para los Estudios de Impacto Ambiental

El Gobierno quiere permitir que los estudios de impacto ambiental (EIA) de los inversionistas sean gestionados y resueltos en un solo acto administrativo, y que se definan plazos para que el inversionista sepa cuánto le va a demorar tener aprobado el estudio. Sin embargo, ya el Gobierno creó el año pasado el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), concibiéndose como un ente que fomentará la competitividad al convertirse en una ventanilla única, pues es la única instancia para la aprobación de EIA.

7. Nuevos criterios para que las regiones y municipios no demoren los proyectos de inversión

Se pretende afinar los criterios de calificación de las regiones y municipios para acceder al Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, para que junto con el gobierno central no haya demoras en la entrega de permisos y licencias de los proyectos de inversión.

“Algunas ONG veían en la consulta previa un mecanismo de poder”, Gestión, 28 de mayo




Quieren bajarle la llanta a la prosperidad

Quieren bajarle la llanta a la prosperidad

La Constitución del 79 consolidó y prolongó hasta su término el empobrecimiento general de los peruanos que nos regaló la dictadura militar en los años 60 y 70, llevando al Perú a uno de los peores resultados económicos y sociales al que un país puede llegar. La ruina en la que nos vimos envueltos abarcó todo el Perú, se empobreció a todos los ciudadanos, a las empresas grandes y pequeñas, y al propio Estado que se pretendió erigir como el sostén y conductor de la vida nacional.

Recordar los “logros” de ese proceso que terminó en los años 80, simplemente, nos aterra. ¿Cómo pudimos llegar a esa situación? La inflación acumulada era de 2,178,482% (primer gobierno de Alan García), las reservas internacionales eran negativas en 105 millones de dólares, y la recaudación fiscal apenas llegaba al 3.8% del PBI. Algo más: La pobreza abarcaba al 60% de los peruanos. Estas cifras nos dicen claramente que el Perú había tocado fondo graficando una de las peores etapas de nuestra historia.

¿Por qué entonces se pretende restaurar una Constitución que empobreció a todo el Perú?

Uno de los argumentos principales de quienes propugnan la derogatoria del texto constitucional de 1993 es que ésta es  “obra de una dictadura”. En verdad, como desnuda El Comercio en un reciente editorial (Teatro Mundo, 1 de diciembre, 2012),  la dictadura militar regimentó la constituyente que dio origen al texto del 79, impuso los parámetros que  institucionalizarían  “las transformaciones estructurales” del régimen castrense, dando origen a una carta que consolidaba el fracaso de la revolución y nos alejaba aún más del pensamiento de avanzada que ya mostraba espectaculares realizaciones en muchos países del mundo.

La constituyente de ese entonces acató el mandato de institucionalizar el modelo económico estatista. ¿De qué democracia proviene entonces la Constitución de 1979? ¿Acaso hemos olvidado que la constituyente sesionaba bajo la tutela militar y con  los medios de comunicación capturados por las cadres velasquistas? ¿Qué es lo que de verdad está detrás de esta obsesión insana con la Constitución del 79?

El nuevo orden económico

La Constitución de 1979 consagró el modelo empresarial de la dictadura militar, impuso restricciones a la libertad de comercio y de empresa, a la inversión privada, al ahorro,  le restó independencia del Banco Central y discriminó a la inversión extranjera. La actual, en cambio, consagra y protege las libertades de comercio y empresa, la autonomía plena del BCR, la igualdad de condiciones de las inversiones nacionales y extranjeras, y establece el rol subsidiario del estado en la economía. Si comparamos los resultados económicos de la estructura legal que promovía el estancamiento con la que fomenta la inversión y el progreso, las diferencias  saltan a la vista. Ver cuadro.

 

Empobrecimiento y Prosperidad

La Constitución actual es imperfecta, necesita ajustes que mejoren la estructura del Estado, nuestra institucionalidad política y otros temas.  Pero, con todos sus defectos, es muy superior al  texto anterior, al que jamás debemos regresar. No se comprende entonces el juicio  de quienes impulsan la restauración de la carta del empobrecimiento. Demuestran una grave falta responsabilidad y de compromiso con el país, y sobre todo, con quienes todavía siguen luchando para salir de la pobreza. 

