Preocupante realidad. El estudio ‘Proyectos y Prospectos Mineros en el Perú, 2013-2016’ revela que para el año 2016 se habían estimado 27 proyectos mineros que representaban un total de US$ 30 mil millones, pero debido a la conflictividad social, estos se han reducido a 17 proyectos, que representan US$22,583 millones, casi US$ 8 mil millones menos que lo planificado.

Magali Arellano Delgado, gerente de investigación y proyectos de Perú Top Publications  encargado de este estudio–, refirió que la paralización de estos proyectos no permite el crecimiento de la inversión minera, aunque aseguró que de todos modos ya hay 54 planificados hacia el 2020.

Explicó que Perú cuenta con una cartera de 54 proyectos mineros que demandarán una inversión ascendente a US$ 56,543 millones para el periodo 2013-2020, de los cuales unos US$8,065 millones (14.28%) son inversiones para llevar a cabo ampliaciones; US$ 20,064 millones (35.52%) para proyectos con EIA aprobados; US$1,630 millones (2.89%) con EIA presentados y US$ 26,730 millones (47.32%) para proyectos en exploración.

Despidos masivos

La experta aseguró además que otro riesgo, más allá que el de la baja recaudación, es en el ámbito laboral, pues la detención de los proyectos mineros afecta a las empresas y, por lo tanto, estas dejan de contar con el capital humano, pues les significa una gran pérdida.

“Si se atrasan los proyectos habrá menos recaudación, menos dinamismo, menores compras a la industria nacional y otros sectores relacionados con la minería, se pueden dar despidos masivos de trabajadores que con sus ingresos y consumo son el motor de una economía regional”, contó a EXPRESO.

Arellano sostuvo asimismo que si se paraliza un proyecto se afecta la economía de nuestro país, por lo que el tema es llegar a un consenso interesante y poner en práctica modelos y principios de desarrollo sostenible para tener una buena relación con la comunidad.

Importantes divisas

La especialista recordó además que la minería es uno de los campos que genera mayores ingresos al país, por lo que tiene una gran implicancia en la economía nacional, la que se ve perjudicada con las paralizaciones.

“En el caso del empleo, por cada empleo en la industria minera se pueden crear nueve puestos en otras industrias como producto del eslabonamiento. De otro lado, las exportaciones mineras del año 2012 representaron el 56.8% (US$ 25,921 millones) en el total nacional, siendo uno de los principales generadores de divisas”, refirió Magali Arellano.

Contó además que la minería es sumamente importante en la recaudación de impuestos, pues por ejemplo en el año 2011 el impuesto a la renta minero fue de S/. 6,290 millones, y en 2012 fue de S/. 5,393 millones, retroceso que se generó debido a la caída de los precios de los commodities, el aumento de costos de producción, los efectos de la conflictividad social, entre otros.

(Publicado por Expreso, 17 de junio, 2013)

La noticia de que Cañariaco Cooper Perú había paralizado sus actividades causó una gran  alarma en el país. Felizmente la empresa aclaró que continuará operando y que las perforaciones se han detenido solo por el momento y esto no pasó de ser un susto,  pero el acoso a los proyectos mineros y la reducción de los precios de los commodities hacen temer que cualquier día tengamos una nueva paralización.

La lista de paralizaciones es desalentadora: Tambogrande ($450 millones), Tía María ($1,000 millones), Santa Ana ($330 millones), Conga ($4,500 millones de dólares), etc. En total, 22 emprendimientos por $24,000 millones, se han ido parando a punta de mentiras y de violencia (ver Stalinismo en Cajamarca, Tierra y Libertad conspira en Espinar) y Puno: prueba de fuego.

Doce proyectos que debieron iniciarse el 2012 tuvieron que postergarse debido el sabotaje disfrazado de “protesta social”, a los obstáculos burocráticos que ponen funcionarios temerosos de ser judicializados, a la consulta previa, y a la incapacidad del estado para remover esas trabas.

Otros cuatro proyectos que estaban programados para este año también fueron aplazados por los mismos motivos. Y la misma suerte han corrido seis proyectos más: Cuatro que debían comenzar el 2014 y dos el 2015. (Ver cuadro)

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, advirtió hace poco que entre este año y el próximo habrá una reducción de la inversión privada en US$ 2.800 millones y que varios proyectos mineros, especialmente los vinculados al cobre, están en riesgo de postergarse nuevamente. La SNMPE (Sociedad de Minería Petróleo y Energía) también ha señalado  que a lo mucho dichas inversiones llegarán a $8,500 millones, lejos de los $10,000 millones que ofreció el gobierno.

