POR CONSUMOS DE PERSONAS NATURALES

El estudio de Juan Carlos Odar que presentamos líneas abajo, analiza y sustenta el impacto previsional y fiscal de la eventual devolución de parte de los pagos por IGV que efectúan los ciudadanos por sus consumos, según la propuesta que Lampadia ha venido difundiendo.

El estudio muestra que una devolución uniforme a todos los segmentos de la población no favorece tasas de reemplazo adecuadas para los informales de menores recursos y conlleva un costo fiscal que dificultaría su adopción.

Pero, si se establecen mayores porcentajes de devolución del IGV para dichos segmentos y menores devoluciones a los trabajadores formales, que ya tienen mecanismos de acumulación de aportes pensionarios, se logran mejores tasas de reemplazo y hasta una mayor recaudación fiscal.

Pablo Bustamante Pardo,
Director de Lampadia

Juan Carlos Odar Zagaceta
Economista y director de Phase Consultores
Para Lampadia

La presente nota evalúa el impacto de asignar una fracción de las cargas por IGV que enfrentan las personas naturales como parte del precio que pagan por los bienes y servicios adquiridos a un fondo individual que opere de manera similar a los fondos administrados por las AFP, y les sea devuelta bajo la forma de pensiones mensuales después de cumplir 65 años, incluyendo la rentabilidad generada. El análisis se realizará por quintiles para el año 2019 debido a que es el año más reciente no distorsionado por la pandemia.

Cruzando información de distintas fuentes, como Banco Mundial, INEI y Grade, calculamos los montos de IGV que paga un consumidor representativo según quintil de ingreso y condición de informalidad, lo que se presenta en el Cuadro 1.

Cuadro 1.
IGV Mensual Estimado según Quintil de Ingreso y Condición de Informalidad (S/)

Fuente: Estimaciones propias sobre reporte de Banco Mundial INEI y Grade

A continuación, se ha supuesto que del IGV aportado mensualmente, se destina 5/18 con fin previsional a un fondo administrado de manera similar a los fondos previsionales actualmente gestionados por las AFP. Se ha supuesto además que la gestión genera una rentabilidad anual promedio del 5% y que la misma se mantiene a lo largo de distintos horizontes, los que dependerán de la edad actual del trabajador. Para facilitar la comparación intertemporal, se ha considerado todo el ejercicio en términos reales (en soles de 2019).

Según lo estimado, las tasas de reemplazo más altas corresponden, como era previsible, al sector formal. Dentro de este grupo, las más altas serían las de los trabajadores de menores ingresos y podrían alcanzar, tras 50 años de aporte a este sistema, una tasa de reemplazo superior al 160% por los 5 puntos del IGV asignado con fines previsionales, tal como se aprecia en el Gráfico 1. Para las personas en el mayor quintil de ingresos formales, su tasa de reemplazo por los 5 puntos de IGV en el mismo horizonte apenas bordearía el 53%.

Sin embargo, las tasas de reemplazo para las personas en condición de informalidad son sustancialmente menores independientemente de en qué quintil se ubiquen. Además, en este caso se encuentra que las tasas de reemplazo correspondientes al quintil de menor ingreso son las menores de todas: bordean el 20% por cada 5 puntos de IGV tras 50 años de contribución al fondo financiado con IGV (ver Gráfico 2). Cabe destacar que el quintil informal de mayor ingreso termina en una situación ligeramente superior, mientras que los segmentos más favorecidos son el tercer y el cuarto quintil.

Gráfico 1. Tasa de Reemplazo Estimada por 5 Puntos de IGV, Trabajadores Formales
(% del Ingreso en cada caso)

Fuente: Estimaciones Propias

Gráfico 2. Tasa de Reemplazo Estimada por 5 Puntos de IGV, Trabajadores Informales (% del Ingreso en cada caso)

Fuente: Estimaciones Propias

Consideremos ahora que la propuesta que se planteará busca mejorar la situación en la vejez de las personas que en la actualidad están iniciando o están por iniciar su vida laboral ya que ése es el grupo que podría verse más favorecido por las devoluciones de parte del IGV aplicado a sus consumos. De esa manera, centraremos el análisis en el grupo de personas que podrían aportar por 50 años, iniciando este esquema de ahorro al momento en que cumplen 18 años.

Los trabajadores formales del Quintil 1 podrían obtener, con una rentabilidad promedio de 5% anual, una tasa de reemplazo equivalente a casi 165% de su ingreso por cada 5 puntos del IGV de sus compras utilizados con fines previsionales. Esta tasa de reemplazo sería decreciente con el nivel de ingreso hasta llegar a 52.9% para las personas en situación formal que se ubiquen en el quintil superior.

En el caso de las personas en condición de informalidad, la tasa de reemplazo por 5 puntos de IGV en el mismo horizonte de 50 años bordea el 20% en los quintiles 1 y 5, con resultados algo superiores al 30% para las personas que se encuentren en la parte media de la distribución (ver Gráfico 3).

Gráfico 3. Tasa de Reemplazo Estimada por 5 Puntos de IGV para Aportantes por 50 Años
(% del Ingreso en cada caso)

Fuente: Estimaciones Propias

De lo anterior se concluye que la propuesta puede ayudar a construir pensiones para quienes se ubiquen en el sector formal, favoreciendo sobre todo a quienes en este segmento cuenten con menores ingresos. Ésta es una conclusión importante que muestra el potente efecto que la formalización puede tener para la construcción de ahorro previsional. Por supuesto, éste sería el efecto máximo, ya que las personas que ya han empezado su vida laboral o han superado los 18 años de edad no alcanzarían las tasas estimadas.

Gráfico 4. Tasa de Reemplazo Estimada Tras Efecto Formalización para Aportantes por 50 Años
con rentabilidad de 5% anual (Por cada 5/18 del IGV pagado, % del Ingreso en cada caso)

Fuente: Estimaciones Propias

Sin embargo, este análisis no considera el impacto de los incentivos. En particular, asumamos que el atractivo para formalizarse es creciente con el nivel de ingreso, lo que nos lleva a establecer el supuesto de que mientras en el quintil 1 solo una de cada diez personas encuentra incentivo a pedir boleta por sus consumos, en el quintil 1 esta proporción llega a una de cada dos. ¿Cómo afectan los incentivos a las estimaciones anteriores de tasa de reemplazo? Como se aprecia en el Gráfico 4, que toma el caso de los aportantes por 50 años, las tasas de reemplazo aumentarían de manera significativa para el quintil de menor ingreso que salte del sector informal al formal, lo que evidencia el doble impacto positivo en la economía de esta medida: promoción de la formalización y mejora de la situación previsional para las personas de menores ingresos, especialmente en los jóvenes.

