Desde la vigencia de la Constitución del 1993 se han sucedido tres elecciones nacionales impecables y avanzamos ala cuarta. Igualmente, desde el imperio de  esta Carta,la pobreza se ha reducido del 60% a solo el 25% de la población. El mundo y los organismos internacionales celebran los logros de nuestro país e, inclusive, las Naciones Unidas proclama que somos campeones en cumplir anticipadamente los Objetivos del Milenio. Sin embargo, desde la vigencia de la Constitución del 93, las minorías políticas y sus detractores se han multiplicado buscando derogarla sin éxito. En la medida que el apoyo popular les es esquivo por los motivos ya debatidos, ahora, recurren al embuste: su nueva campaña se basa también en aprovechar la ira ciudadana contra los congresistas. ¡Cómo si resolver la crisis del Legislativo pasara por una nueva Constitución!

Alberto Borea y Javier Valle Riestra, los dos principales juristas que buscan derogar nuestra Constitución, o en nombre de ellos, se está impulsando la recolección de firmas a través de las redes sociales con el supuesto propósito de reformar el Poder Legislativo. Sin embargo, ellos deberían saber que el hecho de que el Congreso tenga menos del 10% de aprobación ciudadana, no se explica por preceptos constitucionales, sino por la crisis de los partidos políticos y la incapacidad de las leyes electorales de organizar un sistema de representación política eficiente. Cualquier estudiante de derecho sabe esta verdad de Perogrullo, pero como ambos están desesperados por la indiferencia de la gente ahora parecen recurrir a un embuste.

Por favor, ¿qué tienen que ver las siguientes demandas con la reforma de la Constitución? Veamos cuales son: el congresista será asalariado solamente durante el período que haya sido elegido y no tendrán jubilación de por vida; el congresista debe contribuir al sistema previsional como todos los peruanos; el congresista debe pagar su plan de jubilación como todos los peruanos, en vez de que todos los peruanoslo paguemos; el congresista dejará su actualseguro de salud y deberá participar del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos. Como se dice, más claro no canta el gallo. En este caso, la manipulación está más clara que un mediodía de verano. ¿Cómo se atreven a tanto?

Como no pueden negar cómo así bajo el imperio de la Constitución del 93 se ha reducido tanto la pobreza y la desigualdad, como no pueden negar cómo avanzamos hacia el cuarto proceso electoral cancelando la inestabilidad política del siglo XX, como no pueden negar cómo  conseguimos una continuidad democrática y económica que se expresa en una prosperidad generalizada, ahora, recurren a la manipulación del más viejo cuño. Pretenden hacernos creer que la reforma del sistema electoral o la reforma de un reglamento del Congreso o quizá una ley sobre el sistema remunerativo de los legisladores se consiguen a través de la derogatoria de la Carta del 93.

La desesperación frente a la indiferencia popular a su propuesta es tan evidente que a Borea y a Valle Riestra no les importa poner en riesgo su prestigio como juristas, echando mano de esta burda manipulación. En todo caso, en el campo político y jurídico vale ganar o perder, pero siempre en buena ley.

Cada vez se vuelve más evidente que la izquierda pretende aprovechar la incertidumbre política y el menor crecimiento económico causado por la crisis  de confianza, la reducción de los precios de las exportaciones y la demora de muchos proyectos de inversión, para convertir problemas transitorios en una crisis política general que desemboque en una Asamblea Constituyente, aplicando a pie juntillas la receta bolivariana que se impuso en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En la Otra Mirada N.21 se vuelve a insistir con la propuesta de una nueva constituyente atribuyendo al supuesto marco neoliberal “el origen inmediato de buena parte de nuestros males…”. Se llega a afirmar: “El desarrollo de nuestra democracia tiene un problema de vicio: la Constitución de 1993. Esta fue elaborada durante un régimen dictatorial que, a diferencia de otros casos, buscó a través de la misma quedarse en el poder” (Sic). ¡Qué arbitrariedad!

¿No  es acaso con la Constitución de 1993 que estamos avanzamos a nuestro cuarto proceso electoral ininterrumpido? Vale recordar que más allá de la continuidad constitucional a inicios del siglo pasado se hablaba de un maleficio en el Perú: dos gobiernos democráticos eran interrumpidos por una dictadura. Bueno, pues, eso ha cambiado bajo la Constitución de 1993. ¿Cuál es la fórmula mágica? Durante la Constitución de 1979, el 60% de los peruanos era pobre debido a que el centro de la sociedad y la economía reposaba en el Estado, que pretendió sustituir la fuerza creativa del sector privado. Con la Carta actual el centro se trasladó a la sociedad, a los individuos y a las empresas, y la pobreza se ha reducido al 25% de la población. ¿Existe algún argumento más poderoso para explicar la estabilidad institucional que empezamos a disfrutar? (Ver artículo Quieren bajarle la llanta a la prosperidad).

