El crecimiento económico y la reducción de la pobreza han desatado un debate sobre el número de peruanos que conforma la nueva clase media emergente y otro acerca de su contribución económica y política al país. En Lampadia hemos informado reiteradamente que organismos internacionales como el BID, el BM y la CEPAL señalan que la clase media peruana ya es mayoría en la sociedad. También creemos que debe consolidarse su contribución a la sociedad mediante la resolución de la Agenda Pendiente en educación, salud, infraestructuras y clima de inversión. Pero a diferencia de muchos sectores de la élite peruana –más allá de derechas e izquierdas- creemos que la emergencia popular es un hecho positivo y trascendental del siglo XX, un hecho sin el cual no se explicarían todos los milagros políticos y económicos del país.

Cuando el estado populista se derrumbó en los ochenta con sus secuelas de hiperinflación y el terrorismo, las inmensas masas andinas que migraron a las ciudades, en lugar de sumarse a las prédicas terroristas (como sucedió en otras latitudes) o caer en la delincuencia, optaron por el emprendimiento y, décadas después, surgió una sociedad de millones de empresarios. Ese mundo informal, pues, es uno de los factores que nos salvo de la disolución como sociedad. Desde ese momento quedó en claro que, antes que un problema, la emergencia popular era un camino de infinitas posibilidades. En todo caso, ¿cómo podríamos explicar nuestra sorprendente continuidad democrática y de economía de mercado si los partidos, las élites y los intelectuales fracasaron en toda la línea?

Sin embargo, a pesar de que, en la última década, el Perú creció por encima del 6%, redujo la pobreza a más de la mitad y arrinconó a la desigualdad, la economía y la sociedad peruana continúa siendo en su gran mayoría informal: alrededor del 70%. ¿A quién le echamos la culpa de esta situación? ¿Al mundo informal, popular y empresarial que nos salvó de todos los infiernos o a la élite política, económica y cultural que no ha logrado representar el mundo emergente en la sociedad pública no obstante que la Carta Política del 93 le otorga todas las herramientas?

Cada vez que las élites han tenido que valorar los aportes del mundo popular, instintivamente, le han restado méritos. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad, en vez de reconocer la gesta histórica de los héroes campesinos en derrotar a Sendero Luminoso, se dedicó a convertir a los hombres del campo en simples víctimas, en pobrecitos. Hoy se acusa a los empresarios informales de ser “individualistas” y “pragmáticos, de “no pagar tributos”, de ser radicales anti-estatistas y de ser “dueños de nada” por su escaso aporte al espacio público.

Si son individualistas y pragmáticos, entonces, estamos ante la gran noticia del nuevo siglo. Significa que el sistema político ha sido incapaz de representar los intereses de este mundo emergente y, por lo tanto, incapaz de construir un estado con legitimidad.  La democracia, el bienestar general y todas las libertades surgieron cuando un puñado de individualistas y pragmáticos de Occidente se propuso desarrollar un contrato social: Democracia y Economía de Mercado. Cuando exista esa representación, el Estado podrá cobrar todos los tributos habidos y por haber, porque el ciudadano de cualquier parte del mundo o de la historia paga por representación y servicios. Nunca paga si no recibe nada. Y, aunque parezca mentira, cuando eso suceda habrá surgido una nueva política y el trágico divorcio entre fracaso político y éxito económico habrá terminado.

En el Perú estamos enfangados en una discusión sobre cómo desarrollar más competitividad para la economía. Los sectores de izquierda creen que estas demandas solo provienen de la gran empresa y la inversión extranjera. Falso de toda falsedad. Por ejemplo, la reforma del sistema laboral. ¿Alguien cree que los millones de empresarios informales pueden pagar todas las gollerías laborales, beneficios e indemnizaciones que defiende la CGTP y Mario Huamán? Cuando se represente el mundo informal en la política quedará más que claro que la CGTP es una minoría de minorías frente a la avalancha de nuestros empresarios emergentes.

También discutimos sobre la meritocracia en el Estado y la educación, por ejemplo. Pero los sindicatos se convierten en murallas contra estas reformas. Si el mundo emergente tuviera voz y voto en el espacio público todos entenderíamos que las empresas informales, los trabajadores informales, solo pueden existir por la dictadura de los méritos. Allí los errores se sancionan. Quedaría entonces claro que los opositores a la meritocracia solo son minorías y aristocracias.