De lo visto anteriormente, los informales de menores ingresos mantienen -a pesar de la mejora- una tasa de reemplazo particularmente baja, de manera que una propuesta que apunte a mejorar la provisión de pensiones para las personas de menores ingresos no puede basarse en un esquema de redistribución homogéneo, sino que el mismo debe establecerse de manera focalizada. Así, plantearemos -considerando que el quintil de mayores ingresos formal cuenta ya mayoritariamente con ahorro previsional- que con fines previsionales se destinen los siguientes montos de sus pagos por IGV:

– 10/18 a los informales del quintil 1.
– 8/18 al resto de informales.
– 3/18 a quienes se ubican en el quintil 1 y formalizan sus consumos debido a que pasan a solicitar comprobantes de pago.
– 2/18 a las personas que se formalizan y se ubican en otros quintiles.
– 1/18 a los formales de todos los quintiles.

Cuadro 2. Comparación de la Tasa de Reemplazo asignando 5 puntos del IGV de manera generalizada frente a alternativa usando tasas diferenciadas

Fuente: Estimaciones propias

Los resultados de dicha asignación se presentan en el Cuadro 2. En el esquema diferenciado propuesto, lo que se busca es obtener tasas de reemplazo similares entre quienes ya se encuentren actualmente en situación de formalidad y quienes pasen a dicha situación como consecuencia de la implementación de esta propuesta. Asimismo, si bien se obtienen tasas de reemplazo comparativamente bajas entre las personas que se ubican en el quintil de mayores ingresos, justamente ellas tienen una mayor probabilidad de tener otras fuentes de ahorro, incluso si se mantienen en situación de informalidad.

Cuadro 3. Comparación de los costos fiscales de asignar parte del IGV con fines previsionales
(Millones de Soles)

Fuente: Estimaciones propias

En esta propuesta, ¿cuál sería el costo fiscal? Para ello, debemos indicar que hay un efecto indirecto sobre la recaudación que hasta ahora no hemos considerado, que se refiere a que una mejora en la recaudación del IGV puede llevar a una mejora en la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría al generar una mayor presión para que las empresas formalicen sus ventas.

Nuestra estimación es que por S/ 1 adicional de IGV se puede recaudar adicionalmente S/ 0.30 por concepto de impuesto a la renta.

Considerando que la formalización generará una mejora en la recaudación tanto de IGV como de Impuesto a la Renta y que focalizar la transferencia sobre todo en el sector informal reducirá el costo de la medida al tiempo que la hará progresiva, mostramos en el Cuadro 3 una comparación de los costos aplicando la devolución de manera generalizada (panel superior) frente a la del esquema presentado en el Cuadro 2 (panel inferior).

En este último esquema, la reforma no solo es financiada por todos los demás quintiles en favor del quintil 1 sino que adicionalmente deja un saldo fiscal anual positivo de alrededor de S/ 637 millones. Este superávit incluso resulta mayor si se considera que más de 600,000 personas que forman parte de los informales en el quintil 1 ya son actualmente beneficiarios del programa Pensión 65, por lo que la estimación de la tasa de reemplazo para este segmento debería considerar que la devolución de los pagos por IGV sería menor a la aquí presentada ya que solamente sería complementaria a la pensión que aquellas personas reciban por dicho programa.

Asimismo, en la medida que la economía crezca y la tasa de formalización aumente a nivel nacional, la capacidad de consumo tendería a crecer, lo que incrementaría los aportes mensuales, que rentabilizados aumentarían la tasa de reemplazo aquí calculada. Por otro lado, es posible que haya negocios que actualmente sean formales, pero realicen sub-declaraciones de sus ingresos, lo que tendería a reducirse conforme sea más generalizada la práctica de solicitar boleta o comprobante de pago.

Presentado todo lo anterior, el análisis se puede afinar en varios sentidos. Por ejemplo, se ha supuesto que:

• El perfil de gasto se mantiene a lo largo de todo el horizonte de vida a pesar de que típicamente los trabajadores tienen un perfil de ingreso que mejora consistentemente hasta alrededor de la mitad de la vida laboral, momento desde el cual empieza a decrecer. Este inconveniente se puede salvar si se tiene en cuenta que el consumo suele ser más estable a lo largo del tiempo que el ingreso y que el IGV es finalmente una proporción del consumo.
• Asimismo, supone que los precios y los niveles de informalidad son similares en todo el país; por no ser así, es probable que el perfil resultante aplicando una corrección en este sentido lleve a una mejora mayor para las personas de más altos ingresos en las ciudades más grandes del país, quienes probablemente a la fecha ya estén realizando ahorros con fin previsional.

Pese a ello, las cifras presentadas dan inicio a una primera discusión sobre el tema planteado incluyendo efectos redistributivos intertemporales.

Finalmente, consideremos que volver a una tasa universal de IGV aumentaría el potencial recaudador. Si bien esto generaría un salto inicial en el nivel de precios, sobre todo de alimentos, para compensarlo la medida debería ser complementada con un bono para las personas de menor ingreso. Acotando este bono solo para quienes trabajen de manera formal, se alinearían los incentivos para mejorar tanto la recaudación como el ahorro con fin previsional. Lampadia

Entrevista a Walter Alva
La República, 24 de Mayo del 2023
Por: Roberto Ochoa

Walter Alva, ex director del Museo de las Tumbas Reales de Sipán, sostuvo para La República que la condición de los jubilados en el Perú, a raíz del maltrato que se presenta en ocasiones, genera “depresión y deterioro”.

Ya se había recuperado de un largo tratamiento hospitalario en Lima y se había integrado a su trabajo como consejero regional de Lambayeque, en la Comisión de Turismo, cuando el Dr. Walter Alva Alva tuvo una nueva —y grave— recaída. Su estado de salud puso en alerta a sus familiares, amigos y admiradores en todo el mundo, y sacó a relucir esa indignante realidad de recibir 850 soles de pensión mensual luego de cuarenta y tantos años de servicio al Estado y su enorme aporte a la cultura, patrimonio e identidad nacional; sin contar su incalculable aporte en la creación del circuito turístico en el norte peruano. Pasado el susto, el descubridor de las tumbas reales del Señor de Sipán nos confió sus planes inmediatos y los afanes por solucionar su situación pensionaria.

