Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 7 de febrero de 2020
Para Lampadia

Fuera de bromas… el Coronavirus está en boca de todos. Los más connotados epidemiólogos del mundo están en la palestra ilustrándonos acerca de su propagación, síntomas, secuelas, tratamiento, precauciones y sanas recomendaciones. Como que lavarse las manos – por ejemplo – resulta una práctica vital. En fin – según los entendidos – estamos ante una epidemia global muy peligrosa.

Efectivamente, la epidemia ha rebasado a la China, y ya está en otros países del mundo. Incluso se dice que podría haber llegado al Perú también.

Pero el peligro no se circunscribe únicamente al ámbito de la salud de las personas. Muchos economistas comentan acerca del tremendo daño a la economía china… y mundial. Mercados bursátiles a la baja. Precios de petróleo y metales, igual. Ventas de automóviles de capa caída. Demanda de acero en declive.

Muchas empresas chinas han instruido a sus trabajadores a quedarse en casa, y no ir a trabajar. Muchos cruceros y vuelos comerciales han suspendido sus servicios hacia – y desde – China. Consecuentemente, el turismo mundial también ha caído.

El Coronavirus está propiciando menos inversiones, menos empleos, menos consumo, menos producción, y menos exportaciones… tanto en China como en otros países del mundo.

Precisamente, al enterarme – por la radio y la televisión – de todos esos impactos económicos me dije a mi mismo: ¿qué parecido es el Presidente Vizcarra al Coronavirus? Me refería – por cierto – a todos los “menos” mencionados en el párrafo anterior: menos inversiones, menos empleos, menos consumo, menos producción, y menos exportaciones. ¿No será que el Coronavirus ha llegado a nuestro país… y ha mutado a Vizcarravirus?

Es que ¿acaso el Presidente Vizcarra – al igual que el Coronavirus – no ha frustrado muchas inversiones locales? … como – por ejemplo – el proyecto minero Tía María. ¿Acaso no ha causado los mismos “menos” que el famoso Coronavirus? ¡Pues sí!

No hay duda – por sus secuelas en el ámbito económico – el Presidente Vizcarra se parece mucho al Coronavirus. De allí la broma del virus mutante.

Ahora sí… en serio ¡qué mal lo que nos está pasando en materia económica! Crecer 2 o 3% al año, no es crecer… es retroceder. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Todos los años, 300 mil jóvenes peruanos alcanzan la edad de trabajar. Y si nuestra economía no crece por encima del 5 o 6% anual, esos jóvenes no encontrarán trabajo formal, y la pobreza seguirá tal cual… o peor. Por eso es tan criticable crecer 2 o 3% anual, como ocurrió en el 2019. Y como volverá a ocurrir en el 2020.

Pero ¿cómo crecer al 5% o más… todos los años? Pues con inversiones… sobre todo privadas. Pero no. En vez de promover las inversiones, el Presidente Vizcarra las traba.

Ciertamente, la burocracia inoperante y corrupta es otra traba para las inversiones privadas… e incluso públicas. Pero también es cierto que ante la falta de liderazgo del Presidente Vizcarra, el gallinero burocrático se alborota… y todo se paraliza. El Vizcarravirus está haciendo estragos en nuestra economía.

Reiteración final. Lo del Vizcarravirus es una broma. Sin embargo, lo del Coronavirus sí va en serio. Y lo de la economía, también. Pero entre nos… ¡qué caro nos está costando tener un Vizcarravirus… en vez de un Presidente Vizcarra! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, informó que el objetivo del Gobierno es cerrar al 100% la brecha en el suministro de agua en las áreas urbanas y al 85% en las zonas rurales del país para el 2021. Por supuesto, para eso se necesita, en primer término, recursos. Por eso agregó: “Esperamos que la inversión privada empiece a mejorar, de manera que el crecimiento del país se empiece a notar en el segundo semestre y tengamos los recursos para invertir y cerrar esa brecha”.