La reforma del Estado, la instauración de la meritocracia pública, la reforma tributaria, la reforma laboral y todas aquellas reformas que no se hacen y ensombrecen nuestro futuro solo podrán ser implementadas cuando el país formal e informal converjan en uno solo. Y cuando eso suceda nuestra democracia tendrá partidos nuevos y reformados y la gente comenzará a ver con otros ojos al Congreso, al Poder Judicial y las demás instituciones. Cuando eso suceda, simplemente, el Perú ya estará en el umbral del desarrollo.

La CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) ha convocado a un paro nacional para este 26 de setiembre exigiendo un cambio de modelo económico, la renuncia del Ministro de Economía y una nueva ley General de Trabajo. Este gremio laboral, que no representa más del 6 u 8% de los trabajadores peruanos, y que está dirigido por uno de los eternos líderes sindicales, apunta contra la meritocracia en educación y en el sector público, y pretende ahora erigirse en un “gobierno paralelo”. 

¿Quién determina el modelo económico, según la Constitución y las leyes? Pues, el Ejecutivo y el Legislativo, los dos poderes elegidos por el sufragio de todos los peruanos. ¿Cómo así, entonces, la CGTP se propone cambiar el modelo? La idea  misma de un paro nacional en el que piquetes de huelguistas bloqueen carreteras tiene una clara naturaleza anticonstitucional y hasta un cierto tufillo insurreccional. Es imposible, pues, imaginar una democracia que cambia sus políticas económicas por paros nacionales. La única manera de modificar el modelo económico en libertad pasa por el voto popular.

Los llamados paros nacionales en el Perú y América Latina se legitimaron a fines de los setenta en contra las dictaduras militares de entonces. Posteriormente, la idea de huelgas nacionales se ensayaron en Bolivia y Ecuador, precisamente, demandando el cambio de “las políticas económicas neoliberales”, para tumbarse a gobiernos elegidos e instaurar dictaduras de las turbas que se devoraron  las constituciones y la autoridad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Semejante situación representó la antesala de los regímenes bolivarianos.  ¿Intenta la CGTP reeditar el mismo libreto en el Perú?

Cuando la CGTP se propone la salida de Miguel Castilla de la cartera de Economía se deja en claro que la estrategia del paro nacional es parte de los objetivos de toda la izquierda en general que ha puesto su puntería en el señalado titular (Ver artículo La izquierda sin caretas). Una izquierda que sueña con recuperar el poder que perdió con el Presidente Humala, que en su primer gabinete, manejado por Salomón Lerner, tenía a sus socios revoltosos cortando la libre circulación en Tumbes, Cajamarca, Ayacucho, Chincha, Moquegua y Apurímac. Pretenden ignorar y confundir a la población sobre los resultados de un modelo que ha logrado una reducción de la pobreza y la desigualdad sin precedentes en nuestra historia.

Asimismo, proponer una nueva Ley General del Trabajo que amplíe los sobrecostos laborales para las empresas es desconocer el vía crucis de millones de empresarios emergentes que no pueden formalizarse, porque los sobrecostos se han convertido en una muralla imposible de franquear. Y, sobre todo, se condena a millones de trabajadores de las pequeñas empresas a vivir sin seguridad social y beneficios sociales. Igualmente, oponerse a la ley del servicio civil, que establece la meritocracia en el servicio público es oponerse a solucionar los padecimientos ante los municipios, regiones y ministerios de millones de peruanos.

En realidad a la CGTP y a la izquierda solo les interesa el poder. Las demandas que plantean están dirigidas a “acumular fuerzas” en función de ese objetivo. Hasta hoy nos quedaba claro que, si bien no les iban bien con las sucesivas derrotas electorales, la izquierda apostaba por los caminos constitucionales. No obstante la convocatoria a un paro nacional no es un mensaje democrático y nos obliga a permanecer alertas.

Sin embargo, esta mañana Mario Huamán en RPP, no fue capaz de convencer a nadie. Se mostró deprimido y sin fuerza de convicción y sus argumentos causaron lástima. Parece que ya se les acaba la capacidad de distorsionar la realidad. 

Una nueva amenaza se cierne sobre la industria textil. Se pretende restar competitividad a nuestras exportaciones de textiles y confecciones, derogando el Decreto Ley N° 22342 -de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales-, que es una de las vigas maestras del crecimiento de nuestras exportaciones de las últimas dos décadas.

En el 2012, las exportaciones de textiles y confecciones alcanzaron los US$2,173 millones frente a los US$384 millones de 1990, es decir, crecieron 5.7 veces, según cifras de ADEX (Asociación de Exportadores).

