Durante los últimos diez años, Turquía y Brasil fueron ampliamente celebrados como países con desempeños económicos estelares; mercados emergentes con una creciente influencia en el escenario internacional. Sin embargo, en los últimos tres meses, ambos países se han visto paralizados por enormes protestas que expresan un profundo descontento con el desempeño de sus gobiernos. ¿Qué es lo que está pasando y habrá más países que experimenten convulsiones similares?

El tema que conecta estos episodios recientes en Turquía y Brasil, así como con la Primavera Árabe de 2011 y las continuas protestas en China, es el ascenso de una nueva clase media global. Dondequiera que ha surgido, esta clase media moderna causa agitación política, pero rara vez ha podido, por sí misma, provocar un cambio político duradero. Nada de lo que hemos visto últimamente en las calles de Estambul o Rio de Janeiro sugiere que estos casos vayan a ser una excepción.

En Turquía y Brasil, así como en Túnez y Egipto antes, las protestas políticas no fueron lideradas por los pobres, sino por los jóvenes con niveles de educación e ingresos mayores al promedio. Dominan la tecnología y usan medios sociales como Facebook FB -1.21% y Twitter para difundir información y organizar protestas. Incluso aquellos que viven en países con sistemas democráticos funcionales, no se sienten representados por la élite política gobernante.

En Turquía, se manifiestan en contra de las políticas de desarrollo a cualquier costo y el estilo autoritario del primer ministro Recep Tayyip Erdo?an. En Brasil, se oponen a una élite política muy afianzada y corrupta que se jacta de proyectos glamorosos como el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Rio pero que no es capaz de brindar servicios básicos de salud y educación. Para ellos, no basta con que la presidenta, Dilma Rousseff, haya sido una activista de izquierda encarcelada por los militares en los años 70 y líder del Partido de los Trabajadores. Desde su punto de vista, el partido se ha visto arrastrado a la maraña del “sistema” corrupto, tal como quedó en evidencia con el reciente escándalo de compra de votos.

El mundo de los negocios habla del ascenso de la “clase media global” desde hace al menos una década. Un informe de Goldman Sachs GS +0.40% de 2008 definió este grupo como aquellos con ingresos de entre US$6.000 y US$30.000 al año y predijo que crecería hasta sumar 2.000 millones de personas para 2030. Partiendo de una definición más amplia de clase media, un informe del Instituto de la Unión Europea para Estudios de Seguridad de 2012 pronosticó que la cantidad de personas en esa categoría crecería de 1.800 millones en 2009 a 3.200 millones en 2020 y a 4.900 millones en 2030 (sobre una población mundial proyectada de 8.300 millones). La mayor parte de este crecimiento se verá en Asia, especialmente en China e India. Pero todas las regiones del mundo participarán en la tendencia, incluida África, que según el Banco de Desarrollo de África ya tiene una clase media de más de 300 millones de personas.

A las empresas se les hace la boca agua ante la promesa de esta clase media emergente porque representa una amplia base de consumidores nuevos. Economistas y analistas tienden a definir el estatus de clase media sólo en términos monetarios. Pero se define mejor por la educación, la ocupación y la propiedad de activos, que son mucho más consecuentes a la hora de predecir el comportamiento político. Varios estudios transnacionales, incluyendo recientes encuestas del centro de estudios Pew y datos de la Universidad de Michigan, muestran que los niveles de educación más altos se correlacionan con que las personas adjudiquen mayor importancia a conceptos como la democracia, la libertad individual y la tolerancia a formas de vida alternativas. La clase media ya no quiere solo tener seguridad sino también opciones y oportunidades. Es más probable que opten por la acción si la sociedad no logra cumplir con sus expectativas de mejoras económicas y sociales, que crecen con rapidez.

Divisiones internas

Mientras las protestas, los levantamientos y, ocasionalmente, las revoluciones suelen ser encabezadas por los miembros recién llegados de la clase media, no suelen lograr por sí solos cambios políticos a largo plazo. Esto se debe a que la clase media rara vez representa más que una minoría de la sociedad en los países en desarrollo y está dividida internamente. Si no pueden formar una coalición con otras partes de la sociedad, sus movimientos no suelen producir cambios políticos duraderos.

Por eso, los jóvenes manifestantes en Túnez y en la Plaza Tahrir, en El Cairo, a pesar de haber derrocado a sus respectivos dictadores, no lograron organizarse para formar partidos políticos capaces de participar en las elecciones nacionales. Especialmente los estudiantes no tienen ni idea de cómo llevar su mensaje a la clase trabajadora y los pobres para crear una amplia coalición política.

En Turquía, el primer ministro Erdo?an sigue siendo popular fuera de las zonas urbanas. La clase media turca, en cambio, está dividida. El notable crecimiento económico del país en la última década ha sido impulsado en gran parte por una nueva clase media religiosa y muy emprendedora que ha apoyado con énfasis el partido de Erdo?an.

Este grupo social trabaja duro y ahorra su dinero. Exhiben muchas de las virtudes que el sociólogo Max Weber asociaba con la ética del Cristianismo Puritano de la era moderna de Europa, que según él, fue la base para el desarrollo capitalista. En cambio, los manifestantes urbanos en Turquía son más laicos y están conectados con los valores modernistas de sus pares en Europa y Estados Unidos. Este grupo no sólo enfrenta la represión de los instintos autoritarios del primer ministro, sino también las dificultades para establecer lazos con otras clases sociales.