—En el Ministerio de Cultura arguyen trabas burocráticas para solucionar su caso. ¿Ha recibido alguna propuesta?

—Bueno, en realidad desconozco la trama administrativa y burocrática, pero tengo entendido que el Ministerio de Cultura está tratando de encontrar una solución para el tema de mi actual situación como cesante con una pensión de 850 soles mensuales. En realidad, quiero seguir aportando con un trabajo efectivo que contribuya a la investigación y conservación de nuestra herencia cultural. Es decir espero asumir un trabajo y dar resultados.

—Con su experiencia como funcionario público, ¿cómo cree que se podría solucionar su situación?

—Como funcionario público siempre he trabajado en las áreas técnicas de arqueología, museografía y gestión de proyectos como el del museo. Los temas presupuestales y de contrataciones siempre han estado a cargo del área administrativa. Para solucionar mi caso, lo primero que debe existir es la voluntad para evaluar las alternativas que permitan viabilizar una posible contratación por parte del Ministerio de Cultura dentro del marco legal vigente. Tengo entendido que la actual gestión está estudiando el caso teniendo en cuenta mi actual situación como pensionista, así como mi contribución al país y trayectoria profesional.

—Su caso ha servido para revelar el terrible problema de las miserables pensiones que recibe la gran mayoría de los jubilados en el Perú. ¿Cuál cree que sería la solución?

—Todos conocemos la triste realidad de los jubilados en el Perú. En cada familia no falta un cuadro de esta dura vejez. Llegas a los 70 años con toda una gran experiencia de vida y muchos proyectos que terminan el día de tu cumpleaños como si te quitaran la brújula y el timón… Y pasas a ser un lastre.

—Podrías ser más sabio, pero te tratan como un inútil. ¿Siempre ha sido así?

—En el antiguo Perú se valoraba la experiencia y sabiduría de nosotros los viejos. En otras culturas, el Consejo de Ancianos resolvía los más difíciles temas estatales. Hoy en día existen países que brindan gran respeto a las personas de edad. La mejor manera de brindarles respeto y consideración es que tengan una mínima calidad de vida. Evidentemente, en nuestro país las pensiones de jubilación no tendrían por qué estar debajo del sueldo mínimo vital. La alternativa de solución sería impulsar una ley que eleve la escala salarial de los jubilados a este nivel.

—Con las mejoras en la calidad de vida y en las ciencias de la salud, muchos jubilados están aptos para seguir contribuyendo en la sociedad…

—Debemos recordar que el maltrato a nuestra población de la tercera edad genera depresión y deterioro. Los jubilados que están aptos, como en otros países, deberían ser incorporados a trabajos de voluntariado, apoyo educativo, industrias culturales y asesorías en las instituciones o empresas en las que han laborado y, por supuesto, programas de turismo y entretenimiento.

—De jóvenes nos creemos inmortales, pero se olvida que los jubilados también son una población económicamente activa…

—Su experiencia y consejos serían de gran utilidad, y permitirían tener una población de la tercera edad saludable y protegida. Las nuevas generaciones deben entender que ellos también llegarán inevitablemente a esta situación. Para esto no necesitamos inventar la pólvora, porque existen países donde los jubilados tienen una razonable remuneración y participan activamente en la vida nacional.

—Está escribiendo un libro… ¿Está referido específicamente a los hallazgos en las tumbas reales de Huaca Rajada, en Sipán, o a toda la civilización moche?

—Desde hace algún tiempo vengo trabajando con mi esposa, Emma, e Ignacio, mi hijo mayor, un libro general sobre los mochicas…

—¿En qué se diferencia de sus anteriores publicaciones?

—La diferencia es que lo estamos escribiendo con un lenguaje accesible al gran público y muchas ilustraciones que permitan presentar una visión actualizada de este extraordinario pueblo que supo vencer el desierto y crear las maravillosas obras de arte que conocemos, su compleja estructura sociopolítica y pensamiento religioso, con base en las investigaciones arqueológicas de las últimas décadas. Será un libro ameno y educativo.

—¿Recibe algún apoyo o incentivo para la publicación del libro?

—El proyecto del libro fue presentado a una conocida institución universitaria que viene financiando los gastos para su preparación.

—Acaba de recuperarse de una segunda recaída en su salud. ¿Qué otros planes tiene para el futuro inmediato?

—Bueno… no soy pitoniso ni sacerdote mochica, pero puedo asegurarte que apenas supere este impase de salud, continuaré trabajando en la preparación de varias publicaciones pendientes…

—¿Siempre con el tema arqueológico?

—Sí… Como el gran libro monográfico de Sipán, con la idea de presentar en varios tomos todo el material arqueológico recuperado en las tumbas reales de Sipán, su análisis e interpretaciones. Otro trabajo pendiente es ‘Arqueología del valle de Zaña’. Y algunos otros que, como dijo Cervantes, “de cuyo nombre no quiero acordarme”, pero que deben quedar en el mundo.

—¿Y sus memorias?

—Por supuesto, ese es otro proyectopendiente. Escribir mis memorias para que quede un testimonio de vida y una crónica de los tiempos que me tocaron vivir. Volviendo a lo de pitoniso o sacerdote, dejo en suspenso nuevos descubrimientos…

Por: Carlos Contreras Carranza
El Comercio, 11 de Mayo del 2023

“Para no cometer el mismo error de 1936, debemos procurar un esquema que no se concentre o limite al caso del trabajador asalariado de la gran empresa”.

Hasta 1936, el Perú careció de un esquema de pensiones para la edad de retiro, salvo para los empleados públicos, que disponían de un régimen generoso fundado en 1850, en plena era del guano. Los empleados del Estado eran, sin embargo, escasos y, con la excepción de militares, jueces y algunos funcionarios de hacienda, duraban en sus puestos lo que los gobiernos que los habían reclutado. El resto de los mortales debía guardar pan para mayo o confiar en mecanismos tradicionales, como la familia o la comunidad.