Se equivoca quien cree que esta situación perjudica solo a las empresas. Los primeros perjudicados son los pobres: 6,800 trabajadores de las empresas comunales proveedoras de Conga se han quedado sin empleo, igual que otros 2,500 habitantes de las comunidades vecinas del proyecto Santa Ana en Puno, por citar solo dos ejemplos Además, gobiernos locales y regionales dejarán de recibir millones de soles que les permitirían mejorar los deficientes servicios e infraestructuras básicos que brindan a los ciudadanos. Puno, por ejemplo, dejará de recibir $25 millones por la paralización de Santa Ana (10% de sus ingresos por canon minero).

Lamentablemente, el gobierno se muestra temeroso ante la ofensiva antiminera, e incapaz de articular un discurso que ilustre a los peruanos sobre la importancia de aprovechar nuestros recursos naturales. En otras palabras falta liderazgo y comunicación.

Así es como nuestras autoridades han permitido una “gran parálisis” de uno de los motores más grandes de la economía. Estamos desperdiciando probablemente la mejor oportunidad histórica de crecimiento y superación de la pobreza, una oportunidad nunca antes vista para convertir nuestros ingentes recursos naturales en el combustible que continúe impulsando la consolidación del desarrollo económico y prosperidad iniciados durante los últimos quinquenios. (Ver Recursos naturales: bendición, no maldición)

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para que la Corte de San José obligue al Estado peruano a someter a consulta previa el proyecto minero Conga. Se alega que las Rondas Campesinas de Cajamarca son “pueblos originarios” (¿?). El propósito de la Coordinadora es que la eventual consulta recaiga sobre ellos mismos, los grupos antimineros.

La estrategia antiminera ante la CIDH no solo estaría centrada en el tema de Conga, sino que buscaría un paraguas jurídico internacional para su estrategia contra las inversiones extractivas. Un fallo internacional a favor de los antimineros abriría el camino para que otras organizaciones también sean reconocidas como “pueblos originarios”- sin serlo– con solo declarar que son indígenas y que practican algunas costumbres ancestrales.

El pedido (252-12-Perú), presentado por la CNDDHH, está suscrito por dirigentes de la Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC)  que, según la prensa cajamarquina, estarían ligados al Partido Comunista Patria Roja, al SUTEP y a otros grupos de extrema izquierda.

Para apoyar el pedido, la Coordinadora contrató al abogado español Bartolomé Clavero, ex miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas (ente asesor del Consejo Económico y Social de la ONU), quien viajó a Cajamarca, donde se reunió con los líderes antimineros. Tras su visita escribió un reporte que fue llevado por la Coordinadora a la CIDH como si fuese el  informe de una “misión internacional”.

En ese documento -titulado “A propósito del caso Conga”- Clavero sostiene que las rondas campesinas de Cajamarca deben ser consideradas “pueblos originarios”, porque los jefes ronderos declararon que son “herederos de los Caxamarcas, Coremarcas y Chachapoyas” y que conservan costumbres y prácticas de raíz indígena. Esto, a juicio del español, cumple los requisitos para que un pueblo sea reconocido como originario.

Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT, que fija dichos requisitos, no establece lo alegado por  Clavero, pues solo pueden ser considerados pueblos originarios aquellos que poseen una comprobada continuidad territorial e histórica, anterior a la colonia española, y que se hayan auto-identificado siempre como pueblos indígenas.

“Éste no es el caso de las rondas de Cajamarca, que nunca se habían proclamado originarios ni indígenas. Ellas representan solo una forma de organización, igual como las comunidades campesinas”, declaró a Lampadia una fuente del ministerio de Cultura.

La CIDH se iba a reunir el 18 de marzo pasado para ver este caso, pero no ha informado nada al respecto. La defensa del Perú está en manos de la Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia, que tampoco ha informado nada.

Como podemos ver, los enemigos del Perú pueden llegar a cualquier extremo, incluso al ridículo, en el cual suponemos no caerá la Corte.