En una reciente declaración realizada durante su visita a Lambayeque, el presidente Ollanta Humala enfatizó la importancia de la política social para el gobierno y señaló que el crecimiento económico no era lo más importante. Esto resulta preocupante, pues declaraciones como esta dan da pie a que se descuiden las políticas que promuevenel crecimiento o peor aún, que se lleven a cabo políticas erradas que terminen por desalentarlo.

Más aún, si el gobierno hace énfasis en el desarrollo social, resulta de vital importancia no descuidar el crecimiento de la economía.El crecimiento económico es esencial para la reducción de la pobreza. Después de décadas de proteccionismo y atraso, la liberalización de la economía, que permitió el aumento de la inversión privada, redujo significativamente la pobreza y la desigualdad. Entre los años 2002 y 2010 la pobreza cayó en el Perú en alrededor de 23 puntos porcentuales y hay estudios que muestran que el crecimiento económico explica el 75% de la reducción de la desigualdad económica.

Imagine usted que para saciar el hambre visita su pizzería favorita y comparte con un amigo una pizza chica. Seguramente disfrutará la comida, pero es poco probable que salga con el estómago lleno. Imagine, por el contrario, que su amigo y usted piden una pizza tamaño familiar.Sin importar cómo la distribuyan, en la mayoría de casos ambos saldrán más que satisfechos. La razón es obvia: mientras más grande sea la pizza mayor será el tamaño de la tajada. Ver artículo: Del cuero salen las correas.

Del mismo modo, una economía más grande y robusta lleva a una mejor situación para los ciudadanos. Con crecimiento económico hay una economía más grande que, a la larga, termina beneficiando a todos. Incluso en presencia de un crecimiento desigual, que requiera llevar a cabo inversiones que permitan sacar provechoa los menos favorecidos, una economía más grande significa que habrá más recursos para llevar a cabo estas políticas. En otras palabras, con crecimiento económico hay más pizza para repartir.

Ahora comparemos brevemente al Perú con Brasil. Nuestro país, a pesar de tener un menor nivel de gasto social como porcentaje del PBI, ha logrado reducir la pobreza mucho más rápido que nuestro vecino, cuya relación entre gasto social y PBI es mucho más alta. Para muestra un botón: entre 1999 y 2009 Brasil ha tenido un gasto social equivalente al 23% de su PBI y ha reducido la pobreza extrema, definida como la población que vive con menos de un dólar por día por persona, de 5.7% a 3.6%; mientras que el Perú, con un gasto promedio de 9.3% del producto ha reducido la pobreza extrema de 6.2% a 1.6%. Esto es una reducción de la pobreza muchísimo más grande que la de Brasil y con solo una fracción de la inversión. No dejen de releer: Luces y sombras de la visita de Lula al Perú.

A pesar del mayor gasto social de Brasil con respecto al Perú, nuestros resultados en reducción de pobreza son largamente superiores. En contra de lo aseverado por Lula, lo que está detrás de esto es que el Perú ha crecido más de 6% anual promedio, mientras que Brasil no llega al 4%.

Por lo anterior, resulta primordial que el gobierno no deje de alentar la inversión privada y generar confianza, pues solo así podremos mantener el ritmo de crecimiento económico de los últimos años y cumplir con la agenda pendiente en educación, salud e infraestructuras. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el año pasado la inversión representó el 26.7% del PBI y la inversión privada 21.5%, todo un record.El reciente reconocimiento al país por el cumplimiento anticipado de los ODM (Objetivos del Milenio) debería ser un llamado a seguir creciendo. 

El politólogo norteamericano Steven Levitsky (SL), en su última columna, enfatiza que la caída de la aprobación presidencial se debería a la “ultra ortodoxia económica”. Según SL, el Perú se ha convertido en una de las democracias “más tacañas del mundo” por haber obtenido la nota más alta de América del Sur en la evaluación sobre gasto público del Índice de Libertad Económica elaborado por la Heritage Foundation. El artículo de Levitsky contiene varias inexactitudes y errores de razonamiento que vale la pena aclarar.

