Después de dos semanas de incertidumbre e intenso debate, el gobierno, a través de Petroperú, anunció la cancelación del proyecto de compra de los activos de la empresa Repsol. De esta manera, ha prevalecido la razón.
Lamentablemente es muy fácil romper la confianza, pero muy difícil construirla y, más difícil aún, recuperarla. Toca ahora, a tirios y troyanos, superar esta situación.
A continuación presentamos el comunicado de Petroperú.
A la potencial y anacrónica compra de los activos de Repsol se le ha sumado otro hecho que, si bien ha tenido menor notoriedad, no es menos preocupante. Se trata de la transferencia de competencias para la administración de los puertos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), dependiente del Ministerio de Defensa.
Son varios los frentes por los que esta transferencia genera preocupaciones. Para empezar (siguiendo con el derrotero que marcaría la expansión de las actividades de Petro-Perú), el Gobierno ha decidido ignorar que se encuentra subordinado al Congreso y a la Constitución. El decreto legislativo mediante el cual se realizó la mencionada transferencia de competencias se emitió en virtud de una delegación de facultades realizada por el Parlamento. Este último, no obstante, circunscribió la misma a la reforma del sector Defensa. Por eso, cuando el Gobierno entró a regular la gestión de servicios comerciales portuarios y la administración del transporte comercial marítimo, fue más allá de lo que estableció el Congreso y violó además la repartición de poderes establecida por la Constitución.
La inconstitucionalidad del mencionado decreto legislativo, sin embargo, no termina en el hecho de que el Ejecutivo tome las órdenes del Parlamento como una mera sugerencia. Además, a través de esta norma, el Ejecutivo creó una oficina de inspecciones y auditorías para brindar, en exclusividad, servicios de inspección y auditoría respecto de estándares de seguridad y contaminación de las embarcaciones. Esta oficina cobrará por evaluaciones que tranquilamente podrían realizar empresas privadas y, así, violará el artículo de la Constitución que señala que el Estado no puede poner una empresa para realizar actividades que puedan hacer los privados.
El Gobierno, no obstante, no solo decidió mantener su costumbre de ignorar este último artículo constitucional. Además, le entregó el monopolio legal de dichas actividades a la mencionada nueva oficina y le otorgó a Dicapi la facultad de crear tributos para financiarse, todo lo cual también se encuentra prohibido por la Carta Magna.
Lamentablemente, que al Ejecutivo no le interese lo que establece la Constitución y el Congreso no es la única mala noticia. Esta reasignación de funciones, además, no tiene un sentido práctico porque se le han quitado atribuciones a la entidad especializada (la APN) para entregársela a otra que tiene personal capacitado para administrar temas de seguridad mas no comerciales (Dicapi). Como han señalado varios especialistas, que la Marina se encargue de los aspectos comerciales de los puertos tiene tanto sentido como asignarle a la Fuerza Aérea la administración de la aviación comercial o al Ejército la regulación del tránsito terrestre.
La mejor prueba del retroceso que supone trasladar las facultades de la APN a Dicapi son los números. Según Cómex-Perú, hace siete años, cuando la Marina se encargaba de los procesos de recepción, despacho, zarpe y arribo, las tasas que pagaban las embarcaciones ascendían en total a S/.26 millones. Hoy, en cambio, a pesar de que el tráfico naviero es mayor, la APN cobra en total solo S/.13 millones, permitiendo una reducción de costos que beneficia a los consumidores finales de los productos.
Por otro lado, el mencionado decreto legislativo establece que ahora se necesitará el visto bueno de la Marina para concesionar los puertos. Esto (además de ser una barrera adicional e innecesaria para el desarrollo de infraestructura portuaria) preocupa porque, según la congresista Luciana León, en el pasado Dicapi se opuso a la concesión del Muelle Norte, lo que es un indicio de la falta de interés de la Marina por la inversión privada. Estando en el puesto 111 de 144 países en calidad de infraestructura portuaria, según el Índice de Competitividad Global 2012-2013, no se llega a entender por qué ponerle más trabas al desarrollo de nuestros puertos.
En suma, por donde se le vea, debe preocuparnos la militarización de los puertos. No solo por todos los errores que ella implica, sino también porque parece que meter al Estado donde la Constitución se lo prohíbe se ha convertido en una política de este gobierno.