Brasil es diferente

La situación en Brasil es bastante distinta. Allí los manifestantes no enfrentarán una dura represión del gobierno. Más bien, el desafío será evitar ser cooptados a largo plazo por el sistema. El estatus de clase media no significa que un individuo apoya automáticamente la democracia o un gobierno transparente. De hecho, una gran parte de la clase media de edad más avanzada era empleada por el sector público, donde dependía de las políticas clientelistas y el control estatal de la economía. Estas clases medias, así como las de países asiáticos como Tailandia y China, han respaldado gobiernos autoritarios cuando parecía que era la mejor manera de asegurar su futuro económico.

El reciente crecimiento económico de Brasil produjo una clase media distinta y más emprendedora, afianzada en el sector privado. Pero este grupo podría seguir su propio interés económico en dos direcciones. Por un lado, podría ser la base de una coalición de clase media que busca una reforma integral del sistema político brasileño, presionando para que los políticos corruptos rindan cuentas y para que se cambien las normas para dar lugar a mejores políticas. Por otro lado, los miembros de la clase media urbana podrían disipar sus energías en distracciones como políticas de identidad o ser cooptados individualmente por un sistema que ofrece grandes recompensas a quienes aprenden a jugar dentro del sistema.

No hay garantías de que Brasil siga el camino reformista tras las protestas. Mucho dependerá del liderazgo. Rousseff dispone de una enorme oportunidad para usar las manifestaciones como una plataforma para lanzar una reforma sistémica mucho más ambiciosa. Hasta ahora ha sido muy cuidadosa en su intento de desafiar el sistema establecido, frenada por las limitaciones de su propio partido y la coalición política.

El crecimiento económico global que se ha producido desde los años 70 alteró los estratos sociales en todo el mundo. Las clases medias en los llamados “mercados emergentes” son más grandes, ricas, mejor educadas y están más conectadas tecnológicamente que nunca.

Esto tiene grandes implicaciones para China, cuya clase media ahora asciende a cientos de millones y constituye quizás un tercio del total de su población. Quieren una sociedad más libre, aunque no está claro que necesariamente deseen una democracia con voto individual a corto plazo.

Este grupo se encontrará bajo una mayor presión en la próxima década, a medida que China pasa apuros para pasar del estatus de ingreso medio a alto. El crecimiento económico ya ha dado muestras de debilitarse en los últimos dos años y es inevitable que sea más modesto conforme madura su economía. La potencia industrial que el régimen ha creado desde 1978 ya no servirá para satisfacer las aspiraciones de su población. China ya produce unos seis a siete millones de graduados universitarios al año, cuyas perspectivas laborales son más sombrías que las de sus padres de la clase trabajadora. La brecha entre las expectativas que crecen con rapidez y la realidad decepcionante nunca fue tan amenazante como ahora y podría tener amplias consecuencias para la estabilidad del país.

Allí, como en otras partes del mundo en desarrollo, el ascenso de una nueva clase media pone de manifiesto el fenómeno descrito por el venezolano Moises Naím del Carnegie Endowment como el “fin del poder”. Las clases medias estuvieron en la primera línea de la oposición a los abusos de poder, independientemente de que fueran cometidos por regímenes autoritarios o democráticos. El desafío para ellos es convertir sus movimientos de protesta en cambios políticos duraderos, expresados en la forma de nuevas instituciones y políticas. En América Latina, Chile ha tenido un excelente desempeño económico y democrático, pero en los últimos años hubo una explosión de manifestaciones estudiantiles que señalaron las fallas de su sistema de educación pública.

La nueva clase media no representa sólo un reto para los regímenes autoritarios o las democracias nuevas. Ninguna democracia establecida debería creer que se puede dormir en los laureles, simplemente porque lleva a cabo elecciones y cuenta con líderes populares en las encuestas. La clase media impulsada por la tecnología exigirá mucho de sus políticos en todos lados.

EE.UU. y Europa atraviesan un crecimiento débil y un desempleo alto, que en países como España alcanza el 50%. En el mundo desarrollado, la generación mayor le ha fallado a la más joven al cargarla con pesadas deudas. Ningún político de EE.UU. o Europa debería pensar que está a salvo de lo que está sucediendo en las calles de Estambul o São Paulo.

—     Fukuyama es investigador sénior del Instituto de Estudios Internacionales Freeman Spogli, de la Universidad de Stanford. También es autor de “Los orígenes del orden político: Desde tiempos pre-humanos hasta la Revolución Francesa”.

Publicado por The Wall Street Journal Americas, El Comercio, 2 de julio de 2013

En el Perú existen zonas liberadas en las que no hay presencia del Estado ni del mercado , no hay autoridad, los fiscales, jueces y policías no pueden ejercer sus atribuciones. Hablamos de zonas en las que no se aplican las leyes nacionales, e imperan con total libertad actividades económicas ilícitas y de alta rentabilidad, como son el narcotráfico aliado al terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando armado del sur.

Para mantener estas zonas liberadas, se emplean todo tipo de argumentos y acciones de “protesta”. Se amparan en temas ambientales y sociales, movilizan a comunidades, ONG internacionales y grupos religiosos. Por ejemplo, en el caso del proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, se invocó lo ambiental y, sin embargo, una vez que el proyecto fue abandonado, la zona fue ocupada por mineros ilegales y plantaciones de hoja de cocasin que se haya escuchado ninguna protesta por parte de los supuestos defensores del medio ambiente.

