1

Respuesta a los fiscales

Respuesta a los fiscales

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los fiscales Vela y Pérez han usado la amplia plataforma mediática de la que disponen para acusarme de que yo he pasado a los ataques personales contra ellos e incluso a difamarlos, y a demandar mi retiro del Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia.

No puedo entenderlo de otra forma que como una intolerancia a la crítica que desnuda la falla esencial de algunas de sus actuaciones, porque lo que yo he venido haciendo es atacar no a las personas sino a los argumentos que les han llevado a criminalizar los aportes de campaña y a pedir prisiones preventivas de tres años sin acusación y por hechos que no son delito, algo incompatible con una democracia y un estado de derecho.

Presumo que fui invitado a formar parte del mencionado Consejo Consultivo de JNJ debido al libro que publiqué el 2016 titulado “La Gran Reforma de la Justicia y la Seguridad”, editado por la editorial Planeta. Mi preocupación y mis investigaciones sobre la reforma del sistema judicial para alcanzar una institucionalidad de alto nivel en el país, vienen de mucho antes de que se desatara el proceso llamado anticorrupción que ha llevado a plantear las reformas que ahora se empiezan a aplicar. Y previamente, el 2011, Planeta me publicó el libro “La Promesa de la Democracia”, que concluye en una propuesta de reformas políticas, 8 años antes de que se empezaran a discutir y aprobar.

Lo que a mí me interesa, es una democracia y un estado de derecho que funcionen. Por eso, carece de verdad la acusación difamatoria de “falta de imparcialidad” o de tener “simpatías evidentes”, sugiriendo que esas simpatías son contrarias a la lucha contra la corrupción o que se identifican con algún partido, y que por eso no debería estar en el Consejo Consultivo.[1] Yo protesté cuando se les dio prisión preventiva sin acusación y por esos mismos hechos a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Lo mismo hice, y por más razones aún, porque ni siquiera había sido gobierno, cuando se hizo lo propio con Keiko Fujimori.

Mi posición no tiene color político. Tiene el color de la defensa de los derechos fundamentales y de las condiciones mínimas de existencia de una democracia. Como ha sostenido el propio Luis Pásara, un partido político no es ni puede ser considerado una organización criminal, y no hay democracia constitucional en el mundo en el que se precondene a prisión preventiva a políticos por tres años sin acusación. Es la violación absoluta no solo del derecho a la libertad sino a la presunción de inocencia, y lleva a la destrucción de la oposición política. 

Por eso, exijo a los fiscales que rectifiquen esa imputación.

La lucha anticorrupción terminará deslegitimándose si se convierte en patente de corso para atropellar derechos humanos, si deriva en justicia plebiscitaria o en arma de la venganza política –como advertía Max Hernández- o en instrumento de satisfacción de la demanda popular por víctimas sacrificiales. El principal resultado hasta ahora ha sido, efectivamente, la satisfacción de esa demanda y la demolición de partidos con cierto arraigo en un país sin partidos. Algunos sostienen que eso ha tenido un lado positivo como válvula de escape, pero esa es una posición cínica. El editor de América Latina de The Economist, Michael Reid, lo señalaba de alguna manera el sábado en El Comercio: “…no se puede vivir siempre de una agenda anticorrupción. Un intento de hacerlo traería el defecto de que la gente piense que todos los políticos son malos y corruptos; y no podría haber democracia en esas circunstancias”.

No se puede negar el impulso que el equipo especial le ha dado a la lucha anticorrupción, pero, como dice el propio Reid, “los fiscales han centrado su atención en los políticos más que en los empresarios”. Han desarrollado un trabajo muy prolijo –muy por encima del estándar nacional, hay que admitirlo- para demostrar formas de ocultamiento de donaciones que, sin embargo, siendo cuestionables y violatorias de la ley, no eran delito y siempre se han dado en la política peruana. Un gran esfuerzo, sí, pero para criminalizar la política.

Hay que acabar con la falta de transparencia en el financiamiento de la política, es verdad. Para eso están las leyes que se han aprobado, aunque se hayan ido al otro extremo. Pero la justicia tiene que ser independiente. No puede ser ejecutora del designio popular. Designio popular alimentado, por lo demás, por las propias investigaciones o por quienes casi todos los días filtran deliberadamente información sobre casos de disfraz de aportes como si fueran actos criminales, encendiendo la indignación popular.

Lo que parece cercano al delirio es la acusación que me hace Vela de haberlos difamado de manera encubierta en mi columna del viernes en El Comercio, insinuando que han recibido dinero de Odebrecht. Pero lo que yo escribí fue todo lo contrario, que esa versión era un mito al que había que ponerle coto. Cito textualmente: “…también se construye el mito de que los fiscales han sido comprados por Odebrecht, y ya han sido denunciados. Nada de esto es sano. Debe ponérsele coto”. Es decir, los defendí de la corriente de opinión que piensa que trabajan para Odebrecht. Los fiscales pueden estar equivocados en sus tesis penales y en forzar la figura del lavado de activos para criminalizar donaciones de campaña, desertificando la política peruana, pero no creo que sean deshonestos.