En los pueblos y ciudades, los artesanos o campesinos conformaban asociaciones mutualistas o cofradías que brindaban alguna ayuda a sus miembros en casos de muerte o enfermedad. Pero se trataba de organizaciones inestables y efímeras. Siguiendo un pacto de antiguo régimen, los criados y trabajadores de hacienda envejecían y morían en las casas de sus amos, pero la secularización y el aumento de los costos de la medicina y la vivienda hacía que tales códigos comenzaran a tambalear y a respetarse menos. Para los que no conseguían ninguno de estos recursos, existían las sociedades de beneficencia, que regentaban asilos y hospicios, pero su manto protector solía limitarse a los huérfanos y mendigos.

El establecimiento del Seguro Social Obligatorio (SSO) en 1936, por el gobierno del general Óscar R. Benavides, fue por ello un hito importante, al introducir un régimen de pensiones para los trabajadores que hubiesen alcanzado los 60 años y hubiesen completado un mínimo de 20 años de aportación. Las pensiones debían oscilar entre el 40% y el 70% del promedio salarial de los últimos cinco años, según el tiempo de aportación y la existencia de cargas familiares como esposa o hijos inválidos o menores de 14 años.

La promulgación de la ley de 1936 fue la confluencia de varias corrientes. De un lado, la presión internacional de organismos como la OIT, creada después de la Primera Guerra Mundial, que fue muy activa en su labor de extender por el mundo una actitud protectora de los estados hacia los trabajadores, como una forma de atenuar la amenaza del bolchevismo. Del otro, el surgimiento de nuevas ideologías políticas entre nosotros, como las que representaron el aprismo y el comunismo, que organizaron a la naciente clase obrera en pos de objetivos como la seguridad en el trabajo, mejores salarios y una mayor participación política. En la medida en que la clase trabajadora venía siendo alfabetizada, pasaban a tener derecho al voto y se convertían en una clientela política que debía ser atendida. Por último, ganó fuerza la idea de que la cuestión social no podía ser ya confiada a organismos tradicionales, como las sociedades de beneficencia, que eran gobernadas por filántropos de buenas intenciones, pero carentes de la formación técnica que tan delicado asunto requería. En 1948, el esquema de pensiones fue extendido a los “empleados”; curiosamente, por obra de otro gobierno militar.

El modelo que tomamos fue el de la seguridad social europea, inspirado en el sistema de Bismarck de finales del siglo XIX. Ello se explica por las fuerzas que empujaron la instauración de la ley de 1936. Sin embargo, fue una decisión que tuvo el inconveniente de proteger a una fracción minoritaria de la población económicamente activa, con un esquema que dificultaba extender dicha protección al resto.

El financiamiento de las pensiones reposaba principalmente en el aporte de los empresarios o patrones. Los trabajadores realizaban también un aporte, pero este era entregado también por aquellos, descontándoselo de sus salarios. El Estado, por su parte, entregaba una cuota simbólica. De modo que si un trabajador carecía de patrón, o este era poco responsable, el sistema no funcionaba. Por ello, aunque inicialmente la ley de 1936 contempló la inclusión de los trabajadores independientes y del servicio doméstico, estos fueron retirados, e incluso se dejó de lado también a las pequeñas empresas de no más de cinco trabajadores, por la idea de que se trataba de talleres tradicionales antes que de empresas modernas, de modo que sus conductores no debían ser tratados como patrones.

El Perú de los años 30 era un país donde el 70% de la población era rural y dos tercios de la población trabajadora se desenvolvían en la producción agropecuaria. Se parecía muy poco en lo económico y social a las naciones europeas. Probablemente se pensó, de manera optimista, que estábamos en camino a igualarnos a ellas y que una revolución industrial estaba en ciernes. O que la población de obreros urbanos, a los que protegía la ley, era la más vulnerable, por carecer de los mecanismos tradicionales de la familia o la cofradía, que existían en la sociedad rural.

A casi un siglo de la implantación del SSO, nos hallamos en una nueva coyuntura de debate de las pensiones. Para no cometer el mismo error de 1936, debemos procurar un esquema que no se concentre o limite al caso del trabajador asalariado de la gran empresa, sino que apunte a la porción mayoritaria de la población económicamente activa, que labora en pequeñas empresas, de forma independiente o en la informalidad.

Por: Diego Macera
El Comercio, 9 de Mayo del 2023

“Lo que se necesita son canales para que el ahorro previsional voluntario sea atractivo y muy fácil”.

Dentro de todos los temas que está revisando el actual Congreso, es muy posible que no haya otro tan ambicioso y complejo como la reforma del sistema de pensiones. Las ideas van y vienen –desde las interesantes hasta las pésimas–, y es que no hay una sola manera de armar el muñeco. Experiencias de otros países sirven, pero el punto de partida del Perú –con un sistema público y uno privado en competencia, amplia informalidad laboral, bono demográfico aún presente aunque en caída y otras características– nos fuerza a adaptar las mejores prácticas a nuestra realidad. En medio de esta discusión, en la que es demasiado fácil perderse entre las ramas, hay tres principios básicos que deben respetarse.

El primero y más relevante es la inclusión. En un mes cualquiera, solo uno de cada cuatro trabajadores aporta para su pensión, sea en la ONP o en una AFP. El resto son independientes o informales. Es decir, para la gran mayoría, el sistema es relativamente irrelevante, lo que se agrava con las millones de cuentas vaciadas por los retiros de las AFP. ¿Qué clase de sistema de protección es ese? ¿Para quiénes estamos legislando? Es materialmente imposible construir mecanismos de cobertura para la vejez en esas condiciones.

Lo que se necesita son canales para que el ahorro previsional voluntario sea atractivo y muy fácil, de modo que sea masivo y ya no esté atado a tener un empleo formal dependiente, como ahora. Pensemos, por ejemplo, en copagos del Estado (por cada sol ahorrado voluntariamente en tu cuenta personal, el Tesoro pone uno más, por decir algo) a través de deducciones automáticas en billeteras electrónicas, recibos de servicios públicos, cuentas bancarias, consumos en negocios afiliados o cualquier mecanismo de pago extensivo a la gran mayoría de la población. Ese es el tipo de innovación urgente que el sistema necesita para dejar de ser útil para apenas una minoría. Esa debe ser la prioridad.