Una de las perlas de SL es su afirmación de que el gasto público debería ser el resultado de un “tira y afloja” entre políticos (que buscan reelegirse) y tecnócratas. Esta nefasta receta se encuentra en las antípodas de la elaboración óptima del presupuesto público, que se debería diseñar con una metodología transparente que permita hacerlo predecible, incorporando criterios de optimización inter-temporal. Como académico, Levitsky debería entender que los tecnócratas no basan sus decisiones en convicciones románticas o ideológicas, sino en conocimiento especializado respaldado por investigación y evidencia empírica. Por ello, a diferencia del político promedio -cuyos incentivos están centrados en su reelección de corto plazo-, el tecnócrata, que no participa en elecciones populares, debe buscar maximizar el bienestar social de forma sostenible. SL manipula el papel de estos actores al asociarlos maliciosamente con una “menor protección social” para los peruanos. Nada más falso e insidioso.

Por otro lado, si bien es cierto que el gasto social en el Perú como porcentaje del PBI es más bajo que en países como Chile y Brasil, muchas investigaciones han encontrado la importante orientación pro-pobre, pro-clase media y pro-descentralizadora que ha cumplido el crecimiento económico experimentado por el Perú en los últimos 15 años (ver el siguiente documento del BCRP). Es remarcable que la experiencia peruana, además, constituya un fenómeno virtuoso, diferente a los típicos procesos de crecimiento que agudizan la desigualdad en el corto plazo, al haber creado una clase media emergente y haber incrementado los recursos destinados a los gobiernos locales y regionales, acentuando la descentralización.

La reducción de la pobreza en el Perú ha sido generada fundamentalmente por el crecimiento económico, pasando de 58.7% en el 2004 a 25.8% en el 2012, según el INEI. Complementariamente, el gasto social básico -definido por el Consenso de Oslo como los gastos en educación básica, salud básica, alimentación y nutrición, y agua y saneamiento, entre otros- creció 173% en el mismo periodo, y el gasto social complementario (que incluye educación secundaria, educación superior, infraestructura social y productiva, electrificación rural, carreteras rurales, etc.) se incrementó en 125% en el mismo periodo. En la actualidad, el presupuesto público es el doble del aprobado en el año 2006 y el 56% del mismo se concentra en sectores sociales y productivos, como Educación, Salud, Protección Social, entre otros. Solo lo social alcanza el 38%, con un crecimiento de 21,6% con relación al año anterior. 

Para sustentar su falacia, SL usa cifras del año 2009, argumentando que la democracia peruana es “tacaña”. Esto es falso, ya que el indicador de la Heritage no analiza la composición sectorial del gasto, sino el manejo prudencial de la política fiscal que busca asegurar la robustez macroeconómica, la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas, aspectos en los que el Perú tiene una fortaleza reconocida a nivel internacional.

SL también comete el “error” de inferir que la legitimidad democrática se construye a partir de la expansión del gasto social, ya que el aumento o la disminución de la participación del gasto social con respecto al presupuesto total o con respecto al crecimiento del PBI, no es condición suficiente para hacer afirmaciones sobre su efecto redistributivo y sobre el bienestar de la población. Cabe señalar que un estudio (Yamada, Castro y Bacigalupo, 2012) encuentra que los programas asistencialistas como JUNTOS solo explican un cuarto de la reducción de la desigualdad, mientras que las fuerzas del mercado y el crecimiento económico han sido los motores del 75% de la mejora en la distribución del ingreso y el consumo. En este sentido, parece ser que la caída de la aprobación presidencial no radicaría en la “ultra ortodoxia” o en el Estado “tacaño”, sino en la pérdida de confianza alimentada desde el Ejecutivo. 

