El gobierno se ha dado cuenta que, ante la parálisis de la economía, debe actuar cuanto antes para mejorar el clima de inversión, reanimar la confianza e impulsar la inversión privada. Para ello está emprendiendo un programa de modernización del Estado que debería redundar en mejores espacios de promoción y coordinación con el sector. Este programa estará dirigido a las pequeñas y grandes empresas. En Lampadia ya habíamos comentado que la desaceleración no tiene un origen determinante en el contexto externo, sino básicamente en factores internos (Ver: “¡Es el Estado, … estimado!”). 

Las medidas propuestas por el MEF pueden agruparse en cuatro grandes ejes: i) tributario; ii) reducción de costos regulatorios y ambientales; iii) promoción de inversiones y reducción de procedimientos burocráticos; y, iv) una nueva Ley de Contrataciones del Estado. Este plan ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y lleva el mandato específico del propio Presidente de la República, Ollanta Humala. Ahora el MEF va a trabajar con la Comisión de Economía y la Comisión de Fiscalización del Congreso para conseguir sus dictámenes y pasar a la comisión permanente. No se ha querido recurrir al pedido de facultades legislativas.

En el ámbito tributario, el MEF plantea eliminar el efecto desincentivador de la capitalización anual de intereses relacionada a la deuda tributaria  que se acumuló entre 1998 y el 2005. Además, se plantea una modificación en la estructura de los contratos de estabilidad tributaria para permitir procedimientos transparentes, rápidos y eficientes, y ampliar sus efectos a otras actividades. También se propone simplificaciones en el régimen de percepciones del IGV, en las tasas por trámites, licencias y derechos municipales, entre otros.

En lo relacionado a la reducción de costos regulatorios y promoción de la inversión en materia ambiental, se elimina el incentivo perverso que tienen las entidades regulatorias al financiarse vía multas. Asimismo, se establecen disposiciones para regular las funciones de la OEFA, y plazos para la emisión de opiniones vinculantes sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). También se propone que se modifique la Ley de Areas Naturales Protegidas para que las zonas reservadas no se determinen mediante resolución ministerial, sino que se aprueben en el Consejo de Ministros.

Otras medidas incluyen la simplificación de los procedimientos para la ejecución de las obras de infraestructuras; la creación del fondo MIPYME (para facilitar garantías a los créditos e instrumentos de difusión tecnológica, innovación empresarial y mejora de la gestión, entre otros); eliminación de los EIA para construcción de viviendas, oficinas y comercios; simplificación de la tramitología para el sector construcción y las inspecciones técnicas de seguridad, etc.

Como se puede apreciar este conjunto de medidas está orientado a  facilitar la inversión, con lo que se espera un impacto significativo en el mediano plazo. En el corto se podrían empezar a ejecutar los proyectos paralizados, generándose rápidamente empleo, demanda por maquinaria, equipos e insumos, con sus naturales impactos de encadenamiento inter-sectorial. Así la economía recuperaría su dinámica. El MEF ha remarcado que promueve este reordenamiento al menor costo fiscal posible. Este no es un paquetazo tradicional. Con la aprobación del crédito suplementario de S/. 3,100 millones para inversión pública en el 2014, el impulso fiscal estaría entre un moderado  1,2% y 1.5% del PBI. Lampadia

En la siguiente entrevista del diario Gestión, Liliana Rojas, investigadora principal del Centro de Desarrollo Social, señala que en el Perú no hay ninguna crisis como en otras regiones del planeta. Resalta las fortalezas de la economía peruana y, por el contrario, alerta de los problemas que enfrenta Brasil. Sin embargo deja en claro que nuestro país tiene que avanzar a resolver en la Agenda Pendiente en educación, salud, instituciones, infraestructuras, para sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo.

