El Presidente Ollanta Humala tiene la costumbre de mostrar públicamente sus suspicacias contra la inversión privada. Declaraciones en contra de “los negocios” en educación, salud y los temas petroleros se han vuelto parte del repertorio. El problema es que lo hace luego de reuniones en las que profesa su decisión de colaborar con el sector privado (tal como sucedió en el reciente Cade) y, como es natural, el mensaje contradictorio queda, percola en la burocracia estatal y aumenta la desconfianza de los ciudadanos. El Jefe de Estado debería considerar que todos los círculos virtuosos y efectos positivos que el mundo y la mayoría de peruanos contempla con el respecto al crecimiento económico y la reducción de la pobreza provienen del sector privado.  La inversión privada crea el 90% del empleo, el 90% de los ingresos fiscales y del total de las inversiones nacionales cerca del 90% le corresponde a la iniciativa privada. Antes cosas tan abrumadoras, ¿cómo se puede ser tan contradictorio?

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En el siguiente editorial de El Comercio se analiza la manera cómo el oficialismo persiste tercamente en su intento de crear una Superintendencia de Universidades que tenga la facultad de controlar y planificar el desarrollo de las universidades, esta vez de contrabando, a través de una disposición final en el proyecto de ley para la organización del Ministerio de Educación. Es decir, se insiste en la propuesta de ahogar iniciativas de las universidades, cancelando la creatividad y la innovación que solo florecen cuando hay libertad en el sistema. Durante el debate de la ley universitaria, la sociedad civil y la oposición han sido firmes en plantear serias observaciones al proyecto, por lo que el oficialismo ha tenido que retroceder, aunque aún, sin llegar a encarpetar la iniciativa.

Pues bien, ante la falta de argumentos, algunos congresistas han decidido camuflar el misil contra la libertad universitaria creando la Autoridad Nacional de Educación Universitaria. Es decir, como no se puede avanzar en el proyecto universitario, se camufla el arma intervencionista en otra ley. En esta conducta se demuestra absoluta falta de respeto por la ciudadanía y se pretende generar un espacio de regimentación que ya ha fracasado estrepitosamente. Un ejemplo de estos yerros se analiza en un video de Xavier Sala, donde se demuestra que el retroceso económico actual de Europa tiene que ver con la pérdida de capacidad de innovar y, entre las causas del problema, está el recorte de la libertad de las universidades por la injerencia estatal.

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En la siguiente entrevista de Perú 21, Richard Webb, economistas  e investigador de reconocida trayectoria, se muestra bastante optimista con respecto a las posibilidades del Perú de continuar con altas tasas de crecimiento. Precisa que continuar por la senda del éxito económico depende la gestión del gobierno, la sociedad y las instituciones y sostiene que alcanzar la meta de reducir la pobreza a 20% de la población el 2016 es un objetivo posible.

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En el siguiente editorial de El Comercio se analiza la situación de la educación –a la luz del reciente Informe sobre Capital Humano del WEF- tanto en sus niveles básicos como superiores, estableciéndose que el Perú, no obstante su crecimiento económico, se muestra incapaz de superar los problemas que lo aquejan en este sector desde varias décadas atrás.

La permisividad gubernamental con la dictadura magisterial del SUTEP,  que impide la meritocracia en la escuela pública, y el intento de aprobar una ley universitaria que le permita al Estado controlar las currículas de los centros superiores y entrometerse en la vida interna, representan los principales proyectos que profundizarán el hoyo del sistema educativo. En el Perú no solo no hay propuestas de cambio y reforma sino que existen iniciativas que nos pueden empujar a una caída libre.

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Esta semana se reanudará en el Congreso la discusión del proyecto de ley Nº 2102/2012-CR, que propone la creación de un organismo regulador de precios de medicamentos. Indecopi ha presentado objeciones al respecto, pero estas parecen no haber sido suficientes para convencer al Congreso. La propuesta, que “busca poner  los medicamentos al alcance de todos los ciudadanos”, muestra un total desconocimiento de los fundamentos más básicos de la teoría económica y tendría el efecto contrario, como lo hemos explicado antes en el artículo Normas Contra-Propósito.

