Después de dos semanas de incertidumbre e intenso debate, el gobierno, a través de Petroperú, anunció la cancelación del proyecto de compra de los activos de la empresa Repsol. De esta manera, ha prevalecido la razón.
Lamentablemente es muy fácil romper la confianza, pero muy difícil construirla y, más difícil aún, recuperarla. Toca ahora, a tirios y troyanos, superar esta situación.
A continuación presentamos el comunicado de Petroperú.
Las declaraciones del domingo del Presidente Ollanta Humala, a un solo medio, no lograron calmar los ánimos y justificadas críticas que ha desatado la decisión del gobierno de evaluar la compra de los activos de Repsol. Si bien el jefe de Estado pretendió bajar el voltaje informando que Petroperú compraría la refinería La Pampilla, los grifos y la envasadora de gas Solgas en calidad de socio minoritario de un “inversionista privado”, la reacción de la sociedad ha mostrado que el país no está para aventuras populistas.
El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, habló con base y firmeza luego del pronunciamiento presidencial. Señaló que el jefe de Estado no lo había convencido y que “nos habíamos salido de la hoja de ruta”, enfatizando que la eventual compra de los activos de Repsol “confirma la decisión política del Estado en interferir en un mercado donde trabajan los privados”.
El sábado pasado el gobierno publicó el Decreto Supremo 012 de Energia y Minas, sin la firma del ministro de Economía, mediante el cual reglamenta la ley 28840, de julio del 2006, precisando la figura de los encargos especiales, que facilitaría la compra de los activos de Repsol. El artículo 3 del reglamento establece que estos encargos serán dictados solo por el Ejecutivo mediante Decreto Supremo. Es decir, para comprar los activos de Repsol no se necesitaría ya una ley expresa del Congreso.
El reglamento tiene otras perlas: ratifica la exclusión de Petroperú del ámbito del Fonafe, del SNIP y de las normas generales de adquisiciones del Estado. Además señala que los trabajadores de la petrolera estatal no serán considerados funcionarios públicos.
El Estado a su “mínima expresión”
El presidente Humala sostiene que se requiere una economía “más equilibrada” entre la experiencia estatista de los setenta y “la reducción del estado a su mínima expresión” actual. ¿Qué tipo de equilibro puede desearse entre el modelo estatista que desquició nuestra economía y empobreció al 60% de los peruanos, y el modelo de economía de mercado que trajo al Perú un círculo virtuoso de reducción de la pobreza, la desigualdad y la desnutrición infantil? El Presidente ha dicho que quiere un Estado “fuerte”, pero parece estar atrapado por la ideología. El modelo que redujo al Estado a su “mínima expresión” fue el estatismo del pasado, en tanto que el Estado del siglo XXI, el que abrazó la economía de mercado es probablemente el más fuerte de nuestra historia. (Ver algunas cifras).
El estatismo de los años setenta hizo añicos al propio estado, lo redujo a polvo. El estado llegó a perder control sobre la moneda nacional por la hiperinflación. El déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública, la caída de la presión tributaria convirtieron al Estado en un No-Estado. No solo no controlábamos nuestra moneda sino que ya no ejercíamos el monopolio de la violencia con la irrupción del senderismo y otros grupos armados.
Las reformas económicas de los años noventa nos permitieron reconstruir el Estado desde sus escombros. No solo han mejorado todos los indicadores económicos y sociales, incluso hemos recuperado la confianza en el futuro y el entusiasmo con el porvenir. Donde no hemos avanzado al mismo ritmo es en el Estado, pero no por ser pequeño y débil, sino por ineficiente e indolente. El Estado peruano tiene hoy capacidades de regulación que nunca existieron, empezando por una Sunat muy poderosa y otras instituciones como Indecopi y los reguladores de servicios públicos. Sus carencias no tienen que ver con los procesos productivos, ni de bienes, ni de servicios, se deben a los atrasos en educación, salud, infraestructuras, y a las debilidades institucionales en seguridad y justicia.
En un reciente artículo publicado por el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, en el diario El Comercio, con el objeto de justificar el regreso de esa empresa estatal a las actividades de exploración y explotación petrolera, sostiene que el 85% de las reservas petroleras del planeta están bajo control de empresas estatales. Agrega que 15 de las 20 compañías más grandes de hidrocarburos del mundo también son públicas.