Lo segundo es el respeto por las cuentas de ahorro individuales, cuidándolas de mecanismos que, de un modo u otro, las vuelven parcialmente colectivas o sujetas a la voluntad del gobernante de turno, como sucedió en Argentina o Bolivia. Respecto de lo primero, sería un sinsentido impulsar una reforma de pensiones que, al hacer colectivo el ahorro previsional, lo desincentiva (¿quién va a aportar voluntariamente al fondo de alguien más?), hace aún menos atractiva la contratación formal y menos justo el resultado (el esfuerzo de quien ahorra más no se ve reflejado en igual magnitud en su pensión final, sino en la de otra persona). La solidaridad en el sistema se debe introducir a través de contribuciones del fisco –como sucede en cualquier otro gasto social–, no a través de impuestos encubiertos a los trabajadores.

En tercer lugar: sostenibilidad fiscal. Cualquier reforma –especialmente la que requiere la ONP– va a costar plata. Eso hace necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tenga un papel protagónico en el diseño y evaluación de la reforma, aun si quien la debe aprobar es el Congreso. El MEF es la institución mejor preparada para evaluar costos de largo plazo y la única con iniciativa de gasto. Y mientras más tardemos en implementar una reforma fiscalmente responsable, más costará hacerla en el futuro. Un punto relacionado aquí es que el uso del dinero público para complementar pensiones debe ser únicamente destinado a ayudar a los más vulnerables y promover su ahorro. Nada más.

Hay muchísimos temas complementarios (comisiones variables en los administradores de las cuentas, interacciones con el mercado laboral y la informalidad, planes de transición para la ONP, etc.), pero estos tres principios –inclusión, cuentas individuales protegidas y sostenibilidad fiscal– deben servir para enmarcar la discusión básica. Para no perderse entre las ramas, partir por la finalidad y las limitaciones de cualquier sistema es el primer paso.

Por: Juan Pablo Noziglia
El Comercio, 7 de Mayo del 2023

“Sobre más retiros, desde que éstos empezaron, el sistema ha devuelto cerca de S/100 mil millones a los afiliados, pero con un saldo impactante: de alrededor de 8 millones de afiliados, más de 2,4 millones hoy no tienen ni un sol en su cuenta”, escribe el gerente de Inversiones de Prima AFP.

En los últimos días, desde el Congreso, se ha generado mucho ruido alrededor del sistema de pensiones desde tres frentes: las interacciones con proyectos de reforma del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), la posibilidad de nuevos retiros de los fondos y el reglamento de pensión mínima.

Como es usual en mis columnas opinión, dejo que los datos hagan la mayoría del trabajo pesado.

Sobre una reforma de pensiones, es muy pronto para hablar de ello a profundidad, pues el debate político recién comienza. Veremos qué sale finalmente de este “tira y afloja” entre bancadas y también entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Sobre más retiros, desde que éstos empezaron, el sistema ha devuelto cerca de S/100 mil millones a los afiliados, pero con un saldo impactante: de alrededor de 8 millones de afiliados, más de 2,4 millones hoy no tienen ni un sol en su cuenta. Otros 4,6 millones, tienen desde S/1 hasta 1 UIT. 465 mil más, de 1 UIT y hasta 4 UIT. Sólo 349 mil afiliados tienen más de 4 UIT.

Si bien la intención de estos proyectos era darle un alivio quienes necesitan disponer de su único ahorro, se ha sacrificado el futuro. Si se repiten, hoy estas medidas solo beneficiarían a un número muy reducido que, en su mayoría, no necesitan retirar ese dinero. Un retiro adicional de 4 UIT podría llevar el número de afiliados con cuentas en cero para su jubilación a alrededor de 7,5 millones.

Pasando a la pensión mínima, hagamos números con plumón grueso. Redondeemos la canasta básica a S/ 400. Por doce meses al año, el resultado es de S/ 4.800 anuales. Los economistas adoran la ecuación de la perpetuidad: ¿cuántos soles necesito hoy para tener a perpetuidad un monto fijo asumiendo una tasa de interés? Si asumimos una tasa de interés de 2%, el monto que necesitas tener hoy acumulado es de S/ 240,000. En un escenario más optimista, con 5% de interés, S/ 96,000. Desmenucemos este número. Si tú quieres asegurarte S/ 4.800 anuales por el resto de tus días, necesitas tener hoy S/ 96.000 y conseguir que rindan al menos 5% al año. Solo 107,379 afiliados tienen más de S/ 240,000 en su fondo hoy, y 439,855 afiliados tienen más de S/ 80,000. La conclusión es una sola: tal como está planteada, la ley de pensión mínima es no beneficia a los que menos tienen.

Quienes impulsan más retiros comentan que “el colapso” que advertimos las AFP y el BCR al inicio nunca se produjo. Lamentablemente, esto no toma en cuenta la diligencia y coordinación que hubo para evitarlo y, dato no menor, el fuerte rebote de los mercados inmediatamente después de la pandemia. Hoy la situación es otra. Aun así, si se produjera otro retiro, nunca le hemos fallado a ningún afiliado que quiso retirar y no les pensamos fallar. Pero, es importante que quede claro que esta magia no es gratuita. Sin no se diera una intervención activa del BCR, como en el pasado, crece la posibilidad de ver las tasas de los bonos soberanos muy por encima de lo que están hoy, con el consecuente costo para los portafolios, la economía, los bolsillos y el Estado.

Por: Pablo Bustamante Pardo
Canal N

Por: Asociación Por Más Y Mejores Pensiones

Por: Asociación por más y mejores pensiones
Youtube

Por: Pedro Grados Smith, director de la Carrera de Economía de la U. de Lima
Gestión, 18 de Abril del 2023

La sostenibilidad de un sistema pensionario está en función de su independencia financiera, la cual se construye a través de varias décadas.

Mientras en Francia, se han venido generando protestas contra las modificaciones propuestas en su sistema de pensiones por parte del Gobierno del Sr. Emmanuel Macron –lo cual muestra la complejidad de cualquier reforma previsional–, en el Congreso peruano se está volviendo a discutir una reforma integral de los sistemas de pensiones, sin necesariamente considerar, por parte de la mayoría de congresistas, los tres pilares básicos que todo sistema previsional debería tomar en cuenta.