Estas actividades ilícitas aplican las mismas estrategias para quebrar la voluntad y autoridad del Estado. Por ejemplo, en el desarrollo del frustrado proyecto minero Manhattan en Tambogrande, se manipuló a distintos grupos de opinión -junto con extremistas anti mineros y ONG-, para oponerse al proyecto argumentando la defensa del limón y del mango. Expulsaron a la minera, para que luego, los mismos extremistas y supuestos ambientalistas, se dedicaran a la minería ilegal, causando daños inmensos daños al ambiente, sin ninguna regulación y control. Es decir, luego de expulsada la autoridad del estado y la formalidad, miles de mineros informales hoy contaminan la zona con mercurio y cianuro. En el caso de Tambogrande, el país sigue esperando por lo menos una disculpa de parte de los promotores de esta tragedia ecológica y social.

El problema de la minería ilegal es muy grave. Se han deforestado 120,000 hectáreas a nivel nacional. En Madre de Dios la deforestación llega a 40,000 hectáreas, y se utilizan las peores prácticas de producción, explotación de menores, trata de blancas y todas las lacras sociales inimaginables. El movimiento económico generado es además una gran fuente de corrupción.

Algo más grave aún es la inacción del gobierno. El martes, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal aseguró que de las 100 mil personas que se estima se dedican a esta actividad, 77 mil mineros ilegales se encuentran en proceso de formalización. Sin embargo, el experto y ex ministro del sector, Antonio Brack asegura este proceso no ha avanzado y los plazos se siguen ampliando. “ Los mineros ilegales están recaudando fondos para sobornar a las autoridades y estas no los fiscalizan”, denunció Brack.

Recordemos que en el 2011 se aprobó el plan nacional de formalización de la minería artesanal (Decreto Supremo 013-2011-EM).Se fijó el cronograma, pero ha pasado más de año y medio y no se ha hecho nada. Parece evidente que el gobierno, desde la gestión del gabinete Lerner, está simplemente pateando el problema para adelante.

Como bien señaló la especialista Irma Montes en su columna de El Comercio ¿Minería ‘artesanal?, “El plan no es solo ineficaz por ser limitado, sino que además no contiene estrategias técnicas para solucionar el problema ni implanta penalidades. Encima, los mineros (ilegales) ahora se sienten empoderados y con derecho a exigir despropósitos que van desde la suspensión de plazos y protestas por tener que realizar trámites.”

Como se ve, nuestro crecimiento y desarrollo que sorprenden al mundo, no solo están amenazados por la creciente crisis política que vive el país, donde las luchas políticas ocupan a gobierno y oposición, en vez de encontrar los  caminos comunes para enfrentar los flagelos del  narcotráfico, terrorismo, tala ilegal, minería ilegal, contrabandoarmado y los extremismos que buscan quebrar el estado de derecho, la presencia de la autoridad y de las empresas como agentes de la formalidad. En estos temas nos estamos jugando una responsabilidad histórica ante el devenir de la nación y todos debemos estar a la altura las circunstancias.

Preocupante realidad. El estudio ‘Proyectos y Prospectos Mineros en el Perú, 2013-2016’ revela que para el año 2016 se habían estimado 27 proyectos mineros que representaban un total de US$ 30 mil millones, pero debido a la conflictividad social, estos se han reducido a 17 proyectos, que representan US$22,583 millones, casi US$ 8 mil millones menos que lo planificado.

Magali Arellano Delgado, gerente de investigación y proyectos de Perú Top Publications  encargado de este estudio–, refirió que la paralización de estos proyectos no permite el crecimiento de la inversión minera, aunque aseguró que de todos modos ya hay 54 planificados hacia el 2020.

Explicó que Perú cuenta con una cartera de 54 proyectos mineros que demandarán una inversión ascendente a US$ 56,543 millones para el periodo 2013-2020, de los cuales unos US$8,065 millones (14.28%) son inversiones para llevar a cabo ampliaciones; US$ 20,064 millones (35.52%) para proyectos con EIA aprobados; US$1,630 millones (2.89%) con EIA presentados y US$ 26,730 millones (47.32%) para proyectos en exploración.

Despidos masivos

La experta aseguró además que otro riesgo, más allá que el de la baja recaudación, es en el ámbito laboral, pues la detención de los proyectos mineros afecta a las empresas y, por lo tanto, estas dejan de contar con el capital humano, pues les significa una gran pérdida.

“Si se atrasan los proyectos habrá menos recaudación, menos dinamismo, menores compras a la industria nacional y otros sectores relacionados con la minería, se pueden dar despidos masivos de trabajadores que con sus ingresos y consumo son el motor de una economía regional”, contó a EXPRESO.

Arellano sostuvo asimismo que si se paraliza un proyecto se afecta la economía de nuestro país, por lo que el tema es llegar a un consenso interesante y poner en práctica modelos y principios de desarrollo sostenible para tener una buena relación con la comunidad.

Importantes divisas

La especialista recordó además que la minería es uno de los campos que genera mayores ingresos al país, por lo que tiene una gran implicancia en la economía nacional, la que se ve perjudicada con las paralizaciones.

“En el caso del empleo, por cada empleo en la industria minera se pueden crear nueve puestos en otras industrias como producto del eslabonamiento. De otro lado, las exportaciones mineras del año 2012 representaron el 56.8% (US$ 25,921 millones) en el total nacional, siendo uno de los principales generadores de divisas”, refirió Magali Arellano.