Tomado de El Comercio, 30 de abril, 2013
Las declaraciones del domingo del Presidente Ollanta Humala, a un solo medio, no lograron calmar los ánimos y justificadas críticas que ha desatado la decisión del gobierno de evaluar la compra de los activos de Repsol. Si bien el jefe de Estado pretendió bajar el voltaje informando que Petroperú compraría la refinería La Pampilla, los grifos y la envasadora de gas Solgas en calidad de socio minoritario de un “inversionista privado”, la reacción de la sociedad ha mostrado que el país no está para aventuras populistas.
El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, habló con base y firmeza luego del pronunciamiento presidencial. Señaló que el jefe de Estado no lo había convencido y que “nos habíamos salido de la hoja de ruta”, enfatizando que la eventual compra de los activos de Repsol “confirma la decisión política del Estado en interferir en un mercado donde trabajan los privados”.
El sábado pasado el gobierno publicó el Decreto Supremo 012 de Energia y Minas, sin la firma del ministro de Economía, mediante el cual reglamenta la ley 28840, de julio del 2006, precisando la figura de los encargos especiales, que facilitaría la compra de los activos de Repsol. El artículo 3 del reglamento establece que estos encargos serán dictados solo por el Ejecutivo mediante Decreto Supremo. Es decir, para comprar los activos de Repsol no se necesitaría ya una ley expresa del Congreso.
El reglamento tiene otras perlas: ratifica la exclusión de Petroperú del ámbito del Fonafe, del SNIP y de las normas generales de adquisiciones del Estado. Además señala que los trabajadores de la petrolera estatal no serán considerados funcionarios públicos.
El Estado a su “mínima expresión”
El presidente Humala sostiene que se requiere una economía “más equilibrada” entre la experiencia estatista de los setenta y “la reducción del estado a su mínima expresión” actual. ¿Qué tipo de equilibro puede desearse entre el modelo estatista que desquició nuestra economía y empobreció al 60% de los peruanos, y el modelo de economía de mercado que trajo al Perú un círculo virtuoso de reducción de la pobreza, la desigualdad y la desnutrición infantil? El Presidente ha dicho que quiere un Estado “fuerte”, pero parece estar atrapado por la ideología. El modelo que redujo al Estado a su “mínima expresión” fue el estatismo del pasado, en tanto que el Estado del siglo XXI, el que abrazó la economía de mercado es probablemente el más fuerte de nuestra historia. (Ver algunas cifras).
El estatismo de los años setenta hizo añicos al propio estado, lo redujo a polvo. El estado llegó a perder control sobre la moneda nacional por la hiperinflación. El déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública, la caída de la presión tributaria convirtieron al Estado en un No-Estado. No solo no controlábamos nuestra moneda sino que ya no ejercíamos el monopolio de la violencia con la irrupción del senderismo y otros grupos armados.
Las reformas económicas de los años noventa nos permitieron reconstruir el Estado desde sus escombros. No solo han mejorado todos los indicadores económicos y sociales, incluso hemos recuperado la confianza en el futuro y el entusiasmo con el porvenir. Donde no hemos avanzado al mismo ritmo es en el Estado, pero no por ser pequeño y débil, sino por ineficiente e indolente. El Estado peruano tiene hoy capacidades de regulación que nunca existieron, empezando por una Sunat muy poderosa y otras instituciones como Indecopi y los reguladores de servicios públicos. Sus carencias no tienen que ver con los procesos productivos, ni de bienes, ni de servicios, se deben a los atrasos en educación, salud, infraestructuras, y a las debilidades institucionales en seguridad y justicia.
El fantasma del control de precios, que tanto dañó hizo a los peruanos en las décadas perdidas (60’, 70’ y 80’) está de nuevo al acecho. Esta vez amenaza con regresar bajo la forma de un proyecto de ley que propone que el estado cree un organismo regulador de los precios de los medicamentos.
Nos referimos al contraproducente proyecto de ley 2102-2012 de la Comisión de Salud del Congreso de la Republica, promovido por los legisladores Héctor Becerril y Ángel Neyra, que propone declarar de “interés nacional” la creación de un organismo estatal “regulador” de los precios de los medicamentos, y establecer “principios básicos para la regulación del mercado” de esos productos.