Pero resulta que pocos días antes de que el ministro formulara esas declaraciones, el Premier le había pinchado la llanta de ese objetivo por dos vías. Al ordenar a la Sunass que deje sin efecto el alza de la tarifa de agua en Moquegua, y aceptar luego revisar los peajes –que son contratos- con los transportistas, el Premier configuraba un escenario de ruptura de reglas básicas de la economía de mercado que, sin duda, como bien señaló Roberto Abusada, pueden afectar la confianza del sector privado y por ende la inversión. Y sin inversión, no habrá recursos presupuestales para alcanzar las metas de agua.

Pero, aun cuando los hubiera, de qué sirve invertir en agua potable y alcantarillado si después esas redes no se pueden mantener ni menos aún hay recursos para seguir invirtiendo. El 2016 el ex jefe de la Sunass, Fernando Momiy, nos decía que en los 10 años anteriores el Estado había invertido 20 mil millones de soles en obras de saneamiento y se preguntaba en qué se ha ido ese enorme monto. El Estado transfiere a las EPS, Gobiernos Regionales y Municipalidades alrededor de 3 mil millones de soles anuales para obras de saneamiento. El año pasado fueron 4 mil millones. Parte de eso son transfusiones de sangre del presupuesto nacional a las EPS incluso para subsistir y mantener las plantas y las redes. Por supuesto, las rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas plantas se hacen siempre con dinero del gobierno central, no con fondos de las EPS.  

En muchos casos las EPS se han convertido en botín laboral de los alcaldes, que ponen en ellas a allegados a quienes quieren favorecer con un empleo, sin consideración de capacidad o necesidad. El siguiente alcalde los despide, pero regresan vía judicial, en virtud de la estabilidad laboral absoluta que impera en nuestro país. Sus directorios, presididos por el alcalde, se resisten a actualizar tarifas por razones políticas. Por eso, haberle dado al organismo regulador, la Sunass, autonomía para fijar las tarifas luego de estudios técnicos, fue un paso adelante muy importante para intentar la racionalización de estas entidades. Esos incrementos siempre venían con recomendaciones de gestión. Lamentablemente al Premier no se le ocurrió mejor idea que atacar ese instrumento clave, de modo que en adelante será muy difícil que la Sunass haga prevalecer los aumentos de tarifa que dispone. Es terrible.  

En el siguiente cuadro podemos ver que, al 2016, había 12 EPS cuyos “costos y gastos desembolsables” son superiores a sus ingresos operativos totales. Una de ellas, oh sorpresa, es la EPS Moquegua. Por eso, evidentemente, la Sunass dispuso el alza de la tarifa, cuestionada por el Premier. 

Y eso que este cálculo no considera los costos financieros de las EPS, las deudas impagas que tienen, por ejemplo, con el FONAVI. Hacia fines del 2016, la deuda de las EPS con el FONAVI sumaba más de 4,200 millones de soles.

Por eso, en el siguiente gráfico vemos cómo la cobertura de agua potable, lejos de aumentar, venía disminuyendo, al 2016, en las EPS grandes, medianas y pequeñas. En todas menos en Sedapal. La EPS carecen de capacidad de inversión porque sus tarifas son muy bajas.

No solo eso, la continuidad del servicio, es decir, el número de horas por día en que los que tienen conexión tienen agua, también ha caído en las grandes y pequeñas, como podemos ver en el siguiente gráfico:

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Y como podemos ver en el siguiente cuadro, 10 EPS distribuyen agua 10 o menos horas al día, y 15 EPS 12 horas o menos. Carecen de capacidad de inversión.

Recaudan poco no sólo porque eventualmente la tarifa es baja, sino porque la micromedición está relativamente poco extendida. En el siguiente cuadro podemos ver que hay incluso 5 EPS que no tienen micromedición alguna y muchas tienen porcentajes bajísimos. La EPS Moquegua, objeto de la interferencia del Premier, la micromedición alcanza sólo al 41%.