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El politólogo norteamericano Steven Levitsky (SL), en su última columna, enfatiza que la caída de la aprobación presidencial se debería a la “ultra ortodoxia económica”. Según SL, el Perú se ha convertido en una de las democracias “más tacañas del mundo” por haber obtenido la nota más alta de América del Sur en la evaluación sobre gasto público del Índice de Libertad Económica elaborado por la Heritage Foundation. El artículo de Levitsky contiene varias inexactitudes y errores de razonamiento que vale la pena aclarar.

Una de las perlas de SL es su afirmación de que el gasto público debería ser el resultado de un “tira y afloja” entre políticos (que buscan reelegirse) y tecnócratas. Esta nefasta receta se encuentra en las antípodas de la elaboración óptima del presupuesto público, que se debería diseñar con una metodología transparente que permita hacerlo predecible, incorporando criterios de optimización inter-temporal. Como académico, Levitsky debería entender que los tecnócratas no basan sus decisiones en convicciones románticas o ideológicas, sino en conocimiento especializado respaldado por investigación y evidencia empírica. Por ello, a diferencia del político promedio -cuyos incentivos están centrados en su reelección de corto plazo-, el tecnócrata, que no participa en elecciones populares, debe buscar maximizar el bienestar social de forma sostenible. SL manipula el papel de estos actores al asociarlos maliciosamente con una “menor protección social” para los peruanos. Nada más falso e insidioso.

Por otro lado, si bien es cierto que el gasto social en el Perú como porcentaje del PBI es más bajo que en países como Chile y Brasil, muchas investigaciones han encontrado la importante orientación pro-pobre, pro-clase media y pro-descentralizadora que ha cumplido el crecimiento económico experimentado por el Perú en los últimos 15 años (ver el siguiente documento del BCRP). Es remarcable que la experiencia peruana, además, constituya un fenómeno virtuoso, diferente a los típicos procesos de crecimiento que agudizan la desigualdad en el corto plazo, al haber creado una clase media emergente y haber incrementado los recursos destinados a los gobiernos locales y regionales, acentuando la descentralización.

La reducción de la pobreza en el Perú ha sido generada fundamentalmente por el crecimiento económico, pasando de 58.7% en el 2004 a 25.8% en el 2012, según el INEI. Complementariamente, el gasto social básico -definido por el Consenso de Oslo como los gastos en educación básica, salud básica, alimentación y nutrición, y agua y saneamiento, entre otros- creció 173% en el mismo periodo, y el gasto social complementario (que incluye educación secundaria, educación superior, infraestructura social y productiva, electrificación rural, carreteras rurales, etc.) se incrementó en 125% en el mismo periodo. En la actualidad, el presupuesto público es el doble del aprobado en el año 2006 y el 56% del mismo se concentra en sectores sociales y productivos, como Educación, Salud, Protección Social, entre otros. Solo lo social alcanza el 38%, con un crecimiento de 21,6% con relación al año anterior. 

Para sustentar su falacia, SL usa cifras del año 2009, argumentando que la democracia peruana es “tacaña”. Esto es falso, ya que el indicador de la Heritage no analiza la composición sectorial del gasto, sino el manejo prudencial de la política fiscal que busca asegurar la robustez macroeconómica, la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas, aspectos en los que el Perú tiene una fortaleza reconocida a nivel internacional.

SL también comete el “error” de inferir que la legitimidad democrática se construye a partir de la expansión del gasto social, ya que el aumento o la disminución de la participación del gasto social con respecto al presupuesto total o con respecto al crecimiento del PBI, no es condición suficiente para hacer afirmaciones sobre su efecto redistributivo y sobre el bienestar de la población. Cabe señalar que un estudio (Yamada, Castro y Bacigalupo, 2012) encuentra que los programas asistencialistas como JUNTOS solo explican un cuarto de la reducción de la desigualdad, mientras que las fuerzas del mercado y el crecimiento económico han sido los motores del 75% de la mejora en la distribución del ingreso y el consumo. En este sentido, parece ser que la caída de la aprobación presidencial no radicaría en la “ultra ortodoxia” o en el Estado “tacaño”, sino en la pérdida de confianza alimentada desde el Ejecutivo. 

