El Decreto Legislativo 1147 del Ministerio de Defensa representa un retroceso institucional que afectará severamente la competitividad de los puertos peruanos, debilitando nuestro comercio exterior, que después de su apertura y desregulación, ha sido una de los grandes pilares de la recuperación de la economía peruana. No se puede entender qué tipo de razonamiento puede justificar la militarización de los puertos.

La promulgación del decreto que transfiere las competencias sobre la administración de puertos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la Dirección General de Capitanía (DICAPI) de la Marina de Guerra, ha desatado un intenso debate nacional y ha generado una crisis dentro del propio Consejo de Ministros. Esta semana el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martinot, apoyó los argumentos de los empresarios contra el polémico decreto y se distanció de los titulares de Defensa y de Transportes, que han defendido dicha norma contra viento y marea.

Silva Martinot informó que hizo llegar su malestar a los sectores de Defensa y Transporte y señaló “que los empresarios no están desinformados en sus protestas por la transferencia de facultades de la administración de puertos a la DICAPI”. Como se ve, un claro respaldo las inquietudes empresariales.

El asunto no es un simple detalle que se puede ignorar, algunos han llegado a preguntarse: ¿Y si mañana pasan Corpac a la FAP y los peajes al Ejército? Por otro lado, Juan Jiménez, presidente del Consejo de Ministros, acaba de confirmar la intención del gobierno de comprar los activos de Repsol, ¿se perfila nuevamente el Estado empresario? ¿Es descabellado sospechar que alguien está pensando en unas fuerzas armadas empresarias?

En todo caso, aquí les presentamos los principales argumentos del porqué el Decreto Legislativo1147 atenta contra las inversiones en los puertos:

• Transfiere la gestión portuaria a la Dicapi incluyendo el transporte marítimo y servicios portuarios, e inclusive, la promoción de la inversión privada en infraestructuras portuarias.
• Los procesos de inversión portuaria serán aprobados por la DICAPI y no por el Ministerio de Transportes.
• El Mincetur y las demás entidades del estado, desarrollan la Ventanilla Única de Comercio Exterior. En este proceso participaba la APN. Ahora DICAPI pretende crear su propia Ventanilla portuaria.
• Se habilita a la DICAPI crear tasas para el financiamiento de su gestión. No hay autorización del Congreso para crear nuevos tributos (la tasa es un tributo).
• Se derogan competencias establecidas en la ley orgánica de Regiones, que determina que el manejo de los puertos depende de los gobiernos regionales.

Si la DICAPI hubiese estado a cargo de la administración de los puertos, tal como lo ha sostenido la congresista Luciana León, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, no se habría concesionado el muelle norte, porque esta institución se opuso a la concesión. Mire por donde se mire este decreto legislativo es un durísimo golpe a la solución de la agenda pendiente que tenemos en infraestructuras. No solo el Ministerio de Defensa se encargaría de promover inversiones privadas sino que los trámites y sobre regulaciones en los puertos nos restarían competitividad. Por todas estas consideraciones, el Congreso tiene que tomar el rábano por las hojas y derogar este negativo decreto legislativo.

Se está empezando a legislar con sorpresa, incluso en temas que tienen un gran impacto en temas sensibles para el conjunto de la economía nacional. Es importante insistir en la necesidad de que el gobierno, ejecutivo y legislativo pre publiquen las normas que planean crear, para que puedan ser debatidas y mejoradas en el conjunto de la sociedad.

Las reacciones al anunciado incremento de participación de Petroperú en la explotación de hidrocarburos no se hicieron esperar. De acuerdo con expertos en materia energética, la intervención de la petrolera estatal –de entre 25% y 49%– en los 36 nuevos lotes que se licitarán en noviembre, es un contrasentido.

Y es que el insuficiente patrimonio de la estatal imposibilita tanto la participación mayoritaria o minoritaria de esta, apuntó el economista y consultor energético Víctor Medina Calderón.

Teniendo en cuenta que tan solo perforar un pozo en la zona de selva cuesta alrededor de US$ 100 millones, y la exploración en alrededor de US$ 5 millones, ¿podría Petroperú, con un patrimonio que no llega a más de US$ 800 millones, participar en la inversión que se destinaría en los 36 nuevos lotes?

“Petroperú prácticamente está imposibilitada de hacer algún tipo de inversión”, dijo Medina al momento de indicar que al poco nivel de inversión se suma el riesgo que tendría que afrontar la empresa, ya que el orden de riesgo de las exploraciones de pozos petroleros es de un 60%.

Sin embargo la visión del cuestionado titular de Petroperú, Humberto Campodónico, es otra. Según el funcionario, la estatal “cuenta con la experiencia y capacidad técnica y profesional para realizar actividades de explotación, las cuales constituyen un paso fundamental para la integración vertical de la empresa; es decir, para la realización de actividades en todos los tramos de la cadena productiva de esta industria”.

“Petroperú no solo no tiene respaldo patrimonial, sino que su participación en la Bolsa de Valores es incipiente”, acotó Medina Calderón tras revelar que al interior de la empresa de bandera esto se sabe y el directorio, contrario a Campodónico, está decidido a no avalar ningún crédito para proyecto alguno, salvo en situaciones de emergencia como en caso de escasez de combustibles.

El experto en hidrocarburos agregó que las declaraciones de Rosa María Ortiz, presidenta de Perupetro –quien el martes sorprendió a propios y extraños al informar que la participación de Petroperú en la explotación de hidrocarburos en el país se incrementará–, obedecen a una campaña que ejecuta Campodónico por mantenerse en el cargo y crear en la ciudadanía la ilusión de un correcto manejo financiero de la empresa.

Para el abogado constitucionalista y presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Raúl Castro Stagnaro, la aventura empresarial que pretende Petroperú “es un contrasentido”, pues va en contra del rol subsidiario del Estado que delimita la Constitución.

“Estamos volviendo a transitar caminos que ya recorrimos y en los que no nos fue nada bien”, dijo Castro al momento de argumentar que no ve por qué el Estado quiere ser socio activo de actividades que requieren de alto grado de inversión y tecnología que no se tiene.

“El Estado peruano no es una compañía petrolera. Debe preocuparse más bien por cobrar sus rentas y especializarse en los temas que le competen”, apuntó el ex parlamentario al indicar que el Gobierno se debe enfocar en ejecutar bien las regalías que percibe y brindar trabajo eficiente, “pero no debería meterse a estas aventuras que terminan desanimando a los inversionistas”.

Factor de competencia

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ratificó lo dicho por la presidenta de Perupetro, Rosaria María Ortiz, de que las empresas que ganen la buena pro de los 36 nuevos lotes calificarán en base a tres variables: participación de Petroperú de entre 25% y 49%, monto de regalías y cantidad de inversión.

Sin embargo, los especialistas en temas energéticos coinciden en que el Estado debe apuntar solo a los factores de competencia relacionados con las regalías e impuestos, tal como se hizo hasta la última licitación de lotes para la explotación petrolera en 2010.

El dato

Perúpetro anunció ayer la próxima licitación de 36 lotes de exploración. En estas convocatorias, Petroperú tendrá una participación accionaria, entre el 25% hasta el 49% en cada lote licitado, con la empresa ganadora.