En la siguiente entrevista, Felipe Ortiz de Zevallos, una de nuestras reservas intelectuales y morales, fundador del Grupo Apoyo, ex Rector de la Universidad del Pacífico y ex Embajador del Perú en Washington, señala que el Perú está recuperando el tiempo perdido, está enrumbado hacia el desarrollo y el bienestar; sin embargo subraya que “la política, lamentablemente, se ha venido desenvolviendo por carriles poco vinculados a la economía y a la sociedad”.  

¿Cuál es su balance de los últimos 15 años, en lo económico y en lo social?

En los últimos lustros, el Perú ha logrado un notable crecimiento productivo basado en una economía estable y abierta, términos de intercambio comercial favorables y un mayor ahorro interno; todo lo cual ha generado un aumento bastante significativo de los ingresos, de la inversión privada, nacional y extranjera, así como una multiplicación y diversificación de las exportaciones. Entre 2002 y 2012, hemos crecido a 6.8% en promedio anual, cuando Chile y Colombia, por ejemplo, lo hicieron a 4.9% y 4.7% anual. Respecto de nuestros vecinos de la Alianza del Pacífico, que hace 40 años mostraban un desarrollo similar al nuestro, pero que nos dejaron atrás en los años 70’s y 80’s del siglo pasado, hemos logrado un esperanzador proceso de “catching-up”. En la actualidad, el sistema financiero peruano se caracteriza por una adecuada solvencia y los fondos de pensiones contribuyen con una oferta de capitales a largo plazo. Las principales empresas nacionales ya se proyectan más allá del mercado nacional. Se prevé un futuro relativamente cercano en el cual el PBI del Perú volverá a ser superior al de Chile. Y en la contraparte social, nos estamos beneficiando de unas pocas décadas de bono demográfico, en las cuales los peruanos en edad de trabajar representan, comparativamente, una mayor participación de la población total que en otras épocas. Ello, así como la actitud emprendedora de buena parte de la población, han contribuido a un crecimiento muy dinámico de la clase media y a una disminución significativa de la pobreza, especialmente de la extrema.  

¿Por qué nuestros líderes políticos no asumen esa realidad y más bien basan su accionar en la negación de ese balance, empezando por el propio Presidente de la República?

La política, lamentablemente, se ha venido desenvolviendo por carriles poco vinculados a la economía y a la sociedad. Y es más pasadista que futurista. Seguimos teniendo  fuertes rezagos de una cultura mental patrimonialista, de una visión del “Estado-como-botín”, y cargamos una pesada mochila de paradigmas obsoletos. Los partidos políticos no se han adecuado a los cambios. Si en la economía ya nos estamos acercando a Chile y Colombia, en la política nos encontramos estancados, si no retrocediendo. La calidad de nuestra democracia es bastante mala. Y la institucionalidad es muy frágil. Hay poca reciprocidad, transparencia y “accountability”. En el mundo de las ideas, existe mucha confusión y poca tolerancia. La descentralización es un proceso atolondrado y poco equilibrado en lo administrativo, lo que nos puede pasar la factura en el tiempo, como sucede hoy en España. Un indicador relevante, se han comprado 820 kits para las elecciones regionales del año entrante. Para 25 regiones, ello equivale a más de 30 listas potenciales de candidatos por región. ¿Cómo puede un ciudadano escoger bien entre 30 candidatos a un cargo electo? ¿Qué representatividad termina teniendo alguien que puede ganar una elección con, digamos, el 20% de los votos? Nuestra economía es una que ha permitido el crecimiento y el progreso; pero nuestro sistema político no nos permite avanzar aún en el ideal de conformar una verdadera república de ciudadanos.   

¿Qué habría que hacer para que nuestros ciudadanos tomen conciencia de los principales indicadores de la realidad nacional?