La historia reciente del Perú nos recuerda que el de control de los precios de los productos de primera necesidad solo produce escasez y especulación, y no los ambicionados “precios adecuados”. Todo esto termina siendo un agravio a la población, en especial a los pobres. En nuestra memoria está grabado el recuerdo de las interminables colas que hacían nuestros padres en los mercados semivacíos para conseguir una lata de leche o un kilo de azúcar, por mencionar solo dos ejemplos. Esto es lo que está sucediendo hoy en Venezuela y Argentina, donde ya sus gobiernos incapaces se refugiaron en esta medida populista.
Cuando hubo control de precios en el Perú, los peruanos no teníamos acceso a medicamentos de última generación y de buena calidad. Solo podíamos acceder a un stock limitado de medicinas de baja calidad y altos precios. Muchas personas pobres se morían literalmente por este motivo, como lo ha recordado el economista Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC (Universidad de Ciencias Aplicadas).
Adrianzén considera innecesario crear un nuevo regulador para los medicamentos “porque ya existe el Indecopi, el cual solo tiene que aplicar las facultades que le confiere la ley para corregir cualquier distorsión; de hecho la Comisión de Libre Competencia puede actuar de oficio cuando lo considere necesario”. Indecopi tiene la facultad para promover la competencia, evitar el abuso de posición de dominio y la concertación de precios.
A juicio del IPE (Instituto Peruano de Economía), el proyecto de ley que comentamos “es un salto atrás de 50 años”, y la justificación económica del mismo “es aún peor”.
Para el IPE, el tema de fondo tras el proyecto Becerril es ¿cómo proceder cuando se oferta un producto o servicio a un precio que se considera “muy elevado”?. Para hallar la respuesta, el IPE recomienda consultar a los expertos Janice Seinfield y Karlos La Serna de la Universidad del Pacífico, y Juan José Miranda del IEP (Instituto de Estudios Peruanos), autores de dos trabajos sobre las compras públicas de medicamentos y cómo se debe regular este mercado.
Precisa que las conclusiones de esos estudios son ilustrativas y que bien podrían sintetizarse en la siguiente frase: “No se debe establecer fórmulas de control de precios, sino que debería promoverse una mayor competencia en este sector con el fin de lograr reducir la gran diferencia entre los productos de marca y los genéricos”.
Carlos Fernández Dávila, abogado y experto en libre competencia, dijo que puede existir una importante diferencia en los precios de medicamentos aparentemente similares, como muestra el proyecto, pero advirtió que éste no especifica si los productos que compara son de última generación, originales o copias.
“Es importante precisar esa información porque los medicamentos de última generación pagan aún costos de investigación, los originales pagan costos de marketing, de canales de distribución y de calidad; mientras que las copias no pagan esos costos”, explicó el especialista.
Becerril también confunde el mercado de medicamentos con el de los servicios públicos, que por sus condiciones de competencia, pueden requerir regulación del estado.
Estamos ante un intento absurdo que, en última instancia, es además inconstitucional. Si prosperase semejante proyecto de ley se estaría abriendo una suerte de Caja de Pandora que contiene las plagas que ya nos empobrecieron en extremo a los peruanos en el pasado reciente.
El ex ministro de Economía y Finanzas Pedro Pablo Kuczynski ha puesto los puntos sobre las íes al comentar el plan del gobierno de destinar parte de los escasos recursos públicos a comprar la refinería la cadena de grifos Repsol y la refinería La Pampilla. Les presentamos a continuación lo que dijo PPK en una reciente entrevista en Radio Programas del Perú (RPP)
PPK.- Tengo algunas preocupaciones que de repente podemos compartirlas ahora y una de ellas se refiere a Repsol a la refinería de la Pampilla…
Cayetana Aljovín (CA): ¿Te refieres a Repsol o a la preocupación de que Petroperú compre los activos de Repsol?
