El Perú Real y el Perú Oficial vibran con diferente frecuencia. Así ha venido siendo en los últimos tiempos, pero la disonancia en que ahora se encuentran nuestros dos mundos es el anuncio de una profunda crisis que debemos para en seco.

El Perú Real, el de los ciudadanos y empresas, el de la gente común o de a pie, como quiera llamársele, sigue avanzando. Nuestra economía sigue creciendo, su influencia llega prácticamente a todo el país, como lo muestra Richard Webb en su último libro, Conexión y despegue rural. Después de haber superado la auto infligida recesión de  1998, durante los últimos 10 años, hemos iniciado un ciclo virtuoso que nos ha permitido avanzar en paralelo en los indicadores económicos y sociales a un ritmo sin precedentes. Hemos creado futuro para los peruanos.

Lamentablemente en el Perú Oficial, solo hay retroceso y deterioro. No solo se generan escándalos de corrupción, como con el desastre de Toledo y los comportamientos disfuncionales de una serie de congresistas, ya sea con los pollos, el oro, los cables, la apropiación ilícita de los ingresos de terceros, o la penetración de los agentes del narcotráfico; también se ha desatado una auto destructiva guerra de guerrillas entre los distintos estamentos de la política nacional.

El gobierno, pésimamente asesorado por un gabinete muy débil, inició y reiteró una actitud agresiva con buena parte de la oposición. Los sectores radicales, liderados por los antiguos colaboradores del gobierno, disparan misiles de profundidad contra la gobernabilidad y el modelo económico y, finalmente, la oposición, pierde la compostura y entra en el jueguito de todos contra todos en términos muy inadecuados.

Todo esto configura un escenario que solo puede llevar a una crisis generalizada, que puede incapacitarnos más allá de lo que podemos imaginar. Como no hay ninguna reacción contra esta especie de suicidio, desde ese mundo político, en uno de los mejores momentos de prosperidad en la vida nacional, no queda otra cosa que alentar a los ciudadanos, ojala desde las redes sociales, a gritar ¡basta!

¿De qué sirven los diálogos, si al mismo tiempo se torpedean las relaciones con los líderes de la oposición? ¿De qué sirven los buenos propósitos, si al mismo tiempo se descalifica al gobierno?

Es momento de llamar al orden. Aprovechemos una gran noticia que ha pasado casi sin destacarse: El Perú, según el Secretario General de las Naciones Unidas, es uno de dos países que han alcanzado los Objetivos del Milenio (ODM), tres años antes del plazo establecido en el año 2000.

Señores del gobierno, de la oposición y negacionistas radicales, este mérito es del país en su conjunto, no le pertenece al gobierno actual o al anterior y no puede ser negado por intereses pequeños del quehacer político.

Balance e inventario: El Perú ha agarrado viada hacia el bienestar, nadie tiene el derecho de descarrilarnos.

En una reciente encuesta de Ipsos-Perú, el sistema político peruano sufre un rechazo devastador: solo el 5% de los encuestados aprueba a los partidos políticos, el Congreso apenas llega al 8% y el Poder Judicial a 11%. Es decir, lo que representa a la política y dos poderes del Estado, columnas centrales de un sistema democrático, no gozan de la confianza ciudadana. A diferencia de esta desaprobación, algunas instituciones de enorme impacto social son aprobadas con nota sobresaliente: la radio con 67% y la Iglesia Católica con 65%. Sin embargo no todo el Estado está sumido en el descrédito: la Reniec tiene 59% de aprobación y el Banco Central de Reserva 49%, igual que la aprobación de las empresas privadas.

Semejantes cifras nos confirman una constante de nuestro modelo económico y social: la ciudadanía percibe que el crecimiento y reducción de la pobreza y la desigualdad se han desplegado al margen de la política, los partidos y el Estado en general. Tan grave situación no puede continuar, a menos que se pretenda arriesgar todos los logros alcanzado por el Perú. Extremando el análisis, la cohesión social de un país no puede reposar en la legitimidad de la radio o de la Iglesia Católica, porque las sociedades y las economías no florecen indefinidamente sin un Estado y autoridades legítimas.