No a la pulsión de “tanatos”. 




Responsabilidades en La Parada

Responsabilidades en La Parada

Lima, 5 nov (Lampadia).- Si bien es cierto que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, el gabinete Jiménez y el propio Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, han reconocido responsabilidad política en la revuelta del jueves 25 de octubre en La Parada, en los hechos, quienes han cargado con la culpa de la improvisada clausura del Mercado Mayorista, que causó 4 muertos, 108 heridos y diversos saqueos son el general Aldo Miranda, jefe de la VII dirección Territorial de la PNP, y otros cinco coroneles.

Los oficiales han sido separados de sus respectivos cargos y enfrentan el riesgo de ser acusados penalmente de las muertes ocurridas. Como se ve, la pita, otra vez, se rompió por el lado más débil.

Para todos ha quedado claro que el 25 de octubre se organizó un monumento a la improvisación: elección de un jueves en la tarde con miles de comerciantes y transeúntes en calles aledañas, ausencia inteligencia, falta de plan operativo y escaso número de efectivos. Sin embargo el sábado siguiente sucedió todo lo contrario: hora adecuada, inteligencia, plan y número de efectivos suficientes.

¿Cómo explicar una diferencia abismal en solo 48 horas? Había, pues, plan, inteligencia y efectivos. Es evidente que alguien presionó para la acción del jueves. Si alguna culpa, pues, tienen los oficializados es haberse dejado presionar. Diversos analistas han señalado que el objetivo de los dirigentes del municipio limeño era ocultar la noticia de ese día: se habían conseguido lasa 400 mil firmas para convocar el proceso de revocatoria de la alcaldesa.

De allí la necesidad de establecer responsabilidades políticas. En el caso del ministro del Interior debería considerarse la renuncia y, con respecto al director de seguridad ciudadana del municipio, Gabriel Prado- encargado del operativo del jueves-, se impone la separación del cargo.

¿Exceso de celo con el titular de Interior y la administración municipal? De ninguna manera. El deficiente manejo de los conflictos sociales ha generado censuras y renuncias de ministros, caídas de gabinetes y otras sanciones políticas. Durante el régimen toledista, recordemos los sucesos de Ilave que motivaron  la censura del ministro Fernando Rospigliosi en el Legislativo; durante el Baguazo, la ministra Cabanillas fue removida del cargo como una manera de subsanar el error. Con el régimen nacionalista los gabinetes Lerner y Valdes sucumbieron en medio de las acciones pre- insurreccionales contra el proyecto minero Conga en Cajamarca. Es decir, este tipo de sucesos siempre producen efectos, ya sea por mecanismos constitucionales o por la presión de la opinión pública.

¿Por qué, entonces, ahora no hay consecuencias para los responsables del fracaso en La Parada? Se reconocen responsabilidades políticas, pero se niegan a las renuncias o separaciones del cargo. Más aún, cuando a quienes se les pide explicaciones pertenecen a la izquierda que siempre ha exigido dimisiones ministeriales, ha cortado cabezas y ha promovido el derribo de gabinetes en medio de los conflictos sociales.

El municipio de Lima no solo fracasó durante el operativo del jueves 25 de octubre. También se equivoca desde meses atrás. Los funcionarios ediles  se negaron al traslado de los comerciantes de La Parada al mercado de Santa Anita arguyendo diversas razones, cuando la mayoría de ellos estaba de acuerdo. Esa negativa solo se explica por la voluntad de desmerecer a la anterior gestión limeña. Luego se dinamitaron todos los puentes del diálogo hasta convertir a los dirigentes mayoristas en enemigos de la administración actual. ¿Cómo los entusiastas promotores del nuevo mercado mayorista se convirtieron en opositores acérrimos del traslado? Solo se puede explicar por la impericia y la soberbia política. La izquierda siempre exigió agotar el diálogo. ¿Qué pasó en este caso?

Los errores de los políticos en la democracia se sancionan, ya sea en las urnas, mediante las renuncias o en las separaciones del cargo. A diferencia de cualquier otro sistema político de la historia, en la democracia el yerro en política tiene su sanción. De lo contrario estaríamos viviendo el gobierno de los reyes y noblezas intocables que -como gobiernan por designio divino- jamás se equivocan.