PPK.- Exactamente lo segundo. Y los oyentes saben que hay rumores, no son nada más que rumores, pero si fueran ciertos constituyeran algún elemento de verdad, realmente es preocupante y quiero explicar por qué: La refinería ya existe, los grifos de Repsol ya existen, si el estado peruano va a gastar centenares de millones de dólares para comprar algo que ya existe, no en una nueva inversión, no en una nueva construcción que va a traer más trabajo ¿qué estamos haciendo con estos escasísimos recursos que deberían estar invertidos en educación, en infraestructura, en obras que realmente necesitamos? Si Repsol no puede vender esto, por razones que no conozco. ¿Qué motivación tiene el gobierno peruano para ayudar a Repsol? Ninguna, no…
CA: Bueno, el ministro de Energía y Minas ha señalado que lo que se busca con esto es prácticamente regular el precio de los grifos? Lo que ha señalado es que con esto se bajarían los precios de los combustibles…
PPK.- Bueno miremos un poco lo que ha pasado en Argentina con este tipo de políticas. Lo que ha pasado es que hoy Argentina, que era un exportador de gas y combustibles, se ha transformado en un inmenso importador, no puede abastecerse, la exploración ha decaído. Es una mala política, claro que todo el mundo quiere que, si hay picos de precios por una guerra en Corea, o algo así, eso se vaya pues morigerando, se vayan estabilizando los precios. Por eso se creó el fondo de combustibles en la época que creo yo era ministro o después, no lo recuerdo exactamente. Pero de ahí a subsidiar precios, eso es otra cosa y es bien peligroso. Es una mala motivación y vamos a gastar -no sé si lo vamos hacer o no- pero si lo haríamos gastaríamos centenares de millones de soles, cuando todavía en el Perú hay 10 millones de personas sin agua potable en su casa…
CA: Se estima que estima que esta compra demandaría recursos por 1,500 millones sin que Petroperú los tenga, porque tampoco tiene el dinero justamente para componer la planta de Talara?
PPK.- Claro, Petroperú puede endeudarse por supuesto, plata hay, el problema es a qué se destina la plata y la plata debe destinarse a cosas que no existen. Si Petroperú quiere arreglar la refinería de Talara que está muy venida a menos eso es otra cosa, pero la refinería de la pampilla ya existe, los grifos existen. En los grifos hay un negocio prosperísimo de vender snaks, whiskys, cerveza, Inka Kola ¿el Estado va a estar en este negocio? Vamos, creo que hay que aterrizar un poco y realmente oponerse a esta idea.
El Decreto Legislativo 1147 del Ministerio de Defensa representa un retroceso institucional que afectará severamente la competitividad de los puertos peruanos, debilitando nuestro comercio exterior, que después de su apertura y desregulación, ha sido una de los grandes pilares de la recuperación de la economía peruana. No se puede entender qué tipo de razonamiento puede justificar la militarización de los puertos.
La promulgación del decreto que transfiere las competencias sobre la administración de puertos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la Dirección General de Capitanía (DICAPI) de la Marina de Guerra, ha desatado un intenso debate nacional y ha generado una crisis dentro del propio Consejo de Ministros. Esta semana el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martinot, apoyó los argumentos de los empresarios contra el polémico decreto y se distanció de los titulares de Defensa y de Transportes, que han defendido dicha norma contra viento y marea.
Silva Martinot informó que hizo llegar su malestar a los sectores de Defensa y Transporte y señaló “que los empresarios no están desinformados en sus protestas por la transferencia de facultades de la administración de puertos a la DICAPI”. Como se ve, un claro respaldo las inquietudes empresariales.
El asunto no es un simple detalle que se puede ignorar, algunos han llegado a preguntarse: ¿Y si mañana pasan Corpac a la FAP y los peajes al Ejército? Por otro lado, Juan Jiménez, presidente del Consejo de Ministros, acaba de confirmar la intención del gobierno de comprar los activos de Repsol, ¿se perfila nuevamente el Estado empresario? ¿Es descabellado sospechar que alguien está pensando en unas fuerzas armadas empresarias?
En todo caso, aquí les presentamos los principales argumentos del porqué el Decreto Legislativo1147 atenta contra las inversiones en los puertos:
Si la DICAPI hubiese estado a cargo de la administración de los puertos, tal como lo ha sostenido la congresista Luciana León, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, no se habría concesionado el muelle norte, porque esta institución se opuso a la concesión. Mire por donde se mire este decreto legislativo es un durísimo golpe a la solución de la agenda pendiente que tenemos en infraestructuras. No solo el Ministerio de Defensa se encargaría de promover inversiones privadas sino que los trámites y sobre regulaciones en los puertos nos restarían competitividad. Por todas estas consideraciones, el Congreso tiene que tomar el rábano por las hojas y derogar este negativo decreto legislativo.