Uno de los argumentos expuestos en el proyecto de ley a favor de un organismo que controle los precios de los medicamentos es que “existe un oligopolio encubierto por los grandes laboratorios farmacéuticos que fijan el precio de venta”. Argumento errado de por sí pues este tipo de prácticas se encuentran reservadas para los monopolios naturales (servicios públicos).Más aún, como señala Augusto Rey, presidente de ALAFARPE (Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos), a la fecha no existe ninguna prueba que sustente tal afirmación. La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI concluyó en enero del año en curso una investigación orientada al mercado de productos oncológicos, señalando que no existían indicios que sugirieran la existencia de prácticas colusorias que afectarán el precio de medicamentos.

El proyecto tampoco toma en cuenta que un paciente no puede cambiar libremente un medicamento por otro. Por ejemplo, un paciente a quien se le ha recetado ácido valproico para tratar un desorden bipolar no puede sustituirlo por paracetamol (distribuido por GlaxoSmithKline bajo el nombre Panadol). Sucede que en el mercado de medicamentos existe un concepto que quienes proponen esta ley parecen no conocer: la patente. La idea detrás de las patentes es otorgaral laboratorio que desarrolla el medicamento un monopolio temporal para su comercialización. Dado que los laboratorios de investigación necesitan realizar grandes inversiones para desarrollar una nueva molécula que dé origen a un nuevo fármaco, es necesario que luego perciba ingresos que le permitan recuperar la inversión del producto exitoso, pero también de los que no lo fueron. De lo contrario: ¿por qué alguien invertiría en un negocio en el cuál sabe que va a perder dinero?

Por un lado, entonces, una entidad reguladora que controle los precios de los medicamentos terminaría impidiendo el acceso a fármacos de última generación. Por el otro, resulta redundante para medicamentos de uso terapéutico pues existe amplia competencia, lo que ha tenido como consecuencia una caída constante en los precios de adquisición para la seguridad social y el MINSA.

Si no hay incentivos para entrar al mercado, los medicamentos más recientes simplemente dejarían de comercializarse. Como sucedió durante el tiempo en que hubo control de precios en el Perú, quedarían en el mercado solamente los medicamentos de bajo costo y mala calidad, o aquellos que maneje el mercado negro, excluyéndose los medicamentos de última generación y de buena calidad, tal como declaró anteriormente para Lampadia Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Esta norma terminaría por afectar más a los pobres, que no pueden traerlo por Courier o en sus maletas, como una familia acomodada.

Durante el control de precios se generó un éxodo de laboratorios que recalaron en Colombia y Chile, y el desabastecimiento de los fármacos de última generación. Mientras tanto, los programas del gobierno de turno no hacían sino apelar al precio más bajo posible sin considerar la calidad, plantea Rey. ¿Por qué no contar en el Perú con productos innovadores, además de medicinas genéricas de calidad, compartiendo un mercado público y privado que promueva la competencia? De lo contrario se estaría condenando a los pacientes que necesitan estos medicamentos a no poder acceder a los tratamientos adecuados.

Durante la última reunión de las Naciones Unidas a la que asistió el Presidente Ollanta Humala como uno de los oradores principales para tratar los Objetivos del Milenio (ODM), Ban Ki Moon, secretario general de la ONU, sostuvo que el Perú “es una de las dos naciones que más ha avanzado en el cumplimiento de las metas del Milenio”. Es decir, en todo el planeta hay dos países que han batido récords en reducción de pobreza, desnutrición y mortalidad infantil y uno de ellos es el Perú. Una noticia que debería convocar a los peruanos a un reconocimiento de la buena gestión económica y social de los últimos 13 años. Sin embargo, de alguna manera, la noticia fue omitida por la mayoría de medios de comunicación y líderes de opinión, a excepción del diario El Comercio, que lo incluyó en un pequeño párrafo. ¿Por qué nos negamos a reconocer nuestros logros? ¿Cuándo dejaremos de dispararnos a los pies?

