Lo acontecido con el ex embajador Nicolás Lynch, quien le otorgó audiencia en la embajada peruana en Argentina a los representantes del Movadef, debería ser una voz de alarma para que a futuro el presidente de la República tome precauciones antes de nombrar a sus representantes políticos en el extranjero.

El señor Lynch trató de justificar la audiencia a los defensores de Sendero Luminoso bajo el pretexto de que “él no está para juzgarlos”, de que la embajada peruana en Argentina es “la casa de todos los peruanos” y de que no se le puede culpar por tan solo recibir una carta. Una pena que el ex funcionario no haya sido consciente de la verdadera naturaleza de su cargo, que es, claramente, mucho más que una mesa de partes del Estado Peruano en Argentina: todo embajador es el representante político del presidente en el país donde desempeña sus funciones.

Por eso, así como sería censurable que el señor Ollanta Humala recibiese a los representantes del Movadef en Palacio de Gobierno como si fueran interlocutores válidos de nuestra democracia, lo es también que el señor Lynch le haya dado audiencia en su embajada.

El Movadef, no lo olvidemos, es un organismo de fachada de Sendero Luminoso que pretende que se saque de prisión a Abimael Guzmán presentándolo en el exterior como un preso político. ¿Es que acaso el señor Lynch no sabe, no puede o no quiere distinguir entre movimientos políticos que son auténticamente democráticos y agrupaciones que, como el Movadef, pretenden destruir y socavar la democracia y sus principios? ¿O cree que los peruanos consentiríamos que el Gobierno que él representaba hasta ayer se debería sentar a dialogar con los enviados de aquel grupo responsable de las muertes de miles de nuestros compatriotas?

Las responsabilidades que se derivan de toda esta extraña situación, por otro lado, no solo comprometen al ex embajador. Y es que su evidentemente erróneo comportamiento mereció que se ordenara su reemplazo desde el momento en que informó sobre dicha reunión en enero. Por eso, llama la atención la inacción de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que, al menos, debió instruir inmediatamente a nuestras delegaciones diplomáticas en lo obvio, para que sus embajadores y demás funcionarios no se reunieran con los representantes del Movadef o agrupaciones similares y reaccionaran cada vez que en los países donde opera esta agrupación prosenderista se quiera sorprender a la opinión pública a través de un discurso mentiroso, como aquel de que ‘Gonzalo’ es un prisionero político.

¿Qué sucede? ¿Acaso para la cancillería no queda muy claro que nuestros embajadores deben salir a defender la democracia y desmentir un discurso que deforma la realidad? Realmente llama la atención esta falta de reacción en defensa de lo más sagrado que tiene el Perú, el derecho de nuestro pueblo a vivir en libertad y democracia plena, una libertad y una democracia que fueron ferozmente agredidas por las huestes de Sendero Luminoso.

El Gobierno, por lo menos, tuvo una reacción correcta, aunque tardía, formalizando de manera inmediata la renuncia del señor Lynch, impartiendo “nuevas y rigurosas instrucciones” a sus embajadas de oponerse a las campañas del Movadef y disponiendo que sus representantes “eviten toda interlocución con dicha organización”. Ojalá que, por lo menos, este incidente sirva para que el Gobierno inicie una estrategia política agresiva en el exterior y desenmascare ante la opinión pública internacional al Movadef, mostrándolo como lo que realmente es: la careta del movimiento terrorista más sanguinario que ha conocido el Perú.

Finalmente, solo queda recordarle al señor Lynch que, muy a su pesar, los peruanos no tenemos por qué compartir nuestra casa –aquí o en el extranjero– con los representantes de un grupo de asesinos que desprecian nuestra vida y nuestra libertad. Detrás del rechazo a su actuar como embajador –a diferencia de lo que él y otros quieren hacer creer– no existe una persecución ideológica. Lo que hay es la legítima preocupación como bien ha resumido el ex alcalde de izquierda de Villa El Salvador y víctima del terrorismo Michel Azcueta: Que si el Gobierno no respondiera al Movadef, “todos los peruanos lo pagaríamos”.