Se está empezando a legislar con sorpresa, incluso en temas que tienen un gran impacto en temas sensibles para el conjunto de la economía nacional. Es importante insistir en la necesidad de que el gobierno, ejecutivo y legislativo pre publiquen las normas que planean crear, para que puedan ser debatidas y mejoradas en el conjunto de la sociedad.
Avances de la Autoridad Portuaria Nacional
2005-2012
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para que la Corte de San José obligue al Estado peruano a someter a consulta previa el proyecto minero Conga. Se alega que las Rondas Campesinas de Cajamarca son “pueblos originarios” (¿?). El propósito de la Coordinadora es que la eventual consulta recaiga sobre ellos mismos, los grupos antimineros.
La estrategia antiminera ante la CIDH no solo estaría centrada en el tema de Conga, sino que buscaría un paraguas jurídico internacional para su estrategia contra las inversiones extractivas. Un fallo internacional a favor de los antimineros abriría el camino para que otras organizaciones también sean reconocidas como “pueblos originarios”- sin serlo– con solo declarar que son indígenas y que practican algunas costumbres ancestrales.
El pedido (252-12-Perú), presentado por la CNDDHH, está suscrito por dirigentes de la Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC) que, según la prensa cajamarquina, estarían ligados al Partido Comunista Patria Roja, al SUTEP y a otros grupos de extrema izquierda.
Para apoyar el pedido, la Coordinadora contrató al abogado español Bartolomé Clavero, ex miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas (ente asesor del Consejo Económico y Social de la ONU), quien viajó a Cajamarca, donde se reunió con los líderes antimineros. Tras su visita escribió un reporte que fue llevado por la Coordinadora a la CIDH como si fuese el informe de una “misión internacional”.
En ese documento -titulado “A propósito del caso Conga”- Clavero sostiene que las rondas campesinas de Cajamarca deben ser consideradas “pueblos originarios”, porque los jefes ronderos declararon que son “herederos de los Caxamarcas, Coremarcas y Chachapoyas” y que conservan costumbres y prácticas de raíz indígena. Esto, a juicio del español, cumple los requisitos para que un pueblo sea reconocido como originario.
Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT, que fija dichos requisitos, no establece lo alegado por Clavero, pues solo pueden ser considerados pueblos originarios aquellos que poseen una comprobada continuidad territorial e histórica, anterior a la colonia española, y que se hayan auto-identificado siempre como pueblos indígenas.
“Éste no es el caso de las rondas de Cajamarca, que nunca se habían proclamado originarios ni indígenas. Ellas representan solo una forma de organización, igual como las comunidades campesinas”, declaró a Lampadia una fuente del ministerio de Cultura.
La CIDH se iba a reunir el 18 de marzo pasado para ver este caso, pero no ha informado nada al respecto. La defensa del Perú está en manos de la Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia, que tampoco ha informado nada.
Como podemos ver, los enemigos del Perú pueden llegar a cualquier extremo, incluso al ridículo, en el cual suponemos no caerá la Corte.
En anteriores artículos hemos resaltado los grandes avances económicos y sociales que hemos logrado en los últimos 20 años, avances que se sustentan en cifras concretas que nadie las puede negar. (Ver Hagamos el balance de lo avanzado y miremos al futuro).
El crecimiento económico, el nivel de inversión privada, la reducción de la pobreza, la desigualdad, la desnutrición y la mortalidad infantil; el aumento sustancial de los ingresos y del empleo adecuado, con una mejor distribución de ingresos y empleo a lo largo y ancho del país, y la multiplicación por siete del crecimiento de los ingresos en la sierra rural, son indicadores seriosque han hecho que el país sea reconocido internacionalmente como una “estrella en ascenso”.
Sin embargo, debemos ser conscientes que el Perú tiene todavía un largo camino por recorrer, debido a que los daños generados por las erradas políticas de los 60, 70 y 80 fueron muy profundos y aún estamos recuperándonos.
Gracias a lo avanzado es que ahora podemos concentrarnos en la agenda pendiente, pues contamos con mejor capacidad de recursos para enfrentarla. No hacerlo sería inmoral.
La agenda pendiente debe enfocarse en lograr un Estado que funcione y una economía más competitiva, como hace poco manifestó en Lampadia Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría.