Contó además que la minería es sumamente importante en la recaudación de impuestos, pues por ejemplo en el año 2011 el impuesto a la renta minero fue de S/. 6,290 millones, y en 2012 fue de S/. 5,393 millones, retroceso que se generó debido a la caída de los precios de los commodities, el aumento de costos de producción, los efectos de la conflictividad social, entre otros.

(Publicado por Expreso, 17 de junio, 2013)

En un gesto que lo enaltece, el Presidente Humala ha anunciado un conjunto de medidas tendientes a favorecer los procesos de inversión, mediante el cual ha reaccionado a la situación de enfrentamiento generalizado de los días pasados. En Lampadia publicamos el artículo Rectificar es nobleza en el que señalábamos que una oportuna rectificación tiene el doble de valor, y que se presentaba una gran oportunidad para refrescar la política nacional con un liderazgo constructivo. Señor Presidente, bien por el cambio de tono.

Más allá del posible impacto de las medidas concretas, que publicamos más abajo, de lo que se trata es de estar a la altura de las circunstancias. En ese sentido ojalá se vea durante los próximos días un mayor acercamiento del gobierno con el mundo empresarial y político, asumiendo el espíritu principal de la Presidencia: unir y representar a todos los peruanos.

Toca ahora a los empresarios responder con propuestas de trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno. Hay mucho que hacer y no hay tiempo que perder.

A continuación presentamos las 7 medidas anunciadas y las declaraciones del Presidente Ollanta Humala en la reunión que sostuvo con los editores de los principales medios de comunicación:

1. Creación de un equipo de técnicos para impulsar las inversiones

El equipo será implementado por el MEF en 15 días y tendrá como función elaborar reportes sobre los avances de los proyectos de inversión ante ProInversión. A fines de marzo ya se había creado un comité especial de proyectos de inversión pública en ProInversión, ente adscrito al MEF, con el objetivo de impulsar las asociaciones público privadas. 

2. Ley de expropiaciones para para obras de infraestructura

El Ejecutivo envió en diciembre pasado el proyecto de ley de expropiaciones, el cual luego de cinco meses se convirtió en ley la semana pasada. La expropiación no es la única solución para que se sigan construyendo obras como carreteras, pues urge renegociar los contratos de concesión para adelantar los plazos de la ejecución de algunas autopistas.

3. Agilización en la entrega de Certificados de Inexistencias de Restos Arqueológicos

La entrega de esos certificados no tenía plazo y muchas veces había proyectos que no podían avanzar, según el Ejecutivo. Pero a inicios de mayo el Ministerio de Cultura había manifestado que eso era un mito. En el 2013 -hasta el 15 de marzo- se recibieron 154 solicitudes del CIRA, de las cuales se han emitido 144. En el 2012 las solicitudes de CIRA fueron 632, de las cuales fueron finalizadas 550 con la expedición del certificado: 290 de inversión pública y 260 de inversión privada.

4. Reforma del mercado de capitales para que las medianas y pequeñas empresas

Se quiere ampliar las fuentes de financiamiento de las pequeñas empresas en el mercado de valores, lo cual podría ser más atractivo frente a las mayores tasas de interés que les cobran los bancos. En abril pasado la empresa agrícola Chavín de Huántar se convirtió en la primera en hacer uso de ese sistema, y se espera que 9 mil empresas puedan utilizarlo.

5. Proyecto de Ley de Reposiciones de Capital

La iniciativa del Ejecutivo busca dar un mayor valor a los bonos, permitiendo que estos títulos puedan ser utilizados como un medio de pago o puedan ser vendidos antes de su plazo de vencimiento. Esta sería la única iniciativa novedosa de todas medidas anunciadas el viernes pasado.

6. Creación de la Ventanilla Única para los Estudios de Impacto Ambiental

El Gobierno quiere permitir que los estudios de impacto ambiental (EIA) de los inversionistas sean gestionados y resueltos en un solo acto administrativo, y que se definan plazos para que el inversionista sepa cuánto le va a demorar tener aprobado el estudio. Sin embargo, ya el Gobierno creó el año pasado el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), concibiéndose como un ente que fomentará la competitividad al convertirse en una ventanilla única, pues es la única instancia para la aprobación de EIA.

7. Nuevos criterios para que las regiones y municipios no demoren los proyectos de inversión

Se pretende afinar los criterios de calificación de las regiones y municipios para acceder al Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, para que junto con el gobierno central no haya demoras en la entrega de permisos y licencias de los proyectos de inversión.

“Algunas ONG veían en la consulta previa un mecanismo de poder”, Gestión, 28 de mayo

La noticia de que Cañariaco Cooper Perú había paralizado sus actividades causó una gran  alarma en el país. Felizmente la empresa aclaró que continuará operando y que las perforaciones se han detenido solo por el momento y esto no pasó de ser un susto,  pero el acoso a los proyectos mineros y la reducción de los precios de los commodities hacen temer que cualquier día tengamos una nueva paralización.

La lista de paralizaciones es desalentadora: Tambogrande ($450 millones), Tía María ($1,000 millones), Santa Ana ($330 millones), Conga ($4,500 millones de dólares), etc. En total, 22 emprendimientos por $24,000 millones, se han ido parando a punta de mentiras y de violencia (ver Stalinismo en Cajamarca, Tierra y Libertad conspira en Espinar) y Puno: prueba de fuego.