La última semana, el ministro de Transportes y Comunicación Carlos Paredes anunció que su cartera viene evaluando la posibilidad de que la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) participe en las próximas concesiones portuarias en condición de “socio minoritario” pero “sin voz ni voto” en las decisiones de directorio.

El antecedente más cercano de una intervención estatal, ocurrió en el 2009, cuando Enapu suscribió un convenio de “sociedad de participación” que no es más que un anexo en el contrato de concesión, con la trasnacional danesa APM Terminals, ganadora de la buena pro para la administración del Terminal Norte del Callao, en donde se estipula que la empresa estatal recibiría el 17.01% de las utilidades netas del negocio portuario, sin mayor esfuerzo.

Ahora se quiere ir más allá y se pretende ampliar su presencia en cada uno de los once puertos que faltan concesionar. “Ello sería contraproducente para los intereses nacionales”, sostuvo el presidente de la  Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), Gonzalo Prialé, quién señala que esta acción sería perjudicial para la imagen que brinda el Perú a los inversionistas extranjeros que tengan la intención de participar en futuras concesiones portuarias.

 “Lo que está haciendo el Estado con estas medidas arbitrarias es ahuyentar al empresariado, dado que ninguna empresa en su sano juicio va a querer tener como socio a una compañía estatal quebrada e ineficiente como Enapu que poco o nada puede aportar al negocio”, enfatizó.

Prialé sostiene que en los contratos público–privados, no está contemplada la figura de que una empresa estatal, así este tenga una mínima participación en el accionariado, reciba jugosas utilidades sin merecerlo, por lo que no ve con buenos ojos que el Gobierno comience a querer tener participación en empresas privadas.

Refirió que el aporte de Enapu en una concesión es casi nula y por el contrario crea un desconcierto en los inversionistas porque todavía quedan once puertos que seguirían por este camino.

Este caso no es reciente, según cifras preliminares de la empresa estatal colgadas en la web institucional, solo en el 2011 Enapu arrojó pérdidas superiores a los S/.117 millones, mostrando serian deficiencias administrativas en su trece puertos que administró por años, siendo los puertos de Chimbote e Ilo las que registraron pérdidas por más de S/. 2,000 millones

En cuanto a las intenciones del Estado de participar en las concesiones portuarias. Prialé manifiesta que la única intención es servirse de sus utilidades que percibirían por esta sociedad, para poder cubrir el pasivo pensionario que deja esta empresa quebrada.

El dato

En la actualidad de los 11 puertos que tiene a su cargo Enapu, nueve han sido catalogados como deficitarios.

El último reporte Doing Business 2013 del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC), que evalúa la facilidad para hacer negocios en 185 países del mundo, muestra que en el largo plazo el Perú ha sido una de las 50 economías mundiales que más han hecho para mejorar el ambiente para los negocios, pero, en el corto, las reformas aplicadas en el último año no han sido suficientes para evitar que retroceda dos puestos respecto al ránking año pasado.

El reporte, que es un referente para los inversionistas y políticos a nivel global y que fue publicado hoy (lunes 22) a las 7:00 p.m., muestra que el Perú ocupa el puesto 32 entre los 50 países que más han avanzado para mejorar el clima para hacer empresa desde el 2005, solo superado por Colombia y Guatemala en la región.

“Estamos muy contentos por los continuos esfuerzos de reforma para expandir las oportunidades a los empresarios locales en el Perú y vemos que los avances observados en años anteriores, no solo en el Perú, sino también en Chile, Colombia y México, con un desempeño a niveles comparables con el de algunas economías de altos ingresos, sirven de buenas prácticas para que el resto de la región pueda mejorar las regulaciones a favor del clima de inversiones”, señaló Augusto López-Claros, director del Departamento de Análisis e Indicadores Globales del Banco Mundial e IFC.