¿La casa de Sendero?

¿La casa de Sendero?

Lo acontecido con el ex embajador Nicolás Lynch, quien le otorgó audiencia en la embajada peruana en Argentina a los representantes del Movadef, debería ser una voz de alarma para que a futuro el presidente de la República tome precauciones antes de nombrar a sus representantes políticos en el extranjero.

El señor Lynch trató de justificar la audiencia a los defensores de Sendero Luminoso bajo el pretexto de que “él no está para juzgarlos”, de que la embajada peruana en Argentina es “la casa de todos los peruanos” y de que no se le puede culpar por tan solo recibir una carta. Una pena que el ex funcionario no haya sido consciente de la verdadera naturaleza de su cargo, que es, claramente, mucho más que una mesa de partes del Estado Peruano en Argentina: todo embajador es el representante político del presidente en el país donde desempeña sus funciones.

Por eso, así como sería censurable que el señor Ollanta Humala recibiese a los representantes del Movadef en Palacio de Gobierno como si fueran interlocutores válidos de nuestra democracia, lo es también que el señor Lynch le haya dado audiencia en su embajada.

El Movadef, no lo olvidemos, es un organismo de fachada de Sendero Luminoso que pretende que se saque de prisión a Abimael Guzmán presentándolo en el exterior como un preso político. ¿Es que acaso el señor Lynch no sabe, no puede o no quiere distinguir entre movimientos políticos que son auténticamente democráticos y agrupaciones que, como el Movadef, pretenden destruir y socavar la democracia y sus principios? ¿O cree que los peruanos consentiríamos que el Gobierno que él representaba hasta ayer se debería sentar a dialogar con los enviados de aquel grupo responsable de las muertes de miles de nuestros compatriotas?

Las responsabilidades que se derivan de toda esta extraña situación, por otro lado, no solo comprometen al ex embajador. Y es que su evidentemente erróneo comportamiento mereció que se ordenara su reemplazo desde el momento en que informó sobre dicha reunión en enero. Por eso, llama la atención la inacción de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que, al menos, debió instruir inmediatamente a nuestras delegaciones diplomáticas en lo obvio, para que sus embajadores y demás funcionarios no se reunieran con los representantes del Movadef o agrupaciones similares y reaccionaran cada vez que en los países donde opera esta agrupación prosenderista se quiera sorprender a la opinión pública a través de un discurso mentiroso, como aquel de que ‘Gonzalo’ es un prisionero político.

¿Qué sucede? ¿Acaso para la cancillería no queda muy claro que nuestros embajadores deben salir a defender la democracia y desmentir un discurso que deforma la realidad? Realmente llama la atención esta falta de reacción en defensa de lo más sagrado que tiene el Perú, el derecho de nuestro pueblo a vivir en libertad y democracia plena, una libertad y una democracia que fueron ferozmente agredidas por las huestes de Sendero Luminoso.

El Gobierno, por lo menos, tuvo una reacción correcta, aunque tardía, formalizando de manera inmediata la renuncia del señor Lynch, impartiendo “nuevas y rigurosas instrucciones” a sus embajadas de oponerse a las campañas del Movadef y disponiendo que sus representantes “eviten toda interlocución con dicha organización”. Ojalá que, por lo menos, este incidente sirva para que el Gobierno inicie una estrategia política agresiva en el exterior y desenmascare ante la opinión pública internacional al Movadef, mostrándolo como lo que realmente es: la careta del movimiento terrorista más sanguinario que ha conocido el Perú.

Finalmente, solo queda recordarle al señor Lynch que, muy a su pesar, los peruanos no tenemos por qué compartir nuestra casa –aquí o en el extranjero– con los representantes de un grupo de asesinos que desprecian nuestra vida y nuestra libertad. Detrás del rechazo a su actuar como embajador –a diferencia de lo que él y otros quieren hacer creer– no existe una persecución ideológica. Lo que hay es la legítima preocupación como bien ha resumido el ex alcalde de izquierda de Villa El Salvador y víctima del terrorismo Michel Azcueta: Que si el Gobierno no respondiera al Movadef, “todos los peruanos lo pagaríamos”.