El asunto es penoso cuando nos acercamos al tratamiento de las aguas residuales.

• Sólo el 3.66% de las aguas residuales de las EPS pequeñas son tratadas
• Solo el 31.88% de las aguas residuales de las EPS medianas se tratan.
• Hay 23 EPS que simplemente no tienen ningún tratamiento. Una de ellas es justamente la EPS Moquegua.

Por todo lo anterior, la reforma de las EPS, es decir, la reforma del agua potable, es fundamental en nuestro país. De hecho, 12 EPS se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, mediante el cual del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) interviene EPS para establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo a fin de mejorar su gestión y reflotarlas.

Pues resulta que una de esas 12 es nada menos que la EPS Moquegua. Por eso, en el comunicado que emite la Sunass para defender su autonomía y aclarar que no ha anulado el aumento de la tarifa en Moquegua, acepta sin embargo evaluar la propuesta de que el primer año el alza sea financiada por la OTASS, es decir, por todos los peruanos (ver punto 6 del comunicado). Es lamentable que se haya tenido que ceder, solo para postergar un año el problema. La población tiene que ser bien informada acerca de las razones que hacen necesaria el alza.

La reforma de las EPS no es un tema fácil. Necesita, por eso, claridad, firmeza y apoyo político de parte de las más altas autoridades. Lo que no puede hacer el gobierno es socavar la autoridad y la autonomía de los organismos reguladores, porque entonces será imposible actualizar tarifas y organizar bien las empresas de saneamiento, que por ahora son una tubería rota por la que se van los recursos que en ellas se pone. Lampadia

Durante el último año, y especialmente durante las últimas semanas, hemos hablado mucho sobre la Cuarta Revolución Industrial, la robótica y la Inteligencia Artificial. Cuando hemos podido, hemos enfatizado los temas éticos que se deben enfrentar. Pero lastimosamente, en el debate sobre estos desarrollos, todavía se percibe una peligrosa lejanía con este aspecto tan importante.

En todos los aspectos de la vida de las sociedades podemos comprobar un pernicioso debilitamiento de la ‘gobernanza global’ y una distancia muy grande entre lo cotidiano y la evolución de los temas estructurales que determinarán la calidad de vida futura de todos los seres humanos.

Es indispensable tomar nota de la realidad que se despliega ante nuestros ojos. Anteriormente, hemos llamado mucho la atención sobre los impactos de esta revolución en el empleo del futuro (ver en Lampadia nuestro repositorio sobre la  ‘Revolución Tecnológica’, ahora queremos poner a su disposición un buen análisis sobre el aspecto ético de la misma, que no debemos pasar por alto. Recomendamos leer el siguiente artículo de John Thornhil, del Financial Times, para ubicarnos mejor en esta nueva realidad.     

La nueva era de la tecnología necesita una nueva ética

Escrito por John Thornhill

Financial Times

20 de enero 2016

Traducido y glosado por Lampadia

Pablo Picasso declaró alguna vez: “Las computadoras son inútiles. Solo dan respuestas”. 

La broma del artista español pudo haber sido cierta en el siglo XX, cuando las computadoras eran en su mayoría máquinas calculadoras que desempeñaban funciones claramente pre-establecidas. Pero la expansión de la potencia de cálculo a principios del siglo XXI ha hecho que las computadoras planteen algunas de las interrogantes más exigentes de nuestros tiempos. Y no está claro quién será el responsable de dar las respuestas.

Los avances tecnológicos en inteligencia artificial (IA), biotecnología, nanotecnología, robótica y neurociencia (por nombrar solo unos pocos), han dejado a los hacedores de política, a los hombres de negocios y a los consumidores intentando entender todas las implicancias sociales, económicas y éticas.