En cuanto al número de empresas, el crecimiento es muy parecido. En el 2000, eran 740 empresas exportadoras, mientras que en el 2012 se triplicaron hasta alcanzar las 2,420.

Este es un sector muy dinámico en que las empresas entran y salen. Esto se refleja en que el número de compañías que ingresaron a la actividad exportadora se ha cuadruplicado, pues en 1995 eran 202 en tanto que en el 2012 llegaban a 790. En contraste, el número de empresas que salió del mercado aumentó a un menor ritmo: En 1995 eran 237 y el 2012 llegaban a 595 (2.5 veces).

¿Cómo se explica esta volatilidad de las empresas textiles? La moda en el vestir y las estaciones climáticas en los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, así como la intensa competencia desde el Asia y Centroamérica, son los factores que determinan el espacio de mercado donde se desarrolla la producción de los exportadores nacionales. Todo esto genera una alta volatilidad y hace imposible programar volúmenes estables de exportación y, por lo tanto, no se puede hablar de estabilidad laboral en la industria.

¿Qué argumentos se emplean para pretender derogar la Ley de Promoción de Exportaciones No tradicionales? A inicio de marzo, las trasnacionales New Balance, Nike, PVH Corp (dueña Tommy Hilfiger y Calvin Klein) VF Corporation (dueña de Wrangler, Lee, Nautica y Timberland) 47 Brand y Life Is Good enviaron una carta al Presidente Humala argumentando que las empresas exportadoras de textiles y confecciones no respetaban los derechos laborales y sociales de sus trabajadores. Luego la organización sindical Industrial Global Union, hizo lo mismo.

Las seis empresas que hacen el reclamo o denuncia significan no más del 5% del total de pedidos para exportación de confecciones peruanas. Además, no firmaron la carta los gerentes sino funcionarios de segundo nivel, presumiblemente digitados por una ONG ligada a la CGTP que es la misma que puso todos los obstáculos posibles para evitar la aprobación del TLC con los EE.UU. en el congreso americano.

Todos los argumentos de las trasnacionales contra nuestras empresas son falsos. Es preciso remarcar que el régimen especial laboral fue creado con el objetivo de impulsar las exportaciones de mayor valor agregado, aquellas que generan empleo. Es así, que las empresas comprendidas contratan a sus trabajadores de acuerdo a la fluctuante demanda internacional, y de esta manera, se evitan costos que eventualmente quiebren a las empresas.

También es falso que el Perú junto con Bangladesh sean los únicos países que mantienen vigente este régimen laboral, tal como argumentan las trasnacionales. Según información de ADEX, todos los países con los que competimos directamente en el mercado internacional poseen regímenes laborales con contratos a plazo fijo y renovables, como sucede en China, India, Bangladesh, México, Guatemala, Filipinas, El Salvador, Indonesia, Hong Kong, Vietnam, entre otros.

Pretender eliminar este régimen especial es atentar contra una industria competitiva en los pujantes mercados mundiales, que da empleo de calidad a cientos de miles de peruanos y promueve la innovación y la creatividad. Según información de Comex Perú, basada en cifras del Ministerio de Trabajo, solo entre los años 2006 y 2011, el régimen laboral para las exportaciones no tradicionales ha generado más de 1.6 millones de empleos en el Perú.

Pedro Gamio, presidente del Comité de Confecciones de ADEX, explica que las empresas exportadoras nacionales son supervisadas por las firmas extranjeras compradoras, las cuales condicionan sus compras a que a los trabajadores se les contrate formalmente y se les reconozca todos sus derechos sociales y laborales.  Sin esa supervisión internacional no hay exportación posible. Algo más, los ingresos de trabajadores están por encima de los mil soles y es falso que las empresas contraten a sus trabajadores solo por 30 días, tal como indica el informe del diario la República. “Por la crisis internacional, el promedio de contratación está entre tres y cuatro meses, pero de ninguna manera es un mes. Nuestros trabajadores tienen un periodo de capacitación, porque es gente calificada”, enfatizó.

Sin duda, pues, estamos ante una evidente confabulación de un grupo de transnacionales de confecciones cuyo interés es sacar del mercado internacional a los productores nacionales. Todo esto no pasaría de una simple confabulación de extranjeros, pero en el Perú existen sectores que apoyan tan absurda propuesta. Promover este tipo de movidas y, ofrecerse como caja de resonancia (Diario La República), es una forma de traición a los intereses nacionales, a la industria nacional que tanto “defienden” los radicales. Increíble, la izquierda aliada con las trasnacionales en contra de la industria y empleo peruanos.