Doce proyectos que debieron iniciarse el 2012 tuvieron que postergarse debido el sabotaje disfrazado de “protesta social”, a los obstáculos burocráticos que ponen funcionarios temerosos de ser judicializados, a la consulta previa, y a la incapacidad del estado para remover esas trabas.

Otros cuatro proyectos que estaban programados para este año también fueron aplazados por los mismos motivos. Y la misma suerte han corrido seis proyectos más: Cuatro que debían comenzar el 2014 y dos el 2015. (Ver cuadro)

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, advirtió hace poco que entre este año y el próximo habrá una reducción de la inversión privada en US$ 2.800 millones y que varios proyectos mineros, especialmente los vinculados al cobre, están en riesgo de postergarse nuevamente. La SNMPE (Sociedad de Minería Petróleo y Energía) también ha señalado  que a lo mucho dichas inversiones llegarán a $8,500 millones, lejos de los $10,000 millones que ofreció el gobierno.

Se equivoca quien cree que esta situación perjudica solo a las empresas. Los primeros perjudicados son los pobres: 6,800 trabajadores de las empresas comunales proveedoras de Conga se han quedado sin empleo, igual que otros 2,500 habitantes de las comunidades vecinas del proyecto Santa Ana en Puno, por citar solo dos ejemplos Además, gobiernos locales y regionales dejarán de recibir millones de soles que les permitirían mejorar los deficientes servicios e infraestructuras básicos que brindan a los ciudadanos. Puno, por ejemplo, dejará de recibir $25 millones por la paralización de Santa Ana (10% de sus ingresos por canon minero).

Lamentablemente, el gobierno se muestra temeroso ante la ofensiva antiminera, e incapaz de articular un discurso que ilustre a los peruanos sobre la importancia de aprovechar nuestros recursos naturales. En otras palabras falta liderazgo y comunicación.

Así es como nuestras autoridades han permitido una “gran parálisis” de uno de los motores más grandes de la economía. Estamos desperdiciando probablemente la mejor oportunidad histórica de crecimiento y superación de la pobreza, una oportunidad nunca antes vista para convertir nuestros ingentes recursos naturales en el combustible que continúe impulsando la consolidación del desarrollo económico y prosperidad iniciados durante los últimos quinquenios. (Ver Recursos naturales: bendición, no maldición)

Uno de los principales obstáculos que traban nuestro crecimiento económico son las llamadas Normas-Contra Propósito que cada vez con mayor frecuencia son propuestas y aprobadas en el Congreso de la República y en el Ejecutivo. En esta sección ofrecemos a nuestros lectores una selección de los mejores artículos publicados sobre dichas iniciativas que, supuestamente, se plantean para beneficiar a los ciudadanos pero que, en la práctica y siempre, acaban perjudicándolos.

A continuacion les presentamos los artículos seleccionados:

Libertades amenazadas (Aviso de Sociedad Nacional de Radio y Televisión – Gestión, 19-07-2013)

Sin convicción no se avanza (Por:Gianfranco Castagnola – Peru21, 29 de junio del 2013)

Perdidos en el espacio (Por Franco Giuffra – El Comercio, 14 de junio, 2013)

Mala legislación (Por Gianfranco Castagnola – Perú 21, 08 de junio, 2,013)

Hacia la torpeza perfecta (Editorial El Comercio, 9 de junio, 2,013)

Profundizando el hueco (Editorial El Comercio, 10 de junio, 2,013)

Yo gano, tu pierdes (Por Cecilia O’Neill de la Fuente, El Comercio, 05 de junio, 2013)

Libre iniciativa privada (Por José Luis Sardón, El Comercio, 23 de mayo, 2013)

Remodelaré mi depa (Por Huascar Ezcurra, El Comercio, 22 de mayo, 2013)

Congreso le pone más trabas al crecimiento (Lampadia, 16 de mayo, 2013)

Legislando para espejismos (Lampadia, 8 de mayo, 2013)

Una propuesta para la escasez (Lampadia, 19 de abril, 2013)

¡Confabulación contra las exportaciones textiles! (Lampadia, 15 de abril, 2013)

¡El delito tributario no pertenece al crimen organizado! (Lampadia, 1 de abril, 2013)

¿Qué es más peligroso, un celular o una ley que restringe la libertad? (Lampadia, 27 de febrero, 2013)

La economía peruana habría crecido más de 7% en abril (en marzo aumentó solo 3.01%), estimó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Si bien dicha tasa de avance puede mejorar un poco la confianza empresarial que está en caída, el Gobierno tendría que hacer algo más para revertirla, por ejemplo, “acelerar algunos proyectos importantes que contribuyan a dar confianza”, indicó el presidente del BCR, Julio Velarde..

Precisamente, para el titular del ente emisor las trabas a los proyectos de inversión tanto a nivel del Gobierno como a nivel de regiones y municipios son uno de los cuatro factores que están causando la desaceleración de la inversión privada y, por tanto, de la economía local.

“Hay un montón de proyectos que están retrasados por demora de permisos, autorizaciones, etc. De esto creo que es consciente el Gobierno y ojalá que haga algo (para destrabar la inversión)”, opinó.

Recordó que, según Apoyo Consultoría, unos US$ 10,000 millones de inversión presentan retrasos críticos debido a factores que involucran directamente al Ejecutivo o a distintas instituciones del sector público. Julio Velarde refirió que entre los proyectos retrasados están, principalmente, mineros, “(Por ejemplo) Quellaveco iba a empezar en el primer trimestre, pero se ha ido retrasando y ahora no tiene fecha de inicio. Hay un montón de proyectos de ese tipo (con retrasos)”, reiteró.

