Las reacciones al anunciado incremento de participación de Petroperú en la explotación de hidrocarburos no se hicieron esperar. De acuerdo con expertos en materia energética, la intervención de la petrolera estatal –de entre 25% y 49%– en los 36 nuevos lotes que se licitarán en noviembre, es un contrasentido.

Y es que el insuficiente patrimonio de la estatal imposibilita tanto la participación mayoritaria o minoritaria de esta, apuntó el economista y consultor energético Víctor Medina Calderón.

Teniendo en cuenta que tan solo perforar un pozo en la zona de selva cuesta alrededor de US$ 100 millones, y la exploración en alrededor de US$ 5 millones, ¿podría Petroperú, con un patrimonio que no llega a más de US$ 800 millones, participar en la inversión que se destinaría en los 36 nuevos lotes?

“Petroperú prácticamente está imposibilitada de hacer algún tipo de inversión”, dijo Medina al momento de indicar que al poco nivel de inversión se suma el riesgo que tendría que afrontar la empresa, ya que el orden de riesgo de las exploraciones de pozos petroleros es de un 60%.

Sin embargo la visión del cuestionado titular de Petroperú, Humberto Campodónico, es otra. Según el funcionario, la estatal “cuenta con la experiencia y capacidad técnica y profesional para realizar actividades de explotación, las cuales constituyen un paso fundamental para la integración vertical de la empresa; es decir, para la realización de actividades en todos los tramos de la cadena productiva de esta industria”.

“Petroperú no solo no tiene respaldo patrimonial, sino que su participación en la Bolsa de Valores es incipiente”, acotó Medina Calderón tras revelar que al interior de la empresa de bandera esto se sabe y el directorio, contrario a Campodónico, está decidido a no avalar ningún crédito para proyecto alguno, salvo en situaciones de emergencia como en caso de escasez de combustibles.

El experto en hidrocarburos agregó que las declaraciones de Rosa María Ortiz, presidenta de Perupetro –quien el martes sorprendió a propios y extraños al informar que la participación de Petroperú en la explotación de hidrocarburos en el país se incrementará–, obedecen a una campaña que ejecuta Campodónico por mantenerse en el cargo y crear en la ciudadanía la ilusión de un correcto manejo financiero de la empresa.

Para el abogado constitucionalista y presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Raúl Castro Stagnaro, la aventura empresarial que pretende Petroperú “es un contrasentido”, pues va en contra del rol subsidiario del Estado que delimita la Constitución.

“Estamos volviendo a transitar caminos que ya recorrimos y en los que no nos fue nada bien”, dijo Castro al momento de argumentar que no ve por qué el Estado quiere ser socio activo de actividades que requieren de alto grado de inversión y tecnología que no se tiene.

“El Estado peruano no es una compañía petrolera. Debe preocuparse más bien por cobrar sus rentas y especializarse en los temas que le competen”, apuntó el ex parlamentario al indicar que el Gobierno se debe enfocar en ejecutar bien las regalías que percibe y brindar trabajo eficiente, “pero no debería meterse a estas aventuras que terminan desanimando a los inversionistas”.

Factor de competencia

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ratificó lo dicho por la presidenta de Perupetro, Rosaria María Ortiz, de que las empresas que ganen la buena pro de los 36 nuevos lotes calificarán en base a tres variables: participación de Petroperú de entre 25% y 49%, monto de regalías y cantidad de inversión.

Sin embargo, los especialistas en temas energéticos coinciden en que el Estado debe apuntar solo a los factores de competencia relacionados con las regalías e impuestos, tal como se hizo hasta la última licitación de lotes para la explotación petrolera en 2010.

El dato

Perúpetro anunció ayer la próxima licitación de 36 lotes de exploración. En estas convocatorias, Petroperú tendrá una participación accionaria, entre el 25% hasta el 49% en cada lote licitado, con la empresa ganadora.

La última semana, el ministro de Transportes y Comunicación Carlos Paredes anunció que su cartera viene evaluando la posibilidad de que la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) participe en las próximas concesiones portuarias en condición de “socio minoritario” pero “sin voz ni voto” en las decisiones de directorio.

El antecedente más cercano de una intervención estatal, ocurrió en el 2009, cuando Enapu suscribió un convenio de “sociedad de participación” que no es más que un anexo en el contrato de concesión, con la trasnacional danesa APM Terminals, ganadora de la buena pro para la administración del Terminal Norte del Callao, en donde se estipula que la empresa estatal recibiría el 17.01% de las utilidades netas del negocio portuario, sin mayor esfuerzo.

Ahora se quiere ir más allá y se pretende ampliar su presencia en cada uno de los once puertos que faltan concesionar. “Ello sería contraproducente para los intereses nacionales”, sostuvo el presidente de la  Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), Gonzalo Prialé, quién señala que esta acción sería perjudicial para la imagen que brinda el Perú a los inversionistas extranjeros que tengan la intención de participar en futuras concesiones portuarias.

 “Lo que está haciendo el Estado con estas medidas arbitrarias es ahuyentar al empresariado, dado que ninguna empresa en su sano juicio va a querer tener como socio a una compañía estatal quebrada e ineficiente como Enapu que poco o nada puede aportar al negocio”, enfatizó.

Prialé sostiene que en los contratos público–privados, no está contemplada la figura de que una empresa estatal, así este tenga una mínima participación en el accionariado, reciba jugosas utilidades sin merecerlo, por lo que no ve con buenos ojos que el Gobierno comience a querer tener participación en empresas privadas.

Refirió que el aporte de Enapu en una concesión es casi nula y por el contrario crea un desconcierto en los inversionistas porque todavía quedan once puertos que seguirían por este camino.

Este caso no es reciente, según cifras preliminares de la empresa estatal colgadas en la web institucional, solo en el 2011 Enapu arrojó pérdidas superiores a los S/.117 millones, mostrando serian deficiencias administrativas en su trece puertos que administró por años, siendo los puertos de Chimbote e Ilo las que registraron pérdidas por más de S/. 2,000 millones

En cuanto a las intenciones del Estado de participar en las concesiones portuarias. Prialé manifiesta que la única intención es servirse de sus utilidades que percibirían por esta sociedad, para poder cubrir el pasivo pensionario que deja esta empresa quebrada.

El dato

En la actualidad de los 11 puertos que tiene a su cargo Enapu, nueve han sido catalogados como deficitarios.