En primer lugar, un sistema de pensiones debe de ser universal; en segundo lugar, debe de generar una pensión que evite la pobreza en los adultos mayores; y en tercer lugar, debe ser sostenible.

En primer lugar, todo adulto mayor debería tener una pensión sin ninguna excepción, lo que es fácil de afirmar doctrinariamente, pero no es simple de lograr en la práctica.

En el Perú, la universalidad de las pensiones requiere de una reforma cuyos logros se verán en el largo plazo y no de forma inmediata, lo que lamentablemente no les interesa a muchos políticos que solamente piensan en beneficios inmediatos que puedan mejorar su popularidad.

En segundo lugar, la pensión para un adulto mayor debería tener un nivel que evite la pobreza en la última etapa de la vida de los seres humanos, para lo cual se debe calcular las necesidades de los adultos mayores de forma tal que no dependan de la voluntad del Gobierno de turno y no sean manipulados políticamente.

Además, se debe reconocer que la pensión responde a todos los beneficios que generaron para la sociedad a lo largo de su vida laboral y no pensar en la pensión como un subsidio o una ayuda del Estado.

Lamentablemente, en nuestro país por la informalidad de nuestra economía y por los niveles de pobreza existentes se requieren de esquemas subsidiados, como son los casos de Pensión 65 y de la propia Oficina de Normalización Previsional (ONP), ya que parte de su presupuesto proviene del Tesoro Público todo lo cual no es autosostenible.

En tercer lugar, la sostenibilidad de un sistema pensionario está en función de su independencia financiera, la cual se construye a través de varias décadas. El Sistema Privado de Pensiones es autosostenible y desde esa perspectiva se debe generalizar en cuanto a la existencia de cuentas individuales que se nutren de aportes mensuales de los propios futuros pensionistas.

Sin embargo, debido a la existencia de empleo informal, sin beneficios sociales, y a la estructura de ingresos de los trabajadores en el Perú, es fundamental generar esquemas que permitan la construcción de una base financiera que asegure una pensión mínima a través de mecanismos como la aportación de un capital semilla por el Estado o de aportes a las cuentas individuales a través del impuesto general a las ventas.

Trabajemos en una reforma de pensiones integral y sostenible que resuelva el problema de las pensiones para todos los adultos mayores, los de hoy y los de mañana.

Por: David Tuesta
El Comercio, 26 de Marzo del 2023

Viendo el rotundo fracaso de los sistemas de reparto sorprende ver que se presenten proyectos de reforma de pensiones en el Congreso que insisten en revivir los sistemas de reparto en el Perú.

Desde la configuración de las primeras formas de Estado, se debatió la importancia que debía tener la atención de los ancianos. Ya entre los años 400-300 a.C., tanto Platón como Aristóteles justificaban razones morales y económicas para desarrollar esquemas en favor de este segmento. Más allá de que luego, en el Imperio Romano, la Edad Media y entre los S. XVII y XVIII se destacaran algunas iniciativas aisladas, no fue hasta finales del S.XIX, en medio de profundas disputas sociales, que surgió el primer desarrollo nacional para enfrentar el riesgo de caer en pobreza en vejez. Así, de la mano del canciller alemán Otto von Bismarck, se implementó un sistema de “pensiones de reparto” que cubría a los trabajadores mayores de 70 años (sorprende, ¿no?) La iniciativa luego se terminó expandiendo por el mundo, haciéndose una práctica común desde los años 60s.

Los sistemas de pensiones de reparto son aquellos que se basan en la contribución de los trabajadores en activo para financiar los pagos los beneficios de jubilación, o pensiones, de las personas que ya no están trabajando. Esta forma de contribución se les suele dar el nombre de “sistemas solidarios”, bajo la interpretación de que los más jóvenes contribuyen a las pensiones de los mayores, y que este mecanismo se irá repitiendo de generación en generación; es decir, una “solidaridad intergeneracional”. ¿Pero realmente existe esta denominada solidaridad?

Bajo el concepto amplio del natural deber de las sociedades donde los más jóvenes velamos por nuestros mayores, uno podría estar tentado a pensar que un sistema de reparto sería solidario. Sin embargo, las cosas revisten mayor complejidad cuando se ven los detalles. En la época en que este mecanismo entró en funcionamiento, las cosas parecían ir de maravilla, y la razón es que la base de trabajadores que financiaban al reducido número de jubilados que lograban sobrevivir a ese momento, era bastante alta en términos relativos. Para inicios del S. XX, la tasa de fecundidad en el mundo era de 5 hijos por mujer, mientras que la esperanza de vida al nacer era de 31 años a nivel mundial (50 años en el mundo desarrollado). Si tenemos en cuenta que la edad de jubilación comenzó estableciéndose alrededor de los 65 años en muchos países, podemos observar el gigantesco margen de financiamiento con el que contaban en ese entonces. En ese contexto, era muy fácil tildar de solidario a este mecanismo.

En su momento, esto fue catalogado como una gran “innovación social”, y diríamos que también política, porque dio mucho margen a los gobernantes para practicar el lamentable populismo, reduciendo las edades de jubilación (en muchos casos a los 50 años o menos) e incrementar las pensiones a niveles exagerados. Pero, más allá del populismo, la fuerte transformación demográfica global develó crudamente una gran verdad sobre este sistema: que este era una pirámide financiera. Lo anterior porque el número de “financistas”, es decir, los trabajadores en edad activa fueron disminuyendo, mientras que los jubilados se incrementaban, lo que lo condenaba a fracasar. Para ser más concreto, el problema es que la esperanza de vida en el mundo ahora es de 73 años (ya no 31 ni 50 años), mientras que la tasa de fecundidad es de solamente 2,4 hijos por mujer (ya no 5). Así, cuando los propios recursos de esta “pirámide” no alcanzan, el Estado empieza a incurrir en déficit fiscales, y cuando esta “quiebra” del sistema de reparto ya no puede seguir siendo pagada por el Estado, vienen los penosos y duros ajustes a la población trabajadora actual y a los futuros jubilados, subiéndoles la edad de jubilación, las tasas de aporte, los años de participación en el sistema y reducción de los beneficios. Así, en lugar de un sistema de solidaridad generacional se termina transformando en uno de “injusticia generacional”. Son estos ajustes sobre la generación más joven los que son, sin duda, injustas. No tiene nada de solidario hacerles pagar a los trabajadores actuales las cuentas de las buenas condiciones y altos beneficios que gozaron las generaciones pasadas. Este es el tipo de reformas duras de los sistemas de reparto -” infelices pero necesarias” como dice Macron- las que desatan las fuertes protestas en el mundo, como las que observamos en Francia.