Retrasos

Además, según datos del Reporte de Inflación de marzo del 2013, los anuncios de inversión privada para el periodo 2013 – 2014 se han reducido en US$ 1,108 millones comparados con los de setiembre del 2012.

El segundo factor que está afectando a la economía –reconoció Velarde- es la disminución de la confianza empresarial, observada en las últimas encuestas de expectativas macroeconómicas del BCR: entre febrero y abril bajó en siete puntos. Sin embargo, el funcionario aclara que este indicador aún se mantiene en terreno positivo.

“(La caída de la confianza) no es algo grave, no es algo que va a tener consecuencias, creo que puede revertirse… Pero el Gobierno deberá empeñarse (en revertir) de una manera u otra si continúa deteriorándose”, apuntó el titular del ente emisor. No obstante, sostuvo que hay que esperar la encuesta que el BCR hará este mes para ver si siguió el descenso.

Para el funcionario, los otros dos factores (tercero y cuarto) que estarían afectando el buen ritmo de crecimiento de la economía son: la desaceleración de la economía mundial y la caída de los precios de las materias primas (metales).

“Esperemos que la economía mundial crezca más en el segundo semestre, por una recuperación más sólida de la economía americana…. Asimismo, en los últimos 10 días hay una ligera recuperación de precio del cobre”, anotó.

En ese sentido, dijo que son una mezcla de factores que están incidiendo en la desaceleración (de la economía), “que tampoco es para dar señales de alarma”. “Las previsiones de que este año creceremos 3% son bastante exageradas”, opinó. Cabe indicar de PPK estimó que el PBI crecería máximo 4% este año.

Añadió que en junio darán a conocer su nueva proyección de crecimiento de la economía para este año. Por ahora mostraría un sesgo a la baja (su previsión vigente es de 6.3%).

Consumo sin problemas

¿BCR podría bajar la tasa de interés de referencia? “La política monetaria está en función a los datos. Entonces, si realmente vemos una desaceleración importante, obviamente podríamos bajar la tasa de interés. Pero el problema no está por el lado del consumo, sino está por el lado de la inversión. La inversión se financia básicamente en dólares y la tasa en dólares no la determinamos nosotros”, respondió Julio Velarde, tras presentar una nueva moneda de colección de un sol, alusiva al Templo de Kotosh (Huánuco).

Publicado por Gestión, 23 de mayo, 2013

Hace tiempo mi esposa y yo venimos pensando si es momento de remodelar nuestro departamento. Muebles nuevos. Un par de cuadros. Mi televisor plasma. Y un jardincito para la terraza. Pero dudamos. No es claro si la economía seguirá creciendo. En marzo el crecimiento del PBI fue de solo el 3%. ¿Nuestros ingresos, en el largo plazo, nos permitirán pagar una nueva deuda? No sé. Mejor guardo un dinero para la universidad de las niñas. Cuanto antes comencemos con eso, mucho mejor.

Pero ahora que Jaime Delgado ha propuesto una ley para ayudar a las personas naturales que tienen deudas bancarias o pólizas de seguros que no pueden pagar, vamos a darle una nueva mirada al asunto.

La gran idea de esta ley es que si no puedo pagar porque pierdo mi trabajo, me enfermo, me separo, me divorcio o por cualquier circunstancia no prevista que me impida pagar, puedo ir al Indecopi y obtener un plan de reprogramación de todas mis deudas con la banca o empresas de seguros, hasta por cinco años y, además, reducir los intereses o, incluso, condonarlos. Lo más interesante y conveniente es que los bancos no deciden si tengo derecho a ese plazo máximo de cinco años o a menores intereses o a una eventual condonación. El que decidirá es el propio Indecopi y lo hará luego de escuchar a los bancos, las aseguradoras y escucharme a mí. Y como siempre cumplí con los bancos (mi récord es impecable) y pagué mis seguros, estimo que tengo buenas opciones de obtener un buen plazo y mejores condiciones con el Indecopi, que las que podría negociar hoy con la banca o las aseguradoras. Además, como dice la propuesta de ley, los consumidores tenemos derecho a “vivir de acuerdo al estatus adquirido durante nuestra vida” y el Indecopi tendrá eso en cuenta.

¿Saben qué? Mi esposa merece una camioneta nueva. Hace mucho que pienso en ello. ¿Y yo? También. Vamos por el combo completo de una vez. Ya no tengo dudas. No me preocupan las voladas de un enfriamiento de nuestra economía. Confío en nuestro futuro. Es tiempo de atender tantas necesidades postergadas.

A ver… Volvamos a la realidad. Cuando menos, a mi realidad. No estoy pensando ni en un auto nuevo ni en remodelar mi departamento. No asumo deudas que no puedo pagar.

Pero la verdad es que cuando leí el proyecto de ley de insolvencia familiar de Jaime Delgado pensé en los efectos que dicha norma tendría en quienes ya andan endeudados y no pueden pagar, o quienes piensan en seguir endeudándose a pesar de sus dudas sobre sus posibilidades de pagar. El proyecto que comento les vendrá como anillo al dedo.