La aprobación de la Reniec y el BCR nos confirman que cuando hay reformas, modernidad y eficiencia, las instituciones estatales pueden conseguir el favor de los ciudadanos. Con el crecimiento económico, el Estado se ha llenado de recursos fiscales impensados, pero los servicios en leyes, justicia, educación, salud y seguridad no han sido provistos con eficiencia y se extiende la sensación de que el gobierno cobra impuestos por gusto. Allí están los resultados de las encuestas. En todo caso, los políticos, los congresistas, los jueces y las autoridades tienen la palabra.

El Gobierno aprobó un conjunto de medidas dirigidas a impulsar la inversión privada. En vista de la importancia de estos dispositivos a continuación reproducimos el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se aprueban normas para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial

Lima, 20 de junio de 2013.- Al finalizar el Consejo del Ministro del día miércoles 19 de junio, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla anunció nuevas medidas para fomentar la inversión.

El ministro declaró:

“Tal cual fue anunciado por el presidente de la República, hemos venido trabajando un conjunto de normas para asegurar el crecimiento económico del país. Se ha aprobado  una importante norma el día de hoy  para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. Esta norma, que va a ser presentada con carácter de urgencia al Congreso de la República, tiene 4 bloques muy importantes.

•  El primero,  se dictan medidas que facilitan los trámites para la inversión privada. Esto tiene tres capítulos centrales: 1) que busca eliminar las barreras burocráticas a la actividad empresarial fortaleciendo la capacidad de Indecopi en la Comisión de Eliminación Barreras Burocráticas que  existen en el Estado. 2) simplificar todo el proceso de autorizaciones municipales para la inversión en servicios públicos e infraestructura y 3) facilitar la calificación de proyectos de habilitación urbana y de edificación. 
  Con esto estamos sumando a los esfuerzos de poder destrabar las inversiones privadas y públicas, y continuar con este esfuerzo de tener una inversión que fluya en nuestro país.

•  Un segundo componente, está dirigido al desarrollo productivo y crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, y este objetivo tiene distintos componentes, resaltando la necesidad de tener instrumentos para la mediana empresa, vale decir intervenciones ajustadas a la problemática de los tres tipos de empresa micro, pequeña y mediana empresa, problemas de gestión de calidad y emprendimientos dinámicos de alto impacto, apoyo a la liquidez empresarial y que esto afecta especialmente a la MYPE impulsando mecanismos  de facturas negociables y estableciendo mecanismos de  control para que el Estado pueda convertirse en un pagador predecible y a tiempo.  
  Asimismo, en lo que se refiere a aspectos laborales se está estableciendo la adecuación de los contratos laborales del Régimen de la ley 28015  que vence dentro de poco, al régimen del DL 1086, entre otros aspectos.

• Una tercera medida, muy importante, tiene que ver con aspectos tributarios para mejorar la competitividad empresarial del país. En ese sentido, quisiera destacar la mejora del funcionamiento del régimen de recuperación anticipada del IGV, que con los cambios planteados se va a reducir a la mitad los plazos  para acogerse a ese régimen. Asimismo, se establecen incentivos al reconocimiento de la inversión en investigación científica, vale decir, se permite la deducción total de los gastos en investigación científica vinculada al giro del negocio, y la deducción total de los gastos en investigación no vinculada también al mismo, siempre que sean calificados como investigación. 
  Asimismo, un tema muy importante y  para atacar una brecha importante de capacidades, se está  estableciendo un incentivo fiscal nuevo, el crédito fiscal por inversión en capacitación de la mano de obra dirigida a pequeñas, medianas y micro empresas. Esto representa un crédito tributario por un monto equivalente que no exceda el 1% de la planilla.

• Como cuarto bloque de medidas, hemos planteado importantes cambios a la Ley de Obras por Impuestos, a fin de poder agilizar la participación privada en la gestión de la inversión pública en nuestro país. 
  Entre los principales cambios tenemos la ampliación del concepto de proyectos de infraestructura a proyectos de Inversión Pública, que es un ámbito mucho más amplio.
  Asimismo, se va a poder usar este mecanismo no solo en aquellos gobiernos locales y regionales que tengan canon, sobre canon y regalías, sino que se extiende su aplicación a todos los fondos que el Gobierno Nacional ha creado como FONIE, MI RIEGO, entre otros; para poder agilizar la ejecución de estos fondos en importantes proyectos de infraestructura. 
  Además, se amplía el régimen de obras por impuestos a actividades de mantenimiento y se incluye la participación de universidades públicas en este régimen, permitiendo el reembolso de gastos realizados en la etapa de pre inversión en el mecanismo de iniciativas privadas cofinanciadas priorizadas, entre otros aspectos.