Sería bueno que Rafael Vela se rectifique también en esa acusación. Lampadia

[1] Por lo demás, el Consejo Consultivo es eso, consultivo, no resolutivo. No ve casos particulares ni nada que tenga que ver con la función jurisdiccional de los magistrados. Absuelve consultas de los consejeros sobre las políticas y planes de la institución, y formula comentarios o sugerencias. Y solo se reúne una vez cada dos meses, con suerte.




Fiscales para siempre

Fausto Salinas Lovón
Abogado
Para Lampadia

El activismo judicial y su patología el Populismo Judicial (ver en Lampadia), comienzan con los reiterados y populares pedidos de detención preliminar y detención preventiva solicitados por los fiscales Juárez Atoche, Pérez, Vela y otros como parte de sus acciones contra la corrupción pública.

Sin estos pedidos de parte de los fiscales, los jueces no hubieran podido resolver nada y estarían en el usual anonimato en que normalmente se mantienen, del cual sólo han salido por conceder las detenciones de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Alan García, PPK, Luis Nava y últimamente de Susana Villarán.

El activismo comienza entonces en la Fiscalía y en particular en el equipo Lava Jato, que ha resultado muy popular en ciertos sectores de la población y que ha llamado también la atención en el extranjero. Haberse convertido en el terror de la clase política debe ser la causa de esa popularidad. Sin embargo, estas luces de la labor persecutoria de estos fiscales se pueden apagar si no se corrigen algunos despropósitos y si ellos, como muchos sospechamos, saltan a la vida política en el plazo menos esperado.

El cruce del Rubicón

Los Fiscales tienen varias cosas que explicar al país:

1.- ¿Cual es la razón por la cual sólo ciertos sectores de la prensa tienen acceso a las informaciones privilegiadas y a las primicias de su actuación?

2.- ¿Por qué razón se tienen decenas de solicitudes de prisión preventiva y sólo un caso con acusación? ¿Sirve de algo tener detenidos preventivamente si no se tienen condenados?

3. ¿Cual es el criterio para determinar la oportunidad y el sujeto de los pedidos de detención preliminar y prisión preventiva?

4.- ¿Por qué razón si el Tribunal Constitucional estableció un criterio contrario a la prisión preventiva generalizada y sin motivación calificada, ellos la siguen solicitando sin contar con procesos iniciados, ni acusaciones, desoyendo el mandato del Tribunal Constitucional?

A mi modo de ver las cosas esto es posible porque los fiscales han cruzado una línea y están, a decir de Luigi Ferrajoli, generando “la sospecha de una instrumentalización política de la jurisdicción”.

Este jurista italiano, es el padre del garantismo penal y una autoridad del neo-constitucionalismo, ha sido juez y conoce mejor que nadie el conflicto entre justicia y política en la sociedad italiana, donde jueces y fiscales vienen investigando por décadas las distintas formas de deshonestidad y corrupción política. En su 9º regla acerca de la deontología jurídica aplicable a los magistrados (entiéndase en este caso fiscales), afirma “la novena y última regla deontológica consiste no solo, como es obvio, en no someter el juicio penal a fines políticos, sino también en no dar lugar siquiera a la más lejana sospecha de una instrumentalización política de la jurisdicción (…)”[i] como sucedió en el caso de tres fiscales italianos Ingroia, de Magistris y Di Pietro, los cuales luego de ser conocidos por sus investigaciones, dieron vida a una lista electoral encabezada por uno de ellos, promovida por el otro y con la contribución con el partido político personal del tercero de ellos. Para Ferrajoli, esta imagen perjudicial socava la credibilidad de la magistratura, además de las mismas investigaciones que han dado a conocer estos magistrados[ii].

El destino de los fiscales peruanos parece estar escrito. Tendrán que ser fiscales para siempre y hacer de su carrera en la magistratura un apostolado, al final del cual sus excesos sean entendidos como parte del fragor de sus acusaciones y de la pasión de sus persecuciones. Si dan el salto a la política que muchos sospechamos, alegando su derecho a la participación política o cualquier otra razón, nos habrán dado crédito a quienes creemos que ellos han cruzado la línea hace mucho tiempo. La historia dará su veredicto. Lampadia

[i] FERRAJOLI, LUIGI. Derechos fundamentales: Democracia Constitucional y Garantismo. Lima: RZ Editores, 2016 p. 197

[ii] Ibidem