Cuando la izquierda demanda una nueva constitución se convierte en una fuerza marginal y contraria a nuestro contrato social vigente que ha permitido la gran recuperación económica y social del país, que ha tenido como telón de fondo la economía de mercado y la sistemática reducción de la pobreza y la desigualdad. De allí que los gobiernos de Paniagua, Toledo, García y del propio Humala, todos ellos con discursos electorales distantes de la actual Carta Política, terminaran allanándose ante hechos incuestionables. De allí también que la Otra Mirada respire por la herida: “Ollanta Humala, en sus dos campañas electorales (2006 y 2011), logró crear un momento constitucional pero rápidamente lo abandonó frente a las necesidades de llegar y luego permanecer en el poder”. Como se dice una cosa es con guitarra y otra con cajón; una cosa es campaña electoral y otra gobernar.

Ahora bien nadie sostiene que la Carta de 1993 no deba ser mejorada. Existen diversas propuestas que buscan perfeccionar nuestro sistema institucional como el bicameralismo, la elección por mitades o tercios de las cámaras legislativas y otras propuestas vinculadas al sistema de elección en general. Pero cualquier reforma constitucional tiene que mirar hacia adelante y no hacia atrás, y una de las condiciones para evitar coqueteos con el pasado es reconocer que la Carta del 93 es el punto de partida de cualquier reforma, porque ha creado un modelo económico y social que reconoce a la sociedad y a los individuos como los principales impulsores del desarrollo. Los resultados se ven a la distancia: pobreza y desigualdad en retirada y un mundo, cada vez más, sorprendido del milagro económico peruano.

El Perú está para apostar a ganador, hemos creado un gran potencial de desarrollo integral, que exige abandonar el pequeño juego político y que todos los peruanos nos pongamos a la altura del reto de construir un futuro de bienestar general.

La Constitución del 79 consolidó y prolongó hasta su término el empobrecimiento general de los peruanos que nos regaló la dictadura militar en los años 60 y 70, llevando al Perú a uno de los peores resultados económicos y sociales al que un país puede llegar. La ruina en la que nos vimos envueltos abarcó todo el Perú, se empobreció a todos los ciudadanos, a las empresas grandes y pequeñas, y al propio Estado que se pretendió erigir como el sostén y conductor de la vida nacional.

Recordar los “logros” de ese proceso que terminó en los años 80, simplemente, nos aterra. ¿Cómo pudimos llegar a esa situación? La inflación acumulada era de 2,178,482% (primer gobierno de Alan García), las reservas internacionales eran negativas en 105 millones de dólares, y la recaudación fiscal apenas llegaba al 3.8% del PBI. Algo más: La pobreza abarcaba al 60% de los peruanos. Estas cifras nos dicen claramente que el Perú había tocado fondo graficando una de las peores etapas de nuestra historia.

¿Por qué entonces se pretende restaurar una Constitución que empobreció a todo el Perú?

Uno de los argumentos principales de quienes propugnan la derogatoria del texto constitucional de 1993 es que ésta es  “obra de una dictadura”. En verdad, como desnuda El Comercio en un reciente editorial (Teatro Mundo, 1 de diciembre, 2012),  la dictadura militar regimentó la constituyente que dio origen al texto del 79, impuso los parámetros que  institucionalizarían  “las transformaciones estructurales” del régimen castrense, dando origen a una carta que consolidaba el fracaso de la revolución y nos alejaba aún más del pensamiento de avanzada que ya mostraba espectaculares realizaciones en muchos países del mundo.

La constituyente de ese entonces acató el mandato de institucionalizar el modelo económico estatista. ¿De qué democracia proviene entonces la Constitución de 1979? ¿Acaso hemos olvidado que la constituyente sesionaba bajo la tutela militar y con  los medios de comunicación capturados por las cadres velasquistas? ¿Qué es lo que de verdad está detrás de esta obsesión insana con la Constitución del 79?

El nuevo orden económico

La Constitución de 1979 consagró el modelo empresarial de la dictadura militar, impuso restricciones a la libertad de comercio y de empresa, a la inversión privada, al ahorro,  le restó independencia del Banco Central y discriminó a la inversión extranjera. La actual, en cambio, consagra y protege las libertades de comercio y empresa, la autonomía plena del BCR, la igualdad de condiciones de las inversiones nacionales y extranjeras, y establece el rol subsidiario del estado en la economía. Si comparamos los resultados económicos de la estructura legal que promovía el estancamiento con la que fomenta la inversión y el progreso, las diferencias  saltan a la vista. Ver cuadro.

Empobrecimiento y Prosperidad

La Constitución actual es imperfecta, necesita ajustes que mejoren la estructura del Estado, nuestra institucionalidad política y otros temas.  Pero, con todos sus defectos, es muy superior al  texto anterior, al que jamás debemos regresar. No se comprende entonces el juicio  de quienes impulsan la restauración de la carta del empobrecimiento. Demuestran una grave falta responsabilidad y de compromiso con el país, y sobre todo, con quienes todavía siguen luchando para salir de la pobreza. 

No a la pulsión de “tanatos”.