De aprobarse, endeudarse más de la cuenta será un gran negocio. Los ganadores serán los que se animen por el combo completo: remodelación, televisor plasma, auto y, por supuesto, seguros para el patrimonio que se incrementa, seguros médicos para toda la familia, etc. Se acabarán las preocupaciones por el riesgo de no poder pagar. Al final quien pagará el costo de las deudas refinanciadas o condonadas por el Indecopi seremos los que pagamos puntualmente nuestras deudas bancarias y las primas de nuestros seguros. Los bancos subirán las tasas de interés para cobrarse con mayores intereses los mayores costos de las reprogramaciones de deuda o condonaciones que apruebe el Indecopi. Las compañías de seguros subirán las primas. Y los que pagaremos esas mayores tasas de interés o mayores primas seremos quienes siempre pagamos lo que debemos.

La idea de Jaime Delgado es una pésima idea para proteger a los consumidores. Los consumidores tendremos que pagar mayores intereses y mayores primas de seguros. Y un crédito o seguros más caros no protegen al consumidor. Más bien alejan el crédito y los seguros del consumidor.

Estimo que esta idea promoverá una avalancha de estos pedidos al Indecopi. La carga administrativa que hoy ahoga al Indecopi se incrementará. El Indecopi será más lento de lo que ya es, y por una tarea que no genera beneficio alguno. ¿Quiénes ganan con esta idea? Aquellos que sí piensan en remodelar su depa, en su televisor plasma y en su auto nuevo. Y probablemente esta idea beneficiará también a Jaime Delgado. No necesariamente porque remodelar su depa sea parte de su agenda, sino más bien por los votos que obtendrá gracias a los cientos de miles de consumidores beneficiarios del combo.

Tomado de El Comercio, 22 de mayo, 2013

El Estado sigue produciendo normas que traban el desarrollo, según el IEDEP (Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima), en el Congreso de la República hay 35 proyectos de ley que, en caso de ser aprobados, traerían más problemas que soluciones.

Según el IEDEP dichos proyectos atentarían contra la estabilidad jurídica y la competitividad, lo cual pondría en riesgo las inversiones, que son el motor que impulsa el crecimiento económico pro-pobre que se viene registrándose en el país.

Los 35 proyectos, según el reporte, fueron presentados o actualizados entre enero y marzo de este año, siendo el más riesgoso, a juicio del IEDEP, el que propone modificar el artículo 206 de la Constitución, con el propósito de facilitar cambios constitucionales sin los exigentes requisitos actuales, de usos y prácticas en democracias avanzadas.

Otro proyecto plantea modificar el artículo 71 de la Constitución con el objeto de eliminar la excepción que permite que inversionistas extranjeros puedan operar dentro de los 50 kilómetros de zonas de frontera, en casos de necesidad pública declarada conforme a ley.

El IEDEP también cuestiona un proyecto de ley que pretende ampliar una vez más el plazo de ocupación ilegal de varios terrenos que han sido invadidos en la región Lambayeque, el cual ya había sido ampliado en el 2007.

Hay además otros dos proyectos sumamente nocivos: El primero pretende exonerar del pago del IGV a la importación de vehículos que usen gas natural, y el segundo plantea que las universidades estatales entreguen títulos a nombre dela Nación mediante cursos acelerados pagados.

Tal como lo hemos señalado antes, lamentablemente en el Congreso de la República subsisten  corrientes populistas que buscan ganar votos fáciles promoviendo Normas Contra-Propósito que, con declaraciones de supuestos beneficios a los ciudadanos, generan efectos contrarios a los propósitos anunciados. Ver nuestro artículo: Legislando para espejismos.

En vista de que muy pocas instituciones acogen el descontento ciudadano contra esta clase de normas, Lampadia ha ofrecido este espacio virtual para que los ciudadanos nos hagan llegar las informaciones y opiniones que tengan al respecto, con el fin de procesarlas y difundirlas. (Enviar aportes a contacto@lampadia.com, con la referencia NORMA CONTRA-PROPÓSITO).

La recuperación de la economía peruana durante las dos últimas décadas ha sido notable, siendo reconocida y destacada a nivel internacional. Sin embargo, lo alcanzado hasta el momento no es suficiente, el camino aún es muy largo, pero ¿cuán lejos estamos de llegar a nuestro al PBI que hoy ya debiéramos tener?

El Perú es el quinto paísen población y cuarto en extensión territorial en América Latina. Sin embargo, estamos en sexto lugar en el PBI (ajustado por precios). Si nuestro PBI actual (US$ 350 mil millones) mantuviera proporción con el tamaño de nuestra población, debería llegar a US$ 410 mil millones, y si fuera proporcional a nuestro territorio, tendría que alcanzar los US$ 530 mil millones.

Si nos comparamos con Colombia que tiene un 10% menos de territorio que el Perú, nuestro PBI tendría que ser de US$ 600 mil millones (PBI actual de Colombia = US$ 530 mil millones).

Si el análisis lo hacemos a nivel global y vemos que teniendo el 0.42% de la población mundial, y el 0.39% del producto total, mientras que un vecino exitoso como Chile, con 0.24% de la población global, produce el 0.38% del producto mundial, 1.6 veces su participación en población, el Perú tendría que tener un PBI de US$ 560 mil millones.

Del análisis anterior, podemos concluir que nuestro PBI ajustado por precios, debiera aproximarse a 600 mil millones de dólares, 1.5 veces lo actual, con un producto per cápita de 20,000 dólares.

