En una reciente declaración realizada durante su visita a Lambayeque, el presidente Ollanta Humala enfatizó la importancia de la política social para el gobierno y señaló que el crecimiento económico no era lo más importante. Esto resulta preocupante, pues declaraciones como esta dan da pie a que se descuiden las políticas que promuevenel crecimiento o peor aún, que se lleven a cabo políticas erradas que terminen por desalentarlo.

Más aún, si el gobierno hace énfasis en el desarrollo social, resulta de vital importancia no descuidar el crecimiento de la economía.El crecimiento económico es esencial para la reducción de la pobreza. Después de décadas de proteccionismo y atraso, la liberalización de la economía, que permitió el aumento de la inversión privada, redujo significativamente la pobreza y la desigualdad. Entre los años 2002 y 2010 la pobreza cayó en el Perú en alrededor de 23 puntos porcentuales y hay estudios que muestran que el crecimiento económico explica el 75% de la reducción de la desigualdad económica.

Imagine usted que para saciar el hambre visita su pizzería favorita y comparte con un amigo una pizza chica. Seguramente disfrutará la comida, pero es poco probable que salga con el estómago lleno. Imagine, por el contrario, que su amigo y usted piden una pizza tamaño familiar.Sin importar cómo la distribuyan, en la mayoría de casos ambos saldrán más que satisfechos. La razón es obvia: mientras más grande sea la pizza mayor será el tamaño de la tajada. Ver artículo: Del cuero salen las correas.

Del mismo modo, una economía más grande y robusta lleva a una mejor situación para los ciudadanos. Con crecimiento económico hay una economía más grande que, a la larga, termina beneficiando a todos. Incluso en presencia de un crecimiento desigual, que requiera llevar a cabo inversiones que permitan sacar provechoa los menos favorecidos, una economía más grande significa que habrá más recursos para llevar a cabo estas políticas. En otras palabras, con crecimiento económico hay más pizza para repartir.

Ahora comparemos brevemente al Perú con Brasil. Nuestro país, a pesar de tener un menor nivel de gasto social como porcentaje del PBI, ha logrado reducir la pobreza mucho más rápido que nuestro vecino, cuya relación entre gasto social y PBI es mucho más alta. Para muestra un botón: entre 1999 y 2009 Brasil ha tenido un gasto social equivalente al 23% de su PBI y ha reducido la pobreza extrema, definida como la población que vive con menos de un dólar por día por persona, de 5.7% a 3.6%; mientras que el Perú, con un gasto promedio de 9.3% del producto ha reducido la pobreza extrema de 6.2% a 1.6%. Esto es una reducción de la pobreza muchísimo más grande que la de Brasil y con solo una fracción de la inversión. No dejen de releer: Luces y sombras de la visita de Lula al Perú.

A pesar del mayor gasto social de Brasil con respecto al Perú, nuestros resultados en reducción de pobreza son largamente superiores. En contra de lo aseverado por Lula, lo que está detrás de esto es que el Perú ha crecido más de 6% anual promedio, mientras que Brasil no llega al 4%.

Por lo anterior, resulta primordial que el gobierno no deje de alentar la inversión privada y generar confianza, pues solo así podremos mantener el ritmo de crecimiento económico de los últimos años y cumplir con la agenda pendiente en educación, salud e infraestructuras. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el año pasado la inversión representó el 26.7% del PBI y la inversión privada 21.5%, todo un record.El reciente reconocimiento al país por el cumplimiento anticipado de los ODM (Objetivos del Milenio) debería ser un llamado a seguir creciendo. 

El politólogo norteamericano Steven Levitsky (SL), en su última columna, enfatiza que la caída de la aprobación presidencial se debería a la “ultra ortodoxia económica”. Según SL, el Perú se ha convertido en una de las democracias “más tacañas del mundo” por haber obtenido la nota más alta de América del Sur en la evaluación sobre gasto público del Índice de Libertad Económica elaborado por la Heritage Foundation. El artículo de Levitsky contiene varias inexactitudes y errores de razonamiento que vale la pena aclarar.

Una de las perlas de SL es su afirmación de que el gasto público debería ser el resultado de un “tira y afloja” entre políticos (que buscan reelegirse) y tecnócratas. Esta nefasta receta se encuentra en las antípodas de la elaboración óptima del presupuesto público, que se debería diseñar con una metodología transparente que permita hacerlo predecible, incorporando criterios de optimización inter-temporal. Como académico, Levitsky debería entender que los tecnócratas no basan sus decisiones en convicciones románticas o ideológicas, sino en conocimiento especializado respaldado por investigación y evidencia empírica. Por ello, a diferencia del político promedio -cuyos incentivos están centrados en su reelección de corto plazo-, el tecnócrata, que no participa en elecciones populares, debe buscar maximizar el bienestar social de forma sostenible. SL manipula el papel de estos actores al asociarlos maliciosamente con una “menor protección social” para los peruanos. Nada más falso e insidioso.