El reporte destaca los logros del Perú al recortar en 15 días el plazo para la entrega de permisos de construcción y al reforzar la protección a los inversionistas minoritarios, dos aspectos que forman parte del indicador.

Sin embargo, esos esfuerzos no solo no le han bastado para subir en el ránking de Doing Business de un año a otro, sino que lo han llevado a retroceder dos puestos, del 41 al 43. En el reporte del año pasado, el Perú también bajó dos puestos de un año al otro, del 39 al 41. Sin embargo, ha logrado mantener su lugar como la segunda economía mejor posicionada de la región después de Chile, que sube del 39 al 37 en el mismo plazo.

“OTROS VAN MÁS RÁPIDO”

Jean Michel Lobet, coautor del informe, declaró en exclusiva a elcomercio.pe que el retroceso del Perú se debe a la naturaleza relativa del ránking. “Hay muchos países que siempre están reformando y otros van más rápido que el Perú, pero lo que vemos es que los indicadores del Perú reflejan la tendencia a la mejora que ha mostrado el país en el largo plazo y es esa voluntad y consistencia en las reformas lo que al final miran los inversionistas extranjeros a la hora de decidir por qué país apostar”, señaló.

Efectivamente, en el caso del indicador que calcula las dificultades para crear una empresa, en el Perú el número de procedimientos y los plazos se han mantenido, mientras que el costo se ha reducido de un año a otro, pero no lo suficiente como para no haber caído cinco puestos en el mundo.

Con este resultado, es el segundo año consecutivo en el que no se cumple el objetivo que se planteó el gobierno de Alan García de llegar al puesto 25 en el ránking Doing Business elaborado en octubre del 2011.

TAREA PENDIENTE

Donde al Perú sí le ha ido mal es en los dos indicadores que están relacionados con el desempeño del Poder Judicial. En el último reporte del Doing Business 2013, se hundió aún más, del puesto 106 al 115 (de 185 países) en la evaluación sobre el cumplimiento de contratos, que mide el costo, en dinero y días, de realizar un litigio comercial. Asimismo, pasó del 100 al 106 en el indicador que califica el procedimiento para proceder con la liquidación y reorganización de una empresa.

“Estos indicadores están muy interconectados y son los que toma más tiempo mejorar porque implican la reforma del Poder Judicial, que es un proceso que demanda una alta inversión tanto de presupuesto como de tiempo y sus efectos pueden recién verse años después de su implementación”, señaló Lobet.

En ese sentido, indicó que es allí donde se deben concentrar principalmente los esfuerzos del gobierno peruano en el futuro si es que quiere seguir mejorando en el ránking del Doing Business.

El pasado jueves la Federación Médica, profesores del Sutep, miembros de la CGTP y trabajadores de construcción civil salieron a las calles una vez más a marchar y protestar por mejores condiciones laborales (aunque la CGTP, de hecho, no tenía ningún reclamo propio; simplemente salió a “sumarse” a la protesta de los médicos y profesores).

Violar la ley se ha convertido en la manera de protestar de más de un gremio. La marcha de médicos y profesores no contaba con permiso, sus movilizaciones bloquearon vías dejando intransitable la capital por varias horas y los huelguistas del Conare Sutep se enfrentaron con piedras y palos a la policía. De forma similar, la huelga de Essalud que terminó el mes pasado fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo. A pesar de ello, y en contra de la ley, se interrumpió la atención en centros de salud y se dejaron de atender 672 mil citas y 21 mil operaciones. Asimismo, en sus últimas movilizaciones nacionales, el Sutep bloqueó vías de tránsito y el pasado 18 de setiembre un grupo de sus profesores atacó a pedradas el local del Ministerio de Educación y dejó dos personas heridas.

Ya en un anterior editorial mencionábamos que, en ciertas esferas de la sociedad, lejos de ejercerse algún tipo de democracia participativa o representativa, lo que se ejercía era una suerte de “democracia coactiva”. Es decir, algunos grupos de presión coaccionan a las autoridades para que estas cedan a sus demandas e intereses, al margen de los canales democráticos y de lo que pueda ser la voluntad de la mayoría. El gobierno, por su parte, ha institucionalizado esta manera de hacer “democracia” con las ya famosas “mesas de diálogo” donde se negocia la ley con los violentistas y, de paso, los derechos de los afectados por las ilegalidades cometidas.