Todo este esfuerzo apuntada a mantener el dinamismo de la economía peruana, y vamos a seguir trabajando en otras medidas que se darán a futuro. Todas estas medidas esperamos que el Congreso de  la República pueda verlas, estudiarlas y aprobarlas a la brevedad posible”.

La decisión del Congreso de incrementar en 7,000 soles los gastos de representación de cada congresista ha desatado una ola de indignación y escándalo mediático. Con este incremento los parlamentarios recibirán aproximadamente 30 mil soles mensuales.

Algo que no se ha mencionado en el debate es cuánto cuesta cada congresista, más allá de las remuneraciones y bonos. Así tenemos que si dividimos el costo del Poder Legislativo entre el total (130) de congresistas, el costo de cada parlamentario asciende a 3´658,000 nuevos soles anuales, según el presupuesto aprobado para el año 2013. Lo que sucede es que además de los costos directos de los congresistas, que podrían ser razonables, están los costos de los asesores y oficinas individuales, los vehículos, custodia y muchos otros rubros. Bajo este punto de vista, lo que se lleva cada parlamentario a su casa es solo una fracción del costo total.

Dicho sea de paso, el costo de cada congresista viene subiendo de manera acelerada durante los últimos años. Por ejemplo en el 2006, el costo de cada parlamentario era de 2´658,000 nuevos soles anuales que, en comparación con el programado para el 2013, muestra un incremento de 38%.

Si comparamos el costo de cada congresista peruano con los de algunos países vecinos, el nuestro es de  US$1’430,000 anuales por congresista (presupuesto 2013), en Chile es de US$1´317,000 y en Colombia de $844,000 dólares.

En el Perú el costo de cada congresista representa 218 veces nuestro ingreso per cápita (US$6,573), en Chile representa 85 veces y en Colombia 108 veces.

En el Perú, pues, los costos de los congresistas son altos como se los mire, vienen subiendo aceleradamente y son más costosos que los de nuestros vecinos comparables. El análisis del tema podría quedar solo en el costo, como viene dándose en los medios, sin embargo, mucho más importante que los costos son los resultados de la gestión parlamentaria que, lamentablemente, a la luz de las mediciones de opinión pública dejan mucho que desear, o también a juzgar por la incapacidad del Congreso para nombrar a importantes funcionarios y tantos otros temas que podríamos especificar.

Sin lugar a dudas, acá tenemos una pésima relación costo-beneficio.

¿Qué debemos hacer? Pues, primero tapar el retrovisor, y luego mirar hacia adelante. Hoy tenemos una gran oportunidad, tenemos un Congreso expuesto a la luz pública, no se trata de seguir golpeándolo y haciendo más escándalo; de lo que se trata es de fijarle, desde la ciudadanía, una agenda de trabajo minuciosa y muy exigente. Se trata de requerirle que proceda a la brevedad con los nombramientos pendientes, con la reforma del Legislativo que pasa por instaurar el bicameralismo (quizá 30 senadores y 100 diputados), la renovación de sus miembros por mitades o por tercios, avanzar hacia un sistema electoral de distritos uninominales, e instituir el voto voluntario en reemplazo del actual sufragio obligatorio. Además debemos exigirle que pre-publiquen los proyectos de ley, que hagan un verdadero análisis costo-beneficio de sus proyectos y que antes de legislar promuevan un debate ciudadano amplio. Todos estos temas están sobre la mesa y deberían constituirse en el punto de partida de un reencuentro entre el Legislativo y la ciudadanía.

No queremos participar del carga montón en contra de nuestros legisladores. Finalmente creemos que la idea de una función congresal no sujeta mandato imperativo demanda ingresos decentes, pero el Congreso tiene una enorme deuda en cuanto a la calidad de su gestión. Es hora de saldarla para que la política acompañe los éxitos de la economía.