Viendo el rotundo fracaso de los sistemas de reparto sorprende ver que, de tanto en tanto, se presenten proyectos de reforma de pensiones en el Congreso de la República que insisten en revivir los sistemas de reparto en el Perú y que quieran que sea el Estado el encargado de administrar directamente los ahorros que con tanto esfuerzo generan los peruanos. Sus oscuras intenciones aparecen “maquilladas”, bautizando a sus reformas con nuevos nombres: “riesgo compartido”, “cuentas nocionales”, “sistemas integrales”; no obstante, siguen teniendo los mismos elevados riesgos fiscales para un país con escasa institucionalidad como el nuestro. Hablan de querer centralizar la administración de los fondos de los afiliados a través de “gestoras estatales”, pero sabemos que el Estado en el Perú no puede construir siquiera una posta médica a tiempo. Propuestas de este tipo, además, son expropiatorias, y sólo nos llevan de regreso al caos fiscal y burocrático pre-90s que vivía el país. En un país donde el 75% de la PEA está en la informalidad y con una seria debilidad institucional, plantear esquemas caducos que no se adaptan a nuestra realidad es un sinsentido. Se necesita reformar las pensiones, pero no de cualquier manera, y menos aplicando mecanismos del S.XIX en el S.XXI.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia 

El Perú es un país pleno de oportunidades. Si nos lo propusiéramos, podríamos alcanzar el desarrollo integral, en lo económico, social e institucional. Pero cada vez que avanzamos, que damos un paso adelante, aparecen los malos peruanos para empujarnos dos pasos atrás.

El sistema de pensiones es uno de los ejemplos de esta trampa de la regresión. Hasta hace pocos años teníamos un sistema privado de pensiones basado en las mejores ideas para lograr un modelo sostenible y rentable al que solo le faltaba incluir a los trabajadores independientes e informales.

En lugar de plantear las mejoras necesarias, nuestros políticos aparecieron con las peores ideas para el debilitamiento y hasta la desaparición del sistema.

Así tuvimos a Vitocho García Belaunde y a José Luna empeñados en bajarse el sistema privado de pensiones, y a Keiko Fujimori auspiciando el retiro del 95.5% de los fondos acumulados al cumplirse la edad de jubilación, con lo que se inició una cadena de retiros que ha empequeñecido los fondos previsionales y desnaturalizado el concepto mismo de una pensión.

En Lampadia, consecuentes con nuestra Misión^[1], hemos, más bien, apoyado el fortalecimiento del sistema de pensiones, e inclusive, hemos propuesto mejoras que permitan universalizar el sistema, hacerlo voluntario y fiscalmente sostenible. Ver: El IGV y las Pensiones.

Ante la impotencia de no tener ningún grupo político que asuma la defensa de una reforma tan importante como la profundización del sistema privado de pensiones, desde Lampadia estamos auspiciando y formando: La Asociación por Más y Mejores Pensiones, para que en ausencia de políticos que piensen en el bienestar de los ciudadanos, sean estos mismos los que agarren la bandera de una reforma potente, que efectivamente permita velar por la dignidad de nuestros viejitos con ‘Más y Mejores Pensiones’ para todos los peruanos.

https://youtu.be/pPnr8hiH5j0

[1] Misión de Lampadia:

Defender la economía de mercado, la inversión privada, el desarrollo y la modernidad. Además de promover el Estado de Derecho y la meritocracia en el Estado.

Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Chile ya tiene su proyecto de reforma del sistema de pensiones y el Perú empieza a cocinar nuevos proyectos de reforma, en el ejecutivo y en el Congreso.

Lamentablemente, la vocación de los reformadores es de corte estatista. El proyecto chileno se parece al mamarracho del proyecto peruano de la llamada comisión Omonte, pretende crear una entidad pública que maneje gran parte del sistema pensional.

Desafortunadamente, las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFPs) de ambos países, se convirtieron en piñatas de los politiqueros que tratan de mantener el padrinazgo del Estado en el manejo de las pensiones y evitar la autonomía financiera de los ciudadanos, así como la formación de capitales privados que ayudan a consolidar la economía de mercado.

Como en tantos otros temas, los gobiernos y las AFPs no supieron educar a los ciudadanos sobre los grandes beneficios de acumular fondos de pensiones manejados profesionalmente, lejos de la contaminación política.

Pero ahora, tanto en Chile como en Colombia, ante la amenaza del estatismo, la ciudadanía está reaccionando para defender la propiedad de sus fondos y la libertad de su manejo.

En el caso del Perú, no se pudo incluir en el sistema más de un 25% de la población, dado que solo ese porcentaje de la población está en planillas formales. Por ello, en Lampadia propusimos desde enero del 2014 cambiar el mecanismo de aportes a una devolución parcial de los pagos de IGV que hacemos todos los ciudadanos. Ver: Pensiones para todos

Pero la batalla ahora, es evitar que los gobiernos metan la mano en los fondos de los ciudadanos y malogren el bienestar de los pensionistas. Este tema debe ser tratado técnicamente, no políticamente.

Veamos el artículo de la Fundación para el Progreso sobre la pretendida reforma chilena.

La economía política de la reforma previsional

Fundación para el Progreso – Chile
Pablo Paniagua
Publicado en El Mostrador
14.12.2022

Durante estas semanas ha surgido un intenso debate en torno a la reforma previsional que el actual Gobierno está impulsando. La actual reforma de pensiones del presidente Gabriel Boric considera un aumento de la cotización en 6 puntos porcentuales, los cuales deberán destinarse a un fondo de ahorro colectivo, proponiendo así la creación de una nueva institucionalidad, con el objeto de separar las funciones de gestión de inversiones de aquellas de soporte del sistema. La reforma contempla la creación de un ente denominado el Instituto de Previsión Público Autónomo (IPPA), que será la entidad pública a cargo de gestionar las inversiones del nuevo fondo que se formará con la cotización del 6% extra y los recursos de las cuentas individuales de quienes así lo decidan.