Considere sólo tres preguntas: primero, ¿es la inteligencia artificial, como cree Elon Musk, “potencialmente más peligrosa que las armas nucleares?”

La idea de que robots rebeldes vayan a intentar destruir a sus creadores ha sido un tema popular de la ciencia ficción durante décadas (Asimov et al). Pero ahora algunos científicos serios, como Stephen Hawking y emprendedores tecnológicos destacados (entre ellos Musk, que dirige Tesla Motors y SpaceX), expresan sus preocupaciones acerca de este tema.

¿Cómo podemos asegurar que la IA se utilice para propósitos benéficos en lugar de otros no éticos? La perspectiva de que la súper inteligencia sea capaz de amenazar la vida humana aún parece estar a décadas de distancia, si es que llega a ocurrir. (Ver en Lampadia: Entrevista sobre la transformación del empleo y las industrias).

Al final del año pasado, Musk, Peter Thiel y otros empresarios de Silicon Valley se comprometieron a financiar US$ 1,000 millones para una nueva empresa sin fines de lucro, llamada OpenAI, con el objetivo de asegurarse que la IA siga siendo “una extensión de las voluntades humanas individuales.”

“Es difícil imaginar cuánto podría beneficiar la IA a la sociedad humana, y es igualmente difícil imaginar lo mucho que podría dañar a la sociedad si se construye o se usa incorrectamente,” escribieron los fundadores de OpenAI en un blog.

Musk también ha donado US$ 10 millones para el futuro del Life Institute, una organización con sede en Cambridge, Massachusetts, EEUU, que estudia las dimensiones sociales y éticas de la AI.

La misión del instituto afirma que: “La tecnología le está dando a la vida el potencial para florecer como nunca antes… o para autodestruirse. Hagamos la diferencia”.

Una segunda cuestión difícil es cómo construir una “elasticidad ética” en los autos sin  pilotos. Para bien o para mal, los conductores humanos de automóviles son infinitamente flexibles para evaluar la ética de diferentes situaciones, superando  reglas como “no adelantar” para dar más espacio a los ciclistas, por ejemplo. Pero, ¿cómo deben programarse los autos sin conductor para reaccionar cuando se enfrenten a una crisis real? ¿Debería proporcionarse a los propietarios, configuraciones éticas ajustables?

El año pasado, en un discurso, Dieter Zetsche (presidente ejecutivo de la automotriz alemana Daimler) preguntó cuan autónomos deberían comportarse los coches “si un accidente es realmente inevitable y donde la opción es una colisión con un coche pequeño o un gran camión, conduciendo hacia una zanja o contra una pared, o correr el riesgo de golpear a una madre con un cochecito, o a una abuela de 80 años de edad.”

La Fundación Daimler y Benz han invertido más de €1.5 millones desde 2012 para apoyar a un equipo de 20 científicos a que examinen los efectos sociales de la conducción autónoma y algunos de los dilemas éticos que plantea.

Estas preguntas han sido previamente planteadas en el reino de los filósofos morales, como el profesor Michael Sandel de Harvard, cuando discuten si “¿podría ser justificado un asesinato?”. Pero ahora, directorios de empresas y propietarios de automóviles se encontrarán cada vez más debatiendo los méritos del ‘imperativo categórico’ de Immanuel Kant versus el utilitarismo de Jeremy Bentham.

Los avances en la salud también crean nuevos dilemas. Deberían ser prohibidos los medicamentos que mejoran la cognición para los usuarios ocasionales? En su libro “Bad Moves”, las neurólogas Barbara Sahakian y Jamie Nicole LaBuzetta destacan los desafíos éticos del uso de drogas inteligentes para mejorar el rendimiento académico.

Ellos pregunta: ¿Por qué tenemos una visión tan cerrada sobre el uso de esteroides por atletas que engañan en los Juegos Olímpicos, pero ignoramos a los estudiantes que usan drogas inteligentes para mejorar su performance cuando dan exámenes de ingreso a las universidades?.  