“Cada congresista peruano cuesta  US$1’430,000 anuales”

“Es hora de exigirle al Congreso mejores resultados”

“Es hora de  que la política acompañe los éxitos de la economía”

Gracias a las negociaciones políticas dentro del Congreso, el nombramiento de seis de los siete vocales del Tribunal Constitucional (TC) y de tres de los siete directores del Banco Central de Reserva (BCR) continúa durmiendo el sueño de los justos

No es, desde luego, que nuestros congresistas se estén demorando por buscar con ahínco a los candidatos más aptos para estos puestos: el Congreso ya ha tenido en consideración a algunos muy reputados economistas y abogados. Es simplemente que las bancadas no se han llegado a poner de acuerdo en su negociación sobre qué pedazo de la torta le toca a cada una, y que no han tenido empacho en presentar candidatos más que cuestionables, convenientemente cercanos a los dueños de ciertas curules (o grupos de curules).

Al Parlamento, por lo visto, no parece interesarle estar más de un año fuera de plazo para cumplir con estos nombramientos ni da señas de entender qué tan clave son los mismos.

Con su demora, concretamente, está poniendo en juego dos de las piezas fundamentales sobre las que se construye el desarrollo de cualquier país: la estabilidad jurídica y la estabilidad monetaria. Después de todo, mientras no se defina a los nuevos miembros de estos organismos, permanece una incógnita sobre hasta dónde se mantendrán las directrices que ambos han venido siguiendo (lo cual es especialmente cierto en el caso del TC, donde la demora ha llevado a que se junten los nombramientos de seis miembros).

Es difícil exagerar lo que depende de estas directrices. El TC es el máximo intérprete de la máxima norma de nuestro sistema legal. Él decide, en última instancia, el significado y alcance de todos los derechos que la Constitución nos consagra, y que las leyes y demás normas regulan. Es decir, él tiene la palabra final sobre el alcance de nuestra libertad, tanto a nivel civil como económico, incluyendo en este último aspecto a los límites y protecciones a la propiedad y a la libertad contractual de los agentes económicos. Límites y protecciones, por cierto, que el TC no viene balanceando bien, para detrimento de nuestro atractivo para las inversiones y de la reducción de la pobreza: él también ha puesto de lo suyo para que nuestras cortes sean el punto más débil del Perú en el último índice de libertad económica publicado por los institutos Fraser y Cato.

Por su parte, el BCR está encargado de ofrecer una seguridad distinta y también básica: la estabilidad monetaria. Sin esta, el dinero pierde valor, lo que, como sabe cualquier sobreviviente de los 80, es la manera más efectiva y silenciosa de acabar con los sueldos y ahorros de todos. Por suerte, en este tema el Perú sí anda por buen camino: según el mismo índice del Fraser y el Cato, la estabilidad monetaria es la principal fortaleza de nuestro país en lo que a protección de libertades económicas se refiere. El Congreso, sin embargo, está demostrando tampoco tener reparos para serruchar la pata más sólida de nuestra mesa.

¿Cómo impedir que el Parlamento ponga así en riesgo la estabilidad jurídica y monetaria? Pues cambiando el sistema de incentivos que posibilita estos estancamientos. Hoy los congresistas se pueden demorar todo lo que quieran intentando sacar una tajada más para sus respectivos lados en sus negociaciones porque las consecuencias de la demora las pagan otros –la ciudadanía, concretamente–. No sucedería lo mismo si supieran que al cabo de un plazo razonable perderían el poder de tomar la decisión y, con él, todas las ventajas que pueden obtener de la misma. Si, por ejemplo, en el caso del TC, la facultad de nombramientos pasase luego del plazo señalado al Consejo Nacional de la Magistratura, un órgano que ya nombra a los jueces supremos.

Claro, es verdad que los únicos que podrían hacer una reforma así son nuestros propios congresistas y que estos no tienen incentivos para atarse las manos –esas manos en las que, para lo que toca a estos nombramientos, todos los demás ya estamos–. Pero ¿qué tal si al menos nos compensan atándoselas a quienes vengan después de ellos, con la correspondiente reforma legal, para que no puedan repetir esto? Sería una buena manera de demostrar que el interés nacional les importa al menos cuando no están los suyos propios de por medio, cosa que, pese a todo, ya sería mejor que dejarnos pensando que no les interesa ni en ese caso.