Semejante silencio contrasta con el rebote mediático y la participación de algunos políticos luego de que Rebeca Arias, representante del PNUD en el Perú (una organización dependiente de Naciones Unidas, presentará los logros del país en cumplimiento de las Metas del Milenio, tal como se dice popularmente, bajándole la llanta a los logros del Perú. Los medios le cargaron las tintas al retraso del área rural con respecto a la urbana en el cumplimiento de las metas de las Naciones Unidas no obstante que  el Perú ha logrado en el 2012 cumplir la mayoría de los Objetivos del Milenio establecidos con la ONU para el 2015, es decir, tres años antes, en cuanto a pobreza, mortalidad infantil y desnutrición, entre otros. No se trata de negar que nos falta mucho por hacer, pero muy diferente es querer aguar una merecida fiesta social del país.

Para algunos, pues, más importante es el pesimismo de una funcionaria local de la ONU que las propias declaraciones del Secretario General del máximo organismos mundial. Sin pretender juzgar a los demás, no le encontramos una explicación apropiada a semejante conducta. Algunos sostienen que el periodismo tiende a buscar la noticia impactante, lo cual es verdad. Y lo que más impacta pareciera ser lo negativo. Quizá haya algo de verdad en semejante afirmación, pero eso no justifica que se desinforme.

No ser riguroso con la información del país y no hacer un buen balance de nuestros logros es muy pernicioso, pues abre las puertas a dudas infundadas y a propuestas de políticas públicas que podrían interrumpir los procesos positivos que vienen alentando las mejoras indicadas.

Otro ejemplo de cómo ocultamos las victorias se refleja en una reciente entrevista del diario Gestión a Alejandro Werner, director del FMI para América Latina. En la pregunta del diario se dice lo siguiente: “Considerando que gran parte del crecimiento registrado por la economía peruana se produjo por los mayores precios de las materias primas y no por el aumento de la productividad, ahora que las condiciones son más adversas, ¿qué debería ocurrir en el Perú para evitar un mayor deterioro de la economía?” Ante semejante interrogante el funcionario del FMI responde: “…también es cierto que ha habido un incremento importante en la productividad asociado con el alto nivel de inversión extranjera y la transferencia de tecnología que ello conlleva. Un estudio que publicamos recientemente en el FMI muestra que el Perú experimentó un aumento significativo de la productividad en la última década”.

Negar el incremento de la productividad en el país es negarle una de las principales potencialidades de nuestro modelo económico. El crecimiento de nuestra economía ha estado liderado por el incremento de la productividad más que por los precios de las materias primas, tal como se puede apreciar de la información del INEI y de  los estudios del IPE.  No podemos, pues, seguir ocultando  nuestras victorias y sembrando el desconcierto en medio una ofensiva general contra la pobreza.  Persistir en el error es engordar a quienes les interesa que la pobreza se mantenga para tener “una base social”  de sus proyectos políticos estatistas.

Cuando deberíamos celebrar que, a pesar de la desaceleración, seguimos liderando el crecimiento económico en América Latina y en el planeta, aquí en el Perú,  nuestras autoridades  y medios de comunicación se confunden y, en muchas ocasiones, siembran el pesimismo y la incertidumbre. Ya lo vimos con lo de las vacas flacas que tuvieron que convertirse en robustas. Y si bien hubo correcciones, se persiste en el error. El Presidente Humala acaba de sostener que “el crecimiento económico es una herramienta que nos ayuda, pero no es lo fundamental, sino tener clara las cosas, entender que esta política del chorreo, que se llenen primero las arcas del Estado para después distribuir, es absurda e inmoral”. Es claro que hay que distribuir, pero relativizar el crecimiento económico en el Perú es un mensaje contraproducente. ¿Acaso el jefe de Estado no sabe que el 75% de la reducción de pobreza y la desigualdad de los últimos años se explica por el crecimiento? ¿Qué les estamos diciendo a los funcionarios del Estado, que no alienten el crecimiento? Lo de las vacas flacas fue como un disparo a los pies, pero que “el crecimiento no es fundamental”,  parece un cañonazo a la línea de flotación del barco. El gobierno está embarcado en superar la desconfianza ciudadana, ¿cómo lo va hacer relativizando el crecimiento?

