En la siguiente entrevista, Pawan Munjal, uno de los hombres más in?uyentes de la industria asiática, confía en el Perú como un mercado para impulsar su negocio en la región. Desde el 2001, Hero Moto Corp es la mayor fabricante de motocicletas del mundo y se distribuirán en el país a través de Moto Corp, empresa del  grupo EFE. En el primer año se espera vender entre 10 mil y 12 mil unidades. La entrevista fue realizada por Julio Escalante. 

—Hasta hoy su presencia no ha sido masiva en el extranjero. ¿Cuáles son los objetivos que espera alcanzar los próximos años en el mercado internacional?

Por nuestra alianza con Honda nos enfocamos en ser la empresa más grande de motos en la India. Una vez que esa alianza terminó, en el 2011, tomamos la decisión de salir por nuestra cuenta. La meta es vender  solo a los mercados internacionales en los próximos años un millón de unidades. Centroamérica y Sudamérica tienen mercados bastante sólidos como Perú, Chile, Colombia. Estamos sondeando cuáles otros pueden dar una posibilidad y si hay buenos distribuidores.

—Está en sus planes abrir una planta en Colombia. ¿Qué otros países de la región ofrecen las condiciones para tener una planta de ensamblaje?

Una de las condiciones de Colombia es que al menos el 18% de las partes de las motos tiene que ser fabricado localmente. Esa es una razón por la que estamos allí. Esa planta funcionará desde el 2014. Quizá también vayamos a Brasil y Argentina por el tamaño de sus mercados y porque hay políticas para la fabricación local y la distribución. 

— ¿Qué tipo de motos venderán en el Perú? ¿Apuntan a un segmento de menores precios?

Para comenzar están ingresando siete modelos al mercado peruano entre motos y scooters. Están pensados para todos los segmentos sociales y para todo tipo de usos, para movilidad o trabajo. Aunque en este grupo sí hay un modelo que está dirigido a un segmento más alto.

— ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de un tratado de libre comercio entre el Perú y la India?

No sé cómo van las relaciones entre ambos países, pero de?nitivamente la India ha estado ?rmando a un paso acelerado acuerdos con otros países y sería interesante hacerlo con Perú. Por años, la India ha dependido de su mercado interno y no ha pensado en la exportación. Pero recientemente las empresas están saliendo, el Gobierno está ?rmando acuerdos con otros países y eso marcha bien.

— ¿Cuál es el impacto que tiene el estancamiento de la economía global en el negocio de Hero?

La economía de otros países como China o la Unión Europea no ha afectado a la marca porque no estábamos exportando mucho. Es cierto que la economía se ha puesto más lenta, pero por esa razón tenemos que estar más cautelosos sobre a qué país entramos y en qué momento.

— ¿Cómo funciona la innovación dentro de la empresa?

Yo estoy al frente de la innovación. Mucha de la innovación de los productos Hero dependían de Japón, pero una vez que nos separamos de Honda nos comprometimos a seguir la misma ruta, pero siendo amigables con el medio ambiente. En setiembre abriremos un centro de innovación y tecnología en la ciudad de Jaipur. Funciona con paneles solares, hay ahorro de agua y se cultivan plantas. No es la fábrica común y corriente. El edi?cio principal parece un gran árbol.

Publicado por El Comercio, 23 de agosto del 2013

En la publicación de la Otra Mirada N° 25 de junio del 2013, presidida por el ex premier Salomón Lerner Ghitis, promotor de Ciudadanos por el Cambio y el recientemente lanzado FRENAIZ, se plantea una supuesta disyuntiva para nuestra  política exterior: la definición por Unasur o por la Alianza del Pacífico, proponiendo que optemos por los muchachos del barrio, así sean unos malandrines y no sepan crear riqueza. (Ver Desarrollo o juego político).

Sin embargo, ya que hablamos de miradas, una primera nos indica que se trata de dos organizaciones de naturaleza distinta. Unasur es una confluencia política de países promovida por el “eje bolivariano”y sus padrinos, Cuba y Brasil, que busca “distanciarse” de la influencia de Estados Unidos en la región, devaluando a la OEA y todos sus instrumentos, como la Carta Democrática, dejada de lado para las recientes elecciones venezolanas.

La Alianza del Pacífico, por el contrario, es un proceso de integración comercial que agrupa a México, Colombia, Chile y Perú, los países con las economías más abiertas en América Latina y que cuentan con tratados comerciales con todos los grandes mercados del planeta (Estados Unidos, Europa, China y países asiáticos) y que mantienen políticas económicas que promueven el mercado y la inversión privada. ¿Cuál sería entonces la encrucijada para la política exterior peruana?

En realidad, de lo que se trata, esde acabar con el modelo económico de mercado que en el Perú nos ha permitido reducir la pobreza y la desigualdad a un ritmo sin precedentes, para, en cambio, implementar las políticas proteccionistas de los países del Alba y el Mercosur. Estos últimos acuerdos han terminado enfocándose en construir barreras comunes para “defender” a sus miembros de la supuesta voracidad de los países más desarrollados.