Por otro lado, si bien es cierto que el gasto social en el Perú como porcentaje del PBI es más bajo que en países como Chile y Brasil, muchas investigaciones han encontrado la importante orientación pro-pobre, pro-clase media y pro-descentralizadora que ha cumplido el crecimiento económico experimentado por el Perú en los últimos 15 años (ver el siguiente documento del BCRP). Es remarcable que la experiencia peruana, además, constituya un fenómeno virtuoso, diferente a los típicos procesos de crecimiento que agudizan la desigualdad en el corto plazo, al haber creado una clase media emergente y haber incrementado los recursos destinados a los gobiernos locales y regionales, acentuando la descentralización.

La reducción de la pobreza en el Perú ha sido generada fundamentalmente por el crecimiento económico, pasando de 58.7% en el 2004 a 25.8% en el 2012, según el INEI. Complementariamente, el gasto social básico -definido por el Consenso de Oslo como los gastos en educación básica, salud básica, alimentación y nutrición, y agua y saneamiento, entre otros- creció 173% en el mismo periodo, y el gasto social complementario (que incluye educación secundaria, educación superior, infraestructura social y productiva, electrificación rural, carreteras rurales, etc.) se incrementó en 125% en el mismo periodo. En la actualidad, el presupuesto público es el doble del aprobado en el año 2006 y el 56% del mismo se concentra en sectores sociales y productivos, como Educación, Salud, Protección Social, entre otros. Solo lo social alcanza el 38%, con un crecimiento de 21,6% con relación al año anterior. 

Para sustentar su falacia, SL usa cifras del año 2009, argumentando que la democracia peruana es “tacaña”. Esto es falso, ya que el indicador de la Heritage no analiza la composición sectorial del gasto, sino el manejo prudencial de la política fiscal que busca asegurar la robustez macroeconómica, la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas, aspectos en los que el Perú tiene una fortaleza reconocida a nivel internacional.

SL también comete el “error” de inferir que la legitimidad democrática se construye a partir de la expansión del gasto social, ya que el aumento o la disminución de la participación del gasto social con respecto al presupuesto total o con respecto al crecimiento del PBI, no es condición suficiente para hacer afirmaciones sobre su efecto redistributivo y sobre el bienestar de la población. Cabe señalar que un estudio (Yamada, Castro y Bacigalupo, 2012) encuentra que los programas asistencialistas como JUNTOS solo explican un cuarto de la reducción de la desigualdad, mientras que las fuerzas del mercado y el crecimiento económico han sido los motores del 75% de la mejora en la distribución del ingreso y el consumo. En este sentido, parece ser que la caída de la aprobación presidencial no radicaría en la “ultra ortodoxia” o en el Estado “tacaño”, sino en la pérdida de confianza alimentada desde el Ejecutivo. 

El ritmo de la reducción de la pobreza en el 2012 se habría frenado de manera alarmante: solo habría disminuido en 0.8%. La pobreza se venía reduciendo a un ritmo de 5 a 3% anual y, curiosamente, en un año en que hemos batido record absoluto en el gasto social y la multiplicación de los programas asistenciales, solo 240 mil personas habrían logrado salir de la pobreza.

Esta noticia ha sido comentada en los medios por el congresista y ex-primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, y por el parlamentario Juan Carlos Eguren, en base a estimados preliminares de pobreza del INEI, que hasta ahora no oficializa estos resultados.

Este resultado es una muy mala noticia para los excluidos del Perú porque estamos pasando de una reducción anual del orden de un millón de personas, a solo una cuarta parte.

Si consideramos que en el Perú todavía existen alrededor de 8 millones de pobres el asunto se vuelve desalentador. Según Macroconsult (ver: Confirmado: solo con crecimiento económico se supera la pobreza), nuestro crecimiento venía siendo pro-pobre y, entre el 2004 y el 2011, por cada punto de crecimiento del PBI, la pobreza se reducía en 0.66%, junto con una importante reducción de la desigualdad, de 0.41 a 0.37. De haberse continuado con este mismo proceso, la pobreza, en el 2012, debiera haber caído en más de 4%. Es decir, cinco veces más.

¿Qué ha sucedido en el primer año del gobierno de la lucha contra la exclusión? Es evidente que hay factores externos que han impactado en nuestra economía, pero ellas no explican semejante frenazo. Tenemos que apuntar también a un deterioro del clima de inversión, la parálisis de los grandes proyectos y, sobre todo, a una silenciosa pérdida de confianza de propios y extraños.

De continuarse en este proceso de deterioro económico y social, el Perú estaría perdiendo la mejor oportunidad de su historia para superar la pobreza y lograr el bienestar general. La situación actual, lejos de corregirse, se está agravando con los últimos acontecimientos políticos.