Estudiantes de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, EEUU, han presionado a las autoridades para modificar la política de honestidad académica de la institución para que se considere el “uso no autorizado de medicamentos con receta” como una forma de hacer trampa. Pero solo pocas universidades o empleadores parecen haber considerado este dilema.

“Estos medicamentos tienen el potencial de cambiar la sociedad en formas dramáticas e inesperadas”, dicen Sahakian y LaBuzetta en su libro: ‘Ahora es el momento de tener la discusión y el debate de la ética de estas ‘drogas inteligentes’ y el rol que deben desempeñar en la sociedad del futuro”, concluyen.

Por encima de todas estas complicadas cuestiones, surge una más grande: ¿quién es el responsable de asegurarse que los últimos avances tecnológicos no sean abusivos?

Los gobiernos nacionales y los parlamentos, preocupados por problemas mucho más urgentes, como la austeridad fiscal o el  flujo de refugiados, rara vez tienen el tiempo y la libertad política para considerar desafíos tan abstractos y menos aún para ayudar a establecer estándares o reglamentos internacionales.

Como en tantos otros ámbitos, parece inevitable que las regulaciones se arrastren detrás de la realidad. Además, ¿qué detendría a naciones rebeldes el ignorar las normas internacionales y que pongan en uso la edición de genes o el aprendizaje automático o tecnologías cibernéticas para usos destructivos?

Los departamentos universitarios y centros de investigación ya desempeñan un rol útil en la difusión de los conocimientos y estimulando el debate. Pero normalmente  son dependientes de la financiación del sector privado y es poco probable que lleguen a soluciones radicales que restrinjan seriamente a sus patrocinadores.

Eso deja a gran parte de las empresas de alta tecnología a que se autorregulen. Algunos son, de lejos, las organizaciones mejor situadas para comprender los peligros potenciales de la tecnología y hacer algo para contrarrestarlos. Empresas como Google están formando consejos de ética para ayudar a supervisar sus propias actividades en áreas como la inteligencia artificial.

Pero, como vimos en el período previo a la crisis financiera de 2008, las instituciones del sector privado pueden a menudo esconderse detrás de una interpretación estrecha  de las leyes.

Algunos bancos también resultaron adeptos a explotar el arbitraje legal y normativo internacional.

Claramente, el llevar a la ley hasta el límite ha corroído los estándares éticos y ha dado lugar a una serie de abusos de todo el sector financiero. Al verano pasado (julio-agosto 2015), las instituciones financieras habían pagado más de US$ 235 mil millones en multas por incumplimientos de las normas, según datos compilados por Reuters.

Como dice un ex banquero: “No todo lo que es legal es ético.”

Este es un tema que las empresas de tecnología tendrán que enfrentar si no quieren que sus propias industrias sufran un latigazo regulatorio en el futuro. Lampadia

“Hemos aprendido que [ante la conflictividad minera] lo importante es iniciar procesos de dialogo que permitan ponernos de acuerdo.”

 Opinión de un funcionario de la Oficina de Dialogo de la PCM en una exposición sobre conflictividad social [1].

El diálogo es una herramienta útil, civilizada y pacífica para solucionar diferencias entre dos o más representantes que buscan llegar a un acuerdo que beneficie a las partes.  Es el camino ideal, casi irrefutablemente, con el que deberían solucionarse los conflictos; incluidos los socio-ambientales que sufre actualmente nuestro país.  Pero, ¿es el diálogo una herramienta útil cuando uno o más representantes no buscan el beneficio de la población, sino promover el conflicto social para su propio beneficio?  Para quienes creen que los conflictos socio-ambientales se dan en base a un trío de actores: empresas-estado-comunidades, se genera una situación paradójica en que siendo financiera y económicamente factible llegar a un acuerdo en la que todas las partes ganen, no se llegue a ningún acuerdo. Por qué se da esta paradoja?