Otro misil disparado a los pies, es otra declaración del propio Presidente Humala: “El principal interés de las universidades negocio es hacer negocio, no es sacar profesionales de calidad, y eso hay que combatirlo”. ¿El gobierno combate la inversión privada en educación? Esa vieja oposición entre inversión privada y educación pertenece a la Guerra Fría y ahora está hundiendo la educación en Venezuela, Ecuador y Bolivia. La inversión privada en educación solo puede ser rentable y sostenible si se orienta a la calidad. Y si hay competencia entre inversionistas en educación no solo se mejora la calidad del profesional sino que las pensiones bajan considerablemente. ¿De dónde se sacan, pues, los argumentos del gobierno? Todas nuestras desgracias en educación vienen de la incapacidad e intromisión estatal y la falta de inversión privada en el sector.

Pero la siembra del escepticismo y la desesperanza no solo vienen del gobierno, sino también de los medios de comunicación. Cuando debería haber una celebración porque el Perú ha logrado en el 2012 cumplir la mayoría de los Objetivos del Milenio establecidos con la ONU para el 2015, es decir, tres años antes, en cuanto a pobreza, mortalidad infantil y desnutrición, entre otros, el diario El Comercio publica una portada que resalta lo negativo: “Bajó la pobreza, pero desnutrición es alta en el campo”. Haber reducido la pobreza el año pasado a 25.8% de la población cuando nuestro compromiso para el 2015 era de 27.3, debería significar un buen logro. Claro que sigue habiendo pobreza, claro que los logros en las áreas rurales todavía son insuficientes, pero son las fotos del momento. No muestran la película económica y social del país donde hemos tenido un crecimiento pro pobre y pro regiones. Se ha reducido la pobreza y la desigualdad de manera tan acelerada que todo el mundo se queda con la boca abierta.

Otro medio de tanta trascendencia como RPP también se dedicó a entrevistar a profesionales e intelectuales que pusieron el énfasis en las cosas negativas. La señora Rebeca Arias del PNUD parece no perdonarle al Perú el éxito de sus metas sociales basadas más en el crecimiento que en el asistencialismo, al que pretende construirle un altar. Se olvidó de la sorprendente película social del país y enfatizó nuestras carencias, lo que está a medio hacer, pero se está haciendo.

Nada más lejano de nuestra intención que pontificar sobre lo que deben hacer lo demás. Pero nos anima un sentido de justicia para con la realidad y el futuro del país. No puede ser que nuestras autoridades y medios de comunicación siembren escepticismo sobre nuestros logros, sobre las victorias de nuestro modelo de crecimiento y desarrollo, mientras afuera se nos sigue elogiando. ¡No está bien! ¡Un poco más de consecuencia y generosidad!

En una reciente encuesta de Ipsos-Perú, el sistema político peruano sufre un rechazo devastador: solo el 5% de los encuestados aprueba a los partidos políticos, el Congreso apenas llega al 8% y el Poder Judicial a 11%. Es decir, lo que representa a la política y dos poderes del Estado, columnas centrales de un sistema democrático, no gozan de la confianza ciudadana. A diferencia de esta desaprobación, algunas instituciones de enorme impacto social son aprobadas con nota sobresaliente: la radio con 67% y la Iglesia Católica con 65%. Sin embargo no todo el Estado está sumido en el descrédito: la Reniec tiene 59% de aprobación y el Banco Central de Reserva 49%, igual que la aprobación de las empresas privadas.

Semejantes cifras nos confirman una constante de nuestro modelo económico y social: la ciudadanía percibe que el crecimiento y reducción de la pobreza y la desigualdad se han desplegado al margen de la política, los partidos y el Estado en general. Tan grave situación no puede continuar, a menos que se pretenda arriesgar todos los logros alcanzado por el Perú. Extremando el análisis, la cohesión social de un país no puede reposar en la legitimidad de la radio o de la Iglesia Católica, porque las sociedades y las economías no florecen indefinidamente sin un Estado y autoridades legítimas.