Como vemos, ya sea por la extensión territorial, por población, o por comparación con el mejor de la clase, el Perú está muy por debajo de su potencial. Si bien desde los noventa hemos tomado el camino hacia el desarrollo, las décadas pérdidas de los años 60, 70 y 80 nos siguen pasando la factura. De allí la importancia de no perder esta gran oportunidad para seguir creciendo alto y sostenido, para seguir atrayendo inversión privada, para generar confianza en el futuro, y para enfrentar, de una vez por todas, la agenda pendiente en educación, salud, infraestructuras, ciencia y tecnología, y desarrollo institucional, con que el Perú podría superar la pobreza.

El flujo de inversión extranjera directa en el Perú aumentó 49% en el 2012, alcanzando los US$12,240 millones, reveló la Cepal, (Comisión Económica para América Latina y el Caribe  de las Naciones Unidas). El crecimiento en el Perú ha sido el mayor, por encima del de Chile (32%), Argentina (27%), Paraguay (27%), Bolivia (23%), Colombia (18%) y Uruguay (8%).

En montos absolutos, los US$ 12,240 millones de nueva inversión equivalen al 5.9% de nuestro PBI, y nos ubican como el sextopaís receptor en América Latina, después de Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina.

El informe de la Cepal señala que en el 2012, el principal componente de la inversión extranjera directa en el Perú ha sido la reinversión de utilidades por US$ 8,263 millones, patrón que se viene repitiendo en los últimos años, lo que contradice el verbo izquierdista de que la inversión extranjera viene al Perú a llevarse todo. La rentabilidad de estas inversiones permite que la ampliación productiva se financie con reinversión de utilidades. El otro componente fueron los aportes de capital (US$ 4,637 millones), mientras que el flujo de préstamos de las casas matrices fue levemente negativo.

La Cepalinforma que Brasil fue el país que recibió más capitales el año pasado (US$65,272 millones). Sin embargo este monto fue inferior en 2% a lo que se reportó para el 2011.

Según la Cepal, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe alcanzó un récord de US$173,361 millones en el 2012, con un crecimiento de 6.7% con respecto al 2011.

No dejemos de apreciar, que si tomamos en cuenta el tamaño de nuestro territorio y de nuestra población, o si nos comparamos con Chile, podríamos afirmar que la inversión extranjera directa en el Perú, está todavía largamente debajo de su potencial. Por lo tanto es muy importante cuidar el clima de inversión que se viene descuidado últimamente.

El INEI acaba de informar que el 2012 la pobreza se redujo en dos puntos: de 27.8% pasamos a 25.8. Es decir, medio millón de peruanos dejaron de ser pobres. Si bien estos datos nos indican que seguimos en la ruta correcta, sin embargo, debemos formulamos algunas preguntas porque, es evidente, que la velocidad con que se ha venido reduciendo  la pobreza ha descendido significativamente. Por ejemplo, el 2006 la pobreza cayó en 6.5%, el 2007 en 6.7%, el 2008 en 5.1%, el 2009 en 3.8%, el 2010 en 2.7%, el 2011 en 3%, y ahora 2%.

El menor ritmo de reducción de la pobreza, se produce no obstante que durante los últimos años hemos incrementado sustancialmente el gasto social. Por ejemplo, solo el 2012 el incremento ha sido de 51%.

Lampadia conversó con dos economistas para establecer las correctas relaciones entre pobreza y crecimiento y absolver las preguntas que surgen con el informe del INEI. Miguel Palomino, director del IPE, confirma que estamos en el camino correcto porque seguimos reduciendo la pobreza, sin embargo sostiene que al desacelerarse en el crecimiento económico, se está desacelerando la reducción de la pobreza. Agrega que, en la medida “que hemos avanzado bastante en arrinconar a la pobreza, cada vez se hará más difícil reducirla, algo que solo puede superarse con más crecimiento”.

Por su lado, César Peñaranda, presidente Instituto de Estudios Económicos de la CCL, explica que el 80% del total de reducción de la pobreza se debe al crecimiento de la economía en tanto que solo el 20% a los programas sociales. “Si se desacelera la economía el ritmo de reducción de la pobreza también disminuirá”. Peñaranda agrega que para evitar desaceleraciones necesitamos crecer a un ritmo de 8% anual.

En síntesis, se puede afirmar que el Perú sigue enrumbado y reduciendo la pobreza. Pero la desaceleración del 2012 puede convertirse en una tendencia real si es que no impulsamos todos los instrumentos de que disponemos para seguir fortaleciendo nuestra economía. Ahora bien, es justo reconocer que hay un contexto internacional adverso con una economía desacelerada y con precios de commodities a la baja, pero nada justifica, por ejemplo, la paralización de más de 41 mil millones de dólares en proyectos mineros, de hidrocarburos, infraestructuras y otros, sin que el Estado muestre voluntad y decisión para resolver las trabas correspondientes.Tampoco es justificable la lentitud para promover las asociaciones público-privadas en el tema de las infraestructuras, y la falta de enfoque y acción para afrontar la Agenda Pendiente en Educación, Infraestructuras, Instituciones y Clima de Inversión, tal como hemos planteado en Lampadia (La Agenda Pendiente), el HSBC en su documento “The World in 2050” (“El mundo en el 2050”), y Tony Blair hace unos días en la UPC.

Esperemos que por falta de visión, liderazgo y decisión, no se esté configurando, una vez más,  la trampa en la que hemos caído a lo largo de toda nuestra historia, “la de las oportunidades perdidas”. Esta vez tenemos una población muy atenta y demandante de progreso y bienestar, que ha renunciado a migrar del país, y que planea construir acá su futuro con el esfuerzo que se puede apreciar todos los días a lo largo y ancho de todo el Perú. Ahora no podemos fallar.