Se requiere de una significativa campaña de información y educación. También de  la difusión de indicadores de desempeño, para compararlos internamente entre las diversas regiones y provincias, así como con los correspondientes de México, Chile y Colombia, países con los que conformamos la Alianza del Pacífico. Un dato, por ejemplo, la población promedio de una municipalidad en México, Colombia y Chile supera los 40,000 habitantes. En el Perú, en cambio, es inferior a 20,000. ¿Qué reflexión podríamos sacar de eso? Otro aspecto, México, Chile y Colombia tienen todos Senado; el Perú, no. Indicadores y comparaciones como éstos deben ser divulgados, entendidos, analizados y evaluados para promover una mayor conciencia y cultura política.

¿Cuál cree que sea el balance para los ciudadanos?

Todo ciudadano desarrolla un sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde interactúa socialmente, con responsabilidad, derechos y obligaciones. En el mundo globalizado actual, eso se da a diferentes escalas: comunidad local, Estado nacional, regiones internacionales ampliadas y el planeta como conjunto. A sus ciudadanos de hoy, el Perú les ofrece una economía en la cual pueden potencialmente desarrollarse, una sociedad emergente lleno de desafíos, pero un aparato estatal todavía empírico, un marco institucional aún endeble y frágil y, finalmente, un sistema político que podría colapsar si no se instrumentan pronto importantes reformas. 

Mucha razón tiene el Presidente Ollanta Humala cuando dice que el país necesita recursos fiscales para afrontar la agenda del desarrollo. En su último mensaje a la Nación nos dijo “Tener una presencia efectiva del Estado en todos los confines de nuestra Patria demanda la generación de ingresos tributarios permanentes”.

Efectivamente, el Perú necesita contar con muchos recursos fiscales para cerrar las brechas económicas y sociales acumuladas durante las décadas perdidas de los años 60, 70 y 80. Estas brechas se expresan en temas vitales para el bienestar de nuestra sociedad, como educación, salud, infraestructuras, ciencia y tecnología y pobreza propiamente dicha. Seguramente, nuestros requerimientos superan los 200,000 millones de dólares.

Ahora bien, ¿de dónde sacamos los recursos para afronta tremenda agenda? El Presidente parece entender que la fuente de estos recursos es el aumento de la presión tributaria. Nos dijo que en los últimos años, esta había crecido de 13% del PBI al actual 16%, con un incremento de 1% durante el último año. Dos observaciones, primero, los recursos que el Estado obtiene del sector privado no equivalen al 16% del PBI, sino al 21.6%, pues hay que incluir el integro de la recaudación, considerando el canon, regalías y tributos locales, como lo hace el BCR en su indicador de “Presión Fiscal del Gobierno General”. (Ver nuestro artículo sobre el tema Entendiendo la estructura tributaria).

En segundo lugar, el aumento de la presión tributaria o presión fiscal, es paulatino y, solo alcanza niveles relativamente menores, quien sabe si 1 o 2% por año, hasta un límite que no podría, ni debería ser mucho mayor.

Entonces, ¿de dónde sacamos los recursos que necesitamos? Pues, del crecimiento de la economía.

En esencia, un 7% de crecimiento económico es un 7% de aumento de los recursos fiscales. Si crecemos 7% por 10 años, duplicamos los recursos fiscales. Así es como lo hemos estado haciendo y hemos pasado de un Estado mendigante, a uno con más recursos de los que hemos podido manejar adecuadamente. Por ejemplo, en el cuadro de más arriba podemos ver cómo, entre el 2008 y el 2012, la presión fiscal aumentó solo en 1.8%, mientras los recursos fiscales lo hicieron en 44.3%.

Sí, Señor Presidente, la fuente de los recursos que necesitamos está en el crecimiento económico, pues más allá de permitirnos una acción ambiciosa del Estado, permite la eliminación de la pobreza, la generación de empleo digno, y el bienestar general desde las actividades productivas y no solo desde los paliativos del asistencialismo.

El crecimiento económico es el medio más importante para salir de la pobreza y le toca a usted explicarlo a todos los ciudadanos.