La aprobación de la Reniec y el BCR nos confirman que cuando hay reformas, modernidad y eficiencia, las instituciones estatales pueden conseguir el favor de los ciudadanos. Con el crecimiento económico, el Estado se ha llenado de recursos fiscales impensados, pero los servicios en leyes, justicia, educación, salud y seguridad no han sido provistos con eficiencia y se extiende la sensación de que el gobierno cobra impuestos por gusto. Allí están los resultados de las encuestas. En todo caso, los políticos, los congresistas, los jueces y las autoridades tienen la palabra.

En la siguiente entrevista de El Comercio, Fernando de Szyszlo, uno de nuestros pocos patriarcas y uno de los mejores artistas del país, reflexiona sobre la situación actual del Perú con la independencia y la autoridad moral que han caracterizado su trayectoria vital. Nos habla sobre las luces y sombras del gobierno, el futuro de Ollanta Humala y de Nadine Heredia, el papel de la mayoría de sectores de oposición, reclama el que estemos perdiendo una gran oportunidad de desarrollo y, de una u otra manera, nos deja un fresco sobre el país, donde cualquier visión optimista tiene que condimentarse con las luces que debieran guiarnos y las tareas pendientes que debemos resolver para llegar a buen puerto. Luego de leer la entrevista uno percibe cómo la figura de Szyszlo continúa creciendo sobre la mediocridad política e intelectual del país.

Leer entrevista completa de El Comercio del 15 de setiembre de 2013

La Comisión de Transportes del Congreso, entre pocos gallos y muy de medianoche, acaba de aprobar el proyecto de Ley 25 2543/2012-PE que incrementa la discrecionalidad de Osiptel para establecer sanciones y divulgar información confidencial presumiendo mala fe de los operadores de los servicios de telecomunicaciones. Algunos congresistas piensan que son dueños de los ciudadanos y empresas del país, y legislan a su antojo, sin entender que actúan en nuestra representación y, por lo tanto, no deben sorprender a la hora de legislar. Toda norma, con la excepción de asuntos de emergencia nacional, debe ser discutida, pre-publicada y debe recoger el sentir nacional. No estamos en una dictadura, ni la de las duras, ni la de las blandas.

En un comunicado de AFIN a la opinión pública se establece que el mencionado proyecto de ley “contiene propuestas ilegales que vulneran el derecho al debido proceso y a la defensa del administrado”. En efecto, en uno de los artículos de la señalada iniciativa se incorpora una “situación de excepción” para que un supervisor de OSIPTEL “por la naturaleza de la acción de supervisión” no requiera identificarse. Es decir, una especie de inspector fantasma que tiene absoluta discrecionalidad para ejercer su labor de supervisión. Semejante medida parecería convertir a los operadores de servicios de telecomunicaciones en “virtuales enemigos” de los consumidores. ¿Acaso se estaría afilando la espada chavista contra las inversionistas en telecomunicaciones?

La discrecionalidad que se le otorga al “supervisor fantasma” vulnera el derecho al debido proceso que establece nuestra Constitución en el artículo 139, que están obligados a respetar los organismos reguladores, según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (Sentencia 2939-2004-AA/TC 13/01/2005).

Otra de las barbaridades del proyecto aprobado en la Comisión de Transportes tiene que ver con la propuesta de no elaborar actas de las acciones de supervisión si de por medio existen grabaciones furtivas en audio o video. Ante semejante medida, el operador del servicio se vería privado del derecho mínimo para oponerse a una eventual arbitrariedad durante el proceso de inspección.

Confirmando que los autores de este proyecto de ley consideran a los operadores de  telecomunicaciones como “enemigos” de los usuarios se propone incrementar las multas  por infracciones administrativas hasta en 10 veces, violando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, sin considerar el impacto negativo de la acumulación de sanciones en la calificación de los concesionarios.
Se pueden discutir muchas propuestas para mejorar las regulaciones de los operadores de servicios de telecomunicaciones, pero lo que no se entiende es la voluntad de legislar convirtiendo en perseguidos o víctimas a los inversionistas de este sector vital para el desarrollo.  El asunto se entendería si este proyecto hubiese nacido en la Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela, donde los legisladores oficialistas se devanan los sesos para encontrar las mejores medidas que ahuyenten a la inversión privada. Pero en el Perú, donde la inversión privada, les han permitido a los pobres, incorporarse a las redes de comunicación y el progreso, a costos declinantes y con opciones competitivas, es una verdadera aberración. En todo caso, los ciudadanos tenemos el derecho de exigir a nuestros congresistas que legislen con transparencia y debido proceso. ¡No más Normas Contra- Propósito! (Ver artículo Normas Contra-Propósito).