El banco global HSBC en su publicación “The World in 2050” (“El mundo en el 2050”) indica que el Perú puede ser uno de los países que más crezca durante los próximos cuarenta años, alcanzando el lugar 26 entre las economías más grandes del planeta mediante un crecimiento del PBI de 5.5% como promedio anual.
Para su análisis, el HSBC ha considerado el perfil de la población, la demanda de commodities y otros factores como el promedio de años de educación, la esperanza de vida al nacer, la fertilidad, el imperio de la ley, el nivel de consumo del Gobierno, el índice de democracia y la tasa de inflación.
Del análisis del HSBC se puede decir que esta oportunidad se basa en dos factores estructurales y cuatro de coyuntura. Los estructurales se dan más allá de nuestras acciones y los coyunturales dependen de nuestro manejo.
En lo estructural están la demanda global de los commodities que deberían ofrecernos buenos niveles de precios, y el perfil de nuestra población, en el que la relación de nuestra PEA (población económicamente activa) al total de la población es muy alta y por lo tanto nos ofrece una buena base de crecimiento.
Entre los factores de coyuntura, tenemos aquellos que debemos manejar con destreza, como la mejora de la educación, el desarrollo de infraestructuras, un buen clima de inversión y el fortalecimiento de nuestras instituciones. En estos cuatro temas debiéramos centrar el debate sobre nuestras acciones futuras.
Nuestro bienestar general demanda una verdadera revolución en el tema educativo.
La brecha en infraestructuras también es alarmante, se calcula en alrededor de US$ 88,000 millones.
En el clima de inversión estamos retrocediendo. Las asonadas político-sociales anti-mineras y anti-inversión privada en muchas regiones, han alcanzado niveles de sedición.
La debilidad de nuestras instituciones es una nítida amenaza al crecimiento.Necesitamos contar con un Sistema Judicial eficiente y moderno, crear partidos políticos que representen a la mayoría de la población, reformar el Estado hacia el servicio de los ciudadanos, con eficiencia, vocación de servicio y una acción ética.Garantizar el equilibrio de poderes y la libertad de prensa.
En los próximos días estaremos abordando cada uno de estos temas y fomentando un debate al respecto.
The World in 2050 – Global Economics January 2012 HSBC
El 7 de diciembre pasado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República presentó un proyecto de ley que propone restricciones al libre comercio de líneas de teléfonos celulares con el propósito de impedir que la delincuencia haga un uso indebido de aquellas (No. 1804/2012-CR). Los argumentos pueden parecer razonables, pero, como dice el viejo refrán, los caminos al infierno están empedrados de buenas intenciones.
Si el proyecto llegara a convertirse en ley, se atentaría contra la libertad de los ciudadanos y de las empresas. Así, en el futuro el estado podría restringir el acceso ciudadano a otros servicios o productos bajo el argumento dudoso de proteger a la sociedad de los delincuentes. Sería una traba más a la inversión privada en telefonía.
El proyecto de la comisión que preside el congresista José León Rivera (Perú Posible) prohíbe que una persona natural adquiera más de diez líneas telefónicas pre pago, y que una empresa compre más de diez líneas post pago, de locura. Si una persona quisiera comprar más de cinco líneas pre pago, o una empresa diez líneas post pago, tendrían que firmar una declaración jurada, inscribirse en un registro, y someterse a una verificación de identidad en la base de datos del RENIEC. Aquí empiezan los problemas.
Los autores del proyecto de ley ignoran que existe una resolución del Indecopi que declara que es una “barrera burocrática” obligar a las empresas de telefonía móvil a verificar los datos de sus clientes en los registros del RENIEC porque ello supone un costo adicional no fijado en sus contratos de concesión.
El registro tampoco garantiza el derecho a la confidencialidad de los usuarios de líneas móviles, lo cual va en contra de la Ley de Protección de Datos Personales, más aún si la iniciativa propone un intercambio de esa información entre instituciones. Y tampoco aclara cómo se verificaría si una persona es titular de 5 o más líneas celulares pre pago, ni si habría un registro compartido entre las operadoras, ni qué datos serían compartidos en esos registros, ni cuáles serían las limitaciones del uso de estos.
Pero la pregunta de fondo es ¿Dicho registro resolvería al problema de seguridad ciudadana? Al contrario, su existencia promovería el delito: falsificación de documentos, suplantación de identidades y robo de celulares. Aparecería un mercado negro de teléfonos robados o ilegales que proveerá a las bandas los aparatos que necesiten.