Luego de 10 años creciendo casi de manera ininterrumpida, la desaceleración de la economía global nos toma sin haber solucionado los problemas estructurales de fondo y que conocemos desde siempre.

El que la economía crezca 5% por año ayuda a reducir la pobreza, sí, pero no a la velocidad su?ciente. Un 4% es un crecimiento mediocre. Es necesario que el PBI crezca a una tasa de 6% o más “si queremos meterle diente en serio a la pobreza”, opina Hugo Santa María, socio gerente de Estudios Económicos de Apoyo Consultoría.

“Deberíamos aspirar a crecer por encima del 6% y me parece que está al alcance […]. En el 2016 vamos a crecer más de 6% porque se va a duplicar la producción de cobre (por la entrada en operación de Toromocho, Las Bambas y la ampliación de minera Cerro Verde). Sin eso, creceríamos solo 5%”, sostuvo.

La desaceleración global nos afecta en varios frentes, pero lo más grave es que seguimos teniendo los mismos problemas estructurales que hace 20 años, con un mundo en desaceleración.

Mundo complicado 

La situación global es muy difícil de interpretar. Lo que está claro es que los mercados reaccionan a todas las noticias todos los días y en cualquier dirección (a la baja o al alza). Y tal volatilidad altísima se mantendrá en los próximos meses, mientras la incertidumbre alrededor de los efectos reales del retiro del estímulo monetario por parte de la FED continúen.

Santa María señala la paradoja con la que los mercados han aprendido a vivir –y de la que ahora dependen– más o menos así: si la economía de EE.UU. mejora, la FED empezará a retirar el estímulo y entonces ya no habrá tanta liquidez que se dirija a comprar activos y no es bueno para los mercados.

Publicado en El Comercio, 25 de agosto del 2013.

La relación positiva entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza ha sido ampliamente documentada en la literatura económica. En el caso peruano, durante la última década, el crecimiento sostenido impulsado por la inversión privada, la apertura de los mercados y la disciplina macroeconómica logró reducir la pobreza en 43% y la pobreza extrema en 60%.

Frecuentemente, los analistas resaltan la necesidad de crecer al menos 6% para reducir sostenidamente la pobreza. Así por ejemplo, Hugo Santa María de APOYO Consultoría considera que un crecimiento de 5% no sería suficiente para reducir significativamente la pobreza. En este sentido, lo que se debe destacar es que la sensibilidad de la reducción de la pobreza mantiene una relación no lineal y creciente con el crecimiento económico; así, la pobreza se reduce en una mayor proporción cuanto más crece el país. El documento “Pobreza y crecimiento económico: tendencias durante la década del 2000” elaborado por el BCRP da cuenta de este fenómeno, anotando que el crecimiento económico en la última década ha tenido una clara tendencia pro-pobre, y destacando además que estas elasticidades muestran una tendencia creciente en valor absoluto.

El documento explica que mientras en el año 2001, por cada 1% de crecimiento del PBI, la pobreza se reducía en 0.9%, al año 2010, cuando el PBI aumentaba en 1%, la  pobreza se reducía en 1.7%. Asimismo, se documenta que entre los años 2008 y 2009, en los que el Perú sufrió una fuerte desaceleración como consecuencia de la crisis financiera en EE.UU., la elasticidad pobreza crecimiento se mantuvo aproximadamente, constante luego de haber mantenido una tendencia creciente durante el periodo previo, lo que demuestra la influencia positiva de la tasa de crecimiento sobre su impacto relativo en la reducción de la pobreza.

Cabe destacar que además del alto crecimiento, la sensibilidad de la reducción de la pobreza al crecimiento económico se vería repotenciada con un mejor funcionamiento de los mercados laborales, una reforma educativa seria, y mayor infraestructura, que permita conectar a los pobres con el mercado.