Muchas personas justifican esta forma de protestar bajo el argumento de que es la única manera en la que los grupos que no tienen poder económico pueden hacerse oír; algo así como que el sistema democrático no les permite canalizar sus reclamos, por lo que solo les queda recurrir a la fuerza, violar la ley y atropellar derechos ajenos para conseguir justicia.

Este argumento tiene un problema: no es cierto. Y es que la mayoría de grupos que no gozan de poder económico sí canaliza sus reclamos por vías legales y democráticas.

Según el último anuario estadístico del Ministerio de Trabajo que recoge información hasta el 2010, en este año se registraron 83 huelgas en el sector privado que involucraron a 30.606 trabajadores. La enorme mayoría de estas movilizaciones, sin embargo, no terminó en las primeras planas por haber protagonizado desmanes y episodios de violencia, lo que demuestra que el derecho constitucional a la huelga sí puede ser ejercido de manera pacífica para alcanzar soluciones concertadas.

También es cierto que los grupos no vinculados al poder económico sí se organizan para canalizar sus intereses a través del proceso parlamentario. Por ejemplo, el Congreso actualmente discute proyectos de ley que representan las inquietudes de asociaciones de consumidores (el que busca combatir el abuso a los usuarios de servicios de transporte), personas con discapacidad (el que quiere regular su atención en terminales aéreos, terrestres y marítimos) e incluso grupos pro derechos de animales (el que quiere prohibir su sacrificio en espectáculos públicos). Después de todo, los grupos empresariales no son los únicos que tienen representación en el Congreso, para empezar porque buena parte de los congresistas está bien lejos de ser pro empresa (incluidos los miembros de Gana Perú). Finalmente, pensemos en grupos que se suelen enfrentar a menudo en discusiones sobre proyectos de ley como la Iglesia Católica contra el Movimiento Homosexual de Lima, los grupos pro legalización del aborto o pro pastilla del día siguiente. ¿Acaso alguno de ellos manda matones a bloquear vías bajo la insignia de “protesta social”?

La mayoría de los peruanos sí usa los mecanismos democráticos. Son solo ciertos grupos quienes han obtenido, literalmente a patadas, un privilegio que el resto del país no tiene: cambiar la huelga legal o la discusión parlamentaria (en que todos los intereses se encuentran representados) por una cómoda mesa de negociación ad hoc.

El riesgo país del Perú, indicador financiero que mide la percepción de los inversionistas en las finanzas nacionales, se colocó en 91 puntos básicos el 18 de octubre último, su nivel histórico más bajo, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

El anterior nivel histórico más bajo de este indicador se registró el 12 de junio de 2007, día en que llegó a 95 puntos básicos. Sin embargo, en lo que va del 2012 ha caído 127 puntos básicos. Vea el cuadro

“Esta tendencia decreciente viene reflejando -a pesar de la turbulencia internacional-, la menor percepción de riesgo sobre nuestra economía, que sigue mostrando sólidos fundamentos macroeconómicos, con un crecimiento económico cercano al potencial, la inflación más baja a nivel regional, un sistema financiero estable, un buen nivel de reservas internacionales y una sólida posición fiscal”, explicó la institución emisora.

“El riesgo-país es medido por el diferencial del indicador EMBIG Perú -que incluye una canasta de bonos- respecto al bono del Tesoro de Estados Unidos, y en nuestro caso es menos de la tercera parte del de la región (336 puntos básicos)”, añadió.

El ente emisor dijo además que con el resultado al 18 de octubre, el riesgo-país del Perú se sitúa como el más bajo en toda la región, seguido por Colombia con 96 puntos básicos, Chile (117), Brasil (133) y México (139).