De cara a esta nueva institucionalidad, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, hace algunos días llegó a dar su respaldo a la idea de eliminar de lleno las AFP, las que serían desplazadas por la nueva institucionalidad pública. El principal argumento que da el superintendente a favor de crear un ente estatal administrador de las pensiones que elimine a los actuales administradores privados (AFP), es un motivo relacionado con presuntas economías de escala.

Según Osvaldo Macías, la posible eliminación de las AFP permitiría que las funciones que realizan estas siete administradoras privadas sean ejecutadas por un solo organismo estatal. En palabras de Macías: «Este cambio se hace porque se ha visualizado que hay economías de escala importantes en la administración de las actividades de soporte, no las de inversiones. Entonces, es más barato y eficiente que una sola entidad recaude en lugar de que lo hagan siete».

Este argumento presenta un problema de carácter lógico, pues, si un productor solitario de bienes y servicios es supuestamente siempre más eficiente que siete productores del mismo bien o servicio en estado de competencia, entonces: ¿por qué no estatizamos además la industria bancaria, la industria salmonera y la industria de los supermercados? Pareciera que en dicha argumentación se están olvidando dos grandes temas relacionados con:

1) el rol que juega la competencia en promover eficiencias dinámicas y

2) se están olvidando además todos los detalles institucionales relacionados con las diferencias de gobernanza que existen entre un control estatal bajo un contexto político contra una propiedad de control privado en competencia.

De hecho, sin perjuicio del alto costo fiscal que implicaría tener una nueva institucionalidad pública (costo total estimado de $112.566 millones) y la mayor burocracia que conlleva la creación de este nuevo ente público, existen además elementos de economía política y de diseño institucional que podrían poner en riesgo la autonomía de dichas nuevas entidades.

Los argumentos de «economías de escala» estáticos dados para defender la creación de una entidad pública, desestiman los altos costos burocráticos y los riesgos políticos que una entidad del tipo puede generar a lo largo del tiempo: se están desestimando los altos riesgos y costos de economía política y los problemas de gobernanza. ¡El diablo siempre está en los detalles institucionales!

Pues bien, existen riesgos de que, al crear una nueva institucionalidad pública, abramos flancos políticos que nos conduzcan a crear una entidad con una gobernanza débil o frágil a presiones políticas.

Una nueva institucionalidad débil, de cara al severo momento populista que vive el país y de cara a fuertes presiones socioeconómicas, bien podría conducir a que muchos políticos caigan en la tentación de abusar de la nueva institucionalidad y de sus fragilidades con el objetivo de promover fines populistas y cortoplacistas, poniendo en riesgo los ahorros de todos los chilenos y la sustentabilidad del sistema financiero.

La creación de un ente como el IPPA bien podría traer problemas de institucionalidad y gobernanza, al poder ser incapaz de salvaguardar la autonomía de dicha entidad y de aislarla de facto de las capturas políticas. Tal como está concebido hoy el IPPA, este nuevo ente no contaría con una institucionalidad robusta para poder defenderse de la presión y captura política por tres motivos.

• Primero, existe un problema de rango jurídico e institucional del IPPA. La actual reforma propone solo una ley de quórum calificado en vez de una Ley Orgánica Constitucional, que podría resguardar mejor su autonomía con rango constitucional, como lo posee el Banco Central. De esta forma, un Gobierno de turno con mayoría parlamentaria bien podría meterles mano a sus reglamentos y modificar el marco legal del nuevo ente.De facto, el IPPA queda menos resguardado que el Banco Central y abierto al riesgo de captura por parte de una futura mayoría o coalición política que busque hacerse de su control.
• Segundo, existen problemas respecto a la neutralidad política de su directorio y de su gobierno corporativo. La actual reforma propone un directorio de siete miembros, de los cuales cinco de estos serán designados por el presidente (previa ratificación del Senado), y que tendría una duración de seis años –pero de los cuales existiría una «rotación en bloque» de tres o cuatro directores cada tres años–. Esto no protege lo suficiente al directorio del ciclo político chileno, por lo que la «rotación en bloque» de directores podría quedar afecta a influencias políticas y pagos de favores partidistas cada vez que haya elecciones. Por lo demás, ciclos tan breves de rotación de directores son incompatiblescon los objetivos de manejar inversiones que poseen un horizonte temporal de largo plazo. En suma, la gobernanza corporativa del ente quedará expuesta a pugnas políticas cada 3 años, en donde cada Gobierno podrá designar cerca de la mitad de los consejeros en cada ciclo, generando una gobernanza enemiga de poner foco en lo que importa: hacer buenas inversiones financieras apolíticas y de largo plazo para todos.
• Tercero, este nuevo ente quedaría bajo la fiscalización y supervisión final de la Superintendencia de Pensiones, cuyo jefe de servicio es elegido a dedo por el presidente de la República sin pasar por ratificación del Congreso. Nuevamente, esto deja al futuro ente estatal abierto a presiones políticas de peso y a captura de grupos de interés, haciendo que su autonomía se vea socavada. Peor aún, los dos jefes de los futuros entes (IPPA y APA) serían nombrados por el presidente de la República y lo mismo sucede con el superintendente que debe fiscalizarlos, por lo que estaríamos generando un sistema en donde todas las autoridades jefe respondan al Gobierno de turno, exacerbando así en demasía los riesgos de captura.

En conclusión, y como ha declarado el exministro de Hacienda Ignacio Briones, la excesiva concentración de funciones de gestión de ahorros en el Estado es «negativa», ya que da cuenta de un diseño institucional que muestra una «fe ciega de que el Estado va a hacer la pega, amén de los riesgos de captura política y gobernanza». 

La actual propuesta de reforma previsional posee innumerables riesgos de economía política y fragilidades institucionales que no han sido reconocidas por el actual Gobierno.

Todo lo anterior es aún más grave, dado el carácter estatal y monopólico de la nueva entidad IPPA, que será el gestor de grandes masas de ahorros y que podría influenciar las inversiones y el mercado de capitales en su totalidad. Esperamos que estos «pequeños grandes» detalles institucionales se subsanen de cara a mejorar la reforma previsional, de lo contrario, bien podríamos estar creando un nuevo Transantiago, pero ahora con los ahorros de todos los chilenos y con impactos en todo el sistema financiero de la nación.

Lampadia