Lo que ocurre con los automóviles es ilustrativo. Están inscritos en un registro, tienen una placa de rodaje y una tarjeta de propiedad que los identifica; sin embargo, existe un mercado ilícito que provee al hampa de automóviles para delinquir. ¿Acaso por esto a alguien se le ocurre prohibir a los ciudadanos honrados que compren más de un número determinado de vehículos?
Por último, cualquier cosa puede convertirse en un arma en manos de un delincuente. Hasta un lápiz puede ser usado para causar daño. ¿Acaso con registrar quienes tienen un lápiz se evitaría o neutralizaría la posibilidad de que ese objeto pueda ser usado para dañar a otras personas? Claro que no.
En un artículo publicado hace poco en El Comercio, el abogado Alfredo Bullard ha puesto el dedo en la llaga al afirmar, con total razón, que “como el Estado no puede controlar el uso celulares desde las cárceles (o desde cualquier otro sitio) para cometer crímenes, ha decidido, en lugar de privar de la libertad a quienes delinquen, privar de libertad de elegir a los honestos”.
¿Qué es más peligroso, entonces, para la seguridad jurídica y para los propios ciudadanos, un teléfono celular o una ley que restringe la libertad?
La estrategia política de la izquierda contra el proyecto minero Cañariaco se sostiene en una campaña de mentiras sistemáticas que viene utilizando una red de radioemisoras que propalan noticias dirigidas a crear una crisis y malestar popular cuando en realidad el caso es, en esencia, una manipulación de dirigentes radicales.
Hasta hace dos años, en esa zona imperaba la armonía, había un diálogo permanente entre la minera, la población y el Estado, hasta que llegaron desde Cajamarca los que truncaron Conga y crearon en Lambayeque el frente radical Coordinadora Macroregional Nororiental.
El viernes pasado, Radio Amistad (Ferreñafe y Chiclayo), Radio Primavera (Chiclayo), y la red Radio Marañón (Cajamarma, Amazonas, San Martín Piura y Lambayeque) informaron que tres personas murieron, y otras quedaron heridas de gravedad, por disparos de policías, en la localidad de Marayhuaca, Cañaris, donde los anti mineros atacaron a los agentes para que no despejaran la vía bloqueada. Todo era mentira.
Siguiendo el manual anti minero al estilo de Bagua, activistas radicales llamaron por teléfono a las radios asegurando que la policía “ha matado a balazos a tres personas”, “está allanando las casas y robando”, “está golpeando a las mujeres”. A todas luces era un psicosocial, pero las radios les permitieron hablar sin verificar si era verdad lo que decían.
Radio Marañón, que llega a Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martín, pertenece a la Vicaría de Jaén, la misma que el 2009 justificó la matanza de policías en Bagua y también mutiló el vídeo del secuestro del desaparecido capitán PNP Felipe Bazán. La dirige el jesuita español Francisco Mugiro Ibarra, muy cercano a Marco Arana del partido Tierra y Libertad.
Las noticias falsas fueron repetidas por algunos medios nacionales, desinformados por sus atemorizados corresponsales. Una cadena de radio y un canal de cable, por ejemplo, repitieron que 500 personas habían llegado a Cañariaco, cuando solo eran 150 y estaban a kilómetros de distancia, en Marayhuaca, repitiendo lo de los “muertos y heridos graves”.
La estrategia anti minera incluye la provocación a la policía, en busca de muertos y heridos, para obligar al gobierno a negociar con ellos. En ambos casos han fracasado: La policía no ha usado armas letales y el gobierno ha rechazado sentarse en una “mesa de diálogo” con los radicales. En cambio, ha convocado a una “mesa de desarrollo” en la que participan las autoridades e instituciones realmente representativas.
Lo del agua es un pretexto. Está probado que la verdadera fuente de agua son las lluvias, que cubren áreas mucho mayores a las cabeceras de cuenca. La escasez de ese líquido es consecuencia de la incapacidad para acopiarlo en reservorios. Quedó demostrado en los estudios ambientales de Conga, y lo ha corroborado Antonio Brack, experto ambientalista (Ver vídeo de Lampadia Agua para todos).