Ante la falta de interés de las ONG y ambientalistas sobre el daño ecológico causado por la minería ilegal en diversas zonas del país, se hace evidente, que su supuesta preocupación por los temas ambientales, concentradas únicamente en vinculación al sector formal de la economía, es falsa.

Hace mucho tiempo se viene reclamando a los ambientalistas algún tipo de pronunciamiento al respecto. La sociedad peruana debe advertirle a los ambientalistas que sus observaciones al sector formal ya no tienen ningún valor, lo cual hace evidente que estos grupos solo se dedican a estos temas como una forma de ganarse la vida, obtener prebendas y réditos políticos, y no a proteger el ambiente.

En el Perú existen zonas liberadas en las que imperan con total libertad actividades económicas ilícitas y de alta rentabilidad, como son el narcotráfico aliado al terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando armado del sur (ver artículo ¡No más complicidad con la minería ilegal!).

Para mantener estas zonas liberadas, se emplean todo tipo de argumentos y acciones de “protesta”. Se amparan en temas ambientales y sociales, movilizan a comunidades, ONG internacionales y grupos religiosos. Entre muchos casos, podemos mencionar dos ejemplos claros del mal proceder de las ONG: Tambogrande (Piura) e Inambari (Madre de Dios).

En el frustrado proyecto minero Manhattan en Tambogrande, se manipuló a distintos grupos de opinión -junto con extremistas anti mineros y ONG-, para oponerse al proyecto argumentando la defensa del limón y del mango. Expulsaron a la minera, para que luego, los mismos extremistas y supuestos ambientalistas, se dedicaran a la minería ilegal, causando daños inmensos daños al ambiente, sin ninguna regulación y control. Este desastre ecológico no ha merecido ningún pronunciamiento por parte de los supuestos defensores del ambiente. En el proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, se invocó el tema ambiental y, sin embargo, una vez que el proyecto fue abandonado, la zona fue ocupada por mineros ilegales y plantaciones de hoja de coca sin que se haya escuchado ninguna protesta por parte de los supuestos defensores del medio ambiente.

El problema de la minería ilegal es muy grave. Se han deforestado 120,000 hectáreas a nivel nacional. En Madre de Dios la deforestación llega a 40,000 hectáreas, y se utilizan las peores prácticas de producción, explotación de menores, trata de blancas y todas las lacras sociales inimaginables. El movimiento económico generado es además una gran fuente de corrupción. ¿Dónde están las ONG ambientalistas?

Necesitamos instituciones que se preocupen legítimamente por el tema ambiental. Como se ve, nuestro crecimiento y desarrollo que sorprenden al mundo, no solo están amenazados por la creciente crisis política que vive el país, donde las luchas políticas ocupan a gobierno y oposición, en vez de encontrar los  caminos comunes para enfrentar los flagelos del  narcotráfico, terrorismo, tala ilegal, minería ilegal, contrabando armado y los extremismos que buscan quebrar el estado de derecho, la presencia de la autoridad y de las empresas como agentes de la formalidad. En estos temas nos estamos jugando una responsabilidad histórica ante el devenir de la nación y todos debemos estar a la altura las circunstancias.

¡Basta ya de la doble moral de las ONG!

El TLC con Estados Unidos ha permitido que centenares de nuevos exportadores peruanos ingresen al mercado estadounidense con una diversa gama de productos, afirma David Scott, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston en entrevista concedida a El Comercio.

En el siguiente enlace podrá acceder a la entrevista completa “El Perú ha diversificado sus envíos a EE.UU.”