Como ya hemos informado en el artículo Alianza del Pacífico: dirección correcta, esta alianza pretende potenciar las capacidades de sus miembros en su relación con el mundo global. El éxito de este bloque es tan evidente que otras naciones han mostrado interés en participar como observadores (Canadá, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá, Portugal, Uruguay, Australia, Japón, Nueva Zelanda y República Dominicana). Costa Rica ya ha sido aceptada como miembro pleno y Guatemala y Panamá han anunciado también su interés en incorporarse. ¿Cómo se entendería entonces la eventual idea de salirse de la Alianza del Pacífico? ¡Suena a locura!

Peor aún cuando el Mercosur se tambalea y empieza a hundirse, la Otra Mirada nos proponer cambiar de rumbo. Recordemos que el vicepresidente de Uruguay (parte del Mercosur), Danilo Astori, manifestó días atrás que “al mercado común nunca llegamos; la unión aduanera está destrozada y la zona de libre comercio no funciona porque no hay libre tránsito de bienes ni de servicios”. Asimismo, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) solicitó la necesidad de liberar a Brasil del “chaleco de fuerza” del Mercosur. En el mismo sentido, la Confederación Nacional de Industrias de Brasil ha pedido “entrar totalmente en el juego mundial de buscar nuevas sociedades en el comercio mundial” y citó, como ejemplo, a la Alianza del Pacífico.

El presidente del Consejo de Comercio Exterior de la Federación de Empresarios de San Pablo (Fiesp), Rubens Barbosa, acusó al gobierno argentino de herir de muerte al Mercosur y sostuvo que el bloque dejó de lado lo comercial para ser un instrumento de política regional. Según el empresario “el Mercosur hoy, como instrumento de política comercial terminó, no vale nada para la apertura de comercio, ahora se transformó en un foro político”.

Hay pues que saber entender el porqué de la propuesta de la Otra Mirada, que el Perú abandone un bloque comercial exitoso y que se case con otro más bien político, que se empobrece y consume por el proteccionismo y orientación anti globalización (anti histórica) de sus miembros. Esta es otra maniobra edulcorada de la izquierda regresiva peruana, que no atina a salir de las trampas ideológicas que la anclan al mundo de la guerra fría.

La Otra Mirada nos quiere llevar al “Club de Pobres” latinoamericano, a militar con los países que privilegian la política antes que el desarrollo, a seguir el juego del tradicional realismo mágico. En cambio la Alianza del Pacífico nos permiteacceder amayores inversiones y comercio, posibilita que nuestros trabajadores compartan parte de la riqueza de los ciudadanos de esos países. El comercio con los países más prósperos es como si se instalara un sifón, que después del envío de nuestros productos y servicios, trae parte de su riqueza. Los peruanos ya elegimos, los resultados son buenos, ¡que tanto ruido, si el suelo está parejo!

A la potencial y anacrónica compra de los activos de Repsol se le ha sumado otro hecho que, si bien ha tenido menor notoriedad, no es menos preocupante. Se trata de la transferencia de competencias para la administración de los puertos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), dependiente del Ministerio de Defensa.

Son varios los frentes por los que esta transferencia genera preocupaciones. Para empezar (siguiendo con el derrotero que marcaría la expansión de las actividades de Petro-Perú), el Gobierno ha decidido ignorar que se encuentra subordinado al Congreso y a la Constitución. El decreto legislativo mediante el cual se realizó la mencionada transferencia de competencias se emitió en virtud de una delegación de facultades realizada por el Parlamento. Este último, no obstante, circunscribió la misma a la reforma del sector Defensa. Por eso, cuando el Gobierno entró a regular la gestión de servicios comerciales portuarios y la administración del transporte comercial marítimo, fue más allá de lo que estableció el Congreso y violó además la repartición de poderes establecida por la Constitución.

La inconstitucionalidad del mencionado decreto legislativo, sin embargo, no termina en el hecho de que el Ejecutivo tome las órdenes del Parlamento como una mera sugerencia. Además, a través de esta norma, el Ejecutivo creó una oficina de inspecciones y auditorías para brindar, en exclusividad, servicios de inspección y auditoría respecto de estándares de seguridad y contaminación de las embarcaciones. Esta oficina cobrará por evaluaciones que tranquilamente podrían realizar empresas privadas y, así, violará el artículo de la Constitución que señala que el Estado no puede poner una empresa para realizar actividades que puedan hacer los privados.

El Gobierno, no obstante, no solo decidió mantener su costumbre de ignorar este último artículo constitucional. Además, le entregó el monopolio legal de dichas actividades a la mencionada nueva oficina y le otorgó a Dicapi la facultad de crear tributos para financiarse, todo lo cual también se encuentra prohibido por la Carta Magna.

Lamentablemente, que al Ejecutivo no le interese lo que establece la Constitución y el Congreso no es la única mala noticia. Esta reasignación de funciones, además, no tiene un sentido práctico porque se le han quitado atribuciones a la entidad especializada (la APN) para entregársela a otra que tiene personal capacitado para administrar temas de seguridad mas no comerciales (Dicapi). Como han señalado varios especialistas, que la Marina se encargue de los aspectos comerciales de los puertos tiene tanto sentido como asignarle a la Fuerza Aérea la administración de la aviación comercial o al Ejército la regulación del tránsito terrestre.

