Los objetivos anuales y quinquenales (2013-2017) establecidos por el gobierno para Petroperú son una lista de buenos deseos sin asidero en la realidad, ni sustento en nuestro ordenamiento constitucional. Pocas veces se ve alguna empresa que haga un pedido desproporcionado y arbitrario a Papa Noel Estado, cómo se ha planteado, en esta ocasión, para nuestra empresita petrolera.

La lista de objetivos es un ejercicio de ambiciones desproporcionadas, que pretende darle a una empresa débil, no sujeta a ningún control por parte de las instituciones del Estado, desarrollos que no tiene como financiar ni administrar. El bendito plan está incompleto, pues carece del indispensable análisis de capacidades y de esquemas de financiamiento. Incluso, el anuncio de listar un 8% de sus acciones al 2017, es un saludo a la bandera, pues con ese nivel de apertura del capital, no se podrá conseguir recursos financieros suficientes, ni un sistema sólido de gobierno corporativo.

La resolución del Ministerio de Energía y Minas del 31 de julio establece la siguiente visión para Petroperú: “Ser la empresa de hidrocarburos y energía del Estado, integrada y competitiva, que crea el valor compartido, líder en el mercado nacional y con participación creciente en el mercado internacional…” Es decir, una auténtica “súper empresa”, según el viejo recetario populista de América Latina, pero, ¿no existe acaso una contradicción de esta misión de Petroperú con la Constitución? Nuestra Carta Política establece claramente el rol subsidiario del Estado en la economía, sin embargo, otra vez se desempolva la vieja de idea de que una empresa estatal lidere un sector económico.

En contraste con el ejemplo de otras empresas petroleras de la región, Petroperú anuncia que listará en la BVL un ridículo 8% de sus acciones.Por ejemplo, en Brasil, cerca del 50% de las acciones de Petrobras son del sector  privado, que se cotizan en Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires. Ecopetrol de Colombia cotiza un 20% de sus acciones en bolsa de Nueva York, Toronto y Lima.Con solo 8% de acciones en la bolsa, Petroperú pretende seguir manejando la empresa sin ningún tipo de supervisión, sin transparencia y sin gobierno corporativo, pero esta vez pretendiendo manejar 10 veces más activos que hoy, con una manota en el bolsillo del Estado peruano.

En vez de apurar la promoción de los gasoductos del sur y el desarrollo de la petroquímica con la participación del sector privado, el MEM se dedica a diseñar un monstruo de mil cabezas, imposible de financiar, que terminaría, justamente, alejando la inversión privada y retrasando el propio desarrollo petrolero que se “quiere alentar”. ¿Qué le pasa al MEM?

El gobierno ha confirmado estar evaluando su eventual intención de comprar los activos de Repsol con el argumento principal de “la necesidad de regular” los precios de los combustibles. ¿De qué estamos hablando?

Los precios de los combustibles están alineados con los mercados internacionales y regulados por una banda de precios que establece Osinergmin. Ergo, si los precios de los combustibles ya están regulados, entonces, las intenciones de comprar los activos de Repsol y La Pampilla tienen que ser de otra índole. Resulta evidente que aquí no se quiere regular sino controlar políticamente los precios y concentrar poder económico, como se hace con PDVSA en Venezuela, YPF en Argentina y en los demás países bolivarianos.

Si consideramos que por la compra de Repsol se habla de pagar unosUS$400 millonesy las inversiones en los proyectos de desulfurización de los combustibles refinados demandarían unos US$750 millones adicionales. En otras palabras, se estarían comprometiendo más de mil millones de dólares. Con semejante compra, el Estado tendría el monopolio de la refinación de combustibles, el peor de los monopolios, pues no estaría sujeto a regulación alguna, además sería nítidamente inconstitucional.

La Pampilla refinó 72,000 barriles diarios de petróleo crudo el 2012 y Talara cerca de 65,000 barriles diarios. En total el 90% del mercado. Estando pendiente la modernización y desulfurización de Talara, el Estado tendría que asumir en total más de 4 mil millones de dólares, inversiones equivalentes al total del presupuesto anual de educación o al costo de dos autopistas panamericanas de Tumbes a Tacna. En un país con 27% de pobreza, nuestro gobierno estaría por dedicarse a jugar al monopolio en vez de enseñar a leer y sumar.No nos olvidemos que el Estado empresario dilapidóel equivalente a US$ 47 mil millones a precios de hoy.

El economista Pablo Secada sostiene que la tendencia de las economías modernas y desarrolladas es a deshacerse de las refinerías estatales.

Otro aspecto de este tema se relaciona con el eventual crecimiento de la “caja chica” del gobierno,máxime siendo que Petroperú ya no está sujeto al control de Fonafe y Consucode, tal como lo explicamos en el artículo Gadafi, Chávez y Petroperú de Lampadia.

La eventual compra de los activos de La Pampilla es una pésima señal al sector privado, justamente, en momentos en que se paralizan muchas inversiones, además del despropósito del uso de recursos públicos en aspectos no necesarios ni prioritarios.

Para mayor información sobre el tema leer el artículo de Jaime de Althaus La nostalgia del estado empresario (El Comercio, 26 de abril, 2013) y el editorial de El Comercio, La Madurez empieza por casa (26 de abril, 2013)