El señor Campodónico dice la verdad, pero es la verdad del orden del petróleo mundial que ha emergido sobre dictaduras, sangre y corrupción en el planeta. El régimen fundamentalista de Irán y todas sus barbaridades contra los derechos humanos es posible por la estatización de las empresas inglesas tras la instauración de la teocracia islamista. Detrás de la satrapía de Saddam Husein también estaba la Compañía de Petróleo de Irak. Detrás de la dictadura de Gadafi en Libia también hubo una entidad estatal del petróleo. Lo mismo sucedía con la dictadura de Ben Alí en Túnez y con el régimen autoritario de Mubarak en Egipto. Estos últimos fueron derribados por las protestas de la Primavera Árabe que exigían mayor libertad y menos corrupción.
En América Latina, la reelección indefinida de Hugo Chávez y las denuncias de corrupción en Venezuela parten de la captura por parte del gobierno de la empresa PDVSA que, debido a la ineficiencia en la gestión, entre 1999 y el 2011 bajó su producción en un tercio del total mientras que su planilla aumentó en más de 180%. El manejo estatal del petróleo venezolano le ha permitido a Chávez desarrollar una política clientelista y de cooptación, dentro y fuera de Venezuela. Los entendidos señalan que sin el petróleo Chávez no habría tomado el poder absoluto y menos desarrollado su proyecto bolivariano continental.
En síntesis, el actual orden del petróleo mundial, en el que los estados deciden controlar ese recurso natural tan escaso sustrayéndolo de las políticas de mercado, es fuente de dictaduras, genocidios y corrupción generalizada. Que el Perú se haya apartado de la ruta estatista y de la tentación totalitaria, debería ser motivo de orgullo nacional.
LOS CASOS DE PETROBRAS Y ECOPETROL
El presidente de Petroperú, algunos articulistas de izquierda, y más recientemente el movimiento Ciudadanos por el Cambio, plantean que Petroperú participe en la construcción del Gasoducto y la Petroquímica del Sur Andino e, inclusive, en una alucinada compra (¿está en venta?) de la Refinería de La Pampilla. ¿De dónde pecata mia?
¿De dónde pecata mía?
Según la propia Petroperú, en el 2011 esta empresa tuvo utilidades por 532 millones de soles., sin embargo el BCR señala que en verdad hubo pérdidas por 174 millones de soles. ¿Juego de cifras? Aun así, cómo podría invertir en una “cartera de negocios” de 4,000 millones de dólares? ¿Quién pagará la aventura? ¿Los contribuyentes?
Para la modernización de la refinería de Talara los montos a invertir van y vienen. Primero se habló de $800 millones y luego de $1,300 millones. Después se habló de US$ 1,700 millones y hasta de US$ 2,500 millones. Para Kuntur, se ha solicitado que Petroperú financie US $ 1,200 millones. ¿Danza de petrodólares?
Petróleo: ¿Negocio seguro?
El señor Campodónico argumenta que la participación de Petroperú en la exploración y explotación es negocio seguro. ¿Cómo así? Según él, un lote que se concesionaría sería ofertado a la empresa privada en base a un plan de inversión y las correspondientes regalías. Las regalías que recibiría el fisco, en este caso, servirían para los aportes de capital de Petroperú en la inversión hasta por un monto del 49%. Es decir, en vez de que el Estado reciba dinero contante y sonante, la empresa recibiría acciones.
Además, las regalías serían menores puesto que los inversionistas tendrían que compensar el costo del “free ride” (las acciones sin respaldo de inversión) de Petroperú.
Con el argumento de las ” empresas públicas estratégicas” el bolsillo de todos los peruanos financiaría la aventura empresarial de Petroperú, tal como sucedió hace algunas décadas en que las empresas públicas eran la causa de todos los forados fiscales y la inflación desbocada que destruyó la clase media y la economía peruanas. Según el estudio “Eficiencia del gasto en América Latina – Perú” (IPE, mayo 2008), las pérdidas acumuladas por las empresas estatales hasta 1990 llegaron a US$ 17,738 millones (Dólares de 1998), monto equivalente al 67% del PBI de dicho año. Un desastre. ¿No es suficiente ese altísimo costo para que los peruanos sepamos lo que no se debe hacer?
Frivolidad petrolera
Los recursos del Estado no están para derroches. ¿Es posible distraer recursos públicos y que se asuman riesgos de inversión cuando – a pesar de los avances económicos y sociales de los últimos años – tenemos aún un 27.8% de la población en situación de pobreza, un 6.3% en extrema pobreza, 15.2% de niños en estado de desnutrición y un déficit de infraestructuras de decenas de miles de millones de dólares?
El status extraordinario
Por si fuera poco, Petroperú fue convertida en la “caja chica” de los últimos gobiernos, habiéndose utilizado sus recursos en gastos como, por ejemplo, re-amoblar Palacio de Gobierno. Estos hechos confirman que las empresas estatales pueden ser utilizadas como instrumentos de concentración de poder y de corrupción.
