Democracia coactiva
El pasado jueves la Federación Médica, profesores del Sutep, miembros de la CGTP y trabajadores de construcción civil salieron a las calles una vez más a marchar y protestar por mejores condiciones laborales (aunque la CGTP, de hecho, no tenía ningún reclamo propio; simplemente salió a “sumarse” a la protesta de los médicos y profesores).
Violar la ley se ha convertido en la manera de protestar de más de un gremio. La marcha de médicos y profesores no contaba con permiso, sus movilizaciones bloquearon vías dejando intransitable la capital por varias horas y los huelguistas del Conare Sutep se enfrentaron con piedras y palos a la policía. De forma similar, la huelga de Essalud que terminó el mes pasado fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo. A pesar de ello, y en contra de la ley, se interrumpió la atención en centros de salud y se dejaron de atender 672 mil citas y 21 mil operaciones. Asimismo, en sus últimas movilizaciones nacionales, el Sutep bloqueó vías de tránsito y el pasado 18 de setiembre un grupo de sus profesores atacó a pedradas el local del Ministerio de Educación y dejó dos personas heridas.
Ya en un anterior editorial mencionábamos que, en ciertas esferas de la sociedad, lejos de ejercerse algún tipo de democracia participativa o representativa, lo que se ejercía era una suerte de “democracia coactiva”. Es decir, algunos grupos de presión coaccionan a las autoridades para que estas cedan a sus demandas e intereses, al margen de los canales democráticos y de lo que pueda ser la voluntad de la mayoría. El gobierno, por su parte, ha institucionalizado esta manera de hacer “democracia” con las ya famosas “mesas de diálogo” donde se negocia la ley con los violentistas y, de paso, los derechos de los afectados por las ilegalidades cometidas.
Muchas personas justifican esta forma de protestar bajo el argumento de que es la única manera en la que los grupos que no tienen poder económico pueden hacerse oír; algo así como que el sistema democrático no les permite canalizar sus reclamos, por lo que solo les queda recurrir a la fuerza, violar la ley y atropellar derechos ajenos para conseguir justicia.
Este argumento tiene un problema: no es cierto. Y es que la mayoría de grupos que no gozan de poder económico sí canaliza sus reclamos por vías legales y democráticas.
Según el último anuario estadístico del Ministerio de Trabajo que recoge información hasta el 2010, en este año se registraron 83 huelgas en el sector privado que involucraron a 30.606 trabajadores. La enorme mayoría de estas movilizaciones, sin embargo, no terminó en las primeras planas por haber protagonizado desmanes y episodios de violencia, lo que demuestra que el derecho constitucional a la huelga sí puede ser ejercido de manera pacífica para alcanzar soluciones concertadas.
También es cierto que los grupos no vinculados al poder económico sí se organizan para canalizar sus intereses a través del proceso parlamentario. Por ejemplo, el Congreso actualmente discute proyectos de ley que representan las inquietudes de asociaciones de consumidores (el que busca combatir el abuso a los usuarios de servicios de transporte), personas con discapacidad (el que quiere regular su atención en terminales aéreos, terrestres y marítimos) e incluso grupos pro derechos de animales (el que quiere prohibir su sacrificio en espectáculos públicos). Después de todo, los grupos empresariales no son los únicos que tienen representación en el Congreso, para empezar porque buena parte de los congresistas está bien lejos de ser pro empresa (incluidos los miembros de Gana Perú). Finalmente, pensemos en grupos que se suelen enfrentar a menudo en discusiones sobre proyectos de ley como la Iglesia Católica contra el Movimiento Homosexual de Lima, los grupos pro legalización del aborto o pro pastilla del día siguiente. ¿Acaso alguno de ellos manda matones a bloquear vías bajo la insignia de “protesta social”?
La mayoría de los peruanos sí usa los mecanismos democráticos. Son solo ciertos grupos quienes han obtenido, literalmente a patadas, un privilegio que el resto del país no tiene: cambiar la huelga legal o la discusión parlamentaria (en que todos los intereses se encuentran representados) por una cómoda mesa de negociación ad hoc.