¿Quiénes incitan a la violencia en Cañaris? Los mismos que truncaron Conga: el ex convicto por terrorismo Wilfredo Saavedra (MRTA), el partido comunista Patria Roja en Cajamarca, de Gregorio Santos, el partido Tierra y Libertad de Marco Arana y sus socios locales en Cañaris.
El cabecilla del “frente de defensa del medio ambiente” de Cañaris, otro ex convicto por terrorismo del MRTA, Segundo Narva Vásquez, coordina con Wilfredo Saavedra, quien estuvo hace poco en Tacna organizando el boicot al proyecto Paucamarca, y también con Cristobal Barrios, Presidente de la Comunidad Campesina de San Juan de Cañaris.
Los hombres de Patria Roja en Lambayeque son Edie Benavides, quien se moviliza entre Chiclayo, Jaén y Cajamarca; e Idelso Hernández. Según fuentes fidedignas, ambos han llevado hasta Cañaris a gente de Cutervo, Bambamarca y de Jaén.
Una vez más podemos comprobar que los enemigos del Perú siguen al pie de la letra los manuales de desestabilización y sedición diseñados en el exterior. ¿Qué estrategias tenemos los peruanos y el gobierno para enfrentar este tipo de amenazas?
“Willaqniki” es el primer informe sobre conflictividad social de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). De modo optimista, el documento oficial identificó solo 66 conflictos sociales por resolver y 20 resueltos hasta noviembre de este año.
De los 66 contados hay 21 relacionados con la actividad minera, 10 con la explotación de hidrocarburos, 10 con la minería informal, ocho con el agro y seis con la demarcación territorial. Para el informe gubernamental, 45 de estos conflictos ya cuentan con mecanismos de diálogo necesarios para solucionarse. Otros 21 están en “tratamiento”.
Una vez más el diagnóstico del Ejecutivo es muy distinto al que elabora la Defensoría del Pueblo. Mientras la PCM identifica 66 conflictos hasta noviembre, la Defensoría del Pueblo recoge 167 hasta octubre.
Para la PCM, la región con mayor conflictividad es Loreto, con siete conflictos, mientras la Defensoría tiene a Áncash como la región más convulsionada, con 32 casos. En Loreto, la defensoría identifica 13 casos.
Descargar el informe oficial aquí.
Europa, los Estados Unidos y el Japón se debaten en profundas crisis de deuda – que en el caso europeo arriesga inclusive la integración del bloque económico – mientras paradójicamente el Perú continúa su crecimiento y mejora la posición de su deuda externa.
Por ejemplo, Bloomberg acaba de resaltar que somos el país más solvente de la región. Destaca que los bonos peruanos en dólares tienen un “spread” (margen) de solo 1.24% por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el más bajo de los países emergentes después de Bulgaria, Malasia y Filipinas, según el JPMorgan Chase & Co.’s EMBI Global index. Así es que el costo del seguro de riesgo ha descendido 36.4% en los últimos seis meses, superando la reducción de las seis mayores economías de la región.
Todo esto es de alguna manera el colofón de nuestro crecimiento económico y del fortalecimiento de las finanzas públicas gestados durante los últimos 20 años. Antes del regreso del Perú a la economía de mercado, nos declararon inelegibles para recibir créditos internacionales y nuestra deuda pública externa llegó al 63.2% del PBI, nuestras reservas internacionales eran negativas y el estado recaudaba menos del 4% del PBI.
Hoy en día nuestra deuda pública externa es de solo el 11.2% del PBI y en conjunto con la interna llega a 21.2%. Nótese que la de Brasil es el 65% de su PBI y las de los europeos superan el 100%.
Por otro lado nuestro servicio de deuda se ha reducido del 22% al 8% del presupuesto en los últimos diez años, y el perfil de la deuda se ha alargado sin que tengamos vencimientos grandes por renovar. Mientras tanto, nuestras reservas internacionales de divisas han superado los US$ 60,000 mil millones al 31 de octubre 2012 (BCR).
No podemos olvidar que tenemos muchos retos por superar, como impulsar reformas para apuntalar el crecimiento, cerrar las brechas de infraestructuras, y continuar con la reducción de la pobreza , la desnutrición infantil y la desigualdad. Pero tampoco podemos dejar de resaltar los impactos positivos de la economía de mercado en nuestra fértil y briosa sociedad.