La mejor prueba del retroceso que supone trasladar las facultades de la APN a Dicapi son los números. Según Cómex-Perú, hace siete años, cuando la Marina se encargaba de los procesos de recepción, despacho, zarpe y arribo, las tasas que pagaban las embarcaciones ascendían en total a S/.26 millones. Hoy, en cambio, a pesar de que el tráfico naviero es mayor, la APN cobra en total solo S/.13 millones, permitiendo una reducción de costos que beneficia a los consumidores finales de los productos.

Por otro lado, el mencionado decreto legislativo establece que ahora se necesitará el visto bueno de la Marina para concesionar los puertos. Esto (además de ser una barrera adicional e innecesaria para el desarrollo de infraestructura portuaria) preocupa porque, según la congresista Luciana León, en el pasado Dicapi se opuso a la concesión del Muelle Norte, lo que es un indicio de la falta de interés de la Marina por la inversión privada. Estando en el puesto 111 de 144 países en calidad de infraestructura portuaria, según el Índice de Competitividad Global 2012-2013, no se llega a entender por qué ponerle más trabas al desarrollo de nuestros puertos.

En suma, por donde se le vea, debe preocuparnos la militarización de los puertos. No solo por todos los errores que ella implica, sino también porque parece que meter al Estado donde la Constitución se lo prohíbe se ha convertido en una política de este gobierno.

Tomado de El Comercio, 30 de abril, 2013

El Decreto Legislativo 1147 del Ministerio de Defensa representa un retroceso institucional que afectará severamente la competitividad de los puertos peruanos, debilitando nuestro comercio exterior, que después de su apertura y desregulación, ha sido una de los grandes pilares de la recuperación de la economía peruana. No se puede entender qué tipo de razonamiento puede justificar la militarización de los puertos.

La promulgación del decreto que transfiere las competencias sobre la administración de puertos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la Dirección General de Capitanía (DICAPI) de la Marina de Guerra, ha desatado un intenso debate nacional y ha generado una crisis dentro del propio Consejo de Ministros. Esta semana el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martinot, apoyó los argumentos de los empresarios contra el polémico decreto y se distanció de los titulares de Defensa y de Transportes, que han defendido dicha norma contra viento y marea.

Silva Martinot informó que hizo llegar su malestar a los sectores de Defensa y Transporte y señaló “que los empresarios no están desinformados en sus protestas por la transferencia de facultades de la administración de puertos a la DICAPI”. Como se ve, un claro respaldo las inquietudes empresariales.

El asunto no es un simple detalle que se puede ignorar, algunos han llegado a preguntarse: ¿Y si mañana pasan Corpac a la FAP y los peajes al Ejército? Por otro lado, Juan Jiménez, presidente del Consejo de Ministros, acaba de confirmar la intención del gobierno de comprar los activos de Repsol, ¿se perfila nuevamente el Estado empresario? ¿Es descabellado sospechar que alguien está pensando en unas fuerzas armadas empresarias?

En todo caso, aquí les presentamos los principales argumentos del porqué el Decreto Legislativo1147 atenta contra las inversiones en los puertos:

• Transfiere la gestión portuaria a la Dicapi incluyendo el transporte marítimo y servicios portuarios, e inclusive, la promoción de la inversión privada en infraestructuras portuarias.
• Los procesos de inversión portuaria serán aprobados por la DICAPI y no por el Ministerio de Transportes.
• El Mincetur y las demás entidades del estado, desarrollan la Ventanilla Única de Comercio Exterior. En este proceso participaba la APN. Ahora DICAPI pretende crear su propia Ventanilla portuaria.
• Se habilita a la DICAPI crear tasas para el financiamiento de su gestión. No hay autorización del Congreso para crear nuevos tributos (la tasa es un tributo).
• Se derogan competencias establecidas en la ley orgánica de Regiones, que determina que el manejo de los puertos depende de los gobiernos regionales.

Si la DICAPI hubiese estado a cargo de la administración de los puertos, tal como lo ha sostenido la congresista Luciana León, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, no se habría concesionado el muelle norte, porque esta institución se opuso a la concesión. Mire por donde se mire este decreto legislativo es un durísimo golpe a la solución de la agenda pendiente que tenemos en infraestructuras. No solo el Ministerio de Defensa se encargaría de promover inversiones privadas sino que los trámites y sobre regulaciones en los puertos nos restarían competitividad. Por todas estas consideraciones, el Congreso tiene que tomar el rábano por las hojas y derogar este negativo decreto legislativo.

Se está empezando a legislar con sorpresa, incluso en temas que tienen un gran impacto en temas sensibles para el conjunto de la economía nacional. Es importante insistir en la necesidad de que el gobierno, ejecutivo y legislativo pre publiquen las normas que planean crear, para que puedan ser debatidas y mejoradas en el conjunto de la sociedad.