Si no veamos el status de Petroperú, que ha sido sustraída del ámbito del FONAFE (Fondo Nacional del Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), entidad titular de las acciones en todas las empresas en las que participa el Estado y que norma y dirige el funcionamiento de las empresas públicas.
Esta decisión fue aprobada mediante la ley 28840 el 23 de julio de 2006 (Ley de Fortalecimiento y Modernización de la empresa Petróleos del Perú), que también exoneró a Petroperú de someterse al SNIP (Sistema de Inversión Pública) y al CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).
¿Qué hay detrás de las propuestas para revivir el monopolio estatal petrolero?
Las reacciones al anunciado incremento de participación de Petroperú en la explotación de hidrocarburos no se hicieron esperar. De acuerdo con expertos en materia energética, la intervención de la petrolera estatal –de entre 25% y 49%– en los 36 nuevos lotes que se licitarán en noviembre, es un contrasentido.
Y es que el insuficiente patrimonio de la estatal imposibilita tanto la participación mayoritaria o minoritaria de esta, apuntó el economista y consultor energético Víctor Medina Calderón.
Teniendo en cuenta que tan solo perforar un pozo en la zona de selva cuesta alrededor de US$ 100 millones, y la exploración en alrededor de US$ 5 millones, ¿podría Petroperú, con un patrimonio que no llega a más de US$ 800 millones, participar en la inversión que se destinaría en los 36 nuevos lotes?
“Petroperú prácticamente está imposibilitada de hacer algún tipo de inversión”, dijo Medina al momento de indicar que al poco nivel de inversión se suma el riesgo que tendría que afrontar la empresa, ya que el orden de riesgo de las exploraciones de pozos petroleros es de un 60%.
Sin embargo la visión del cuestionado titular de Petroperú, Humberto Campodónico, es otra. Según el funcionario, la estatal “cuenta con la experiencia y capacidad técnica y profesional para realizar actividades de explotación, las cuales constituyen un paso fundamental para la integración vertical de la empresa; es decir, para la realización de actividades en todos los tramos de la cadena productiva de esta industria”.
“Petroperú no solo no tiene respaldo patrimonial, sino que su participación en la Bolsa de Valores es incipiente”, acotó Medina Calderón tras revelar que al interior de la empresa de bandera esto se sabe y el directorio, contrario a Campodónico, está decidido a no avalar ningún crédito para proyecto alguno, salvo en situaciones de emergencia como en caso de escasez de combustibles.
El experto en hidrocarburos agregó que las declaraciones de Rosa María Ortiz, presidenta de Perupetro –quien el martes sorprendió a propios y extraños al informar que la participación de Petroperú en la explotación de hidrocarburos en el país se incrementará–, obedecen a una campaña que ejecuta Campodónico por mantenerse en el cargo y crear en la ciudadanía la ilusión de un correcto manejo financiero de la empresa.
Para el abogado constitucionalista y presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Raúl Castro Stagnaro, la aventura empresarial que pretende Petroperú “es un contrasentido”, pues va en contra del rol subsidiario del Estado que delimita la Constitución.
“Estamos volviendo a transitar caminos que ya recorrimos y en los que no nos fue nada bien”, dijo Castro al momento de argumentar que no ve por qué el Estado quiere ser socio activo de actividades que requieren de alto grado de inversión y tecnología que no se tiene.
“El Estado peruano no es una compañía petrolera. Debe preocuparse más bien por cobrar sus rentas y especializarse en los temas que le competen”, apuntó el ex parlamentario al indicar que el Gobierno se debe enfocar en ejecutar bien las regalías que percibe y brindar trabajo eficiente, “pero no debería meterse a estas aventuras que terminan desanimando a los inversionistas”.
Factor de competencia
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ratificó lo dicho por la presidenta de Perupetro, Rosaria María Ortiz, de que las empresas que ganen la buena pro de los 36 nuevos lotes calificarán en base a tres variables: participación de Petroperú de entre 25% y 49%, monto de regalías y cantidad de inversión.
Sin embargo, los especialistas en temas energéticos coinciden en que el Estado debe apuntar solo a los factores de competencia relacionados con las regalías e impuestos, tal como se hizo hasta la última licitación de lotes para la explotación petrolera en 2010.
El dato
Perúpetro anunció ayer la próxima licitación de 36 lotes de exploración. En estas convocatorias, Petroperú tendrá una participación accionaria, entre el 25% hasta el 49% en cada lote licitado, con la empresa ganadora.